Tomo X: Viento en popa
III. Banxico y el CEMLA

 

7. Semilla que fructificó

 

Fungiendo Carlos Novoa como director general del Banco de México (se había iniciado su encomienda en diciembre de 1946) se celebró en Santiago de Chile en diciembre de 1949 la Segunda Reunión de Técnicos en Banca Central del Continente Americano. Fue en ese foro donde la delegación de México presentó la propuesta para el establecimiento de un Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos. La propuesta se había formulado en el Banco de México y en su preparación había tenido una participación decisiva don Rodrigo Gómez, a la sazón segundo de abordo en ese instituto central. De esa propuesta, en cuyo desarrollo también había intervenido el economista transterrado Javier Márquez, emanó tiempo después y mediando muchos esfuerzos, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, conocido también como CEMLA. Los antecedentes de ese organismo pueden encontrarse tanto en los que dieron lugar a las Reuniones de Técnicos en Banca Central del Continente Americano como en los más directos propios de los trabajos que precedieron la creación de dicha institución.

En cuanto a esos antecedentes, en la Conferencia Interamericana sobre Sistemas de Control Económico y Financiero, celebrada en Washington, en la primavera de 1942, el Banco de México se había acercado a los representantes de los bancos centrales de América Latina en solicitud de colaboración para el intercambio de información y publicaciones entre sus respectivos departamentos de estudios económicos. A partir de ese acercamiento inicial, el banco central de México había continuado con la propuesta con representantes de sus instituciones similares de Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. A continuación, en la conferencia de Bretton Woods, de julio de 1944, se reiteró la conveniencia de que los técnicos en banca central del continente tuvieran un contacto continuo y una plataforma para la colaboración. Poco después, durante la visita de un funcionario del Banco de México a su similar de Canadá, se supo del interés de esa institución por la idea. Así, contando con ese apoyo, se realizaron también unos sondeos iniciales con funcionarios de la Reserva Federal. No mucho tiempo después, en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz que se realizó en México en marzo de 1945, tuvieron lugar conversaciones informales acerca de la conveniencia de organizar una junta de bancos centrales del continente y se aprobó una resolución en ese sentido. Finalmente, el Banco de México tomó la iniciativa en 1946 para poner en ejecución dicho acuerdo. En lo relativo a las finalidades del evento, se asentó en el Memorándum de Invitación:

Desde el mes de febrero de 1945 se planteó más o menos formalmente la necesidad y conveniencia de convocar una reunión de técnicos de los bancos centrales del Continente Americano. El objeto de la reunión sería tener un amplio cambio de impresiones, sobre una base estrictamente técnica y extraoficial, acerca de la experiencia de los distintos países en materia de regulación monetaria y del crédito, innovaciones en la legislación de los bancos centrales, evolución de los mercados monetarios y formas de cooperación entre los departamentos de estudios económicos. No se trataría en modo alguno de criticar asuntos de política económica.[1]

De ese evento cabe destacar antes que nada la capacidad de convocatoria lograda por el Banco de México al conseguir la asistencia y participación de 17 países del continente, sobresaliendo los casos de Canadá y Estados Unidos. En el orden personal, en calidad de invitado especial del Banco de México asistió a esa reunión el prestigiado autor argentino Raúl Prebisch, a cuyo cargo estuvo la alocución de apertura en la sesión inaugural. Prebisch terminó su intervención señalando:

…celebro mucho que el Banco de México haya tenido la iniciativa muy feliz de convocar esta reunión que, sin publicidad alguna, nos permite hablar en lenguaje claro y sin reticencias para lograr el recíproco conocimiento de nuestras experiencias en la periferia latinoamericana y el de las enseñanzas que ellos comportan para el centro cíclico principal [Estados Unidos].[2]

Prebisch había ya estado previamente en el Banco de México, convirtiéndose en el protagonista principal de otro acontecimiento que se constituyó en un precedente importante tanto para la Reunión de Técnicos en Banca Central del Continente Americano como para el establecimiento del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en 1952. Todo ocurrió a raíz de la destitución que sufrió Prebisch como alto funcionario del Banco Central de la República Argentina. Corría el año de 1943 y ya hacía algún tiempo que invitado por su colega Eduardo Villaseñor, el talentoso ensayista e historiador Daniel Cosío Villegas colaboraba en el Banco de México adscrito al Departamento de Estudios Económicos. Así, en una ocasión Cosío entró a la oficina de Villaseñor para sugerirle que toda vez que Prebisch ya no era funcionario público en su país natal, quizá fuera conveniente invitarlo a que emigrara a México y se convirtiera en colaborador del banco central. El economista argentino no aceptó el ofrecimiento, pero sí dictó unas conferencias privadas en el transcurso de las cuales, todo hace pensar, inculcó a los integrantes del auditorio la idea de que América Latina debía estudiar sus problemas económicos con una visión propia y desarrollar un cuerpo de pensamiento desde esa perspectiva.

