Durante el Desarrollo Estabilizador la economía mexicana mostró un desempeño verdaderamente sobresaliente. Sin embargo, la estrategia tuvo pocos apologistas en el medio de los académicos y de los analistas profesionales. Una de las razones de esa actitud fue simplemente que en la academia y en la prensa sus actores se veían a sí mismos principalmente en el papel de críticos. En parte por esa razón, ya se verá en otro capítulo, no le faltaron desafectos y antagonistas a ese periodo de la política económica nacional. Empero, toda vez que esa estrategia se mantuvo en vigor durante más de una década y que produjo resultados tan satisfactorios, las personas en los cargos más elevados de la administración pública se embarcaron en la tarea de proclamar los éxitos económicos que conseguía México. En los ámbitos fiscal, monetario y crediticio esa celebración corrió de preferencia a cargo de los titulares en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Banco de México. Asimismo, quienes ocuparon la Primera Magistratura del país tampoco perdieron oportunidad para celebrar la marcha favorable que mostró la economía durante sus respectivas administraciones.
Desde luego que hubo algunas excepciones a la tendencia académica a desdeñar los logros mexicanos, pero fueron pocas. Otra excepción se materializó en los comentarios elogiosos sobre la economía de México que expresaron algunos organismos internacionales. En cuanto a los académicos, participaron con análisis favorables de la economía mexicana principalmente comentaristas de origen extranjero. Se trató en todos los casos de evaluaciones profundas y sólidas y no tan sólo de apoyos superficiales y poco fundados de tipo periodístico. Así, en el año de 1965 un catedrático estadounidense de nombre James R. Himes hacía ver enfáticamente que “entre los países en vías de desarrollo, México tiene una de las tasas más altas de acumulación de capital”. Según ese analista, ésa era una de las razones por las cuales se había manifestado en el medio académico “un marcado interés por México como caso especial para el estudio del desarrollo económico”. Despertaba en particular ese interés el análisis del proceso por el cual se había dado “la formación real de capital en México”.[1]
Para su estudio Himes decidió centrar la atención en dos indicadores básicos para el fenómeno en cuestión: el llamado coeficiente incremental capital-producto (“que relaciona los cambios en el acervo de capital existente en un periodo determinado, es decir, la inversión neta durante ese periodo, con el cambio en el producto nacional durante el mismo periodo”) y el coeficiente de capitalización (“la inversión total durante un periodo dado dividida entre el producto nacional para el mismo periodo”). La relevancia del estudio de Himes reside en mostrar la forma en que los datos de esos indicadores se elevaron en forma particular durante los años correspondientes al Desarrollo Estabilizador. A guisa de ejemplo, el coeficiente incremental capital-producto pasó en promedio de poco menos de 2 en el lapso de 1941 a 1950, a 3.1 de 1951 a 1960. Por su parte, el ahorro del gobierno medido como porcentaje de su inversión se elevó de 80 por ciento en 1940-1950 a 101 por ciento en el quinquenio 1956 a 1960.
Ya hacia finales de la década de los sesenta un doctorante de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, adquirió celebridad al descubrir que el ciclo político sexenal típico de México daba también lugar a un ciclo económico. Así, por ciclo de Koehler se entiende ese fenómeno por el cual en cada periodo sexenal la inversión pública experimenta un descenso durante el primer año de la administración en turno, en tanto el nuevo equipo de trabajo toma plenamente las riendas del aparato estatal y la inversión pública regresa a su nivel usual. Como resulta obvio, esa reducción cíclica de la inversión pública se transmitía al resto de la economía en la forma de una disminución paralela de la actividad económica general. Y en adición al recuerdo de ese importante hallazgo analítico, cabe también citar los términos elogiosos en que John Koehler se refirió en su disertación doctoral “al crecimiento con desarrollo que había logrado México desde principios de los años cincuenta, acompañados de una estabilidad respetable”.
