Tomo XVII: Esfuerzos de saneamiento
V. Miguel de la Madrid Hurtado y el FMI

En sus reveladoras memorias, el expresidente López Portillo escribió unas líneas muy críticas –rebosantes de antipatía y desinformación– en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la opinión de tan controvertida figura histórica se trataba de una organización cómplice de las grandes potencias para mantener en subordinación implacable “a los países, que, como naciones, llegaron tarde y pobres al banquete universal, ya sin muchas posibilidades accesibles y sin muchas esperanzas viables”. Lo anterior en cuanto a antipatía por parte de un observador externo, pero en cuanto a ignorancia estaba la incomprensión fatal de que el ahorro mundial es un bien escaso y precioso que debe ser cuidado y usado con gran moderación. No es posible abusar del crédito internacional y seguirlo teniendo de manera ilimitada e indefinida. En razón de que el gobierno de México (1970-1976) había abusado del crédito externo de manera irresponsable, es que, al llegar a la presidencia en diciembre de 1976, López Portillo se encontró con que México tenía suscrito un programa de apoyo con el FMI para, textualmente, “disponer de las divisas que nos permitieran enfrentar los efectos de la devaluación de 1976 y los problemas que seguían, cuando los bancos ya no nos prestaban y sí nos cobraban”.[1] Con esas ideas y antecedentes, fue una verdadera paradoja que después de un abuso todavía mayor del crédito externo por parte de su administración, en la recta final de aquella presidencia el gobierno del presidente López Portillo tuviera que tocar las puertas del odiado FMI en solicitud de un nuevo programa de apoyo para México. Y casi igualmente paradójico resultó que mancomunadamente con el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog Flores, la carta de intención correspondiente viniera suscrita por Carlos Tello Macías, en su calidad de director general del Banco de México. Se trataba de un enemigo y odiador del FMI, igual de acérrimo o más que el propio López Portillo. La carta de intención, con fecha oficial 10 de noviembre de 1982, estuvo dirigida a la atención de Jacques de Larosière, a la sazón, director gerente del organismo.

Metafóricamente, el FMI podía conceptualizarse como el hospital mundial para los países enfermos de crisis de balanza de pagos. A ese hospital tenían que acudir en busca de curación, lo cual solía demandar tratamientos muy difíciles y exigentes en materia de esfuerzo gubernamental y costo social. En términos muy esquemáticos, los aludidos problemas de balanza de pagos podían tener dos naturalezas causales: de origen externo o interno. El caso más común de esa problemática con origen externo, se concretaba cuando países con exportaciones muy concentradas, sufrían una caída importante en sus términos de intercambio (el cociente entre los precios de las exportaciones en comparación con los precios de las importaciones). Así, el desplome de los precios de las principales exportaciones (como le había ocurrido muchas veces a Chile, con los precios del cobre y de los nitratos) producía la crisis de balanza de pagos con efectos devastadores sobre nivel de empleo y de producto. Y la única cura era un esfuerzo de cambio estructural dirigido a la diversificación de las exportaciones. En el lado de los problemas de balanza de pagos por causas internas, el caso más típico era el de economías en las que se había venido aplicando expansionismo fiscal y monetario. Los desbalances fiscales se traducían en forma directa en déficits amplios en la cuenta corriente. El expansionismo monetario era la causa principal de la inflación rampante que se desataba. La curación implicaba un esfuerzo muy grande de saneamiento fiscal y de erradicación del fenómeno denominado dominancia fiscal: la imposibilidad política de la banca central para negarse al financiamiento del déficit fiscal. Aunque en el caso que corría de México había habido de las dos causas, los grandes problemas de balanza de pagos que pesaban tenían principalmente su fuente en causas internas. La terapia tenía que ser necesariamente intensa dada la magnitud de los desequilibrios. Así tendría que ser, a la luz del inmenso déficit fiscal (alrededor de 17 por ciento con respecto al pib) y la elevada inflación que se había desatado (de casi 100 por ciento anual).

En un panorama general, en el gobierno de Miguel de la Madrid, México concertó dos programas de apoyo con el Fondo Monetario Internacional. El primero, en el formato de “Facilidad Ampliada” que fue aprobado el 26 de diciembre de 1982 por un monto total de 3 611 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 3 989.9 millones de dólares con datos al cierre de ese año.[2] Ese programa de Facilidad Ampliada cubriría los tres primeros años del sexenio: 1983, 1984 y 1985. Más adelante, en el año 1986, después de muchos esfuerzos por parte del gobierno, México logró contratar otro programa de apoyo con el Fondo, por la suma aproximada de 1 700 millones de dólares y una cobertura cronológica de 18 meses. Siendo de que ese programa fue del tipo “Crédito Contingente” (Stand by, en inglés) y que se aprobó hasta el 30 de septiembre de ese año, su cobertura alcanzaría hasta el mes de marzo de 1988.[3] En la metodología operativa del FMI, los programas de “facilidad ampliada” habían sido creados para atender a países miembros con problemas de balanza de pagos con un origen estructural. Es decir, la clase de problemática de balanza de pagos que enfrentaba México al inicio del sexenio del presidente De la Madrid. Por su parte, los programas de “Crédito contingente” eran por un plazo más corto (entre uno y dos años) e involucraban un monto de recursos menor. En su momento, México enfrentó muchas dificultades para acceder a los fondos de los últimos tramos del programa de “Facilidad Ampliada” y muchas más para negociar el plan de “Crédito contingente”, ya mencionado. Dos fueron las razones principales para tales dificultades: primeramente, una caída secuenciada muy marcada de los precios del petróleo, la exportación más importante de que disponía el país. Y a ese factor se aunaron los fuertes sismos que golpearon al país en septiembre de 1985 con todas sus secuelas. De esos dos muy poderosos choques externos se derivó la necesidad de solicitar el Crédito Contingente que se otorgó hasta septiembre de 1986.

