Tomo I: Antecedentes, fundación y despegue
I. Antecedentes y fundación

 

1. Prolegómenos decimonónicos

 

1.1 La consolidación de la pluralidad

Algunos autores se remontan a periodos aun anteriores a 1864 en la búsqueda de los orígenes del banco único.* Cavazos Lerma registra la primera expedición de moneda fiduciaria en la historia de México como un antecedente del banco central.[1] En efecto, Agustín de Iturbide, en 1822, aprueba unas emisiones de papel moneda con el fin de atender los problemas financieros de su gobierno. Esas emisiones pronto enfrentarían el repudio del público y sus piezas desaparecerían rápidamente de la circulación.

En épocas tan remotas, también ha sido posible localizar algunos proyectos encaminados a fundar un banco emisor. Un curioso libro intitulado Las primeras tentativas de fundaciones bancarias en México consigna un plan diseñado en 1822 para el “Gran Banco del Imperio Mexicano”.[2]

Veinte años deben transcurrir a partir de la anterior ilusión, para que se vuelva a sugerir la fundación de un banco dotado con el atributo de emitir billetes. Por decreto de octubre de 1842, el gobierno otorga al general Francisco Garay la facultad de crear un banco emisor en lo que hoy es el estado de Tamaulipas.[3] No es sino hasta un decenio después, en abril de 1853, cuando surge otro bosquejo para organizar un banco estatal de emisión. En esas fechas, Manuel Escandón presenta al Congreso de la República un plan para crear un establecimiento dotado con algunas de las funciones que hoy ejercitan los bancos centrales. Ese banco le concedería al gobierno un crédito anual por 9 millones de pesos y además sería responsable de administrar los principales impuestos del erario.[4]

Con el plan de Escandón culmina la etapa de los proyectos utópicos o ingenuos; sin embargo, es necesario que transiten otros cinco años para que surja el primer intento con ciertos visos de credibilidad. Es en 1857 cuando se presenta un proyecto viable para fundar un banco de emisión. Un grupo de inversionistas franceses —señores Liger de Libessart y socios— obtienen, en un decreto de 29 de julio, la concesión para fundar una institución emisora que se denominaría “Banco de México”, con un capital de 5 millones de pesos y vigencia por 10 años.[5] El plan, con todo, no puede convertirse en realidad. Pocos meses después de publicado el decreto estalla la guerra civil y el presidente Ignacio Comonfort, otorgante de la concesión, se ve obligado a abandonar la primera magistratura del país.

En 1864, durante la regencia del segundo imperio mexicano, otro grupo de banqueros europeos representados por Michel Heine obtiene la concesión para establecer un banco emisor de billetes. Lo sobresaliente del decreto referido era la verdadera generosidad de los privilegios concedidos, ya que prácticamente se entregaba a esa institución “el monopolio financiero de México”. El concesionario tendría el ejercicio exclusivo de la emisión, fungiría como banquero único del gobierno, administrador de la casa de moneda y gozaría de la exención absoluta en el pago de cualquier impuesto. Con todo, el emperador Maximiliano se opuso a ratificar el anterior decreto de concesión. La negativa de Maximiliano quizás se explicara en virtud de su liberalismo en materia económica, ya que por dicha ideología se sentía reacio a otorgar por ley la constitución de cualquier tipo de derecho monopólico.[6]

Entre tanto en el continente europeo se desarrollaba una acalorada polémica en el campo de la doctrina bancaria: ¿quién debería tener el privilegio de emitir billetes: el Estado, centralizándolo, o los bancos privados?

Dos posiciones antagónicas debatían la materia: la escuela monetaria y la escuela bancaria.[7] Los exponentes del bando monetario, como Torrens, Tooke, Thornton, lord Overstone y otros, argüían que el billete de banco cumplía en la economía las funciones de la moneda corriente, la cual debería sujertarse a los mismos requisitos que la especie circulatoria común. Esto es, la emisión debería uniformarse y quedar de una manera directa bajo la supervisión rigurosa del gobierno.

