Tomo IV: Banco central heterodoxo
I. Crédito

 

1. Redescuento

 

1.2 Cuatro instancias de financiamiento de fomento

Es claro que los bancos comerciales y en particular los bancos centrales, no sólo extienden financiamiento a través de las operaciones que se registran en su cartera de crédito. Tal como se muestra a continuación, esa finalidad puede también lograrse mediante la adquisición de valores. Ya se ha visto que el financiamiento que el Banco de México extendía al gobierno federal y que bajo leyes orgánicas anteriores se contabilizaba como un sobregiro en la cuenta de la Tesorería, a partir de 1938 se empezó a documentar con títulos de deuda pública y a registrarse en la cartera de valores.

En el cuadro 2 se presenta el pormenor de la cartera de valores del banco desglosada según sus cuatro subcuentas. Ahí se muestra con claridad algo ya mencionado en el primer capítulo del volumen III de esta historia: que la deuda pública era, con mucho, el principal renglón en la cartera de valores de la institución. Entre 1939 y 1946 su participación relativa promedio sobre el saldo total del concepto fue de 90%, habiendo pasado en esos años de 87.5% a 78.3%.

El rubro “Acciones de instituciones asociadas” corresponde a una política ya analizada en otras partes de esta obra y que se inició en 1932. Así, para propiciar el establecimiento de nuevos bancos la ley orgánica permitió que el banco pudiere adquirir hasta el 15% del capital de las nuevas instituciones. De ahí que para 1940, la cartera registrara tanto la tenencia de acciones de los bancos de fomento establecidos en los treinta como de muchos otros bancos privados creados en esa época.

Y ésta fue una política que también se aplicó al inicio del periodo de Villaseñor. Las instituciones y las organizaciones auxiliares de crédito que se iban estableciendo encontraban por lo general poca dificultad para que el Banco de México accediera a participar en la integración de su capital. Sin embargo, hacia 1942 las autoridades del banco empiezan a pensar en la inconveniencia de continuar con tal estrategia. Las circunstancias simplemente no la hacían meritoria, pues ni escaseaba el capital para que se fundaran nuevos bancos, como tampoco la iniciativa de los inversionistas para establecerlos. Durante el primer quinquenio de los cuarenta, ya se ha visto, abrieron sus puertas infinidad de instituciones de crédito entre bancos comerciales, financieras, hipotecarias, instituciones de ahorro, aseguradoras, etc. En relación con este problema, el acta de la sesión de consejo del 10 de febrero de 1943 consigna lo siguiente:

En seguida se dio cuenta de la solicitud formulada por el Comité Organizador del Banco Guanajuatense para que este Banco de México suscriba 15 mil pesos en acciones del capital, aun cuando sea en forma simbólica para darle mayor personalidad, ofreciendo el cargo de comisario. Acerca de lo anterior el Sr. Director señaló que parece conveniente suprimir la suscripción de acciones en bancos nuevos, especialmente en los casos en que no necesiten capital sino la suscripción simbólica; pues es indiscutiblemente un capital ficticio el que se hace con emisión de moneda, y además la inversión puede ser de carácter semipermanente si con posterioridad no tiene mercado. Que en las Sociedades Financieras que se funden para el fomento de la industria y en los bancos provinciales agrícolas o dedicados exclusivamente a la producción deberá hacerse excepción pero salvo esos casos no se ve la necesidad ni aun de la ayuda simbólica, dado que es una institución que tendrá que ser asociada por ley y gozará de la intervención del Banco de México como en las ya establecidas.[28]

Hasta diciembre de 1942 la subcuenta de “Acciones de instituciones asociadas” tuvo un saldo aproximado de 13.4 millones de pesos, el cual se elevó a casi 22 millones en 1944 para mantenerse durante los dos años siguientes en un nivel poco superior a los 16 millones. El descenso ocurrido en 1944 y 1945 se debe a la venta de las acciones del Pan American Trust Co., por la suma de 6.2 millones de pesos.

