Tomo XVIII: Enfrentamiento de problemas
II. Debates y enfrentamientos

 

Ernesto Fernández Hurtado (EFH) era tío del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. El parentesco provenía de que el propio Fernández Hurtado había sido primo hermano de la madre de Miguel de la Madrid con nombre de soltera, Alicia Hurtado. Pero aparte del parentesco consanguíneo, existían entre el tío Ernesto y el sobrino Miguel y sus respectivas familias lazos de afecto muy profundos y cercanos. En su natal Colima, el padre de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentarse con una banda de malhechores que en un trance los había atacado. En dicho enfrentamiento aquel padre de familia perdió la vida quedando su viuda y los hijos en una situación de gran precariedad. Con el temor de sufrir agresiones adicionales por parte de los delincuentes que tanto daño les habían ya causado. La solución al problema fue emigrar de Colima con destino a la capital del país. Ya en la ciudad de México, la familia De la Madrid Hurtado fue acogida de manera muy hospitalaria por los Fernández Hurtado. Con ellos convivió y creció el joven Miguel hasta terminar sus estudios profesionales de abogado en la Facultad de Leyes de la unam, posiblemente en 1958 a la edad de 24 años.

El economista Fernández Hurtado había tenido un desarrollo profesional muy sobresaliente en el Banco de México. Nacido en 1921, cursó la carrera de economía en la unam de 1940 a 1945. Siendo todavía estudiante, en 1943 es contratado por el Banco de México e ingresa a prestar sus servicios en el Departamento de Estudios Económicos. En esa etapa se destaca por sus aportaciones metodológicas para la estimación de las transacciones fronterizas por turismo e invisibles. Una vez graduado, en 1946 se le otorga una beca para estudiar un postgrado en economía y administración pública en la prestigiada Universidad de Harvard. Ya de regreso al Banco de México, en 1950, todavía durante la gestión de Carlos Novoa, es designado asesor técnico del subdirector general, Rodrigo Gómez. Y apenas un año después es ascendido a cabeza de la importante Oficina Técnica de la Dirección General. Ya convertido en el subordinado de mayor aprecio para el legendario banquero central Rodrigo Gómez, a partir de 1952 es designado sucesivamente gerente, subdirector y subdirector general en el Banco de México. En ese ínterin, Fernández Hurtado tiene una participación muy importante en la creación de esquemas operativos de gran utilidad como el fovi (Fondo para la Vivienda de Interés Social) y fomex (Fondo para el Financiamiento de las Exportaciones Manufactureras). Asimismo, otro proyecto en el cual también tuvo participación especial fue el del infratur, para crear polos de desarrollo turístico de cuyo trabajo derivó el establecimiento de Cancún. Y hacia finales del año 1970, a raíz de la muerte repentina de don Rodrigo Gómez, efh es designado director general del Banco de México, cargo que ocupa hasta el año de 1976, al término del sexenio del presidente Luis Echeverría.[1] A lo largo de todo ese transcurso, de forma que podríamos llamar natural –o si se quiere paternal–, el economista Fernández Hurtado le dio seguimiento tutelar al desarrollo personal de su sobrino que había quedado huérfano de padre a tan temprana edad.

Con esos antecedentes, resultó casi inexorable que, al momento de ascender a la presidencia en diciembre de 1982, el tío Ernesto gozara de una gran ascendencia sobre la voluntad del sobrino Miguel, ya en la denominada pomposamente “primera magistratura”. En ese contexto, el economista y exbanquero central tendría permanentemente a su alcance y disposición la atención y el oído del presidente de la República. Y en respuesta al explicado arreglo no institucional, el presidente De la Madrid decidió designar a su tío Ernesto como director general del más importante de los bancos que habían sido expropiados por su antecesor: el intermediario Bancomer o previamente Banco de Comercio, antes de la conformación de la banca múltiple. Hombre inteligente y decidido, el economista Fernández Hurtado tendría un desempeño destacado al frente del importante banco comercial, Bancomer, pero no le bastaría; o más bien, no le sería suficiente esa tan alta encomienda para satisfacer sus ambiciones de trascendencia. De esa manera, aprovechando, desde luego, la atalaya institucional que le proporcionaba Bancomer, pero también su relación de parentesco con el presidente de la República, Fernández Hurtado intentó en paralelo, aunque fuese de manera indirecta, apoderarse de la conducción de las políticas monetaria y crediticia del régimen. Toda esa acción injerencista, desde la oficina matriz de Bancomer. Se conformó en esa forma el extraño fenómeno que el ingenio popular dio en denominar humorísticamente como “el Fed de Coyoacán”, en evocación del poderoso banco central de los Estados Unidos y la localización urbana de la oficina matriz de Bancomer.[2]

El banquero Fernández Hurtado decidió desatar una guerra subterránea y tras bambalinas en contra de las políticas que aplicaba el Banco de México. En lo personal, se trató de una embestida para desgastar a su director general, el economista Miguel Mancera, que había sido su subordinado y con quien supuestamente logró desarrollar lazos de amistad cercanos en calidad de colega y discípulo del legendario don Rodrigo Gómez. La primera instancia para la embestida era el propio presidente de la República, quien había dispuesto, de manera un tanto irregular, que Fernández Hurtado formase parte del gabinete económico. Con derecho de picaporte, el tío banquero acudía con el sobrino mandatario y uno de los temas favoritos era acusar que la política monetaria y crediticia que aplicaba el Banco de México era supuestamente inadecuada. Las altas tasas de interés, argumentaba el tío banquero, frenaban innecesariamente la actividad económica. El alegado insuficiente desliz de los tipos de cambio llevaría a una nueva sobrevaluación de la moneda nacional, con su consecuencia en fugas de capital masivas y devaluación indetenible. Y el segundo instrumento de ataque eran los comunicadores –periodistas– a quienes Fernández Hurtado convocaba e instaba a criticar al banco central y al funcionario que lo encabezaba. En adición, el timonel de Bancomer también se puso en actividad para sembrar dudas entre sus pares colegas que administraban al resto de los bancos estatizados y a la vez socavar la autoridad del Banco de México, que era su principal ente regulador. Y para completar la labor de zapa, también desplegaba campañas de crítica haciendo circular rumores entre los círculos de empresarios y analistas a los que tenía acceso para exacerbar el ambiente antagónico en contra de Mancera y la banca central. Nunca pudo saberse si lo que buscaba era la destitución de Mancera.

No es posible saber si al momento de pensar en el nombramiento de los principales colaboradores de su régimen pasó por la mente del presidente Miguel de la Madrid la posibilidad de redesignar a su tío, Ernesto Fernández Hurtado, en el timón del Banco de México. Como ya se ha visto, había ocupado ese cargo de 1970 a 1976 y no le faltaban capacidades para la encomienda. Sin embargo, los precedentes no eran favorables. Nunca se había presenciado un regreso tan forzado al mando del banco central, además de pesar la desventaja del parentesco con el presidente. Emulando en un sentido un poco distinto al controvertido López Portillo, se habría reeditado el cuestionable caso del “orgullo de mi nepotismo”. Pero la dificultad no sólo derivó de los afanes injerencistas del tío en la conducción de las políticas monetaria y crediticia, sino del sesgo inflacionista con el que contaminó sus propuestas, traicionando esencialmente la herencia doctrinal de don Rodrigo Gómez en la que se había formado y desarrollado. Desde su fortaleza en el barrio de Coyoacán, el director general de Bancomer decidió, unilateralmente, que él sabía mejor que el Banco de México, incluyendo desde luego a su cabeza formal, el director general, Miguel Mancera, cuál debía ser el nivel de las tasas de interés, el desliz de tipo de cambio y la tasa del encaje legal aplicable a la captación de la banca. Y como ya se ha indicado, en alguna medida importante sus indicaciones respecto de la conducción de las políticas a cargo del Banco de México estuvieron marcadas con un sesgo expansionista. Un sesgo inflacionista con el agravante de una situación de muy elevada inflación. A manera figurada, de echarle gasolina al fuego. Pero en una de las primeras escaramuzas de aquel enfrentamiento injerencista, al economista y director general de Bancomer se le ocurrió otra cosa distinta a la anterior tendencia general. Y esa ocurrencia consistió en una acusación temeraria: ¡que el ficorca era inflacionario!