La llamada escuela bancaria, alimentada básicamente por la ideología liberal, difería radicalmente de la posición anterior. Bajo sus postulados, el gobierno se abstendría de intervenir en la expedición de billetes, ya que éstos deberían entrar en circulación en función de actos comerciales y productivos y como resultado de normas exclusivamente bancarias. Los representantes de esa corriente, como Stanley Jevons, John Stuart Mill y Leroy Bealieu, argumentaban que siendo los billetes documentos de tipo mercantil deberían ser expedidos y regulados por las instituciones mejor dotadas para esa gestión, o sea los bancos privados.

En la práctica, mientras tanto, se iba afianzando paulatinamente la centralización de la emisión. La Gran Bretaña, con la Ley Peel de 1844, y Francia, en una ley de 1848, certificaban y consolidaban la primacía otorgada en esa materia a sus embrionarios órganos centrales:

...la encuesta sobre la circulación fiduciaria realizada en Francia durante los años de 1864 a 1868 a iniciativa de los hermanos Pereire, propietarios del Banco de Saboya, ilustra ampliamente respecto a la posición de los financieros europeos quienes, como en el caso de M.N. Rotschild, se pronunciaron en su mayoría por el privilegio de emisión de billetes a favor de un banco único bajo la vigilancia del Estado pero independiente de éste.[8]

De este ambiente, muy poco conocido entonces en México, provinieron los capitalistas encabezados por Liger de Libessart y Heine que quisieron fundar en el país dos instituciones emisoras de billetes; “títulos que hasta entonces eran prácticamente desconocidos en el país, tanto por la legislación como en la práctica”.

Lamentablemente, el desarrollo bancario y emisor experimentado por México hasta 1890 siguió un curso exactamente opuesto al observado en Europa. Circunstancial o deliberadamente, se permitió que proliferara el número de emisores, creando una situación bancaria anárquica y diversificada.

Hacia 1860 habían transcurrido 40 años desde la consumación de la Independencia y el país no contaba todavía, salvo en cierta medida el caso del Monte de Piedad, con una institución de crédito establecida. La legislación nacional no disponía de un estatuto especial que regulara la materia bancaria. El Código de Comercio promulgado en 1854, sin diferenciar a las empresas bancarias de cualquier otra negociación de carácter mercantil, regulaba ciertas operaciones de crédito, como el depósito de dinero o el préstamo.[9]

Al fin, en febrero de 1864, acogiéndose al liberal régimen jurídico establecido por el Código de Comercio, se funda en México el primer banco propiamente dicho. Se trataba de la sucursal de una sociedad inglesa llamada The London Bank of Mexico and South America. Su director, un súbdito inglés de nombre Guillermo (o William) Newbold obtuvo en junio de ese año el registro de la sociedad ante el Tribunal de Comercio, en forma semejante a como lo haría cualquier otra empresa dedicada al ramo mercantil.[10]

Quizás la creación de esta empresa haya sido propiciada por la breve paz impuesta por la intervención francesa. Hay que recordar que la corona británica había reconocido oficialmente a Maximiliano como emperador de México, gestión que difícilmente hubiera pasado inadvertida en Inglaterra entre los funcionarios y accionistas del banco.[11]

El Banco de Londres no solicitó al establecerse ningún privilegio especial, sin embargo, amparado por tan laxa superestructura legal, y hábilmente manejado, pronto se consolidó en nuestro medio ganando el favor general y aumentando su crédito. Su logro bancario más trascendente provino de la emisión de billetes, ya que en relativamente corto tiempo hizo penetrar en nuestro medio ese instrumento de pago, venciendo las resistencias del público y haciendo olvidar la lamentable secuela que el papel moneda de Iturbide dejara en 1822-1823.

Muy alejado del Banco de Londres, y por lo tanto de la ciudad de México en donde éste tenía establecidas sus oficinas, dentro de un entorno legal y económico sui generis, surge en el estado de Chihuahua el segundo banco de emisión en la historia del país. En 1875, el ciudadano norteamericano Francisco MacManus obtiene una concesión del Ejecutivo estatal para operar un banco de depósito y emisión denominado Banco de Santa Eulalia. Poco tiempo después, también en la provincia chihuahuense, bajo condiciones semejantes se establece otro banco emisor denominado Banco de Hidalgo, de cuya actuación emisora se conoce muy poco.[12]