A esas pláticas asistieron el director general del Banco de México, Eduardo Villaseñor, y el tercer funcionario en importancia en la institución, Rodrigo Gómez. También fueron invitados el subdirector Ernesto Espinosa Porset, Raúl Martínez Ostos, jefe del departamento de Crédito, Gonzalo Robles, jefe del departamento de Investigaciones Industriales, y por parte de Estudios Económicos, estuvieron presentes Daniel Cosío Villegas —que había conocido a Prebisch en sus viajes por Sudamérica para promover al Fondo de Cultura Económica— y el joven economista y discípulo de Cosío, Víctor L. Urquidi. La idea medular fue planteada por el conferencista desde la sesión inicial:

Hemos vivido con frecuencia al margen de la buena doctrina monetaria y ha sido tan sistemático el desvío de ciertos principios en la historia de nuestro medio circulante, que cabe preguntarse si esa doctrina era realmente buena para nosotros: si respondía fielmente a la índole y estructura de la economía argentina. ¿No habrá llegado el momento de formular nuestros propios principios, derivados precisamente de nuestra realidad comprobada y de tener nuestra buena doctrina utilizando y adaptando todo lo útil de los principios generales para fincar una política monetaria nacional?[3]

La semilla había quedado sembrada. Sin embargo, más de cinco años habrían de transcurrir para que el Banco de México pudiera reaccionar propositivamente a esa inquietud que se había empezado a difundir paulatinamente en los círculos pensantes de América Latina. Si el subcontinente estaba en la posibilidad de contar con un pensamiento económico desarrollado a partir de sus problemas específicos, también debía establecer las instituciones apropiadas en cuyo seno pudiera formularse ese pensamiento. Así, como se ha dicho, fue durante la segunda Reunión de Técnicos en Banca Central del Continente Americano cuando el Banco de México presentó a ese cónclave el proyecto para el establecimiento de un Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos. La propuesta fue presentada por la delegación del Banco de México a ese foro, que estuvo integrada por Agustín Luna Olmedo, jefe del departamento de Estudios Económicos, y un joven economista que empezaba a despuntar: Ernesto Fernández Hurtado. No se dispone de información para verificar si esas personas participaron o no en la preparación del proyecto. Sin embargo, lo más relevante es recordar los considerandos que se expusieron en apoyo de la propuesta.

De los esfuerzos para comprender los problemas económicos de la América Latina el Banco de México adquirió el convencimiento de que no se pueden resolver usando de iguales armas que en los países con economía más avanzada… [Así,] varias entidades del Gobierno de México constituyeron hace algún tiempo un fondo destinado a servir de base para el sostenimiento de un centro de estudios económicos e investigación cuya finalidad consistiría en iniciar sistemáticamente estudios sobre la economía de los países de América Latina impartiendo además enseñanzas de tipo avanzado que hagan posible la formación de economistas expertos en problemas de estos países… [Igualmente] se llegó a la conclusión de que para dicho programa convenía contar con mayores elementos y especialmente con la colaboración moral y participación del personal especializado que presta sus servicios en los diversos bancos centrales y dependencias financieras y fiscales de los Gobiernos Americanos.[4]

Al estudiar la propuesta de México, los asistentes a esa reunión reconocieron que en efecto “América Latina carecía de un establecimiento en el que se estudiaran e investigaran los diferentes problemas económicos…”. Aunque la propuesta resultó aprobada, también se lanzó una voz de alerta, quizá teniendo en mente a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que se había creado en 1948, a fin de que la nueva entidad no incurriera en una duplicación de funciones con otros organismos que ya habían sido creados. Apelando a la cooperación de los gobiernos de América Latina, se acordó la creación de un “Comité ad hoc” que se encargaría de revisar con pormenor el proyecto y recomendar modificaciones o adiciones en caso de que fuesen necesarias. En forma significativa, en ese órgano quedó incluido Raúl Prebisch —a la sazón ya vinculado laboralmente a la CEPAL— y, por parte del Banco de México, el ya mencionado Agustín Luna Olmedo. El grupo se completó con otras personalidades relevantes: Arturo Maschke, gerente general del Banco Central de Chile, Héctor Santaella, Director Alterno en el FMI, y Julián Alienes, jefe de Investigaciones en el Banco Nacional de Cuba.

