Tomo I: Antecedentes, fundación y despegue
II. Los años nuevos

6. Pinitos en banca central

6.5 Banquero del gobierno

El Banco de México tenía, por ley, la obligación de prestarle al Estado toda una gama de servicios bancarios, y entre ellos los de mayor importancia eran sin duda el manejo de la deuda pública y la función de prestamista del gobierno. El recuento crediticio del erario con el banco está íntimamente vinculado al desarrollo de las finanzas gubernamentales en esa época. La etapa que va de 1924 a 1926 fue, desde el punto de vista fiscal, un periodo sin precedentes en la historia del país: por primera vez se obtuvieron excedentes presupuestales en la cuenta del gobierno. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente a partir de 1927. En febrero de ese año, Luis Montes de Oca sustituye al ingeniero Pani como secretario de Hacienda y aunque el primero de ellos siempre se reputó como un fiscalista muy ortodoxo”, la declinación en los principales rubros del ingreso del gobierno crea serios problemas presupuestales a la autoridad financiera. James Wilkie indica la forma en que el gasto efectivo del gobierno federal decreció, pasando de un nivel de 287.9 millones de pesos en 1928 a 226.5 millones en 1931.[1] Entre 1926 y 1931 los ingresos totales del erario disminuyeron en 17.2%, a pesar de los esfuerzos de Montes de Oca por enderezar el presupuesto estatal, pasando de 309.2 a 256.1 millones de pesos en dicho lapso. Para 1927, primer ejercicio de la nueva gestión hacendaria, se obtuvo un deficiente presupuestal de 14.5 millones de pesos.[2] Las angustias financieras del gobierno que se describen a continuación fueron producto directo de la crisis económica que se manifestó claramente desde 1926. La recesión no sólo ocasionó los ingresos decrecientes, sino que fue la responsable de la suspensión del programa de reconstrucción emprendido por el gobierno callista en 1924.

Incluso en las actas del consejo del banco es posible encontrar evidencia de estas dificultades. Durante la sesión del 8 de octubre de 1926, en la que se discutió una solicitud de crédito presentada por la Tesorería de la Federación, el director señaló que, según le habían informado, el gobierno estaba necesitado en urgencia de esa suma”.[3]

En términos de su ley orgánica, al banco le estaba prohibido hacer préstamos al gobierno por cantidades mayores al 10% de su capital suscrito.[4] Sin embargo, a juzgar por los informes disponibles, esta cuota fue alcanzada y rebasada rápidamente. Sterret y Davis descubrieron que en diciembre de 1927 el límite anterior se encontraba ya considerablemente superado. Para esas fechas, el gobierno adeudaba al banco la suma aproximada de 11.6 millones de pesos, mientras que el límite legal era de 6.2 millones al presentar la institución un capital exhibido de 62.2 millones de pesos.[5]

Una vez que el crédito del erario alcanza los límites legales, las autoridades recurren al expediente de solicitar préstamos, no ya directamente al banco, sino a cuenta del Fondo Regulador de la Moneda. En octubre de 1926, el saldo del gobierno por esta vía alcanza la suma de 1 millón de pesos, monto que aumenta a 2.5 millones con otro crédito concedido por este conducto durante ese mismo mes.[6] El gobierno federal al solicitar este último préstamo ofreció, según se establece en el acta de consejo correspondiente, reintegrar la suma adeudada cuando mejoraran las condiciones del erario”; sin embargo, este saldo permanece sin modificación hasta marzo de 1932.[7] Sterret y Davis afirman que del adeudo total del gobierno en diciembre de 1927, 8.16%, o sea 1 millón de pesos, correspondían a préstamos concedidos a cuenta o con garantía del Fondo Regulador.[8] Con ello se ponían en entredicho los caudales del fondo, que deberían ser utilizados en operaciones de control monetario y no con fines de naturaleza presupuestal.

