Tomo I: Antecedentes, fundación y despegue
I. Antecedentes y fundación

 

Introducción

 

¿Hasta dónde sería necesario retroceder el reloj de la historia para localizar en México el primer antecedente de la banca central? Es difícil precisarlo por la complejidad que obscurece la localización exacta del germen del órgano central en este país. Por ello se intentan iluminar los múltiples hilos conductores que marcan la naturaleza de dicho asunto. Una aproximación parte de los diversos enfoques de clasificación sobre las etapas evolutivas de la citada génesis. Manero, por ejemplo, recurrió al criterio jurídico para elaborar la periodización de su monografía. En palabras de ese autor, los orígenes del Banco de México se desdoblan en tres ciclos: el primero, que es el anterior a 1897, fue una etapa de formación casi anárquica”, en que cada banco emisor se regía por un contrato específico diferente en términos y atributos de los concedidos a las demás instituciones. El segundo lapso, que va de 1897 a 1915, es un periodo de uniformidad legal en que todos los bancos se regulan por una misma legislación. Por último, el lapso de 1915 a 1925 fue un tiempo de reformas en que se liquida al antiguo sistema de bancos de emisión, y se prepara el establecimiento del órgano central único o sea el Banco de México.[1] Borja Martínez, a diferencia de Manero, invoca las doctrinas de emisión para formular las fases del origen:

La génesis del banco se produce en dos períodos: el primero abarca el lapso 1884-1917 en el que fue ampliamente debatido si convenía al país adoptar un régimen de monopolio en la emisión de billetes o permitir la libre concurrencia de emisores; el segundo se encuentra referido a los años 1917-1925 y comprende las controversias suscitadas en torno a cuáles debían ser los elementos distintivos del banco único previsto en la Constitución de 1917, particularmente respecto a si correspondía referir el monopolio de moneda fiduciaria a un banco de Estado o a una empresa pública con participación privada.[2]

La metodología para el estudio de los orígenes puede arrancar del llamado enfoque funcional”, que es la búsqueda de los antecedentes con base en las distintas funciones de la banca central. Cavazos Lerma, verbi gratia, apunta con acierto que aunque los gérmenes del banco único son anteriores, el brote inicial en cuanto a la regulación de los cambios externos no cristaliza sino hasta 1905, con la creación de la denominada Comisión de Cambios y Moneda”.[3]

Según la función de sostén o prestamista de último recurso, el indicio original se remonta a la crisis bancaria del año de 1882, cuando dos instituciones acuden en auxilio de una tercera que se hallaba en críticas condiciones por el asedio de los depositantes.[4] En términos de la gestión de banquero de bancos, quizás el ejercicio seminal se localice en 1899, con la fundación del banco central.[*] El Central, establecido por los bancos emisores de provincia cumplió, en su momento, algunas funciones centrales” con sus bancos asociados.[5] Análisis semejante puede ser efectuado respecto a la función de banquero del gobierno. En 1880 una institución de reciente nacimiento obtuvo la exclusividad para el ejercicio de dicho atributo.[6]

Si se lleva la situación al extremo podría vincularse la estirpe del Banco de México con la acuñación de moneda —que también es función típica de la banca central—, pero ello implicaría ciertamente un exagerado retroceso cronológico. En ocasiones, los impugnadores de la historia aluden a la manía por los orígenes exhibida por los profesionales de esta disciplina. Esa enfermedad llamada origenitis”, que es la obsesión por remontarse a Adán y Eva para la explicación de cualquier fenómeno.[7] La acuñación de piezas metálicas se inicia en 1535, cuando por Real Ordenanza se decide edificar en la ciudad de México una casa de moneda. La primera remesa de especies de plata surge dos años después, y la acuñación de oro no se inicia sino hasta 1679.[8] En efecto, resultaría grotesco afirmar que los anteriores acontecimientos son antecedente directo del Banco de México; el contagio por el pernicioso mal sería fulminante.

Los orígenes de la banca central en México se desenvuelven principalmente alrededor de la emisión. En efecto, los antecedentes germinales se remontan a la fundación de los bancos privados de emisión, proceso que arranca en 1864 con el establecimiento de la primera de dichas instituciones. El caso en materia de doctrina bancaria fue semejante. La polémica doctrinal en el siglo xix se concentró en la discusión sobre la pluralidad o centralización de la emisión. El triunfo de esta segunda posición hubiera significado la necesidad inminente, ya fuera de fundar la institución que detentara la exclusividad de la emisión, o la transformación de alguno de los bancos existentes en tal organismo. Los acontecimientos, sin embargo, eligieron un rumbo distinto. Como consecuencia de las controversias jurídicas y doctrinarias de 1885 se consolidó en México la pluralidad de emisores. Posteriormente, en 1897, Ives Limantour, con la ley bancaria de esa fecha, implantaría un sistema de pluralidad regulada o de privilegio y concurrencia”.

