Un episodio particularmente traumático –sobre todo en el aspecto humano– durante la presidencia de Miguel de la Madrid fue la destitución–renuncia, en junio de 1986, de Jesús Silva Herzog (JSH) como secretario de Hacienda. En las memorias sobre su administración que escribió ese mandatario (con la asistencia de la historiadora Alejandra Lajous), se incluyeron unos pasajes bastante impresionantes sobre dicho acontecimiento. Dada la personalidad tranquila y ecuánime de Miguel de la Madrid, sorprende la dureza del lenguaje usado al referirse al caso. Verdaderamente, su relación personal de jefe a subordinado debe haber “llegado a un nivel de deterioro intolerable”. En general, de los pasajes correspondientes se deducen cuatro causas para la caída de ese funcionario. Primero, razones de comportamiento en JSH, a partir de finales de 1985: “… una actitud de (sic.) ‘hemos fracasado’”. Más adelante en su texto, De la Madrid anotó: “… la actitud de Silva Herzog logró irritarme profundamente”. De mayor importancia, incapacidad para alcanzar logros que eran esperados en el desempeño de su encomienda. En particular, no informar y persuadir a los interlocutores de México en el exterior –bancos acreedores, organismos internacionales, gobierno de Estados Unidos, periodistas– sobre la magnitud del esfuerzo de cambio estructural y ajuste macroeconómico llevado a cabo por el país desde 1983. Tercero, “displicencia” en el desempeño laboral, concentrándose únicamente en la negociación de la deuda externa y desentendiéndose de la conducción de “la política financiera interna”. Cuarto, fallas en mantener informado satisfactoriamente al presidente sobre los asuntos de su responsabilidad personal. Y finalmente, insuficiente obediencia para cumplir las instrucciones superiores respecto de asuntos concretos. En este último sentido, de tres juntas que se celebraron para preparar la toma de decisiones antes de que se anunciara el acuerdo con el FMI en julio de 1986, JSH únicamente asistió a una de ellas. Ya en el acuerdo con el presidente, su participación resultó tan escueta que “provocó comentarios muy duros de los demás participantes”.[1]
En sus memorias personales que publicó hacia 2007, Jesús Silva Herzog también hizo referencia al caso de su destitución como secretario de Hacienda. En esa fuente, JSH aseguró hasta en dos ocasiones que “[e]l presidente De la Madrid estaba rodeado por una corte altamente influyente –Gamboa Patrón, Manuel Alonso, Francisco Rojas y el propio Salinas de Gortari– que lo tenía cercado y cooptado”.[2] Curiosamente, De la Madrid acusó que Silva Herzog llegó a quedar frente a los banqueros del exterior “capturado en términos emocionales”.[3] Y en medio de ese círculo, según ese memorialista, “había un juego de engaño al presidente… y aquél aparentemente se dejaba engañar…”. En ese contexto, el titular de Hacienda cayó en la cuenta de “que los puntos de vista que la Secretaría sostenía iban perdiendo influencia ante la postura de Programación y Presupuesto y la actitud del presidente de la República”. Finalmente, dada esa situación, ante la pérdida de confianza, que fue recíproca, JSH decidió tomar la decisión de presentar su renuncia al cargo de secretario de Hacienda. Con respecto a los testimonios antes citados, lo que cabe resaltar es la falta casi absoluta de coincidencia entre las razones dadas por De la Madrid para ese desplome y las que arguyó JSH en su recuento biográfico. Señalado lo anterior, ¿qué es lo que puede destacarse en el presente relato, con toda seguridad, de la caída de JSH? Lo primero, que desde el ángulo político el desplome de Silva Herzog le dio salida fluida, sin fricciones, a la sucesión presidencial que el mandatario, De la Madrid, decidió en favor del secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Segundo, que en materia de política económica el triunfo de Salinas marcó lo que podríamos llamar una cierta intocabilidad respecto del gasto público. La metáfora, atribuida a Salinas, de que en materia presupuestal “ya estamos en los huesos” se volvió una especie de mantra indiscutible en el gabinete económico. En adelante, si acaso se iba a avanzar en el frente del ajuste fiscal tendría que ser por el lado de los ingresos. Y de manera indirecta, esa decisión relegó a la lucha contra la inflación a un lugar secundario.
¿Qué papel pudo haber jugado el Banco de México en la caída de Silva Herzog? Desde luego, de manera directa ninguno, pero en sentido indirecto sí hubo implicaciones. Una de ellas, que en el enfrentamiento político de Salinas de Gortari en contra de JSH por ganar la sucesión presidencial, algunos actores llegaron a suponer que Miguel Mancera se había aliado al bando del segundo de ellos. En particular, éste fue el caso de Gustavo Petricioli, desde su trinchera en el timón de Nacional Financiera.[4] Tal vez, de esa interpretación derivó la campaña soterrada de ataques que Petricioli decidió desatar en contra del banquero central y de las medidas de corte monetario y crediticio que bajo su mando aplicaba el Banco de México. Pero el desenlace de Silva Herzog también pudo tener gravitaciones sobre las posturas en que se fincaba la política económica. En sus memorias, Silva Herzog hace referencia a una muy importante reunión a que convocó el presidente de la República, De la Madrid, en marzo de 1985, en Ixtapa Zihuatanejo. El gabinete económico en pleno asistió a ese cónclave. Según ese testimonio, “[e]l objetivo era tratar de identificar los mejores caminos para salir de la crisis en la que ya estábamos inmersos”. Al respecto, el memorialista escribió que el ambiente de la reunión fue muy “tenso” y que, además, no pudo llegarse a ningún “consenso”. Y en esa fuente, JSH hizo referencia al enfrentamiento que se escenificó en dicha reunión entre dos posturas antagónicas. Por un lado, señaló, “Hacienda y el Banco de México defendieron la política financiera y el manejo de la tasa de interés y pusieron énfasis en la necesidad de recortar el gasto público”. Seguramente, una política financiera de contención para moderar las presiones alcistas. En el bando opositor, encabezado por la Secretaría de Programación y Presupuesto, se “insistió en que había que bajar la tasa de interés para reducir el servicio de la deuda interna y alentar un mayor crecimiento con menores pagos al exterior”. Nadie en el uso de sus facultades podría haberse opuesto a este último planteamiento, pero sí a la oposición a “la necesidad de recortar el gasto público”. Y, sobre todo, a la terquedad de bajar las tasas de interés de manera discrecional, con las consecuencias correspondientes en materia de desintermediación bancaria y mayores presiones inflacionarias.[5]
No se tiene noticia de que Gustavo Petricioli llegara a lanzar intriga frente al presidente De la Madrid en contra del secretario de Hacienda, Silva Herzog. Sí lo hizo en contra del banquero central, Miguel Mancera, indudablemente con implicaciones tanto económicas como políticas. Económicas, pues al criticar frente al mandatario las políticas que aplicaba el Banco de México en materia de contención monetaria, tasas de interés y desliz del tipo de cambio, por simple lógica deductiva expresaba una postura implícita antagónica y en favor del expansionismo inflacionario. De hecho, algo parecido podía decirse respecto del ministro Salinas de Gortari y los actores que lo secundaban, al enunciar sus tesis en favor de no tocar ya más el gasto público y apoyar una reducción discrecional de las tasas de interés. Y de manera paralela a esas ideas –que iban en oposición de convicciones institucionales muy arraigadas en el Banco de México– es por demás evidente que los enfrentamientos entre Silva Herzog y Salinas de Gortari y su falange cercana, también vinieron acompañados de cabildeo en oposición a la figura de aquél. Para muestra un mismo botón, al que hicieron referencia tanto el presidente De la Madrid como el propio Silva Herzog en sus respectivas memorias. A principios de junio de 1986, hubo una importante reunión sobre política económica en el Salón Blanco de la SHCP, con la asistencia (sic.) “de la plana mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Contraloría, Banco de México y Hacienda” pero sin la participación del presidente de la República En esa reunión, ante la posibilidad de que se acordara una reducción discrecional de las tasas de interés, el ministro Silva Herzog recordó haber contestado “–con cierta altanería– que si eso sucediera no estaba dispuesto a cumplir la orden”. Y la reacción de insidia política parece haber sobrevenido inmediatamente después: “el secretario de Programación y Presupuesto, Salinas de Gortari, y el de la Contraloría, Francisco Rojas, se miraron a los ojos y esbozaron una leve sonrisa”. Sólo del cabildeo y de la intriga palaciega, pudo el presidente De la Madrid haber obtenido la información de que en la mencionada junta el ministro Silva Herzog se había mostrado “por demás altanero con sus colegas…”, insinuando, además, haber estado dispuesto a no acatar una instrucción proveniente de la propia Presidencia.[6]
En aquella coyuntura tan delicada, la correlación de fuerzas políticas se había alineado, de manera muy clara: con Gustavo Petricioli cabildeando en contra de Miguel Mancera del Banco de México y Carlos Salinas de Gortari en oposición de Jesús Silva de Hacienda.[7] Ya estallada la crisis, fue casi un milagro que la prudencia y la sensatez predominaran en el juicio del presidente De la Madrid y éste decidiera mantener en el timón del Banco de México al economista Mancera. Como economista técnico y experto en banca central, con una calidad profesional muy por arriba de Petricioli. Y cualquiera hubiera podido pensar que, a la caída de Silva Herzog, el destino administrativo ineluctable de Salinas de Gortari debería haber sido el timón en la Secretaría de Hacienda. Pero claramente, dicho enroque no podría haber sido tal, en razón que no estaba de por medio una cuestión de tipo operativo, sino eminentemente político: la caída de Silva Herzog había sido parte integral del proceso para resolver la sucesión presidencial en el sexenio de Miguel de la Madrid. De manera reveladora, en sus memorias De la Madrid confirmó que “a mediados de septiembre de 1987 llegué a la conclusión de que el precandidato más adecuado para la responsabilidad que tendría que enfrentar era Carlos Salinas de Gortari”. Y para reforzar esa postura, se permitió agregar tan importante memorialista el siguiente testimonio: “de manera preliminar, sujeta siempre a comprobaciones, pendiente siempre de cualquier movimiento, había llegado ya a esta conclusión desde finales de 1986”.[8] De forma que no hubiera tenido mucho sentido ni administrativo ni operativo que, a la salida de Silva Herzog, Salinas fuera tan sólo reubicado en el mando de la SHCP. En esa posición fue designado el economista Gustavo Petricioli, de larga trayectoria y amistad personal con Miguel de la Madrid. Pero debe quedar clara la relación de subordinación que Petricioli tendría frente al secretario de Programación y Presupuesto. En una declaración tremendamente descarnada, De la Madrid llegó a confirmar que después de la destitución de Silva Herzog, “ratifiqué que el jefe de la política económica era Salinas de Gortari, ya sin discusión”. La opinión pública de esa forma lo percibió, e incluso, humorísticamente, llegó a insinuarse que Petricioli no era, de hecho, más que un subsecretario de Programación y Presupuesto.[9]
El presidente De la Madrid explicó en sus memorias que para reemplazar a Silva Herzog a la cabeza de la SHCP había optado por el economista Gustavo Petricioli Iturbide. Para justificar el nombramiento, argumentó que contaba con todos “los antecedentes profesionales para el trabajo”. En términos de formación escolar, Petricioli era egresado del Instituto Tecnológico de México (luego de su autonomía, ITAM) con posgrado en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Su trayectoria académica la había desarrollado en su propia Alma Mater, en labores tanto de docencia como de dirección universitaria. En el Banco de México se había desempeñado en periodos no sucesivos tanto como jefe de la Oficina Técnica de la Dirección (1956-1963) y brevemente como subdirector general (1975). Por su parte, la carrera hacendaria de Gustavo Petricioli se había iniciado en 1964 cuando fue designado director general de Estudios Hacendarios hasta 1970. Ya en el sexenio del presidente Luis Echeverría, fue ascendido a subsecretario de Ingresos, cargo que ocupó hasta 1973. Y en la administración de López Portillo se desempeñó en calidad de presidente de la Comisión Nacional de Valores (cnv) y durante la subsiguiente de Miguel de la Madrid, tuvo a su mando la Dirección General de Nacional Financiera, exactamente durante tres años, con seis meses y 17 días.[10] Aunque el presidente De la Madrid no lo menciona en sus memorias, él y Petricioli tenían una relación de amistad y de trabajo que se remontaba a sus épocas de funcionarios jóvenes en el Banco de México, en la Oficina Técnica de la Dirección, y posteriormente en la SHCP, cuando durante el sexenio de Díaz Ordaz mmh actuó como subdirector de Crédito. A lo que sí hizo referencia De la Madrid en sus memorias fue al importante antecedente de que “en diversas ocasiones”, Petricioli, cabeza en la Nacional Financiera, ya le había manifestado su supuesta “preocupación por la política hacendaria, de ingresos, de crédito y de tasas de interés”. Asimismo, de manera un tanto críptica, De la Madrid enunció en esa fuente que “Petricioli podría controlarme la algarabía e incertidumbre que pudiera generar la salida de Silva Herzog”, aunque nunca aclaró lo que había querido decir con esa expresión.[11]
Todo hace indicar que inmediatamente después de aquel nombramiento como secretario de Hacienda, el presidente De la Madrid citó a Gustavo Petricioli junto con Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto y les dio instrucciones para que prepararan un programa de política económica que se pudiera dar a conocer a la brevedad posible. Aquellos encargados trabajaron muy de prisa y el programa solicitado estuvo listo tan sólo cinco días de calendario posteriores a la fecha de la renuncia de Silva Herzog. No hay indicios de que las altas autoridades del Banco de México fueran llamadas a la preparación del mencionado plan económico y una posible confirmación indirecta de la hipótesis fue que en la conferencia de prensa a la que se convocó el 23 de ese mes de junio, únicamente comparecieron el propio Petricioli en tándem con Salinas de Gortari. Esa presentación, que tuvo verificativo en el Salón Carranza de Los Pinos, resultó indudablemente un éxito comunicacional, empezando por el título que se discurrió para el plan que se anunció: Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). En sus memorias el presidente De la Madrid destacó que “en general el programa fue bien recibido” y que su solo anuncio resultó favorable “en términos psicológicos”. Esto último, “por el ambiente depresivo que reinaba en el país” y la necesidad de “abrir una esperanza al futuro, de reanimar a la población”.[12] Por su parte, en la crónica oficial del sexenio, se habló “de la intención de infundir al pueblo de México cierto ánimo optimista con el pac…”. De esa intención, la idea de utilizar en la conferencia de prensa expresiones motivadoras como aquélla de brindar un “aliento sólido al proceso de recuperación económica…”.[13]
El anuncio de ese programa económico se transmitió a la opinión pública después de meses de tan sólo escuchar “que las negociaciones con los acreedores estaban estancadas…”, y de destacar “la idea de que tenemos un plan de acción y que éste no ignora sus problemas”.