De esa manera, el desarrollo bancario permanece estancado hasta que en 1876 Porfirio Díaz se posesiona de la Presidencia de la República por el poco ortodoxo expediente del golpe de estado. Quizás pocos vislumbran como Díaz la necesidad de desarrollar el sistema crediticio interno. En junio de 1880, Porfirio nombra una comisión para que estudie el problema bancario de México y durante su discurso de despedida, al dejar la Presidencia seis meses después, propone la creación de un banco nacional. Ahí sugería que la institución tuviera un capital de un millón de pesos, sin embargo, salvo ese dato, no se proporcionaba ningún otro detalle sobre el proyecto.[13]

La primera acción práctica para relajar la astringencia de crédito se escenifica en octubre de 1879, cuando el Monte de Piedad obtiene facultades para operar como empresa de emisión, depósito y descuento. Entre junio y noviembre de 1880, gracias al auge económico que se vivía, la emisión del Monte de Piedad llegó al nivel de 845 400 pesos.[14]

Cuando en diciembre de 1880 el general Manuel González recibe la Presidencia de manos de Díaz, continúa el auge económico, y el nuevo mandatario decide sostener la política de expansión bancaria iniciada por su antecesor. En un principio se sugiere también la creación de un banco nacional, pero el estímulo para fundar un gran banco privado no fructifica sino hasta 1881. Ese año los inversionistas del Banco Franco-Egipcio, con sede en París, deciden emprender tal proyecto, y su representante, Edouard Noetzlin, firma el contrato respectivo en agosto. Los atributos otorgados al nuevo instituto, que se denominó Banco Nacional Mexicano, sorprendían por su generosidad, ya que podría emitir billetes hasta por tres veces sus reservas metálicas y fungir como agente y banquero del gobierno. El banco tenía también el atributo de operar como institución de depósito y descuento, y además el gozo de una exención casi total en el pago de impuestos.[15]

Posteriormente a la creación del Nacional Mexicano, otras dos instituciones de emisión abrieron sus puertas en la ciudad de México. En febrero de 1882, Eduardo L'Enfer obtiene concesión para el Banco Mercantil Agrícola e Hipotecario, y en junio de 1883 Francisco Suárez Ibáñez tramita lo propio para el Banco de Empleados, permiso que en realidad nunca llegó a ejercerse.[16]

En la provincia, el estado de Chihuahua fue el único que se mostró propenso a contraer la fiebre de fundación bancaria. En julio de 1882, el congreso estatal confirma la concesión al Banco Emisor de Santa Eulalia, y en 1883 otorga otras tres concesiones para establecer bancos provinciales de emisión. Vicente Ochoa funda el Banco Minero de Chihuahua, que prosperó bajo los auspicios de la influyente familia Creel; el norteamericano Enrique Muller organiza el Banco de Chihuahua, y un grupo de inversionistas locales crea el Banco Mexicano de Chihuahua. “En ningún otro estado de la República llegaron a crearse bancos mediante actos legislativos de las autoridades locales”.[17] En suma, hacia 1883 había en el país siete bancos emisores amparados ya sea por decreto estatal o federal, todos con una concesión distinta tanto en cuanto a sus atributos y derechos como por su lapso de vigencia.

En esta forma y sin mayor controversia doctrinal, el país inició su actividad bancaria dentro de un régimen de libre concurrencia de emisores de billete. Entre éstos predominaron ampliamente el Banco de Londres, citado anteriormente, y el Banco Nacional de México, constituido en 1884 mediante una fusión bancaria. La carencia de un régimen jurídico aplicable de manera específica a los bancos y el carácter predominantemente local de la legislación mercantil, hizo que tanto el Gobierno Federal como los estatales otorgasen diversas concesiones para emitir billetes, sobre bases individuales que diferían sensiblemente entre sí. Ello ocasionó la operación de bancos emisores en condiciones sumamente diversas, con el consiguiente perjuicio en la uniformación de la circulación fiduciaria.[18]

