A nivel internacional existe un número limitado de regulaciones respecto a la operación con activos virtuales. Se identificaron tres regulaciones, la regulación de Japón, Corea del Sur y del Estado de Nueva York. Estas regulaciones no presentan puntos en común, a excepción de una necesidad de generar reglas que mitiguen actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

5.1.1. Regulación respecto al uso de activos virtuales en Japón19,20

La Ley de Servicios de Pago en Japón define dos tipos de activos virtuales:

  • Tipo 1: valor propietario i) disponible como medio de pago para la compra o préstamo de bienes o servicios ii) que puede canjearse por moneda de curso legal y iii) que puede ser transferido a través de una red de cómputo.
  • Tipo 2: valor propietario que es mutuamente intercambiable con activos virtuales tipo 1, que puede ser transferible a través de una red de cómputo.

Existe la posibilidad de que las empresas puedan realizar el servicio de intercambio de activos virtuales. Para lo anterior, las empresas deben obtener una licencia de "Proveedor de Servicios de Intercambio de Monedas Virtuales" (PSIMV). Las actividades consideradas en la Ley son:

  • Compra-venta de activos virtuales o el intercambio por otros activos virtuales
  • Administración de activos virtuales de los usuarios

En los casos en los que la administración de activos virtuales de los usuarios no esté relacionada con la compra-venta de activos virtuales, no se requiere autorización como PSIMV.

Las políticas de protección al consumidor en la Ley de Servicios de Pago para los PSMIV incluyen estándares prudenciales tales como un requerimiento de capital mínimo de 90 mil dólares (10 millones de yenes); reglas de transparencia que implican dar información detallada a los usuarios respecto a la compra-venta, detalles de la transacción y comisiones; manuales operativos y organizacionales que incluyan la información del manejo de seguridad, sistemas de control interno y protección de datos y segregación de recursos de los propios.

Por otra parte, la Ley para la Prevención de Transferencias de Ingresos de Procedencia Ilícita de Japón, obliga a los PSIMV a establecer procesos de conocimiento del cliente, llenado de reportes de actividades sospechosas, así como a tener sistemas de control interno.

Además de lo anterior, el pasado 24 de octubre del presente, la Agencia de Servicios Financieros de Japón otorgó una licencia a la Asociación Japonesa de Casas de Cambio de Activos Virtuales para operar como un órgano autorregulatorio. La asociación se formó el pasado mes de abril después de un robo a una de las casas de cambio de activos virtuales más importantes de Japón y actualmente está formada por 16 miembros, que son el total de casas de cambio de activos virtuales autorizadas para operar en Japón. La licencia otorgada por el órgano gubernamental permite a la asociación emitir sus propias reglas y sancionar a los miembros que no las cumplan.

Desde junio, la asociación ya cuenta con distintas directrices para que sus miembros establezcan reglamentos internos que tengan por objetivo la protección de los recursos de los clientes, la separación de recursos propios y de los clientes, mitigación de riesgos, el manejo de disputas, definir la información que se le debe dar a los clientes respecto a los riesgos en los que incurren, así como establecer lineamientos para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. A pesar de lo anterior, la asociación aún no ha emitido regulación sobre las sanciones correspondientes en caso de que los miembros no cumplan con las directrices. Es importante destacar que lo anterior podría haberse logrado a través de contratos entre instituciones sin la necesidad de interponer la reputación de una autoridad financiera de por medio al autorizar un órgano autorregulatorio.

5.1.2. Regulación respecto al uso de activos virtuales en Corea del Sur21

Antes, los Bancos en Corea del Sur ofrecían a los usuarios de las casas de cambio de activos virtuales cuentas especiales en las que podían ingresar y retirar recursos en moneda local para realizar operaciones de compra-venta de activos virtuales. Estas cuentas eran distintas a las cuentas de depósito bancarias y requerían menos información para su apertura.

En febrero del 2018 entraron en vigor las Directrices para la Prevención de Lavado de Dinero con Activos Virtuales, las cuáles obligan a los bancos a cambiar este tipo de cuentas por cuentas que sí requieran un proceso estricto de identificación del usuario. Además, los bancos deben monitorear las transacciones de las casas de cambio de activos virtuales y confirmar la fuente de los recursos asociados a transacciones sospechosas.

