Tomo XVII: Esfuerzos de saneamiento
VI. Inmobiliaria Bancen

En amable e interesante entrevista, el exdirector general y gobernador, Miguel Mancera, nos reveló que desde la gestión de Ernesto Fernández Hurtado se había pensado en la posibilidad de construir para el Banco de México un nuevo edificio principal a quedar ubicado precisamente sobre la cercana avenida Hidalgo. De hecho, la superficie de dos manzanas y poco menos de 29 mil metros cuadrados que luego se aportó al llamado Complejo Hidalgo, pudo haber correspondido a ese proyecto precedente. Según Mancera, el proyecto posterior del Complejo Hidalgo colaboró de una manera importante a la política de rehabilitación de la zona urbana céntrica de la cuidad capital, al rescatar el predio correspondiente poblado con unos vecindarios muy decadentes, sucios y peligrosos. Además, el proyecto inmobiliario que se encargó al prestigiado arquitecto Ricardo Legorreta resultó de reconocida calidad en esa especialidad. Sin embargo, en la opinión del economista Mancera, el proyecto del Complejo Hidalgo padecía del defecto del gigantismo, con un toque muy evidente de protagonismo faraónico. Además, implicaba el costo indirecto de que el Banco de México tuviera que desprenderse de los edificios con valor histórico con los que ya contaba en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad.[1]

Tenía escasamente nueve meses de iniciado el sexenio del presidente José López Portillo. En una sesión del Consejo de Administración del Banco de México del 25 de agosto de 1977, el director general, Gustavo Romero Kolbeck, informó a ese órgano colegiado sobre la conformación de la Inmobiliaria Bancen, con apego a la figura jurídica de la sociedad anónima. Cabe destacar al respecto que no se trataba de una solicitud de autorización, sino del anuncio de un hecho consumado. A continuación, el funcionario precisó que tal creación institucional se había llevado a cabo contando con la autorización previa de las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto habiendo el Banco de México comprado las acciones representativas del capital de esa inmobiliaria “salvo cuatro de ellas, que, para cumplir requisitos de ley, han adquirido algunos funcionarios del Instituto Central”. En la parte más importante de aquella exposición, el director general explicó que la referida sociedad inmobiliaria, de cuyas operaciones iría informando con oportunidad al Consejo de Administración, tendría funciones muy específicas. Se encargaría de adquirir los inmuebles que requiriese el Banco de México con miras a su funcionamiento “para la instalación de sus oficinas y dependencias, realizando las construcciones y obras de adaptación en mejoras necesarias para el funcionamiento de las mismas”.[2] Con ese anuncio, claramente el director general, Romero Kolbeck, indicó que durante su administración se daría una reorientación muy drástica a la política inmobiliaria dentro del Banco de México. ¿Qué beneficio personal derivaría él en lo personal de ese cambio de estrategia administrativa? ¿Sería imposible saberlo? ¡Como es ampliamente sabido en la experiencia administrativa de México, la manera idónea para recibir un beneficio personal es promover la realización de obra!

La referencia al proyecto Bancen en el Consejo de Administración del 24 de noviembre de 1977 había sido principalmente de carácter informativo. En contraste, la referencia en la sesión del 5 de julio de 1978 resultó de naturaleza explicativa. La oportunidad de ese reporte se marcó por la conveniencia que vieron las autoridades del Banco de México, tanto de modificar los estatutos de la sociedad anónima como de aumentar su capital aportado. Tres fueron las razones que determinaron la conveniencia de modificar los estatutos. Primera, ampliar el objeto de la sociedad para que también pudiera realizar otras actividades paralelas a su responsabilidad principal. Segunda, pasarla de sociedad de capital fijo a variable a fin de otorgarle mayor potencialidad financiera. Tercera, ampliar las facultades a los órganos directivos para fortalecer su capacidad operativa. De esas tres medidas, la más importante resultó la primera, encaminada a que la sociedad “además de operar con inmuebles [también] llevara a cabo servicios de carácter técnico en materia económica, financiera y bancaria…”. La finalidad específica que se buscaba con esa reforma fue que, de forma complementaria a la función inmobiliaria, la entidad se encargara también del servicio automatizado de la compensación de cheques. Y una consecuencia de esa reforma fue la modificación de la razón social de la sociedad para pasarla a la de “Bancen, Sociedad Inmobiliaria y de Servicios”. La segunda modificación se hizo necesaria para aumentar en el año 1978 de un capital exhibido de 23 millones de pesos a 200 millones. Y la tercera reforma consistió, en concreto, en facultar al Consejo de Administración de Bancen para poder “constituir comisiones ejecutivas y/o asesoras de su seno” con la finalidad declarada de “facilitar la consideración y toma de decisiones”.[3]

Otra de las finalidades importantes para reformar el marco legal y organizativo de la inmobiliaria Bancen fue dotarla de una estructura organizacional y administrativa, robusta y predeterminada con toda claridad. Con tal motivo, se acordó que la sociedad tuviera como órgano de autoridad supremo el ya mencionado Consejo de Administración, que estaría integrado por cinco miembros: el director general del Banco de México y los cuatro subdirectores generales. A la sazón, Gustavo Romero Kolbeck, Miguel Mancera, Leopoldo Solís, el abogado Daniel J. Bello y el administrador Agustín López Munguía, alias “Chapulín”. En el orden operativo se determinó que la estructura de la sociedad contara con un director general y dos gerentes. La división del trabajo entre estos segundos se marcó entre la operación inmobiliaria propiamente dicha y “las finanzas de la sociedad”. En lo relativo a la integración de la estructura organizativa de la sociedad, se acordaron dos lineamientos precisos. Para los cargos directivos, la regla general fue que siempre fueran ocupados por funcionarios del Banco de México bajo la figura de comisionados. En cuanto al personal operativo, la determinación acordada marcó que en un principio se conformara con empleados del Banco, pero los cuales pudieran irse sustituyendo de forma gradual con personas que contratara en forma directa Bancen. La idea general era organizar y reformar a esa sociedad con fines de buscar su fortalecimiento. En tal sentido, bajo el control de dicha entidad no únicamente deberían quedar los inmuebles en los cuales se fueran a realizar construcciones o efectuar ampliaciones mediante la compra de terrenos, sino la totalidad de los inmuebles con que contara la institución Banco de México.[4]