Difícilmente podría resistir un análisis crítico el comportamiento del banquero Ernesto Fernández Hurtado durante el sexenio 1982-1988. Por lo menos en su relación con las políticas monetaria, crediticia y cambiaria que aplicaba el Banco de México. La primera descalificación merecida sería en la materia meramente administrativa: por haber tratado de desempeñar unas funciones de servicio público para las cuales no había sido designado oficialmente. Y la segunda descalificación es en el orden doctrinal. Había sido casi una traición que habiendo sido formado en la ortodoxia rigurosa de su mentor Rodrigo Gómez, cayera años después efh en lo que bien podría considerarse como un inflacionismo casi ramplón. A guisa de ejemplo, como pretender la bajada discrecional de las tasas de interés sin referencia con el objetivo de impulsar la captación de ahorro por parte del sistema financiero, a la par de repatriar, al menos gradualmente, el capital que se había fugado en forma masiva. Lo mismo que invocar sin mayor sustento un ritmo de desliz más rápido para los tipos de cambio en vigor. En el orden político hubo en ese comportamiento una inconsistencia todavía mayor. Durante su época de banquero central Fernández Hurtado había sufrido en las responsabilidades a él encomendadas la injerencia disruptiva de un agente ignorante y desinformado en la persona del nuevo secretario de Hacienda, José López Portillo. Pero al siguiente sexenio, él dosificaba una pócima parecida con el agravante del conocimiento de causa. Y además se presentó en el caso un agravio adicional en el aspecto de las relaciones humanas. En su momento, con Fernández Hurtado a la cabeza del Banco de México, Miguel Mancera había sido un subordinado leal y altamente responsable. No se merecía un trato tan desconsiderado y poco respetuoso como el que le dispensó su otrora jefe a lo largo del sexenio.

¿Por qué el banquero Fernández Hurtado llegó a plantear que el ficorca era inflacionario? La razón residió en los créditos en moneda nacional que la banca comercial concedió a las empresas endeudadas en dólares que se inscribieron en el programa, para que pudieran adquirir las coberturas de tipo de cambio que les permitieran librarse del riesgo cambiario. El banquero central Mancera recuerda con gran nitidez que el principal de los destinatarios de aquella acusación de que el ficorca era inflacionario fue el presidente de la República. De la Madrid prestó oídos a esa acusación y convocó a una reunión de aclaración que se celebró un sábado en la mañana en la residencia de Los Pinos. Convocada por el propio mandatario, a dicha junta asistieron el banquero Fernández Hurtado y el banquero central Miguel Mancera, acompañado de un economista joven que había sido designado para encabezar el fideicomiso ficorca: Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo había auxiliado a su jefe Mancera en la redacción del documento de refutación que en aquella ocasión presentó el Banco de México a la consideración del presidente De la Madrid. A pesar de todas las molestias y las faltas de respeto de que lo hizo objeto a lo largo del sexenio Fernández Hurtado, Mancera nunca desarrolló una opinión negativa sobre la persona de su anterior superior. Sin embargo, con el paso del tiempo fue confirmando la única fractura psicológica que era posible detectar en su persona. Fernández Hurtado era un individuo de una gran soberbia intelectual y en ese tenor nunca le perdonó a Mancera que le ganara aquella discusión refutando ante el presidente de la República que el ficorca fuese inflacionario. El trance fue de una gran gravedad, en razón de que convirtió a ese enfrentamiento con el Banco de México y las políticas que aplicaba en un agravio de naturaleza personal. Nunca le perdonó a Mancera aquella derrota intelectual y de ahí en adelante procedió en consecuencia. Con un notorio encarnizamiento.

Aquel documento que se presentó a la consideración del presidente De la Madrid, me explicó en retrospectiva el banquero central Mancera, sólo podría haber quedado guardado en dos lugares: en el archivo personal del propio Mancera o en el del ahora expresidente Ernesto Zedillo. En el archivo del economista Mancera no pudo encontrarse el tan preciado documento. Al expresidente Zedillo no se intentó localizarlo con dicha finalidad. En síntesis, el aludido documento de clarificación con el que se logró derrotar a Fernández Hurtado no pudo consultarse como fuente para la presente investigación. Sin embargo, sí fue posible conjeturar desde la posteridad su posible contenido. Ello, en buena medida, merced a las explicaciones posteriores aportadas por el economista Mancera en entrevistas. Para tal explicación, es posible que previamente a la redacción del documento se plantearan tres posibles escenarios de desarrollo. En primer lugar, la hipótesis muy simplista de pensar que los créditos para la adquisición de las coberturas cambiarias se pudieran haber financiado mediante emisión primaria de la banca central. La segunda posibilidad, que, habiéndose financiado dicha compra con fondos captados por los bancos comerciales, los mismos no hayan dado lugar a una ampliación en el neto de los agregados monetarios amplios. Y en el tercer escenario de posibilidad, se pudo haber planteado que los mencionados financiamientos sí hayan dado lugar a una expansión en el neto de los agregados monetarios amplios.

El primer escenario resultaba un tanto simplista y la clave analítica estaría en comprobar que los créditos denominados en moneda nacional para la adquisición de las coberturas cambiarias no fueron financiados con crédito primario de la banca central. Es decir, que el Banco de México no redescontó mediante emisión primaria los activos correspondientes de la banca. En otras palabras, que el otorgamiento de esos créditos no dio lugar a una expansión adicional de los agregados monetarios estrechos: base monetaria y M1.

En el segundo escenario, posiblemente se planteó que los apoyos crediticios que se ofrecieron con la finalidad de que las empresas endeudadas en moneda extranjera pudieran adquirir las coberturas cambiarias que les ofrecería el Banco de México no tuvieron repercusión en la expansión de los agregados monetarios amplios. A pesar del monto involucrado en ese programa por cerca de 11 miles de millones de dólares, ¿pudo esa mencionada expansión no haber sucedido? Al menos teóricamente sí, en caso de que los recursos correspondientes hubieran provenido directamente de la captación normal de la banca. Porque es claro que, en esa situación, de no haberse ofrecido dichos fondos en la forma de créditos para adquirir las mencionadas coberturas cambiarias, habrían sido reciclados por la banca a la economía nacional en la forma de otros financiamientos alternativos.

El tercer escenario de posibilidad, que resultó tal vez aquel cuyo análisis mereció mayor atención en el memorándum de Mancera y Zedillo, fue el relativo a una expansión inducida de los agregados monetarios amplios. La inducción correspondiente, en buena medida provocada por el importe neto de esa partida en el equivalente en moneda nacional de 11 mil millones de dólares. Sin embargo, el argumento reiterado por el banquero central Mancera al hacer referencia retrospectiva al tema en cuestión, fue siempre que, aunque las operaciones comentadas hayan dado lugar a una ampliación de los agregados monetarios amplios, ello no implicó una expansión de la capacidad de gasto en la economía. Es decir, por ponerlo en una forma metafórica, esas partidas quedaron confinadas en las carteras de los bancos que concedieron los créditos. Ello, entre tanto no se iniciaran los pagos por concepto de amortizaciones, mediando el plazo de gracia que se otorgó de cuatro años.

Durante aquella primera mitad del sexenio 1982-1988, el banquero Fernández Hurtado no estuvo sólo en sus empeños por exacerbar las fuerzas que habían llevado a una inflación tan alta en México. Sin que se tengan indicios de que haya habido en ese sentido una concertación con el mencionado Fernández Hurtado, a su manera y dentro de su estilo personal también se sumaron a esa cargada inflacionista los funcionarios de más elevada jerarquía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el propio ministro, Jesús Silva Herzog Flores (mientras se mantuvo en el cargo hasta mediados de junio de 1986) y el subsecretario del ramo, Francisco Suárez Dávila. El caso en ese contexto del ministro Silva Herzog es en particular intrigante, en razón de la cercanía personal y profesional que había tenido durante buena parte de su formación en el Banco de México con la figura casi legendaria de don Rodrigo Gómez, quien había encabezado al instituto central desde el año 1952 hasta su sorpresiva muerte en agosto de 1970. En su libro de memorias, Silva Herzog revela que ingresó como economista a laborar en el Banco de México en 1956, a la edad de 21, años, teniendo la oportunidad de llegar a formar parte de la Oficina Técnica de la Dirección, que dependía de forma directa del funcionario de mayor jerarquía en la institución. De don Rodrigo Gómez escribió Silva Herzog en sus memorias que se trató de “un autodidacta sabio y generoso por quien mi admiración y respeto no han disminuido con el curso de los años…”. Asimismo, que, junto con su padre, “contribuyó de manera importante a mi formación personal y profesional”.[3]

Y es en este punto de las memorias de jsh en el cual se abre una brecha de contradicción en su figura histórica. Esto, en la medida en que desempeñándose como secretario de Hacienda no pareció estar plenamente inclinado a honrar la herencia doctrinal de don Rodrigo en su principal enseñanza dictada en la más importante conferencia que ofreció en su vida en la Fundación Per Jacobsson. En esa conferencia explicó el recordado banquero central que las “fuerzas de la inflación son poderosas, múltiples y sutiles”. Por todas esas tres razones eran de temer las fuerzas de la inflación, pero en este punto la que cabe resaltar en particular es la “sutileza”. Los argumentos tan tentadores e incluso seductores, según los cuales el proceso de desarrollo de un país puede supuestamente acelerarse y mantenerse mediante el recurso al expansionismo fiscal y monetario. Como lo expresó de manera sintética y clara el banquero central en 1964 en su conferencia en la sociedad Per Jacobsson: “Estas fuerzas de presión manejan hábilmente frases acuñadas como que ‘el crédito a la producción no es inflacionario’ o que ‘la política de estabilización del banco central frena el progreso del país’ ”. “Es permanente la solicitud de apoyo del banco central a créditos con bajos tipos de interés so pretexto de que las empresas no pueden pagar las tasas que prevalecen en el mercado”. Pero “el banco central sostiene que no son bancos los que faltan sino ahorro voluntario para el otorgamiento de créditos”.[4] Y fue precisamente en este frente de la sutileza de las fuerzas de la inflación en donde pareció dejarse atraer jsh, sobre todo durante la segunda parte de su gestión –la cual, quedó trunca– al frente de Hacienda.