¿Por qué contratar con el FMI un programa de “Facilidad Ampliada” a finales de 1982? Con la llegada al poder de la administración del presidente De la Madrid, el panorama doctrinal para la política económica interna se modificó mucho en comparación con el que había prevalecido previamente. En otras palabras, con o sin programa con el FMI había internamente el convencimiento de que México tendría que seguir las recomendaciones del organismo en materia de política económica. Es decir, trabajar en el saneamiento de las finanzas públicas, procurar la desinflación y aplicar una política cambiaria realista y funcional para, por esas vías, volver algún día al crédito externo voluntario y a la ruta del desarrollo autosostenido. Sin embargo, aun habiendo esa coincidencia de visiones, en ese momento resultaba altamente conveniente para el país también contar con un programa de política económica con el Fondo. Y ello, cabe insistir, no únicamente por la disponibilidad de recursos externos para financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Provisión sin la cual, el ajuste de las finanzas públicas y la política monetaria restrictiva habrían tenido que ser mucho más intensos. Es decir, había ventajas adicionales muy importantes que usufructuar de un arreglo con el organismo. Para empezar, el apoyo y la comprensión por parte de los gobiernos de los países avanzados, principalmente de los Estados Unidos, incluyendo desde luego al Departamento del Tesoro y al Sistema de la Reserva Federal. Eventualmente, en esos gobiernos había una fuente adicional de crédito en caso de emergencia. El programa con el FMI sería también vehículo y canal para el enlace con los organismos financieros internacionales y continentales. En el primer caso, el Banco Mundial (bm) y el Banco de Pagos Internacionales (bis) y en el segundo, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Finalmente, el programa con el Fondo y una buena relación con el organismo servirían a manera de catalizador para poder negociar con los acreedores externos de México, que sumaban cerca de 500 bancos del extranjero. Al respecto, cabe recordar que, en total, la deuda externa de México ascendía a cerca de 80 000 millones de dólares.

El programa de Facilidad Ampliada preveía la presentación al director gerente del FMI de tres cartas de intención por parte del gobierno de México. La de mayor importancia (que llevaría la fecha 10 de noviembre de 1982) estaba llamada a cumplir dos finalidades: la aprobación del programa por parte del Directorio Ejecutivo del organismo y contar con la luz verde para la disposición de los recursos correspondiente a 1983, primer año de cobertura del programa. En esa Carta de Intención, ya referida párrafos atrás, se precisaban los objetivos generales que perseguiría la política económica de México no únicamente durante el periodo de extensión del programa sino durante la totalidad del sexenio: “… llevar a cabo los grandes ajustes que son necesarios para restaurar un crecimiento sostenido del producto y del empleo, moderar el desbalance externo, reducir la inflación y fortalecer las finanzas públicas”. Todo, con la meta de que ulteriormente se “alcance el potencial de crecimiento de largo plazo”. En ese marco, en particular “el fortalecimiento de las finanzas públicas elevaría la capacidad del Estado para cumplir su papel de liderazgo en la economía en el contexto del régimen de economía mixta prevaleciente en México”. Por su parte, el lineamiento que guiaría a las políticas monetaria y crediticia sería “que el volumen de los recursos crediticios suministrados a la economía fuese congruente con las metas respecto al producto, la balanza de pagos y la lucha contra la inflación”. En lo relativo a política salarial, los incrementos en salarios estarían alineados “a los objetivos de empleo, salvaguarda del nivel de vida de la clase trabajadora, participación adecuada de los trabajadores en el crecimiento del ingreso y de la productividad…”. Por lo que respecta a estrategia cambiaria, “… en el contexto de una política de tipo de cambio flexible, mantener en un nivel adecuado la competitividad de la economía para las exportaciones, reducir los incentivos a la adquisición de importaciones no esenciales y desincentivar los movimientos especulativos de capital”. Finalmente, en lo correspondiente a política comercial, revisar a fondo el sistema de protección con el fin de inducir mayor eficiencia en los procesos productivos, procurar el bienestar de los consumidores, mantener el empleo, impulsar las exportaciones y evitar las ganancias oligopólicas que propician un sistema de protección excesiva”.[4]

Fue en el marco descrito de política económica en el que se determinaron las metas para el programa de Facilidad Ampliada que se negoció con el FMI a finales de 1982. En la Carta de Intención de las autoridades mexicanas únicamente se mencionaron tres de ellas, tal vez por su importancia especial. Primeramente, las metas relativas a déficit neto del sector público las cuales se fijaron (a partir de un estimado de 16.5 por ciento sobre el pib en 1982) en 8.5 por ciento o menos al cierre de 1983, 5.5 por ciento a 1984 y 3.5 por ciento al cierre de 1985. En la Carta de Intención también se especificó que al cierre de 1983 el endeudamiento externo neto del país no excediera de 5 000 millones de dólares con el compromiso de ir reduciendo esa cifra durante los años subsiguientes del programa. Por último, en esa misiva también se señaló que el apoyo solicitado por México al FMI sería equivalente al 450 por ciento de su cuota en el organismo. El resto de las metas aplicables quedaron especificadas en un Memorándum Técnico, seguramente negociado entre las autoridades mexicanas y los funcionarios del organismo. En cuanto al año de 1983, en dicho documento se especificó, en particular, que al cierre de diciembre los activos del Banco de México contra el sector público no deberían superar un techo de 3 097 miles de millones de pesos, habiendo sido la cifra nominal para 1982 de 2 310 miles de millones. De manera paralela, al cierre del año los activos netos internos del Banco de México no deberían superar la cota de 104 miles de millones de pesos, sin señalarse el dato correspondiente al cierre de 1982. De forma muy importante, la meta para la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de México se fijó en al menos 2 000 millones de dólares, habiendo sido el saldo al 30 de septiembre anterior de tan sólo poco más de 734 millones de dólares. Todas esas variables de seguimiento, con metas específicas trimestrales para el año 1983. Por último, en los dos puntos finales del Memorándum Técnico se confirmaron los compromisos del gobierno de México de no imponer en materia cambiaria restricciones adicionales de pagos o tipos de cambio múltiples y de proceder a la restructuración de la deuda externa.[5]

En una misiva previa del 8 de diciembre de 1983 a la Carta de Intención para el año de 1984, el gobierno de México le manifestaba al director gerente del organismo, Jacques de Larosière, su pleno compromiso para cumplir con el programa de política económica que se proponía para el año 1984, incluido desde luego el cumplimiento con las metas cuantitativas que se acordaran con los funcionarios del organismo. Asimismo, se reiteró la aceptación de México de la política tradicional del FMI relativa a las revisiones periódicas, avance de los programas y, en particular, respecto del cumplimiento de las metas prefijadas. Precisamente a ese cumplimiento de las metas que se habían planteado para 1983 se hizo referencia en un documento técnico que los expertos del organismo prepararon para conocimiento del Directorio Ejecutivo con fecha 30 de enero de 1984. En ese documento se hizo ver en forma gráfica la forma en que se había dado ese cumplimiento para todas las metas trimestrales que se habían prefijado para las seis variables de supervisión: crédito neto interno del Banco de México al gobierno federal; crédito interno neto del banco central; reserva internacional, déficit del sector público, y utilización de crédito externo; en el caso del programa de política económica para el año 1983 se adicionó un objetivo sobre liquidación de adeudos vencidos tanto de la deuda externa pública como de la privada. Respecto de este último asunto, habiéndose fijado el objetivo en una liquidación de al menos 500 millones de dólares, el monto total de adeudos vencidos pagados cerró el año en aproximadamente 1 000 millones de dólares. Con relación a finanzas públicas, el déficit del sector externo terminó cerca del 8.5 por ciento sobre el pib en cifras preliminares y el recurso al crédito por debajo del techo de 5 000 millones de dólares. Con relación al Banco de México al término la reserva internacional cerró muy por arriba del objetivo en 3 219 millones de dólares y el crédito al gobierno federal y general, respectivamente, en 3 000 miles de millones de pesos y una reducción de aproximadamente 600 millones de pesos. Como se comprenderá, trámites burocráticos aparte, no hubo problema para la renovación del programa de Facilidad Ampliada para el año 1984.[6]

