Tomo I: Antecedentes, fundación y despegue
II. Los años nuevos

 

7. El banco a caballo

 

Ninguna institución surge y se desenvuelve al margen de la sociedad, lo que es cierto para el caso de las empresas bancarias. Es de las formas más avanzadas de relación social, ya que su florecimiento es producto de la confianza que generan la estabilidad y el progreso. Nada puede serle más dañino que la inestabilidad política y las alteraciones de la paz social, como lo demuestra la suerte de los bancos con la Revolución de 1910.

El Banco de México surge y se consolida en la todavía violenta década de los veinte; una etapa histórica bronca y atropellada en que las balaceras en el Congreso de la Unión son aún asunto cotidiano. Es éste el periodo que presencia la guerra de los cristeros y que padece tres sublevaciones militares contra el gobierno constituido.

El Banco de México no podía, ni debía, permanecer aislado del status quo político y económico reinante. En el Archivo General de la Nación se localizó un oficio por medio del cual la dirección de la institución solicitaba a la Secretaría de Gobernación que los funcionarios del banco —incluyendo por supuesto al propio director—, los choferes y los porteros pudieran portar armas durante las horas de oficina.

Las páginas que siguen son una evidencia fehaciente de los hechos descritos. Las circunstancias bélicas, rudas y rabiosas que caracterizaron esos años inspiraron, además, el título de este apartado.

 

7.1 La revuelta escobarista

Cuando el general Calles termina su mandato presidencial surge nuevamente en el ambiente político la cuestión de la sucesión. Después de un fallido intento por convertir a Morones en candidato presidencial, el general y ex presidente Obregón salta nuevamente a la palestra política maquinando su propia reelección (para lo cual tiene que recurrir al expediente extremo de modificar la Constitución). La oposición no se hizo esperar y los grupos antagónicos a la reelección de Obregón se agruparon alrededor de dos candidatos contendientes: los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano. Esta sangrienta campaña presidencial culminó con el asesinato de esos dos generales y de sus partidarios. Francisco Serrano fue victimado en la tarde del 3 de octubre de 1927, en Huitzilac; el general Gómez fue fusilado en Coatepec el 5 de noviembre de ese mismo año.[1]

Con ello Álvaro Obregón restauró su hegemonía y la de su gobierno sobre el país. Sin embargo, con el asesinato del candidato electo el martes 17 de julio de 1928, las fuerzas políticas se desencadenan en pugna nuevamente. Este hecho, como lo señalan la mayoría de los historiadores, fue de trascendental importancia histórica para el país: La muerte del general Álvaro Obregón, fue en más de un sentido, la crisis interna más fuerte por la que haya atravesado el grupo gobernante durante el periodo revolucionario; de ella habrían de derivarse, directa o indirectamente, la fundación del Partido Nacional Revolucionario, la creación del maximato, el vasconcelismo y la rebelión escobarista”.[2]

En efecto, en 1929 estalló el último movimiento militar que puso en peligro a los gobiernos emanados de la Revolución. El origen de la rebelión, que debe su nombre al de su caudillo, general Gonzalo J. Escobar, se remonta a unas reuniones de militares de alto rango, promovidas por Calles a partir de julio de 1928. Las reuniones fueron planeadas para aglutinar a los militares alrededor del gobierno central, y para evitar que ninguno de ellos se sintiese aspirante a la presidencia. La reunión más importante fue la del 5 de septiembre, cuando los generales más significados del país aceptaron dejar a Calles las manos libres para que seleccionara al presidente interino. Algunos de los disidentes más sobresalientes, como Escobar, Urbalejo y Aguirre, estuvieron presentes en esas reuniones, lo cual no impidió que, casi simultáneamente, se celebraran en el hotel Regis de la ciudad de México otras sesiones en donde los insurrectos fraguaban en forma descarada sus planes de rebelión: Desde las primeras reuniones en el Regis estaba enterado el gobierno hasta en sus más mínimos detalles de todo lo que se tramaba, porque la inconciencia de los conspiradores alcanzó grados increíbles”.[3]

