Sociales

[sociales]

Son todas aquellas acciones que buscan reducir la desigualdad entre las personas, promover la cohesión social y están encaminadas entre otras cosas a garantizar los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas. Se centran en examinar el impacto de una organización en la sociedad tanto al interior de esta como en su entorno.

[ambientales]

Para lograr una economía sostenible, es importante llevar a cabo acciones encaminadas a proteger el medio ambiente. Por ejemplo: Aprovechar las energías renovables, adoptar procesos que no contaminen ni el agua ni el aire, reducir la emisiones de efecto de gases invernadero y respetar la biodiversidad, entre otros.

Otro rubro fundamental en las finanzas sostenibles consiste en invertir en empresas que contribuyan a solucionar problemas sociales.

En la actualidad, el Banco de México contempla, además de elementos ambientales, elementos de desarrollo social y de gobierno corporativo dentro de sus decisiones de inversión (criterios ASG).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establecida por la ONU en 2015, es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo. Incluye el principio transversal de "No dejar a nadie atrás", que plantea que el desarrollo económico y el bienestar social deben beneficiar a todas las personas, y convoca a prestar especial atención a aquellos grupos poblacionales que han sido históricamente excluidos.

En México, con la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo principal es fortalecer la salud financiera de la población mexicana, a través del incremento en el acceso y uso eficiente del sistema financiero, del desarrollo de las competencias económico-financieras, y del empoderamiento del usuario, contempla, entre sus objetivos facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y mipyme; incrementar los pagos digitales entre la población, comercios, empresas y los tres niveles de gobierno; fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y servicios financieros y reducir las asimetrías de información; incrementar las competencias económico-financieras de la población; fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección financiera y favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas adultas mayores, indígenas y población rural.