Según la Carta de Intención presentada por el gobierno de México a la atención del director ejecutivo del FMI con fecha 3 de enero de 1984, mediante el programa económico que se proponía para ese año se buscaría una “reducción sostenida de la tasa de inflación y la recuperación del crecimiento económico, a la vez de mantener la solidez de la balanza de pagos”. Y en la parte final de esa misiva se aseguraba que todas las acciones de política económica contempladas en el programa que se presentaba no constituían un fin en sí mismas, sino un medio hacia la aspiración ulterior de que la economía de México recuperase su capacidad para un desarrollo autosostenido. En la Carta de Intención se destacaba que durante 1983 la política económica de México había efectivamente podido cumplir de manera holgada todas las metas planteadas dentro del programa de Facilidad Ampliada. Pero en particular, en esa carta suscrita por el secretario de Hacienda y el director general del Banco de México, se puso énfasis especial en dos logros importantes: la muy fuerte corrección conseguida en el frente de la balanza de pagos y los avances en la renegociación de los dos tramos en que se integraba la deuda externa del país: la privada y la pública. En cuanto a la corrección de la balanza de pagos más allá de las expectativas, desde el punto de vista analítico se podía explicar por el efecto del ajuste fiscal logrado, una política cambiaria proactiva orientada a fortalecer la competitividad de la economía interna y los avances en la racionalización del sistema de protección comercial. En lo relativo a la renegociación de la deuda externa privada, se habían liquidado pagos vencidos por 1.1 miles de millones de dólares (mmd) y restructurado pasivos por 11.6 mmd. La renegociación de la deuda externa había correspondido a las amortizaciones con vencimiento entre agosto de 1982 y cierre de 1984.[7]

La continuación del programa de Facilidad Ampliada con México para el año 1984 fue aprobada por el Comité Directivo del FMI en su sesión del 2 de marzo. El tope de disposiciones de recursos del organismo se estableció en 2 206.88 miles de millones de deg equivalentes aproximadamente a 2 427.57 millones de dólares. En cuanto a las metas intermedias de disposición, saliéndose un poco el staff del Fondo de ser práctica tradicional de fijar esas cotas de manera trimestral, para el programa de 1984 esa determinación parcial se fijó para tres fechas en cifras acumulativas: mayo 20, 1 304.06 millones de deg; agosto 20, 1 605.00; noviembre, 1 905.94. Por último, para el 31 de diciembre la cota de 2 206.88.[8] La presentación del calendario anterior es de relevancia pues permite ilustrar un aspecto que era muy importante en todos los programas macroeconómicos que acordaba el organismo con sus países miembros: el de la condicionalidad. O más bien, la práctica de hacer depender la disponibilidad de los recursos prometidos al cumplimiento de las metas establecidas de manera anticipada. Para el caso de la continuación del programa de Facilidad Ampliada con México para el año 1984, se fijaron metas para los siguientes conceptos: déficit fiscal, uso de crédito externo por parte del gobierno, intermediación financiera total, saldo del crédito del Banco de México al sector público, saldo neto del crédito interno del Banco de México, reserva internacional del banco central y requisitos para el uso de la partida de gasto contingente en el presupuesto público para 1984 por 277 miles de millones de pesos.

1. Déficit fiscal, habiendo sido el saldo al cierre de 8.3 por ciento sobre el pib o 1 500 miles de millones de pesos (mmp). Así, primer trimestre, 330; segundo trimestre, 640; tercer trimestre, 980 y cierre del año, 1 524 mmp o 5.5 por ciento sobre el pib.

2. Uso de crédito externo por el gobierno: meta anual, no más de 4 mil millones de dólares (mmd) con los siguientes topes trimestrales acumulados: primer trimestre, 1.1; segundo trimestre, 2.1; tercer trimestre, 3.1 y cierre del año por debajo de 4 mmd.

3. Intermediación interna neta: meta anual, no más de 200 miles de millones de pesos, con topes trimestrales de 70, 130, 170 mmp. Con respecto a la anterior referencia se estableció lo siguiente en el Memorándum Técnico: “En el caso de que los límites a la expansión de la intermediación total sean rebasados, los límites al déficit del sector público serán modificados a la baja en una relación proporcional”.

4. Crédito del Banco de México al sector público: meta anual, 3 734 miles de millones de pesos, habiendo sido la cifra de cierre de 1983 de 2 817 mmp. Así, primer trimestre, 3 023; segundo trimestre, 3 205; tercer trimestre, 3 397 mmp y cuarto trimestre, 3 734 mmp.

5. Reducción del crédito interno del Banco: meta anual, 43 miles de millones de pesos. Primer trimestre, saldo en 40 mmp; segundo trimestre, 71 mmp y saldo al tercer trimestre, 113 mmp.

6. Acumulación mínima de reservas internacionales por parte del Banco de México: meta anual, 2 000 millones de dólares (md). Primer trimestre, 300; segundo trimestre, 800 y tercer trimestre, 1 300 md.