De hecho, el plan primitivo” planteaba que la revolución estallara en la capital desde el día 22 de diciembre de 1928, pero esto no pudo ser llevado a cabo en esa forma por razones de tipo militar.[4] La tan esperada revuelta se inició finalmente el domingo 3 de marzo de 1929, por medio de la proclamación del llamado Plan de Hermosillo. Inmediatamente, a la par con el plan se iniciaron las acciones militares. Dos días después, los insurrectos controlaban los estados de Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Muchas ciudades en donde el Banco de México tenía localizadas sus sucursales cayeron por consecuencia en manos rebeldes, habiendo sido las primeras en rendirse aquéllas en donde estaban acantonados algunos de los militares insurrectos. Veracruz, por ejemplo, donde se encontraba destacado el general Aguirre, cayó el domingo 3 por la mañana, al igual que Torreón, ciudad donde estaba situado Escobar. Navojoa y Durango también cayeron ese mismo día, aunque horas más tarde.

Una de las primeras medidas de los infidentes fue la de enviar mensajes contradictorios y engañosos al gobierno de la ciudad de México, con el objeto evidente de desconcertar a las autoridades y crear confusión.[5] Es claro que la confiscación de los fondos del banco, al igual que las triquiñuelas anteriores, era parte del plan general fraguado por los insurrectos. Ello se comprueba por la coordinación de procedimientos observada en todas las sucursales saqueadas.

Sin embargo, sería un error suponer que el Banco de México era la única víctima prevista de los amotinados. La meta era allegarse fondos y los escobaristas atacaron todas las instituciones que podían proporcionárselos, ya fueran bancos, oficinas de correos, aduanas o taquillas de ferrocarriles. Señala un telegrama militar, por ejemplo, que en el caso de Veracruz, la primera plaza en caer en manos rebeldes: ...fueron sustraídas de bancos y oficinas (de) este puerto (las) siguientes cantidades: de Telégrafos Federales $ 3,250.00; de Oficina de Correos $ 6,000.00; de Aduana Marítima, bancos (de) Montreal, de México, Nacional de México y Crédito Español, $50,000.00 (de) cada uno...”.[6]

El informe recibido por el Consejo de Administración del banco, a finales de marzo de 1929, indica que el Banco de México había perdido fondos a manos de los escobaristas por un total de $ 1 817 925.10,[7] cifra que difiere de la proporcionada por el balance final de pérdidas calculado por el departamento de contabilidad, en septiembre de ese mismo año (cuadro 21). La diferencia de $ 12 531.99 que se observa entre la cuenta final y el informe presentado al consejo en marzo, proviene de que en el segundo no se incluyeron ni el costo correspondiente a los muebles y útiles sustraídos por los revolucionarios, ni los gastos ocasionados al banco por la misma revuelta.

Dado que las noticias de la sublevación llegaron a la capital desde la mañana del domingo 3 cabría preguntar: ¿qué reacción tuvieron las autoridades de la matriz del banco al recibir noticia de la insurrección? Causa sorpresa saber que no se hizo nada ese día. No fue sino hasta el lunes 4 en la mañana cuando se enviaron a las sucursales telegramas extraurgentes con instrucciones a los gerentes para proteger los fondos de la institución. El cable dirigido a la sucursal Monterrey señalaba: Inmediatamente concentren en Laredo, debidamente asegurado, ciento veinte mil en billetes, ciento cincuenta mil en oro y seiscientos mil en plata... Obren con prudencia y con mucha discreción”.[8]

Esta acción tuvo poco éxito por dos razones; en primer lugar, porque los telegramas llegaron demasiado tarde para algunas sucursales, como los casos de Torreón y Veracruz. En Torreón, para poner un caso, el general Escobar secuestró al gerente de la sucursal desde la noche de ese día 3. En segundo lugar, porque en algunas sucursales los cables nunca llegaron a manos de los gerentes, ya sea porque las líneas estaban muy congestionadas o porque éstas habían sido intervenidas por los insurrectos. Esto último fue lo que aconteció en las sucursales de Chihuahua, Durango y Saltillo.