Aunque el subsecretario del ramo Suárez Dávila también hubiera formado parte de las filas del Banco de México durante su formación, su caso era muy distinto al de Silva Herzog. Sin embargo, habría sido muy difícil pedirle a una figura como Suárez Dávila identificación con la doctrina y los principios antiinflacionarios tradicionales de la banca central. Más aún, cuando éstos nunca han sido particularmente populares y con capacidad de seducción retórica entre el gremio de los economistas. De hecho, no es exageración decir que Suárez Dávila nació proinflacionista por herencia paterna y en esa corriente se confirmó reiteradamente durante décadas de su carrera como funcionario. Y en este último sentido, quizá la prueba más contundente haya sido un ensayo de su autoría bajo el título “Dos visiones de la política económica de México: Un debate en la historia (1946-1970)”.[5] El mencionado trabajo de la autoría de Suárez Dávila siempre ha requerido de un análisis crítico de fondo. Lo pide por sus ambiciones retóricas y por su riqueza hermenéutica, pero sobre todo por sus motivaciones apologéticas: reivindicar ante la historiografía a la por él denominada “escuela desarrollista”. No por nada, la afirmación final en ese texto responde precisamente a dicha intención: “El desarrollismo se agiganta en perspectiva histórica. Hay que analizarlo. La historia nunca se repite, pero haríamos bien en retomar algo de lo que funcionó”.[6]

Hay muchos pasajes y afirmaciones criticables en el ensayo aludido de Suárez Dávila, pero la falla fundamental es una: tratar de presentar como igualmente elegible y aplicable en la realidad al enfoque desarrollista que a la escuela liberal y su evolución posterior que fue el denominado “Desarrollo Estabilizador”. No eran igualmente elegibles ambos enfoques y el gran obstáculo provenía de la política inflacionista que el desarrollismo estuvo siempre dispuesto a recomendar. En su momento, los conductores “desarrollistas” de la política económica habían estado dispuestos a tolerar inflación, pero sin hacer referencia alguna, ni reconocimiento a los daños sociales y económicos que tal fenómeno ocasiona. Daños en la forma de un empeoramiento de la distribución del ingreso por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios que provoca la inflación y los daños a la capacidad de crecimiento en razón de que intensifica la incertidumbre que rodea a los proyectos productivos. En otra falla muy importante en el ensayo comentado, se trata de presentar a la devaluación como una opción discrecional de política económica. Pero en la ocurrencia de las muy traumáticas devaluaciones de 1938, 1948-1949 y 1954 no hubo la supuesta elección discrecional. En esos tres episodios trágicos de la historia cambiaria de México, la crisis de balanza de pagos se produjo por la incompatibilidad flagrante entre un régimen de tipo de cambio fijo y el expansionismo fiscal y monetario de naturaleza inflacionista que se había aplicado con tanto desenfado. En los tres casos, fue el expansionismo inflacionista lo que causó las devaluaciones. Y lo mismo puede decirse, de manera inequívoca, para las muy traumáticas macrodevaluaciones de 1976 y 1982. Incidentalmente, para lo único que sirven las devaluaciones es para reducir los salarios en su poder adquisitivo.

Hacia finales del año 1985, después de la caída de los precios del petróleo y de los terribles sismos de septiembre, se despertó gran preocupación en los altos círculos gubernamentales respecto de la marcha de la economía nacional. También mucha inquietud por precisar posibles rumbos de acción para la política económica con vistas a enfrentar la tan complicada situación. Fue en ese contexto, que el subsecretario del ramo en Hacienda, Francisco Suárez Dávila, se puso en acción. Y de ese activismo emanó la redacción de un memorándum propositivo con inspiración en el enfoque doctrinal del expansionismo fiscal y monetario. Es decir, en la idea de relajar las políticas fiscal y monetaria con la intención de movilizar la actividad económica. Tal vez en ese memorándum también se incluyó la muy incendiaria idea de acelerar el desliz que se aplicaba a los dos tipos de cambio en vigor. La contrapartida inexorable de esas propuestas sería un repunte de las presiones alcistas en la economía con todas sus consecuencias. Pero con gran proactividad, el memorándum de la autoría de Suárez Dávila se hizo llegar a la atención del presidente de la República, Miguel de la Madrid.[7]

Suárez Dávila era un funcionario disciplinado administrativamente y también respetuoso en el orden institucional. El memorándum aludido nunca habría llegado a manos del presidente sin la anuencia previa de su superior jerárquico en la shcp, Jesús Silva Herzog. Pero el ministro Silva Herzog no parecía tener una opinión muy firme en materia doctrinal, fluctuando sin previsibilidad entre los extremos del expansionismo inflacionista y la ortodoxia comprometida con la idea de eliminar la causa principal de todos los desastres previos que había sido el déficit fiscal. Fue en ese contexto que se recibió una convocatoria del presidente De la Madrid para una reunión sobre política económica que se realizaría en Ixtapa–Zihuatanejo. En esa junta, el ministro Silva Herzog se inclinó por secundar las propuestas expansionistas que impulsaba su subsecretario del ramo, cuando recibió una tarjeta manuscrita del director general del Banco de México, Miguel Mancera. El mensaje escueto fue muy claro: en caso de que el ministro siguiera apoyando las propuestas de política económica de corte inflacionista, él presentaría en ese mismo momento al presidente de la República la renuncia a su cargo. Y ya pasado el episodio de Ixtapa, tuvo lugar en la shcp otra reunión sobre política económica a nivel ministerial –sin la asistencia del presidente– que sería funesta en el orden personal y político para el ministro Silva Herzog. En ella, colocándose el mismo jsh nuevamente en el bando de la ortodoxia manifestó, cometiendo un grave error personal: “si acaso llegara a recibir una instrucción de política económica con la cual no estuviera yo de acuerdo, simplemente no la acataría”. Presentes en esa reunión, tanto el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari como su subsecretario más cercano, Carlos Rojas, poco tardaron en compartir el chisme en el oído del presidente De la Madrid. En opinión de Suárez Dávila, esa especie resultó tremendamente dañina para la permanencia de Silva Herzog al frente de la Secretaría de Hacienda.[8]

Hacia mediados del sexenio se unió a la cargada proinflacionista y en contra del Banco de México y de los principios que profesaba, el economista Gustavo Petricioli Iturbide, a la sazón director general de Nacional Financiera (el banco de desarrollo para la industrialización). La embestida que desencadenó Petricioli tenía un contenido personal, muy evidente en su momento, en contra del director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo. En un documento atribuido al economista Petricioli o que se redactó bajo su patrocinio, se da pleno reconocimiento al problema de la elevada inflación que padecía la economía de México y la cual, para empeorar las cosas, mostraba tendencia al aumento. Sin embargo, de manera totalmente contradictoria, se propugnaba en ese texto por acciones de las cuales cabía esperar plenamente una exacerbación del fenómeno inflacionario. Era difícil de entender que economistas de buen nivel como supuestamente lo eran Petricioli o su asesor David Konsevic, no entendieran que, si la inflación era alta, la postura de la política monetaria tenía que ser obligadamente restrictiva. ¡No había de otra! Y de manera también inexorable era que, si la postura monetaria se planteaba restrictiva, las tasas de interés tuvieran que ser altas y con un efecto hacia la contención de la expansión de los agregados monetarios amplios. De manera específica, las tasas de interés altas conformaban el mecanismo de transmisión de la política monetaria al funcionamiento de la economía en general. En desacuerdo con Petricioli y con Konsevic, de haber sido mucho más bajas en los tiempos precedentes las tasas de interés, el nivel de la inflación resultaría más elevado. De accederse a su determinación de que se redujesen esas tasas de manera discrecional, la inflación hacia adelante resultaría más intensa. Había en verdad en el documento citado (y seguramente también en el intelecto de sus autores) insuficiente claridad analítica. En tal respecto, en un pasaje clave se dice en el pretensioso texto que “pese a todos los esfuerzos y sacrificios que se realizan para disminuir el gasto” hay un “desequilibrio creciente de las finanzas públicas…”. Y a continuación viene el error analítico al acusar que tal desequilibrio no era “genuinamente presupuestal, sino consecuencia de las tasas de interés exageradamente elevadas”. La falsedad en la reflexión estaba en no entender cuál factor era la causa verdadera del déficit fiscal. Y ese factor era el componente inflacionario en las tasas de interés que pagaba la deuda interna pública y el cual nada tenía que ver con el nivel nominal de dichas tasas. El componente inflacionario en las tasas de interés era debido al nivel de la inflación y tendería a crecer en la medida en que esta última aumentase.