7. Utilización de una partida contingente en el presupuesto de gastos por 277 miles de millones de pesos, sujeta a dos condiciones: a) estancamiento visible de la actividad económica, y b) disponibilidad de recursos no inflacionarios para su financiamiento.[9]

El desarrollo del programa de Facilidad Ampliada en su segundo año de aplicación quedó descrito con pormenor en un documento interno preparado por el personal técnico del Departamento del Hemisferio Occidental con fecha 10 de mayo de 1985. El panorama general es que la aplicación del programa marchaba de manera satisfactoria –con excepción de los resultados en el frente de inflación– hasta que en los últimos meses del año se debilitó la disciplina en materia de finanzas públicas y expansión crediticia. Con todo, al cierre del año la actividad económica se expandió en alrededor de 3.5 por ciento en términos reales, la balanza de pagos se conservó fuerte con superávits significativos en balanza comercial (14 billones de dólares) y cuenta corriente (4 billones) con una acumulación de reservas internacionales (3 billones) muy por arriba de la meta, ocurriendo algo parecido con el criterio de reducción de los activos del Banco de México contra el gobierno (53 miles de millones de pesos contra la meta de 43). De manera adicional, el recurso al crédito externo por parte de sector público fue por tan sólo de 1.2 billones de dólares contra el techo original de 4 billones. En el frente de la utilización de los recursos de FMI, a pesar del ya mencionado relajamiento en la aplicación del programa la disposición fue completa de acuerdo a los planes originales, habiendo tenido lugar la última de ellas ya avanzado el mes de noviembre. La explicación administrativa dada por el organismo es que los criterios de referencia para disposición fueron los señalados para el cierre de septiembre y hacia esa fecha la aplicación del programa marchaba de manera satisfactoria.[10]

En el documento preparado por el Departamento del Hemisferio Occidental es evidente la preocupación por la incapacidad para cumplir tanto con las metas de inflación como respecto al relajamiento de la disciplina en el manejo de la demanda agregada hacia finales de 1984 y durante los primeros meses de 1985. Habiendo sido la meta de inflación de 40 por ciento anual el incremento final había terminado en 59 por ciento anual. ¿Por qué? En el documento citado se mencionan tres factores causales principales. Primeramente, la liberalización de muchos precios controlados hacia los meses iniciales del año. En segundo lugar, se refirió que el paso de la protección comercial de permisos de importación a aranceles se había avanzado de forma mucho más pausada que la contemplada originalmente. Y a ello, se agregó que los aumentos salariales habían resultado a la postre más elevados que lo previsto. En cuanto al relajamiento del control sobre la expansión de la demanda agregada aparentemente el proceso se había iniciado en el mes de agosto con la habilitación de la partida contingente de gasto por 277 miles de millones de pesos. En esa forma, el déficit fiscal había terminado en 6.2 por ciento contra el pib en lugar del objetivo original de 5.5 por ciento. Y el crédito interno había repuntado de manera importante durante los meses finales de 1984 e iniciales de 1985. En tal sentido cabe citar la afirmación contenida en el documento de que “la expansión marcada en la demanda de crédito” durante el periodo considerado “contribuyó a presionar los precios internos y también la posición de reservas internacionales del Banco Central”.[11]

El gobierno de México había logrado disponer de la totalidad de los apoyos acordados con el FMI correspondientes al segundo año del acuerdo de Facilidad Ampliada. Pero desde octubre de 1984 se hizo evidente que la continuación del programa para su tercer año de vigencia se estaba dificultando con las autoridades del Fondo. A este tema se hizo referencia en la Crónica del Sexenio 1982-1988 en una entrada correspondiente al mes de marzo de 1985. La renuencia de las autoridades del organismo a conceder sin mayor trámite esa extensión se había hecho evidente desde que a finales de octubre precedente una misión técnica del organismo viajó a México con la finalidad de hacer una evaluación cuidadosa de la marcha del programa como parte de las consultas periódicas que se llevaban a cabo al amparo de la cláusula iv del Convenio Constitutivo del organismo. Desde esa misión se externó la preocupación con la marcha de la inflación interna y el incumplimiento al cierre del año con la meta planteada de déficit público. Las altas autoridades del organismo tendieron a coincidir con la opinión de la misión técnica y el desacuerdo pareció meter a las negociaciones con el gobierno de México en un impasse. Y las preocupaciones de las autoridades del organismo se intensificaron cuando se hicieron públicas las cifras de inflación y sobre todo de déficit fiscal. Respecto a esto último, la cifra definitiva del déficit fiscal resultó de 7.7 por ciento en relación al pib y por tanto 2.2 puntos porcentuales por arriba de la meta. Y un dato que exacerbó los temores fue el de la inflación en el mes de enero de 1985 con un incremento mensual de 7.4 por ciento. Fue entonces que el secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog decidió viajar a Washington para entrevistarse con las autoridades del Fondo en busca de una salida al estancamiento de las negociaciones.[12]

Los desacuerdos eran muchos. Aparte de los problemas con la inflación y la insuficiencia fiscal, en su reporte de consulta el personal técnico había puesto de relieve otras inquietudes adicionales. Aunque de manera sutil, el personal técnico del FMI parecía abrigar dudas sobre la determinación del gobierno de México para profundizar la política de reducir el control sobre las importaciones. Junto con la liberalización de precios, esa política se consideraba esencial tanto para imponer en la economía disciplina de mercado como para coadyuvar a la lucha contra la inflación. En materia de política monetaria y crediticia había la duda de si las autoridades monetarias tendrían la suficiente determinación para absorber de manera rápida la excesiva liquidez que se había manifestado tanto a finales de 1984 como a principios de 1985. También parecía haber escepticismo con respecto a la política salarial para el año final del programa de Facilidad Ampliada. Claramente, en 1984 los incrementos salariales concedidos habían contribuido “a generar presiones de costos y a impedir la moderación de las expectativas de inflación”. Para el año siguiente, los incrementos salariales tendrían que vigilarse con gran cuidado a fin de asegurar que la política salarial “resulte consistente con la reducción de la inflación”. Y otro campo de preocupación estaba dado con respecto a la política cambiaria. De manera muy evidente, el personal del FMI veía con muy malos ojos la política cambiaria de México con un mercado libre y otro controlado y dos tipos de cambio en operación. Pero además de ello, había preocupación con la forma en que los tipos de cambio se habían apreciado en términos reales restándole competitividad a la planta productiva, sobre todo estando pendiente una reducción de los márgenes de protección para las importaciones. En tal respecto, el staff se manifestaba preocupado acerca de si el margen de maniobra no estaba ya muy delgado y habría que modificar a futuro de manera drástica ya fuera el ritmo de deslizamiento e incluso el nivel de los dos tipos de cambio.[13]