A pesar de todo, en muchas de las agencias fue posible salvar de la rapiña escobarista considerables sumas. A ello concurrieron circunstancias diversas; en Monterrey, por ejemplo, que fue la sucursal que sufriera la exacción más cuantiosa, los pronunciados dejaron de llevarse 150 mil pesos plata debido a que se notaba en ellos suma urgencia por abandonar la plaza”. La astucia de algunos gerentes fue otro elemento de importancia. El episodio más sobresaliente fue el protagonizado por el gerente de la sucursal Chihuahua. El texto del siguiente telegrama enviado de Ciudad Juárez señala lo ocurrido: El gerente Sucursal Chihuahua nos ha avisado por teléfono autoridades negáronles permiso remitirnos sus existencias. Con el objeto de protegerlas han hecho fuerte préstamo a la Chihuahua Investment Co., procurando depositar con otro banco saldo en caja”.[9]

Además, simulando una remesa particular, esa sucursal logró ocultar de los infidentes la suma adicional de 76 mil pesos, con lo que en total esa sucursal pudo salvaguardar fondos por la suma de 275 mil pesos.[10]

En el agregado, el monto de fondos salvado por las diversas sucursales del banco, entre los días 4 y 15 de marzo de ese año, ascendió, según estimaciones, a la suma aproximada de 723 741 pesos.[11] Las sucursales más destacadas en este rubro fueron las de Chihuahua, Monterrey, Nogales y Saltillo, que salvaron fondos por 275 mil, 150 549, 157 794.07 y 109 766 pesos, respectivamente.[12]

En muchos sentidos la revuelta escobarista fue un ejemplo de torpeza política y militar. Desde semanas antes de que estallara el movimiento, el gobierno estaba enterado de todas las maquinaciones de los sublevados hasta en sus más mínimos detalles. Cabría preguntar si el banco no pudo prever este desaguisado y, por lo tanto, tomar las debidas providencias del caso. Se tiene evidencia de que la dirección general estaba alerta desde semanas antes sobre la delicada situación política que prevalecía en el país. El 15 de febrero se discutió y aprobó en el seno del Consejo de Administración una circular por la cual se prevenía a los empleados de tomar parte activa en los asuntos políticos en el interior de las oficinas, con el apercibimiento de ser cesado el empleado que contravenga dicha disposición”.[13]

Existen pruebas de que para esas fechas ya se habían enviado instrucciones a las sucursales en previsión de que sobreviniera un posible levantamiento militar. El gerente de la sucursal Durango, en un informe enviado a la matriz el 16 de marzo, señalaba que: El Sr. Cortés (visitador de sucursales) me dio las instrucciones verbales del Sr. Mascareñas que ya conocemos tocante a las precauciones que deberíamos tomar los gerentes para el caso de que se alterara la paz de la república”.[14]

¿Cuáles eran esas instrucciones? ¿Qué señalaban? Cualesquiera que sean las respuestas a estos interrogantes una cosa es segura: que sólo las sucursales fronterizas del banco se beneficiaron de esta estrategia. El 8 de marzo se informó en el Consejo de Administración que las sucursales de Ciudad Juárez, Laredo y Piedras Negras habían salvado sus fondos de la voracidad escobarista gracias al traslado que de los mismos habían hecho sus respectivos gerentes al lado americano”.[15] La sucursal Nogales, para poner un caso, depositó sus existencias en un banco de Arizona, el Nogales Bank & Trust Co.

Otra razón por la cual se perdió la oportunidad de salvaguardar una mayor cantidad de recursos fue que algunos gerentes no actuaron con la presteza y la clarividencia deseadas. En un informe general preparado por la dirección para el Consejo de Administración, se señalaba que el gerente de la sucursal Monterrey: dispuso cuando menos de unas veinte horas para salvar parte de los fondos existentes, (y) se concretó a estar presente en el local del banco... y no intentó siquiera salvar las existencias de oro y billetes, lo que fácilmente hubiera podido hacer pues tuvo tiempo sobrado para ello”.[16]

Una acusación semejante se le hizo al gerente de Parral, ya que los insurrectos no tomaron esta plaza hasta el 5 de marzo, al anochecer. Se alegó, entonces, que esa sucursal tuvo todo el lunes 4 y parte del martes 5 para discurrir algunas providencias encaminadas a salvar al menos una proporción de sus existencias. Sin embargo, por muy lógicas que puedan parecer hoy estas reflexiones, la verdad es que en el momento de los hechos la situación era muy incierta. Nosotros nos beneficiamos de la certeza que posee el observador retrospectivo. Las circunstancias prevalecientes en esa coyuntura eran verdaderamente caóticas. El gerente de la sucursal Durango explicaba esa incertidumbre en su informe, señalando que: Nadie sabía nada seguro, pero cada cual inventaba un dicho que ponía los ánimos sumamente nerviosos”.[17]