Los antecedentes del caso eran los siguientes. En septiembre de 1944, el consejo autorizó al director Villaseñor para que se adquiriese del Banco Internacional la mayoría de las acciones de una institución de crédito del estado de Nueva York de razón social Pan American Trust Co. Asimismo; en octubre de ese año el consejo autoriza un aumento de la participación accionaria del Banco de México en el capital de dicha filial.[29] Al parecer, la finalidad principal de esa operación era que el Banco de México pudiera contar con un instrumento en el extranjero para adquirir con descuento los títulos de la antigua deuda externa mexicana, que se cotizaban a precios bajísimos en los mercados financieros del exterior. Así deseaba colaborar el Banco de México con los fines de la política de deuda externa del gobierno de México. Sin embargo, el 31 de octubre de 1945 el consejo recibió una misiva proveniente de la Junta Directiva de la Reserva Federal en Washington, en la cual se le hacía ver al banco la oposición de las autoridades financieras de aquel país, a que un banco central del extranjero fuera el principal accionista de una institución bancaria local.[30]

Según la cartera de valores, para diciembre de 1945 la subcuenta de “Acciones de instituciones asociadas” registraba títulos de 31 instituciones y organizaciones auxiliares de crédito. De ellas, 12 correspondían a bancos de depósito y descuento y cinco a bancos gubernamentales de fomento de los cuales todos, con una excepción, se habían fundado en la década anterior. La excepción era el Banco del Pequeño Comercio, inaugurado en abril de 1942. Del resto, nueve eran sociedades financieras, dos bancos provinciales, una hipotecaria y una almacenadora.

De los casos anteriores, sin duda el de mayor interés era el de las financieras. En efecto, la ley bancaria de 1941 había recogido la inquietud por promover la creación y desarrollo de estas instituciones llamadas a jugar un papel medular en la consolidación de la planta productiva. Así, hacia 1945 el banco poseía acciones de las siguientes financieras privadas: Banco Industrial, Cía. Central Financiera, Crédito Bursátil, Financiera Industrial Azucarera, Financiera de las Huastecas, Financiera del Sureste, Inversiones Latinas, Inversiones Internacionales, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial y Financiera y Fiduciaria Mexicana.

Pero el apoyo del banco a estas instituciones no sólo provino de la suscripción accionaria. En junio de 1941 el consejo decidió que quedaran “sin efecto las líneas de crédito concedidas a las Sociedades Financieras privadas por considerar que es conveniente, por ahora, no señalárselas”.[31] Y este acuerdo se tomó porque las autoridades del instituto central ya estaban pensando en extender crédito a esas instituciones mediante la adquisición de sus bonos. Con ello, también se quería contribuir al desarrollo de un mercado para dichos títulos.

Entre las financieras que con mayor constancia colocaron sus bonos con el Banco de México estuvieron la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, fundada por Antonio Sacristán, y la Financiera Industrial Azucarera. A continuación se presenta el pormenor de esa cartera a diciembre de 1946 con cifras en millones de pesos corrientes.

Banco Cinematográfico, S.A.	11.1
Fomento Industrial y Mercantil, S.A.	11.9
Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A.	12.4
Financiera y Fiduciaria de Torreón, S.A.	0.2
Banco Industrial, S.A.	0.5
Crédito Internacional, S.A.	5.2
Financiera Industrial Azucarera, S.A.	67.3
Central Financiera y Fiduciaria de Inversiones, S.A.	2.0
Impulsora de Monterrey, S.A.	0.3
Banco de la Propiedad, S.A.	0.9
General Financiera, S.A.	0.5
Crédito Textil, S.A.	1.0
Crédito Algodonero de México, S.A.	0.4
Sociedad Financiera de Industria y Descuento, S.A.	10.3
Financiera de Industrias y Construcciones, S.A.	3.5
Crédito Bursátil, S.A.	1.0
TOTAL	128.4

Aunque todas estas instituciones eran en sí mismas casos singulares de operación financiera, cabe destacar el de la Financiera Industrial Azucarera. Desde 1932, el Banco de México había sido la fuente de financiamiento para esa industria, primero a través de Azúcar, S.A., y a partir de 1938 de UNPASA. Año con año se aprobaban cuantiosas partidas de crédito para financiar las zafras. Cuando en 1943 se creó la Financiera Industrial Azucarera, ese financiamiento ya no se canalizó a través de UNPASA sino por conducto de FIASA y se documentó en la forma expuesta. La idea era que eventualmente el mercado accediera a tomar los bonos de FIASA y que por esa vía la industria pudiera obtener un financiamiento no inflacionario para las zafras.[32]

Hasta 1942, la subcuenta de cartera denominada “Bonos hipotecarios, cédulas, acciones y otros” tuvo saldos relativamente pequeños y registró inversiones de escasa significación. Éstas eran de preferencia acciones de clubes deportivos y asociaciones civiles que el banco había adquirido por diversas razones (las del Club de Banqueros, por ejemplo). Pero a partir de 1943 el banco empezó a adquirir otros títulos que vinieron a alimentar esa subcuenta. En el registro de 1946 destacan las obligaciones hipotecarias de varias empresas, bonos de la Cía. de Luz y algunas cédulas hipotecarias. Ahí se registraron en ese año las acciones adquiridas por México del capital del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), monto que al cierre de 1946 correspondía al 20% del saldo de dicha cuenta.