No caeremos en este espacio en la tentación, un tanto ociosa, de analizar si con el PAC se planteó un cambio integral de la estrategia económica en el sexenio de Miguel de la Madrid o que fue tan sólo una recalibración de las metas y principales instrumentos de la política económica. Tal vez, en su esencia, fue principalmente esto último, con una reducción en la importancia del segundo de los dos objetivos principales del pac, que fueron, a saber, “buscar simultáneamente el crecimiento económico y el control de la inflación”. El PAC parecía efectivamente contener un sesgo hacia la inflación y ese sesgo se logra adivinar principalmente en el segundo de los cinco pilares que se enunciaron para dicho programa. El primero de esos postulados básicos planteó la necesidad “de cambiar los términos de la negociación con los acreedores de la deuda externa”. De manera fundamental, determinar los pagos correspondientes (intereses y amortizaciones) en función de la capacidad de pago del país, sin condenar a la economía al estancamiento. Segundo, elevar la disponibilidad de recursos financieros internamente en el país. Ello, con la doble finalidad de “hacer descender las tasas de interés internas y liberalizar el crédito al sector privado”. En una parte importante, la ampliación del crédito interno se lograría mediante los recursos externos que se obtuvieran en las negociaciones que estaban por celebrarse con los organismos financieros internacionales, la banca acreedora del exterior y los gobiernos de los países avanzados, principalmente Estados Unidos. Tercero, “como piedra angular del programa, alentar la inversión privada”. Y un instrumento que se visualizaba para esta última finalidad era precisamente “el descenso gradual de las tasas de interés…”. En el cuarto postulado del programa se planteó “revisar la política de ingresos del sector público”. Claramente, con la intención de no permitir un debilitamiento del balance fiscal ante la determinación tajante de que el total del gasto gubernamental era intocable hacia la baja. Y el quinto postulado fue de naturaleza más bien cualitativa y consistió en (sic.) “reorientar selectivamente el gasto público, sin alterar su monto total”.[14]
¿Contenía en su estructura técnica, un sesgo inflacionario el pac? Tan sólo un análisis cuidadoso del segundo de sus postulados así parece indicarlo. Como se ha visto, dicho postulado planteaba “aumentar la disponibilidad de recursos financieros dentro del país”. Al respecto, ya se dijo que, parcialmente, ese aumento se iba a lograr mediante los nuevos créditos que se obtuvieran del exterior y la disminución de los intereses que se pagaban por concepto de la deuda externa. Pero claramente, la otra parte del aumento de esa oferta dependería de los recursos financieros de origen interno que se pudieran aportar. De entrada, la propuesta hacía temer que se obligara al Banco de México a llevar a cabo un cierto relajamiento de sus políticas monetaria y crediticia. La monetaria, mediante una disminución de los requisitos de reserva obligatoria que se aplicaban a la captación de los bancos. En el orden de la política crediticia, permitiendo una expansión más allá de lo conveniente de los agregados monetarios amplios. De manera declarada, una de las finalidades del aumento de la disponibilidad de los recursos financieros era “para hacer descender las tasas de interés nacionales y liberalizar el crédito al sector privado”. El planteamiento parecía en ignorancia del hecho muy duro de que, sin un descenso de las presiones inflacionarias, iba a ser imposible inducir una reducción efectiva de las tasas de interés internas, sin deterioro de la captación de ahorro por parte de la banca. La afirmación un tanto candorosa de que por virtud de la ampliación de la oferta de recursos financieros se reducirían las tasas de interés internas, entraba en contradicción con la causalidad natural implícita en el fenómeno. El monto de los recursos financieros internos dependía del nivel de las tasas de interés y no a la inversa. En la redacción del pac, sus autores –Petricioli y Salinas de Gortari– ponían la carreta adelante de los bueyes.
En sus memorias, el presidente De la Madrid hizo un reconocimiento, en unos términos cuasifilosóficos, del posible sesgo inflacionario implícito en el pac. En tal sentido, escribió el exmandatario en esa fuente que “[p]ara los conocedores de temas económicos, el PAC plante[aba] dilemas aparentemente irreconciliables”. El primer cuestionamiento en la reflexión derivaba del plural utilizado en la frase. Ello, en razón de que el dilema era sólo uno, pero suficientemente importante: “… el crecimiento sin generar inflación, en todo caso, abre el cuestionamiento de hasta dónde se permitirá que aumente la inflación en aras del crecimiento económico”. Desde un punto de vista estrictamente técnico, la pregunta estaba mal planteada. La aproximación correcta dependería de cuáles deberían ser los instrumentos que tendrían que utilizarse para generar mayor crecimiento. Si tales fuentes iban a ser el deterioro de la disciplina fiscal y el relajamiento de las políticas monetaria y crediticia, estaba claro que el crecimiento inducido de esa forma iba a venir acompañado de mayor inflación.
Por el mero principio de la frase –“Para los conocedores de temas económicos”– el expresidente De la Madrid se autoexcluía de ese conglomerado de profesionistas con formación verdaderamente sólida en materia de política monetaria. Pero la cuestión de verdadera gravedad es que, implícitamente, también excluía de esa categoría de “conocedores de temas económicos” a los principales artífices del pac: el nuevo secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli, y el ministro de Programación y Presupuesto, Salinas de Gortari. Y la razón era clara, ya que, si los objetivos declarados del PAC eran “lograr un crecimiento económico moderado con control de la inflación”, resultaba difícil de entender por qué en el programa se permitía el relajamiento de los prerrequisitos para alcanzar esta segunda finalidad. La propuesta implícita en el PAC de intercambiar mayor crecimiento económico por un relajamiento del control de la inflación parecía estar fundamentada en un paradigma de la teoría económica –la llamada “curva de Phillips”– que había quedado descartado en definitiva hacía más de una década. Sin embargo, de manera obvia, ni Petricioli como tampoco Salinas de Gortari, estaban enterados de ese avance de la teoría económica. De ahí la conclusión, un tanto frívola y superficial, de “[s]imple y llanamente concluimos que el fantasma de la recesión era tan amenazante como el de la inflación y, en consecuencia, asumimos la necesidad de buscar un espacio intermedio…”.[15]
El acuerdo con el FMI, que se había estancado desde mayo de 1986, pudo por fin concretarse al poco tiempo de la toma de la estafeta en Hacienda por parte de Gustavo Petricioli. En las memorias de su sexenio, el presidente De la Madrid señala como una de las razones para que se lograra la modificación de la actitud con México por parte de las autoridades de ese organismo que “se asustaron ante el cambio de nuestro secretario de Hacienda durante la fase más crítica de la negociación…”. Es decir, tal vez reapareció en la mente de esos dirigentes la posibilidad de que México volviera a plantear alguna forma de moratoria de pagos sobre su deuda externa, ante el desplome de los precios del petróleo. Respecto de la participación del secretario Petricioli en las gestiones correspondientes, el presidente De la Madrid destacó que había logrado explicar y convencer a los interlocutores internacionales de México, sobre la magnitud y profundidad del cambio estructural conseguido desde 1983. En tal respecto, escribió el exmandatario en tan importante testimonio, “los funcionarios del FMI y del gobierno de Estados Unidos se quedaron sorprendidos al conocer los detalles de la reducción del gasto público programable, la racionalización del sector público y la apertura comercial”. Para marcar el contraste, señaló el memorialista, que por el propio testimonio de esas personas se pudo comprobar que, en sus contactos, Silva Herzog no había sido capaz de conseguir esa explicación. Y se cerró ese tema, en las referidas memorias, con un espaldarazo a Petricioli, al destacar “la trascendencia que una persona puede tener en un proceso que afecta a toda una nación”. De manera muy importante, De la Madrid también hizo alusión al temor que despertó en el gobierno de Estados Unidos una posible declaración de moratoria por parte de México y la presión que decidieron ejercer los funcionarios estadounidenses sobre el FMI para que se desbloqueara el acuerdo que se encontraba estancado. “La magnitud de la presión norteamericana sobre el Fondo Monetario Internacional llegó a crear problemas entre su director, Jacques de Larosière, y los técnicos que ahí trabajan. Para estos últimos, es bien sabido, las consideraciones políticas son inaceptables”.[16]
Por el testimonio del expresidente Miguel de la Madrid, fue que se supo de las diferencias de criterio que se suscitaron al interior del Fondo Monetario Internacional por causa de la solicitud por parte de México de un programa de apoyo contingente (Stand-by arrangement) para un plazo de 18 meses. A diferencia, no se sabe de desacuerdo alguno que surgiese dentro del gobierno mexicano por el programa de política económica que se presentó a la consideración de las autoridades del organismo. Sólo la muy difícil de explicar omisión de que la carta de intención correspondiente no viniese suscrita de manera mancomunada, también por el director general del Banco de México. Únicamente por el secretario de Hacienda, Petricioli. Ya en el texto de esa carta de intención, cabe citar el argumento de que, ante una nueva y pronunciada caída de los precios del petróleo, el gobierno de México había acordado un programa para “restaurar en la economía, crecimiento sustentable en un contexto de estabilidad financiera”. Para un analista externo, el motivo de escepticismo pudiera derivar de si en las circunstancias que prevalecían era alcanzable mantener lo segundo, en paralelo con la consecución de lo primero. Una posible fuente de duda pudo provenir de si podría lograrse la meta fiscal de balance primario de 3 por ciento para 1987, dada la declaración tajante sobre el “escaso margen disponible para la reducción del gasto público…”. Otro de los motivos de preocupación, fue relativo a los objetivos que se propalaron en la carta de intención para las políticas monetaria y crediticia a cargo del Banco de México durante la vigencia del acuerdo, en cuanto a “disminuir la tasa de inflación, alcanzar la meta de balanza de pagos en el programa y respaldar la recuperación de la producción”. Principalmente por este último objetivo, es que la postura de la política del Banco de México tendría que ser “consistente con una disponibilidad ampliada de crédito para el sector privado…”. Y ante esta última exigencia, el cuestionamiento surge de forma espontánea: ¿Y el combate contra la inflación? Asimismo, y de manera todavía más preocupante: “… la distribución del crédito y los requerimientos obligatorios de cartera sobre la banca comercial se habían reducido de sus niveles extremos previos para ampliar el crédito al sector privado”. Nuevamente: ¿y el combate a la inflación? [17]
En el segundo de los postulados del PAC se había establecido la consigna, escrita con todas sus letras, de “aumentar la disponibilidad de recursos financieros dentro del país para hacer descender las tasas de interés nacionales…”. Sin embargo, tan sólo dos semanas posteriores al anuncio del programa, exactamente el 4 de julio de 1986, el Banco de México hizo un anuncio que pareció sorprender a diversos observadores. La medida en concreto es que se elevaban las tasas de interés pasivas de la banca entre 1 y 2 puntos porcentuales. La razón expuesta por las autoridades del Banco de México para justificar la decisión, fue que el aumento de la inflación había obligado a tal medida, con la finalidad de mantener un rendimiento atractivo para los ahorradores y los inversionistas internos. Según la crónica oficial del sexenio, tal acción por parte del banco central despertó “confusión entre distintos grupos de la sociedad, pues esto contradecía los propósitos del pac”.[18]
Por otro lado, con respecto a la política de tasas de interés a cargo del Banco de México, en la Carta de Intención que se presentó, con fecha 22 de julio de 1986, a la consideración del FMI, se hizo referencia a que esa política debería ejercerse con un enfoque de flexibilidad “a fin de poder ofrecer un rendimiento competitivo a los ahorros internos y depender en mayor medida de las tasas de interés para promover una utilización más eficiente de los recursos financieros”.[19] O sea que, simplemente, con su anuncio del día 4 de julio previo, las autoridades del Banco de México se aprestaron a aplicar con fidelidad el enfoque en la materia que se ofrecería semanas después al organismo internacional en la carta de intención.
