Ninguna otra unidad en la estructura organizacional del Banco de México tuvo un origen personal tan marcado como el Departamento de Investigaciones Industriales a partir de la figura del ingeniero agrónomo Gonzalo Robles. Aunque dentro del instituto central siempre habían interesado temas como el desarrollo industrial, la creación de la Oficina de Investigaciones Industriales respondió en una medida importante a la intención de reincorporar a las filas del banco central a un erudito tan respetado y sobresaliente como lo fue el ingeniero Robles. Por sus rasgos personales e intelectuales, Robles fue siempre un factor de enriquecimiento para el capital humano de la institución. También cabe destacar de manera particular el número importante de discípulos y colaboradores que logró reunir a su alrededor. En las semblanzas de que disponemos de tan ilustre personaje se destaca principalmente su vasta erudición como individuo de amplias lecturas, reflexiones personales profundas, viajes de estudio muy fructíferos y amplia experiencia en el desempeño de importantes cargos públicos. A este último respecto no está de más recordar que Robles fue el primer director que tuvo en su historia el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas (hoy Banobras) y que también fue designado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que representara a México en el Comité de Expertos sobre el Acceso al Comercio de Materias Primas de la Sociedad de las Naciones con sede en Ginebra, que se celebró poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Por todos esos antecedentes y además por su personalidad prudente y discreta, en su calidad de cabeza de Investigaciones Industriales Robles también se desempeñó magníficamente como consejero representante del Banco de México en los órganos de gobierno y otros foros directivos de muchas entidades de diferente especialización. Esta faceta de Robles fue destacada en su momento por uno de sus colaboradores más cercanos: el también agrónomo Emilio Alanís Patiño. Según su testimonio, Robles actuó en ese carácter en muchas entidades del sector bancario –Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Crédito Rural y Banca Somex que incorporó a la antigua Asociación Hipotecaria Mexicana– y en muchas otras instituciones de naturaleza cultural o de fomento –Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Instituto Mexicano de Recursos Renovables, Consejo de Recursos No Renovables, Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, Comisión de Energía Geotérmica, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Maíz Industrializado–.[1]
Gonzalo Robles fue en efecto una figura muy reconocida por sus méritos técnicos y experiencia y de ahí el importante papel que jugó durante muchas épocas como asesor y consultor de funcionarios de alta jerarquía. Y desde luego, el prestigio del personaje trascendió las fronteras nacionales y por esa razón fue objeto de muchas invitaciones a participar en foros y eventos de relevancia global. A manera de ilustración, en abril de 1954 el director general Rodrigo Gómez informó en el Consejo de Administración del Banco de México que la “Junta de Asistencia Técnica de la Naciones Unidas” había extendido invitación al ingeniero Robles para que asistiera a una reunión de trabajo que tendría lugar en Dinamarca a fin de estudiar el “funcionamiento del Instituto de Investigaciones Industriales de ese país y las posibilidades de cooperación de dicho instituto con los países interesados en la materia…”. A continuación, el director Gómez señaló que según el ingeniero Robles ese grupo de trabajo seguramente ofrecería a México “experiencias muy interesantes…”.[2] De hecho, muchos de los trabajos de la autoría del ingeniero Robles que fueron publicados provinieron de su participación como ponente en foros de carácter internacional.