El proyecto para crear un Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos que presentó la delegación del Banco de México ante la Segunda Reunión de Técnicos en Banca Central del Continente Americano se conformó de dos partes. En la cita anterior quedó incorporado el mensaje principal que se quería enviar en esa suerte de exposición de motivos. Previamente a esa idea, se explicaba que por años, e incurriendo en costos considerables, los gobiernos de América Latina habían estado enviando al extranjero a graduados en economía o personal especializado, con la finalidad de que se familiarizaran con “las técnicas y las experiencias que no era posible obtener en América Latina por la falta de centros adecuados” que proporcionaran la formación requerida. Sin embargo —explicó el Banco de México en ese documento— los resultados no habían sido satisfactorios por cuatro razones. En primer lugar, porque las enseñanzas especializadas que se impartían estaban principalmente “enfocadas hacia la resolución de problemas de los países industrializados”. Asimismo, usualmente los estudiantes que se enviaban al extranjero no contaban con experiencia suficiente para distinguir entre las enseñanzas que se recibían, “las que son inmediatamente aplicables a su propio país o a otras condiciones económicas similares”. Un tercer obstáculo había provenido de las dificultades que esos capacitandos habían enfrentado para dominar los “idiomas extranjeros y adaptarse a las costumbres locales”. Un último factor provenía “del mayor gasto que representa[ba] el envío de personal a países con elevado costo de vida”.

La segunda parte del documento era un anteproyecto de estatutos para la institución que se intentaba crear. Dada la presentación de ese anteproyecto en un formato codificado con dos capítulos y 17 artículos, varios de ellos con sus respectivos incisos, no cabe la menor duda de que en su redacción deben haber intervenido algunos abogados del Banco de México, de cuya identidad no quedó registro para la posteridad. Aunque, como se verá, a la postre la institución que se estableció fue bastante diferente y mucho más acotada que el Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos propuesto originalmente. De cualquier manera en su cuerpo de disposiciones ya se enuncian las materias que necesariamente quedarían incorporadas en los estatutos de la organización que se estableciera, cualquiera que fuese su especialización definitiva. Significativamente, el articulado incorporado en el capítulo I se refería al “Objeto, Domicilio y Duración del Instituto de Economía Latinoamericana”. Por su parte, el título correspondiente al capítulo II rezaba “De los Asociados, de los Socios Contribuyentes y de la Administración”. De manera muy relevante, ese anteproyecto ya suponía la idea de un importante esfuerzo de cooperación entre los países de América Latina.

El Comité ad hoc que se creó por mandato de la Segunda Reunión de Técnicos en Banca Central cumplió con su encomienda de manera no necesariamente muy rápida, pero sí eficaz. La importancia del trabajo de ese grupo se manifestó principalmente en la ayuda que prestó para delimitar el objeto de la institución que deseaba establecerse y precisar su campo de especialización específico. Con visible acierto, los integrantes de ese órgano cayeron en la cuenta de que la cobertura de temas sería demasiado amplia para el Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos propuesto originalmente por el Banco de México. Ese mismo argumento era aplicable a los aspectos administrativos y hasta diplomáticos de la organización. ¿Con cuál dependencia de los gobiernos respectivos debería establecerse su relación? Las posibilidades eran amplias y esa amplitud podía dar lugar a confusiones y problemas de imposible resolución. Asimismo, había también que tomar en consideración el problema ya detectado de la posible duplicidad de funciones con otros organismos latinoamericanos ya establecidos. Previamente al establecimiento de la OEA, se había creado en Washington el Consejo Interamericano, Económico y Social (CIES). Poco menos de una década después, surgió en 1948, como parte de la ONU, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Así, ese Comité ad hoc propuso y le fue aceptado, que la institución a crearse tuviese como campo de especialización el de la moneda y la banca y que su relación institucional se estableciera básicamente con los bancos centrales de América Latina. Por derivación, las actividades de dicho organismo estarían orientadas a atender las necesidades de esos institutos centrales en función de las tareas que cumplían en sus respectivos países.