El gobierno de México intentaba desatorar la continuación por su tercer año del programa de Facilidad Ampliada con el FMI tanto por la vía de las negociaciones directas como por conducto de acciones de política económica que transmitieran, tanto a los agentes económicos en la economía interna como a la comunidad financiera mundial, su determinación de perseverar en el proceso de saneamiento de la economía mexicana. En este último orden, el 6 de febrero las más altas autoridades del país dieron a conocer un paquete de medidas orientadas a las siguientes finalidades: reducir la obesidad del sector público, combatir ineficiencias en dicho sector, moderar las presiones inflacionarias y mejorar la estructura de las transacciones comerciales con el exterior. En materia de fortalecer las finanzas públicas, se anunció en ese paquete un recorte del 4 por ciento en los gastos corrientes, transferencias y subsidios gubernamentales. En el mismo sentido, se suprimieron los programas públicos no prioritarios y se cancelaron las plazas de confianza que estuvieran vacantes y se congelaron las de base en esa situación. Asimismo, también con miras a reforzar el balance presupuestal se anunció una mayor eficiencia en la recaudación tributaria, la simplificación de los trámites administrativos y la revisión de las participaciones de las entidades federativas sobre los ingresos tributarios. En cuanto a reducir la obesidad del sector público, se anunció la desincorporación de 236 organismos y empresas estatales por la vía de la transferencia, fusión, liquidación o privatización. Y en lo relativo a moderar el proteccionismo comercial, se decidió acelerar el proceso del cambio de permisos de importación por la aplicación de aranceles.[14] Posiblemente, al momento de dar a conocer las medidas comentadas todavía no estaba en el radar del gobierno de México la adhesión al gatt (General Agreement on Tariffs and Trade), la cual se concretaría hacia finales de ese año.

En la Crónica del Sexenio 1982-1988 se habla de que el proyecto de Carta de Intención para 1985 “sufrió continuas modificaciones” a lo largo de su proceso de negociación, pero no es posible detectar ese hecho en los documentos oficiales del Fondo Monetario Internacional. Y aunque el proceso de pláticas se llevó a cabo de manera privada, el impasse se transmitía a la opinión pública en la forma de incertidumbre y desconfianza. Pero es indudable que, a pesar de las demoras, ese proceso debe haber estado marcado por aproximaciones sucesivas. Según noticias, en el contexto de las negociaciones con los acreedores externos de México, el 11 de marzo el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog anunció desde Washington que próximamente quedaría firmada la Carta de Intención para activar el tercer tramo del programa de Facilidad Ampliada. Por otro lado, en la ya mencionada Crónica del Sexenio, se menciona que las conversaciones entre las autoridades de México y una misión técnica del organismo se terminaron el 21 de marzo de ese año, “lográndose conciliar los términos, cifras y aspectos técnicos que conformarían el texto de la Carta de Intención de 1985”. Con todo, en esa fuente se hace notar que el director gerente del organismo internacional no recibió dicha misiva sino hasta tres meses después de lo esperado, teniendo como referencia la primera carta de Intención del programa de Facilidad Ampliada que se presentó en diciembre de 1982. Con esos antecedentes, la Carta de Intención se presentó a la consideración de Jacques de Larosière con fecha oficial de 26 de marzo, habiéndose anunciado ese hecho de manera amplia. Sabido era que una vez acordada una Carta de Intención, su aprobación por las más altas autoridades del organismo era ya una cuestión de rutina. Sin embargo, el asunto no se presentaría a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo sino entre cuatro y seis semanas después.[15]

En los papeles oficiales del archivo histórico del FMI es posible consultar de manera conjunta la Carta de Intención del gobierno de México para el año 1985 junto con el Memorándum Técnico preparado por los expertos del organismo en el cual se especificaban las condiciones para el programa con su expresión cuantitativa y su calendarización por trimestres. Al igual que en las cartas de intención para los dos primeros años del programa de Facilidad Ampliada, la correspondiente a 1985 contenía un recuento de las políticas que formarían parte de la estrategia económica de México para ese año además de la referencia a los techos o límites que se aplicarían a las variables clave de seguimiento del programa, principalmente para el déficit fiscal, el crédito primario del Banco de México con su meta mínima de acumulación de reservas internacionales y la expansión financiera total en la economía. Pero en esa Carta de Intención del 24 de marzo de ese año hubo tres novedades dignas de ser notadas. En primer lugar, con respecto a la posibilidad de que en el transcurso del programa los precios internacionales del petróleo, que eran vitales para los ingresos por exportación de México, pudieran caerse de manera imprevista. En tal sentido, en los párrafos correspondientes a finanzas públicas se hizo la advertencia de que desde “la aprobación del presupuesto para 1985, los precios del petróleo se habían debilitado” y para justificar las medidas de austeridad fiscal adoptadas por el gobierno en el mes de febrero de ese año se aclaró que esas y otras prevenciones deberían entenderse “en vista de una posible declinación de los precios del petróleo”. De manera tácita, las autoridades mexicanas estaban dando a entender que un debilitamiento ulterior muy marcado en esa variable podría ser muy dañina y en caso extremo inclusa devastadora, para la marcha del programa. La segunda novedad consistió en la promesa de las autoridades de México de ajustes adicionales en la economía de tipo estructural, tal vez como muestra de que la voluntad de aplicar reformas era legítima y efectiva en el gobierno de Miguel de la Madrid. Este fue el caso, en primera instancia, con la política que se anunció (párrafo 11) de proceder a la desincorporación de 236 entidades o empresas del sector público. Y también el anuncio de la desincorporación de los activos no crediticios de los bancos que se habían expropiado en 1982 con la promesa adicional de su restructura mediante un programa de fusiones (párrafo 15). Y la tercera novedad consistió en la nueva política que se anunció para el saneamiento financiero de las principales entidades estatales.[16]

Formalidades de lenguaje aparte, nunca antes en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se había dado reconocimiento al hecho de que Pemex, la cfe, Conasupo y otras entidades fundamentales del Estado mexicano se habían convertido con el tiempo en verdaderos barriles sin fondo. Toda vez que la época de las vacas gordas se había ido para siempre (o en realidad nunca había llegado), las autoridades tuvieron que caer en la cuenta de que en un esfuerzo de saneamiento nacional integral algo debía hacerse para meter algo de orden en la situación financiera de esas entidades y organismos. El punto de partida fue que el gobierno federal aceptó asumir la deuda externa de esas entidades y organismos a cambio de que se le permitiera un control, transparencia y supervisión estrictas sobre su manejo financiero. Para tal finalidad, se fortalecieron las capacidades operativas del llamado Comité Intersecretarial a la vez de aplicar al funcionamiento de esas entidades una metodología parecida a la que solía seguir el FMI en sus programas de apoyo con países miembros mediante la fijación de topes mensuales y trimestrales a sus indicadores de gasto y endeudamiento. Para la aplicación de esa política de rehabilitación financiera se acordaron varias líneas de acción específicas: a) Prohibición a los bancos comerciales de otorgar crédito a las entidades y organismos en cuestión, salvo mediando autorización expresa de la Secretaría de Hacienda; b) Estricto control de los pagos recíprocos entre entidades y organismos para evitar apropiaciones de recursos y la acumulación de saldos ociosos; c) Supervisión minuciosa de su manejo de caja y liquidez; d) Verificación sobre el cumplimiento en su ámbito respectivo de las medidas de austeridad presupuestal y reducción de personal acordadas por el gobierno federal en febrero de 1985.[17]