La parte más interesante en aquel reporte sobre Inmobiliaria Bancen es sin duda la relativa a los programas de inversión a aplicar. De esos programas, los más importantes, con mucho, se ubicaban en la zona metropolitana de la Cuidad de México: el denominado Complejo Hidalgo y el Complejo Legaria, que se refería a una ampliación de la fábrica de billetes. Por su parte, la erección del Complejo Hidalgo correspondía al muy ambicioso proyecto de dotar al Banco de México un nuevo domicilio, para decirlo en términos coloquiales. En cuestión sólo de terreno, la extensión era por una superficie de 30 mil metros cuadrados ubicada en el triángulo entre la avenida Hidalgo, la calle Valerio Trujano y Paseo de la Reforma, con la inclusión de un edificio colonial (sito en la esquina de Reforma e Hidalgo) que era la sede del Hotel de Cortés. Para integrar el terreno que requería el Complejo Hidalgo, el Banco de México ya tenía en propiedad dos manzanas con una superficie aproximada de poco menos de 29 mil metros cuadrados. Y el plan era que dicho predio se completara con la adquisición adicional de otras cinco manzanas con una extensión total de exactamente 11 250 metros cuadrados. Como se aprecia, ¡un programa muy grande y ambicioso! La ampliación del Complejo Legaria implicaría la compra de un terreno colindante de 6 650 metros cuadrados y en el cual quedaría ubicado el Módulo vii de aquellas instalaciones destinado a albergar “la fábrica de tintas y solventes para la producción de billetes”.[5]

El ambicioso programa de inversiones acordado para la Inmobiliaria Bancen en el año 1978 requeriría de una muy cuantiosa partida financiera. La forma específica en que se conformó esa partida fue una aportación de capital por parte del Banco de México a esa sociedad por la cantidad de 200 millones de pesos, monto que se adicionó al capital exhibido inicial por 23 millones con el que ya contaba al momento. La aportación adicional de capital se destinaría en 186.5 millones de pesos a la adquisición de terrenos y la cantidad restante se aplicaría a un fondo de previsión destinado a gastos eventuales para “pago de indemnizaciones por concepto de compra, cierre o traspaso de negociaciones comerciales o por desocupaciones inquilinarias”. En el desglose específico de ese presupuesto para inversiones, sobresalió el caso del Complejo Hidalgo con dos partidas. La primera, por un total de 73 millones de pesos, que se aplicaría a la compra de los terrenos adicionales que se requerían para el proyecto, separado en 64 millones para las compras propiamente dichas y 9 millones complementarios para “gastos e impuestos por traslado de dominio”. La segunda partida se integró con la aportación de los terrenos en esa superficie que ya eran propiedad del Banco de México por 46 millones, mismos que se desglosaron en 40 millones por los terrenos propiamente dichos y el resto para “gastos e impuestos”. En lo relativo al Complejo Legaria (Fábrica de billetes), el costo del terreno a adquirir se determinó en 29 millones de pesos. Por último, el programa para la adaptación de sucursales contemplaba la compra de un terreno para la sucursal en Mazatlán con un costo de 8.5 millones de pesos y terrenos para las sucursales en Guadalajara, León y Ciudad Juárez por un valor agregado de 30 millones de pesos.[6]

En agosto de 1978, el director general Romero Kolbeck, informó de forma escueta en el Consejo de Administración que “el proyecto para la construcción del ‘Complejo Hidalgo’ contaba ya con la aprobación y el respaldo de las autoridades del Departamento del Distrito Federal”. Y exactamente un poco más de cinco meses después –enero de 1979–, se produjo en ese órgano colegiado un reporte mucho más pormenorizado no únicamente sobre el proyecto del Complejo Hidalgo sino en general sobre los programas de trabajo de la Inmobiliaria Bancen durante aquel muy activo año de 1978. En cuanto a los avances conseguidos para el proyecto del Complejo Hidalgo, se explicó en aquella sesión de enero de 1979 que ya se contaba con el 80 por ciento de la superficie requerida para la obra, que implicaba un área de exactamente 22 358 metros cuadrados. Y sin que se dijera textualmente, se entendía que se trabajaría sin descanso para adquirir la superficie restante que necesitaba el proyecto. En segundo lugar y de forma muy importante, también se hizo saber en dicho cónclave que ya se había concluido “un concurso entre cuatro de los despachos de arquitectos más acreditados en México”. Sin embargo, estaba aún por decidirse la asignación de la obra. Y de manera final se reportó que, también mediante la realización de un concurso, se había ya otorgado el contrato para la supervisión del proyecto. La empresa seleccionada había resultado el despacho González Karg y Asociados, S.C. Según el acta de Consejo correspondiente, había resultado el concursante con la mejor oferta para la institución.[7]

El proyecto Bancen avanzaba a toda máquina impulsado por la paternidad del director general, Romero Kolbeck. En el importante informe que se presentó al Consejo de Administración en enero de 1978, se hizo también referencia a los avances conseguidos en los frentes de la organización operativa de Bancen, las obras que se llevaban a cabo en el denominado Complejo Legaria y en cuanto a la modernización y ampliación de la red de sucursales. En lo relativo a la estructura de Bancen, se rindió informe en cuanto a su marco normativo y su organización interna. En relación al primero de los aspectos, se dijo textualmente que ya se había “obtenido resolución presidencial” para que dicha sociedad “pasara a ser de capital variable, con un capital autorizado de dos mil millones de pesos”. Y en lo concerniente a la organización operativa de Bancen, se reportó que dentro de su estructura ya habían quedado constituidas y estaban en funcionamiento las unidades operativas en los siguientes seis campos: administración, funciones técnicas, finanzas, contable y de control y jurídico. En cuanto al programa de construcción en el Complejo Legaria, en abierta contradicción con lo que se había comunicado en el informe de julio de 1978, en el reporte de enero de 1978 se habló de las obras que se habían realizado en los módulos V y VII. En cuanto al primero señalado, se explicó que las obras correspondientes se destinarían a los servicios de comedor y capacitación y en cuanto al Módulo VII que albergaría “las oficinas de administración del sistema de emisión”. Entonces, ¿cuál “fábrica de tintas y solventes para la fabricación de billetes”? En lo concerniente a sucursales, se dio cuenta de un terreno que se había adquirido para la sucursal Mazatlán por 7.3 millones de pesos y de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para la compra de los predios en los cuales se construirían las nuevas sucursales en Guadalajara y Ciudad Juárez. Para cerrar, se comentó en esa misma relación de avances que, echando toda la carne posible en el asador, para el programa de Bancen en el año 1979 se estaba previendo una inversión total de 527.3 millones de pesos. Acto seguido, el ponente solicitó la autorización del Consejo para que durante el año mencionado el Banco de México pudiese adquirir acciones de la inmobiliaria por dicha cantidad.[8]