¿Qué había ocurrido puertas adentro en el Banco de México respecto del tema tratado, en el periodo que medió entre las reuniones segunda y tercera de Técnicos en Banca Central del Continente Americano? Por un muy valioso testimonio de Víctor Urquidi fue conocido que en la idea de crear al mencionado Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos había tenido bastante influencia el economista transterrado Javier Márquez, quien como ya se ha dicho, había ingresado a prestar sus servicios en el Banco de México en enero de 1943. Al parecer, Rodrigo Gómez que llevaba algún tiempo reflexionando en un sentido parecido, coincidió con las ideas de Márquez y le ayudaron a formar su propio criterio. Asimismo, Urquidi señaló en ese testimonio que Prebisch se había molestado en lo personal con Márquez en razón de esa propuesta y que ese hecho los había distanciado a tal grado que su relación de amistad nunca más pudo restablecerse.[5] Ante el hecho de que Urquidi nunca revelara la causa concreta de ese enfrentamiento cabe hacer conjeturas. Una de ellas, muy plausible, es que, como se ha dicho, en la propuesta que había presentado el Banco de México Prebisch haya temido una duplicación de funciones con las que tenía la CEPAL, organismo que tanto trabajo había costado crear y hacer subsistir.

Empero, con o sin la anuencia de Prebisch, la propuesta –que en última instancia apadrinaba el Banco de México como institución y no en lo individual algunos de sus funcionarios– logró mantenerse. Al parecer el “Comité ad hoc” que se formó para estudiar el anteproyecto del Banco de México trabajó activamente en su encomienda. La propuesta debidamente revisada y modificada se presentó y discutió nuevamente más de dos años después, durante la siguiente Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del Continente Americano que se celebró en La Habana durante febrero-marzo de 1952.

Así, como se ha dicho, el mayor acierto de aquel “Comité ad hoc” consistió en acotar el ámbito de actividad de la institución que se deseaba conformar. Esa decisión se apoyó en un hecho duro: la especialización a la que necesariamente se encuentra sujeta la banca central. Si las instituciones llamadas a crear y patrocinar el organismo de investigación y docencia que se proponía serían los bancos centrales del Continente, lo procedente era que su campo estuviera delimitado por la especialización propia de la banca central. Por ello, fue ciertamente un acierto que en lugar de sugerir el establecimiento de un Instituto de Estudios Económicos Latinoamericanos se propusiera la formación de un Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En congruencia con ello, al Centro se le fijó como finalidad “promover el mejor conocimiento de las cuestiones monetarias y bancarias y de los aspectos atinentes a la política fiscal de América Latina y sus relaciones con la economía en general”.[6] Incidentalmente, mediante este acotamiento del campo de actividades de la nueva entidad se resolvió también, en buena medida, el problema de un posible traslape de funciones con la CEPAL, el cual, al parecer, había temido tanto Prebisch desde un principio.

Lo primero que llama la atención en el Acta Constitutiva del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos otorgada en septiembre de 1952 es que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México había declarado que la creación de esa entidad quedaba exenta de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27 Constitucional y en el artículo 2º del reglamento de dicha ley, disposiciones que tenían como motivo la protección de la soberanía nacional al impedir que las empresas extranjeras que operasen en el país pudieran adquirir propiedad en las costas o en las zonas fronterizas y, además, que declinaran invocar la protección de sus embajadas en caso de conflicto legal además de que aceptaran acudir a los tribunales mexicanos. De ahí que en la respuesta de esa dependencia se haya establecido textualmente que al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos se le exentaba de cumplir con esa exigencia, toda vez que “la pretendida asociación no desea estar en condiciones de adquirir propiedad inmueble en territorio nacional ni de verificar ninguna actividad industrial agrícola, ganadera, forestal, etc. con fines de lucro ni de esencia mercantil”. Era natural que la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestara en ese sentido toda vez que estaba en formación un organismo de carácter internacional al que se le había dado la forma legal de asociación civil.[7]