A manera de ilustración, en el año 1956 Robles presentó tres ponencias importantes. La primera en el Congreso Siderúrgico que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, con una ponencia bajo el título de “Posibilidades de desarrollo industrial mexicano a base de la integración de los recursos existentes”. La segunda de esas participaciones fue una conferencia sobre la industrialización en México que dictó en la capital de Francia en el Instituto de Altos Estudios y que se incluyó en un libro que publicó la Universidad de París y la tercera en Sao Paulo, Brasil. En 1958 Robles integró junto con Ernesto Fernández Hurtado y otros funcionarios públicos una misión mexicana que visitó América del Sur con la finalidad de analizar las posibilidades de fomento al comercio intralatinoamericano y la redacción del informe correspondiente estuvo a su cargo prácticamente en su totalidad. En 1959 Robles realizó en el Consejo Económico y Social de la ONU una presentación bajo el título de “Fuentes de Energía”. Más adelante, en 1966 examinó en un seminario el tema de la participación del sector agrícola en el desarrollo económico de México. Y en ese mismo sentido, en coautoría con un investigador de nombre Ernesto de la Peña, publicó, entre otros, dos ensayos con los títulos de “La industrialización en el desarrollo económico de México” e “Interrelaciones del sector agrícola y los sectores industrial y de servicios” que se publicaron respectivamente en los libros “El desarrollo económico de México” y “Reforma Agraria”, editados ambos por el Centro Nacional de Productividad.[3]
Por testimonio de Emilio Alanís Patiño se sabe que, en un principio, siendo director general del Banco de México Eduardo Villaseñor, el ingeniero Gonzalo Robles fue únicamente contratado en calidad de “consultor de la dirección”, pero pronto, quizá por decisión del propio Villaseñor, pasó a encabezar la que se conocería como Oficina de Investigaciones Industriales. Según las Actas del Consejo de Administración, esa unidad se creó por ese órgano en agosto de 1941.[4] Como se aprecia, de esta última medida de ampliación estructural se derivó una suerte de institucionalización del vínculo del ingeniero Robles con el Banco de México provista de una expresión organizacional muy concreta. En esa unidad operativa Robles logró que se formara una suerte de escuela de seguidores y discípulos que desde el punto de vista del capital humano se convirtió en un semillero importante de expertos técnicos y profesionistas sobresalientes. Eduardo Villaseñor dejó testimonio de la gran estimación en que siempre tuvo a Robles al afirmar que la deuda intelectual que tenía con él era “ilimitada” en razón de que su “larga experiencia lo había llevado a aflorar y profundizar sobre no importa qué tema científico, técnico o literario. Aparte de sus conocimientos en agronomía, lo mismo abordaba un tema de ganadería, minería o de… nuestros recursos naturales”.[5] Así, dada esa institucionalización, las publicaciones de Investigaciones Industriales no únicamente fueron las propias del ingeniero Robles como autor, sino también las de los técnicos que prestaron sus servicios profesionales en esa unidad además de los títulos de redacción conjunta y que se publicaron bajo la autoría departamental. En lo principal, Investigaciones Industriales fue lo que los anglosajones denominan un think tank en las materias de su especialidad, aunque las autoridades también encargaron a esa unidad algunas encomiendas especiales. Éste fue el caso de la administración de su programa de becas, la realización de estudios sobre la integración económica de América Latina y la sustitución de importaciones o el registro y seguimiento de las empresas manufactureras que en su momento fueron beneficiadas con exenciones fiscales.
Según se puede constatar en las nóminas de sueldos correspondientes al año 1954, en su parte superior la carta de organización del Departamento de Investigaciones Industriales mostraba al menos dos detalles curiosos. El primero era que el mandamás indiscutible de esa unidad, sin duda el ingeniero Gonzalo Robles, no aparecía con el cargo de jefe sino de consultor. El segundo detalle curioso es que semejando un órgano colegiado de gobierno para el Departamento parecía haber una suerte de triunvirato cuya cabeza era evidentemente el ingeniero Robles, pero en el cual figuraban también el economista Manuel Bravo Jiménez con el cargo de jefe seguido por el agrónomo Emilio Alanís Patiño con la jerarquía de subjefe. De manera más tradicional en materia de organización, ya en la parte inmediata inferior del organigrama aparecían seis jefaturas de oficina bajo cuyo mando trabajaban los 82 empleados de línea con los que contaba entonces el Departamento de Investigaciones Industriales. En el nivel de las jefaturas de unidad figuraba en primer lugar el ingeniero Fausto Urencio que encabezaba la Oficina de Planeación y quien años después cumpliría un papel crucial en el establecimiento de la fábrica de billetes. A continuación, como jefe de Industrias Básicas figuraba el geólogo Adrián Esteve, en Industrias de Transformación Manuel Marín, en Industrias Químicas el ingeniero José R. Alcaráz y como jefe de la unidad editorial aparecía Luis F. Zepeda. Al menos en razón del alto número de personal que manejaba, un lugar especial en ese elenco lo ocupaba Carlos Morett en su calidad de cabeza de la Oficina de Inspección de Industrias, de la cual se habla más adelante.