La preeminencia de la función emisora es quizás todavía más evidente en el periodo revolucionario. La propia denominación de esa época para el banco de Estado refleja ese fenómeno; en casi todas las discusiones y proyectos se alude preferentemente al Banco único de emisión”. La premura por fundar el banco, planteada por Venustiano Carranza desde 1913, se esgrime básicamente en función de la necesidad de entregar a una sola empresa la expedición de billetes, y las deliberaciones del Constituyente en 1917, así como la redacción definitiva del artículo 28 de la carta magna, se centran también en dicho asunto.[9]

El encuadre resultaría incompleto, si los antecedentes del Banco de México no se analizan a contraluz del espectro político del país. No es raro que la fase de los proyectos bancarios frustrados” que culmina en 1864, coincida con el desorden que hubo en México durante sus primeros 40 o 50 años de vida independiente. En esa época, como dice Luis González, reinó la inquietud en todos los órdenes” de la vida nacional. En 44 años hubo casi 60 gobiernos, casi todos producto del cuartelazo y de los cuales, el último, o sea el imperio de Maximiliano, resultó consecuencia de una intervención extranjera.[10] Prueba de lo anterior es que un proyecto bancario de 1857, cae por los suelos a causa del derrocamiento del presidente Ignacio Comonfort.

A pesar de que el primer banco de emisión se funda en 1864, el desarrollo bancario propiamente dicho no arranca sino hasta 1879-1880, durante el primer gobierno de Porfirio Díaz. Muchas cosas habían sucedido en el ámbito político en los 15 años anteriores. A la regencia del imperio, que duró de 1862 a 1864, le siguió la monarquía de Maximiliano, que cayó abatida en 1867 a manos de las tropas liberales encabezadas por Juárez. El periodo de la República Restaurada, que contempló dos gobiernos: el de Juárez, de 1867 a 1872, y el de Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876, culmina el año siguiente cuando Porfirio Díaz alcanza el poder por medio del golpe de Estado. Díaz gobierna de 1877 a 1880, y ese año toma las riendas Manuel González, quien permanece en la primera magistratura hasta 1884. De ahí hasta 1911 el poder absoluto de la República estaría en manos del propio Porfirio.

A partir de 1884, el desarrollo bancario en México recorre una senda paralela a la de dos variables históricas: la doctrina bancaria y monetaria profesada por el ministro de Hacienda en turno y el desenvolvimiento del ciclo económico y de sus fluctuaciones. La narración despega con Miguel de la Peña, quien con base en el Código de Comercio de 1884 realizó un esfuerzo de uniformación bancaria, que quedó frustrado por la crisis económica que se desató ese año. Manuel Dublán, secretario de Hacienda entre 1884 y 1891, sostuvo una tesis totalmente opuesta a la de su antecesor. Bajo su batuta se emprendió una intensa campaña de fundaciones bancarias que resultó a la postre en total contradicción con la uniformación en ese ramo mercantil. En cuanto a la materia de la circulación fiduciaria este ministro se manifestó partidario irrestricto de la pluralidad de emisores. José Ives Limantour le da un nuevo sesgo a la cuestión de doctrina. Con la ley de 1897 se implanta una relativa uniformidad bancaria y se establece, en punto a la emisión de billetes, un sistema de pluralidad regulada. No es sino hasta la crisis de 1907-1908 cuando el connotado ministro, cambiando sus anteriores concepciones, manifiesta la superioridad de la emisión centralizada.

En la etapa revolucionaria, el régimen constitucionalista de Carranza, que gobernara al país entre 1914 y 1920, hizo de la fundación del banco central uno de los objetivos más caros de la Revolución. En verdad, a la luz de las difíciles circunstancias se puede afirmar que obtuvo un moderado avance en ese sentido. En el ámbito doctrinal, con la Constitución de 1917 se consolida definitivamente el concepto de la centralización de la emisión. Poco tiempo después se elaboran los primeros proyectos de ley orgánica para la citada institución. Sin embargo, los avances en el otro renglón medular, que era el financiero, fueron casi nulos: ningún adelanto se logró en la recolección de los fondos para integrar el capital del banco único. Además, dicho movimiento destruyó la base monetaria y psicológica sobre la cual descansaba la circulación de los billetes. En efecto, el desenlace del papel moneda en la Revolución fue el responsable de las desventuras que sufrieran los billetes del Banco de México durante la primera etapa vital de esa institución. Estas últimas cuestiones se relatan con pormenor en La postración bancaria” y en Retorno al metalismo”.

De 1920 a 1925, los antecedentes del Banco de México adquieren un perfil distinto de aquel referido al periodo revolucionario. El desarrollo de la política tiene una repercusión distinta que la precedente sobre los proyectos para el banco único. La distancia fundamental se señaló en términos probabilísticos. La certeza de fundar el banco único se incrementó sensiblemente.

El ciclo de 1920 a 1925, que contempló el inicio del periodo de reconstrucción, cubre el presidenciado de tres mandatarios. La secuencia arranca con Adolfo de la Huerta, quien es presidente interino de junio de 1920 hasta el 30 de noviembre de ese año. De la fecha anterior a noviembre de 1924 gobierna Álvaro Obregón, quien entrega el poder a Plutarco Elías Calles.