Sin embargo, hacia finales de 1883 se empieza a manifestar el epílogo de ese periodo de expansión. La brusca inflexión en las condiciones productivas toma de sorpresa al sistema bancario, que se encontraba en una coyuntura particularmente vulnerable, con los activos inmovilizados y un pasivo considerable en billetes emitidos. Desde noviembre de 1882 se empieza a filtrar el rumor de que la condición del Nacional Mexicano es insana y los retiros de pánico no se hacen esperar. Este acontecimiento resulta relevante, pues es la primera ocasión en la historia bancaria de México en que se ejerce la función de sostén o prestamista de última instancia. Durante casi un día completo, el de Londres y el Mercantil estuvieron canjeando por metálico los billetes del Nacional, hasta que se calmaron los ánimos del público, deteniéndose el “run”. El segundo embate, mucho más virulento que el inicial, se dirige en contra del Monte de Piedad, que desde 1881 se había embarcado en una audaz aventura bancaria. Al igual que con el Nacional Mexicano, los demás bancos intentaron rescatar al Monte pero todo fue en vano, ya que la crisis llegó a trasladarse a todo el sistema bancario. El Mercantil, en particular, se vio muy asediado. Todo culmina, sin embargo, cuando el Monte de Piedad suspende sus pagos y entra en bancarrota.[19]

La hacienda pública, al igual que los bancos, fue severamente golpeada por la recesión comercial de 1884. El gobierno, por lo tanto, se enfrentaba a dos problemas no enteramente independientes: el del déficit presupuestal del erario y el de la anarquía bancaria reinante en el país. Con todo, lo inminente y lo verdaderamente alarmante era resolver la crisis presupuestal del gobierno federal. Para superar ese problema se discurrió promover la fundación de un banco que proporcionase el crédito requerido por el erario. En tal situación fue como se emprendió la fusión del Banco Nacional Mexicano con el Banco Mercantil, para dar origen al Banco Nacional de México, que sería la institución encargada de financiar al fisco, servicio a cambio del cual la nueva empresa recibiría ventajosos privilegios.[20] De ahí surgiría el contrato-ley que celebraron el gobierno federal y el Banco Nacional de México, y el cual amparaba generosas prerrogativas otorgadas a esta empresa.

En cuanto a la legislación bancaria, éste era un asunto que se venía madurando desde los primeros años del régimen de Manuel González. La ausencia de un encuadre legal aplicable de forma precisa a las instituciones bancarias y la naturaleza prioritariamente local de la legislación del comercio permitió que se otorgasen, tanto por parte del gobierno federal como de los estatales, concesiones bancarias que diferían entre sí notablemente. De ahí surgieron varios bancos emisores que operaban en condiciones sumamente diversas, todo lo cual fue en perjuicio de la uniformación bancaria y emisora. El primer antecedente de dicha escalada se remonta a 1882, con una comisión formada por el general González para el estudio del anterior problema. Su tarea era la de analizar “las medidas legales que requería la creación de un estatuto uniforme” en el tópico bancario, “así como los criterios en que debía descansar” dicho ordenamiento.

En el seno de este selecto grupo de trabajo, que contó con la participación destacada de Manuel Dublán y Pablo Macedo, fueron considerados ampliamente los inconvenientes y ventajas tanto del monopolio como de la libre concurrencia de emisores, sin llegarse a un consenso sobre el particular. Manuel Dublán, quien ya en el año de 1875, siendo Diputado en el Congreso de la Unión, había presentado a la correspondiente Legislatura un proyecto de ley que contenía bases generales para el funcionamiento en la República de bancos emisores de billetes, se inclinaba por la pluralidad de estas instituciones en tanto que Pablo Macedo, brillante y, entonces joven abogado, sostenía la conveniencia de un régimen de privilegio exclusivo en la creación de moneda fiduciaria. No obstante, los debates se mantuvieron prácticamente sin trascender al público y su fruto inmediato fue la reforma a la Constitución Política de 1857, hecha en el año de 1883 para dar carácter federal a la legislación en materia bancaria, requisito necesario a la expedición de un régimen único, aplicable en todo el territorio nacional.[[21]

El estatuto bancario que de ahí emanó se incorporó en un nuevo Código de Comercio, publicado en abril de 1884. Ese ordenamiento implantaba un riguroso encuadre jurídico para los bancos de la República, además de que sus lineamientos armonizaban perfectamente con lo establecido en el contrato-ley pactado entre el gobierno y el Banco Nacional de México.

