Tomo XII: Barruntos de tormenta
I. Embates a la confianza

 

2. 1958-1959: Efervescencia sindical

 

El detonante de los muy serios problemas gremiales que golpearon a México a lo largo de 1958 y primeros meses de 1959 fue el sindicato de ferrocarrileros. Pero el factor que le imprimió mayor gravedad a esos conflictos gremiales fue el elemento de contagio. Muchos otros gremios se sintieron atraídos por el activismo de los ferrocarrileros y por los fines que perseguían, y se sumaron a la embestida pensando que “a río revuelto” habría ganancia de “todos los pescadores”. Si los empleados del riel estaban doblegando al gobierno y tenían ante sí la perspectiva de lograr incrementos salariales importantes además de otras prebendas, por qué no sumarse a la embestida para también obtener beneficios. Y otro elemento adicional contribuyó a exacerbar la problemática: la perseverancia de los ferrocarrileros en mantener vivo su movimiento.[1] El punto decisivo fue la transformación de ese movimiento de meramente laboral a un conflicto de naturaleza abiertamente política avivada por motivos ideológicos. En este último escalamiento tuvo mucho que ver la irrupción en la escena de unos individuos rebosantes de pasión ideológica e inclinación a crear enfrentamientos: los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, secundados por los líderes magisteriales Othón Salazar y Encarnación Reyes.

Como ya se dijo, la agitación fue iniciada por el sindicato de ferrocarrileros cuando en febrero de 1958 se creó de su seno una “gran comisión en pro de un aumento de los salarios”. Ese órgano tomó la decisión no sólo de solicitar un aumento de salarios muy significativo sino también de deponer a los comités ejecutivos locales para designar nuevos representantes. Así, una de las primeras organizaciones en sumarse a la acción de los ferrocarrileros fue la sección del sindicato de maestros que agrupaba a los profesores del Distrito Federal. Y en ese ambiente de agitación, al activismo de ferrocarrileros y maestros se sumaron también en movimientos de protesta propios telegrafistas, tranviarios, telefonistas y una importante fracción del sindicato de petroleros que encabezaba un líder de apellido Chimal. Y para dar una vuelta más al tornillo, a esas movilizaciones se agregaron las protestas de los estudiantes por un aumento que se había acordado para las tarifas de los autobuses.

En su momento hubo dentro de los círculos gubernamentales una importante corriente de opinión en favor de que se aplicara una respuesta represiva tajante en contra de esos movimientos utilizando al ejército y a la policía. El presidente Ruiz Cortines nunca se sintió atraído por esa propuesta y de preferencia decidió enfrentar a los diferentes movimientos con una estrategia gradual de negociaciones y cierta intimidación por parte de las fuerzas del orden contra las fracciones que protestaban. Los meses de mayor efervescencia fueron junio y julio de 1958 pero con el paso del tiempo la mayoría de esos movimientos se fue debilitando. Sin embargo, éste no fue el caso del sindicato ferrocarrilero que se mantuvo en pie de lucha sin declinar. Así, fue en julio de 1958 en que el movimiento ferrocarrilero transitó de una etapa de reivindicaciones económicas a otra de franca lucha revolucionaria. Ese mes salieron electos como líderes del gremio Vallejo y Campa y, como ya se ha dicho, le imprimieron al movimiento un giro de intenciones muy distintas.

Era ampliamente sabido que tanto Vallejo como Othón Salazar pertenecían al entonces proscrito partido comunista, que entonces operaba en la clandestinidad. Los libros sobre el tema hablan de que el movimiento ferrocarrilero se vinculó también con algunos partidos políticos –el Comunista, el Obrero Campesino Mexicano y el Popular Socialista– para integrar una coalición que respondiera a la intención de promover la solidaridad con los ferrocarrileros así como cooperar con los dirigentes de los sindicatos afiliados a esos partidos.