M.H. de Kock ha dicho que ningún banco central puede resistir las presiones de un gobierno necesitado en emergencia de crédito.[9] Esta aseveración, según lo expuesto líneas atrás, se ajusta a lo acontecido entre el gobierno mexicano y el Banco de México, en el periodo que cubre los años de 1925-1931. Los registros contables indican que el Estado recibía crédito del banco en varios rubros: préstamos, descuentos, préstamos por cuenta del fondo regulador, deudores diversos y en una cuenta singular llamada Deudores por garantías y créditos especiales”. Es difícil resumir todos esos saldos en una sola cifra anual, ya que los créditos fueron concedidos tanto en moneda de plata y oro como en dólares americanos. La cuenta de Deudores por garantías y créditos especiales”, para poner un caso, señala cuantiosos préstamos otorgados en dólares: de enero de 1928 a marzo de 1919 esa cuenta registra un saldo de 614 458.00 dólares a favor del banco, suma que descendió hasta 380 529 dólares en septiembre de 1929, nivel en el que se mantuvo hasta diciembre de 1930.[10]

Las cifras del cuadro 19 muestran que, al incluir los créditos por cuenta del Fondo Regulador, el gobierno resulta excedido de los límites legales durante todo el periodo de estudio. Aun sin considerar dichos créditos, el límite reglamentario queda superado en los años de 1926, 1927, 1928 y 1930.

Además de los sobregiros, otra indicación de sus dificultades presupuestales es la morosidad crediticia del gobierno con el Banco de México. Aunque no se tengan datos completos, los registros de cartera disponibles demuestran la anterior afirmación. Para diciembre de 1928, por ejemplo, se sabe que de un total de seis préstamos vigentes, tres estaban ya vencidos. La cifra última del adeudo era de 6.4 millones, de los cuales 4.9 correspondían a los créditos caducos. Un préstamo de 3 250 000 00 pesos, con fecha de vencimiento del 20 de marzo de 1928, y que aparece en la cartera desde abril de ese año, se arrastra sin renovación aparente hasta diciembre de 1930. De los tres préstamos vigentes al 31 de diciembre de 1930, todos resultan vencidos, siendo dos de ellos de 1928.[11] Consúltese el cuadro 20 para constatar este punto.

Las relaciones entre el gobierno y el banco en esa época no transcurrieron sin dificultades. Eso es común si se considera, como lo señala George Halm, que existe un conflicto potencial permanente entre la autoridad hacendaria y el banco central.[12] El 12 de noviembre de 1926, para citar un caso, el gobierno solicita del banco la autorización para sobregirarse en su cuenta de cheques, a lo cual se niegan las autoridades de la institución alegando ser esto contrario a la ley que la rige.[13] En otra ocasión y por petición expresa del ministro de Hacienda”, el gobierno solicita el descuento de 18 letras por la suma de 100 mil pesos cada una”. El Consejo de Administración se negó terminantemente a aceptar esta operación por ser contraria a la ley, tanto en lo que se refería al vencimiento de las letras cuanto porque el margen de crédito del gobierno se encontraba ya agotado.[14] Empero, el incidente más significativo ocurre en diciembre de 1927, cuando el banco reclama a la Secretaría de Hacienda por no haber documentado algunos créditos pendientes a cuenta de la Tesorería de la Federación:

...expuso el Sr. Mascareñas que el préstamo de un millón de pesos suministrado a la Tesorería por cuenta del Fondo en cuestión no ha sido documentado hasta hoy, a pesar de las múltiples gestiones que ha desarrollado hasta la fecha, así como tampoco lo han sido diversas ministraciones de dinero por cerca de dos millones de pesos que vienen arrastrándose de mes en mes en la cuenta corriente de la Tesorería por la falta de expedición de los pagarés correspondientes; que llama la atención del Consejo sobre esta grave irregularidad, al mismo tiempo que reitera la protesta que ya formuló ante el Comité, porque la falta de documentos podría originar la negativa de los contadores para autorizar el balance y hasta el ejercicio de alguna acción legal contra la gerencia, por parte de los comisarios de nuestra Sociedad.[15]

