El sexenio encabezado por Carlos Salinas de Gortari estaba llamado a ser de grandes éxitos. Como parte de la cuidadosa planeación previa al inicio de aquella administración, se destacó la propuesta para conseguir una renegociación no tradicional de la deuda pública externa del país. Las restructuras tradicionales de créditos se referían usualmente a una ampliación del plazo de liquidación con tan solo ciertas concesiones en cuanto a las tasas de interés aplicables. De esa naturaleza habían sido las renegociaciones de la deuda externa conseguidas por parte de la administración previa de Miguel de la Madrid, sin que el problema del sobreendeudamiento tuviera visos de resolución. Por su parte, el presidente electo Salinas había llegado a la conclusión de que México requería de una renegociación atípica, con apoyo en la idea de una reducción del principal. La clave filosófica para tal postura se había encontrado en la tesis de la corresponsabilidad del sobreendeudamiento entre deudores y acreedores. El fundamento político de la renegociación quedó a cargo del presidente Salinas, consiguiendo una primera aceptación por parte del presidente electo George H. W. Bush, pero el fundamento técnico para la solución fue aportado por un entonces muy joven funcionario del Banco de México, de nombre Agustín Carstens. La idea básica de la propuesta fue ofrecer a los acreedores garantía para el pago del principal además de una sustitución tácita de deudor. Esto último, en la forma de una entrega como garantía para la deuda de México a los bancos acreedores de Bonos Brady emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Una de las consecuencias dañinas de la inflación es que, con el paso del tiempo, da lugar a un crecimiento excesivo de las cantidades monetarias en las cuales se expresan los precios y las valuaciones indispensables para el funcionamiento de una economía en la cual hay una especialización muy avanzada de la división del trabajo. Era el caso de la economía de México hacia finales de la penúltima década del siglo pasado y principios de la última. En particular, la inflación había dificultado mucho la provisión de moneda, función a cargo del Estado mexicano. Al respecto, una primera dificultad se manifestó en la necesidad de ir desmonetizando y retirando de la circulación las monedas de menor denominación. La segunda dificultad, en cuanto a la necesidad de ir convirtiendo en monedas metálicas los billetes de menor denominación, y la tercera dificultad, la obligación de ir creando billetes con denominaciones cada vez más grandes, en algunos casos casi grotescas. Y ese fue el caso que se experimentó en México cuando ya se preparaba la creación del billete de cien mil pesos. Y fue precisamente para enfrentar ese problema del crecimiento excesivo de las denominaciones en las piezas circulantes (billetes y monedas), que en el Banco de México surgió la propuesta de “quitarle tres ceros al peso”. Tuvo liderazgo en ese proyecto quien entonces fungía a la cabeza de la institución: el director general Miguel Mancera Aguayo. A ese interesante tema se refiere el segundo capítulo del volumen. La puesta en marcha de la propuesta resultó muy compleja, pero a la postre el experimento de “quitarle tres ceros al peso” resultó exitoso.
De manera muy pragmática, en el Banco de México se había desarrollado un sistema muy sofisticado para regular la intermediación crediticia a cargo de los intermediarios financieros. En términos generales, tal regulación se componía del denominado “control selectivo del crédito” y de esquemas paralelos de control tanto para las tasas activas como pasivas de los bancos. El economista Miguel Mancera siempre había pensado que en las dos materias señaladas el ímpetu regulador previo había sido excesivo. De ahí que durante su segunda gestión al frente de nuestro instituto central, se pusiera en ejecución una política de moderación y modulación de la regulación relativa a la intermediación financiera. La marca general de tal programa fue la del gradualismo desregulador, que resultó el tema de inspiración para el capítulo intitulado “Política Crediticia”. En materia del crédito bancario al Gobierno Federal, ya se había avanzado mucho en el esfuerzo de desregulación mediante la creación de los Cetes y su operación, la cual permitía atender tal financiamiento mediante mecanismos de mercado. En el frente de la intermediación bancaria, la desregulación consistió en la reducción gradual en el número de los cajones de crédito obligatorio. Finalmente, la desregulación de las tasas tanto activas como pasivas se puso en ejecución mediante un proceso gradualista: un proceso de aproximaciones sucesivas.