Con un espíritu conciliador, poco después de tomar posesión el presidente López Mateos se reunió personalmente con el Comité Ejecutivo del sindicato encabezado por Vallejo para buscar soluciones al conflicto. Pero la aplicación de un enfoque de conciliación no siempre da resultados cuando lo que se busca es evitar llegar a acuerdos y de esa forma seguir desestabilizando. Cuando este último es el caso, como sucedió con los ferrocarrileros en 1959, los líderes siempre encuentran la manera de articular propuestas que resultan imposibles de conceder. Así, en enero de 1959 el sindicato ferrocarrilero nuevamente volvió a emplazar a huelga a la empresa. Y la agitación no aminoró hasta que después de un emplazamiento lanzado contra el Ferrocarril Mexicano y el Ferrocarril del Pacífico, Vallejo, Campa y sus principales colaboradores fueron arrestados la tarde del 28 de marzo.

La agitación despertó preocupación entre el público y una de las causas que coadyuvaron a agudizarla fue la duración del conflicto ferrocarrilero. Entre las dudas y el desconcierto, como parte de un nerviosismo entendible, lentamente se empezó a difundir el rumor acerca de una posible devaluación. Ese rumor se fue haciendo cada vez más persistente y hacia el mes de noviembre se había convertido en una verdadera avalancha. En el ambiente de inestabilidad que se produjo durante 1958 y principios de 1959, en una forma quizá no totalmente fortuita, lentamente se fue formando el rumor sobre una posible devaluación de la moneda mexicana.

Los agitadores del movimiento ferrocarrilero y los militantes del proscrito Partido Comunista fueron entusiastas difusores de ese rumor, algo para lo que se encontraban muy bien preparados. Imprimieron miles de volantes y a través de su organización –apoyada en la conocida fórmula de las células– los repartieron profusamente por toda la ciudad capital del país. Actuaban como si los moviera el objetivo deliberado de provocar efectivamente una fuga masiva de capitales que llevara a una crisis de balanza de pagos. Es curioso que la prensa del momento no hablara sobre esos rumores devaluatorios. Pero aparte de que la prensa de aquellos tiempos era muy distinta a la de épocas recientes, la sociedad mexicana ha sido siempre más inclinada a escuchar rumores que a hacer lecturas. Quizá por ello, la circulación de los diarios era tan reducida. En cambio, el rumor se alimentó y avanzó con una fuerza avasalladora.

Así, provocar una devaluación se volvió un objetivo muy apetecible y deliberado para el movimiento ferrocarrilero y en particular para sus líderes. Una devaluación sería una consecuencia muy perjudicial que afectaría a todos los estratos sociales, en especial a los trabajadores y a los ciudadanos más pobres. Esto último era muy claro en la medida en que una devaluación reduce los salarios en términos de poder adquisitivo y destruye los ahorros de las clases mayoritarias que se conservan en moneda nacional. De ahí que las devaluaciones hayan sido históricamente no sólo consecuencia de movimientos sociales sino también un acelerador para que se agudicen esos movimientos. Así, una situación en que la gente se encuentre inconforme y predispuesta, es un caldo de cultivo idóneo para un estallido del orden social. No hay duda de que en la mente de Vallejo, Campa y Salazar había la idea de utilizar la devaluación como instrumento de agitación política para desestabilizar.

Según el testimonio del secretario de Hacienda Ortiz Mena, la campaña para defender la confianza se inició cuando el presidente López Mateos le preguntó a su secretario de Hacienda: “¿Qué debe hacerse para prevenir una corrida intempestiva contra el peso?”. La respuesta es que había que fortalecer la confianza; confianza en el gobierno, en la política económica que se aplica, en las instituciones del país, en sus leyes, en sus funcionarios, en la conservación del tipo de cambio.[2] En suma, la decisión de impedir una devaluación no se adoptó por capricho ni por dogma. Para llegar a esa resolución se tuvieron en mente consideraciones de dos órdenes: político y económico. Consideraciones políticas, porque una devaluación podía dar lugar a que se rompieran los convenios sociales que eran fundamentales para conservar el control del país y asegurar la gobernabilidad. Consideraciones económicas, para poder alcanzar los fines de un crecimiento continuo con crecimiento también sostenido de los salarios reales.