En esta época el Banco de México se convirtió también en portavoz e instrumento de una estrategia gubernamental para apoyar el desenvolvimiento del sector agrícola. Las acciones que se realizaron en esta materia tuvieron un carácter doble. Por un lado el instituto central desplegó esfuerzos para propiciar el establecimiento de bancos provinciales y agrícolas especializados en el apoyo de esa actividad. Como se verá con pormenor más adelante, la segunda vía de operación fue el redescuento de efectos agrícolas, tanto con los bancos nacionales de fomento como con los bancos privados. Concentrémonos por el momento en esta segunda variante.

Después de un periodo de receso en materia de redescuento, las operaciones destinadas al apoyo del agro se reanudaron a finales de 1941 y principios de 1942. Particular cuidado se tuvo de vigilar que las instituciones asociadas solicitantes se ajustaran a lo establecido, primero en la circular 700 y después en la 700-B. Esto es, “que su cartera estuviese integrada por lo menos en un 60 por ciento” por papel de producción cuya naturaleza y elegibilidad calificaba el propio Banco de México.[33] En relación con esto ya se había dicho en el consejo:

Se hace hincapié en la tendencia ya muy conocida de esta Institución para ayudar a la producción nacional, principio en el cual está encaminada su política. Además, se reitera la función de sostén que el Banco desempeña en su carácter de Banco Central, pero se advierte que si se recurriera a él por la causa antes señalada, no podría ocurrir, con la misma diligencia, en apoyo de los bancos que no pudieran ofrecer documentos que reunieran las condiciones de elegibilidad para su redescuento.[34]

Este “redescuento” incluía principalmente a “aquellas operaciones que se financian con crédito desde su origen”, tales como azúcar, alcohol, garbanzo, henequén, algodón, trigo, maíz, frijol, cacahuate, etc.[35] Hacia 1946 surgió también la necesidad de extender parecido respaldo a la producción de oleaginosas, “con el fin de colaborar con el Gobierno Federal en su política tendiente a subsanar la escasez de grasas que padecía el país”. Para ese fin, se redescontarían “todas las operaciones nuevas de importación de oleaginosas”, al igual que las operaciones “de avío para los cultivos de cacahuate y ajonjolí”.[36] Con el avance de la guerra, este compromiso se convirtió en verdadera necesidad nacional ante la escasez de ciertos productos esenciales, como el maíz o el trigo, y las dificultades para importarlos. El año de 1943 fue particularmente crítico debido a la sequía que asoló al país.

Durante 1943, ya se ha dicho, la carestía y la escasez incidieron de forma todavía más dramática sobre el bienestar de las mayorías. Así, parte del apoyo explicado se canalizó por la vía de ofrecer el redescuento a tasas de interés muy bajas. De hecho, el tipo de redescuento ya se había disminuido desde junio de 1941, cuando se determinó que a todas las operaciones agrícolas que se financiaban mediante redescuento “desde su origen”, se les aplicara una tasa de 5% cualquiera que fuera su plazo, “tomando en cuenta que el ciclo total de la operación siempre excede 180 días”.[37]

Esta tasa se redujo al 4.5% en marzo de 1942, y un año después se proponía “considerar de nuevo la sugestión hecha en una de las juntas anteriores de reducir la tasa de redescuento, estableciendo dos tipos distintos: 3 por ciento para el papel agrícola y 4½ para los demás...”.[38] Pero la tasa del 3% se aplicaría siempre y cuando la tasa cobrada al usuario último del crédito fuera “cuando más del 7 por ciento”.[39]

Por otra parte, en julio de ese año creó el gobierno el Fondo Nacional de Garantía de Operaciones de Crédito Agrícola, que entregó en fideicomiso al Banco de México. Como delegados fiduciarios, el Consejo de Administración nombró a los señores Raúl Martínez Ostos y Eduardo L. Aguilar.[40] Constituido con un capital inicial de 5 millones de pesos, la finalidad de ese fondo era la de garantizar las pérdidas que sufrieran las instituciones bancarias por riesgos agrícolas hasta por el 15% del monto de la operación. En caso de que las pérdidas ocurrieran a causa de resoluciones agrarias o por la ejecución ilegal de las mismas, la cobertura sería hasta por el 100% del adeudo.[41]