El control estatal sobre las instituciones de crédito quedaba en parte garantizado imponiendo a cada banco un interventor gubernamental y la obligación de publicar sus balances en el Diario Oficial. Además, el código señalaba que ningún banco podría operar en el país si no contaba para ello con una concesión federal debidamente aprobada por el Congreso de la Unión. Los bancos deberían, por último, ajustarse en seis meses a lo dispuesto por el código o entrar en liquidación inmediata.[22]

El elemento complementario del código era por supuesto el contrato-ley del gobierno y del Banco Nacional. La lectura de este último documento realza el contraste entre los privilegios positivamente generosos otorgados al Nacional y las exigencias impuestas por el código a los demás bancos. El contrato permitía al Nacional fundar sucursales en toda la República, y a diferencia de los demás bancos cuya emisión debería tener una cobertura del 66%, este banco sólo estaba obligado a conservar en metálico un tercio de sus billetes en circulación, aunado a que éstos serían de aceptación obligatoria en todas las oficinas públicas. El Nacional, además, se consolidaba como el agente y banquero exclusivo del gobierno, asegurando el manejo de la deuda pública y el depósito y guarda de todos los bienes y títulos estatales. En contrapartida por esos servicios, el gobierno se comprometía a no permitir durante la vigencia de esa concesión —que era de 50 años— el establecimiento en la República de ningún otro banco de emisión.[23]

El Código de Comercio de 1884 despierta la gran controversia sobre la concurrencia o el monopolio en la emisión de billetes. La discusión era de trascendencia, ya que el contrato-ley aunado al Código de Comercio ponía en manos del Banco Nacional, no sólo el monopolio de la emisión de billete, sino prácticamente el ejercicio del comercio bancario en la República.

El Código de Comercio colocaba la soga al cuello del Banco de Londres y de los bancos emisores de Chihuahua, que no contaban, como lo requería ese estatuto, de una concesión federal para operar. En el caso del de Londres la situación era incluso peor, ya que su casa matriz estaba ubicada en el exterior. El Código de Comercio era muy claro en ese sentido: el banco debería estar constituido conforme a la legislación nacional y quedar establecido dentro de los confines de la República. El golpe definitivo lo asestaría el contrato-ley del Banco Nacional, que obligaba al gobierno a cancelar la expedición futura de ese tipo de concesiones. Ese régimen era en definitiva atentatorio de la libre concurrencia bancaria. Aunque la concesión le fuera otorgada al de Londres, el reciente entorno legal lo colocaba en una situación que hacía dudosa su supervivencia.[24] Pero el Banco de Londres difícilmente aceptaría ser borrado del mapa sin dar la pelea. Al ver que la Secretaría de Hacienda estaba dispuesta a llevar a sus últimas consecuencias las normas del Código de Comercio, el de Londres optó por encargar su defensa a los famosos abogados Rafael Dondé y Joaquín D. Casasús. El Banco de Londres buscaba salir exento de cumplir el Código de Comercio en virtud de haber sido fundado con anterioridad a la promulgación de dicho estatuto. El Banco Nacional, en contrapartida, perseguía la rigurosa aplicación del código y del contrato-ley, y para tal efecto requirió los servicios del licenciado Indalecio Sánchez Gabito y Pablo Macedo. Los participantes en el debate jurídico que de ahí emanara difícilmente podían considerarse como legos en el rubro bancario. Macedo y Casasús...

a pesar de su juventud —33 años el primero y 26 el segundo—, destacaban ya por su clara inteligencia y amplios conocimientos en materia mercantil. Ambos pertenecían al círculo de amigos y colaboradores de Manuel Romero Rubio que tanto sobresalieron en las diversas ciencias a cuyo estudio orientaron sus esfuerzos, formando parte del núcleo más selecto del grupo conocido, peyorativamente, como el de los “científicos”.[25]

Casasús, por ejemplo, había participado y destacado en el análisis del anteproyecto que dio existencia al Código de Comercio de 1884, y Macedo formó parte de la comisión integrada en 1882 por el general González para el estudio de la cuestión bancaria.[26]

La contienda entre el Banco Nacional y el de Londres se ventiló en dos niveles: el jurídico y el económico. La defensa del de Londres cristalizó en el libro de Casasús La cuestión de bancos a la luz de la economía política y el derecho constitucional, mientras la contraparte encarnada en Sánchez Gabito y Macedo publicó, a su vez, la obra La cuestión de bancos ambos con fecha de edición de 1885. Dichos documentos, que demuestran la erudición y dialéctica de sus autores, permitieron a un gran sector del público incorporarse al debate, y difundieron en nuestro medio los más novedosos conceptos prevalecientes en Europa sobre banca y moneda fiduciaria.