De manera separada de los empleados de línea, había en Investigaciones Industriales un pequeño grupo de funcionarios que cumplían funciones de apoyo general tipo staff. En esa categoría se encontraba el brillante matemático Nathan Grabinski que entonces apenas fungía como consultor, el ingeniero Víctor Escoto, el investigador Guillermo Villarreal, el traductor técnico Juan Broc y dos peritos contadores. Por su parte, el personal de línea se integraba con dos técnicos editoriales, cuatro Investigadores clase A, siete Investigadores C, un Investigador D, tres Investigadores E y un Investigador F. Y por debajo de ese personal técnico trabajaban en labores de apoyo ocho auxiliares, cuatro “ayudantes de red”, seis ayudantes, ocho taquígrafas y 22 mecanógrafas. Aparentemente, en el cuadro de organización descrito la Oficina de Inspección de Industrias ocupaba un lugar especial y estaba integrada con dos secciones. A la cabeza de la sección que se encargaba de la revisión de solicitudes se encontraba Manuel Martínez del Campo a quien le reportaban ocho investigadores. Por su parte, la jefatura de Inspección de Industrias la ocupaba Ernesto Benítez y bajo su mando trabajaban 12 investigadores. No era de esperarse que durante los años subsiguientes se modificara mucho estructuralmente el organigrama de Investigaciones Industriales en razón de que las funciones se encontraban ya definidas con mucha claridad y no se le asignarían a esa unidad responsabilidades adicionales de significación. Con todo, seguramente con el paso de los años sí aumentó cuantitativamente el personal de la unidad.
Explicada la estructura organizacional y la integración del Departamento de Investigaciones Industriales cabe preguntar: ¿Y cómo era el funcionamiento operativo de esa unidad que encabezaba desde su establecimiento el ingeniero Gonzalo Robles? Felizmente, en la Biblioteca del Banco de México fue posible consultar el documento intitulado “Programa de Actividades para 1965 del Departamento de Investigaciones Industriales”. Según se advierte en la introducción correspondiente, dos documentos similares fueron editados previamente para los años precedentes de 1963 y 1964, aunque la leyenda de “trabajo destinado a la circulación interna” hace dudar sobre la pertinencia de su publicación. ¿Editar un documento únicamente para su circulación interna? A continuación, se expresa en la introducción de esa publicación algo que hace mucho más sentido y que tiene que ver con que el programa anual de actividades del Departamento de Investigaciones Industriales era debidamente aprobado por la Dirección General del Banco de México al igual que el presupuesto operativo con base en el cual se asignaban “los recursos necesarios para llevar a buen término el programa”. Asimismo, en ese texto introductorio se aclaraba que las actividades del Departamento de Investigaciones Industriales podían separarse en dos grandes campos de acción. En el primero se incluían los proyectos y los estudios relacionados con el desarrollo industrial general del país en tanto que en el segundo se agrupaban “los servicios encomendados al propio Departamento, que generalmente implica[ban] estudios de casos concretos”. El papel del jefe de esa unidad operativa –o sea el ingeniero Robles– consistía, por un lado, en aprobar “los objetivos, el enfoque y la metodología de cada estudio” y verificar su marcha y su pertinencia de manera recurrente. A esa cabeza de la unidad correspondía también aprobar los calendarios y planes concretos de todos los proyectos de trabajo que se realizaban siempre con la motivación “de lograr resultados satisfactorios en plazos razonables”.[6] Ya en el plano temático ocho eran los campos de actividad en los que se clasificaban los estudios que se realizaban en Investigaciones Industriales:
En el primero de los rubros mencionados se incluían los proyectos que se consideraban de mayor importancia. Para el año de 1965 el más importante de ellos sería la elaboración de la Matriz Insumo-Producto para el año 1960, la cual se basaría en los datos del censo para dicho año y sería de gran relevancia “para el estudio de la estructura industrial y de los cambios que en ella han ocurrido desde 1950, teniendo en cuenta los resultados de la investigación similar que el Departamento realizó anteriormente” –obviamente con fundamento en el censo de 1950–. El otro proyecto era para una investigación estadística de gran cobertura que llevaría por título “Oferta, Producción y Comercio Exterior 1950-1966”. Por su parte, en el campo del “Desarrollo de sectores industriales” se programaron 11 trabajos cuyos títulos explican con claridad los objetivos que se perseguían. Cuatro de esos trabajos fueron relativos “a ramas industriales específicas” en tanto que siete correspondieron “a cuestiones de interés para todo el sector manufacturero o bien temas limitados pero que podrían adquirir carácter general mediante métodos inductivos”. En la materia de ramas industriales se programaron los trabajos “Estudio sobre la industria textil”, “La industria de tejidos de punto”, “Plantas minero-metalúrgicas no ferrosas”, “Artesanías” –con énfasis en algunas ramas artesanales como cerámica, cestería, bordados y deshilados y metalistería–, “Transformación industrial de la plata” y “Programas de construcción y sus demandas de materiales”. En cuanto a temas “de interés para todo el sector manufacturero” durante 1965 se desarrollarían los siguientes proyectos: “Posición competitiva de la industria mexicana”, “Información elemental para nuevos proyectos industriales”, “El diseño y la preparación de actividades industriales”, “Aprovechamiento de la capacidad industrial”, “El agua como recurso básico del desarrollo industrial regional” y “Examen de los instrumentos de política industrial”. Por último, en esta última categoría se incluyó también el proyecto “Caracterización de las industrias exentas” relativo a un tema que se tratará más adelante en este capítulo: el de las empresas manufactureras que se habían hecho acreedoras a incentivos fiscales.