Según el informe del Banco de México de 1943, la operación de este mecanismo crediticio se facilitó gracias a unas reformas hechas a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.[42] Con ello, los bancos quedaron facultados para efectuar préstamos de habilitación o avío y refaccionarios a plazos superiores a un año, pero sin exceder de dos para los primeros y de cinco para los segundos. En septiembre de ese año se consideró conveniente modificar esas reglas con el fin de adaptarlas a las necesidades más urgentes relacionadas con la producción de maíz y trigo. Con ese fin, se autorizó que el fondo garantizara hasta un 30% de las pérdidas provenientes del cultivo de maíz de invierno. Esto se reforzó con un renglón especial de redescuento cuya finalidad fue la de apoyar el cultivo de esas gramíneas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos descritos parece ser que los resultados no fueron del todo satisfactorios. Señala el informe de 1943:

Todas estas medidas, que como instrumentos de política bancaria podrían ser eficaces, han tenido hasta ahora resultados poco satisfactorios debido a que, no obstante la garantía, los precios agrícolas fijados por el Gobierno, los subsidios a ciertas importaciones y la intervención de la Nacional Reguladora y Distribuidora como comprador privilegiado, han privado de aliciente a los agricultores, desviándolos en muchos casos de sus cultivos normales, y suspendido el crédito que les otorgan los comerciantes en semillas. Por este motivo no han aumentado las solicitudes de crédito para la apertura de tierras nuevas o aún para fomentar las siembras en tierras ordinariamente cultivadas.[43]

En mayo de 1944 se reformó el sistema de dicho fondo, circunscribiendo su operación exclusivamente al apoyo de aquellos cultivos que indicara expresamente el fiduciario. Por otro lado, se determinó que las coberturas fueran exclusivamente para amparar riesgos agrícolas hasta el 30% de los créditos y no contra las resoluciones agrarias. A su vez, se implantó un sistema para conseguir una más ágil tramitación de las pólizas individuales en favor de los agricultores acreditados y endosables a las instituciones de crédito a través de sus agentes. Todo ello con el propósito de hacer llegar los recursos en forma más expedita al agricultor. Sin embargo, según se apuntó en el informe de 1944, el importe de las operaciones a cargo de este fondo continuó siendo reducido.[44]

Durante 1945 no se hicieron modificaciones sustanciales a la operación del fondo, sin embargo, los quebrantos que tuvieron que absorberse fueron muy cuantiosos debido a las adversas condiciones agrícolas que hubo en ese año. Según el informe del Banco correspondiente, la experiencia acumulada durante la existencia del mecanismo demostraba que las operaciones realizadas a su cargo constituían, de hecho, un subsidio a la banca privada para persuadirla de que participara en el crédito agrícola.[45] En 1946 se autorizó para que el fondo amparara hasta el 50% de los créditos de avío extendidos en apoyo de las siembras de ajonjolí y cacahuate.

Asimismo, uno de los objetivos del “Convenio de caballeros” suscrito entre el Banco de México y los bancos del Distrito Federal en mayo de 1944 fue el de fortalecer el financiamiento agropecuario. La gran diferencia entre el convenio de 1942 y su reformatorio de 1944 es que en aquél los excedentes de captación por arriba de los topes de cartera se depositaban en el Banco de México, en tanto que el segundo concedió a los banqueros la oportunidad para que los mismos se invirtieran en varias formas: en oro amonedado, en tejos de oro, en bonos del gobierno, en depósitos en el extranjero, o —nótese— en documentos de crédito provenientes de operaciones agrícolas endosadas por el Banco de México.[46]

Por otro lado, los esfuerzos del Banco de México para fomentar el establecimiento de bancos especializados en crédito agrícola se remontan, al menos, hasta 1939. Las actas del consejo dan cuenta que la Secretaría de Hacienda había preparado con la asesoría del instituto central, un programa orientado a promover la fundación de un conjunto de bancos provinciales. En el acta de una sesión de noviembre de ese año se consigna lo siguiente:

El señor Secretario de Hacienda, teniendo en cuenta que todos los fondos gastados y los esfuerzos emprendidos no han sido bastantes para satisfacer la necesidad de capitales que la agricultura requiere, y en vista, además, de que el Gobierno no cuenta por ahora con los recursos necesarios para atender todas las necesidades de crédito agrícola, estuvo de acuerdo con el establecimiento de los bancos provinciales, ya que los mismos mejorarán sensiblemente la situación que hoy existe y que el Banco Agrícola y el Banco Ejidal no pueden aliviar...