Consumado el desplome histórico de Silva Herzog como figura pública, rebosantes de ambición política –y con el premio del destape sucesorio a la vista– Gustavo Petricioli (SHCP) y Carlos Salinas de Gortari (SPP) se abocaron a perpetrar un proyecto político y propagandístico con la envoltura de plan económico: Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). El “Aliento” resultó una mera fórmula retórica, y de manera muy simplista el “crecimiento” devendría de sacrificar estabilidad a cambio de un menor desempleo (curva de Phillips). Muy hábiles operadores políticos, aunque economistas con escasa formación teórica y técnica, Petricioli y Salinas de Gortari tan sólo alcanzaron a concebir con el PAC un cascarón prácticamente vacío de contenido técnico. Es decir, no se logró gestar un programa económico coherente y explícito, con coordinación y funcionalidad entre objetivos e instrumentos de política económica. Y en la gestación y el anuncio propagandístico del pac, pocos observadores alcanzaron a notar la ausencia en el proceso de Miguel Mancera, director general del Banco de México. Y en el orden institucional, la marginación del instituto central. ¿Por qué? Tal vez en razón de que, durante la gestación del pac, Mancera estuvo tramitando ante el presidente De la Madrid su permanencia o no dentro de los cuadros de mayor jerarquía en aquella administración. Pero el PAC efectivamente nació como un cascarón vacío de contenido técnico. Es decir, sin soporte. De ahí la decisión en el Banco de México, bajo el liderazgo de Miguel Mancera, de aventurarse a la azarosa tarea de proporcionarle al PAC ese contenido técnico de que adolecía dicho programa desde su gestación.
En su momento, la designación “pac” (Programa de Aliento y Crecimiento) resultó un mero recurso retórico. En la muy difícil coyuntura económica en la que se encontraba México a mediados del año 1986, había un solo programa económico obligado: el relativo a la absorción y procesamiento de esos dos tremendos choques exógenos que fueron los sismos de septiembre de 1985 y la muy marcada caída de los precios del petróleo durante el año siguiente. Pero era claro desde el punto de vista comunicacional, que el programa económico requerido no se podía anunciar con ese lenguaje y en la forma explicada. Hecha esa aclaración del orden retórico, procede regresar a la tarea que se impuso el Banco de México de ofrecerle contenido y soporte técnico a lo que con tanto bombo y platillo Petricioli y Salinas de Gortari habían dado a conocer bajo la envoltura de pac. El foro idóneo para tal tarea lo proporcionó la Comisión de Crédito y Cambios, que venía funcionando desde principios de 1985 al amparo jurídico de la Ley Orgánica del Banco de México de 1984. En ese órgano colegiado, cabe recordarlo, se discutían y decidían las principales medidas en las materias de política monetaria, crediticia y cambiaria. Dicha comisión estaba integrada con los funcionarios de más alta jerarquía de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, aunque por invitación de cualquiera de esas dos dependencias pudieran asistir a las sesiones otros funcionarios que fueran convocados por parte de ambas entidades.
Programáticamente el PAC resultó un cascarón vacío y el Banco de México saltó a la palestra para intentar llenar la laguna, la flagrante omisión. Lo hizo desde la perspectiva de su especialización, en un documento intitulado “Estabilización y tasas de interés” que se presentó a la consideración de la Comisión de Crédito y Cambios (ccc) en una sesión del 21 de agosto de 1986. En muy buena medida, el PAC había resultado en un cascarón vacío en razón de que no contenía planteamientos explícitos sobre política monetaria y crediticia. En este último respecto, hizo la pregunta el Banco de México en relación al objetivo prioritario de la política económica en la coyuntura que corría: “¿debe ser el control en el corto plazo del nivel de las tasas de interés, a costa de perder la capacidad de manejar la política monetaria con fines antiinflacionarios, o debe ser más bien la de eliminar la inflación cuyo logro siente el marco macroeconómico indispensable para procurar el desarrollo sostenido y, accesoriamente, la reducción de las tasas de interés nominales?”. En términos más técnicos, “el manejo del desliz [del tipo de cambio] y del monto del crédito primario como elementos exógenos y el tratamiento de las tasas de interés como endógeno…”.[20] La historia registra que, para contrarrestar los puntos de vista expuestos por el Banco de México en el documento mencionado, la Secretaría de Hacienda presentó a la atención de la ccc otro trabajo de su autoría bajo el título “Problemática del financiamiento del sector público”. A reserva de analizar la batalla que se desencadenó entre ambas representaciones por el contenido del documento del Banco de México, cabe resaltar en el escrito de la SHCP el reconocimiento para la omisión dentro del PAC de una estrategia económica integral. Tal reconocimiento se ubicó en la página 9 del mencionado documento, en el tenor siguiente: “Debe señalarse que el costo que ha tenido para el sistema financiero esperar por una definición del elemento antiinflacionario de la estrategia económica ha sido muy alto”. Y en forma complementaria, la determinación de la política de tasas de interés dependería “de manera crucial de la estrategia económica que se siga, en particular de la existencia, fuerza y eficacia relativa de su elemento inercial”. Pero no había esas determinaciones, como tampoco en la estrategia general la especificación de su “elemento inercial”.[21]
En buena medida, el sesgo inflacionario implícito en el PAC provenía de aquella omisión por la cual el Banco de México protestaba en su documento “Estabilización y tasas de interés”: la falta de una política antiinflacionaria coherente y funcional, con metas de inflación explícitas. En la introducción de dicho texto, se hacía referencia a que todo programa de estabilización en el mundo con visos de éxito había incluido como “elemento crucial” la fijación “de topes al crédito interno de la banca central…”. En tan importante documento del Banco de México, en forma elegante, aunque un tanto críptica, se habló del imperativo de que, dentro del programa general de política económica, la determinación del desliz cambiario y el monto del crédito primario se manejaran “como elementos exógenos y el tratamiento de las tasas de interés como elemento endógeno…”. En buen cristiano, en las circunstancias prevalecientes, sobre todo a partir de mediados de 1986 con el desplome de los precios del petróleo, un desliz cambiario rápido –para impedir la apreciación del tipo de cambio real– y un tope a la expansión del crédito primario que fuera compatible con una indispensable meta de inflación, predeterminada oficialmente con antelación. Pero en las circunstancias que corrían, este último era precisamente el problema medular: no se tenía la tan necesaria meta de inflación preanunciada. Y si a esa omisión se agregaba que a la política de tasas de interés no se le había venido dando un tratamiento “como elemento endógeno”, los topes predeterminados al crédito primario del Banco de México se habían visto desbordados. Y no sólo eso, también se habían registrado pérdidas de reservas internacionales. En otras palabras y según el documento referido, “si se pretenden mantener ciertos niveles de tasas de interés incongruentes con esos topes [al crédito primario del Banco de México], éstos tendrán que ser violados tarde o temprano…”. Y las consecuencias inflacionarias que se deriven, “harán insostenible la pretendida política de tasas de interés”.
En el propio documento “Estabilización y tasas de interés” se hizo referencia a la forma en que se había desbordado el crédito del Banco de México, incluyendo en ese concepto tanto el llamado “crédito primario” como el saldo de “la cuenta de la Tesorería”. De lo anterior, que, en el periodo comprendido del 15 de julio al 15 de agosto de 1986, el crédito de la banca central –o sea, la oferta monetaria– se había desbordado en la alta cifra de 523 miles de millones de pesos, a la vez de que “la compra–venta de divisas por el Banco de México había dado lugar a una pérdida de reservas internacionales por 370 millones de dólares”. De hecho, la pérdida de reservas internacionales del 1º de enero al 15 de agosto del mencionado año había ascendido a 2 365 millones de dólares. Según la Ley Orgánica del Banco de México, una de las principales responsabilidades encomendadas a la Junta de Gobierno era la relativa a la determinación de los topes a la expansión del crédito primario y también del saldo de la cuenta de la Tesorería. Como era ampliamente sabido, este último era el conducto por el cual el Banco de México proporcionaba crédito al gobierno federal para financiar parcialmente el déficit fiscal. Pero la eficacia de los topes que se acordaran a la expansión del crédito del Banco de México –en sus dos renglones principales– dependía de que éstos se predeterminaran con dientes suficientes para poder morder. De otra manera, la determinación de topes demasiado laxos sólo los haría redundantes o inútiles. Pero en la situación que prevalecía en agosto de 1986, el principal problema derivaba de la falta de un objetivo para la inflación interna.
Como se deduce de lo explicado en el párrafo anterior, para una política antiinflacionaria con visos de funcionalidad se necesitaban dos precondiciones: establecer un tope efectivo a la expansión del crédito primario, además de un objetivo visible y alcanzable para la inflación. Por la importancia del tope a la expansión del crédito interno, en una sesión de la Junta de Gobierno de enero de 1987, el banquero central, Miguel Mancera, se permitió explicar a esa audiencia el procedimiento metodológico que se seguía para tal determinación. Como primer paso, se partía “de la estimación con que se cuenta sobre el producto interno bruto, del cual se infiere el probable monto de la captación, ya que ésta, suponiendo tasas de interés adecuadas, guarda una relación directa con el mencionado producto”. A continuación, con base en la estimación de la captación se obtenía “la proyección correspondiente al crecimiento de los activos financieros, distinguiéndolos por instrumento en atención a su composición histórica…”. Acto seguido, “previsto el crecimiento de dichos activos y hecha la estimación del ingreso de fondos por concepto de deuda externa se llega[ba] a la estimación del financiamiento interno a concederse por el Banco Central”.[22] La explicación citada es impecable desde el punto de vista técnico, pero incompleta desde la perspectiva de estrategia económica. Es decir, desde la perspectiva de política económica. Ello, en razón de que faltaba la meta de inflación para poder determinar la estimación definitiva “del financiamiento interno a concederse por el Banco Central”. Y en el caso concreto de México, era no sólo indispensable fijarle un tope funcional a la expansión del crédito primario sino también al saldo de la cuenta de la Tesorería, que era el canal por el cual se aportaba expansión monetaria para el financiamiento del déficit fiscal. La variable por conducto de la cual se habían gestado las grandes inflaciones de los tiempos pasados. La “manzana de la discordia” en la aplicación de la política económica mexicana.