El antecedente histórico de las actividades del Departamento de Investigaciones Industriales relacionadas con el tema “Recursos humanos para la industria” había sido la creación del Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la industria. En el reglamento de dicha entidad habían quedado especificadas las funciones que debería cumplir el Banco de México en esa materia a través de su área de Investigaciones Industriales. Era este antecedente lo que explicaba la programación para el año de 1965 de tres proyectos a realizar por parte del área: “Cuantificación de la demanda de servicios escolares”, “Estudios para la planeación de la enseñanza técnica” y “Asistencia Técnica Internacional en México”. Por su parte, en el rubro de “Promociones del Banco de México” se incluyeron cuatro proyectos, el primero de los cuales merece un comentario especial. Bajo el título de “Fábrica de Billetes del Banco”, se trataría el caso de la continuación, después de la etapa de investigación, del plan para que el Banco de México pudiera producir sus billetes de manera autónoma. Los estudios restantes en el rubro fueron “Transformación industrial de la plata”, “Promociones industriales hispano-mexicanas –que estuvo a cargo de una unidad dentro del Departamento que había derivado de un convenio de pagos entre España y México– y “Programas de construcción y sus demandas de materiales”. Por último, dentro de la categoría de “servicios para el fomento industrial” cabe destacar el caso de dos proyectos que también estuvieron relacionados con la política de incentivos fiscales para promover el desarrollo de las manufacturas: “Estudio de las solicitudes de exención de impuestos” e “Inspección técnica de las actividades industriales que disfrutan de exención de impuestos”. Y a lo anterior había que agregar los proyectos “Vigilancia técnica de importaciones especiales”, “Control de las importaciones y distribución de papeles de seguridad” y “Programa de becas para estudios en el exterior”.
Finalmente, los rubros dentro del programa de actividades “Mejoramiento del personal”, “Servicios administrativos” y “Relaciones Institucionales” tenían principalmente que ver con el funcionamiento interno del Departamento. En cuanto al “mejoramiento profesional de los empleados que trabajan en el Departamento”, como en años anteriores se seguiría fomentando su participación en programas académicos de alto nivel fuera del país, al igual que el intercambio de experiencias en materia de investigación y también por medio de la asistencia a cursos de capacitación en el país. Por lo que hace a los estudios académicos en el extranjero, “un número muy reducido de técnicos del Departamento” sería propuesto para obtener esta forma de apoyo y hacer estudios “en materias, métodos y técnicas útiles en relación con las actividades de investigación del propio Departamento”. Los temas a atender serían los de “planeación industrial, interrelaciones de actividades manufactureras, complejos industriales, desarrollo industrial regional, industria siderúrgica y artesanías”. Desde luego, el programa de investigaciones estaba estrechamente vinculado con las actividades editoriales del Departamento y este hecho se mostraba con fidelidad en la lista de las publicaciones que quedaron programadas para el año 1965. Adicionalmente, se proseguiría con la revisión sistemática de los ficheros y personas a quienes se enviaban esas publicaciones. Así, en línea con lo anterior, en el programa editorial del Departamento de Investigaciones Industriales para 1965 se incluyeron las siguientes publicaciones:
El Departamento de Investigaciones Industriales, ya se ha dicho, tuvo entre sus funciones participar en la administración del programa de estímulos fiscales que el gobierno de México puso en vigor a partir del año 1939 cuando se expidió el decreto de “Industrias Nuevas y Necesarias”. Poco después, en 1941 se promulgó la Ley de Industrias de Transformación y la experiencia que se tuvo con ese ordenamiento dio lugar a un afinamiento del régimen de incentivos mediante la Ley de Fomento de Industrias de Transformación del año 1946. Más adelante, en 1949 se empezaron a aplicar una serie de modificaciones a ese régimen para hacer menos generosas las exenciones y seleccionar con mayor efectividad a las empresas merecedoras de esos beneficios. Finalmente, ya durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, a partir del año 1953 se empezó a pensar en la conveniencia de replantear en forma completa el programa de incentivos para el impulso de la industrialización y de esa preocupación derivó la expedición de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias de diciembre de 1954 y también de su Reglamento que se expidió en noviembre del año siguiente. Dos finalidades motivaron esa nueva legislación. Primeramente, “la obligación legal y práctica de incorporar en una nueva ley las alteraciones que desde 1949 había sufrido el sistema de franquicias al lado del precepto que lo regía…”. La segunda de ellas fue la necesidad, que se había vuelto muy evidente, de “agregar al sistema criterios selectivos cualitativos de política industrial”.[7]