Aunque la organización nacía con buenos auspicios, pareció sufrir durante su creación de una cierta falta de apoyo continental. En esa primera convocatoria, únicamente se habían sumado al llamado para formar el nuevo Centro y, por lo tanto, para ser “miembros de la institución”, los bancos centrales de Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Honduras aparte del promotor que era el Banco de México. Es decir, a la ceremonia de otorgamiento del Acta Constitutiva únicamente habían acudido representantes de los bancos centrales mencionados. Las omisiones eran notables. En particular, sobresalía la ausencia en la formación de la entidad de varios países del Cono Sur del Continente, como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. Quizá la ausencia de Brasil pudiera explicarse por el hecho de que en esa época dicho país carecía aún de banco central, ya que el Banco Central do Brasil no abriría sus puertas sino hasta 1964. Una suerte de compensación podía adivinarse en el hecho de que, no en calidad de “miembro asociado” –pues esa naturaleza únicamente podían tenerla los bancos centrales del continente– aunque sí de “miembro colaborador”, quedó la Comisión Económica para América Latina encabezada por Prebisch. Asimismo, también era de esperarse que en el futuro se sumaran en esta última categoría “otros organismos que realicen o promuevan la enseñanza e investigación y que ofrezcan, en alguna forma de manera regular, su ayuda al Centro”.[8]

El documento “Bases Constitutivas para la Organización de un Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos” fue el primero en ser presentado en 1952 –después, obviamente, de los actos protocolarios– a consideración de la Tercera Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del Continente Americano.[9] Emanado del Comité ad hoc que se había creado para ese fin durante la edición previa de dicho foro, en el documento se propusieron ocho bases sobre las cuales debería organizarse la institución que se deseaba establecer. En la primera quedaron enunciadas las finalidades –ya mencionadas– a las que respondería el organismo en vías de creación. Un guiño a la CEPAL, aunque disimulado, se incorporó en la segunda de esas bases al señalarse que el Centro mantendría “relaciones estrechas” con los organismos nacionales o internacionales dedicados a realizar investigaciones sobre “la economía de América Latina”. Las bases cuarta y quinta estuvieron dedicadas a la definición de los miembros asociados y de los miembros colaboradores que tendría el organismo y la representación que tendrían dentro de su máximo órgano de gobierno: la Asamblea. La base sexta quedó dedicada precisamente a los órganos de autoridad del organismo –la Asamblea, la Junta de Gobierno y el Director General– con sus respectivas atribuciones. Por su parte, las bases séptima y octava se refirieron al muy importante tema del financiamiento del Centro. La propuesta fue que las cuotas anuales para los miembros fueran según se determinara en la Asamblea, de cuatro, ocho y doce mil dólares para sus tres tipos de miembros, de acuerdo con algún criterio pendiente de determinarse.

Un tema muy importante para avanzar en la conformación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos fue el de la redacción de los Estatutos conforme a los cuales debería organizarse y operar. Para ese objeto, regla octava, el cónclave de la Tercera Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del Continente Americano decidió la conformación de una Comisión Especial. Dicho órgano quedaría integrado por los bancos centrales de los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador y México. Asimismo, también se acordó que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) participaran en los trabajos de la mencionada comisión. Dicho órgano designaría a una institución organizadora –elección que inexorablemente recayó en el Banco de México–, que prepararía los programas iniciales de trabajo, recibiría las aportaciones provisionales y daría cuenta de sus actividades a los bancos centrales y a las instituciones afines del Continente Americano. Como plazo perentorio se estableció que la Asamblea del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos celebrara su sesión inaugural durante la siguiente reunión de gobernadores del Fondo Monetario Internacional que tendría verificativo a cinco meses de ese evento, durante septiembre de 1952 en la Ciudad de México.

Un reconocimiento a los trabajos que había realizado el Comité ad hoc fue propuesto en esa Tercera Reunión de Técnicos en Banca Central por la delegación representativa de los Estados Unidos, entre cuyos integrantes sobresalían David L. Grove, de la Reserva Federal en Washington, y Eugene Schlesinger, de la Reserva Federal en Nueva York. Según esa propuesta, los bancos centrales asistentes a esa reunión deberían hacer saber a la Comisión Especial recién creada sus puntos de vista y sugerencias acerca del proyecto en discusión. Una moción semejante fue propuesta por las delegaciones representativas de Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador y México. Mediante esa declaración se extendía apoyo al documento que había presentado el Comité ad hoc y también a la integración de la Comisión Especial con las responsabilidades que se le habían asignado. Como se verá, en la redacción de los Estatutos tuvo una participación destacada el Banco de México y en lo personal Javier Márquez.