¿Por qué tanto interés por parte de las autoridades mexicanas para poner en ejecución la continuación del programa de Facilidad Ampliada para su tercer año de vigencia? Al parecer hubo una razón concreta de mucho peso para empujar la aprobación de esa tercera etapa por parte de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Que la aprobación de ese programa aparecía como una precondición para que el gobierno de México pudiese continuar la restructuración de su deuda externa con la banca internacional acreedora. Como se señala en la Crónica del Sexenio 1982-1988, “a fin de protegerse de posibles incumplimientos, la banca internacional acreedora pidió como requisito la firma de la tercera Carta de Intención con el FMI para proseguir con el proceso de renegociación de la deuda externa”. Como constancia de esa precondición, está el hecho de que la firma del acuerdo de restructuración se celebró en la ciudad de Nueva York tan sólo cinco días posteriores a la fecha de la Carta de Intención para 1985. El antecedente había sido la restructura en febrero de 1984 por un total de 23 mil millones de dólares con vencimiento original entre agosto de 1982 y diciembre de 1984, suma a la cual se agregaron 5 mil millones de dólares que se habían conseguido en préstamo adicional a principios de 1983. Con esos antecedentes en mente, el total, por poco menos de 49 mil millones de dólares programados para vencer entre 1985 y 1990, era la suma que se incluiría en los dos paquetes de renegociación que se suscribieron en el año 1985. El primero de ellos, de marzo de 1985, de deudas directas del gobierno federal por exactamente 28 600 millones de dólares. El segundo convenio del 5 de agosto de ese año por la suma de 20 100 millones de dólares, correspondió a deudas en las cuales entidades del gobierno de México habían actuado en calidad de agentes para su contratación.[18]

Sorpresivamente, en el archivo histórico del FMI, sección México y año 1985, es posible consultar un boletín de prensa del propio organismo relativo al programa de Facilidad Ampliada que se encontraba en su tercer año de vigencia. En dicho boletín de prensa, de fecha 20 de septiembre, se daba refutación a reportajes periodísticos “desorientadores” en los cuales se informaba que el Fondo había tomado la decisión “de cortar el acceso de México a los recursos del organismo” a pesar de lo especificado en el programa de Facilidad Ampliada en vigor. Según el citado boletín de prensa, los referidos reportajes periodísticos transmitían la impresión “equivocada de que había tenido lugar un rompimiento de relaciones entre México y el Fondo”. Efectivamente, estrictamente hablando, no se había producido la supuesta decisión de las autoridades del Fondo para impedir la disposición de recursos del organismo por parte del gobierno de México. Pero entonces, ¿cómo podía analizarse el significado del boletín de prensa citado a la luz del mensaje que habían intentado transmitir los reportajes periodísticos que se intentaba descalificar? La clave del enigma estaba en la metodología operativa del Fondo para los programas que acordaba con sus países miembros. Reglamentariamente, las autoridades del organismo carecían de las facultades para, de manera discrecional, cancelar programas de apoyo contratados o para impedir que los países pudieran realizar las disposiciones acordadas previamente en los memorandos técnicos. Lo que podía ocurrir, y que fue precisamente lo que le sucedió a México hacia mediados de 1985, estaba perfectamente previsto en los programas operativos acordados. Si en un momento dado, el país en cuestión no cumplía con las condicionalidades acordadas, de forma automática quedaba interrumpida su capacidad para disponer de los recursos del organismo. Según noticias, del total de recursos del FMI para el tercer tramo del programa de Facilidad Ampliada por 3.6 miles de millones de degs (aproximadamente, 3.97 miles de millones de dólares), el gobierno de México había podido disponer del 75 por ciento. O sea que el incumplimiento de metas y la suspensión del acceso a los recursos del organismo deben haber ocurrido en el transcurso del tercer trimestre del año.[19] En el archivo histórico del FMI es posible consultar el documento en el cual quedó convalidada la interrupción del tercer tramo del programa de Facilidad Ampliada.

Según noticias, la interrupción del tercer tramo del programa de Facilidad Ampliada con México amenazó con frustrar la reestructura de las deudas que habían sido contratadas a través de agentes financieros del gobierno federal, por un total de 20 100 millones de dólares. En el FMI los trámites relativos a los programas que se contrataban con países miembros se manejaban con gran confidencialidad. Sin embargo, los periodistas profesionales hacían su trabajo de indagación y resultaba casi imposible que en episodios con problemas no se produjeran filtraciones. La noticia de que un programa con el Fondo había caído en dificultades podía ser muy traumática para el país en cuestión. En el extremo, la desconfianza capaz de aflorar podría incluso detonar una corrida masiva en contra de la moneda del país involucrado. En el trance de México durante el otoño de 1985, no llegó a producirse ese escenario extremo. Pero como ya se enunció, estuvo en peligro de hacer abortar la renegociación de un tramo muy importante de la deuda externa programado para vencer en el periodo 1985-1990.

A este último episodio se hace referencia en la Crónica del Sexenio 1982-1988 en los pasajes correspondientes a las dos renegociaciones de la deuda externa del año 1985. La restructura del tramo ya referido por 20.1 miles de millones de dólares se había prepactado en la negociación marco, llevada a cabo en marzo de ese mismo año en Nueva York. No obstante, la interrupción del programa de Facilidad Ampliada con el FMI despertó una oleada de dudas sobre la capacidad de México como deudor solvente. Al respecto, se asentó en la fuente citada: “La situación económica de nuestro país en el panorama internacional volvía a ser crítica”. Pero según noticias, la perspectiva de la restructura del tramo pendiente se salvó, en muy buena medida, por la intervención favorable a México del banquero William Rhodes, vicepresidente de Citibank y, a la vez, cabeza del Comité Asesor de Bancos que se había formado para dar tratamiento al problema de la deuda de los países en desarrollo, entre ellos México. De manera muy favorable a México, el 5 de agosto Rhodes informó que la restructura prevista estaba en marcha y que nada la detendría. En reacción, el día 10 la Secretaría de Hacienda confirmó que la fecha acordada para la firma del convenio sería el 29 de ese mes. Y efectivamente, en esa fecha se suscribió en Nueva York la renegociación con la participación en la ceremonia, entre otros, del director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo y del director general de Crédito, José Ángel Gurría. En el texto citado se refiere que con las dos restructuras del año 1985 “México se convirtió en el primer país que terminaba una negociación multianual de su deuda externa”.[20]