El Banco de México no fue incorporado a las tareas de administración de ese régimen de incentivos hasta el año de 1949. De la decisión correspondiente derivó la creación dentro del Departamento de Investigaciones Industriales de la Oficina de Exención y Vigilancia de Industrias. La misión de esa unidad fue la de elaborar estudios e informes para las entidades encargadas de la administración del régimen correspondiente que eran la Secretaría de Industria y Comercio (antes de Economía) y la de Hacienda y Crédito Público. En particular, esas entidades tenían a su cargo la responsabilidad de aprobar o rechazar las solicitudes que presentaran las empresas manufactureras para recibir estímulos fiscales. Asimismo, en la Oficina de Exención y Vigilancia recayó la muy importante responsabilidad de “efectuar las inspecciones sistemáticas a que por ley están sujetas todas las empresas que disfrutan de franquicias fiscales”. Estas inspecciones respondían a la finalidad de verificar que las empresas beneficiadas cumplieran con los requisitos que se encontraban especificados en la ley. Éstos eran en lo principal que las empresas apoyadas coadyuvaran con su producción a satisfacer las necesidades de consumo del país; que siempre que fuera posible esas empresas emplearan “materias primas y otros artículos de procedencia nacional”; que los equipos y maquinaria merecedores de exención se aplicaran sin desviación “a producir los bienes para cuya fabricación” se habían concedido las franquicias; que se cumpliera con la obligación de “adiestrar técnicos nacionales”, que se cumplieran con las normas de la solicitud y que los productos de esas empresas salieran al mercado con un precio que se encontrara “a los niveles del mercado internacional”.[8]
Una explicación más o menos pormenorizada del papel que cumplía el Banco de México en la administración de ese régimen de exenciones se incorporó en un informe que sobre dicho tema escribieron dos investigadores que para estudiar dicho programa comisionó la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos al amparo de su importante Programa Internacional sobre Impuestos. Ese programa se había iniciado en el año de 1952 gracias a un donativo de la Fundación Ford a fin de cooperar con la Unidad Financiera y Fiscal de las Naciones Unidas. Se dice en esa publicación que, acorde con la ley de 1955, la división del trabajo para administrar el programa se repartía entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Hacienda y Crédito con el apoyo y la asesoría del Banco de México. Según esa publicación, las muy importantes funciones prácticas que en la administración del esquema se habían otorgado al banco central tenían fundamento en los artículos 1º y 7º de la Ley. En el primero de ellos había quedado establecido que las secretarías de Industria y Comercio y de Hacienda tenían la facultad “de solicitar la opinión de cualquier otra dependencia del gobierno e incluso de entidades del sector privado que juzgaran conveniente” en su encomienda de administradoras del programa. En el segundo de esos artículos quedó especificado que también podían solicitar los estudios e investigaciones que fueran necesarias a entidades oficiales o privadas “con base en su capacidad técnica y su postura moral…”. Así, de los empleados con que contaba ese Departamento aproximadamente 23 colaboraban en la Oficina de Exención y Vigilancia de Industrias bajo la supervisión de un jefe que era ingeniero de profesión. A su vez, como ya se ha visto, esa oficina se subdividía en dos secciones, la más numerosa de las cuales se encargaba de las tareas de vigilancia de las empresas con exenciones mientras que la otra se concentraba en el estudio de las solicitudes que se recibían. Señalan al respecto de esto último los autores Ross y Christensen que en la aprobación final de las solicitudes que se procesaban la decisión por parte de la Dirección de Industrias Manufactureras de la Secretaría de Comercio dependía en lo fundamental de la opinión que se recibía previamente del Banco de México.[9]