Estructuralmente, el documento atribuido a Petricioli se conformó con cinco partes o secciones intituladas cada una como sigue textualmente: “El Diagnóstico”, “La Terapia”, “Las Perspectivas”, “La Vuelta al Crecimiento” y “Los Riesgos del Programa”. La parte de “Diagnóstico” se centró en enunciar la situación crítica de crisis con estancamiento e inflación al alza, situación económica “grave, y su propia dinámica tiende a acentuar todavía más su gravedad”. En cuanto a la causalidad de la crisis, en el documento se señalaban “la brutal caída de los ingresos petroleros, las enormes cargas del servicio de la deuda –externa e interna–, la suspensión del flujo de financiamiento del exterior…”. Y como ya se ha visto, en el documento se hacía énfasis especial en ese recuento de causas en la supuestamente “equivocada política interna de tasas de interés y la estricta congelación del crédito…”. En cuanto a esta última acusación crítica, cabe señalar que en el texto se enunciaba con toda aparente certeza, pero no se aportaba comprobación alguna para su justificación. Se trataba de una mera presunción. Y todavía de mayor importancia desde el punto de vista conceptual, el error en no distinguir en ese recuento de causas la diferencia esencial entre variables exógenas (con un innegable impacto desfavorable) y los instrumentos de política económica disponibles para la autoridad. Las políticas monetaria y crediticia no eran variables exógenas, pero todavía de mayor importancia: era muy cuestionable que en la coyuntura que se vivía –marcada por una inflación elevada– fuera recomendable o incluso posible la modificación de su postura hacia una de lasitud.

Como debe ser evidente a primera vista, la sección del documento de mayor importancia era la relativa a “La Terapia”, en la cual se contenía la parte propositiva que planteaban sus autores: primero, un programa de estabilización relámpago para con base en sus resultados reiniciar la recuperación y el crecimiento. Es decir, como se proclamaba en el epígrafe del documento, “Estabilizar para Crecer”. Y desde luego, la clave de toda la propuesta dependería del éxito del programa de estabilización relámpago. El mérito de la propuesta consistía –y consiste desde la perspectiva de la Historia Económica– en que aportó un antecedente histórico para el plan de estabilización ortodoxo–heterodoxo que bajo el liderato del economista Pedro Aspe se puso en ejecución durante el epílogo de aquel sexenio tan atormentado y desafortunado. El Plan de Estabilización que se planteaba en el documento de Petricioli y sus asesores se basaría en un acuerdo social entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para acabar con la inflación y reinstaurar la estabilidad de manera definitiva. Para lograrlo, de manera concertada los trabajadores deberían acordar la congelación de los salarios, los empresarios de los precios y las autoridades del tipo de cambio. La idea era novedosa y tentadora, aunque en el planteamiento de Petricioli et. al. es posible detectar de entrada fallas analíticas graves. Principalmente, parcialismo o insuficiente integralidad; instantaneidad o insuficiente gradualismo; falta de consideración al fenómeno de la inercia inflacionaria; problemas de instrumentación y, posiblemente, insuficiente ajuste fiscal. El análisis a continuación se facilitó teniendo como referencia de comparación histórica lo que fue el programa ortodoxo–heterodoxo de estabilización que el gobierno del presidente De la Madrid echó a andar a partir de diciembre de 1987.

A) Insuficiente integralidad o parcialismo

Uno de los aspectos que más se cuidó en el programa de estabilización 1987-1988 fue el de una cobertura completa de los instrumentos de intervención. En este sentido, habría que resaltar en particular la incorporación de los elementos ortodoxos del programa: la disciplina fiscal y la restricción monetaria y crediticia. Y era precisamente en cuanto a las políticas monetaria y crediticia en donde se podía ubicar la principal omisión en el programa de estabilización que se invocaba. En lugar de plantearse una contención monetaria y crediticia reforzadora de la disciplina fiscal, se exigía precisamente lo contrario y con agravantes: éstos, en la forma de demandar, de manera inmediata, “modificar el régimen de tasas internas de interés y la excesivamente rígida política crediticia” y hacerlo de manera anticipada “aun cuando (sic.) esto significara posponer, por breves meses, las medidas de fondo para arrancar de raíz el problema”. O sea, que las tasas de interés tendrían que ser, aunque fuese durante un tiempo corto, marcadamente negativas en términos reales, abriéndose la peligrosa posibilidad de que se desatara una corrida masiva de depósitos en contra de los bancos que se habían expropiado.

B) Insuficiente ajuste fiscal

Además de la pertinencia de las políticas monetaria y crediticia compatibles con la propuesta de estabilización, otro elemento estratégico en el éxito del programa 1987-1988 fue la aplicación de un sobreajuste fiscal en el que mucho insistió en su momento el economista Pascual García de Alba, asesor cercano al ministro Pedro Aspe. En este respecto, en el documento de Petricioli et. al. se planteó como una precondición para el Plan de Estabilización que se proponía “Lograr el equilibrio de las finanzas públicas”. Sin embargo, no se ofrecía ninguna certeza de que el esfuerzo fiscal resultase suficiente. Cabe recordar que quizá la principal causa para el fracaso de los planes de estabilización Cruzado y Austral que por esos tiempos se pusieron en ejecución en Brasil y Argentina fue atribuible a una insuficiencia de los componentes ortodoxos en los mismos, principalmente un ajuste fiscal incompleto.

C) Insuficiente conocimiento y sentido práctico por parte de las autoridades

El Plan de Estabilización que proponían Petricioli et. al. se apoyaba en un supuesto que no se cumplía plenamente en la realidad: que, en México, las grandes centrales obreras tenían el control sobre la totalidad de los salarios en el país, al igual que las organizaciones cúpula del sector privado sobre la totalidad de los precios en la economía. De lo anterior la sencilla y un poco ingenua indicación tajante contenida en el inciso ii. 4. d) del documento: “Concertar un acuerdo, tácito o formal, con los sectores obrero y empresarial, para estabilizar, por un periodo predeterminado, de hecho y de derecho, los salarios y los precios”.

D) Nula atención al fenómeno denominado inercia inflacionaria

En las economías con procesos alcistas muy intensos y prolongados tendía a arraigarse lo que en los círculos de economistas profesionales ha tendido a llamarse inercia inflacionaria. Este fenómeno se deriva de que los fijadores de precios tratan de adelantarse al proceso alcista general y se apresuran a elevar de manera anticipada los precios bajo su control. Aparte del muy importante hecho práctico de que no todos los salarios se encontraban bajo el control de las grandes centrales obreras y los precios de los organismos cúpula del sector empresarial, el factor del combate a la inercia inflacionaria fue uno de los de mayor importancia en el programa mexicano de estabilización de 1987-1988. De ahí la relevancia del gradualismo en su instrumentación, para precisamente ir venciendo y desarraigando la inercia inflacionaria de manera paulatina del cuerpo de la economía mexicana. Puniblemente, en el Plan de Estabilización de Petricioli et. al. no había referencia alguna a este tan importante factor de la lucha contra la inercia inflacionaria. Era un plan que pecaba de ingenuidad y excesivo simplismo.

El saldo –el balance– del documento atribuido a Petricioli no podía ser favorable. Como punto de partida, exigía unas acciones de política monetaria y crediticia completamente infundadas e incoherentes para la situación que se padecía en México de alta y creciente inflación. De manera metafórica, mediante esa estrategia se intentaba combatir al fuego arrojándole gasolina. De forma complementaria, el documento estaba rebosante de errores analíticos y teóricos de gravedad punible. A guisa de ejemplo, en cuanto a la faceta externa del Programa de Estabilización que se propalaba, se exigía “el nivel máximo de reservas internacionales” al igual que “una razonable certeza de que el precio del petróleo no seguirá desplomándose”. Ante ese pasaje, sólo afloran dos preguntas: ¿de dónde saldrían los fondos para asegurar ese nivel alto de las reservas internacionales? Y todavía más importante: ¿quién podría dar la seguridad de que los precios del petróleo ya no bajarían más? En la perspectiva de mayor gravedad estaba la total inviabilidad del Plan de Estabilización que se estaba proponiendo. Si el anterior era el panorama general, entonces ¿qué intención y sentido podía tener el documento de marras? En una primera instancia y de manera muy ostensible, agredir y molestar al director general del Banco de México a quien, además, ya había puesto en su mira personal desde los inicios del sexenio el propio tío del presidente, desde su bastión al frente del banco Bancomer. También hostigar al secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, a quien ya se percibía débil en su relación con Los Pinos y posiblemente propiciar su caída. Ello, bajo el argumento de requerir la modificación de fondo de “las estrategias de negociación externa”.[9] Pero de forma quizá más importante, congraciarse con la figura del secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, a quien ya se le veía encaminado a la sucesión presidencial para el siguiente sexenio.