Poco hubo en el articulado definitivo de los Estatutos que no se hubiera ya enunciado indicativamente en el documento “Bases Constitutivas…” que el Comité ad hoc había presentado en La Habana durante febrero-marzo de 1952. En los Estatutos, los lineamientos mencionados se materializaron en un articulado con exactamente 28 disposiciones que quedaron distribuidas en los siguientes nueve capítulos: “Fundación, Domicilio y duración del Centro”, “Objeto y funciones”, “De los miembros”, “Del gobierno del Centro”, “De la Asamblea”, “De la Junta de Gobierno y del Director”, “Presupuesto”, “De la Disolución del Centro” y “Disposiciones Transitorias”. Las finalidades del Centro quedaron incorporadas en el artículo cuarto en una redacción idéntica a la que se había planteado en las “Bases Constitutivas…” y en otras propuestas previas. Lo importante, en este último aspecto, es cómo quedaron definidas en el artículo quinto las actividades que el organismo debería desarrollar en la búsqueda de sus objetivos:

Realizar investigaciones, utilizando su personal permanente y la colaboración temporal de otros economistas y expertos, así como de los bancos centrales.

Recoger las experiencias relacionadas con sus objetivos y sistematizar las enseñanzas que de ellas se derivan.

Procurar, por los medios que estén a su alcance, una mayor preparación de los funcionarios y del personal técnico de los bancos centrales e instituciones afines del Continente Americano.

Informar con oportunidad a sus miembros acerca de los acontecimientos de importancia en el campo de la política monetaria, bancaria y fiscal.

Mantener relaciones estrechas con los organismos nacionales e internacionales que promuevan el conocimiento de los temas que interesan al Centro, con el fin de complementar los trabajos de éste y evitar innecesarias duplicaciones de tareas.

Si sus medios se lo permiten, realizar los estudios y resolver las consultas que le encarguen sus miembros por sí o en representación de sus gobiernos.

Participar en reuniones nacionales e internacionales de carácter técnico que traten sobre los temas mencionados en el artículo cuarto.

En general, realizar dentro de sus posibilidades, todo lo que sea conducente a la mejor comprensión de los problemas monetarios, bancarios y fiscales de los países latinoamericanos, tanto internos como en sus relaciones externas.[10]

Dentro del capitulado del Acta Constitutiva, un tema particularmente relevante fue el relativo al “Presupuesto” que debería manejar el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En los Estatutos se había determinado que ese presupuesto debería existir pero no se especificó cuál autoridad tendría como responsabilidad su preparación. En cuanto a los ingresos para cubrir ese presupuesto, se especificó que provendrían de dos fuentes: de las cuotas que cubrirían los miembros asociados además de “otros posibles ingresos”. Más adelante, en las disposiciones transitorias se señaló que durante los tres primeros ejercicios del organismo las cuotas se fijarían (como se había sugerido en el documento “Bases Constitutivas…”) “en doce mil, ocho mil y cuatro mil dólares moneda de los Estados Unidos” para tres categorías de miembros.

En lo individual, la paternidad del proyecto que desembocó en el establecimiento del CEMLA se ha atribuido unánimemente a don Rodrigo Gómez del Banco de México. Aunque en rigor no se ha encontrado ningún documento que permita validar esa idea, los indicios en ese sentido son numerosos. Rodrigo Gómez ya era un funcionario de gran peso en el instituto central durante el periodo directivo de Eduardo Villaseñor y su influencia se incrementó a raíz de que el abogado y banquero Carlos Novoa fue designado director general. En paralelo, el neoleonés fue ascendido a subdirector general y desde esa posición privilegiada previsiblemente logró convencer al director Novoa de las bondades de la idea que se materializó en el CEMLA. Las evidencias confirman que Novoa brindó al proyecto todo su apoyo, encabezó la ceremonia de inauguración correspondiente y, además, se hizo líder de la tesis de que el Banco de México cubriría, en caso de que se produjeran, los déficits presupuestales que se generaran durante la etapa de despegue del Centro. El compromiso de apoyo con ese organismo incluso se fortaleció a partir de que don Rodrigo se convirtió en el mandamás del banco a partir de diciembre de 1952. Esos apoyos se materializaron en recursos presupuestales, locales e inmuebles, actividades docentes y de investigación por parte de funcionarios del Banco, asesorías técnicas y los trabajos de auditoría.