El proyecto Bancen avanzaba y durante el segundo semestre de 1979 se presentaron en el Consejo de Administración dos gestiones para impulsarlo aún más. Sin embargo, dado que en ninguno de esos dos casos se hizo mención de las cifras involucradas, no resultó posible derivar una idea de la magnitud relativa de esos apoyos. En la sesión de ese órgano colegiado del 29 de junio de dicho año, el director general, Romero Kolbeck, informó de una gestión que las autoridades del Banco de México habían presentado a sus correspondientes de las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto. La solicitud correspondía al extraño caso de requerir la autorización para la transferencia de una partida presupuestal de Bancen S.A. de C.V. al propio Banco de México, a fin de que este último pudiese adquirir dos predios que se requerían para las obras de ampliación programadas en el Complejo Legaria. En la entrada correspondiente de las Actas del Consejo no se explicó por cuales razones la Inmobiliaria Bancen estaba en la imposibilidad de adquirir de forma directa los terrenos que se encontraban en los números 682 y 707 de la calle Presa de la Amistad. Y apenas en octubre de ese mismo año, se presentó a consideración del Consejo otra propuesta un tanto singular. La autorización para que se pudieran vender tanto un departamento en régimen de condominio ubicado en la ciudad de México y una casa habitación en Mazatlán, Sinaloa, que el Banco de México se había adjudicado como cobro de créditos hipotecarios que no se habían podido liquidar. El importe de la venta de ambos inmuebles, se dijo en el Consejo de Administración, se agregaría al presupuesto con que ya se contaba para la edificación del Complejo Hidalgo.[9]

Sorpresivamente, al ferrocarril que era el proyecto de la Inmobiliaria Bancen y que marchaba a toda máquina, se le atravesó en su marcha el fenómeno intempestivo de una severa crisis económica que se manifestó desde mediados de 1981. Y ese descalabro se magnificó cuando por efecto de la propia situación crítica, fue separado del mando en el Banco de México quien había sido el inspirador tutelar de ese proyecto. De manera dolorosa, Gustavo Romero Kolbeck resultó destituido por quien por años había sido su amigo cercano: el presidente José López Portillo. La fecha: 13 de marzo de 1982. Pero desde una sesión del Consejo de Administración de principios de septiembre de 1981, el director general, Romero Kolbeck, informó que atendiendo “la política gubernamental de austeridad en el gasto público”, el presupuesto general del Banco de México para el año 1982 se había reducido en 7 por ciento. De hecho, ya desde el segundo semestre del año previo el lineamiento de reducción de presupuesto para todas las dependencias y entidades del sector público había sido de 4 por ciento. En lo relativo a la partida de inversión en inmuebles dentro del presupuesto del Banco de México, el funcionario apuntó “que ya se habían suspendido todas las nuevas obras de construcción que se tenían programadas”. Entre ellas, en el Complejo Legaria, “la Fábrica de Tintas, el Centro de Adiestramiento y el Almacén de Metales Industriales”. Pero el anuncio de mayor importancia relativo a la aplicación del “criterio de austeridad” se dio en relación a “la construcción de la unidad más grande dentro del Complejo Hidalgo…”. Se trataba de una torre de diez pisos cuyo destino sería albergar las oficinas de los fideicomisos de fomento que operaba el Banco de México.[10]

Era el muy complicado año de 1982, los meses transcurrían y la situación económica se tornaba cada vez más grave. En ese contexto, en el propio Consejo de Administración del Banco de México se escuchaban llamados en favor de la austeridad. En una moción colectiva secundada por la totalidad de los consejeros, se habló de la necesidad de “aplicar con rigor la política de austeridad en el gasto establecida por el sector público federal…”. Había que proceder en ese sentido, “ya que de otra manera no [sería] posible hacer frente con éxito al proceso inflacionario…”. De no combatirse con decisión el proceso alcista que se desarrollaba con furor creciente durante esos meses intermedios del año, se dejarían sentir en la economía daños severos “con consecuencias graves”.[11] Un episodio clave en aquella escalada inflacionaria que parecía indetenible se materializó hacia mediados del mes de junio. El Banco de México tenía que colaborar con la política de austeridad que las autoridades de la Secretaría de Hacienda habían convocado. En ese orden, el nuevo director general de la institución, Miguel Mancera, informó de una reducción adicional en el presupuesto de gasto corriente e inversión de la entidad, de 8 por ciento con respecto a lo originalmente autorizado. Sin embargo, en cuanto al presupuesto específico de Bancen, esa reducción acordada ascendió a 24 por ciento. Ello, como resultado, “principalmente, de la suspensión de las obras correspondientes a las nuevas oficinas centrales del Banco de México y de sus sucursales en Mexicali y Guadalajara”. En esa forma, sumando los ajustes aprobados tanto para el presupuesto general de la institución como del proyecto Bancen, la reducción neta equivalía al 11.5 por ciento sobre la cifra original.[12]

El licenciado Guillermo Zollino prestaba sus servicios en la Inmobiliaria Bancen a un nivel jerárquico elevado. Su molestia era manifiesta y no la ocultaba: en sus palabras, “el proyecto del Complejo Hidalgo estaba atorado en razón de que en las excavaciones unos arqueólogos extraviados se habían encontrado tepalcates prehispánicos”. La obra del denominado Complejo Hidalgo se encontraba ubicada en una zona arqueológica cercana al Centro Histórico de la Ciudad de México. Y no pasó mucho tiempo para que las funciones especializadas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) se interpusieran a la prisa que animaba a las altas autoridades del Banco de México para cumplir con los tiempos del ambicioso proyecto que se le había encomendado a la Inmobiliaria Bancen. En las actas de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de dicha empresa, se dio debida cuenta del programa de salvamento que se acordó con el inah para aplicarse en las obras del Complejo Hidalgo. Según una primera estimación del mes de abril de 1981, hasta ese momento el costo aproximado de dicho “programa de rescate arqueológico” alcanzaba ya la cifra de 7.2 millones de pesos.[13] Y apenas al cierre de ese año 1981, el costo estimado de tal programa se había elevado en poco menos de 28 por ciento para ubicarse en 9.2 millones. Según la fuente consultada, toda vez que los trabajos del mencionado “programa de rescate arqueológico concluirían el 30 de abril de 1982”, sería hasta entonces cuando quedarían liberadas de intervención “todas las áreas del Complejo Hidalgo”.[14]