El pasado 10 de julio entraron en vigor algunas modificaciones a las directrices las cuáles, además de lo previamente decretado, establecen que las casas de cambio de activos virtuales deben separar sus recursos operativos de los de sus clientes. Además, obligan a las instituciones financieras a compartir una lista de casas de cambio de activos virtuales domésticas y del exterior y les requiere reforzar sus canales de monitoreo sobre las transacciones de casas de cambio domésticas a instituciones del exterior para la prevención de evasión de impuestos y lavado de dinero.

Si bien se emitieron estas regulaciones, Corea del Sur anunció durante los primeros días de enero del 2018 que estaba considerando la posibilidad de prohibir la operación de las casas de cambio de activos virtuales en el país.

5.1.3. Regulación respecto al uso de activos virtuales en Nueva York22

La regulación de activos virtuales, conocida como BitLicence, define a un activo virtual como cualquier unidad digital que se utiliza como medio de cambio o una forma de valor almacenado de manera digital. Incluye a los activos virtuales que tienen un administrador centralizado, aquellos que tienen una administración descentralizada y que pueden ser creadas por medio de poder computacional.

Esta regulación se aplica a las entidades que transmiten, mantienen la custodia, realizan compra venta o administran activos virtuales a nombre de terceros. Para poder hacer este tipo de actividades, es necesario obtener una licencia.

La regulación contiene las reglas de solicitud de autorización para la obtención de la licencia, requerimientos de capital, reglas de custodia y protección de los activos de los usuarios, reglas para la prevención de lavado de dinero, un programa de ciberseguridad y reglas para la protección al consumidor.

Para la solicitud de autorización se debe pagar un costo por aplicación de 5 mil dólares. Dentro de los requisitos de información que se deben entregar en la solicitud de autorización, se encuentra el nombre de la empresa, una lista de todos los afiliados a la empresa que aplica, información biográfica detallada así como antecedentes de cada directivo, modelo de negocios, esquema operativo así como los modelos para el cálculo de valor de los activos virtuales. El período de autorización dura 90 días a partir de la entrega de la solicitud.

El capital necesario para operar se establece de manera discrecional por parte de la superintendencia con base en una serie de factores no limitativos a tomar en cuenta, tales como la composición de los activos, la posición de liquidez y el tipo de activos que la empresa que obtenga la licencia esté operando.

Por otra parte, la regulación obliga a las empresas que custodien activos virtuales de sus clientes a mantener a la par dichos activos.

Asimismo, las reglas obligan a las empresas que obtengan la licencia debe establecer un programa de prevención de lavado de dinero (PLD) que como mínimo tenga controles internos, políticas y procedimientos para cumplir con la regulación de PLD así como programas de capacitación para el personal.

Respecto a los requisitos de ciberseguridad, la regulación obliga a las empresas a tener un programa de ciberseguridad basado en cinco puntos principales: identificación de riesgos externos, protección de la información, detección de intrusión a los sistemas, política de respuesta ante un ciberataque así como una política de recuperación tras ataque.

Por último, en BitLicense incluye la obligación de informar a sus clientes que los activos virtuales no son moneda de curso legal y no están respaldados por el gobierno, que los cambios a la regulación pueden afectar su uso de manera negativa, que las transacciones son irreversibles así como sobre la posible pérdida de los recursos a los que los clientes se pueden enfrentar derivado del hecho de que el valor es altamente volátil.

5.1.4. Regulación respecto al uso de activos virtuales en la Unión Europea23

En Europa se elaboró una enmienda a la Directiva 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo a través de la Directiva 2018/843 en la que se obliga a los proveedores de servicios de cambio de activos virtuales por monedas fiduciarias así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos a reportar actividades sospechosas.


19/ Obtenido el 26 de octubre de: https://www.amt-law.com/asset/pdf/bulletins2_pdf/170207.pdf.

20/ Obtenido el 26 de octubre de: https://jvcea.or.jp/about/rule/.

21/ Financial Services Commission, Financial Measures to Curb Speculation in Cryptocurrency Trading, enero 2018.

22/ Obtenido de: https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/virtual_currency_businesses.

23/ Directiva 2015/849 de la Unión Europea.