El destino de un posible programa de estabilización a incluirse dentro de la propuesta PAC de política económica, se jugó en aquella sesión de la Comisión de Crédito y Cambios en la que el Banco de México presentó a la discusión el documento “Estabilización y tasas de interés”. Lo que transmite la lectura del acta correspondiente es una actitud de desagrado para aquella propuesta por parte de los funcionarios de la SHCP asistentes, sobre todo por parte el subsecretario del ramo, Francisco Suárez Dávila, muy antagónico a la idea de fijarle topes al crédito del banco central y dar lugar a una política más flexible de tasas de interés con la finalidad de poder reducir el ritmo del desliz cambiario. Pero la oportunidad para llevar el debate a su clímax fundamental la aportó una intervención muy enjundiosa a cargo del nuevo subsecretario de ingresos, Jaime José Serra Puche. Dicho funcionario empezó su embestida en contra del documento del Banco de México, entrando un tanto en contraposición parcial con el subsecretario Suárez Dávila, quien había iniciado su comentario diciendo que coincidía “con los planteamientos conceptuales del documento presentado…”. En contraste opuesto, el subsecretario Serra Puche observó que “en su opinión los planteamientos conceptuales [contenidos] suscitaban cierta duda…”. Y a continuación vino lo verdaderamente importante, al señalarse que parecía “inconveniente instrumentar medidas concretas sin haber previamente establecido con toda claridad la política macroeconómica de estabilización que debe orientar y condicionar tales medidas…”. ¡Un alto funcionario de la SHCP reconociendo abiertamente que no se tenía en ese momento en México una política macroeconómica de estabilización! El director general Mancera percibió la fisura y aprovechó para reiterar la postura del Banco de México en la problemática que se discutía. Apuntó al respecto que “aun en ausencia de otras” debía de cualquier manera adoptarse “una política…”. Y a continuación señaló que de no procederse de esa manara, conllevaría “necesariamente a aceptar una, misma que en las circunstancias actuales es la de incrementar el financiamiento interno con el correspondiente costo en la pérdida de reservas internacionales”.
La historia registra que el secretario de Hacienda Petricioli decidiera no aceptar los planteamientos del Banco de México que se habían vertido en el documento “Estabilización y tasas de interés” y también en las discusiones que había suscitado su presentación. Con habilidad asambleística, ese alto funcionario maniobró para que en las conclusiones de la sesión correspondiente de la ccc se omitiera la referencia a fijarle topes a la expansión monetaria del Banco de México, con base en una política adecuada de lucha contra la inflación. Procedió dicho alto funcionario en la manera explicada, aun a pesar de que a continuación de la lectura del documento, el director general, Mancera, reiteró la posición obligada del Banco de México, de una manera clarísima. En tal sentido, dijo primeramente el banquero central, que “en un medio inflacionario –como el que prevalecía entonces en México– los límites al crédito primario deb[ían] ser congruentes con los objetivos a lograr respecto de la inflación”. Incidentalmente, objetivos de inflación a los cuales se había rehusado a adoptar después del pac. De forma complementaria, “conforme al régimen legal aplicable, el crédito que el Banco da al Gobierno en la Cuenta de la Tesorería de la Federación no tiene un límite preciso, conviene irlo determinando internamente con la frecuencia que resulte necesaria…”. Sin la fijación de topes a la expansión del crédito del Banco de México y al crédito primario al gobierno federal, la determinación del comportamiento de la oferta de base monetaria resultaría pasiva y en monto efectivo resultaría únicamente definida por las políticas de tasas de interés y de desliz cambiario. Según el banquero central, esta última situación era claramente “contraria al criterio adoptado por el legislador al aprobar la vigente Ley Orgánica del Banco de México…”.[23]
Como se ha visto, la presentación del documento “Estabilización y tasas de interés” por parte del Banco de México se constituyó en una suerte de reto para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ese reto se enfrentó mediante el documento respuesta ya referido con la cabeza “Problemática del financiamiento del sector público”, bajo la autoría de la Dirección General de Planeación Hacendaria. Muy bien escrito y estructurado de manera lógica, dicho documento refleja con mucha fidelidad la postura de la SHCP en el debate de que nos ocupamos. No pudo haber sido de otra forma, en razón de que seguramente el borrador pasó por el escritorio del subsecretario Suárez Dávila y también del ministro Petricioli. En esa tesitura, es conveniente empezar por destacar lo que en el documento se intentó omitir a toda costa. Desde luego y, en primer lugar, cualquier referencia a la propuesta de fijar topes a la expansión tanto del crédito primario del Banco de México como el que se suministrase a través de la cuenta de la Tesorería. De manera implícita, asimismo se descartaba la posibilidad de una política macroeconómica de estabilización. Según el texto consultado, la SHCP no tenía responsabilidad alguna en tratar de buscar una mejor combinación de política económica entre desliz del tipo de cambio, topes a la expansión del crédito del Banco de México y política de tasas de interés. Aparentemente, la pérdida de reservas internacionales sufrida, en nada le atañía, ni era de la incumbencia de dicha dependencia. El ritmo de desliz era intocable en razón de que era el principal instrumento adoptado para absorber el gran choque externo derivado de la caída de los precios del petróleo. Asimismo, y de manera muy importante, al igual que el ritmo del desliz cambiario, el requerimiento de financiamiento por parte del sector público era un dato intocable e inamovible, el cual debería ser atendido sí o sí. De esto último, la afirmación siguiente claramente muy tajante: “En la medida que el ‘tamaño del pastel’ financiero está dado y que el sector público es y seguirá siendo en el futuro inmediato el usuario principal o único de los recursos financieros, no importa quién capte los recursos…”.[24]
Por un lado, en el documento “Problemática del financiamiento del sector público” se incorporaron las principales posturas que se habían vuelto emblemáticas por parte de la SHCP en materia de políticas cambiaria, de finanzas públicas y de crédito. En materia cambiaria, en la parte primera del documento se hizo una defensa a ultranza de la estrategia adoptada de desliz del tipo de cambio, sin posibilidad alguna de modificación del ritmo del deslizamiento. Según ese texto, se trataba de un dato inamovible. De una manera indirecta, ahí también se confirmó que el déficit fiscal era un elemento predeterminado, sin margen posible para corrección. Y de manera más importante, la confirmación de la postura casi dogmática de que la captación total de ahorro y la política de tasas de interés eran variables totalmente independientes. De ahí la expresión, un tanto coloquial, ya citada relativa a “que el ‘tamaño del pastel’ financiero está dado”. Sin embargo, en sincronía con la posición final adoptada por el ministro Petricioli relativa a la conveniencia de flexibilizar la política de tasas de interés, este último fue el tema al que se le prestó la mayor atención en el documento de la SHCP. En primer lugar, se exploró en ese texto la cuestión sobre si los instrumentos de captación líderes (Cetes, Pagafes y Aceptaciones bancarias) eran competitivos con sus similares del exterior. En contraste, de mucha mayor trascendencia fue la cuestión de los problemas que aún persistían respecto de “la estructura de las distintas tasas de interés, tanto por plazos como monedas de denominación”, aunados a las “inconsistencias entre las tasas de los instrumentos bancarios tradicionales y las de los no tradicionales”.[25] De manera implícita, esta nueva postura del ministro Petricioli marcó, de alguna manera, la terminación de los debates entre la SHCP y el Banco de México sobre política de tasas de tasas de interés, los cuales se habían desatado, sin solución, desde finales del año 1985.
Cabe recordar que el documento “Problemática del financiamiento del sector público” se presentó posteriormente a la celebración de la junta de la Comisión de Crédito y Cambios en la cual el ministro Petricioli enunció los lineamientos para que se pudiera poner en ejecución una flexibilización de la política de tasas de interés. Era obvio que tendría que haber una compatibilidad muy clara entre esos lineamientos y lo expresado para el tema en el documento. En la mencionada sesión de la ccc, después de agotarse los intercambios y las discusiones, el ministro Petricioli intervino con autoridad para enunciar los fundamentos de lo que debería ser “una política de carácter general y para el corto plazo”:
Flexibilizar el manejo de las tasas de interés, en función de los montos que se estime pueda alcanzar el crédito primario, acompañada esa medida con un menor desliz del tipo de cambio.
Realinear las tasas bancarias con los diversos rendimientos prevalecientes en el mercado de dinero, poniendo especial énfasis en aquellas correspondientes a captación a corto plazo.
Seguir considerando la relación más adecuada a establecer entre los rendimientos de Cetes y Pagafes.
Dados los lineamientos anteriores emitidos por el secretario de Hacienda, ya no hubo más comentarios ni observaciones por parte de los asistentes a aquella reunión de la ccc, todos ellos funcionarios de la SHCP o del Banco de México. En consecuencia, lo que vino a continuación en la minuta correspondiente se refirió a las tres decisiones que se tomaron con base en los lineamientos expresados. Primera, “adoptar el criterio de aumentar las tasas de interés que paga la banca en sus operaciones pasivas, en rangos de no más de dos puntos semanales en promedio ponderado…”. Segunda, “considerando con particular atención aquellas correspondientes a instrumentos de captación a corto plazo”. Tercera, “seguir considerando los otros asuntos a que se refirió el licenciado Petricioli”, sin especificarse cuáles eran ellos.[26]
Por su carácter explicativo e informativo, vale la pena presentar un resumen de lo que fue el análisis sobre política de tasas de interés –en aquella etapa tan difícil de la conducción de la economía de México– en el documento “Problemática del financiamiento del sector público”. El tratamiento correspondiente se separó en dos tramos, siendo el primero relativo a la competitividad de los rendimientos en México en comparación con sus correspondientes del exterior, teniendo como referencia de comparación deseable un rédito de Libor (London Interbank Ordinary Rate) más tres puntos porcentuales. Y la conclusión a la que se llegó en ese respecto es que los Cetes y los Pagafes, lo mismo que los Petrobonos y al igual que las Aceptaciones bancarias, ofrecían un rendimiento competitivo en comparación con la referencia mencionada. El rezago se encontraba en los rendimientos de los instrumentos tradicionales de captación bancaria, como Pagaré bancario o Certificados de depósito. El resultado que se enunció no es de sorprender, en razón de que tanto los Cetes como los Pagafes al igual que las Aceptaciones bancarias eran instrumentos para los cuales los rendimientos se determinaban, en buena medida, mediante operaciones de mercado. En lo referente a los Cetes y Pagafes, a través de las subastas por conducto de las cuales se colocaban. En contraste, las tasas de interés pasivas de otros instrumentos se determinaban de manera discrecional por parte de la autoridad. En el Cuadro 4 a continuación, se presenta un panorama de los rendimientos nominales de todos los principales instrumentos de ahorro disponibles en México, en comparación con el desliz estimado del tipo de cambio libre y el rédito ofrecido por los certificados de depósito en Nueva York. ¡El rezago de los rendimientos de los instrumentos bancarios tradicionales es ostensible!
| Instrumentos | Rendimiento promedio* |
| Deuda Pública: | |
| Cetes a 28 días | 112.85 |
| Pagafes a 182 días | 111.21 |
| Petrobonos | 116.01 |
| Captación Bancaria: | |
| Aceptaciones | 113.51 |
| Pagaré bancario | 88.30 |
| Certificados de Depósito | 87.23 |
| Referencias Externas: | |
| C.D. en Nueva York | 107.35 |
| Tipo de Cambio Controlado | 100.61 |
| * En promedio, según la curva de rendimiento a 28, 91 y 180 días. Fuente: SHCP, Problemática de financiamiento del sector público, 1986, (mimeo), p. 5. | |
El secretario de Hacienda, Petricioli, decidió declinar la propuesta presentada por el Banco de México mediante su documento “Estabilización y tasas de interés” de incorporar dentro del PAC una fórmula de política antiinflacionaria. Una fórmula que necesariamente debió contener objetivos explícitos de inflación. Sin embargo, cabe reconocer que, de aceptar esa propuesta, de cualquier modo, Petricioli la hubiera tenido que llevar a la consideración última del presidente De la Madrid, mediando en el camino la aduana del ya muy poderoso secretario de Programación y Presupuesto, Salinas de Gortari. Y no es seguro que este último hubiese accedido a la propuesta del Banxico, dada la paternidad que había tenido en el lanzamiento del PAC y que la totalidad de su vasta energía estaba ya volcada a la ratificación de su candidatura para la sucesión. Con todo, subsistió en el calendario el procedimiento relativo a señalarle topes a la expansión del crédito del Banco de México y su cumplimiento trimestral. ¿Por qué? Por la razón de que en esa forma estaba especificado en la vigente Ley Orgánica de la Institución.[27] De acuerdo con esas disposiciones, en la sesión de la Junta de Gobierno del 22 de enero de 1987 se fijaron los techos correspondientes para dicho año. En el mes de mayo siguiente, se informó en ese órgano colegiado que al cierre del primer trimestre ambas variables habían cerrado “dentro de los límites establecidos…”. Y en el mes de septiembre se hizo igual reporte respecto del cierre del segundo trimestre.
En tal informe, se explicó, primeramente, que el saldo del crédito interno se había reducido gracias a “la disponibilidad de crédito externo y una mayor colocación de valores gubernamentales…”. Y con respecto al saldo del crédito primario al sector público, el expositor Mancera destacó como “elemento favorable que el déficit del sector público se esté financiando con recursos del mercado y no con crédito otorgado por el Banco de México…”.[28] Efectivamente era todo eso de celebrarse; pero en ausencia de una política adecuada de estabilización, en el transcurso del año la inflación se había literalmente desbordado.