En el plano económico, los argumentos expuestos tanto por Sánchez Gabito y Macedo como por Casasús reflejan la polémica todavía no resuelta en Europa sobre el monopolio o la libre concurrencia de emisores. Sus obras...

[al] considerar los sistemas existentes sobre bancos de emisión... dado el liberalismo entonces imperante, coinciden en rechazar frontalmente la creación de un banco controlado por el gobierno. Casasús sostiene la tesis de libre concurrencia en la creación y circulación de billetes, en tanto que Sánchez Gabito y Macedo se pronuncian por las ventajas que supone un banco único, independiente del Estado.[27]

La batalla legal y doctrinaria entre el Banco de Londres y el Nacional había tenido amplia repercusión pública, llegando a un punto en que el propio gobierno del general Díaz tuvo que mediar en el asunto.[28] El conflicto entonces no quedó resuelto conforme a razones jurídicas o argumentos técnicos, sino “como suelen terminar estas cosas en la realidad: mediante una transacción conciliadora de los intereses en pugna”.[29] El primer paso lo dio el Banco de Londres al retirar su demanda de amparo. Dice Barrera Lavalle que los abogados de la institución mostraron su buen sentido al desistirse “pues ni los derechos del de Londres estaban bien definidos”, ni la situación era favorable en aquella época para que la Suprema Corte resolviese en tan susceptible asunto jurídico.[30]

La operación clave fue fruto de la inventiva de uno de los accionistas del Banco de Londres, el sagaz José Ives Limantour, que años después brillaría como rector de las finanzas del país. Si las objeciones contra el de Londres provenían de la carencia de una concesión federal para operar, el asunto se podría resolver mediante la adquisición de tal prerrogativa. El Banco de Londres obtiene el citado derecho el 23 de agosto de 1886, pues adquiere la concesión que detentara desde 1883 el Banco de Empleados. Con ello se sometía el Banco de Londres a lo prescrito en el Código de Comercio, debiendo únicamente, como último ajuste, cambiar su domicilio a la ciudad de México y transformarse en una sociedad anónima constituida conforme a las leyes mexicanas.[31]

El segundo gran golpe al Código de Comercio es asestado por los bancos de Chihuahua, que al igual que el de Londres carecían de concesión federal. Esto se consigue cuando, en mayo de 1888, el gobierno otorga concesión a los bancos Minero y Mexicano de Chihuahua. En marzo de 1889, el Banco Comercial (antes de Santa Eulalia) consigue a su vez “salvar el pellejo” al obtener la autorización del Ejecutivo Federal para ejercer el negocio bancario.[32]

Resulta difícil sintetizar los aciertos y los despropósitos que de principio implicaba el esquema legal producido por el Código de Comercio y el contrato-ley del gobierno y el Banco Nacional. Había de entrada una contradicción entre la motivación técnica de las normas bancarias del código y la crisis hacendaria que había dado nacimiento al contrato del Banco Nacional. Dicho ordenamiento buscaba conseguir la tan ansiada uniformación bancaria y daba un paso importante en ese camino al centralizar en una sola institución la emisión de moneda fiduciaria. Sin embargo, en contrapartida a sus cualidades, los defectos del sistema resultaban más que evidentes. Con el contrato-ley se consiguió el acceso del gobierno al crédito del Banco Nacional, pero a su vez el Estado había entregado a esa empresa el monopolio bancario del país.

La lucha del Banco de Londres y de los bancos de Chihuahua se había dirigido a erradicar los defectos del esquema descrito, que consagraba a todas luces una situación bancaria injusta y desigual, pero la batalla tuvo también como subproducto la destrucción de los aspectos positivos o deseables de esa legislación.

