Tomo IX: Esfuerzos para el desarrollo (1954-1970)
II. Impulso al crédito agrícola

 

5. Rodrigo Gómez y el crédito agrícola

 

Otro instrumento para impulsar el crédito a la agricultura que fue bastante utilizado en el periodo por el director general del Banco de México Rodrigo Gómez fue la persuasión moral. A lo largo de su prolongada encomienda como cabeza de la banca central al menos en ocho de los discursos que pronunció ante las convenciones de banqueros la conclusión tuvo como tema la colaboración y el diálogo que tenía que mantenerse entre las instituciones privadas de crédito y las autoridades del ramo con la finalidad de alcanzar los altos fines de “resolver los problemas y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten a nuestro pueblo en su camino hacía una vida mejor”. Esta idea fue reiterada en cuatro de esos discursos que el banquero central pronunció durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, uno en la gestión del presidente Adolfo López Mateos y dos en la del presidente Díaz Ordaz, concretamente en los años de 1965 y 1967. En la primera de esas alocuciones, pronunciada en Acapulco en la edición XIX de la Convención de Banqueros de México en la primavera de 1953, el banquero central no únicamente se refirió “a continuar y aun volver más estrecha la colaboración –del Banco de México− con el sistema bancario mexicano” sino también fortalecer el diálogo entre autoridades y banqueros al exponer estos últimos “con toda franqueza y sinceridad sus problemas en busca de soluciones que involucran no tanto el beneficio de una o de varias instituciones en particular, cuanto al bienestar general”. La colaboración con los bancos y la actitud de vigilancia en que debía mantenerse permanentemente el banco central respondían a la finalidad de poder “adoptar las medidas que se consideran más eficaces y oportunas, a fin de mantener el ritmo más alto posible de la actividad económica del país”.[1]

La cooperación que tan reiteradamente convocó don Rodrigo Gómez entre los banqueros y la banca central respondía al logro de tres finalidades generales. Cooperación, ya se ha dicho, para estudiar los problemas que se presentaran a fin de encontrarles solución; cooperación para que los bancos pusieran su mejor esfuerzo en la instrumentación de las medidas de política crediticia que acordaba el Banco de México y colaboración para comprender las motivaciones y la lógica en que se apoyaban las acciones de la banca central. En particular el banquero central convocó la colaboración de los banqueros para que se entendiera la motivación y el sentido de la política que seguía el Banco de México orientada a la procuración de la estabilidad monetaria la cual “lejos de provocar una falta de crédito ha propiciado una cuantiosa alza en el financiamiento total”. En una etapa de crisis como la que se había vivido previa y posteriormente a la devaluación de 1954, la colaboración “de la Asociación de Banqueros y de todos y cada uno de los bancos nacionales y privados” había sido de gran valor para “afirmar en el público la seguridad de que los bancos mexicanos en todo momento pueden cumplir sus obligaciones con independencia de factores que eventualmente pudieran afectarlos”. Desde luego el banquero central también puso énfasis en la cooperación que siempre se necesitaría de la banca en cuanto a la instrumentación de las medidas de política crediticia que se acordaran. Esta política respondía a la finalidad de lograr una distribución óptima del crédito en beneficio de las actividades productivas. En ese panorama ocupaban un lugar muy destacado las medidas que la banca central ponía en ejecución para impulsar el crédito a la agricultura. A manera de ejemplo, en su discurso ante la convención bancaria de 1965 don Rodrigo Gómez afirmó que “en el aspecto agrícola, sin desatender los necesarios créditos de avío, se continuarían canalizando los mayores recursos de la banca privada hacía créditos refaccionarios a los agricultores ampliados con fondos propios y con los que se obtengan del exterior”. En otro ejemplo más concreto, en la primavera de 1967 el banquero central explicó que entre las acciones representativas “de una política de aliento económico destacaban los recursos que el Banco de México ha otorgado para complementar los financiamientos pignoraticios de productos agrícolas que concede la banca y que se traducen en mejores condiciones de comercialización para los campesinos del país”.