El quinquenio inicial de los veinte ampara dos épocas en cuanto a la trayectoria para establecer el banco único. La primera, que se extiende aproximadamente hasta diciembre de 1924, es el recuento de una serie de esfuerzos un tanto frustrados para inaugurar la mencionada institución.

Una de las herencias del carrancismo a los gobiernos de la reconstrucción” fue el objetivo de crear el banco central, estafeta que recupera inmediatamente Adolfo de la Huerta, al ser designado presidente provisional. En ese momento se inician los trabajos en el ámbito doctrinario. La batalla se dirige a la dilucidación del carácter institucional del futuro órgano: si el de un banco de Estado o el de una institución con participación privada. Aunque este debate se desarrolla con prioridad entre el Ejecutivo y el Legislativo, los banqueros privados y los capitalistas extranjeros no fueron ajenos a dicho proceso. Por un lado, De la Huerta intentó capitalizar el arreglo de la deuda externa para establecer el banco único con fondos del Comité Internacional de Banqueros, mientras que el banquero Agustín Legorreta buscaba fundar dicha institución con recursos proporcionados por los financieros franceses.

Con todo, quizás nada fue más funesto para el proyecto que la llamada revuelta delahuertista” de diciembre de 1923. De la Huerta integró junto con Obregón y Calles el triunvirato del levantamiento de Agua Prieta que derrocó a Carranza. Al concluir el movimiento, el primero en asumir la Presidencia fue el propio De la Huerta. Posteriormente, Álvaro Obregón lo elige para integrar su gabinete como secretario de Hacienda; pero las fricciones entre ambos líderes no tardan en manifestarse abiertamente. Paulatinamente se van agriando las relaciones hasta que sobreviene el rompimiento en septiembre de 1923, con la renuncia irrevocable de De la Huerta a su puesto de ministro. Durante los meses subsiguientes se desató una acalorada polémica entre el secretario saliente y el entrante, la controversia De la Huerta-Pani, en la que este último acusaba a su antecesor de ineficiencia hacendaria, corrupción e incluso malversación de fondos. La sublevación militar estalla, por fin, el 5 de diciembre de ese año, y las tropas de Álvaro Obregón no logran sofocar a los pronunciados sino hasta febrero de 1924, después de casi 80 días de intensos enfrentamientos. El acontecimiento tuvo directas repercusiones sobre el plan de fundar el banco único. La vía de perturbación se estableció en el más susceptible de sus aspectos, o sea el ámbito financiero. Pani asegura que De la Huerta hubiera podido acumular los fondos requeridos para el capital de dicha institución, pero la gestión hacendaría de despilfarro y desorden que el citado ministro encabezó, impidió la consecución de dicha meta”.[11] Además, la revuelta militar costó al erario entre 60 y 70 millones de pesos, suma que bien podría haberse orientado a la capitalización del banco.

La fundación del Banco de México es, a final de cuentas, resultado del espíritu reconstructor que emanó de la Revolución al concluir el movimiento. Súbitamente:

[P]oetas, filósofos, abogados, se embarcaban en aventuras creadoras y sentían el optimismo de quien domina su técnica y modifica día con día la realidad. Son los años en que el poeta de ese entusiasmo, Carlos Pellicer, escribe: En medio de la dicha de mi vida / deténgome a decir que el mundo es bueno”.[12]

La consigna reconstructora, sin embargo, no puede cristalizar plenamente durante el periodo obregonista y el ímpetu se transfiere simbólicamente al campo de la educación. Las inciertas condiciones de la época impedían mayor acción. El país vive ante la premura de recuperar el crédito externo y la obsesión de conseguir el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. El temor de una intervención armada es uno de los signos inequívocos de aquel tiempo.

La situación no se invierte sino hasta la Presidencia de Calles, en 1925. Un cúmulo venturoso de circunstancias coadyuvan a que los constructores pongan por fin manos a la obra. El presidente Calles se rodea de un grupo en el que prevalecería la capacidad técnica. Entre los colaboradores más sobresalientes estuvieron el ingeniero agrónomo Gonzalo Robles y el abogado Manuel Gómez Morin. En el nivel superior del organigrama callista destacaron dos secretarios de Estado, Alberto J. Pani, que encabezó la reforma hacendaria del callismo, y Luis N. Morones, ministro de Industria, Comercio y Trabajo, uno de los fundadores indiscutibles del actual sistema político mexicano. En el escalón cimero se afianzó Plutarco Elías Calles, el gran constructor del México moderno”, que sostendría durante su mandato una política de desarrollo nacionalista, xenófoba inclusive”, asentada en la tesis de independizar económicamente al país como una condición para su independencia política.[13]

La nueva política económica incluyó, además de los programas de reorganización hacendaria y bancaria, muchos otros objetivos de orden económico y social. Entre ellos estaba la expansión del sistema nacional de comunicaciones (FFCC y carreteras), la apertura de nuevas tierras de cultivo, la ampliación de la irrigación y el fomento a la educación, la explotación racional de los recursos naturales del país (minería, electricidad y petróleo) y la conciliación del conflicto de clases a través de la intervención del árbitro supremo que sería el Estado. Esta delicada y titánica labor fue iniciada y sostenida por Morones y sus colaboradores.

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