Y de manera inexorable, el mencionado programa “de rescate arqueológico” no únicamente tuvo costo económico para el proyecto inmobiliario del Complejo Hidalgo. También tuvo repercusión en cuanto al retraso de las obras correspondientes. En una sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Bancen, se dijo textualmente que el proyecto inmobiliario del Complejo Hidalgo había “sufrido demoras en su terminación” por causa de “factores externos y fuera del control de la empresa”. Entre esos factores causales se citaba, en tercer lugar, el “descubrimiento de objetos de valor histórico y arqueológico en una de las zonas de excavación profunda que ya se encontraba preparada para la obra”.[15] Como debe resultar evidente, en el desarrollo del proyecto del Complejo Hidalgo las relaciones entre Bancen y el inah se habían venido complicando y un elemento particular de agitación fue una pieza prehispánica de oro macizo que se encontró en las excavaciones. Según fuentes fidedignas, en razón del hallazgo de ese “Tejo de Oro”, la administración de Bancen había tenido que absorber durante los meses de abril y mayo de dicho 1981 “trabajos especiales por un total de 300 mil pesos además de otros 500 mil pesos de los sueldos del personal técnico y manual correspondientes a ese año”. En un plano general, no fueron en ese tiempo fáciles las relaciones entre Bancen y las autoridades del inah. En tal sentido, las autoridades de Bancen tuvieron que rechazar en octubre de 1981 una solicitud de la mencionada entidad para introducir en las obras del Complejo unos pilotes de exploración.[16] Más adelante, el inah reviró no permitiendo algunos trabajos que se habían planeado para el Módulo IV del Complejo Hidalgo. Y en noviembre de 1982, esa dependencia exigió que se respetara la arquitectura original de los inmuebles ubicados sobre la Avenida Hidalgo en los números 79 y 51 además del Hotel de Cortés.[17]

Además de los enfrentamientos contra el INAH, otra causa de retraso para las obras provino de las dificultades que se suscitaron para la adjudicación de predios e inmuebles que se encontraban ubicados dentro del triángulo territorial de la llamada supermanzana del Complejo Hidalgo. En un acuerdo del Consejo de Administración de Bancen de abril de 1981, se habló expresamente del Programa de Adquisición de Inmuebles que había puesto en ejecución esa entidad. En el acta correspondiente se dijo que aún para mediados de ese año, todavía se encontraban pendientes de adquisición algunos predios clave para que el gran proyecto pudiese pasar a una etapa subsiguiente. En el recuento relativo, destacaba el importante caso del Hotel de Cortés, inmueble colonial ubicado precisamente en la esquina de Avenida Hidalgo con Paseo de la Reforma y cuyo costo de compra para Bancen se había fijado en 27 millones de pesos. En esa situación de adquisición pendiente se encontraba también otro predio (con domicilio en la calle de Mina número 57) que había sido objeto de expropiación, pero cuyo propietario había presentado demanda de amparo que estaba pendiente de resolución. Y en esa situación de inmuebles que habían sido objeto de expropiación, pero cuya adquisición no se había concretado por parte de Bancen, subsistían los ubicados, respectivamente, en la calle de Mina 51 y en Valerio Trujano 67. Supuestamente, mediando la aprobación de aquel órgano colegiado, la adquisición definitiva de esas propiedades podría concretarse “durante los próximos meses de mayo y junio…”.[18]

¿Cómo reaccionaron las autoridades del Banco de México ante los retrasos que habían sufrido sobre todo las obras en el Complejo Hidalgo? Al tema del retraso en esas obras se hizo referencia, con una actitud de frente, en el Consejo de Administración de Bancen a finales de julio de 1981. En la junta referida se dijo que “en los trabajos de excavación, cimentación y estructura” del proyecto del Complejo Hidalgo, “se había observado un retraso de aproximadamente sietes meses”. Según el acta correspondiente, el retraso referido tenía que resolverse de manera efectiva y satisfactoria. En su momento, no había sido posible “la implementación de medidas inmediatas para acelerar y perfeccionar los procedimientos operativos”, como consecuencia (sic.) “de las deficiencias operativas del coordinador de la obra” (que era la empresa contratista González Karg y Asociados). En reacción, se habían dictado instrucciones para que la propia entidad Bancen, con sus recursos internos, procediese a tomar las medidas necesarias a fin de corregir el atraso detectado. Y según el acta consultada, las medidas correctivas adoptadas fueron de cinco órdenes. Primero, “Bancen asumiría directamente la coordinación de la obra…”. Segundo, se solicitó a través de las autoridades del Banco de México, que la empresa contratista Estructuras y Cimentaciones, S.A. aumentase su fuerza de trabajo en el proyecto de marras de 200 a 700 operarios a fin de que laborasen en tres turnos completos. Tercero, se incorporó en la obra más maquinaria pesada y una planta adicional de concreto para ganar productividad. Cuarto, se ajustó la estrategia de coordinación a fin de poder avanzar de manera paralela y no necesariamente secuencial. Quinto, se prestó atención especial a las actividades administrativas para que no se convirtieran en cuellos de botella que obstruyeran el avance de los trabajos. Entre dichas actividades administrativas, “los procedimientos de revisión de estimaciones, administración y supervisión…”. Todo ello, con la finalidad declarada de “recuperar y acelerar el ritmo de la obra”.[19]

Desde un punto de vista estructural, la obra del Complejo Hidalgo se clasificó en siete módulos complementarios. Presumiblemente, en cada uno de esos módulos se albergaría, en orden jerárquico descendente, todo el arreglo organizacional del Banco de México. El Módulo VI, llamado a edificarse en el formato de torre, sería la sede para los Fideicomisos en los que el Banco de México actuaba como fiduciario. El Módulo VII se dedicaría a Servicios Generales. Desde el punto de vista cronológico, la construcción y terminación de los Módulos del I al V correspondería a la primera etapa de la edificación del Complejo Hidalgo. Los Módulos VI y VII corresponderían a la segunda etapa. Toda vez que la fecha oficial de inauguración se planteaba para agosto de 1982, en noviembre de 1981 se presentó una planificación muy pormenorizada del grado de avance que se requería alcanzar en cada uno de los Informe Anuals previo a la apertura. Por ejemplo, para los Módulos I y II se planeó la conclusión de los trabajos hacia el mes de abril de 1982 y la ocupación se llevaría a cabo durante los meses de abril y mayo de dicho año. Por su parte, el plan relativo al Módulo III planteó que la ocupación por parte de los cuadros operativos se realizara durante los meses de marzo, abril y mayo. A continuación, la mudanza al Módulo IV se concretaría durante los meses de junio y julio y del Módulo 5 en el transcurso de septiembre y octubre, ya posterior a la apertura oficial. En lo relativo a los proyectos de la “Segunda Etapa”, a nivel de estructura el Módulo VI quedaría terminado en julio de 1982 y el Módulo VII al cierre del mes de julio.[20] Todo ello, con vistas a la inauguración oficial, en la cual seguramente el invitado de honor iba a ser el presidente de la República.