“El progreso económico de México puede ser constatado a simple vista… Y las cifras estadísticas confirman lo que los ojos ven… Para 1965 la economía mexicana ofrecía un producto per cápita de aproximadamente 450 dólares por año, una cifra que se compara bastante favorablemente con la de otros países de América Latina y que se encuentra significativamente por arriba de los promedios correspondientes en África y Asia. A mayor abundamiento, haciendo la distinción convencional entre ‘crecimiento’ y ‘desarrollo’, es claro que se trata de una economía desarrollista, con un sector moderno, grande y en expansión, que produce una gama amplia de bienes de consumo durables, que usa técnicas agrícolas avanzadas y que, incluso, ya se encuentra manufacturando una variedad amplia de bienes de capital”.[2]
Casi ningún académico local osó externar un juicio contemporáneo favorable a la estrategia económica que se siguió durante el Desarrollo Estabilizador. Quizá no parecía congruente esa postura con las modas intelectuales del momento. Un caso marginal fue el del economista Leopoldo Solís cuando en un paréntesis durante su carrera profesional se matriculó temporalmente como investigador de El Colegio de México. Y al amparo de esa casaca intelectual, escribió en la revista Economía y Demografía de esa institución un texto del cual merece rescatarse en forma íntegra un párrafo particularmente iluminador. En particular, muy posiblemente ni una coma habrían cambiado de ese pasaje ni el secretario de Hacienda, Ortiz Mena, como tampoco Rodrigo Gómez, director general del Banco de México.
“En el periodo más reciente de desarrollo del país –escribía Solís ese texto en 1967– se aprecia la transición de una etapa de desarrollo con inflación, que termina en 1956 aproximadamente, a una etapa de crecimiento con estabilidad de precios. Todo indica que durante la época de inflación se realizaron los cambios institucionales y se forjaron los instrumentos de política económica que hicieron posible la etapa más reciente de desarrollo con estabilidad. Los cambios institucionales consistieron básicamente en una mayor movilidad de la tierra, del capital y de la mano de obra; la elevación del nivel educativo y, por consiguiente, el aumento de la capacidad de absorción de adelantos tecnológicos y la formación de una clase empresarial; la mayor importancia de las decisiones de inversión tomadas por residentes; la menor dependencia del exterior, y la monetización y mayor vinculación de la economía entre sus distintos elementos. Estos instrumentos permitieron mejorar la asignación de los factores productivos, facilitando a la industria y a la agricultura el acceso al crédito institucional y al crédito externo para fines de desarrollo; hicieron posible crear un mecanismo de colocación de deuda y de captación de ahorro interno y externo y, finalmente, proporcionaron los estímulos fiscales y de política comercial necesarios para la sustitución de importaciones que, a su vez, favoreció el incremento industrial. En el momento en que se dio este concierto de elementos y mecanismos de canalización de ahorros a inversión productiva, de equilibrio sectorial y absorción de cambios tecnológicos, la política de estabilización pudo tener éxito. Así, la contracción monetaria ejercida después de la devaluación de 1954, elevó la tasa real de interés; sin embargo, la inversión pública, financiada con crédito externo, junto con la considerable inversión autónoma y la continuación del proceso de sustitución de importaciones, mantuvo el ritmo de capitalización y gasto hasta que el incremento del ingreso así generado vitalizó e indujo aumentos de la inversión privada y anuló el efecto desestimulante de la contracción crediticia y del aumento del costo del dinero”.[3]
En el bando de los apologistas de la estrategia económica que se seguía en México sobresalieron algunos organismos globales y en particular el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos que prestaban sus servicios en esa entidad no sólo estuvieron informados de los favorables números que arrojaba la economía mexicana sino también de la coherencia entre medios y objetivos y de la correcta instrumentación de las políticas económicas. En la Convención de Banqueros de 1959, Rodrigo Gómez hizo alusión a un estudio que había publicado el Banco Mundial en diciembre del año anterior en relación al crecimiento económico en el mundo y el cual comprendía estadísticas desde 1955. En esa investigación México aparecía como el país que en dicho periodo había tenido la tasa más elevada de crecimiento económico. La investigación se había realizado con base en una muestra que incluía al 75 por ciento de los países del orbe no comunista entre los que se contaban Estados Unidos y Canadá, Brasil y Colombia, Japón y algunas otras naciones de Europa Occidental, África y Oceanía.[4]