La cooperación de los banqueros con las autoridades financieras era indudablemente una condición indispensable para la aspiración de que se pudiera aplicar la mayor cantidad posible de recursos crediticios al aumento de la producción interna, a la vez de coadyuvar a la mayor eficiencia posible de las unidades productivas. En palabras del director Rodrigo Gómez, lo anterior era equivalente a “lograr que cada peso ahorrado sea un peso bien invertido y se traduzca en un mejoramiento real del nivel de vida de los mexicanos”. De hecho, la colaboración que debía darse entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda con la banca privada además de la banca nacional era tan sólo parte de un esfuerzo de concurrencia mucho más amplio que involucraba a todos los actores de la economía. De esa manera, “con el concurso inestimable de la banca nacional y privada, de los inversionistas y de los trabajadores México [había] podido conciliar los problemas relativos a su desarrollo económico con los de la creación de una fuerte posición de reserva de oro y divisas dentro de un régimen de libre convertibilidad”. Así, todos los esfuerzos en materia de política económica debían concentrarse en proyectar “hacia el futuro las muy favorables tendencias económicas y financieras” que ya se habían establecido en la economía mexicana. El logro de esa finalidad había encontrado un gran fundamento en “la paz pública de que disfrutamos, la confianza en el porvenir de nuestro país y la solidez de nuestro signo monetario e instituciones bancarias”. El desarrollo económico debía seguirse consiguiendo “sin que los fenómenos de alza de los precios den lugar a una distribución inadecuada de los frutos de dicho esfuerzo”.[2]

En la primavera de 1954 el director del Banco de México presentó ante los banqueros una explicación muy amplia de las causas que habían dado lugar a un descenso muy severo de la reserva internacional del banco central no únicamente por movimientos transitorios de capital sino por “un desequilibrio fundamental en nuestras cuentas exteriores” que había dado lugar a la modificación de la paridad de la moneda nacional. Entre los factores causales de esa crisis de balanza de pagos el banquero central se permitió destacar “los efectos desfavorables de la prolongada y severa sequía que había venido afectando durante los últimos años vastas extensiones del territorio nacional, con inmenso perjuicio de la producción agrícola y ganadera”. La sequía había dado lugar a pérdida de cosechas y a la reducción de muchos cultivos e impuso la necesidad de realizar cuantiosas importaciones de artículos alimenticios; también había dado lugar al descenso de las exportaciones de algunos productos agropecuarios. Por el lado de la demanda, como consecuencia de la sequía la capacidad de gasto de un sector importante de la población se había visto mermada y consecuentemente también se habían contraído las ventas de algunos bienes manufacturados. De ahí los apoyos de emergencia que había tenido que brindar al sector el Banco de México en dicha coyuntura y que el Director del Banco de México explicó en la forma siguiente en la convención de banqueros de 1954:

La difícil situación en que por esos motivos se encontraba en el año de 1953 un gran número de campesinos hizo imperativa la necesidad de aumentar los créditos a la agricultura a través de la banca nacional y de la banca privada. Además, como medida previsora, fue asimismo necesario otorgar créditos para hacer almacenamientos a fin de evitar escasez como la que había padecido el país en el otoño de 1953.[3]

El imperativo de impulsar el desarrollo económico del país era el fundamento para la política que seguía el Banco de México de aumentar el crédito a la producción y como parte de ese esfuerzo programático el “énfasis en el crédito agrícola era indispensable para obtener un crecimiento equilibrado en la economía”. Así, el crecimiento que se había logrado obtener del crédito a la agricultura había permitido que hacia mediados de los cincuenta las unidades productivas en el sector hubieran aumentado “su eficiencia al contar con mayores recursos para el uso de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas seleccionadas, perforación de pozos y para la adquisición de equipo de todas clases”. De esa forma, el crédito agrícola unido “al aprovechamiento de las tierras favorecidas con las nuevas obras hidráulicas del Gobierno Federal” se había convertido en factor fundamental para que la producción agrícola pudiera incrementarse en condiciones climáticas más normales que las que habían prevalecido en 1953 y en años precedentes. Asimismo, una mayor producción de bienes agrícolas también había permitido que disminuyeran las importaciones de granos a la vez de dar lugar a importantes almacenamientos de maíz y de frijol.