El programa de desarrollo constructivo encargado a la Inmobiliaria Bancen se había planteado manifiestamente ambicioso. La cereza del pastel iba a ser, obviamente, la edificación del Complejo Hidalgo, pero el plan se había planteado con mayor amplitud. En un principio, ya se enunció, se había programado la erección de un módulo adicional en el Complejo Legaria, además de otras instalaciones. Y de manera complementaria, figuró en el programa un plan de fortalecimiento inmobiliario para algunas sucursales. Y en ese proyecto se incluyeron los edificios de las oficinas del Banco de México en cuatro plazas importantes: Mazatlán, Guadalajara, Mexicali y Nuevo Laredo. El programa había sido cuidadosamente preparado cronológicamente. En tal sentido, ya se ha dicho, al Banco de México se le había informado como fecha anunciada para la inauguración del Complejo Hidalgo, “incluyendo al Módulo de Servicios”, el 25 de agosto de 1982, “por ser el aniversario de la creación del Instituto Central”.[21] Pero el destino dispuso que no pudiera ocurrir en esa manera. El 13 de abril de 1982, el licenciado Gustavo Romero Kolbeck presentaba su renuncia a la presidencia del Consejo de Administración de Bancen. Y para febrero de 1983, las altas autoridades de esa entidad acordaban el cambio de nombre de “Complejo Hidalgo” al de “Oficina Central”.[22] Finalmente, ya avanzado el año de 1983, la nueva administración en el Banco de México solicitó una auditoría exhaustiva del proyecto de la rebautizada “Oficina Central”. De tal ejercicio resultó, primeramente, que algunos pagos realizados habían sido “improcedentes”, además de que se habían detectado “errores numéricos en las estimaciones cobradas”. Segundo, se había descubierto “duplicidad en volúmenes cobrados” al igual que “obra no realizada y cobrada…”. En tercer lugar, en la auditoría también se había encontrado “obra realizada y no cobrada”. Los daños se aplicaron a cargo de las empresas contratistas responsables.[23] Pero no fue posible saber si el resultado de aquella auditoría llegó al conocimiento del exfuncionario en retiro Romero Kolbeck.

En una sesión del Consejo de Administración de Bancen se aportó una perspectiva muy nítida de lo que sería la integración territorial del Complejo Hidalgo. Incluido el proyecto de esa obra presentado en el segundo semestre de 1978, durante los cuatro años siguientes el panorama territorial del Complejo Hidalgo se fue conformando como sigue. En ese transcurso, con el apoyo irrestricto del Banco de México, Bancen había podido adquirir 57 inmuebles “y siete tramos de calle”, con una superficie total de 41 158 metros cuadrados. De esa extensión, en 37 939 metros cuadrados quedarían domiciliadas en su totalidad las unidades operativas del Banco de México y el terreno restante de 3 219 metros cuadrados se dedicaría a “reserva territorial”. Dentro de la primera gran superficie mencionada dedicada a lo que ya se empezaba a denominar “la supermanzana del Complejo”, se incluirían varias construcciones de carácter especial. En primer lugar, el ya mencionado “Hotel de Cortés”, que era una construcción de origen colonial. En un plano complementario, también tenían una naturaleza un tanto especial las casas ubicadas en los números 79 y 81 de la Avenida Hidalgo. En todos esos casos, por recomendación del inah, se trataba de construcciones que debían “conservarse en su estilo, por representar una valiosa concepción arquitectónica de su época”. En lo relativo a “la reserva territorial”, en dicha superficie estaban ubicadas cuatro construcciones cuyas rentas le reportaban un ingreso no despreciable al Bancen. Los mencionados inmuebles presentaban una superficie construida por 3 665 metros cuadrados. Y ése era el panorama inmobiliario que el director general, Romero Kolbeck, ¡deseaba dejar como legado patrimonial al Banco de México!

De abril a agosto de 1982, ya bajo una nueva administración en el Banco de México teniendo en el timón al economista Miguel Mancera, se presentó en el Consejo de Administración de Bancen un programa de desarrollo inmobiliario muy pormenorizado, con una perspectiva cronológica que abarcaba a la totalidad del siguiente sexenio; es decir, de 1983 a 1988. Desde el ángulo metodológico, para todos los años las obras a realizarse se clasificaron en tres grandes rubros: “Sistema de Emisión” (S.E.), “Sucursales” (S.) y “Oficina Central” (O.C.). Con esa perspectiva, el señalado programa inmobiliario se presentó como sigue:

Según noticias, el 21 de abril de 1982 se publicó un decreto en el Diario Oficial con la finalidad de reducir el déficit financiero del gobierno federal. El asunto se comentó en el Consejo de Administración de Bancen y tuvo repercusiones en cuanto a la reducción del presupuesto de inversión de dicho organismo en exactamente 8 por ciento. Dicha reducción presupuestal implicó necesariamente un ajuste en las obras del programa de construcción y/o en el ritmo de ejecución de las mismas. De hecho, dicho acomodo dio lugar a la definición de un nuevo programa de obras para el cual el lineamiento guía fue que “aun cuando éste sea más lento” debería replantearse con una intención “racional y con continuidad, de manera tal que los proyectos constructivos no se desarticulen y puedan reiniciarse sin tropiezos”. Con ese enfoque, el nuevo programa de construcciones para Bancen se replanteó para los siguientes cinco años dando prioridad a los proyectos del Complejo Hidalgo. 1982: a) “Regularización formal de la propiedad de los terrenos adquiridos”, b) “Conclusión de la estructura general de los edificios del Complejo”, c) “Conclusión de la sucursal Mazatlán y del local de operación para la sucursal Mexicali”. 1983: Primer semestre: a) “Regularización de permisos y licencias”, b) “Conclusión de los Módulos I, II y III, de las plazas, del sector correspondiente a estacionamiento, exteriores y fachadas”, c) “Reiniciación de obras en la sucursal Guadalajara”. Segundo semestre: a) “Iniciación de las obras complementarias para los Módulos IV y V e Unidad de Servicios”, b) “Conclusión de la sucursal Guadalajara”. 1984: a) “Conclusión de los Módulos IV y Unidad de Servicios con su parte de estacionamiento, exteriores y fachadas”, b) “Reiniciación y terminación de la torre en Mexicali”. 1985: Primer semestre: a) “Se termina la estructura del Módulo VI para fideicomisos y se inicia la estructura del Módulo VII”, b) “Se concluye el Módulo VI para fideicomisos y se inicia la torre del Módulo VII”. Segundo semestre: a) “Se concluye el Módulo VII para fideicomisos, con fachadas y exteriores”, b) “Se inician instalaciones y acabados para la torre del Módulo VII”. 1986: “Se terminan los edificios para los fideicomisos, con estacionamiento, exteriores y fachadas”.[25]