Resulta particularmente interesante analizar el aspecto que podríamos denominar político en el documento atribuible a la iniciativa del economista Petricioli. Es claro que la intención básica de dicho documento fue hacer crítica y la crítica produce raspaduras. En rigor, la dialéctica no es conciliadora. Pero una cosa es hacer crítica y otra muy diferente desatar una batahola generalizada. Más allá de la cuestionable solidez de los argumentos esgrimidos, la crítica en el documento tenía destinatarios muy precisos. Y entre los destinatarios de las críticas los perpetradores del texto seguramente nunca pensaron en el presidente De la Madrid. De hecho, todo lo contrario. La motivación de poder en el documento de marras puede decirse que fue la de congraciarse con ese mandatario. Hacerle sentir identificación con su causa y tratar de brindarle ayuda mediante la asesoría y la proposición. De ahí el importante pasaje contenido en la sección de “Diagnóstico” respecto de que “la política económica propuesta por el presidente desde el inicio de su administración ha sido sin lugar a dudas la correcta…”. A mayor abundamiento, según el documento, en la mayoría de los casos también había sido acertada la aplicación de los distintos instrumentos, entre ellos “la búsqueda de un equilibrio presupuestal a través de un control del gasto y de un incremento de los ingresos” y, significativamente, también (sic.) “la política monetaria de contención…”. No obstante, casi a continuación se aparece en el texto la contradicción flagrante al decirse que “las alzas en las tasas de interés están haciendo nugatorios los esfuerzos que se llevan a cabo en otras áreas”. Es decir, ¿“la política monetaria de contención” había sido acertada, pero equivocadas “las alzas en las tasas de interés…”? El documento y las propuestas que contenía no tenían salvación posible, a pesar de los esfuerzos que como equilibrista se hayan desplegado para mantener alguna forma de conciliación con el mandatario. De lo anterior el malabar de afirmar que la “Terapia” que se proponía, no significaba “un cambio en los fundamentos de la política económica del presidente”. Significaba tan sólo “una modificación de fondo en el tratamiento de la inflación, de la política de tasas de interés y en las estrategias de negociación externa”. ¿Pero en buen cristiano, no significaba esa última propuesta un verdadero cambio de rumbo? Evidentemente que sí.

El economista Gustavo Petricioli se dio el gustazo de ser designado por el presidente Miguel de la Madrid secretario de Hacienda en sustitución del defenestrado Jesús Silva Herzog. Con el poder que le dio esa designación logró imponer su criterio y bajo su liderazgo aquella administración anunció y puso en ejecución en junio de 1986 lo que pomposamente se denominó Programa de Aliento y Crecimiento (pac). A pesar de las buenas intenciones, el pac generó muy poco aliento y crecimiento y en cambio se convirtió en una fuente tremenda de inflación, la cual a lo largo del año 1987 y hasta el mes de octubre se fue exacerbando de manera indetenible.[10] Desde la Secretaría de Hacienda, Petricioli también ejerció liderazgo en las colocaciones públicas de los Certificados de Aportación Patrimonial de la banca que se había estatizado y que resultaron muy controvertidas, incluso con sospechas de corrupción para el propio ministro y su círculo más cercano.[11] Y desempeñándose Petricioli como ministro de Hacienda, se desató en México una burbuja especulativa de tipo bursátil que desembocó en un grave desplome de la Bolsa de Valores, para que inmediatamente después se produjese una macrodevaluación que resultó altamente traumática. Así, el economista Petricioli se perfiló como uno de los peores ministros de Hacienda que ha tenido México después de la Revolución, con la excepción, quizá, de José López Portillo en la segunda parte del sexenio de Luis Echeverría, quien incurrió además en el agravante de nunca poder entender el gran desaguisado que había contribuido a gestar. Es una incógnita por qué el presidente De la Madrid conservó a Petricioli en su gabinete. Pero es un hecho indiscutible que su participación en la creación e implementación del Pacto de Solidaridad fue totalmente nula, convirtiéndose a continuación en una figura meramente decorativa.

El último episodio de enfrentamiento en contra del Banco de México y las políticas que aplicaba se escenificó hacia mediados del año 1987. Se celebraría la final de las convenciones bancarias (rebautizadas como Reuniones Nacionales de la Banca) que se organizarían durante el sexenio de Miguel de la Madrid y que tuvo verificativo en la ciudad de Guadalajara, durante los días del 8 al 10 del mes de junio. En la sesión inaugural, después del discurso protocolario de bienvenida a cargo del gobernador de Jalisco, el programa dispuso que tomara la palabra el director general de Bancomer, Ernesto Fernández Hurtado, en su calidad de presidente saliente de la Asociación Mexicana de Bancos. En las dos Reuniones Nacionales de la Banca previas, en los años de 1984 y 1985, se estableció el formato que después de la bienvenida protocolaria el primer discurso oficial correspondiera al presidente de la Asociación de los Bancos. Y en aquella reunión de la banca de 1987, el director general de Bancomer decidió aprovechar para su causa aquel formato prestablecido. Podría decirse que en el debate los turnos también cuentan y en ese evento de tanta relevancia efh tuvo y llevó mano para echar de su ronco pecho. Antes de que otras voces tuvieran oportunidad para expresar moderación, matizar y en caso extremo hasta para la defensa. En esa ocasión ya no hubo posibilidad para la oblicuidad, para las andanadas indirectas. El discurso de efh se pronunció ante la presencia del propio presidente De la Madrid. Le siguieron en el uso de la palabra el secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli, y a continuación el director general del Banco de México, Miguel Mancera. El cierre de aquella primera sesión de la Convención corrió a cargo del mandatario, con una breve alocución de inauguración para el evento. No hay registro de que el banquero central Mancera estuviera avisado de la embestida que vendría por cuenta del director general de Bancomer. Pero quedó conciencia de que Fernández Hurtado propició en esa reunión un ambiente favorable para la confrontación, a manera de detonante para la cargada. Y la prensa se sumó gustosa al remolino.

En su aspecto formal, el discurso a cargo del presidente saliente de la Asociación de Bancos tuvo necesariamente buena factura. Con un lenguaje elegante y estructura adecuada. La parte introductoria, preparatoria para las críticas y las propuestas que vendrían después, se conformó con un recuento de la forma en que la administración del presidente De la Madrid había enfrentado (sic.) “la crisis económica más grave de los últimos cincuenta años”, incluida la decisión de “abandonar políticas anteriores de autarquía económica, de excesiva protección arancelaria y de subsidios injustificados…”. Y el momento de entrar en materia de crítica se situó hacia el inciso 12 del discurso (sobre un total de 32) en el que el orador señaló: “Estos tiempos de crisis y de reto son por ello ciertamente de cuestionamiento, a lo que nada escapa”. Y en términos jurisdiccionales, las críticas y las quejas que vinieron a continuación se enderezaron de preferencia en contra de dos instancias institucionales y sus respectivos campos de cobertura. Sorpresivamente, en contra de la Secretaría de Hacienda, por la forma en que la reforma fiscal había afectado a las empresas en la economía: “… la demanda de crédito ha sido afectada por aquellos aspectos de la reforma fiscal que benefician a las empresas con grandes recursos de tesorería, pero que aumentan el nivel de los impuestos a pagar por las empresas que requieren amplio crédito”. De manera paralela, otra de las querellas expresadas por Fernández Hurtado tuvo que ver con “la multiplicidad de reglas de todo orden, limitaciones y autorizaciones previas de las diversas autoridades a las operaciones de la banca”. Claramente, en ese colectivo aludido de “diversas autoridades” se destacaban en particular las entidades regulatorias típicas del sector: Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y Banco de México. No obstante, fue al Instituto Central al que el banquero Fernández Hurtado dedicó un tratamiento crítico especial. Esto, en la medida en que, en su opinión, “la banca [había] estado sometido a limitaciones muy estrictas en su capacidad para conceder crédito”.[12]

En términos explícitos, en aquella alocución Fernández Hurtado hizo referencias a dos aspectos concretos de la política regulatoria sobre la banca a cargo del Banco de México. Primeramente, con respecto a las medidas regulatorias sobre el crédito, principalmente en su dimensión cuantitativa. Y, en segundo lugar, con respecto a la estrategia que había venido impulsando el banco central, en razón del ambiente de muy alta inflación que prevalecía, sobre la conveniencia de que los acreditados restructuraran sus pasivos bajo un sistema con tasas de interés en términos reales y planes de amortización indizados a la inflación. (No por casualidad, con inspiración en el mecanismo que se había desarrollado en el Banco de México para la instrumentación del ficorca).

Según el controvertido discurso, “la capacidad de la banca para manejar el crédito a la mayor parte de las actividades productivas y de servicios [había] seguido muy limitada…”. Esto había sido en esa forma, aun cuando posteriormente a finales de 1985, el Banco de México había aplicado una liberalización moderada a la restricción casi total previa para los créditos de la banca, de la cual sólo se habían exceptuado “ciertas actividades prioritarias y los recursos captados mediante emisiones limitadas de aceptaciones bancarias”. Y una observación importante hecha por el expositor fue que, aunque las medidas regulatorias limitantes del crédito bancario habían excedido el marco legal, de todas maneras, resultaron “necesarias y por tanto aceptadas”. Pero las medidas regulatorias aplicables a la intermediación bancaria eran prácticamente las mismas en vigor desde la época de don Rodrigo Gómez y aun antes. Éstas consistían en lo fundamental en el depósito tradicional de liquidez aplicable a la captación, el cajón de inversión obligatoria en favor del gobierno federal para financiar déficit fiscal y el llamado control selectivo del crédito para financiar actividades prioritarias, como agricultura, vivienda de interés social o a empresas medianas y pequeñas. Esa misma reglamentación estuvo en vigor durante la época en que Fernández Hurtado fungió como cabeza del Banco de México. ¿Por qué no protestó en su momento por la misma? ¿En verdad bajo el mando de Miguel Mancera el Banco de México se había atrevido a aplicar medidas regulatorias del crédito que excedían el marco legal? Y otro cuestionamiento adicional: si se vivían tiempos de elevada inflación –como lo reconocía el propio Fernández Hurtado en su discurso– ¿tenía sentido que el banco central relajara sus controles del crédito echando gasolina adicional a la hoguera de la inflación?