Había que contrarrestar esos rumores desestabilizadores. Había que aplicar a la economía mexicana inyecciones de confianza. Poniendo manos a la obra, lo primero que se intentó fue negociar un arreglo con la Tesorería de los Estados Unidos a fin de activar un convenio de estabilización cambiaria que México tenía suscrito con ese país desde hacía años. El siguiente paso sería acudir con el Fondo Monetario Internacional para presentarle un programa económico que el organismo estuviera dispuesto a apoyar. Un paso más consistiría en obtener un empréstito con el Eximbank de los Estados Unidos (Export and Import Bank) para la promoción de las exportaciones mexicanas. Y en otra y última vuelta a la tuerca, el círculo podría cerrarse con algún crédito que pudiera conseguirse con la banca comercial.

Así, con la venia del presidente López Mateos partieron por la vía aérea con destino a Washington bajo el mayor secreto el secretario de Hacienda Ortiz Mena y el director del Banco de México, Rodrigo Gómez. Viajaron en vuelo privado para proteger sus proyectos de alguna filtración indiscreta, que habría sido fatal. En alguna ocasión, en amable plática, el propio Antonio Ortiz Mena explicó el por menor de los diálogos que secundado por Rodrigo Gómez tuvo en la capital estadounidense.[3] Los principales interlocutores fueron los altos funcionarios del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional con los que pudieron entrevistarse. A esos interlocutores se les explicó con toda franqueza la problemática que enfrentaba México en esa coyuntura: “No existe ninguna razón técnica que justifique una modificación del tipo de cambio del peso mexicano”. Dicho eso se les agregó que “el presidente López Mateos había tomado una decisión firme de no devaluar y que estaba dispuesto a aplicar todas las acciones indicadas para conseguir esa finalidad”. La balanza de pagos del país era sólida, con una “potencialidad importante para elevar los ingresos por exportaciones y por turismo”. ¿Para qué hablar a esos funcionarios con toda sinceridad? A fin de que se sensibilizaran de la problemática que acuciaba a México y que concedieran los apoyos con prontitud. Había que ganar tiempo y además convencer a esas autoridades de que esos apoyos fueran explícitos; ¡que se anunciaran a los cuatro vientos![4]

En la crónica de Rosario Green sobre el endeudamiento público de México hasta 1973 no se menciona la renovación del acuerdo con el Tesoro para estabilización cambiaria en razón de que no se trataba propiamente de un empréstito. Sin embargo, en dicha obra sí quedó registrado el programa de contingencia que el Fondo Monetario Internacional concedió a México en marzo de 1959, por un total de 90 millones pagaderos a un plazo de seis meses. Asimismo, esa obra constata que durante 1958 el Banco Mundial concedió a México dos financiamientos para desarrollo del sector eléctrico, el más cuantioso de ellos para apoyar el programa quinquenal de electrificación de la Comisión Federal de Electricidad para el periodo 1958-1967. Por su parte, el Eximbank sí otorgó créditos en favor de México en el año 1959. La información es muy escueta y señala que en ese año esa entidad otorgó préstamos al país por un total de 21.2 millones de dólares.[5]

Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el momento clave en los inicios del sexenio de López Mateos fue cuando se decidió el encarcelamiento de los líderes sindicales Vallejo, Campa y Salazar. Desde la perspectiva de la estrategia para defender la confianza de los agentes económicos hubo por esa parte dos momentos axiales con otros avances importantes. El primero de ellos se produjo cuando se dio a conocer la renovación del acuerdo de estabilidad cambiaria que se tenía con el Tesoro de los Estados Unidos. El segundo fue cuando en forma programada y con una amplia difusión, el secretario de Hacienda Ortiz Mena compareció ante los medios de comunicación para “disipar los temores de devaluación, restablecer la confianza en el peso y fomentar las inversiones privadas necesarias para que continúe el desarrollo económico del país”. Uno de los principales mensajes que dio ese ministro en dicha oportunidad fue para confirmar “la decisión inquebrantable del Gobierno de mantener con absoluta firmeza la estabilidad cambiaria y la libre convertibilidad del peso…”. Reveladoramente, el subtítulo de la nota periodística correspondiente fue como sigue: “Todo temor de devaluación o de estancamiento económico, disipado”.[6]