Los descritos eran los planes y las perspectivas de desarrollo para la Inmobiliaria Bancen del Banco de México durante el sexenio 1983-1988. Pero, como dicta el refrán, el hombre propone y Dios dispone. El jueves 19 de septiembre de 1985, temprano en la mañana se registró en la zona sísmica del territorio nacional un tremendo terremoto de intensidad con pocos precedentes. La duración de ese terrible temblor fue de 90 segundos y alcanzó la intensidad de 7.8 grados en la escala de medición de Richter y de 8 en la de Mercalli. Y lo peor es que el día siguiente, viernes 20, a las 19.38 horas se produjo una réplica de ese letal y destructivo sismo con una duración de minuto y medio, aunque con una intensidad menor de 6.5 grados en la escala de Richter. El primero y más dañino de esos temblores tuvo su epicentro frente a las costas de Guerrero y Michoacán, originándose en el fondo marino a 50 kilómetros de la costa con una zona de repercusión de 800 mil kilómetros cuadrados. Las entidades del país más afectadas fueron los Estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Esta última resultó la zona más afectada por ser la de mayor densidad poblacional, con una de las peores catástrofes naturales ocurridas en la historia del país. Desde las primeras horas de la mañana de aquel jueves fatídico, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, hizo un recorrido de las principales zonas atacadas por el sismo, para evaluar de primera mano los daños sufridos y dictar las medidas iniciales de emergencia. Durante ese primer recorrido de evaluación, el alto funcionario calificó al fenómeno como verdadera “tragedia nacional”. Las pérdidas materiales fueron inmensas, pero mucho más dolorosas las muchas vidas que quedaron segadas de golpe.[26]

En los habitantes de la capital, la tragedia descarnada se hizo presente desde las primeras horas de aquel jueves signado. La gravitación del desastre se manifestó particularmente en un amplio segmento de la población en las delegaciones (hoy alcaldías) de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y parte de Coyoacán. En esas demarcaciones los vecinos atestiguaron de primera mano la destrucción implacable de edificios públicos y privados, además de muchas viviendas unifamiliares o multifamiliares. En las construcciones derruidas, enjambres de personas removían los escombros tratando de salvar a los moribundos que se encontraban atrapados. El polvo y los incendios exacerbaban los sentimientos de dolor y angustia en las zonas más afectadas. A la desesperación y al dolor de muchos se aunaba el temor, por la amenaza de inmuebles al borde del derrumbe. La sensación de precariedad y de peligro se agudizaba por la interrupción del fluido eléctrico y del servicio telefónico, las fugas de agua y de gas y el levantamiento del pavimento. En cuanto a los servicios básicos, las autoridades explicaron que había innumerables fallas en el suministro de agua potable y recomendaron racionalizar su uso y hervir el líquido para consumo humano en prevención de filtraciones en la red de distribución. La población de la capital se informó sobre la magnitud de la catástrofe por medio de la radio y de los canales oficiales de televisión. Afectados por los efectos del sismo, los canales privados no pudieron salir al aire durante varias horas. Ya en la noche de aquel jueves fatídico, los primeros informes reportaban sobre la atención médica de emergencia a más de 5 mil heridos y se estimaba que estaban enterradas bajo los escombros un número parecido de víctimas. Como es bien sabido, a la postre las estadísticas de las víctimas se multiplicarían de forma exponencial sobre las cifras anteriores.[27]

Al cierre de la jornada de aquel jueves de pesadilla por el primer sismo, el balance de la destrucción ofrecido por las autoridades se presentaba ya impresionante. El saldo hasta ese momento era que 250 edificios habían quedado completamente destruidos, 50 más se encontraban en riesgo grave de desplome y unas mil construcciones adicionales presentaban daños serios en su estructura. Entre los inmuebles más conocidos cuyo derrumbe había causado consternación estaban los hoteles Regis y De Carlo. Y entre los edificios privados más conocidos que se habían desplomado sobresalía el caso del conjunto Televisa. De las construcciones caídas de dependencias públicas se contaron los casos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), Marina, de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), la Procuraduría del Distrito Federal, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y la Torre 1 del Conjunto Pino Suárez. De manera destacada, entre los casos de inmuebles de dependencias públicas con grave deterioro se contaron muchos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). Y en ese recuento de destrucción por derrumbe, también se registraron muchas construcciones de conjuntos habitacionales, como el edificio Nuevo León del complejo Nonoalco-Tlatelolco y centros médicos de la importancia del Hospital Juárez y el Hospital General. Y en el ejemplo de instituciones, se registró la caída de la unidad central del Conalep. Pocos días después, tras el levantamiento de peritajes fueron evacuados muchos edificios que se encontraban ya seriamente dañados. En sus áreas de desastre, la Ciudad de México continuó siendo un caos. En varias delegaciones siguieron ocurriendo derrumbes de construcciones y viviendas dañadas, al igual que fugas de gas y conatos de incendio. Durante su sexto recorrido por las zonas de mayor afectación, el presidente Miguel de la Madrid giró instrucciones para que se intensificaran al máximo los trabajos de rescate y salvamento de vidas, pues era evidente que todavía había muchos sobrevivientes atrapados.[28]

También por instrucciones presidenciales, prácticamente la totalidad de las dependencias gubernamentales se vieron llamadas a participar en el esfuerzo de protección y ayuda por los daños causados por los sismos. La sep anunció la suspensión de cursos para dar lugar a una revisión de fondo de los inmuebles escolares. La Secofi puso en acción un programa de emergencia para la vigilancia de precios y supervisión del suministro de los bienes básicos: alimentos y medicinas. Frente a la seriedad de la emergencia nacional, en particular en la ciudad capital la empresa telefónica dispuso de servicio gratuito en las 13 mil casetas de servicio público en el Distrito Federal. De forma complementaria, se organizó un mecanismo de comunicación especial al interior del país y al exterior a través de los pilotos y sobrecargos de las dos líneas aéreas nacionales. El ejército mexicano había cumplido una labor de servicio y sacrificios casi heroica en apoyo de los damnificados por los sismos. Y en igual sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a la Presidencia de la República un donativo por 555 millones de pesos derivado de tres días de salario de su personal adscrito. El secretario de Turismo, Antonio Enríquez Savignac, empezó informando que, del total de 208 hoteles y albergues en la Ciudad de México, exactamente 78 habían sido afectados por los terremotos. De éstos, sólo siete habían quedado totalmente destruidos, 35 requerían de reparaciones costosas y 36 más de restauraciones leves. También partió al extranjero ese funcionario para informar sobre la situación y la marcha del turismo en el país, además de anunciar que en 1986 México sí organizaría el Campeonato Mundial de Futbol. Las tareas que se encomendaron a la shcp fueron diversas y asimismo muy importantes. Primeramente, a cargo de esa dependencia quedó la creación del Fondo Nacional para la Reconstrucción cuyos recursos se aplicarían fundamentalmente a la reparación de instalaciones educativas y hospitalarias. Y a principios del mes de octubre, esa dependencia anunció la prórroga del pago de 950 millones de dólares por amortización de la deuda externa sin cargo de intereses moratorios y la obtención de recursos frescos adicionales por 500 millones, para enfrentar la difícil coyuntura.[29]