El movimiento escobarista fue derrotado rápidamente. Una de las razones de ello, no la única, fue que el gobierno de Portes Gil contó con todo el apoyo de los Estados Unidos. A esto habría que agregar que ni el pueblo ni los cristeros prestaron la más mínima ayuda al movimiento rebelde. La primera plaza recuperada fue Veracruz, que fue tomada el 6 de marzo por el gobernador Tejeda al frente de unos mil agraristas; Monterrey cayó también ese mismo día. Por fin, el 30 de ese mismo mes, se libró en Jiménez, Chihuahua, la batalla decisiva en la que fueron definitivamente vencidos los insurrectos.[18]

Con una victoria tan rápida resultó lógico que, a la postre, las tropas federales pudieran recuperar parte de los fondos robados. Empero, el total recobrado fue en realidad una proporción muy pequeña del monto original del latrocinio. La causa de ello proviene del mismo factor que permitió salvar las existencias de las sucursales fronterizas, es decir, la posibilidad de cruzar la frontera con los fondos robados: La mayoría de los escobaristas huyeron por Nogales, Arizona, para refugiarse con éxito en los Estados Unidos”.[19] El ejército en realidad sólo pudo recuperar una fracción del dinero extraído de la sucursal de Veracruz, y esto debido a que los escobaristas ya habían dispuesto de algunas sumas del caudal total robado. La Secretaría de Hacienda decidió que el monto rescatado por las tropas del general Miguel Acosta fuera redistribuido en partes iguales entre las cuatro instituciones bancarias que habían sido desfalcadas en ese puerto. De tal manera que tanto el Banco de México como los de Montreal, Nacional de México y Crédito Español recibieron cada uno la suma de 39 345 pesos de los 50 mil que inicialmente les fueran robados; pero esto únicamente se logró después de innumerables trámites y el banco no recibió su parte sino hasta agosto de 1930.[20]

La única otra recuperación de que se tiene noticia correspondió a un embarque de billetes del banco, por la suma de 5 mil pesos, robado de la sucursal Parral por el pronunciado civil Gabriel Chávez. Ese dinero fue recobrado cuando un enviado de Chávez intentó canjear dichos billetes en una institución norteamericana domiciliada en El Paso, Texas. Con todo, a final de cuentas, sólo se pudieron recobrar 4 252 pesos, debido a que el abogado norteamericano que logró esa recuperación cobró por honorarios la suma de 359 dólares.

Una vez sofocada la sublevación llegó la hora de los abogados”. El banco y el gobierno disponían todavía del recurso legal, el uno para intentar resarcirse de los fondos robados y el otro para perseguir penalmente a los pronunciados. Cualquiera que fuera la estrategia legal adoptada, el caso presentaba dificultades considerables. Primeramente habría que promover las denuncias ante tribunales nacionales y después se presentaba el problema de lograr la extradición de los principales jefes escobaristas que hablan huido al extranjero...

En realidad, la suerte de los escobaristas estuvo desde un principio inexorablemente vinculada a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Para esa época, y gracias a la liga Calles-Morrow, las relaciones entre México y su vecino del norte, se puede decir, habían llegado a su cenit”. Militarmente, la administración del presidente Hoover le otorgó al gobierno de Emilio Portes Gil un apoyo casi ilimitado.[21]

Sin embargo, se sabe muy poco del respaldo que el gobierno del norte pudo prestar al Banco de México en sus diligencias y en sus esfuerzos en contra de Escobar y sus esbirros. De ello sólo se tienen dos referencias un tanto crípticas. La primera se refiere a un cable enviado por el director del banco, señor Mascareñas, a un corresponsal de la institución en la ciudad de Nueva York (The National City Bank of New York). El objeto era solicitar que se le pusiera en contacto con el Departamento de Estado del vecino país.[*] Unos cuantos días después, con fecha 25 de marzo de 1929, el señor Mascareñas envió al gerente de dicha institución una misiva agradeciéndole su favor del día 21”.[22] ¿Para qué hubiera deseado Mascareñas ponerse en contacto con el Departamento de Estado norteamericano? El otro indicio se refiere al ofrecimiento hecho al banco por un abogado norteamericano, de apellido Bird, quien manifestaba poder recuperar los fondos que Alejo Bay, connotado escobarista, tenía depositados en los Estados Unidos.