La instrumentación del acuerdo para “emparejar” las tasas de interés pasivas de los bancos relativas a sus instrumentos tradicionales se puso en ejecución en cumplimiento de la instrucción por parte del secretario de Hacienda Petricioli de que se aplicara de manera gradual. En línea con la expresada determinación, la forma específica de elevar dichos réditos se acordó “en rangos de no más de dos puntos semanales en promedio ponderado, considerando con particular atención aquellas correspondientes a instrumentos de captación de corto plazo”. Y en una expresión muy importante, tan sólo dos sesiones después de la Comisión de Crédito y Cambios (poco menos de dos meses, en tiempo) se reportó que la aplicación de la medida iba machando satisfactoriamente. Textualmente, “con respecto a la realineación de las tasas máximas a pagar por la banca en sus operaciones pasivas, se convino en que, en las actuales circunstancias, dicha realineación ha logrado sus objetivos, por lo que procede mantener, por ahora, las tasas respectivas en sus actuales niveles”.[29] En síntesis, aunque se ganó con ese acuerdo para flexibilizar la política de tasas de interés, el Banco de México salió derrotado en el más importante de sus empeños en la coyuntura que corría de que se adoptara, dentro de la estrategia económica general, una política de combate a la inflación. El desenlace se hizo notar en los muy malos resultados que se observaron en el frente de la estabilización. La inflación además de ser muy alta, resultó creciente del otoño de 1986 hasta noviembre de 1987. Tanto, que colocó a la economía mexicana en el borde de la hiperinflación. Y ése fue, a la postre, el principal saldo –muy negativo– que arrojó la puesta en marcha del pac, a mediados de 1986. Mientras tanto, en los órganos de directivos del Banco de México se dejaron oír, aunque fuese con una intención indirecta, los lamentos (con tono de cierto reclamo) por parte del director general, Miguel Mancera, por el vacío que se había quedado abierto. En una ocasión, la oportunidad se derivó de un cuestionamiento en la Junta de Gobierno sobre la posibilidad de predecir la inflación en el corto plazo, a lo que contestó el director general Mancera que además de ser muy difícil ese pronóstico, tampoco iba a corazón del problema. El meollo de ese asunto:
“… lo procedente, es actuar con todos los instrumentos susceptibles de influir favorablemente en el combate a la inflación tales como mejorar las finanzas públicas, continuar reduciendo y racionalizando la protección a la industria nacional y, en general, avanzar en la reforma estructural, tarea en la cual destaca la política fiscal (…) Se requiere, asimismo, continuar procurando que el déficit público y el privado se financien con recursos no inflacionarios”.[30]
La responsabilidad tradicional del Banco de México de tener que crear nuevos instrumentos de captación para la banca o nuevas operaciones pasivas para apoyo de su clientela, también se ejerció durante el muy complicado lapso que medió de la destitución del mando en la SHCP de Jesús Silva Herzog al cierre del año 1987. La creatividad en el frente mencionado durante el periodo aludido se concretó en tres innovaciones de importancia. Primero, en el lanzamiento de un instrumento de captación para la banca denominado en dólares, pero pagadero en moneda nacional, por conducto del cual los bancos pudieran competir contra el recién creado Pagafe. Este último instrumento, cabe recordarlo, había nacido como un título de la deuda pública interna. Segundo, autorización para que en la frontera norte del país se pudieran abrir cuentas corrientes denominadas y pagaderas en dólares, aunque sólo en favor de personas físicas o morales sin que fueran sociedades mercantiles con un fin de lucro. Tercero, la emisión de un nuevo título de crédito a emitirse por la banca y cuyo principal estaría en alguna medida vinculado al precio de la plata, metal precioso del cual México había sido históricamente un muy importante productor. Se denominaría “Certificado Plata”. La propuesta de crear en favor de la banca mexicana un instrumento de captación denominado en moneda extranjera pero pagadero en moneda nacional fue originalmente planteada por el secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli, en agosto de 1986 en la Comisión de Crédito y Cambios. La idea fue recogida por el Banco de México, y en el propio mes de agosto del mencionado año el director general, Miguel Mancera, se permitió informar en ese órgano colegiado que el personal técnico de la institución ya estaba trabajando en la preparación del proyecto. Previsiblemente, el aludido personal técnico trabajó con celeridad, y muy pronto el abogado Roberto del Cueto, director de Disposiciones de Banca Central, ya estuvo en posibilidad de presentar a la consideración de la Comisión de Crédito y Cambios el proyecto definitivo correspondiente. En la muy completa propuesta, se especificaron, con toda precisión, “las características del instrumento, los topes de captación a través del mismo, el régimen de inversión para los pasivos que se captaran y el tratamiento fiscal aplicable…”.[31]
Según las actas de la Comisión de Crédito y Cambios, la presentación de la propuesta de la apertura de cuentas corrientes en dólares en la frontera norte, se aprobó, prácticamente, sin mayor trámite. Sin embargo, ése no fue el caso para el proceso relativo al “Certificado Plata”. El caso se analizó y se resolvió en la Junta de Gobierno, en una sesión de septiembre de 1987. Desde el punto de vista económico, los Certificados Plata (Ceplatas) permitirían la inversión financiera y un mayor comercio para la plata mexicana. Desde el punto de vista financiero, los Ceplatas permitirían ampliar y enriquecer la oferta de instrumentos de inversión en el mercado de dinero del país. La naturaleza jurídica de los nuevos títulos sería de certificados de participación fiduciaria, toda vez que las barras de plata pura que darían a los tenedores un derecho de propiedad sobre la garantía correspondiente, estarían resguardadas en un fideicomiso que se establecería para dicha finalidad. En el fideicomiso aludido actuarían como fideicomitentes algunas empresas mineras productoras del metal blanco además del Banco de México, y en calidad de fiduciario el intermediario, Banca Cremi, S.N.C. La participación activa del Banco de México en el esquema se explicaba por su responsabilidad legal para regular el mercado de metales preciosos en el país. Los referidos certificados de participación fiduciaria serían emitidos y administrados por la fiduciaria, Banca Cremi. La idea era que los Ceplatas tuvieran un mercado secundario amplio al poderse comercializar a través de la banca y las casas de bolsa. Desafortunadamente, en la presentación correspondiente no se explicó el régimen de inversión que se acordó para los fondos que se captaran por ese nuevo conducto.[32]
En la sesión de la Comisión de Crédito y Cambios del 7 de julio de 1986, el director general del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, explicó ante ese foro sobre un problema muy grave que afectaba a los créditos bancarios durante periodos de inflación elevada, como la que afectaba a la economía mexicana en los tiempos que corrían. El problema se derivaba, en lo específico, de que la inclusión en las tasas activas de los créditos del componente inflacionario daba lugar a una amortización acelerada y sobre todo no planeada, de los financiamientos. Y de manera muy importante, mientras más elevada fuese la inflación, mayor gravedad adquiría el problema enunciado. Tanto, que podía llegar a mostrar como insolventes –incapaces de pagar sus obligaciones financieras– a empresas bien manejadas y con potencial evidente de supervivencia. En programas bajo su administración directa (como el fideicomiso ficorca a los créditos a la vivienda de interés social), el Banco de México ya había implantado el uso de fórmulas crediticias con manejo de tasas de interés en términos reales y programas perfectamente planeados de amortización. Todos esos programas bajo el término coloquial de “créditos aficorcados”. Dado el alto nivel de la inflación prevaleciente, el Banco de México había desplegado todos los esfuerzos imaginables para que la banca comercial aplicara ese tipo de esquema, sobre todo en los créditos que concedía a plazos largos. Es decir, en los créditos para habilitación y avío, hipotecarios o refaccionarios para capitalización. El explicado fue el sentido de una medida que se anunció en la referida reunión de la Comisión de Crédito y Cambios, en cuanto a permitir que la banca aplicara al refinanciamiento del pago de intereses en operaciones “aficorcadas” hasta el 10 por ciento de su cartera total, con el apoyo adicional de que dichos activos quedaran exentos de los límites generales aplicables a la expansión de las carteras de los bancos. Según el funcionario ponente, la medida que se proponía permitiría “a la banca atender de manera eficaz los casos más urgentes de alivio financiero que requieran algunas empresas sanas, pero con problemas de liquidez”.[33]
Según la práctica que se había establecido, el acuerdo anterior fue informado en la reunión siguiente de la Junta de Gobierno del Banco de México, que se celebró el 30 de julio de ese mismo año. De forma un tanto sorprendente, el enunciado de la medida referida en el mencionado órgano desató un debate bastante intenso marcado por comentarios útiles, algunos otros irrelevantes –como sucede con frecuencia en los órganos colegiados– y otros verdaderamente críticos, destacados por su poca simpatía a la propuesta de los créditos aficorcados. En el lado de la colaboración constructiva, se destacó el miembro independiente de la Junta de Gobierno, doctor Daniel Beltrán, al señalar que si bien la propuesta de los créditos aficorcados podría ayudar “a aliviar la situación de muchas empresas” también era cierto que su aplicación favorable requería de “una capacitación adecuada –necesariamente no sencilla– por parte de los funcionarios bancarios encargados de resolver el otorgamiento de los créditos respectivos”. En el lado de la crítica, la iniciativa correspondió al economista Ernesto Fernández Hurtado, director general de Bancomer, quien asistía a la Junta de Gobierno del Banco de México en su calidad de presidente de la Asociación de Bancos. Para el funcionario cabeza de Bancomer, “el tema de los créditos aficorcados suscita[ba] controversia, aun cuando la medida aprobada [podía] ser útil para ampliar, en términos reales, el plazo de los financiamientos”. Pero para Fernández Hurtado, lo que preocupaba era “la filosofía del ‘aficorcamiento’ y su posible generalización”. Ello, sin explicar qué quería decir con eso de “la filosofía del ‘aficorcamiento’…”. Asimismo, sin reconocer los beneficios que el enfoque podría aportar a la banca en la forma de evitar la caída en cartera vencida de un mayor número de acreditados. De manera particular, ese banquero se equivocaba al sugerir el posible surgimiento de un gran desbalance entre activos y pasivos, considerando que no había “aficorcamiento” en las operaciones pasivas de los bancos. Sin embargo, sí podía haber ese aficorcamiento de los pasivos, en la medida en que los inversionistas en la banca fueran superando su ilusión monetaria y tan sólo cobraran de sus inversiones el rendimiento real. La antipatía de Fernández Hurtado por el programa de los créditos aficorcados se volvería evidente en muchos foros. Sin embargo, a pesar de esa antipatía el acuerdo final en la Junta de Gobierno fue en el sentido de que el sistema fuera utilizado por la banca, pero de manera –Gustavo Petricioli dixit– “selectiva y limitada”.[34]
Bajo el impacto de las crisis económicas, los problemas se intensifican y las dificultades de funcionamiento se exacerban, en muy buena medida por la necesidad de crear, mediante la innovación, nuevos mecanismos de operación. Respecto de la incidencia de los riesgos cambiarios, un factor de intensificación se derivó a partir de la transición de un régimen cambiario de desliz preanunciado a otro de desliz discrecional a mediados de 1985. En respuesta a ese reto, ya se registró en la presente crónica que las autoridades del Banco de México propusieron, en octubre de 1985, un sistema de coberturas cambiarias de corto plazo, en el cual, aunque las denominaciones fueran en dólares las liquidaciones se llevarían a cabo en moneda nacional al tipo de cambio controlado. En lo principal, dicho sistema ofrecería apoyo a los importadores y a los deudores en moneda extranjera, los cuales, ante la incertidumbre cambiaria, habían tomado por costumbre realizar compras anticipadas de divisas presionando al mercado y dando lugar a expectativas de devaluación por fuera del régimen de desliz. Con mucho entusiasmo –o demasiado candor–, las autoridades del Banco de México explicaron en el seno de la Comisión de Crédito y Cambios que otra ventaja del mecanismo sería que, dadas sus características, “no originaría cotizaciones directas del tipo de cambio a futuro para el peso mexicano”. Pero dicho lo anterior cabe preguntarse: entonces, ¿cuál sería la referencia que se usaría para determinar el precio futuro de las coberturas? La posible solución, a la que no pudo llegarse por algún tiempo, se expresó de manera indirecta en otra explicación relativa a que el sistema resultaría adicionalmente atractivo para los exportadores, en razón de que al participar en el mercado de coberturas cambiarias que surgiera, podrían “obtener financiamiento inmediato equivalente a la prima a cubrir por los importadores y deudores en moneda extranjera antes mencionados”.[35]
Aunque a la propuesta del sistema de coberturas cambiarias de corto plazo se le dio aprobación en la Comisión de Crédito y Cambios en su presentación original, no fue posible ponerlo en funcionamiento por algún tiempo. La razón del impasse ya se enunció en el párrafo anterior: la falta de una referencia de mercado funcional y confiable para determinar las primas con las que deberían expedirse las coberturas requeridas. Las autoridades del Banco de México volvieron a presentar a ese órgano colegiado la propuesta aproximadamente un año después. La presentación se explicó en razón de que el personal técnico había logrado dar solución a la falta de una referencia adecuada para determinar “la prima a cubrir por los importadores y deudores” que hicieran uso del mecanismo. Ya en octubre de 1986, el abogado Roberto del Cueto explicó el problema en el seno de la mencionada Comisión, haciendo referencia a la falta de una referencia de mercado “en la forma de un activo de fácil adquisición, denominado en dólares, pero pagadero en pesos al tipo de cambio controlado…”. Un activo funcional, “cuya presencia en el mercado influya para dar adecuada estabilidad a las cotizaciones del dólar a futuro originadas por el mecanismo”. La historia registra que el activo en el mercado que vino a llenar el vacío mencionado fueron los Pagafes (Pagarés de la Tesorería de la Federación), títulos de la deuda pública interna cuya adopción había provenido de la propia inventiva financiera en el Banco de México.[36] En agosto de 1986 ya el saldo de Pagafes en circulación se situaba en 53.3 miles de millones de pesos, mismo que se elevó a 97 y 105.6 miles de millones de pesos en diciembre de ese año y en enero de 1987. Sin embargo, hasta el mes de junio de ese año dicho saldo fue en descenso hasta que empezó a recuperarse en octubre con 75.8 miles de millones de pesos.[37]
La inflación, sobre todo cuando es elevada –como lo fue en México durante los años 1986 y 1987– inflige al funcionamiento de la economía una gama muy amplia de trastornos costosos. Una gama de trastornos a veces no imaginable ni para los observadores más acuciosos. En cuanto al Banco de México, trastornos que en el orden de la moneda gravitaban sobre la administración del sistema monetario del país, la cual era una de sus responsabilidades legales intransferibles. En el lado de la administración de la familia de billetes circulantes, en cuanto a imponer a las piezas de menor denominación la necesidad de ser sustituidas por monedas metálicas de nueva creación, en razón del deterioro en su poder adquisitivo que era causado, precisamente, por el aumento continuo y rápido del nivel de los precios. Y en el extremo que podríamos considerar alto de la familia de billetes, el imperativo de tener que crear con frecuencia nuevas piezas con denominaciones cada vez más grandes. Implícitamente y aunque fuese de una manera paulatina, ese proceso llevaba a expresiones nominales de los billetes de nueva creación cada vez más altas y hasta ridículas, por lo difíciles de manejar desde el punto de vista aritmético. Por ejemplo, billete de 50 mil pesos y billete de hasta 100 mil pesos. En otras palabras, de una forma casi imperceptible, en aquella época de inflación excesiva se estaba gestando que fuera imprescindible a futuro, una reforma monetaria para quitarle ceros a la unidad de cuenta. Una reforma monetaria, que, como es ampliamente recordado, fue llevada a cabo por el gobierno siguiente, en el año 1992.
