Es el marco idóneo que brinda a los bancos centrales la independencia suficiente para ejercer sus facultades y proveer así un bien público fundamental, como lo es la estabilidad de los precios. La autonomía permite que el banco central se enfoque en alcanzar ese fin y lo mantenga a lo largo del tiempo, con independencia de los intereses políticos. Para lo anterior, la autonomía se apoya, entre otros elementos, en un mandato claro, independencia administrativa y en un órgano directivo aislado de interferencias externas.
Desde 1994, el Banco de México es autónomo, lo que significa que puede decidir las políticas e instrumentos que necesita para cumplir con sus objetivos y finalidades.
Para lograr una economía sostenible, es importante llevar a cabo acciones encaminadas a proteger el medio ambiente. Por ejemplo: Aprovechar las energías renovables, adoptar procesos que no contaminen ni el agua ni el aire, reducir la emisiones de efecto de gases invernadero y respetar la biodiversidad, entre otros.
A partir de la propia experiencia histórica, y en consonancia con la tendencia internacional orientada a modificar el arreglo jurídico entre el Estado y el banco central, así como a darle mayor claridad y certidumbre, se planteó cambiar la naturaleza jurídica del Banco de México, transformándolo en un organismo constitucional autónomo del Estado con la finalidad prioritaria de procurar la estabilidad de precios con un compromiso de largo plazo.
La reforma de 1993 al Artículo 28 de la Constitución, que entró en vigor en 1994, concedió al Banco de México plena autonomía señalando que "[...] El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento."
El diseño institucional del Banco de México le permite actuar de manera independiente en el ejercicio de sus funciones y administración; mediante lo que podríamos considerar como tres dimensiones clave de la autonomía, que se relacionan con su gestión, presupuesto y operación, y constituyen criterios para que el gobierno no pueda influir en los objetivos y estrategia del banco central, o incluso sobre su personal.
La primera dimensión se refiere a la autonomía de gestión que involucra factores relacionados con la administración del órgano constitucional autónomo, como la composición de su Junta de Gobierno, la designación y la inamovilidad de sus integrantes, la duración extendida de sus cargos, así como la renovación gradual de sus miembros y los supuestos específicos de su remoción. La normativa principal la encontramos a nivel constitucional, lo cual denota su importancia, lo cual es razonable, ya que la credibilidad del Banco de México se relaciona estrechamente con la capacidad de los miembros de la Junta de Gobierno para establecer decisiones de largo plazo (es decir que tomen en cuenta sus efectos de largo plazo y no solo los resultados inmediatos), que sean congruentes con la consecución de la estabilidad de precios y, con ello, que la política monetaria resulte efectiva sobre las expectativas de inflación de los agentes económicos.
Bajo esta perspectiva, la autonomía de gestión también incluye la expedición de su propia normatividad interna, la definición de su estructura orgánica y la organización interna de sus recursos en dar cumplimientos a sus funciones, actividades y proyectos.
La segunda dimensión está relacionada con las facultades del Banco de México para elaborar, aprobar y ejercer el presupuesto. La autonomía presupuestal le concede a la Junta de Gobierno la atribución de aprobar su propio presupuesto, en consecuencia, no existe una dependencia financiera de otra autoridad, y que esto pueda ser utilizado para ejercer presión sobre la forma en que el Banco de México conduce la política monetaria. No obstante, esta facultad se sujeta a reglas establecidas, en este caso, debe regirse por el criterio de que su evolución guarde congruencia con la del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por último, la autonomía operacional o técnica es la posibilidad de elegir los instrumentos y objetivos para alcanzar tanto la estabilidad monetaria como la financiera, es decir, de poder aplicar con libertad los conocimientos y procedimientos especializados, así como los elementos técnicos necesarios para decidir y resolver en torno al ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la conducción de la política monetaria, la adopción del régimen y el objetivo de inflación han sido decisiones del Banco de México, al igual que lo es la fijación de la tasa de interés de política monetaria. Otro ejemplo, son las facultades de regulador y supervisor que tiene el banco central para el ejercicio de sus funciones; constatar la observancia de las disposiciones que emite y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las mismas.
Conoce más en las referencias:
La Autonomía Constitucional del Banco de México. Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México
Seminario la importancia de la Autonomía de la Banca Central: retos y perspectivas