El intermediario entre dicho abogado y la gerencia de la institución en la ciudad de México —el gerente de la sucursal en Ciudad Juárez— envió un telegrama en diciembre de 1929 señalando entre otros puntos que: Es urgentísimo que ejerzamos nuestra acción por (el) pánico (que) ha cundido entre los jefes rebeldes con motivo (de las) medidas restrictivas que el gobierno americano está tomando en contra jefes rebeldes, sírvanse darnos instrucciones...”.[23]

Cualesquiera hayan sido éstas, el hecho es que no se sabe de ninguna solicitud de extradición en contra de los escobaristas que realmente prosperara. A nivel de relaciones entre particulares la cosa es más clara, aunque quizás igualmente inconclusa. Se tienen algunos casos; uno de ellos fue el del licenciado Bird, relatado líneas atrás, y otro el de Salvador Ateca, destacado escobarista, aprehendido en Nueva York en poder de más de 750 mil dólares provenientes de los fondos robados. Sin embargo, el banco se desistió de perseguirlo. Según la Dirección General, el Sr. Ateca en ninguna de las sucursales se presentó a extraernos fondos”, por lo tanto, no sabemos qué cargos concretos podríamos mandar para que este fuera condenado”.[24] El caso más sobresaliente, empero, parece ser el de otro abogado norteamericano, Mr. Charles Vowell. El señor Vowell se puso en contacto con las autoridades de la institución ofreciendo poder recuperar por la vía legal 300 mil dólares que Escobar había depositado en un banco del Canadá. La dirección del banco rechazó la propuesta de este abogado, señalando que los honorarios del 30% sobre el capital eran exagerados, y que existían pocas probabilidades de lograr la recuperación de los fondos.[25] Para que se constate lo fino que hilaba” Mr. Vowell, cabe citar el siguiente párrafo del dictamen de la dirección del banco en relación a ese asunto: Si mal no recordamos, el citado abogado parece que ayudó tanto a Escobar como a Ateca para salir de los Estados Unidos con los fondos robados y seguramente que ya sacó de dichos individuos todo lo que él pudo sacar y ahora no sería difícil que pretendiera ver cómo nos sacaba algo a nosotros”.[26]

La estrategia jurídica diseñada por el banco para este problema partió de deslindar el delito de robo de aquel de rebelión. De acuerdo con ello, el gobierno debería perseguir el delito de rebelión, que era de naturaleza federal, por el fuero federal, mientras que el de robo sería de la competencia de las autoridades del orden común, ya que el Banco de México es una institución privada y el delito necesariamente tiene que revestir el carácter apuntado”. ¿Cuál pudo haber sido la razón legal práctica para tal estrategia? Ésta es sin duda que, conforme a las prácticas en los Estados Unidos, existía el antecedente de nunca acceder a peticiones de extradición en asuntos de carácter político. Ésta, en cambio, podía ser lograda en caso de delitos del orden común.[27] Para hacer prevalecer dicho criterio en los tribunales, el banco debía demostrar que el hurto de ninguna manera había sido el medio para hacer triunfar a la rebelión”. Si no se lograba esto, el caso quedaría contemplado por el artículo 1106 del Código Penal del Distrito Federal y por lo tanto pasaría irremisiblemente a ser de competencia federal. Dicha disposición establecía que: se castigará, siguiéndose las reglas de la acumulación, el delito de rebelión y los medios que se empleen para hacerla triunfar, consistentes estos en el asesinato, el robo..., etc.”.