En la administración de un sistema monetario, la inflación también causa problemas al manejo de la familia de monedas metálicas, o piezas “de apoyo” o “complementarias”. En el extremo de las piezas de menor denominación facial, la obligación de proceder a su desmonetización definitiva por la pérdida, prácticamente completa, de su poder adquisitivo. Y en el extremo alto de la familia o cono, la necesidad de tener que crear piezas de mayor denominación, para, según se ha explicado, ir sustituyendo a los billetes de denominación más baja. En ese proceso, lo que se fue observando fue que, con el paso del tiempo, de no mediar una modificación de fondo en el diseño completo de la familia de moneda metálica, las nuevas piezas de valor facial alto tenían que ser, también, cada vez de mayor tamaño, sobre todo en diámetro. Así, una de las consecuencias del fenómeno explicado, fue que las monedas en cuestión se volvían para el público estorbosas y difíciles de manejar. Y para las autoridades monetarias, el fenómeno referido daba lugar a que el costo de fabricación de las monedas correspondientes fuera crecientemente elevado, por el mayor contenido de metal monetario incorporado. Lo anterior, independientemente de la aleación que se seleccionase para la fabricación de los ejemplares. Y en ese orden de los costos de producción, también los billetes que iban perdiendo capacidad de compra requerían de rediseño para simplificar su manufactura y mantener bajo control los costos de fabricación. Todas las repercusiones descritas se hicieron apreciables –y pesaron– sobre la administración del sistema monetario a cargo del Banco de México durante los años 1986 y 1987. Los casos correspondientes se discutieron y se resolvieron en el seno de la Junta de Gobierno.
De una manera muy ilustrativa, los problemas explicados que causaba la inflación sobre las monedas metálicas se mostraron en dos acuerdos correspondientes que se tomaron en la Junta de Gobierno en los meses de junio y octubre de 1986. En el primero de esos acuerdos, el director general Mancera hizo una explicación amplia sobre los problemas que enfrentaba la moneda con valor facial de un peso, con existencias bajas pero cuya demanda “es de esperarse se reduzca por el desuso en que está cayendo ese signo monetario”. Y otro de los problemas administrativos que pesaban sobre esa moneda era su elevado importe de producción, toda vez que “el costo unitario de los correspondientes cospeles [era] ya de casi 10 pesos”. Dadas esas explicaciones, la decisión provisional que se tomó fue autorizar una acuñación adicional de esa moneda bajo la idea de poder contar “con mayores elementos de juicio, para resolver si esa moneda se deja se acuñar, si se continúa a pesar de su muy alto costo o si se sustituye por la pieza de tamaño inferior” ya aprobada por decreto.[38] Más adelante, en el mes de octubre, se presentó en ese órgano colegiado la propuesta para crear la moneda de 500 pesos “que vendría a sustituir al billete de esa denominación”.
La inflación, que fue creciente en el periodo, también requirió de cambios y reformas en el lado del cono monetario de billetes. Aunque posiblemente no en importancia, éstos fueron menores en número que los correspondientes en la familia de las monedas metálicas. De manera muy importante, en mayo de 1987 el Banco de México solicitó la aprobación por parte de la SHCP para la creación del billete con denominación de 100 mil pesos. En la sesión correspondiente de la Junta de Gobierno, el director general, Miguel Mancera, argumentó dos razones para sustentar dicha propuesta. Primera, a fin de seguir “atendiendo los requerimientos del público para sus transacciones en efectivo”. Y la segunda fue de orden operativo: de no contarse con ese nuevo signo monetario “habría necesidad de ampliar la capacidad de producción de la fábrica de billetes, dado el mayor número de piezas a producir en las denominaciones existentes”. Más adelante, en diciembre de ese año, se solicitó en ese órgano colegiado otra aprobación para modificar el diseño y proceso de producción de los billetes de 20 mil y 50 mil pesos. Modificaciones que se aplicarían tanto en lo relativo a los insumos de fabricación como en lo correspondiente a los procesos de impresión. El director general, Mancera, expuso las justificaciones para las reformas solicitadas argumentando, en primer lugar, el propósito “de hacer más eficiente la producción de billete”, además de “abatir los costos de la misma” y, finalmente, para “equilibrar las cargas de trabajo en la Fábrica de Billetes del Banco de México”.[39]
El choque externo en la forma de una caída muy marcada de los precios del petróleo tuvo, entre sus efectos dañinos, hacer todavía más escasos internamente los recursos que captaba el sistema bancario. La escasez, principalmente por la necesidad de canalizar una mayor proporción de la captación al financiamiento del sector público. O para decirlo de manera más directa, para financiar de forma no inflacionaria el déficit fiscal. En la otra alternativa, ese financiamiento tendría que ser realizado mediante el crédito primario del Banco de México. Y una de las consecuencias directas del descrito estado de cosas, fue una contracción del financiamiento al sector privado, cosa que despertó preocupación entre las autoridades del instituto central. El explicado, fue el trasfondo de una iniciativa que presentó el director general, Miguel Mancera, a la consideración de la Comisión de Crédito y Cambios en julio de 1986. En la presentación de la propuesta, ese funcionario aludió “a la conveniencia de aliviar algunos problemas que confronta el aparato productivo nacional por la falta de crédito…”. Lo anterior, obviamente, “dentro de lo que permite la difícil situación financiera del país…”. En lo específico, la propuesta consistió en permitir que una cierta proporción de la captación adicional mensual de la banca múltiple se aplicara al apoyo de algunas actividades económicas seleccionadas. En ese orden, del 23 por ciento del incremento mensual de la captación, exactamente el 34.9 por ciento se debería de aplicar a crédito en favor de actividades consideradas prioritarias: ejidatarios y campesinos de bajos recursos, empresas agroindustriales, exportación y vivienda. El restante 15 por ciento sobre el 23 por ciento del incremento mensual de cartera, podría aplicarse por la banca bajo el “criterio de dirigir los créditos correspondientes a empresas que, siendo solventes, tengan más necesidad de ellos”. Quizá no por casualidad, la propuesta explicada se presentó de manera simultánea con otra, ya comentada, para impulsar por parte de la banca los créditos “aficorcados”.[40]
El tema sobre la necesidad de incrementar el crédito en favor del sector privado se sacó nuevamente a colación en una sesión muy importante de la Junta de Gobierno del Banco de México que se celebró en julio de 1987. Y la referencia conllevó una propuesta de gran amplitud para modificar las remuneraciones implícitas en el régimen del encaje legal a la vez de procurar una ampliación del crédito total. Tal vez la presentación de una propuesta de reforma de tanta cobertura, fue una reacción indirecta a las críticas que se habían propinado al esquema operativo del Banco de México durante la recién celebrada Reunión Nacional de la Banca el mes previo en la ciudad de Guadalajara. La propuesta de reforma se refirió tanto a cuestiones de regulación como de ampliación de los márgenes de crédito. Según el director general del Banco de México, con la comentada propuesta de reforma del esquema del encaje legal se atenderían cuatro grandes objetivos. Primero, darle mayor flexibilidad al esquema de regulación de la intermediación institucional; el llamado “control selectivo de crédito”. Segundo, buscar una simplificación considerable de ese régimen. Tercero, reducir el costo del financiamiento del crédito que se canalizaba al sector público. Y cuarto, textualmente, “permitir que la banca incremente sus créditos al sector privado”.[41] La reforma correspondiente, de cobertura tan amplia, resultó tan importante a la postre, que mereció mención en el Informe Anual del Banco de México para 1987. En esa fuente se explicó que la base para poder ampliar el crédito al sector privado fue la decisión de financiar en su totalidad el déficit fiscal mediante la colocación pública de Cetes y en una medida menor, Pagafes. Como resultado, dada esa decisión, dentro del régimen del encaje legal fue posible ampliar el espacio para el crédito bancario al sector privado.[42]
Las responsabilidades regulatorias del Banco de México solían tener una cobertura muy amplia de asuntos. Desde luego, todo ello fundado en la Ley Orgánica de la institución. Ese hecho se comprobó, en particular, durante el año 1987, cuando se presentaron para su desahogo a la atención de la Comisión de Crédito y Cambios tres iniciativas que vale la pena recordar en la presente crónica. La primera de ellas, relativa a una solicitud para permitir que las tarjetas de crédito que manejaban desde hacía algunos lustros los bancos comerciales mexicanos (específicamente, desde el año 1969), pudiesen también ser utilizadas en el extranjero por los tarjetahabientes. La segunda, correspondiente a la actualización de la regulación de las casas de cambio, las cuales, dados los tiempos que corrían de gran inestabilidad cambiaria, habían cobrado un gran auge en el país. Y tercera y más complicada, respecto de la posibilidad de permitir mayor cobertura a las operaciones pasivas que realizaba la sucursal en México del Citibank. En particular, para permitirle que pudiera realizar captación de recursos a largo plazo. La iniciativa relativa al uso de las tarjetas de crédito en el extranjero habría sido aprobada de forma rutinaria en caso de no mediar una participación inquisitiva en la correspondiente sesión de la ccc por parte del subsecretario Suárez Dávila. La misma, relativa a si la ampliación de la cobertura que se discutía requeriría la expedición de una segunda tarjeta para su utilización en el extranjero. Se le explicó a ese funcionario que sería la misma tarjeta marcando la diferencia la leyenda “Válida sólo en México”. Y de manera complementaria, también se le aclaró que para hacer posible el funcionamiento en el extranjero de las tarjetas de crédito mexicanas se había tenido que contratar el apoyo de las grandes cadenas de liquidación Visa y Mastercard.[43] En cuanto a la actualización de la regulación de las casas de cambio, lo que estaba en juego en el fondo del caso, era la protección del público operador. De esto último, la decisión de separar a las casas de cambio en dos categorías: “menudeo” y “mayoreo”, a la vez de elevar los capitales mínimos de operación. Así, las casas de cambio de “menudeo”, con capital suscrito menor a 100 millones de pesos, sólo podrían llevar a cabo “compraventas al contado de metales amonedados en oro o plata, así como de billetes extranjeros, cheques de viajero y otros documentos similares, cuya compra no implique riesgos para los adquirentes”. La propuesta se aprobó, mediando la observación de que los capitales mínimos de operación serían elevados en un futuro próximo.[44]
Los antecedentes de la sucursal en México de Citibank se remontaban al año 1932, cuando después de las reformas para mexicanizar al sector bancario, esa entidad del extranjero fue la única en aceptar seguir operando en el país bajo el nuevo régimen regulatorio. La situación se mantuvo indefinidamente como un caso de excepción aceptable para ambos bandos: para el gobierno de México, principalmente a través de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, y para dicha institución bancaria, con casa matriz en la Ciudad de Nueva York. Más adelante, en ocasión de que la banca fuera estatizada por el presidente López Portillo en septiembre de 1982, la sucursal del Citibank fue exentada de la medida expropiatoria. Y en esa misma tónica, con motivo de la creación del régimen de banca múltiple en los años de 1977 y 1978, la sucursal mencionada quedó dejada de lado por dicha reforma. De ello se derivó que, en el transcurso de la transformación de prácticamente todos los bancos locales al esquema de banca múltiple, la sucursal del Citibank fue mantenida en el régimen de especialización previamente existente, en la categoría de “banco de depósito y descuento”. Es decir, sin la capacidad para poder llevar a cabo operaciones de captación de largo plazo y tampoco de sus correspondientes operaciones activas, refaccionarias o hipotecarias. Con esos precedentes, podría incluso haberse pensado en un retraso por parte de la mencionada sucursal de Citibank para que, de alguna manera, se hubiera tramitado su adhesión al esquema de banca múltiple. En ese orden, en la sesión de la Comisión de Crédito y Cambios del 18 de febrero de 1987, se presentó a la consideración la propuesta de “un régimen de capacidad de admisión de pasivos aplicable a la sucursal en México de Citibank N.A., que permita a esa institución ampliar los financiamientos que concede al comercio exterior mexicano”. El director general del Banco de México, Miguel Mancera, respaldó dicha propuesta destacando “la conveniencia de permitir esa facilidad, dado que el Citibank se encuentra en condiciones de dar un apoyo eficiente al referido comercio”.[45]