Una etapa muy importante en esa campaña de persuasión estuvo marcada por unos créditos que se consiguieron para Pemex durante febrero de 1959. La integración de ese apoyo crediticio se fue formando por aproximaciones. Un primer avance se produjo cuando se informó que esa empresa del Estado iba bastante avanzada en ciertas negociaciones crediticias con tres bancos neoyorquinos. El importe de esos créditos, se dijo, se usaría para ampliar las instalaciones petroleras a cargo de la empresa. Apenas unos días después se anunció la obtención de un crédito adicional, también por parte de bancos estadounidenses, que se utilizaría para construir un gasoducto de Monterrey a Torreón. Y la mata siguió dando cuando se dio la noticia de un empréstito adicional para Pemex por parte de la banca francesa que se sumaba a los dos anteriores. Según el director de esa importante empresa estatal, los fondos se utilizarían para la adquisición de equipos o insumos petroleros en el mercado europeo y en otros mercados. En esa misma fecha en otra nota periodística relevante se dijo que México había sido señalado “como ejemplo de inversión interna”.[7]

Poco después de las operaciones en favor de Pemex, otro logro importante apareció en el horizonte a raíz de que la prensa informó que pronto recibiría México un importante crédito por parte del Eximbank (Export & Import Bank del gobierno de Estados Unidos). En términos de los círculos financieros de Washington, “las causas determinantes del nuevo crédito han sido el rápido desenvolvimiento del país, la confianza en la estabilidad de su moneda y la libertad de cambios”. Así, los préstamos obtenidos por Pemex y el del Eximbank eran expresión del buen crédito de que gozaba México en el mercado financiero de Estados Unidos. Un tanto equívocamente se había dicho pocos días antes que los apoyos que se habían concedido a Pemex contribuirían a fortalecer las reservas internacionales de México. Y se dice equívocamente a manera de eufemismo, pues si el importe de esos financiamientos se utilizaba para fortalecer las reservas de divisas a cargo del Banco de México, los recursos ya no estarían disponibles para aplicarse a los fines anunciados relativos a proyectos de inversión.[8]

El apoyo que sí serviría para aumentar la reserva internacional y por tanto para consolidar la posición cambiaria del país, sería el que se negoció y se obtuvo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo mismo podía decirse, desde luego, de los recursos de que México podía disponer del fondo de estabilización que se tenía concertado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La aprobación de la petición de México por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se dio a conocer con bombo y platillo el jueves 5 de marzo de 1959. En la nota periodística alusiva también se hizo mención del empréstito que previamente había concedido el Eximbank. Ambos apoyos sumados, significaban para México 190 millones de dólares o 1250 millones de pesos:

“Se cree que esta doble operación… reforzará decisivamente las reservas del Banco de México en divisas extranjeras y, por consiguiente, el peso. Un perito financiero declaró, comentando el hecho: México es uno de los países que ha mantenido el sistema de cambios que el fmi trata de estimular entre sus demás miembros”.[9]

Finalmente, como ya se ha señalado, el mayor despliegue en defensa de la confianza se escenificó al día siguiente de que el Directorio del Fondo anunciara su apoyo en favor de México. Nunca antes, declaró el ministro Ortiz Mena en esa ocasión, el país había dispuesto de un caudal de fondos tan cuantioso (625 millones de dólares ó 7812.5 millones de pesos) “para apoyar la balanza de pagos y la posición del peso mexicano”. Las fuentes para integrar ese gran total eran las siguientes: el crédito obtenido del Eximbank, la línea de giro abierta por el Fondo Monetario Internacional, el saldo disponible en la reserva internacional del Banco de México (336 millones de dólares al cierre de diciembre del año anterior) y el fondo de estabilización con el Tesoro de Estados Unidos (75 millones de dólares).

A lo anterior habría que agregar las divisas que se obtendrían en la forma del encaje legal aplicable a las financieras y a las instituciones fiduciarias. Por disposición del Banco de México, esos intermediarios tendrían que transferirle como encaje el monto total de la captación que realizaran en moneda extranjera. La finalidad general de todas esas medidas era que los mexicanos pudieran lograr “el mayor desarrollo con estabilidad monetaria”.[10] Y la medida de que todos los dólares que captaran las financieras y las fiduciarias fueran traspasados al Banco de México, se adoptó con el objeto de poner freno a una forma muy perjudicial de crear riesgos cambiarios que se llevaba a cabo cuando esas instituciones concedían créditos denominados en moneda extranjera. De ahí la orden de “todos los dólares al Banco de México”.[11]

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