El descrito era el panorama general en el cual quedó encuadrada la celebración de la sesión número 17 de la Junta de Gobierno del Banco de México, el 29 de octubre de 1985. En dicha reunión, el director general, Miguel Mancera, informó que, desde antes de la ocurrencia de los sismos del mes de septiembre, el Banco de México ya había iniciado conversaciones con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de la “posible conveniencia de que esta última” tomara posesión del Complejo Hidalgo, con la totalidad de sus instalaciones, a fin de ubicar en ese inmueble a una gran parte de sus unidades operativas. En ese momento eran dos las consideraciones que se tenían para tal traspaso inmobiliario. Por un lado, argumentó el funcionario del Instituto Central, había el inconveniente de que tal dependencia tenía contratados en arrendamiento un gran número de los edificios que utilizaba para sus oficinas. De manera complementaria, se explicó, el Complejo Hidalgo podría llegar a tener una capacidad de espacio muy superior a las necesidades del Banco de México. Sin embargo, explicó el director general Mancera, los sismos recientes habían dado lugar a que ese cambio inmobiliario fuera “no sólo conveniente, sino necesario…”. Ello, en razón del hecho no mencionado en tal sesión de la Junta de Gobierno, de que un gran número de los edificios que ocupaba la Secretaría de Hacienda habían resultado seriamente afectados por los mencionados terremotos o incluso totalmente destruidos. Por lo tanto, con base en las razones expuestas, el funcionario del Banco de México hizo a continuación un anuncio de mucha importancia administrativa. Ello, en el sentido de que ya se estaba procediendo para “que las obras en el Complejo Hidalgo se orienten a la ocupación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.[30]

Por efecto de los terremotos de septiembre, la Secretaría de Hacienda había perdido espacio de oficinas por aproximadamente 125 mil metros cuadrados con la necesidad de reubicar a cerca de 10 mil funcionarios y empleados. Por su parte, el Conjunto Hidalgo ya debidamente concluido podría disponer, sin la consideración de las reservas territoriales, de un espacio de oficina por aproximadamente 96 mil metros cuadrados ofreciendo solución al tremendo déficit de espacio en el que había caído tal dependencia. En esa forma, a fin de llevar a cabo la acordada transferencia inmobiliaria del Banco de México a la Secretaría de Hacienda, se tomó la decisión de una entrega de acciones de la Inmobiliaria Bancen por parte del primero a la segunda por un valor nominal de poco menos de 18 150 millones de pesos. El desglose de dicho monto se presentaba como sigue. Primeramente, un saldo por 9 525 millones de pesos correspondiente a las acciones de Bancen ya íntegramente suscritas y pagadas por el Banco de México. Al saldo anterior cabía agregar otra partida por poco menos de 625 millones de pesos por concepto de acciones de esa sociedad que el Banco de México estaba pendiente de aportar “para cubrir compromisos ya contraídos por Bancen con motivo de la construcción de los edificios que integran el Conjunto…”. Finalmente, quedaba un remanente por aproximadamente 8 mil millones de pesos, correspondiente a la ampliación de capital que requería Bancen con el fin de poder “sufragar su presupuesto de 1986, referido a la terminación de aproximadamente el 95 por ciento del Complejo Hidalgo…”. Salvo esta última partida pendiente de concretar, todas las demás habían quedado debidamente autorizadas por las autoridades competentes, “correspondiendo a los financiamientos requeridos para el ejercicio de los presupuestos de Bancen…”. De forma que tan sólo el saldo por 8 000 millones relativo a la tercera partida mencionada “se encontraba pendiente de autorización en la Secretaría de Programación y Presupuesto”.[31]

Ha quedado claro que los sismos de septiembre de 1985 fueron tremendamente dañinos para la schp en el orden inmobiliario. También lo fueron para el Banco de México, aunque en mucha menor medida. En la sesión de la Junta de Gobierno de octubre de ese año se informó que los principales edificios propiedad de la institución no habían resentido daño por causa de los terremotos. Éste había sido el caso, en lo específico, de los edificios “Principal”, “Guardiola” y “Garantías”, además de todas las instalaciones en el Complejo Legaria e incluyendo algunas zonas del “Palacio Postal” que se arrendaban al Banco de México. En contraste, al menos cuatro inmuebles de importancia que el Banco de México tenía rentados habían sufrido daños muy severos, de lo cual se había derivado la decisión de desalojarlos en su totalidad. Ése había sido el desenlace, en particular, de los inmuebles en callejón de Condesa No. 6, Bolívar No. 15, Madero No. 20 y Plaza Santos Degollado No. 10. Los problemas inmobiliarios con estas últimas construcciones habían presentado a las autoridades del Banco de México el reto de tener que reubicar aproximadamente a 800 empleados. En la mencionada junta se informó que transitoriamente se había conseguido una reubicación para dicho personal. Su localización temporal se había decidido parcialmente en las instalaciones de Legaria y en “las oficinas de los fideicomisos que maneja el Banco, instaladas en los inmuebles ubicados en la Avenida Insurgentes, y en un edificio arrendado en el Pedregal”.[32] Pero las autoridades del Banco ya habían pensado en una solución integral para el problema inmobiliario de la institución. Ello, mediante la adaptación o adquisición de nuevos edificios que permitieran llenar el déficit de espacio que se había producido.

Por su parte, en aquella coyuntura histórica de octubre de 1985, los activos con los que contaba la Inmobiliaria Bancen podían clasificarse en las siguientes cuatro categorías. Primeramente, los ya multimencionados edificios y predios baldíos que integraban el denominado “Conjunto Hidalgo”, el cual había decidido traspasarse a la propiedad de la shcp. Dicho conjunto ocupaba en su parte construida una superficie de 38 mil metros cuadrados, a lo cual cabía agregar 4 260 metros cuadrados que se habían conservado como “reserva territorial”. Desde el punto de vista físico, el Conjunto o Complejo Hidalgo comprendía un “triángulo circunscrito por la Avenida Hidalgo, el Paseo de la Reforma y la calle de Valerio Trujano, en esta Ciudad de México, así como un inmueble vecino (módulo de servicios)”. En segundo lugar, había que considerar los tres inmuebles, aparentemente ya terminados, que ocupaban las sucursales del Banco de México en Guadalajara, Mazatlán y Mexicali. En tercer puesto, es un poco sorprendente que dentro de las instalaciones del triángulo donde se ubicaba el Conjunto Hidalgo no se incluyera al Hotel de Cortés y a dos casas vecinas a éste. Pero esas tres propiedades formaban asimismo parte de los activos de Bancen. En cuarto sitio figuraban una serie de propiedades en el interior del país. En particular, cinco terrenos y cuatro edificios todas ellos relacionados con un proyecto para fortalecer la red de sucursales foráneas y agencias del Banco de México. En el nuevo programa inmobiliario del Banco se planteó, en primera instancia, el traspaso a la shcp del Conjunto Hidalgo además de la entrega al Instituto Central de las tres propiedades en Guadalajara, Mazatlán y Mexicali. Para el Hotel de Cortés y las casas vecinas además de los cinco terrenos y las cuatro construcciones en ciudades del interior se decidió su venta y la entrega del importe al Banco de México. Como se aprecia, con esas medidas y ya sin activos que manejar, quedó preparado el terreno para la disolución final de la Inmobiliaria Bancen.[33]