¿Cómo realizaba sus funciones respecto de la administración del programa de incentivos fiscales el Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México a través de la Oficina de Exención y Vigilancia de Industrias? En la muy cuidadosa publicación que escribieron los abogados Ross y Christensen obra al respecto una explicación pormenorizada que merece la cita textual:
“Las investigaciones que realiza el Banco incluyen una inspección de campo de las empresas beneficiarias. En general, las investigaciones e informes que resultan de estas tareas son más completas que las que lleva a cabo por su lado la Secretaría de Hacienda. Es posible que los informes que genera al respecto esta última dependencia se alimenten en una medida muy importante de los informes que le presenta el banco central. Y respecto de las gestiones de las empresas solicitantes, para la verificación de la información la Secretaría de Hacienda depende de la que recaba por su parte Investigaciones Industriales. En tanto que ambos informes son semejantes en cuanto a contenido y finalidades, se redactan de manera independiente y una vez terminados se envían al resto de las entidades involucradas en el programa [principalmente la Secretaría de Industria y Comercio]. Usualmente, los informes que prepara el Banco de México salen antes y en términos generales se integran de 10 o 15 cuartillas mecanografiadas con un análisis técnico detallado de las características económicas de las empresas solicitantes. Se trata de información en cuestiones tales como métodos y costos de producción con el desglose sobre proveeduría y ‘valor agregado’, mercado para la producción, precios de venta y un dictamen clasificado para cada empresa de acuerdo con las especificaciones de la Ley y otras regulaciones”.
Las precondiciones especificadas en la Ley y en los reglamentos para recibir los apoyos fiscales eran de diverso tipo. A manera de ilustración estaba la exigencia de que al menos el 60 por ciento del costo de producción fuera de origen nacional, que el valor agregado fuera superior al 10 por ciento del valor total del producto, que la producción de la empresa cubriera una cierta proporción del mercado local del producto en cuestión, todo lo cual requería de un esfuerzo de recopilación estadística y contable bastante sofisticada. Todos esos requisitos, cuyo cumplimiento era la razón fundamental por la cual el gobierno estaba dispuesto a ofrecer los incentivos fiscales, eran cuidadosamente verificados y el Banco de México tenía una participación casi exclusiva en dicho proceso. La instancia de mayor jerarquía en el programa de incentivos fiscales era un Comité que estaba conformado por dos funcionarios del ministerio de Industria y Comercio y uno de Hacienda además del jefe de la Oficina de Exenciones y Vigilancia del Banco de México. Asimismo, aunque no lo determinaba la Ley ni ninguna regulación, también asistía a las sesiones de dicho órgano el jefe de Investigaciones Industriales, Gonzalo Robles. En cuanto a la supervisión del programa, ya se ha dicho que la única instancia participante era el Banco de México. Todos los años se programaba un número importante de visitas de inspección, y según Ross y Christensen éstas se aplicaban de preferencia a empresas sospechosas de incurrir en violaciones. Así, cabe destacar que el Banco de México era la única entidad con capacidad para detectar y denunciar las infracciones.[10]
En el año de 1961, el Departamento de Investigaciones Industriales del Banco de México publicó un directorio de las empresas que habían sido beneficiadas con exenciones fiscales en el periodo de 1940 a 1960. La recopilación correspondiente fue encargada al químico Mario Velarde Mass de ese Departamento y contiene un índice alfabético por empresas y otro por productos. La publicación contiene exactamente 1038 fichas de empresas que se hicieron acreedoras a dichos apoyos.[11] Así, en congruencia con esa encomienda del Banco de México, en el programa de actividades del Departamento de Investigaciones Industriales para el año 1965 se incluyeron tres proyectos de trabajo relacionados con el mencionado programa. En el primero de ellos que se había iniciado en 1964, “Caracterización de las industrias exentas”, se planteaba continuar la elaboración de “cuadros estadísticos –los más significativos” en relación a localización de las empresas, “inversiones, origen del capital, instalaciones productivas, venta de productos exentos, importancia del producto exento, consumo de materias primas, número de obreros y asesoría técnica extranjera”. Y en la publicación correspondiente se incluiría un análisis de los resultados que se obtuvieran. Asimismo, en dicho programa anual de actividades se incluyó un “Estudio de las solicitudes de exención de impuestos” que la Secretaría de Industria y Comercio entregaba al Banco de México para su análisis además de otra publicación sobre las inspecciones técnicas que se venían practicando a las empresas que disfrutaban de incentivos fiscales.[12]