En virtud de lo atípico del caso, el banco enfrentó innumerables dificultades legales sólo para que este criterio fuera aceptado. En muchos lugares, los jueces y los magistrados se negaron a admitir, en un principio, el enfoque sostenido por los abogados de la institución. Esta dificultad se ventiló finalmente cuando, gracias a los desvelos del señor Mascareñas, el procurador general de la nación envió un oficio a los jueces federales, instándolos a que no promuevan competencia ante las autoridades del orden común..., o que se desistan de esas promociones en su caso”.[28] Las autoridades del banco no sólo experimentaron dificultades jurídicas sino también políticas, y de hecho estas últimas les ocasionaron más dolores de cabeza que las anteriores. Dejemos que nos explique este punto el gerente de la sucursal Durango en su singular estilo literario:

Debemos advertirles que entre los militares y las autoridades del Estado existe un desacuerdo grandísimo, que raya en odio... Por causa de estas diferencias tan hondas, los jueces tienen miedo de tener que vérselas con militares —aunque éstos sean rebeldes”—, saben bien dichos jueces que, aunque rebeldes pasados”, cuentan con amigos entre los llamados leales”. El famoso gremio parece que se defiende de los pobres civiles, que no cuentan con la espada”. Este es el escrúpulo que tiene el juez segundo del ramo penal para no entender del proceso de marras.[29]

Las últimas noticias de las diligencias legales correspondientes a estos asuntos se remontan a mayo y octubre de 1930. No es posible vislumbrar en ellas que los juicios estuvieran cercanos a desembocar en una solución definitiva. Sin embargo, es posible inferir el epílogo en forma indirecta, y la pauta para ello la proporciona el que fuera presidente de la República durante la época de la rebelión, Emilio Portes Gil: El gobierno fue magnánimo con todos los jefes militares que cayeron prisioneros o se rindieron”, y por lo mismo permitió que regresaran al seno de sus familias”.[30] En relación a los que huyeron, el mismo escrito indica que: Algunos de ellos, como Escobar, no hicieron otra cosa que saquear —en Monterrey y en Torreón— los bancos y las casas comerciales para llevarse fabulosas sumas de dinero que les proporcionan el confort y el lujo de que hoy disfrutan en el extranjero”.[31]

Lo señalado en la obra de Portes Gil permite inferir que el banco nunca pudo recobrar las sumas sustraídas por los infidentes. Finalmente, quedaba por determinar cuál sería la institución que absorbiera la citada pérdida; si el banco mismo o el gobierno de la República. Existían antecedentes de este caso, ya que durante la Revolución de 1910 el gobierno decidió incautar los fondos de los bancos comerciales.[32]

Sin embargo, terminada la contienda, el gobierno, honrando los compromisos contraídos por pasadas administraciones, se comprometió a resarcir a esas instituciones los dineros requisitados. En la sesión del Consejo de Administración del banco del 5 de julio de 1929 se acordó que las sumas robadas fueran cargadas al renglón de pérdidas en el estado de resultados de la empresa.[33] Ello implicaba que fuera el gobierno, por ser el accionista mayoritario de la sociedad, el que absorbiera el deficiente. El gobierno no sólo resentiría esta pérdida por el lado de los dividendos, ya que el banco, por ley, está también obligado a cubrir el impuesto sobre la renta. En un principio, la Secretaría de Hacienda se inconformó con este acuerdo del consejo amenazando al banco con emplear la facultad económico-activa para el pago de dicha cantidad”, que en julio de 1929 ascendía a la suma de 88 mil pesos.[34]

Sin embargo, dicho acuerdo fue aprobado meses después por el secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, gracias a los oficios del señor Mascareñas, de tal manera que en la sesión del consejo del 29 de diciembre de ese año se informó que:

...se convino en que la distribución de utilidades se haga como en precedentes ocasiones, con la salvedad de que una vez separada la cantidad necesaria para aumentar el fondo de reserva, y separado también el 6% que como dividendo le corresponde al capital exhibido sobre las acciones de la serie B, lo que quede se destine a cubrir la pérdida de $ 1 896 000 que sufrió el Banco con motivo del movimiento rebelde.[35]

El Banco de México no fue la única víctima de la rebelión escobarista, el país entero sufrió las consecuencias de la asonada militar. El gobierno federal gastó en la campaña de pacificación $ 13 839 608.78; y la destrucción de vías férreas, trenes, saqueos a los bancos, etc., importó 25 millones de pesos; pero lo más censurable es que aquella rebelión costó al país muy cerca de 2 000 muertos... De ellos, sólo dos o tres generales”.[36]

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