El contrapunto con el gobierno también se suscita en relación con el manejo de la deuda pública. El 14 de marzo de 1927, el Consejo de Administración recibe un oficio de la Secretaría de Hacienda en el cual se le reclamaba al banco su poca eficiencia en la realización de estas funciones. El consejo recibió las impugnaciones con sorpresa, aclarando que todos los pagos y las situaciones correspondientes a la gestión de la deuda se habían hecho con puntualidad y de acuerdo a las instrucciones recibidas, y que para solventar esas situaciones el banco había llegado incluso al extremo de utilizar sus propios fondos.[16]

El compromiso de administrar la deuda pública surge cuando, en octubre de 1925, se firma la llamada Enmienda Pani, con la cual el gobierno se comprometía a reiniciar una vez más el servicio de la deuda externa.[17] El banco recibe las instrucciones pertinentes en un oficio de la Secretaría de Hacienda con fecha 15 de enero de 1926. Los primeros fondos para ese fin se depositan casi simultáneamente a la recepción del comunicado anterior: el banco debía enviar los pagos a la cuenta del Comité Internacional de Banqueros en la casa J.P. Morgan de Nueva York.[18] El registro que contiene el pormenor de esos desembolsos es la cuenta Situaciones de servicio de deuda”, integrada en el libro auxiliar de la Hacienda Pública Federal. Esa cuenta indica que en 1926 el banco hizo pagos a J.P. Morgan por un total de 14 768 224 00 pesos oro mexicanos y por 1 894 268 00 dólares americanos. En 1927 se entregaron 5.8 millones de pesos oro y 4.6 millones de dólares, a los cuales habría quizás que agregar 969 646 dólares que fueron enviados en enero de 1928.[19] La Enmienda Pani, al igual que otros convenios anteriores, mantuvo como garantía de estos adeudos el impuesto a la exportación de petróleo, agregando a aquélla un nuevo aval: el gravamen sobre la producción petrolera.[20] Ello dio origen a que se creara una reserva para concentrar esas garantías, el depósito para pago de la deuda”, el cual recibió fondos hasta 1932. Esa reserva registró entre 1925 y 1931 depósitos por 17.4 millones de pesos oro y 4.9 millones de dólares.[21]

Los depósitos contables referentes al manejo de la deuda pública interna también reflejan lo sucedido a nivel financiero, ya que después de firmados sus respectivos convenios el gobierno sólo hizo pagos a sus acreedores en forma esporádica y eventual. En los libros auxiliares de la hacienda federal es posible localizar depósitos para amortización de bonos internos de las siguientes emisiones: bonos de Veracruz del 5% (1906) en plata, de Tamaulipas, 5% (1902) en oro y plata, de Sinaloa (1906) en plata, y del estado de Durango en oro. El gobierno hizo depósitos en estas reservas por un total aproximado de 3 millones de pesos, de los cuales se efectuó un solo pago a los tenedores: un desembolso de 4 705 pesos realizado en junio de 1928. Asimismo, se creó un depósito para el pago de la deuda ferrocarrilera en el cual se colocaron fondos por l.7 millones y del cual no se extendió un solo cheque a los acreedores.[22] Una excepción notable lo constituye el caso de la deuda agraria. Ésta es la única cuenta que registra liquidaciones, con un total de cargos por 4.1 millones de pesos.[23] Si se considera que en 1929 la deuda agraria se estimó en 300 millones de pesos se podrá comprobar lo mínimo, lo irrelevante de los pagos totales hechos a los acreedores agrarios.[24] La reforma y la deuda agraria son puntos neurálgicos de la historia política de México en esa época; baste citar lo siguiente: Entre las sugerencias que hizo el embajador norteamericano Morrow a Calles, cuando las relaciones entre México y Washington entraron en la etapa de reconciliación, figuraba la de supeditar el reparto agrario a la capacidad de compensación efectiva por parte del gobierno federal...”.[25]

Es obvio que el embajador Morrow no fue escuchado ya que para 1933 dicha deuda había llegado a la suma de 1 000 millones de pesos, aunque de ella sólo 0.1%, o sea 14.7 millones, estuvo amparada por bonos del Estado.[26]

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