La expectativa –la aspiración, más bien podría decirse–, era que el programa de Facilidad Ampliada con el FMI pudiera reencauzar la marcha de la economía mexicana a la senda del desarrollo autosostenido. En ese escenario, la perspectiva acariciada había sido que después de 1985 México ya no requiriese de programas de ajuste que se acordaran con el Fondo. Ello, en la medida en que la economía nacional se encontrara ya sobre el camino de una recuperación previsible, sin incertidumbres mayores. Pero como se ha visto, no pudo ocurrir en esa variante de perspectiva moderadamente optimista. Según se ha explicado, los obstáculos se retroalimentaron en el camino en la forma de desplomes en los precios del petróleo, deterioro de los términos de intercambio (precios de las exportaciones / precios de las importaciones) y tremendo golpe con los trágicos sismos de septiembre de 1985. Y el futuro tendría reservados otros infortunios para la economía mexicana en el año 1987, en la forma de una crisis bursátil seguida de una fuerte devaluación de la moneda. Pero volviendo a los meses finales del año 1985, el gobierno de México cargaba con el estigma de no haber podido terminar su programa de Facilidad Ampliada con el Fondo. Y ese estigma dificultaba enormemente la obtención de créditos externos, ya fueran concesionales o de mercado. Entonces, la difícil coyuntura llevó al trámite de una disposición adicional al amparo del programa vigente con el FMI. Y hacia adelante, para los años 1986 y 1987 se requeriría otro programa con el FMI en la modalidad Stand – by o Crédito Contingente, con un plazo de 18 meses o un año y medio.

Los iniciados en los complicados procesos operativos típicos en el Fondo Monetario Internacional, saben muy bien que el contenido de una Carta de Intención para solicitar un programa se acuerda previamente en muy pormenorizadas discusiones previas. Así ocurrió de manera esperada respecto de la Carta de Intención por parte del gobierno que se presentó a la consideración del organismo con fecha 23 de julio de 1986. Las negociaciones entre el gobierno de México y el FMI relativas a la solicitud de un programa de Crédito Contingente para los años 1986 y 1987 se iniciaron en el contexto de los trabajos para el trámite de “Consulta por Artículo iv” correspondiente al año 1986. En tiempos de prosperidad o si se quiere de normalidad, esos trámites de Consulta por Artículo iv, que por reglamento se realizan todos los años, tienen un carácter bastante rutinario. Sin embargo, las circunstancias en que se encontraba la economía de México durante ese primer semestre del año 1986 no tenían nada de normales y menos de prósperas. De ahí que aquellos trabajos de consulta no pudieran considerarse en lo absoluto como “de rutina”. Por los documentos internos del FMI puede saberse que durante la primavera de ese año estuvieron de visita en México dos misiones oficiales de representantes del organismo, ambas encabezadas por el señor Pujol, cabeza del Departamento para el Hemisferio Occidental (whd por sus siglas en inglés): la primera del 24 al 28 de marzo de 1986 y la segunda del 21 de abril al 6 de mayo siguiente. Por su parte, la delegación representante de México en esas negociaciones visitó la sede del organismo en Washington hasta en seis ocasiones entre el 21 de mayo y el 23 de julio. Según referencias, esas misiones estuvieron siempre encabezadas por el secretario de Hacienda en turno (primero Jesús Silva Herzog y a partir del 16 de junio de 1986, Gustavo Petricioli). De todas esas misiones formó parte el director general del Banco de México, Miguel Mancera, seguramente acompañado por otros funcionarios de la institución, entre ellos quien encabezaba el área de Organismos y Acuerdos Internacionales, Alfredo Phillips Olmedo.[21]

En los documentos internos del FMI no hay detalle sobre el trasfondo de la severa crisis que enmarcó las negociaciones referidas relativas al programa de Crédito Contingente para 1986 y 1987. Con todo, ese entorno de muy severa crisis sí es posible de recrear con base en los relatos en la Crónica del Sexenio 1982-1998 en las entradas relativas al periodo. Al respecto, los datos duros revelan que el precio promedio de los crudos mexicanos de exportación Istmo y Maya se había desplomado de manera continua de un nivel de 23.73 dólares por barril en diciembre de 1985 a 9.31 en mayo del año siguiente. Los ingresos de divisas por exportación de petróleo llegaron en los primeros cinco meses de 1986 a tan sólo 2 297.7 millones de dólares, cantidad equivalente a lo exportado tan sólo en los dos meses iniciales del año anterior. En comparación con la cifra de los primeros cinco meses del año anterior, la diferencia era ya de 3 500 millones de dólares y era altamente probable que la merma rebasara al final el muy pesimista pronóstico previo de 6 mil millones de dólares. Y en ese panorama de tantas dificultades, las posibilidades para conseguir créditos adicionales se veían completamente cerradas. Para empezar, a principios de marzo el FMI anunció que “negaba a México la posibilidad de recibir 1 000 millones de dólares correspondientes al último tramo del Convenio de Facilidad Ampliada firmado en diciembre de 1982”. Para el difícil año de 1986, el gobierno de México había manifestado que requeriría de apoyos por aproximadamente 4 000 millones de dólares; sin embargo, se dejó sentir el mutismo de la comunidad financiera internacional. Y fue en ese contexto, que hacia principios de junio el todavía secretario de Hacienda Silva Herzog insinuó por vez primera sobre la posibilidad de que México suspendiera unilateralmente el pago de su deuda externa. Antes del colapso petrolero, México destinaba al servicio de su deuda externa 37 por ciento del ingreso por el total de sus exportaciones, pero con el desplome de los precios del petróleo esa participación podría elevarse hasta el 60 por ciento. Fue entonces cuando el presidente De la Madrid se atrevió a sentenciar: “no hay pagadores muertos, ni clientes quebrados”.[22]