5.2.1. Posicionamiento del Consejo de Estabilidad Financiera, Banco Internacional de Pagos y Grupo de Acción Financiera Internacional respecto al uso de activos virtuales

Acorde a lo establecido en el reporte del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) sobre las implicaciones de estabilidad financiera derivadas de FinTech24, se considera que en la actualidad, debido al tamaño de mercado relativamente pequeño de los activos virtuales (aproximadamente 700 activos virtuales distintos con una capitalización de mercado de 106 mil millones de dólares a la fecha del reporte25) y a las dificultades que presentan los sistemas que soportan a dichos activos para escalar el número de operaciones, estos activos no representan un riesgo sistémico y la posibilidad de que puedan alcanzar una importancia sistémica es muy baja. Además, es poco probable que los activos virtuales sustituyan a las monedas nacionales.

Según el reporte anual del 2018 del Banco Internacional de Pagos26 (BIS por sus siglas en inglés), dentro de los desafíos clave en la regulación de los activos virtuales, se encuentra el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en particular gracias al anonimato que provee este tipo de activos en la realización de transacciones. Adicionalmente, el reporte establece que hay una necesidad de establecer reglas que garanticen la protección a los consumidores.

Asimismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés) está realizando un proyecto de modificaciones al marco integral sobre las recomendaciones respecto a las medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través del uso de activos virtuales. En particular, se está buscando incluir a los activos virtuales y la operación con estos como actividades que requieren la aplicación de todas las acciones recomendadas, pues representan un activo que facilita la realización de actividades ilícitas27.

5.2.2. Posicionamiento de otras jurisdicciones28

En febrero del 2018, las autoridades supervisoras de mercado de valores, bancos y seguros y pensiones de la Unión Europea, emitieron un comunicado en conjunto en el que se advierte a los consumidores en relación al uso de activos virtuales. Establecieron que son productos no regulados y de alto riesgo, y que estos son inapropiados para inversiones, ahorros o planes de retiro.

El posicionamiento sobre el uso de activos virtuales dentro de los países de la Unión Europea varía dependiendo el país. En Alemania la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin por sus siglas en Alemán) catalogó a los activos virtuales como instrumentos financieros, por lo que, en caso de que alguna empresa quiera ofrecer servicios de compra-venta de activos virtuales requieren una autorización de dicha autoridad. En el caso de Francia, la Autoridad de Mercados Financieros y la Autoridad de Supervisión Prudencial emitieron un comunicado en conjunto en el que se advierte a los inversionistas sobre la falta de regulación sobre los activos virtuales, y que estos no son algún tipo de instrumento financiero. En Reino Unido no existe una regulación sobre activos virtuales, sin embargo la compra-venta de bienes y servicios que utilicen activos virtuales son sujetos a impuesto sobre la renta. A principios del 2019, el Banco Central de Lituania emitió un comunicado en el que establece que los proveedores de servicios financieros no deberían participar en actividades o proveer servicios asociados con activos virtuales; a su vez, aquellos proveedores de servicios financieros que tengan clientes cuyas actividades estén asociadas con activos virtuales, deben de tomar las medidas necesarias para cumplir con la regulación relativa a prevención de lavado de dinero y combate financiamiento al terrorismo.

En América, también existen distintas posturas sobre el uso de activos virtuales. En Estados Unidos, la Comisión de Intercambio de Futuros (CFTC por sus siglas en inglés) catalogó a los activos virtuales como un tipo de mercancía según las normas establecidas en el Commodity Exchange Act. Además, establece que si el comprador no puede confirmar la posesión del activo virtual adquirido en un periodo no mayor a 28 días, la transacción sería considerada como un futuro, debiendo cumplir las reglas establecidas para dichos contratos con el fin de evitar que las instituciones de compra-venta de activos virtuales mantengan posesión de los activos virtuales en sus carteras. En Canadá, de forma similar a Reino Unido, se aplican reglas fiscales en los casos de compra-venta de bienes y servicios por medio de activos virtuales. El Banco Central de Brasil emitió un comunicado en el que se alerta a los ciudadanos sobre las operaciones con activos virtuales, de manera similar al comunicado de la Superintendencia Financiera de Colombia y del Banco Central de Costa Rica.


24/ Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech, junio 2017.

25/ A la fecha de 18 de febrero del 2019 existen 2070 activos virtuales listados en coinmarketcap.com con una capitalización de mercado mayor a los 132 mil millones de dólares.

26/ Bank of International Settlements, BIS Annual Economic Report, junio 2018.

27/ Obtenido el 18 de febrero de 2019 de: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html.

28/ The Library of Congress, Regulation of Cryptocurrency Around the World, junio 2018.