A las observaciones anteriores, el señor Director agregó que los bancos provinciales serían orientados en sus operaciones de crédito —principalmente avío— por el Banco de México. Que la coordinación [de esa operación] se haría automáticamente pues por la naturaleza misma de los nuevos bancos sus operaciones quedarían circunscritas a clientela con la que no operaban los bancos oficiales, y que cuando operasen con los mismos sujetos de crédito, el señor Director cree[ría] que los provinciales, por conveniencia propia, se pondrían de acuerdo previamente con los bancos oficiales.[47]

En febrero de 1943, ya se ha visto, el consejo decidió restringir la adquisición por parte del Banco de México de acciones de los bancos de nueva creación. Hasta entonces el consejo había autorizado esas operaciones al menos con las siguientes instituciones de clara raigambre regional: Banco Mercantil de Torreón (marzo de 1941), Banco Ganadero de Tampico (junio de 1942), Banco de Yucatán (julio de 1942), Banco de Puebla (octubre de 1942) y Banco Veracruzano (enero de 1943).

Sin embargo, la estrategia para establecer bancos provinciales no parece haber tenido particular éxito y ello se debió probablemente a la dificultad que implicaba convocar y organizar a los inversionistas de las plazas para que aportaran los fondos que requería la integración de los capitales sociales. Para diciembre de 1943, el banco conservaba acciones de tan sólo tres de ese tipo de instituciones: el Banco Provincial de Jalisco, el Banco Provincial de Sinaloa y el Banco Provincial de Querétaro. La compra de acciones de esta última institución se autorizó en la sesión de consejo del 19 de mayo de 1943, poco después de su establecimiento.

Un caso sobresaliente de ese tipo de promoción fue la fundación del Banco del Valle México, que abrió sus puertas a principios de 1942. La concesión correspondiente fue otorgada por la Secretaría de Hacienda a nombre de los señores Eduardo Villaseñor y Respicio Tirado, quien fungía en esa época como jefe del Departamento Jurídico del Banco de México.[48] Así, bajo la convocatoria del Banco de México el capital de la sociedad fue al parecer suscrito por varios bancos privados. En marzo de 1942, el consejo del banco recibe y aprueba una solicitud del Banco del Valle de México para que se le conceda una línea de redescuento por 560 mil pesos, distribuida como sigue: 140 mil pesos para descuentos y 420 mil pesos para créditos y préstamos.[49]

La finalidad de las anteriores medidas fue aclarada por Eduardo Villaseñor en un artículo de marzo de 1942, publicado en una revista norteamericana. Decía Villaseñor que el apoyo del gobierno a la producción agrícola se había prestado a los ejidatarios a través del Banco Ejidal, y a los pequeños agricultores que operaban en cooperativas, por intermedio del Banco de Crédito Agrícola. Sin embargo, el financiamiento a los minifundistas con certificados de inafectabilidad había sido escaso y débil. Empero:

Con el establecimiento del Banco del Valle de México, se [atenderían] las necesidades de los pequeños propietarios agrícolas. Este nuevo banco se [ocuparía] principalmente de extender crédito para la compra de equipo y materia primas para esos agricultores, pero a medida que [transcurriese] el tiempo sus actividades podrían extenderse al descuento del papel comercial en poder de los pequeños bancos agrícolas que se [habían] establecido en distintas regiones, tales como los bancos provinciales de Jalisco, Sinaloa y Zamora... El Banco de México, por su parte, concederá todo el apoyo posible al Banco del Valle de México y a los bancos regionales que operen con él y cuyo papel haya sido ofrecido y aceptado para redescuento.[50]

Cumpliendo con esa promesa, el Banco del Valle de México se convirtió en un redescontante activísimo con el Banco de México. De hecho fue la institución de la cual más solicitudes tramitó la Comisión de Crédito durante el periodo de 1942 a 1946. De 257 sesiones que celebró dicha comisión en ese periodo, en 222 se tramitaron y aprobaron solicitudes del Banco del Valle de México.