Los avances de la economía mexicana empezaron a ser reconocidos de manera explícita e implícita. En septiembre de 1961 el secretario Ortiz Mena fue nombrado para encabezar una comisión de tres países cuya misión sería promover ante las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que ese año se celebrarían en Viena, los intereses de los países de América Latina.[5] En cuanto al Banco Mundial, la idea era que ese organismo flexibilizara los requisitos para conceder financiamiento en favor de los países de Hispanoamérica. Por lo que hacía al FMI, el representante mexicano pronunció un importante discurso en la reunión correspondiente. En esa alocución, que se permitía hacer “por encargo de los países Iberoamericanos”, Ortiz Mena celebró que dicha institución (el FMI) se estuviera transformando para “atacar los problemas con la debida rapidez”. Así, “nos complace reconocer públicamente el hecho, ya antes apreciado por nosotros, de que el Fondo Monetario Internacional al perseguir la estabilización financiera, lo hace fundamentalmente para poder sentar bases firmes para el desarrollo sano y adecuado de los países”.[6]
En cuanto a los funcionarios públicos, se ha comentado humorísticamente que al director del Banco de México, Rodrigo Gómez, no le agradaba tomar la palabra en eventos públicos ni, en general, pronunciar discursos. Se decía en tono de broma que únicamente pronunciaba un discurso cada año –el tradicional que leía durante la Convención de Banqueros– y ello porque no le quedaba más remedio. Pero bromas aparte, lo cierto es que esas intervenciones eran de una gran calidad sustantiva y en ellas se abordaban, en la forma más seria y profunda posible, los asuntos económicos de mayor importancia que incidían sobre la marcha de la economía de México. Al tratarse del titular del Banco de México, esas muy interesantes disertaciones se referían de preferencia a los asuntos de política monetaria, cambiaria y crediticia. Con todo, nunca se eludieron en esas disquisiciones los temas del lado real de la economía ni las cuestiones relativas a los diferentes sectores de la economía nacional. Hay referencias de que por su buena pluma y por su sólida preparación profesional, el redactor favorito de los discursos de Rodrigo Gómez era Mario Ramón Beteta, aunque recibía apoyos de toda el área económica que formaba parte de la estructura en el instituto central y en particular de la famosa Oficina de la Dirección de la cual formaba parte. Los tópicos y el enfoque eran desde luego dictados por el célebre banquero central mexicano a quien le reportaba Beteta.[7]
No faltaron en esas disertaciones referencias a los grandes lineamientos del programa de desarrollo que se seguía en el país. En su intervención en la Convención de Banqueros de 1962, el director general del Banco de México hizo en particular una explicación pormenorizada del “prometedor camino que toda nación joven debe recorrer para alcanzar su madurez” y el cual México había ya iniciado desde hacía algún tiempo. En opinión del orador, el país había buscado alcanzar la madurez nacional en dos campos de actividad: el político-social y el económico-financiero. A su juicio, la estabilidad política y social de que disfrutaba México habría sido imposible si no se hubieran “iniciado e impulsado reformas que apenas se plantea el resto del continente”. Y para ilustrar ese argumento citaba “los esfuerzos realizados en materia de reparto de tierras, de obras de riego, de comunicaciones, de electrificación, de crédito y seguro agrícola y, recientemente, la reforma fiscal”. A lo anterior se aunaban “los empeños en otros campos vitales como la salubridad, el amparo a la infancia, la urbanización y vivienda popular así como en la esfera de la seguridad social”. Y en cuanto al ámbito económico y financiero, el ponente se permitió resaltar el sobresaliente proceso de avance conseguido teniendo como base una sólida estabilidad interior y exterior, todo lo cual se encontraba “apoyado vigorosamente por los esfuerzos de millones de mexicanos que ahora encuentran una posibilidad real y tangible de una vida mejor”.[8]
A raíz del cambio de administración que tuvo lugar en diciembre de 1964, Rodrigo Gómez aprovechó su intervención en la Convención de Banqueros del año siguiente para confirmar la continuación de la estrategia económica que con tantos esfuerzos se había logrado afianzar desde mediados de los cincuenta. Ya el presidente entrante Gustavo Díaz Ordaz había expresado en su mensaje de toma de posesión que el país necesitaba sostener su esfuerzo de desarrollo económico con el fin de utilizar más plenamente los recursos naturales, “proporcionar ocupación productiva y remuneradora a la creciente población de México”, además de elevar el nivel de vida de las grandes mayorías. En el marco de esa estrategia desarrollista el banco central tenía importantes encomiendas que cumplir: “Conservar la estabilidad monetaria, dentro de nuestra tradicional libertad de cambios, expansionando al mismo tiempo la actividad económica”. Esa misión requería de una “delicada política financiera” que a la par de mantener el equilibrio presupuestal y un suministro de circulante acorde con la actividad económica permitiera ampliar el crédito que tenía como destino impulsar la capitalización y la producción. De hecho, la finalidad última de las tareas del banco central había quedado determinada desde hacía tiempo:
“La política del Banco de México como banco central, ha estado impulsada por la necesidad imperiosa de continuar, a la mayor velocidad posible, el desenvolvimiento económico del país, apoyándolo firmemente en la estabilidad cambiaria y en el prestigio de un sistema bancario sólido que propicia la rápida formación de ahorros internos cuya inversión impulsa el crecimiento de la economía nacional”.[9]