El triunfo del Banco de Londres resultó de trascendencia para el desarrollo futuro de la banca en México. Desde el punto de vista doctrinario, determinó que se impusiera el concepto de la pluralidad sobre aquel referente al monopolio de emisión. Esto se debió, en parte, a que el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, Manuel Dublán, “partidario convencido de las ideas expuestas por Casasús”, se inclinara en favor de la libre concurrencia en la emisión.[33] Incluso el propio Pablo Macedo llegó a confesar que la posición en favor de la libertad emisora siempre fue “de rigor la más simpática y popular de las dos en pugna”.[34]

Este resultado, que relegó al Código de Comercio, coadyuvó a que se acentuara aún más la anarquía bancaria en la República, situación contra la cual tendría que luchar en desventaja años después el ministro Limantour. Con ello se apartaba México de la senda típica seguida por casi todos los países para la constitución de un banco central; circunstancia que se haría todavía más evidente al estallar la Revolución en 1910:

En la mayoría de los países, el proceso hacia un banco emisor único de billetes tuvo lugar mediante una evolución natural. Los grandes bancos comerciales, cuyos títulos circularon originalmente en un régimen de concurrencia, pasaron a ser emisores privilegiados y, después, monopólicos; ello correlativamente al ejercicio de otras funciones en materia de moneda y de crédito que los fueron configurando como bancos centrales propiamente dichos.

En México no aconteció así. La etapa inicial de nuestro instituto central fue particularmente difícil si se considera que el sistema bancario que operaba en la primera década del siglo xx fue modificado radicalmente con la Revolución, que dio un nuevo enfoque a la emisión de moneda fiduciaria, a través de un proceso frecuentemente interrumpido por problemas de carácter político, divergencias de criterio en aspectos fundamentales para la nueva institución, enconadas pugnas de intereses y penuria económica del gobierno.[35]


[*] En un principio no se les llamó bancos centrales sino de emisión, único de emisión o bancos nacionales, hasta que llegó a ser general el uso del término “banco central”.

[1] Manuel Cavazos Lerma, “Cincuenta años de política monetaria”, en Ernesto Fernández Hurtado (ed.), Cincuenta años de banca central en México, México, fce, 1976, p. 56.

[2] Ricardo Delgado, Las primeras tentativas de fundaciones bancarias en México, Guadalajara, Talleres Gráfica, 1945, p. 43.

[3] Ibid., pp. 83-84.

[4] Walter F. Mc Caleb, Present and Past Banking in Mexico, Nueva York, Harper and Brothers, 1920, p. XXI.

[5] El decreto está en Antonio Manero, La reforma bancaria en la revolución constitucionalista, México, 1958, pp. 155-161.

[6] Francisco Borja Martínez, Orígenes del banco central en México, Banco de México, Documentos de Investigación, 1979, pp. 6-7.

[7] Ibid., pp. 4-5.

[8] Ibid., pp. 5-6.

[9] Mc Caleb, op. cit., pp. 27-29.

[10] Borja, op. cit., p. 6.

[11] Mc Caleb, op. cit., p. 4.

[12] Fernando Rosenzweig, “Moneda y bancos”, en Daniel Cosío Villegas (et al.), Historia moderna de México: El Porfiriato. La vida económica, vol. VII, t. II, cap. VII, México, Ed. Hermes, 1965, pp. 801-802.

[13] Mc Caleb, op. cit., pp. 10-11.

[14] Rosenzweig, op. cit., p. 802.

[15] Antonio Manero, El Banco de México: Orígenes y fundación, Nueva York, F. Mayans, 1926, pp. 57-60.

[16] Mc Caleb, op. cit., pp. 14-18.

[17] Rosenzweig, op. cit., pp. 800-802.

[18] Borja, op. cit., p. 7.

[19] Luis G. Labastida, Estudio histórico y filosófico sobre la legislación de bancos, México, Imprenta del Gobierno, 1889, pp. 73-75.

[20] Antonio Manero, La revolución bancaria en México, México, 1957, pp. 10-11.

[21] Borja, op. cit., pp. 7-8.

[22] Mc Caleb, op. cit., pp. 29-32.

[23] Francisco Barrera Lavalle, Estudios sobre el origen, desenvolvimiento y legislación de las instituciones de crédito en México, México, 1909, pp. 23-24.

[24] Mc Caleb, op. cit., pp. 37-38.

[25] Borja, op. cit., pp. 8-9.

[26] Ibid.

[27] Ibid., p. 10.

[28] Ibid.

[29] Rosenzweig, op. cit., p. 182.

[30] Barrera Lavalle, op. cit., p. 39.

[31] Ibid., pp. 40-42.

[32] Ibid., pp. 45-46.

[33] Borja, op. cit., p. 10.

[34] Manero, La revolución..., op. cit., p. 13.

[35] Borja, op. cit., pp. 3-4.

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