Si bien una estadística de la frecuencia de las solicitudes atendidas no es una medida exacta del crédito otorgado, al menos sí constituye una indicación significativa del sentido del redescuento. Las 10 instituciones asociadas más atendidas fueron las siguientes: Banco del Valle de México, 222 solicitudes; Banco Algodonero Refaccionario, 176; Banco Provincial de Jalisco, 112; Banco del Ahorro Nacional, 100; Banco Occidental de México, 93; Banco Nacional de México, 64; Banco de la Laguna, 58; Banco Provincial de Sinaloa, 56; Banco de Yucatán, 41, y Banco Industrial de Jalisco, 39. De estas instituciones, todas menos cuatro eran de arraigo regional y especializadas en el crédito a la agricultura o a la ganadería. Cabe destacar los casos del Banco de Yucatán —que apoyaba a la producción de henequén—, del Banco de la Laguna y del Banco Algodonero Refaccionario, que financiaban la producción de ese insumo textil.

En 1939 el Banco Algodonero Refaccionario requirió de la intervención del Banco de México para salir de una situación difícil. El caso es por demás interesante pues ilustra las consideraciones que debe sopesar todo banco central al evaluar las solicitudes de sostén o rescate que eventualmente se le presentan. Al discutirse la propuesta de liquidación hecha por esa institución —“en que de aceptar en pago los créditos y bienes” que se le ofrecían el Banco de México perdería “la cantidad de $7,000,000.00,en virtud de la renunciación que el propio Banco de México haría de ciertos bienes con que se reorganizaría recibiendo una pequeña participación en el nuevo capital de dicha institución al quedar ésta reorganizada”— se plantearon dos cuestiones de principio: “¿Tiene el Banco de México derecho a hacer quitas? ¿Moralmente puede justificarse esta actitud del Banco? ¿Es forzoso para el Banco de México poner en quiebra a un banco asociado que se encuentra en las condiciones en que se halla el Algodonero?” Según las actas del consejo estas preguntas se contestaban: “...examinando los textos legales que explícita o implícitamente permiten al Banco de México hacer emisiones de dinero para salvar a bancos en peligro (art. 46, fracción X, inciso f de su ley orgánica) y más precisamente otorgar quitas en casos de suspensión de pagos (art. 181, de la Ley General de Instituciones de Crédito)”.

Resuelto que el Banco de México no estaba obligado a poner en quiebra al Algodonero sino que podría aceptar un convenio con los accionistas, aunque el mismo implicase una quita, debía preguntarse: ¿era conveniente salvar al Banco Algodonero? La contestación a esta pregunta suponía el examen de diversos elementos que enseguida se señalan:

a) Antecedentes de la Institución. —La Dirección del Banco ha informado que son buenos. b) Motivo por el cual llegó a la situación en que se encuentra. —Según los mismos informes esa situación se debe exclusivamente a la expropiación agraria de la Laguna... c) ¿Qué implica para el Banco de México salvar al Algodonero? Algunas ventajas y también ciertos sacrificios. Las primeras son, principalmente, las de mantener a una institución especializada para atender las necesidades de crédito de una importante región del país, y el no destruir a un banco por las repercusiones que ello podría tener sobre todo el sistema, máxime si se atiende a la circunstancia de que fue un acto del Estado el que creó la situación [descrita]. Las desventajas [eran]: la pérdida patrimonial que significaba renunciar a la adjudicación de ciertos bienes recibiendo en cambio una participación en el nuevo capital inferior al valor de esos bienes, y el precedente de hacer quitas a un Banco Asociado, si bien esto queda atenuado por el carácter notoriamente excepcional del caso. d) ¿Qué esfuerzos hacen los interesados para la salvación del Banco? Aportar $300,000 de capital nuevo y permitir que el Banco de México supervise, la vida y las operaciones de la Institución.[51]

Fue así que, después de recibir la operación el visto bueno del secretario de Hacienda, licenciado Eduardo Suárez, el Banco de México rescató al Algodonero y se convirtió en su principal accionista y supervisor.

En general, como lo comentó Villaseñor en el consejo en mayo de 1946, el Banco apoyó ampliamente a la región de La Laguna y no sólo a la producción de algodón.[52] Ése fue el caso de los productores de trigo de esa zona, como lo muestra el siguiente acuerdo de 1944: “El Consejo aprobó la solicitud del Centro Bancario de Torreón de que se faculte a nuestra Sucursal en aquella plaza para redescontar el papel industrial de las empresas molineras y poder así cumplir con la recomendación del Gobierno Federal de que se ensanche el área de siembra de trigo, y a fin de que los agricultores cuenten con los fondos necesarios para sus cultivos”.[53]

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