En el orden diplomático o si se quiere humano, en esa etapa tan angustiosa de negociaciones con el FMI, al parecer algunas intervenciones de figuras muy importantes en el concierto de las finanzas mundiales operaron a manera de catalizadores políticos para tratar de desatorar el nudo en el que había caído la negociación mexicana. Uno de ellos fue Paul Volcker, presidente de la Junta del Sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos, quien viajó al país y de paso llegó a comparecer ante el Comité para Asuntos Financieros del Congreso y explicó que para enfrentar con éxito sus problemas de deuda México requería de “severos ajustes internos” y, además –de manera muy importante– “de ayuda crediticia internacional”. Incluso, el propio presidente Ronald Reagan declaró el 11 de junio que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a México en la solución del problema de su deuda externa, mediando los acuerdos que fueran necesarios. Por su parte, el banquero William Rhodes, siempre mostró una actitud proactiva para avanzar en el tratamiento de esa problemática.[23] Por último, al parecer también se unió a ese impulso el propio Jacques de Larosière, director gerente del FMI. En este último orden, en el archivo histórico del organismo hay un télex que envió ese funcionario con fecha 17 de octubre de 1986 a la atención de “la comunidad bancaria internacional”. El punto de partida, era que el día previo ese funcionario, “a solicitud del gobierno de México”, había aceptado dirigirse en Nueva York a un grupo distinguido de banqueros. El tema era conseguir la aceptación de los bancos acreedores de México para que su nuevo programa económico pudiera recibir apoyo financiero integral, tanto de las fuentes oficiales como de los bancos comerciales. El FMI estaba condicionando el otorgamiento del Crédito Stand – by solicitado por México al compromiso de ese apoyo financiero completo de su programa económico.[24]

El aspecto más relevante en la Carta de Intención de marzo de 1986 fue, sin duda, el de los dos mecanismos de compensación que se incluyeron en el programa que México le proponía al FMI. El más importante y novedoso, relativo a las adaptaciones que deberían hacerse en las metas del programa, pero sobre todo en los montos del financiamiento externo, en función de la evolución que mostrara el precio del petróleo. Del segundo de los mecanismos de compensación incluidos, ya se había tenido un antecedente en la Carta de Intención anterior para el programa del año 1985. En el caso de la correspondiente para 1986, se previó un plan adicional de inversiones públicas seleccionadas en caso de que el ritmo de desarrollo de la economía no mostrase repunte durante la aplicación del programa. En esa eventualidad, tanto el Banco Mundial como la comunidad financiera internacional tendrían que cumplir compromisos muy precisos. El bm revisando la viabilidad de los proyectos de inversión que propusiera el gobierno de México, y la comunidad financiera internacional –con la inclusión, desde luego, del FMI– aportando un tramo adicional de financiamiento durante la vigencia del Crédito Contingente, por 2.5 miles de millones de dólares. De manera todavía más importante, para la evolución incierta del precio del petróleo se anticiparon tres posibles escenarios. De manera obvia, el más importante de ellos fue para el caso de que ese precio mostrara una evolución muy decepcionante por debajo de 9 dólares por barril. La regla que se planteó para ese escenario desfavorable fue que el financiamiento internacional acordado con México se aumentaría en una relación de uno a uno por cada descenso del precio respecto de esa cota inferior. El techo para esa aportación de financiamiento adicional se fijó en 2.5 miles de millones de dólares. Por su parte, para el escenario medio, con el precio del petróleo entre 9 y 14 dólares por barril, se mantendría el plan de financiamiento externo en línea con lo acordado. Por último, en la eventualidad de un precio por arriba de 14 dólares por barril se negociaría con los acreditantes de México un menor monto de financiamiento.[25]

El programa económico en respaldo del Stand - by de 1986, quedó en particular delineado en el Memorándum Técnico preparado internamente en el FMI. En dicho memorándum, las condicionalidades que imponía el Fondo se marcaron con respecto a tres ámbitos: utilización de crédito externo, finanzas públicas (política fiscal) y operaciones del Banco de México (políticas monetaria y crediticia). Sorprendentemente, no hay en ese documento referencia alguna a metas para la inflación o para la balanza de pagos. Con todo, de manera indirecta esto último se cumplía al fijarse objetivos de acumulación de reservas internacionales tanto para 1986 (500 millones de dólares) como para 1987 (900 millones de dólares). En una revisión de tipo histórico tenía poco sentido hacer referencia a las metas cuantitativas incluidas en el memorándum, toda vez que las mismas estuvieron subordinadas a lo que sucediera con el precio del petróleo y con la marcha de la economía. Confesadamente, esas metas tuvieron como supuesto básico que se materializaría el escenario básico con un precio del petróleo entre 9 y 14 dólares por barril. Pero incluso en ese panorama las metas no podían considerarse definitivas pues estaba previsto un mecanismo de ajuste automático en función de las fluctuaciones de la cotización dentro de dicha banda. Así, por ejemplo, en el ámbito de finanzas públicas las metas relativas a endeudamiento externo del sector público y balance operacional se ajustarían al alza o a la baja dependiendo de que el precio del petróleo subiera o se situara en su escenario alto o que descendiera y hasta bajara a su escenario mínimo. Y lo mismo se planteó para las variables de referencia en el campo de las operaciones con el Banco de México. En caso de que el precio del petróleo subiera, se ajustaría de manera proporcional hacia arriba, la meta de acumulación de reservas internacionales y hacia abajo las relativas a activos internos netos y activos a cargo del gobierno federal. Y un ajuste proporcional a la inversa se aplicaría si el precio del petróleo descendía. Para la intermediación financiera a cargo de la banca de desarrollo y fideicomisos públicos, se determinó una sola meta para el cierre de 1986 sin vinculación alguna con el precio del petróleo. Y el mecanismo de compensación para la actividad económica se aplicaría sólo hasta 1987 y sujeto a condiciones y a evaluación por parte del Fondo.[26]

La separación de Silva Herzog de la cartera de Hacienda, en junio de 1986, marcó una diferencia muy grande en el panorama de la política económica del país hacia el cierre del sexenio. Y también, en cuanto a la modificación del balance de poder prevaleciente en el marco de la política pura. En el panorama de política económica que se abrió después de la destitución de Silva Herzog, la preocupación por el combate a la inflación se desvaneció mucho en el espíritu de dos funcionarios clave en la administración: Carlos Salinas de Gortari, en Programación y Presupuesto; y Petricioli, en Hacienda, quien casi se acomodó como un subsecretario subordinado al primero. En ese contexto, el programa que se había negociado con el FMI pasó a un lugar secundario. Y tan ocurrió en esa forma, que durante el año 1987 la inflación repuntó a niveles alarmantes de casi hiperinflación. Otro dato muy confidencial del periodo fue que después de la salida de Silva Herzog también el director general del Banco de México, Miguel Mancera, ofreció su renuncia al presidente De la Madrid, la cual le fue denegada.[27] Con muy poca previsibilidad, bajo el mando titubeante de Salinas y Petricioli, lo que salvó a la economía mexicana de caer finalmente al abismo fue el lanzamiento en diciembre de 1987 del Pacto para la erradicación de la inflación en México. Un enfoque novedoso de corte heterodoxo, bajo la idea de avances graduales.

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