No había duda de la trascendencia que conllevaba que tuviera lugar un aumento permanente de la capacidad de préstamo del sistema financiero aunado a los esfuerzos del banco central en favor de una mejor canalización del crédito a todos los sectores de la economía. Con respecto al periodo 1952-1955 el director del Banco de México se permitió destacar en la convención bancaria de ese último año que mientras el crédito de la banca privada a la industria se había incrementado en 139 por ciento y al comercio en 135 por ciento el crédito a la agricultura había aumentado en 186 por ciento. Para inducir ese último logro, el Banco de México había puesto en ejecución medidas de tres tipos. En cuanto a la primera de ellas, se había permitido una ampliación de los cajones de crédito que previamente habían estado tan sólo dedicados al financiamiento de los cultivos de maíz, trigo y frijol. Así, una vez alcanzadas ciertas metas de almacenamiento de productos básicos se había permitido a fin de alentar una mayor diversificación de la agricultura interna que mediante la ampliación de los renglones de inversión de los bancos de los Estados se pudieran “financiar toda clase de actividades agrícolas y ganaderas”. La segunda de las medidas correspondientes había tenido que ver con la autorización dada a los bancos para considerar como inversiones legales el papel que redescontaran a otros bancos y financieras permitiendo de esa manera que recursos temporalmente ociosos por razones estacionales pudieran acudir a financiar operaciones productivas en otras zonas del país. Y en tercer lugar, con el objeto similar de conseguir una mayor movilización de los recursos financieros se había autorizado a los bancos con una proporción baja de depósitos con respecto a capital a que tomaran recursos adicionales “para el financiamiento de sus regiones agrícolas”.[4]

Una polémica particularmente interesante se desató cuando en 1957 el director Rodrigo Gómez dio respuesta a varias críticas que se habían venido lanzando en el medio de la banca, entre ellas que el Banco de México con su política monetaria innecesariamente restrictiva había dado lugar a que se mantuviera ociosa una parte de los depósitos bancarios que de otra manera podrían canalizarse al financiamiento de la producción. A juicio del instituto central esa apreciación se basaba “en un examen incompleto de la situación crediticia del sistema bancario”. En cuanto a los apoyos para la agricultura, a través de la venta de valores a los bancos el banco central había podido utilizar los fondos así obtenidos “para atender las necesidades ineludibles del almacenamiento de productos básicos alimenticios”. En el mismo sentido, recursos originalmente captados por los bancos habían sido colocados por las autoridades de manera indirecta “a fin de mantener los precios de garantía a los agricultores y regular la distribución de los artículos de primera necesidad a precios razonables”. En paralelo, con el objeto de lograr que fueran atractivos para la banca los financiamientos al sector agrícola, el Banco de México había iniciado con los bancos operaciones especiales de redescuento. Estas operaciones habían respondido a la finalidad de que el Banco de México fuera cediendo de manera paulatina a los bancos los papeles agrícolas en su cartera en función de “las posibilidades de inversión de cada uno de ellos y de acuerdo con la capacidad de expansión total que el banco central puede realizar sin afectar desfavorablemente los precios”.[5]

Quizás en razón de los muy intensos conflictos gremiales que estallaron a lo largo de 1958 y principios de 1959, después de haber tomado las riendas del país la administración del presidente Adolfo López Mateos la sociedad mexicana se inundó con una gran ola de desconfianza e incertidumbre. Hubo fugas de capital y, durante esos meses de desconcierto, el Banco de México perdió reservas internacionales en un monto importante. Para enfrentar esa situación y fortalecer la posición cambiaria del país, había sido necesario que el banco central aplicara una “política crediticia sana y prudente” la cual sin embargo no llegó a impedir que el crédito institucional siguiera creciendo de manera satisfactoria. Dentro de ese volumen de crédito en expansión había sido “preciso financiar los muy importantes almacenamientos de productos alimenticios que hubieron de hacerse para mantener los precios de garantía en provecho de los agricultores”. Mediante dicha política se había también estimulado la producción de trigo y de maíz y los excedentes habían podido almacenarse con el fin de enfrentar demandas futuras. Asimismo, esos almacenamientos podían evitar que en el futuro tuvieran que realizarse importaciones cuantiosas de granos:

Esperamos que el resurgimiento de la confianza pública y las favorables perspectivas de nuestra economía nos permitirán en un futuro no lejano empezar a reducir los encajes bancarios. Naturalmente que esta liberación deberá efectuarse de manera que no incida sobre la firme política que en el campo económico persigue México de mantener una moneda estable y un aumento rápido y equilibrado de un producto nacional que se distribuya equitativamente a fin de elevar el nivel de vida de las mayorías.[6]