En el año de 1966 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado publicó un estudio en el que se evaluó críticamente el régimen de incentivos fiscales que se ofrecían al amparo de la llamada Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias de 1955. Tal vez porque dicha investigación se concluyó de hecho hacia el año 1962, el universo de empresas beneficiadas se estudió solo hasta diciembre de 1961 con el resultado de que únicamente 39 industrias habían sido declaradas “nuevas” y tan sólo 14 “necesarias”. De mucho mayor interés es citar que sin fundamento en la Ley “y con base únicamente en el pragmatismo y la costumbre” se había llegado a una división funcional del trabajo entre las tres entidades que participaban en la administración del esquema. Así, la Dirección General de Industrias de la Secretaría de Industria y Comercio centraba su interés en el análisis de la situación financiera de las empresas beneficiadas y el estado de la demanda; la Dirección de Estudios Hacendarios en los antecedentes legales, cuantificación del sacrificio fiscal, estudio de la rama de actividad de las empresas con exención y estimación del costo directo mientras que Investigaciones Industriales del Banco de México se concentraba en las cuestiones técnicas sobre los productos y su fabricación y comprobación física de la maquinaria con que contaban las empresas. En esa publicación del ceesp se citaban los resultados de una encuesta que se había levantado en 1958 y cuyos principales resultados fueron los siguientes: que la solicitud de las franquicias era un proceso molesto, muy tardado y un factor de disuasión para las empresas de menor tamaño que pudieran acceder a los incentivos, además de que las franquicias posiblemente no habían sido un factor determinante para decidir los proyectos de inversión implícitos. Finalmente, cabe destacar que los empresarios que habían sido encuestados no consideraron que fuera un problema mayor el proceso de vigilancia que realizaba el Banco de México por instrucciones del Gobierno Federal.[13]
Aparte de su vocación principal que era la de llevar a cabo proyectos de investigación principalmente en el ramo de su competencia, el Departamento de Investigaciones Industriales también cumplía funciones de asesoría y servicio, en particular para la Dirección General del Banco de México. Fue actuando en esta última categoría que se encargó al área de Servicios Bibliográficos y Archivo Técnico de ese Departamento que en su momento preparara el documento “Información del Mercado Común y Bibliografía preliminar sobre actividades económicas de los países latinoamericanos”. Se vivían tiempos de gran optimismo y esperanza con respecto al proceso de integración económica de América Latina. Apenas en febrero de 1960 se había firmado el Tratado de Montevideo que dio nacimiento a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc) y en junio de ese año el Departamento de Investigaciones del Banco de México ponía en circulación el documento mencionado. El índice de la parte informativa quedó integrado con cuatro secciones: Cronología de la integración latinoamericana, Reuniones de la CEPAL, Reunión de representantes de Bancos Centrales y Reunión del Comité Provisional de la alalc. La parte bibliográfica se iniciaba con las secciones sobre Documentos, Conferencias, Publicaciones sobre el Mercado Común y una bibliografía preliminar sobre las actividades económicas en los países de América Latina. Pero la porción más sustantiva de la publicación era respecto de fuentes bibliográficas que habían sido recopiladas desde una perspectiva sectorial. De ahí los capítulos sobre industria; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; comercio, pagos internacionales y aranceles; recursos naturales, recursos hidráulicos, energía, algunas industrias específicas –siderurgia, química, celulosa y papel y textiles– y transportes, comunicaciones y obras públicas. Con dicho trabajo, se especificó en la introducción, se pretendía simplemente auxiliar “al estudioso”:
“… facilitándole la localización de los textos en que cristalizaron los esfuerzos realizados en pro de la integración económica regional y la de otros que pueden ser elementos de indispensable consulta en sucesivas etapas del desarrollo... Los documentos incluidos en la bibliografía se encontraron en la Biblioteca de la CEPAL, en la Biblioteca del Banco de México, S.A., y en el Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del Departamento de Investigaciones Industriales de esa institución”.[14]
En esa misma categoría de prestar servicios de carácter bibliográfico desde los primeros años de la década de los cincuenta, el Departamento de Investigaciones Industriales empezó a publicar la serie que llevó por título Bibliografía Industrial de México. La preparación de esa publicación fue encargada desde un principio al Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico y la primera edición cubrió los años de 1952 y 1953. Así, para finales de la década siguiente ya habían salido a la luz pública 13 de esas ediciones incluyendo la correspondiente a 1969. Aunque en el índice de esta última publicación se incluyeron únicamente referencias bibliográficas correspondientes a ese año, se trata de un volumen con más de 350 páginas de extensión en el cual las fichas quedaron clasificadas por ramos de actividad. En la introducción de dicha obra quedó asentado que se habían incluido “referencias de libros, informes, artículos y documentos relacionados con el desarrollo industrial alcanzado por México en el último año”, todo ello clasificado por los diferentes ramos de actividad económica. Se agregó adicionalmente que también se habían incluido referencias bibliográficas sobre los procesos industriales más recientes en el extranjero a fin de que los investigadores pudieran ampliar y actualizar hasta el máximo posible sus conocimientos. Asimismo, además de proporcionarse un panorama bibliográfico sobre los sectores económicos tradicionales también se había dado un lugar especial “a las cuestiones del comercio exterior y de la integración regional latinoamericana y, por supuesto, a la planeación industrial”. En ese orden también se había incluido un capítulo relativo a “educación, orientación y formación profesionales, dadas las exigencias cada día mayores en materia de capacitación técnica”. Y en dicha introducción se mencionó también al final que el jefe del Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico de Investigaciones Industriales era el licenciado Alfonso Agensa, y que a los colaboradores que trabajaban bajo sus órdenes en esa unidad correspondía “el mérito de la publicación que se había editado”.
[1] Prólogo al libro Gonzalo Robles, Ensayos sobre el Desarrollo de México, Fondo de Cultura Económica y Banco de México, 1982, pp. 14-16.
[2] Banco de México, “Actas del Consejo de Administración”, Libro 22, p. 142, acta 1544, 7 de abril de 1954.
[3] Gonzalo Robles, Ensayos sobre el Desarrollo de México, México, Banco de México y Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 25-26.
[4] “Actas...”, op. cit., Libro 14, p. 150, acta 886, 20 de agosto de 1941.
[5] op. cit., p. 17.
[6] Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, Programa de Actividades para 1965, 1965, pp. 1-2.
[7] Héctor Vázquez Tercero, Fomento Industrial en México; consideraciones en torno a la nueva Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, México, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, 1966, pp. 38-50.
[8] Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, Directorio de Empresas Industriales Beneficiados con Exenciones Fiscales, 1940-1960, México, 1961, p. 8.
[9] Stanford G. Ross y John B. Christensen, Tax Incentives for Industry in Mexico: A report of a study carried out in Mexico during the summer of 1958, Cambridge during the summer of 1958, Cambridge, The Law School of Harvard University, 1959, pp. 179, 81 y 84.
[10] Ross y Christensen, op. cit., pp. 84, 86 y 92.
[11] Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, Directorio de Empresas Industriales beneficiadas con Exenciones Fiscales, 1940-1960, México, 1961, p. 8.
[12] Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, Programa de Actividades para 1965, México, 1965, pp. 9 y 15.
[13] Héctor Vázquez Tercero, Fomento Industrial en México. Consideraciones en Forma a la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, México, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C., 1966, pp. 80, 113-114, 117 y 119-120.
[14] Banco de México, Departamento de Investigaciones Industriales, Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico, Información del Mercado Común y Bibliografía preliminar sobre actividades económicas de los países Latinoamericanos, México, junio de 1960, Introducción.