La transferencia del Complejo Hidalgo a la shcp le resolvió a esta última dependencia el déficit inmobiliario en el que había sido dejada por los sismos; sin embargo, esa solución le provocó al Banco de México un muy importante vacío por resolver en dicha materia. En términos del director general, Miguel Mancera, incluso desde antes de los temblores, el Banco de México ya arrastraba un déficit de espacio de oficinas por aproximadamente 4 500 metros cuadrados. Y como consecuencia de los sismos, ese déficit de espacio se había incrementado en 12 500 metros cuadrados afectando a aproximadamente 800 empleados. En palabras del citado funcionario, la problemática inmobiliaria descrita había requerido “de una solución alternativa para ubicar sus oficinas”. Y la solución correspondiente implicó la adquisición de los siguientes inmuebles: a) El edificio ubicado en Avenida Juárez No. 90, con un espacio disponible de oficina de 6 mil metros cuadrados. b) Los edificios ubicados respectivamente en el callejón de Condesa No. 6 y en Santos Degollado No. 10, que ya antes venía ocupando el Banco de México de manera parcial. Para la readaptación de ambos inmuebles y dejarlos “en condiciones adecuadas”, se requerirían obras importantes de supresión de algunos pisos, fortalecimiento de estructura y trabajos de acabado. c) Los edificios en Tacuba No. 4 y Marconi No. 1 que previamente la institución tenía rentados con una superficie respectiva de oficina de 1 500 y 2 344 metros cuadrados. Resultaba conveniente la adquisición de esos inmuebles en razón de que en los mismos el Banco había ya invertido en adaptaciones costosas y se tenía en previsión que hubiera que aplicar varias más, entre ellas “la instalación de equipo destinado a servicios médicos”. d) Adquisición del terreno contiguo al edificio Marconi, con una superficie de 400 metros cuadrados y la construcción en el mismo de un inmueble de características especiales. Una construcción para albergar al equipo de cómputo del Banco, “el cual resultaría sumamente costoso y complicado de instalar fuera del Centro de la Ciudad, ya que es en ésta donde se concentran los requerimientos de los servicios relativos”. Declaradamente, los precios a pagar por el Banco de México por la compra de todas esas propiedades serían iguales o inferiores a sus correspondientes avalúos.[34]

Con su intensidad destructiva, los sismos de septiembre de 1985 obligaron a decisiones administrativas muy drásticas. En esa categoría se ubicó la transferencia inmobiliaria del Conjunto Hidalgo que el Banco de México acordó en favor de la SHCP. Un observador externo podría pensar que, frente a esa gran generosidad patrimonial mostrada por el Instituto Central, éste último habría recibido por parte de las autoridades gubernamentales una contrapartida de igual signo y magnitud. Sin embargo, no ocurrió de esa manera. En la sesión de la Junta de Gobierno de octubre de 1985, contando con la asistencia tanto del secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, como del subsecretario del ramo, Francisco Suárez Dávila, el director general del Banco de México, Miguel Mancera, se permitió expresar que teniendo en cuenta el traspaso del Conjunto Hidalgo y la nueva política inmobiliaria del Banco de México, ya se había “solicitado para ello el Palacio de Comunicaciones…”. Por su “cercanía a otros inmuebles ocupados por el Banco, características arquitectónicas y capacidad de ocupación” dicho inmueble emblemático se aparecía como una elección muy favorable “para la nueva ubicación del Banco de México…”.[35] Con todo, tal vez para pesar del Banco de México, ya no se volvió a hacer referencia a esa moción en los documentos oficiales. Y de manera paralela, la decisión por parte de las autoridades del Banco de adquirir el edificio situado en la Avenida Juárez No. 90 (entre Balderas y la calle de Humboldt) resultó sumamente impráctica. Imagínese el lector: ¡para atender una consulta de manera personal en el Edificio Principal de la institución, el funcionario o el empleado tenía que cruzar a pie en toda su extensión larga el Parque de la Alameda, con dos cuadras más! Y el trámite podía repetirse varias veces en el transcurso de un día. Consecuentemente, esa decisión inmobiliaria tan impráctica tuvo que revertirse algunos años después. La reversión se llevó a cabo mediante la construcción del edificio que actualmente se ubica en la calle 5 de mayo, No. 18.

Desde el punto de vista contable, el traspaso del Conjunto Hidalgo le significó al Banco de México una desinversión, a precios actualizados a ese momento, de exactamente 40 000 millones de pesos. Es decir, en esa cantidad se redujo el renglón de inversiones inmobiliarias en el lado del activo del balance contable. En contrapartida, la puesta en ejecución del nuevo programa inmobiliario del Banco de México implicaría, en cifras aproximadas, una inversión por 6 500 millones de pesos. En dicha cantidad se incluían tanto los inmuebles pendientes de adquisición, “como el costo de las obras de construcción, reconstrucción y adaptación” que requería el programa. Pero en la conformación presupuestal de ese total había un déficit de aproximadamente el 62 por ciento. Según lo explicó el director general Mancera en aquella sesión de la Junta de Gobierno, en el presupuesto original del Banco de México aprobado para el año 1986 la partida de inversión inmobiliaria ascendía a tan sólo a 2 429 millones de pesos. El cierre de la brecha necesitaba de una ampliación presupuestal por 4 071 millones de pesos, “sujeta a los ajustes que requieran las compras y obras respectivas…”. Y precisamente, una de las finalidades de aquella sesión de la Junta de Gobierno fue gestionar la autorización para que “el presupuesto en inversión física del Banco, correspondiente al ejercicio 1986” se incrementase en 4 071 millones de pesos, para quedar en la cifra deseada de 6 500 millones. En el orden contable, en la medida en que se fueran ejerciendo las partidas autorizadas, se irían afectando los rubros en libros que correspondieran a inversión física. Todas las ventas de inmuebles y las adquisiciones quedarían supeditadas a la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Según consta en el acta que se levantó, dicha ampliación autorizada del presupuesto se aplicaría, en primer lugar, “a cubrir erogaciones relativas a la compra, construcción y adaptación de inmuebles en que se ubicarán oficinas y dependencias del Banco de México…”. En segundo lugar, a cubrir “los gastos asociados a la adquisición de los inmuebles…”. Y en tercer sitio, a absorber “las erogaciones en los equipos especiales que se requieran para el adecuado funcionamiento de los citados inmuebles”. En suma, se concretó el adiós definitivo al Complejo o Conjunto Hidalgo.

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