De manera explícita, el Banco de México había venido recomendando a la banca que procurase la restructuración de los créditos en su cartera con mecanismos de tasas activas en términos reales y planes de amortización también en esos términos. Es decir, promover la ampliación de los créditos “aficorcados”. Ello, con miras a reducir la cartera vencida como consecuencia de la amortización acelerada y no planeada a que daba lugar el componente inflacionario en las tasas de interés activas. La propuesta tenía todo el sentido para los bancos desde el punto de vista técnico, pero fue en esta materia en la cual el ponente Fernández Hurtado tomó una posición todavía más personal en la discusión. Su exposición en ese pasaje se inició conciliatoria señalando (sic.) que “la banca esta[ba] dispuesta a hacer el máximo esfuerzo en ese sentido…”. Pero fue a continuación cuando el expositor desenfundó la daga en llamado al duelo: “sin embargo, están equivocados quienes creen que la restructuración de créditos con pagos de intereses diferidos y capitalizados es un proceso rápido y una panacea…”. La aplicación del mecanismo descrito no alentaría a un número muy grande de “empresarios a solicitar nuevos créditos o a hacer nuevas inversiones”.[13] En aclaración retrospectiva, seguramente no habría sido posible encontrar un solo documento del Banco de México o una declaración pública de alguno de sus altos funcionarios en los cuales ni siquiera se insinuase que la aplicación de los esquemas descritos conformase una solución cuasi mágica para la problemática que padecían las empresas endeudadas. Y por ese camino, a la solvencia de la cartera de los bancos.

Sorpresivamente, en aquel discurso ante la Convención de Banqueros Fernández Hurtado no sacó a relucir en contra del Banco de México el que había sido uno de sus argumentos favoritos de crítica en referencia (sic.) “de los altos intereses nominales que rigen en la actualidad”.[14] En contrario, en esa materia el expositor presentó un análisis muy bien fundamentado y objetivo acudiendo al llamado: “Cuestión de tratamiento obligado son las tasas de interés”. De manera cada vez más intensa, los esfuerzos para controlar la inflación mediante “políticas de moderación en los campos salariales, de crédito y de gasto del sector público” se habían visto frustrados por falta de “objetivos específicos de limitación en el déficit fiscal total y en la liquidez global de la economía en términos nominales”. Y al enunciar ese dictamen, súbitamente reaparecía en ese discurso el banquero central que Fernández Hurtado, al parecer, se había olvidado que existía en su persona. De manera paralela, el ponente parecía dar un mentís rotundo a una de las tesis favoritas del secretario Petricioli en su pac, de aceptar cierta flexibilidad en política fiscal y monetaria con el fin de obtener un mayor crecimiento. En descalificación de ese enfoque simplista, la experiencia mostraba que, para tener éxito en la lucha contra la inflación, era “necesario utilizar todo el instrumental de manejo económico, fiscal y monetario…”. E incluso en un marco adecuado y completo de política económica, con “esfuerzos armónicos de tipo fiscal, arancelario y cambiario”, una tasa de interés nominal alta y enraizada sólo podría irse reduciendo en forma gradual “sin generar salidas de capital al exterior”. Y todo ese arreglo congruente y esforzado, con la finalidad de “moderar el crecimiento de los instrumentos representativos de deuda pública y bancaria que en cada país constituyen la masa monetaria actuante”.[15]

Es altamente probable –casi seguro– que, en su calidad de cabeza de sector, el secretario de Hacienda, Petricioli, conociera de antemano el pormenor del discurso que el director general de Bancomer pronunciaría en aquella Convención Bancaria de junio de 1987. Sin embargo, de manera evidente, tuvo buen cuidado en ocultar ese conocimiento. En consecuencia, la pieza oratoria que siguió en el programa, a cargo precisamente de ese funcionario, tuvo una tónica completamente diferente. Quizá maquiavélicamente, se trató de un discurso totalmente carente de intención crítica y tal vez también analítica. Ni intención crítica y menos el más leve indicio de motivación autocrítica. En contrario, en unos pasajes muy importantes de aquella alocución se hizo un recuento plenamente apologético del pac (Programa de Aliento y Crecimiento) el cual había emanado de la iniciativa y la paternidad de dicho funcionario. Sorpresivamente, en esos pasajes aparece la que es tal vez la única observación en dicha pieza con un contenido dialéctico. Esto ocurre, cuando Petricioli hizo referencia crítica a la situación previa que aparentemente intentó revertirse mediante el pac: “Esas razones hicieron evidente la inconveniencia de sostener una política de contención que hubiera resultado excesiva de mantenerse por más tiempo”.[16] En su aspecto formal, el discurso del secretario de Hacienda se conformó de dos partes: una muy larga y reiterada de zalamería política en elogio del presidente de la República. En complemento, la segunda con un recuento muy amplio de las acciones de política económica que se habían puesto en ejecución por la administración en cuestión para combatir la crisis. Pero en particular, la intención de zalamería política es extensa y a flor de piel en la totalidad del discurso. Se confirma en la afirmación final de la alocución: “En su momento, habrá que situar en este contexto la evaluación del Régimen de Miguel de la Madrid, la condición de un verdadero estadista”.[17]

Los rasgos descritos del discurso del secretario de Hacienda son apenas interesantes, pero lo verdaderamente trascendente es la posición que decidió tomar su emisor ante la alocución previa que había pronunciado el presidente saliente de la Asociación de Banqueros. En su discurso, a ojos vistas, el secretario de Hacienda Petricioli intentó ocultar que había conocido de antemano el discurso y la tónica del texto que leería previamente al suyo el presidente saliente de la Asociación de Bancos. Sin embargo, el engaño quedó al descubierto de manera evidente en otros pasajes de la alocución de ese funcionario. En particular, en razón de que confirmó como un hecho acordado por el propio presidente de la República un proyecto que había sido apenas sugerido por el director general de Bancomer. En tal sentido, según el secretario de Hacienda, el presidente de la República ya había dado instrucciones para crear una comisión que se abocara a estudiar y proponer soluciones para los problemas que se derivaban “del exceso de regulación, de trámites y burocratismo, centralismo en las decisiones, lo mismo en la banca que en las distintas autoridades”. En términos del jefe de las finanzas nacionales, la mencionada comisión iniciaría “sus trabajos de inmediato, con plazos perentorios para presentar propuestas”. Y además de la revelación del intento de ocultamiento, la hipocresía, el doblez. De ahí, a continuación, su reconocimiento personal a “la Asociación Mexicana de Bancos y a su presidente, Don Ernesto Fernández Hurtado…”. Y acto seguido, su expectativa y confianza de que, en esa Reunión de la Banca, que apenas se iniciaba, hubiera “diálogo con las autoridades…”. Pero ¿cómo podría haber una atmosfera propicia para el diálogo, si desde el primer discurso se habían hecho críticas que ya sonaban a zafarrancho de combate?[18]

El punto de partida para analizar el discurso que pronunció Miguel Mancera en aquella Convención Bancaria de junio de 1987 es que con toda claridad no conoció con anticipación ni el discurso que iba a pronunciar el presidente saliente de la Asociación de Bancos, como tampoco el más moderado –o quizás insulso– que correspondió al secretario de Hacienda Petricioli. Otra de las conclusiones que es posible derivar es que el banquero central no trató de enfrentarse de manera directa a las críticas expresadas por Fernández Hurtado mediante algunos pasajes improvisados. En general se trató de una alocución clásica de Mancera, con la factura de “cátedra” –el bautizo fue de la inspiración de los periodistas– que ya se había vuelto característica en sus presentaciones. Pero lo más importante en esa alocución fue que en su cuerpo, aunque de una manera indirecta, el expositor se enfrentó, creo yo saliendo bien librado, a todas las críticas expresadas antes y posteriormente en aquella Reunión Nacional de la Banca. Pero tomando al toro por los cuernos, la reseña de aquel discurso puede iniciarse con la parte de carácter más dialéctico en aquella exposición relativa al impulso de cierto mecanismo “con gran potencial para mejorar la situación financiera de las empresas” que conllevaba las virtudes adicionales de “no implicar subsidios y de no comprometer la solidez de los bancos”. El expositor hacía referencia a los “esquemas de financiamiento diseñados para evitar el aceleramiento de la amortización real de los créditos causada por la inflación”. Y expresada esa recomendación vino a continuación el reclamo del funcionario: El instituto central había puesto en vigor disposiciones especiales para tal finalidad y las cuales “infortunadamente han sido poco aprovechadas por la banca”. Y después del reclamo “la exhortación a la banca para que actualice políticas y criterios…”. En particular, para superar “ciertos enfoques crediticios sanos durante periodos de nula o poca inflación, pero incompletos en las circunstancias presentes”.[19]