El acuerdo provisional que se tomó en la Comisión de Crédito y Cambios sobre la solicitud de Citibank se turnó a un grupo de trabajo encabezado por el subsecretario del ramo, Francisco Suárez Dávila. De ese grupo de trabajo emanó el planteamiento de que la petición de dicha entidad únicamente podría otorgarse, si el Citibank y otros bancos del exterior, dejaban de captar recursos internos para ser sacados del país en la forma de fuga de capitales. En la sesión de la ccc del 2 de diciembre de 1987, se precisaron incluso las razones sociales de las filiales en México de Citibank mediante las cuales se llevaba a cabo esa captación de recursos internos y su transferencia al exterior: Asesores de Finanzas, S.A. de C.V., Corporación Mundial de Servicios, S.A. de C.V. y Citicom de México, S.A. de C.V. El argumento de las autoridades mexicanas fue que las operaciones de intermediación que llevaban a cabo esas filiales, así como otras, también de bancos del exterior, eran contrarias a la ley y estaban reservadas en exclusiva a las instituciones de crédito mexicanas. En la propia ccc se había planteado que la suspensión de las actividades denunciadas podría requerir de modificaciones en las leyes o que podría conseguirse mediante negociaciones, en las cuales incluso se sugirió la participación de “la Comisión de Inversiones Extranjeras que oper[aba] en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial…”.[46] Esto último, en razón de que era a través de las autorizaciones de operación que otorgaba esa entidad como podría restringirse el objeto de las sociedades filiales a que se había hecho alusión. En los documentos de consulta, no quedó especificado por cuál camino fue que se logró resolver el problema que planteaba la operación en México de filiales de bancos extranjeros que llevaban a cabo operaciones de intermediación financiera. Sin embargo, es de suponerse que ocurrió en esa forma, toda vez que al final del camino se aprobó la solicitud de Citibank para que su sucursal en México pudiera llevar a cabo “una capitalización similar a la de la banca múltiple” –Mancera dixit– y con base en esa facilidad, poder “financiar con mayor amplitud las exportaciones de productos nacionales”.
En el transcurso de 1987 no hubo en las sesiones de la Junta de Gobierno del Banco de México –como tampoco en el seno de la Comisión de Crédito y Cambios– mas que una alusión al fenómeno de la burbuja especulativa que se estaba formando en la Bolsa de Valores del país. En la sesión de la Junta de Gobierno del 27 de mayo, el instituto central presentó un informe sobre la marcha de la economía en el que aparentemente se hizo referencia a esa burbuja, la cual llamó la atención del presidente de la Comisión Nacional de Valores asistente a la reunión, Lorenzo Peón Escalante. Señaló al respecto ese participante, que “el Índice de Precios de la Bolsa Mexicana de Valores durante los cuatro primeros meses del año, representa[ba] anualizada y en términos reales un rendimiento de 276.5 por ciento”. Con relación a dicha información, el funcionario expresó su preocupación por que recibiera una difusión amplia ese hecho. En opinión de Peón Escalante, “una amplia difusión de esas utilidades podría incidir inconvenientemente, al alentar perspectivas del público en cuanto a la seguridad de altas ganancias invirtiendo en la bolsa”.[47] No le faltaba razón a ese comentarista sobre el peligro que significaba el frenesí alcista que se había desatado en el mercado de capitales de México. Sin embargo, tal vez nunca llegó a imaginarse lo que llegaría a ocurrir tan sólo cinco meses después: que a continuación de una estrepitosa crisis bursátil, se orquestaría una corrida masiva en contra de la moneda nacional que terminaría en una macrodevaluación muy traumática. Sorprendentemente, ninguna reacción despertó en el secretario Petricioli, ni en los demás funcionarios de la SHCP presentes en aquella reunión, los comentarios de Peón Escalante.
Al menos en esos órganos de gobierno del Banco de México, no volvió a hacerse referencia al fenómeno de la crisis bursátil, hasta después de los fatídicos desenlaces que se materializaron en octubre de 1987. Como materia de excepción, en un documento bajo la cabeza “Política monetaria y cambiaria” presentado por el Banco de México en una sesión de la Junta de Gobierno de principios de diciembre de 1987, se incorporó la opinión oficial del instituto central sobre la ocurrencia de tan traumático acontecimiento, ocurrido exactamente el 19 de octubre de ese año. Para empezar, el colapso de las bolsas de valores en México y en otros países había despertado gran desasosiego entre los inversionistas y otros observadores. Como consecuencia, se pensó que el fenómeno podría ocasionar en los países industrializados, particularmente Estados Unidos, “una recesión que al hacer más difíciles nuestras exportaciones, ocasionaría dificultades de balanza de pagos para México”. Y a ese factor se había agregado el de “las afirmaciones infundadas, pero ampliamente difundidas, de que el peso mexicano se estaba sobrevaluando…”. Las dos causas anteriores y el rumor de que se habían iniciado las fugas de capital “gruesamente exagerado por declaraciones desinformadas e irresponsables, produjo todavía mayor demanda de divisas”, a la cual se sumaron las compras que ya se habían llevado a cabo para liquidar anticipadamente deudas privadas amparadas bajo el mecanismo ficorca con la banca del exterior. Esto último, aprovechando los descuentos que estaban ofreciendo los bancos acreedores extranjeros. En ese contexto, “ante el peligro de que sostener el tipo de cambio libre igual al controlado se tradujera en un gran drenaje de las reservas internacionales del país, se optó por el retiro del Banco de México del mercado libre”.[48]
Lo que no se escribió en el documento mencionado, ni tampoco se reveló en la sesión correspondiente de la Junta de Gobierno, fue la campaña de presiones que se desataron en contra del Banco de México a fin de que se implementara un plan de rescate en favor de los inversionistas que, estando en la Bolsa de Valores, habían resentido grandes pérdidas merced al desplome del mercado. El episodio me fue relatado recientemente por el exdirector general y exgobernador, Miguel Mancera. A él, en su calidad de cabeza del Banco de México, se acercaron los líderes del sector de las casas de bolsa –los controvertidos “casabolseros”– para solicitarle (casi exigirle) el mencionado programa de rescate. La idea era que, con apoyo del Banco de México, Nacional Financiera anunciara dicho programa para comprar a precios más elevados las posiciones accionarias que se habían deteriorado por el desplome del mercado. El economista Mancera recuerda que se opuso con toda energía a la implementación del mencionado rescate.[49] No me expuso las razones de su oposición, pero no debe ser difícil deducirlas. Por un lado, el tremendo impacto inflacionario que habría implicado la medida (financiada con crédito primario), además de su efecto antieducativo y antiequitativo. Antieducativo, al borrar de la consciencia colectiva, el hecho irremediable de que las inversiones bursátiles son riesgosas. Y de manera más importante, dar lugar al resultado de que las ganancias fueran privadas, aunque las pérdidas públicas. El agravante en el caso estuvo marcado por que en el supuesto de que el programa solicitado se hubiese puesto en ejecución, los recipiendarios habrían utilizado los fondos recibidos para comprar moneda extranjera, exacerbando las ya muy intensas fugas de capital. Desde una perspectiva analítica, la explicada propuesta pudo estar fincada en una interpretación equivocada de la función de prestamista de última instancia, clásica en la banca central. Pero era claramente un error. El préstamo de última instancia es para salvar situaciones de falta de liquidez, no de quebrantos en el mercado (solvencia). En los rescates de última instancia, la tradición era que a cambio de la liquidez aportada, la banca central recibiera en garantía la cartera buena de los bancos respaldados para asegurar el cobro de los apoyos.
El documento “Política monetaria y cambiaria” de diciembre de 1987 ofrece, efectivamente, una visión sintética pero clarísima de lo que fue la conducción por parte del Banco de México durante los primeros once meses de aquel año de tantas dificultades. El hecho fundamental, es que esa conducción estuvo marcada por dos puntos de inflexión radicales. Primero, por la suscripción de los convenios de renegociación de la deuda externa con los bancos acreedores y otras entidades del exterior, como el FMI, y por el dinero fresco en divisas que se logró obtener como resultado de los mencionados acuerdos. Y el segundo de los puntos de inflexión, se produjo a raíz de los ya referidos eventos traumáticos de la crisis bursátil y la devaluación que le siguió. Con respecto a la suscripción de los convenios de renegociación y la recepción del dinero fresco del exterior, cabe primeramente decir que hicieron posible la reducción del desliz aplicable al tipo de cambio. Según el documento citado, dicha medida de política cambiaria se decidió por tres finalidades: “a) para coadyuvar en el combate de la inflación de costos, b) para propiciar mayores importaciones que redujeran el superávit corriente de la balanza de pagos y el consecuente efecto de este sobre la expansión monetaria, [...] y c) para facilitar el descenso de las tasas nominales de interés”. La medida admite interpretación analítica dentro del esquema que se había enunciado en el documento “Estabilización y tasas de interés” de agosto de 1986, marcándose tan sólo la diferencia de que en abril de 1987 la determinación del desliz del tipo de cambio adoptó el carácter de variable endógena, y los topes a la expansión monetaria y la flexibilidad de las tasas de interés de variables exógenas. En términos del documento de diciembre de 1987, la medida explicada había sido posible gracias a que “las tasas de interés tanto nominales como reales entraron en un proceso de disminución que se inició en los últimos días de 1986”, además de que “en ese mismo lapso, los requerimientos financieros del sector público pudieron financiarse íntegramente en el mercado interno, sin crédito bruto del Banco Central”.[50]
En términos del documento aludido, un resultado de gran importancia durante los meses finales de 1986 y el primer semestre de 1987 fue el aumento que se observó en la oferta de recursos prestables. Las primeras razones a las cuales atribuir ese logro fueron “el sustancial superávit de balanza de pagos que se logró a partir de septiembre de 1986, las tasas de interés relativamente elevadas existentes en los últimos meses del año, así como la mayor confianza que el público fue teniendo en la economía del país…”. Y a los anteriores efectos cabría agregar la relativa debilidad que mostró en el lapso “el deprimido nivel de la actividad económica” aunada al “considerable superávit primario que las finanzas públicas tuvieron” durante la primera mitad de 1987. Así, fue en el contexto descrito en el que sobrevino la entrada de recursos externos por parte de entidades del exterior. Y de la conjunción de todo lo anterior el resultado de que de enero a septiembre de 1987 las tasas de interés reales fueran relativamente bajas: “por ejemplo, la tasa real del Cete a un mes fue de 2.60 por ciento…”. Además, al hecho precedente procedía agregar que la captación de fondos prestables había sido suficiente “para hacer posible que el crédito al sector privado fuera otorgado por los bancos con márgenes cada vez menores sobre un cpp nominal en declinación”, aunado a que esa misma oferta había permitido “financiar aumentos de las reservas internacionales”. De manera complementaria, en el periodo referido también el crédito interno se había reducido “fuertemente, entre otras razones, por la colocación en el público de valores públicos que obraban en la cartera del Banco de México…”.[51] Desde el ángulo analítico, el panorama descrito admitía explicación con fundamento en la ecuación general del crédito que había expuesto el consejero Ernesto Fernández Hurtado en una sesión de la Junta de Consejo de octubre de 1986. El lado de la oferta se integraba con la captación interna de recursos más la captación de recursos externos, “de una igualdad por definición” con el lado de la demanda, integrada por la correspondiente al sector privado, el “déficit financiero del sector público” y acumulación de reservas internacionales.[52] Con tan sólo los elementos de una captación suficiente de ahorro interno que se sumó al arribo de recursos frescos del exterior en el mes de abril, se explicaban tanto la acumulación de reservas internacionales como la atención al crédito del sector privado.