La política de apoyo crediticio a la agricultura formaba parte de un marco más amplio de la estrategia operativa del Banco de México relacionada con el tema de la “Distribución del Crédito”. A esta última cuestión y a la de la política de “Tipos de Interés” se refirió el banquero central Rodrigo Gómez en su discurso ante la convención de banqueros de 1963. La estrategia relativa a la “Distribución del Crédito” no únicamente se refería a su irrigación por sectores productivos sino también por zonas geográficas. De esa forma, el financiamiento bancario no únicamente se había elevado de manera muy importante en cuanto a su monto sino que además se había derramado territorialmente a través de una cada vez más extensa red de oficinas bancarias que cubrían la mayor parte del territorio nacional “beneficiando en esta forma actividades productivas de toda índole localizadas en los más diversos lugares”. La muy notable elevación del financiamiento otorgado por el sistema bancario se había difundido a todas las zonas del país y a todos los sectores de la actividad económica. A continuación, un lanzamiento sesgado por parte del banquero central a los críticos de la política que seguía el Banco de México y que sorprendentemente, aunque se trataba de una minoría, no faltaban en la época. Así, según el Banco de México “no se puede afirmar en rigor que estos recursos [intermediados por el sistema bancario] han permanecido estancados en un sector…”. Por la propia naturaleza de la organización de una economía en donde todos los sectores se encuentran “interconectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes”, incluso en forma indirecta el crédito fluía de unas actividades a otras irrigando de esa forma también a los productores del campo. Así, todavía se observaba entonces en México “que el comercio redistribuye parte del crédito que recibe de la banca y de la industria a otras actividades, especialmente la agricultura, sobre todo en aquellos lugares a los que todavía no llegan los servicios bancarios”.

Ya hacia 1965, a principios del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz el director Rodrigo Gómez empezó a analizar el problema del financiamiento a la agricultura en conjunción con el reto de la explosión demográfica. Dijo al respecto el funcionario que por el rápido crecimiento de la población en México y por el hecho de que cerca del 50 por ciento vivía en las zonas rurales con un ingreso promedio bastante raquítico, la promoción del desarrollo del campo se presentaba como una prioridad insoslayable. Sin embargo, al año de 1965 tan sólo el 7.4 por ciento de la cartera total de la banca estaba integrado con créditos contratados con el sector agrícola. Y aunque si bien esa proporción había aumentado de manera muy importante a lo observado en años anteriores, el Banco de México estimaba que era de todo punto conveniente que intensificara al máximo la utilización de los instrumentos de regulación crediticia a su disposición a fin de elevar la canalización de créditos en favor de la agricultura “en forma compatible con la solvencia y liquidez del sistema bancario”. En la circunstancia entonces prevaleciente, esa canalización de fondos se facilitaría de manera importante gracias a la existencia del sistema de seguro agrícola, a la provisión de asistencia técnica en beneficio de los productores y “al apoyo que en diversas formas se concede a las instituciones que otorgan créditos a los agricultores”.

Pero el momento para que Rodrigo Gómez trazara ante la convención de banqueros el panorama más amplio posible respecto del desarrollo del sector agropecuario y la problemática del crédito agrícola fue a raíz de un documento relativo a la proyección de la oferta y demanda de los principales productos agropecuarios para los años 1970 y 1975. Toda vez que en una medida importante ese estudio fue realizado con la participación de técnicos que prestaban sus servicios en el banco central, en el capítulo del presente volumen que lleva por título El Grupo Hacienda Banco de México se presenta un panorama amplio de la investigación de la cual emanó ese texto. Pero en cuanto al tema que motiva el presente capítulo, cabe resaltar la impresión que seguramente debe haber despertado en el director del Banco de México los resultados de ese estudio. Dijo al respecto el funcionario ante los banqueros que el estudio citado mostraba “que la demanda total de productos agropecuarios será dentro de 10 años del doble de lo que fue en 1960”.[7] En una nuez, esas proyecciones conformaban una suerte de llamado para la preocupación y también para la acción. Sin duda, esas proyecciones implicaban la necesidad de:

Que incrementemos rápidamente el volumen de financiamiento que se destina al sector agropecuario, pues no se puede desconocer que gran parte de la población que vive en el campo no recibe todavía crédito suficiente y adecuado de carácter institucional. Lo anterior reviste mayor importancia si se considera que un gran número de campesinos podría hacer un uso eficiente de los recursos proporcionados por las instituciones de crédito para elevar su nivel de productividad. Consciente de este problema, el Gobierno está empeñado en impulsar al máximo el crédito al campo… [Empero,] no obstante estos esfuerzos, la limitación de los recursos públicos hace necesaria una participación cada día mayor de los fondos propios de las instituciones de crédito privadas en los financiamientos a las actividades agropecuarias.[8]

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