Partes fundamentales en esa exposición del banquero central fueron las relativas a las políticas crediticia y de tasas de interés y cambiaria que se habían aplicado desde mediados de 1986. En el lapso mediado desde entonces, esas políticas habían sido cruciales “para tornar una situación potencialmente catastrófica, en un episodio difícil y costoso, pero en vías de superación…”. En términos del banquero central Mancera el fenómeno fundamental al que tuvo que enfrentarse en esa circunstancia la política crediticia fue la contracción tremenda de los ingresos públicos por la caída de los precios del petróleo y el incremento drástico de las necesidades de financiamiento por parte del sector público. ¿Qué podía haberse hecho, considerando además de que la captación de ahorro a través del sistema bancario y la oferta de recursos en el mercado de papel gubernamental se habían venido contrayendo en términos reales desde 1985? En opinión del banquero central, en dichas circunstancias “no existía alternativa razonable a la política adoptada que fue la de surtir la mayor demanda de crédito del sector público…”. Ello, incluso en detrimento “del crédito disponible para el sector privado”. De no haberse procedido de esa manera, se habría provocado un proceso inflacionario mucho más intenso que el que se observó en el periodo. De manera general, en ese episodio se aplicaron otras acciones de política de banca central que tuvieron mucho sentido. Por ejemplo, un manejo de las tasas pasivas de la banca “congruente con la demanda de recursos financieros, con la inflación, con las expectativas del deslizamiento cambiario y con las tasas de interés en el exterior”. En materia de política bancaria, el Banco de México autorizó a la banca a captar recursos a tasa libre mediante la emisión de aceptaciones bancarias. Se ajustó el proceso de las subastas de Cetes fijando el monto ofrecido y dejando como variable de ajuste la tasa de interés. ¿Es posible que todas esas medidas pudieran englobarse en la concepción de un “monetarismo extremo” –Fernando Solana dixit– por parte del Banco de México? [20]

La asistencia del presidente de la República, el ambiente de confrontación que despertó en la concurrencia el discurso inicial a cargo del presidente saliente de la Asociación de Bancos, ánimos exacerbados que se habían venido acumulando en el sector bancario al calor de la crisis económica y de grandes dificultades no resueltas contribuyeron a que esa Reunión Bancaria en Guadalajara se convirtiese pronto en una suerte de circo romano (con su foso de leones incluido). Un elemento de mucha importancia para la intensificación de las tensiones pudo haber sido el cabildeo previo desplegado por Fernández Hurtado para calentar los ánimos de los banqueros en contra de las autoridades regulatorias de los bancos, las cuales supuestamente reprimían su operación. En medida importante por el discurso crítico de Fernández Hurtado, se alebrestaron muchas conciencias e igualmente exacerbaron los ánimos la visibilidad e, incluso, hasta el exhibicionismo impúdico. Asimismo, también debe haber ejercido cierto influjo la curiosidad de constatar cómo el tío del presidente, la emprendía abiertamente en contra de la Secretaría de Hacienda (por su reforma fiscal) y del Banco de México (por su red de regulaciones bancarias). En el extremo, posiblemente también pudo haber ejercido una gravitación perversa la fragilidad humana del morbo: por contemplar al mandatario impávido y pasivo tolerar la belicosidad retórica de su tío. Y, por último, cabría destacar el hecho social muy común de que, como reza el refrán, “a río revuelto ganancia de pescadores”. De ello, la catarata de notas periodísticas de todos los colores y sabores que detonó el desordenado foro.

Aun en una publicación gubernamental como lo fue la Crónica del Sexenio 1982-1988 (Quinto año), se dio reconocimiento al hecho de que la Reunión Bancaria de 1987 había derivado en un remolino de críticas y desacuerdos (de dimes y diretes). En esa publicación se expresó que “la apertura del debate entre banqueros y autoridades puso de manifiesto que la gestión bancaria, lejos de caer en un anquilosamiento burocrático, se avivaba con la participación de unos y otros…”. Y según dicha fuente, el surgimiento del debate se explicaba por “la búsqueda de opciones para perfeccionar la capacidad de la banca para cumplir su función social”. Pero en la publicación citada, también se hizo referencia a las “diferencias de opinión entre funcionarios de alto nivel de la administración pública en torno a las opciones de la política bancaria y, en particular, en torno a los aspectos del manejo de las tasas de interés y las regulaciones sobre el otorgamiento de crédito”. En términos de la fuente mencionada, las diferencias de opinión expresadas entre funcionarios de elevada jerarquía se explicaban, en parte, por “la existencia de conflictos coyunturales dentro de la burocracia financiera respecto de elementos específicos de la política bancaria en el país…”. La expresión es tan vaga como para no decir realmente nada, aunque a continuación se aclara la coincidencia que se había dado entre autoridades y banqueros en cuanto a dos temas clave. Primero, respecto de la necesidad de estimular el ahorro y su retención dentro de la economía nacional, en parte mediante una política bancaria de “tasas de interés atractivas…”. Segundo, en cuanto a la conveniencia de ir bajando el nivel promedio de las tasas de interés, “según lo permitieran la evolución de la inflación interna, la trayectoria del tipo de cambio y las tendencias de las tasas de interés en el extranjero”. Finalmente, a manera de resumen para el asunto, se hizo la observación de que durante los dos sexenios anteriores los temas aludidos habían sido causa “de controversias profundas dentro del gabinete económico”. Y los desacuerdos habían dado lugar a decisiones fluctuantes y poco fundamentadas de política bancaria, con sus consecuencias dañinas sobre la confianza del público inversionista.[21]

En la Crónica del Sexenio ya citada, se presenta un análisis bastante amplio de las notas periodísticas y comentarios editoriales a que dio lugar aquella Reunión Bancaria. Al clasificar a todos esos materiales en las categorías de “Críticos”, “Moderados” y “Favorables al Gobierno”, por desgracia no se incluyó una sola referencia bibliográfica de toda esa literatura. En el extremo menos favorable al gobierno, se detectó la acusación “de que las autoridades financieras buscaban propiciar intencionalmente un deterioro de las instituciones bancarias nacionales para justificar luego su total regreso a la iniciativa privada”. Entre los comentarios que pudieran considerase “Moderados”, fue muy frecuente la acusación en contra de las tasas impositivas aplicables los rendimientos de las inversiones bancarias. Presumiblemente, esas tasas impositivas “eran más altas en promedio que aquellas aplicables a inversiones propias del mercado de valores…”. Dicho lo anterior, resultaba difícil de explicar la renuencia o la pasividad de las autoridades fiscales para corregir esa asimetría tributaria. Desde otra perspectiva muy importante, otros comentarios destacaron que la cuestión de mayor relevancia en esa Reunión Bancaria no había sido la competencia entre bancos y casas de bolsa, sino otra diferente. A saber, “la discusión entre las autoridades financieras y los banqueros acerca de las medidas de política financiera que se debían seguir para estimular la reactivación de la economía nacional”. Existía coincidencia entre las autoridades y banqueros en cuanto a que la banca aumentase sus captaciones y su derrama de crédito en apoyo de la planta productiva. Pero para ello, los bancos pedían “menos restricciones en cuanto a reservas bancarias y mayor flexibilidad para determinar competitivamente las tasas de interés”.[22] Sin embargo, el problema que los banqueros no habían llegado a percibir es que la primera de esas demandas podría obrar en contrario de la política antiinflacionaria que era necesario seguir manteniendo en el país por parte del Banco de México. El segundo, que las condiciones de mercado –con muchas imperfecciones– que existían en México en el sector bancario, no hacían posible una desregulación total de las tasas pasivas de la banca.