La política bancaria a cargo del Banco de México quedó marcada a todo lo largo del sexenio encabezado por Carlos Salinas de Gortari por una decisión fundamental que se había adoptado durante sus inicios: la apertura exterior de la economía de México en el aspecto financiero. En retrospectiva, no parece haberse tratado de una decisión equivocada. Sin embargo, tal vez se cometió un grave error en la implementación de la medida: no haber aplicado la apertura con un enfoque de gradualismo y de una apertura total –de una sola vez– se derivaron varias consecuencias de mucha severidad: un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de gran amplitud, una brecha, quizás excesiva, entre ahorro e inversión agregados, tendencias muy fuertes hacia la apreciación del tipo de cambio real y una oferta muy grande de captación para el sistema bancario. La gran paradoja para el Banco de México respecto a aquella decisión relativa a la apertura financiera del país es que, aparentemente, ni siquiera tuvo participación en su gestación. Las altas autoridades de la banca central se enteraron de aquella decisión en la forma de un hecho consumado, y lo siguiente para el instituto central fue enfrentarse a las consecuencias de la atracción fatal de capitales que se desató, al menos hasta los primeros meses del año fatídico de 1994. Un frente de particular dificultad operativa fue el del crecimiento de la captación de la banca.
En retrospectiva, el Banco de México debió haber aplicado un cajón de inversión obligatoria para fines preventivos o prudenciales. No se procedió de tal manera, aunque con grandes dificultades políticas el Banco de México sí intentó establecer un tope a la captación en moneda extranjera por parte de los bancos privatizados.
Sorprendentemente, la iniciativa para otorgarle autonomía al Banco de México no provino del secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ni del banquero central, Miguel Mancera. Desde luego que ambos funcionarios secundaron con entusiasmo la propuesta cuando la escucharon de boca del presidente Carlos Salinas. Pero según las fuentes más fidedignas, tal reforma fue escuchada y recogida por ese mandatario en el Foro Mundial de Davos, aunque nunca se supo el canal específico del que provino la recomendación. Con todo, es extraño que, en sus muy pormenorizadas memorias de gobierno, Salinas no haya dedicado tan siquiera unos cuantos párrafos a tal proyecto, que implicó una muy importante reforma de naturaleza estructural. Como puede leerse en el capítulo quinto correspondiente, una vez decidida la propuesta, Salinas encargó la elaboración de la iniciativa a una comisión del Banco de México que desde luego tuvo como cabeza al propio jefe de esa institución, Miguel Mancera. En términos de las fuentes consultadas, el grupo de ponentes contó con la muy instruida asesoría del banquero central chileno Andrés Bianchi. Del proyecto que finalmente quedó aprobado y se puso en ejecución, cabe citar en las presentes líneas tan solo las características principales. La prioritaria de ellas, que la autonomía del Banco de México quedó consagrada en el propio texto constitucional en el importante artículo 28. Segunda característica relevante a destacar, la importancia del mandato único para el flamante instituto central en la forma de la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y, por último, la muy importante característica de una conducción colegiada del Banco de México en la variante de una Junta de Gobierno integrada por cinco funcionarios con poder de voto equitativo.
A finales de 1993, después de la aprobación del Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso de Estados Unidos, la administración encabezada por el presidente Salinas parecía destinada a un final glorioso. No ocurrió en esa forma y, desde la perspectiva del Banco de México, el desastre transexenal se materializó en una muy traumática macrodevaluación todavía durante diciembre de 1994. La tesis oficial en el Banco de México con respecto a aquella debacle cambiaria se centró en el impacto de una serie de choques exógenos de naturaleza política que terminaron por agotar los cuatro elementos de ajuste con que se contaba para la defensa del esquema cambiario en vigor desde principios de 1992. A saber, el acomodo del tipo de cambio dentro de su banda de flotación, la utilización de reservas internacionales para evitar que se rebasara el techo de la banda, elevaciones de las tasas internas de interés y el canje de Cetes, con riesgo cambiario, por Tesobonos denominados en moneda extranjera. Si bien sería imposible de refutar la tesis relativa a los choques exógenos, también se consultaron evidencias para aceptar que la economía mexicana asimismo traía debilidades que propiciaron un deterioro de la confianza por parte de los agentes económicos, tanto del interior como del exterior. Las principales de ellas, primero un déficit muy grande en la cuenta corriente de la balanza de pagos (cercano al 8 por ciento sobre el pib), que había venido financiándose con capital golondrino de corto plazo. Segundo, una apreciación muy visible del tipo de cambio real y, además, las muy preocupantes carteras de crédito de los bancos que habían sido privatizados. Y la tragedia histórica perversa dio lugar a que todas las fuerzas mencionadas concurrieran para producir la gran crisis de balanza de pagos con devaluación, ya mencionada renglones arriba.
Eduardo Turrent Díaz