El segundo parteaguas, ya referido, para la conducción del Banco de México durante los once primeros meses de 1987 estuvo marcado por la caída de la bolsa y la modificación cambiaria que le siguió. El punto de partida del episodio fue que “la compra especulativa de moneda extranjera” había implicado “la liquidación de grandes cantidades de Cetes y de otros valores de renta fija…”. Asimismo, por razones de naturaleza estacional, se presentaba una gran necesidad de financiamiento para las sectores público y privado. ¿Qué hacer? El primer planteamiento fue relativo a que ambos problemas se atendieran “sin recurso al Banco Central o con el mínimo recurso al mismo…”. Con esa precondición, la única opción viable que le quedó a las políticas monetaria y crediticia fue permitir “que las tasas de interés subieran a los niveles necesarios…”. “Necesarios”, tanto para inducir que los inversionistas potenciales se sintieran persuadidos a adquirir el papel que en amplios volúmenes se estaba ofreciendo, como para proporcionar captación suficiente de ahorros con la cual atender la demanda estacional. “De no aceptar las autoridades monetarias la elevación de las tasas de interés, tendrían que proceder a liquidar –con emisión de dinero– a los inversionistas que se retiraran y a financiar a los sectores público y privado con recursos suministrados por el Banco Central”. En relación a la política cambiaria, se estimó indispensable continuar con la flotación del tipo de cambio libre además de que el tipo de cambio controlado debía ser objeto, “como lo está siendo, de un desliz más rápido”.[53] Hacia adelante, debía mantenerse restringido al máximo posible dentro de la coyuntura estacional ya explicada el crédito primario del banco central. Y a continuación la justificación obligada por parte de las autoridades del Banco de México:
“Recurrir al crédito primario tiene un doble y tremendo efecto inflacionario por cuanto se suministra poder adquisitivo adicional a la comunidad y por cuanto que, al bajar las tasas de interés a niveles que puedan ser negativos en términos reales, conduce a que los ahorradores tiendan a liquidar sus tenencias de valores de renta fija para comprar bienes físicos o moneda extranjera, a la vez que los empresarios tienden a acumular inventarios en lugar de venderlos. En vista de ello, se ha optado por colocar valores de renta fija en el mercado en cantidades suficientes para sustituir a las desinversiones mencionadas y para atender al máximo posible los requerimientos financieros de los sectores público y privado sin recurrir al Banco Central, a pesar de las alzas de las tasas de interés consecuentes”.
Tal vez por prudencia política, los redactores del documento “Política monetaria y cambiaria” decidieron no hacer alusión directa en su cuerpo a los malos resultados que se registraron en el frente de la inflación, durante la cobertura cronológica del análisis. Es decir, del otoño de 1986 a noviembre de 1987. Con todo, en el documento hay referencias a que entre las finalidades de la reducción del ritmo del desliz estuvieron “coadyuvar en el combate de la inflación de costos” además de la conveniencia de que la oferta de importaciones fuera “otro factor de combate a la inflación…”. Pero no hubo alusión en ese texto a las malas cuentas que se observaron en el frente de la inflación, con un nivel mensual promedio muy elevado, pero sobre todo con el agravante mayor: una clara tendencia a la intensificación en todo el periodo. Los datos correspondientes incluidos en el Informe Anual del Banco de México ediciones 1986 y 1987 así lo confirman. El gran reto analítico se planteó con respecto de la tendencia al alza de la inflación. Sobre todo, en un contexto en el cual, dentro de las dificultades prevalecientes, la captación de ahorro interno se había fortalecido, las tasas de interés tanto nominales como reales se moderaron, el déficit fiscal pudo financiarse casi íntegramente a través del mercado mediante colocación de valores públicos (Cetes y Pagafes) y el ritmo del desliz cambiario se pudo reducir a partir de abril de 1987. Con todos esos logros indudables, el factor explosivo para la inflación provino de la falta de una política de estabilización explícita, con metas de inflación razonables y creíbles. A manera de conclusión, no hubo referencias en el documento “Política monetaria y cambiaria” a los muy desfavorables resultados observados en el frente de combate a la inflación. Sin embargo, en el Informe Anual del Banco de México para 1987 tuvo obligadamente que hacerse referencia al desfavorable fenómeno:
“En general, el rasgo predominante de la economía en 1987 fue una inflación en ascenso… Al finalizar 1987 el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó una tasa de crecimiento anual del 159.2 por ciento con respecto a diciembre de 1986. Por su parte, el Índice Nacional de Precios Productor experimentó en ese lapso un aumento de 166.5 por ciento… Las variaciones mensuales de precios más elevadas se dieron en enero, abril, julio, agosto, octubre y diciembre, coincidiendo con las alzas en los salarios mínimos y con los ajustes en los precios de bienes importantes sujetos a control… Durante 1987 continuó la trayectoria ascendente que ha venido mostrando la inflación anual. A partir de abril de 1987 la tasa anual de inflación registró sucesivamente nuevos récords históricos de crecimiento… en abril se registró un nuevo máximo histórico (120.9 por ciento), el cual fue superado sucesivamente en los siguientes meses hasta terminar el año en una tasa anual de 159.2 por ciento”.[54]
[1] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982-1988, (pp. 590-597) Fondo de Cultura Económica.
[2] Silva, J. (2007). A la distancia: Recuerdos y testimonios, (pp. 85-87 y 89-90), Editorial Océano.
[3] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982-1988, (p. 593) Fondo de Cultura Económica.
[4] M. Mancera Aguayo, comunicación personal, 2022.
[5] Silva, J. (2007). A la distancia: Recuerdos y testimonios, (p. 86), Editorial Océano.
[6] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982-1988, (p. 595) Fondo de Cultura Económica.
[7] Silva, J. (2007). A la distancia: Recuerdos y testimonios, (pp. 89 y 90), Editorial Océano.
[8] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982-1988, (p. 754) Fondo de Cultura Económica.
[9] Castañeda, J. (1999). La herencia: Arqueología de la sucesión presidencial en México, (p. 198), Alfaguara.
[10] Astié – Burgos, W. (Coord.), (2006). El Complejo Arte de Vivir. Homenaje a Gustavo Petricioli, México, Miguel Ángel Porrúa.
[11] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982-1988, (p. 596) Fondo de Cultura Económica.
[12] Ibid., pp. 597-598.
[13] Presidencia de la República, Unidad de la Crónica Presidencial (1984). Las razones y las obras: Gobierno de Miguel de la Madrid: Crónica del sexenio 1982–1988. (pp. 439-440) Fondo de Cultura Económica.
[14] Ibid., pp. 440-441.
[15] De la Madrid, M. (2004). Cambio de rumbo. Testimonios de una Presidencia, 1982 -1988, (pp. 598-599), Fondo de Cultura Económica.
[16] Ibid., pp. 610-611.
[17] Fondo Monetario Internacional (FMI). (1986, 23 de julio). Mexico – Request for Stand-by Arrangement – Letter of Intent, (pp. 2, 3-5 y 6) (EBS/86/161). Fondo Monetario Internacional.
[18] Presidencia de la República, Unidad de la Crónica Presidencial (1984). Las razones y las obras: Gobierno de Miguel de la Madrid: Crónica del sexenio 1982–1988. (p. 440) Fondo de Cultura Económica.
[19] Fondo Monetario Internacional (FMI). (1986, 23 de julio). Mexico – Request for Stand-by Arrangement – Letter of Intent, (p. 6), (EBS/86/161). Fondo Monetario Internacional.
[20] Banco de México, (12 de agosto de 1986), Acta 19, Anexos, Documento 1.
[21] Banco de México, (11 de septiembre de 1986), Acta 20, Anexos, Documento 2.
[22] Banco de México, Junta de Gobierno, (22 de enero de 1987). Acta 25.
[23] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (21 de agosto de 1986). Acta núm. 19. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[24] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (11 de septiembre de 1986). Acta núm. 20, (p. 10). Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[25] Ibid., pp. 1-2, 10 y 8.
[26] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (21 de agosto de 1986). Acta núm. 19. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[27] Ley Orgánica del Banco de México de 1984, Exposición de Motivos, en Banco de México, (s.f.) Historia Legislativa del Banco de México, Tomo III, (1984-2012), (pp. 14 y 15), (s.e.).
[28] Banco de México, Junta de Gobierno, (22 de enero de 1987, 27 de mayo de 1987 y 17 de septiembre de 1987). Actas 25, 27 y 29.
[29] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (21 de agosto de 1986 y 16 de octubre de 1986). Actas núm. 19 y 21. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[30] Banco de México, Junta de Gobierno, (27 de mayo de 1987). Acta 27.
[31] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (6 de agosto de 1986, 21 de agosto de 1986 y 11 de septiembre de 1986). Actas núm. 18, 19 y 20. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[32] Banco de México, Junta de Gobierno, (17 de septiembre de 1987). Acta 29.
[33] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (7 de julio de 1986). Acta núm. 17. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[34] Banco de México, Junta de Gobierno, (30 de julio de 1986). Acta 22.
[35] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (25 de octubre de 1985). Actas núm. 9. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[36] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (16 de octubre de 1986). Acta núm. 21. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[37] Banco de México. (1987). Informe Anual 1986, (pp. 147-148, Cuadro 26).
[38] Banco de México, Junta de Gobierno, (30 de julio de 1986). Acta 22.
[39] Banco de México, Junta de Gobierno, (27 de mayo de 1987 y 7 de diciembre de 1987). Acta 27 y 30.
[40] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (7 de julio de 1986). Acta núm. 17. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[41] Banco de México, Junta de Gobierno, (29 de julio de 1987). Acta 28.
[42] Banco de México, (1987) Informe Anual 1986, (pp. 23 y 85-86).
[43] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (18 de febrero de 1986). Acta núm. 22. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[44] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (24 de septiembre de 1986 y 2 diciembre 1987). Acta núm. 24 y 25. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[45] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (18 de febrero de 1986). Acta núm. 22. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[46] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (9 de septiembre de 1987 y 2 de diciembre de 1987). Acta núm. 24 y 25. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[47] Banco de México. Comisión de Crédito y Cambios. (27 de mayo de 1987). Acta núm. 27. Archivo Histórico del Banco de México (AHBM).
[48] Banco de México, Junta de Gobierno, (7 de diciembre de 1987). Acta 30, Documento 2, Política monetaria y cambiaria.
[49] Mancera M., comunicación personal, octubre de 2023.
[50] Banco de México, Junta de Gobierno, (7 de diciembre de 1987). Acta 30, Documento 2, (p. 1).
[51] Ibid., pp. 1-2.
[52] Banco de México, Junta de Gobierno, (23 de octubre de 1986). Acta 23.
[53] Banco de México, Junta de Gobierno, (7 de diciembre de 1987). Acta 30, Documento 2, Política monetaria y cambiaria, (pp. 5 y 6).
[54] Banco de México, (1987). Informe Anual 1986, (pp. 11, 58 y 59).