Entre los artículos que formaron parte de ese torrente antagónico al Banco de México y al funcionario que lo encabezaba, algunos pudieron haber estado instigados por la práctica de Fernández Hurtado de convocar a periodistas y envolverlos con su retórica. En sus evocaciones del episodio, el economista Miguel Mancera recuerda en particular una nota alusiva a aquella Reunión Bancaria que se publicó en la revista Euromoney, de la autoría de un reportero de nombre Alan Robinson. Muy posiblemente ese reportero no atendió de forma personal la aludida Reunión y la reseña que escribió de la misma estuvo marcadamente sesgada por la visión de quienes fueron sus informantes. Pero éstos, quienes fueran, no necesariamente le informaron con exactitud al periodista. Respecto de los discursos pronunciados por Fernández Hurtado y Mancera, del primero escribió que había sido recibido “con una ovación de pie”, mientras que el del banquero central mereció apenas una recepción más bien fría. Según el reportaje de marras, en su discurso Fernández Hurtado había denunciado “el monetarismo extremo del Banco de México”, expresión que es imposible encontrar textualmente en esa alocución. Y el mismo caso de cita falaz se dio cuando el banquero Fernández Hurtado hizo referencia en su discurso al fenómeno de las casas de bolsa y el desarrollo notable que habían logrado en esos años. Pero el hecho dialéctico es que en su discurso Fernández Hurtado nunca hizo referencia textual “al surgimiento de una banca paralela”, calificación a la que, según afirmación del propio periodista Robinson, “ningún funcionario con intención de sobrevivir se habría atrevido”. Lo que sucedió en realidad es que para el artículo en Euromoney el reportero confundió lo expresado textualmente en los discursos que se pronunciaron en la Reunión con las afirmaciones, de tono más fuerte, que se expresaron durante los convivios posteriores, muchos de carácter informal.[23]

En su reportaje, el periodista Robinson afirmó que el discurso de Fernández Hurtado había sido aplaudido con cordialidad por el presidente De la Madrid, que el secretario de Hacienda sonrió fríamente detrás de su tradicional nube de humo (ya que era un fumador empedernido) y según uno de los banqueros asistentes, que el director general del Banco de México, quien al concluir el exordio no aplaudió, “parecía como un individuo sentado sobre hemorroides”. Y en términos del testimonio de otro banquero consultado, mientras Fernández Hurtado pronunciaba su mensaje “las mandíbulas de Mancera temblaban como si hubiera sido abofeteado”. Según se aprecia, el periodista Robinson tuvo la disposición para citar por escrito chismes irreverentes que había recabado de parte de sus entrevistados, pero no tuvo la capacidad para entender correctamente cuál era el agravio de los banqueros con la política regulatoria del Banco de México. No había tenido lugar el supuesto “estrangulamiento del crédito” o por lo menos no en la forma errónea en que lo trató de explicar el periodista en su polémico reportaje. Al respecto, era equivocada la afirmación de que “tan sólo una cuarta parte de la captación se había canalizado al crédito”. Lo cierto era que el único cajón del control selectivo de la cartera de la banca que no se aplicaba al crédito era el depósito obligatorio de liquidez que se congelaba en el Banco de México. Tanto el cajón de crédito obligatorio al gobierno federal en la forma de toma de valores gubernamentales al igual que los cajones en apoyo de la agricultura, vivienda de interés social, pequeña y mediana industria y equipamiento industrial se concretaban en financiamiento. Tal vez el cuarto de la captación no obligatoria a que se refería el artículo correspondía a la captación de la banca de libre disponibilidad. Pero esa regulación había sido tal desde las épocas de Rodrigo Gómez. Y en adición a los anteriores errores explicativos, más adelante en el artículo vino la gran contradicción en la exposición del periodista Robinson. Ello, al solidarizarse primero con la acusación de que el Banco de México había aplicado un “estrangulamiento al crédito” a la vez de acusarlo, más adelante, de que bajo el mando de Mancera la política monetaria había “fracasado en el control de la inflación, en ese momento ya desbocada en su elevación a 125 por ciento anual”. ¿Por fin, “estrangulamiento del crédito” o incapacidad para contener la inflación?

Equivocadamente, el artículo en Euromoney del periodista Robinson llevó como cabeza “No el tío favorito del presidente”. Pero la realidad factual había sido precisamente todo lo contrario: contando con un apoyo excesivo por parte de su sobrino, el mandatario, Fernández Hurtado se había extralimitado en sus funciones de banquero comercial. Sin embargo, al caer efh en esa extralimitación había dado lugar a que la historia dictara algunas lecciones importantes. La primera, en cuanto a descalificar el prejuicio que había existido intocado en el medio de los expertos en cuestiones bancarias de que una banca en manos del Estado sería más fácil de regular y de supervisar. ¡Todo lo contrario! Estando los bancos bajo el mando de figuras de la política con peso específico, se perdía la necesaria bilateralidad que las autoridades –especialmente el Banco de México– requerían para una supervisión y regulación eficaces de los intermediarios. De otra manera, contaban los banqueros a su disposición con una gama amplia de subterfugios para tratar de eludir la subordinación a las autoridades regulatorias. Entre esos subterfugios, orquestar una sublevación concertada ante las propias barbas del presidente de la República. Asimismo, la sublevación orquestada en aquella Reunión Bancaria en Guadalajara en junio de 1987 reveló algo que nadie de sus actores se atrevió a reconocer explícitamente. Que el gran aliado de las casas de bolsa no eran las autoridades gubernamentales sino otros dos factores de carácter estructural: el déficit fiscal y la elevada inflación. En razón del amplio déficit fiscal corriente y del componente inflacionario en las tasas de interés era que se tenían que emitir Cetes y Petrobonos en tan grande cantidad para su financiamiento. Los títulos de la deuda pública interna eran el insumo fundamental para el funcionamiento de las casas de bolsa. Pero, por otro lado, es indudable que tal vez por una razón de equilibrio y equidad quizás a los bancos también debió permitírseles abrir fondos de inversión, aunque posiblemente tan sólo para el manejo de renta fija.

Desde el punto de vista periodístico, lo más importante en el artículo que se publicó en la revista Euromoney fue la información relativa a las cosas que sucedieron una vez concluida la Reunión Bancaria. Cosas en la forma de declaraciones y opiniones ulteriores que se pronunciaron, a la vez de juntas y eventos que tuvieron verificativo, tanto en el orden informal como oficial. Según el artículo de Robinson, una vez concluida la Reunión, el sucesor de Fernández Hurtado como presidente de la Asociación de Bancos, Fernando Solana, cabeza de Banamex, se encargó de continuar el debate, en particular en contra del Banco de México. El principal argumento, acusar que las políticas monetaria y crediticia del instituto central habían desembocado para la banca en “una regulación excesiva, en un control excesivo”. Y fue tal vez de la inspiración del banquero Solana de quién nació la acusación de que se había llegado a “represión financiera”. No obstante, en paralelo con las declaraciones y quizá de mayor importancia, fueron las reuniones que tuvieron lugar durante aquel episodio. En tal respecto, el periodista Robinson explicó que una fuente de la Secretaría de Hacienda le había informado sobre la celebración de una serie de juntas a puerta cerrada que se habían convocado para buscar salida a los agravios que habían manifestado los banqueros en la Reunión de Guadalajara. Según el artículo, en esas juntas “se tocaron todos los puntos importantes y se manifestaron una o dos voces relevantes”. Y declaradamente, agregó la fuente consultada, dichas reuniones no necesariamente fueron muy cordiales. Para concluir, en términos del reportaje citado, los bancos continuaron con su cabildeo y finalmente las autoridades se vencieron a las presiones. En cuanto a la regulación de la intermediación, como resultado de esos embates los bancos ya podrían canalizar como crédito al sector privado el 49 por ciento de su captación, en contraste con el coeficiente previo de tan sólo 11 por ciento.[24]

¿En verdad, a raíz de la Reunión Bancaria de Guadalajara se dio una claudicación de las autoridades financieras frente a las presiones de los banqueros? En el Informe del Banco de México para el año de 1987, se habla de que a partir del 1º de agosto de ese año entraron en vigor dos reformas importantes al régimen de inversión obligatoria aplicable a la banca, “cuyo propósito fundamental consistía en simplificar el manejo de las tesorerías bancarias”. La primera de esas reformas se refirió a un nuevo régimen de aplicación del pasivo total invertible registrado hasta julio de 1987. La tasa de canalización obligatoria en apoyo del sector público se mantuvo en 48 por ciento, con una distribución como sigue: depósito obligatorio en efectivo, 10 por ciento; inversión en valores o créditos para el gobierno federal, 35 por ciento; y créditos en apoyo de la banca de desarrollo, 3 por ciento. La segunda de las reformas se refirió a un nuevo régimen de inversión de aplicación marginal, el cual entró en vigor a partir del mencionado 1º de agosto. Marginal, quería decir que se aplicaría a los pasivos bancarios que se captaran a partir de la fecha de arranque del nuevo régimen. La gran novedad en este nuevo sistema de inversión obligatoria fue que el gran cajón de inversión en apoyo del sector público se redujo en 26.2 puntos porcentuales sobre el total, al pasar de 77.2 a 51 por ciento. Los recursos así liberados quedaron disponibles para que la banca los pudiera aplicar en créditos al sector privado. Esta liberación de recursos fue posible en razón de que las autoridades del Banco de México decidieron eliminar un cajón de inversión reservado para la adquisición por parte de los bancos de valores gubernamentales con rendimiento del cpp más 1.15 por ciento y que había llegado a tener una cobertura de hasta 29.2 por ciento sobre el pasivo invertible de la banca. Presumiblemente, esa modificación fue posible en razón de la capacidad a que se había llegado para colocar Cetes mediante el mecanismo de subasta en la cantidad necesaria para financiar íntegramente de forma no inflacionaria el déficit fiscal. Y como conclusión se cita el párrafo del resumen correspondiente a esas reformas que se incluyó en el Informe Anual citado del Banco de México: “Las medidas descritas reforzaron el repunte del financiamiento de la banca comercial al sector privado observado desde mayo, de manera tal que entre el final de julio –fecha de su introducción– y el final de octubre, el saldo de dicho financiamiento creció 11.5 en términos reales”.[25] ¿Cuál “represión financiera”?

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