Un paralelismo entre la creación de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y el CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos) se dio respecto de la designación del país sede. Como reconocimiento a la nacionalidad chilena del diplomático Hernán Santa Cruz, se concedió que la sede para promotor de la CEPAL, ese organismo, dependiente del Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas, fuese la Ciudad de Santiago de Chile. Al parecer esa decisión sentó un precedente. Así, cuando del Banco de México emanó el proyecto para el Instituto de Estudios Económicos que luego se transformó en el relativo al CEMLA, tácitamente se asumió que la sede se ubicaría en México, previsiblemente en su capital. En tal suerte no debe sorprender que en el primer proyecto de Estatutos para el Instituto quedara plasmado en su artículo primero que la institución se constituiría de acuerdo al Código Civil (mexicano) para el Distrito y Territorios Federales. Posteriormente, con motivo de los trabajos del Comité ad hoc, el banquero central chileno que tuvo una participación clave en ese órgano al cumplir el papel de enlace con Raúl Prebisch, manifestó epistolarmente en misiva dirigida a Agustín Luna Olmedo su acuerdo de que la institución que finalmente se estableciera tuviera “su sede en la Ciudad de México”. Finalmente y no por casualidad, en el artículo 3° de los Estatutos del CEMLA quedó establecido: “El Centro tiene su domicilio legal en México, Distrito Federal…”.[11]

En ese Comité ad hoc Arturo Masche del Banco Central de Chile no sólo actuó como enlace con Raúl Prebisch de la CEPAL sino que también participó activamente en la formulación de las Bases que se redactaron para el establecimiento del futuro CEMLA. A partir de ahí se formó una Comisión Especial y volvió a requerirse de nuevos apoyos por parte del Banco de México en su calidad de promotor del proyecto original. A tal fin, a principio de mayo de 1952 ese instituto central designó a Javier Márquez para que actuando en calidad de organizador del proyecto lo sacara adelante hasta su materialización. Entre las tareas a realizar encomendadas a Márquez tuvo prioridad la redacción de un proyecto de estatutos de acuerdo con “las Bases”, además de iniciar los contactos con los bancos centrales e instituciones afines para lograr su aceptación formal de las Bases a la vez de recabar sus aportaciones provisionales. En cuanto a los estatutos, Márquez informó epistolarmente a Masche que se disponía a redactar un primer proyecto “a fin de pasárselo a usted y a los otros miembros de la Comisión Especial con el ruego de que me comuniquen sus comentarios y me hagan sugerencias a la mayor brevedad a fin de ir puliéndolo…” (sic). En cuanto al contacto con los bancos centrales e instituciones afines, Márquez sugirió que dicha tarea podría realizarse “con mucha mayor eficacia” si la correspondencia sobre el particular fuera firmada por el Director del Banco de México, que, por decisión tomada en La Habana, era la institución donde debían recibirse las adhesiones y aportaciones. “El Director del Banco de México, S.A. puede ser más convincente que yo [Márquez] en esas tareas, y se facilitaría así la conclusión de esa etapa”.[12]

Como era de esperarse, el Banco de México cumplió debidamente con todas las peticiones de apoyo que le fueron solicitadas por el organizador Javier Márquez. Por un lado, se enviaron las cartas a todos los bancos centrales e instituciones afines, aunque dichas misivas no pudieron ser firmadas personalmente por el Director Novoa por no haber estado ese funcionario disponible en la Ciudad y por tanto salieron con la rúbrica institucional de Banco de México. En cuanto a los Estatutos, después de recabar las opiniones de los bancos Centrales representados en la Comisión Especial y de la CEPAL, el proyecto fue enviado al Banco de México para una revisión final. En paralelo, también se pidió a los abogados de la institución un comentario sobre la personalidad jurídica más recomendable para el CEMLA que se deseaba establecer. Por un testimonio valiosísimo de Ernesto Fernández Hurtado se sabe que en esa revisión no solo se involucró al abogado Plácido García Reynoso, Gerente en la institución, sino a otros jurisconsultos y funcionarios. Felizmente, el proyecto salió avante más no sin demoras y dificultades:

Con gran retraso por el número de personas que le metieron mano, te envío el texto revisado de los Estatutos… A pesar de la falta de tiempo, espero que lograrás enviar un proyecto de Estatutos que involucre las sugestiones de la Comisión Especial [dirigidas] a todos los bancos del Continente Americano que enviarán representantes a México en septiembre próximo; junto con una carta en que se les exhorta, a nombre de la Comisión Especial, a dar instrucciones a sus delegados para que se adhieran al Centro y se obliguen a contribuir a su sostenimiento.[13]

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