Reiteradamente usó Rodrigo Gómez la tribuna que le ofrecía la Convención de Banqueros para explicar las funciones que cumplía el Banco de México dentro de la estrategia económica general y los objetivos que perseguía. En ninguno de esos eventos lo hizo con tanto pormenor y espíritu didáctico como en la convención de 1963 que se celebró en Guadalajara. La explicación partió de la idea básica de que en un país en proceso de desarrollo el papel del banco central no podía quedar limitado a la función tradicional de regular el volumen y el costo del crédito. El instituto central debía también apoyar con firmeza el logro de los más altos niveles de progreso a largo plazo compatibles con los recursos disponibles en el país. Dicho lo anterior, quien fungía como cabeza de la banca central se refirió a las tres encomiendas fundamentales que tenía a su cargo la institución. Primeramente, la conducción de la regulación monetaria que respondía a la meta de conseguir la estabilidad interna y externa de la economía mexicana. Por su parte, las funciones de distribución del crédito y de determinación de las tasas de interés tenían como motivación impulsar el crecimiento económico mediante una asignación lo más efectiva posible de los recursos prestables, que son siempre escasos.[10]
La experiencia había demostrado, de manera reiterada, que en México no había sido posible lograr por medios espontáneos que la derrama crediticia alcanzara a la totalidad de los sectores productivos y a todas las regiones del país con actividad económica. Había sido en respuesta a esa problemática que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México discurrieron tres vehículos de intervención para influir sobre el destino final del crédito por ramas de actividad. Uno de esos vehículos era la banca de desarrollo mediante la cual no sólo se proporcionaba financiamiento a actividades prioritarias sino que también se ofrecían apoyos técnicos, asesorías y servicios complementarios como la provisión de seguros y garantías. El otro instrumento, en el cual el Banco de México tenía una participación importante, estaba conformado por los fideicomisos de fomento que tenían la encomienda de suministrar crédito a ramas seleccionadas con la participación de la banca comercial. Por último pero también con una importancia muy elevada, estaba el llamado control selectivo del crédito a cargo del banco central. A través del uso de los encajes legales, desde la década de los cuarenta el Banco de México inducía a que las instituciones del sistema financiero no oficial concedieran crédito a ciertos sectores preferentes, entre los cuales se encontraban la industria y desde luego la agricultura.
Precisamente un tema que Rodrigo Gómez solía reiterar con insistencia no únicamente en las convenciones de banqueros sino en muchos otros foros, era el del crédito a la agricultura. En el campo vivía en esos tiempos alrededor de la mitad de la población y era en ese ámbito en donde el nivel de ingreso era más reducido. En muy buena medida, el principal problema que afectaba a la población de México en cuanto a equidad y atraso se encontraba en el campo. De ahí que el impulso a ese sector hubiera adquirido una importancia tan elevada en las intenciones de promoción a cargo del Estado. Así, en 1965 el director del Banco de México se lamentaba de que a pesar de que había en el campo del país “un gran número de mexicanos dedicados a las actividades agrícolas y que son buenos sujetos de crédito” todavía no podían recibir los beneficios “del préstamo bancario indispensable para elevar su productividad y para mejorar su bajo nivel de vida”. De lo anterior que desde hacía tiempo, las autoridades del Banco de México hubieran determinado “intensificar al máximo el uso de sus instrumentos de regulación crediticia para mejorar la canalización de fondos a la agricultura en forma compatible con la solvencia y liquidez del sistema bancario”.
El otro eje de la política regulatoria del Banco de México tenía que ver con las tasas de interés a que se suministraba el crédito en la economía. El tema fue en particular objeto de la atención por parte del director Rodrigo Gómez en la Convención Bancaria de 1960 y también en la que se celebró tres años más tarde en Guadalajara. La existencia en México de tasas de interés elevadas era motivo de preocupación. Se decía al respecto que “difícilmente pueden las empresas con utilidades normales y en una economía que ya no está en inflación, pagar intereses y dividendos demasiados altos”.[11] A juicio de ese alto directivo de la banca central, el nivel tan elevado que mostraban en México las tasas de interés era atribuible a “las prácticas bancarias de obtener recursos a corto plazo a tipos de interés muy altos, en virtud de una excesiva competencia”. Tres años después ese mismo funcionario explicaba que a pesar de dificultades coyunturales y de otro tipo que se habían presentado, las autoridades habían venido adoptando medidas con el fin de inducir una baja en las tasas de interés, toda vez que en el mercado había condiciones propicias para que ello ocurriese. En ese orden, a las sociedades financieras se les habían dado facilidades para que lograran una mayor captación a largo plazo a través de la emisión de bonos. En cuanto a los bancos comerciales, se habían tomado medidas para inducir la reducción de sus costos operativos y que esa tendencia tuviese expresión en las tasas activas a las que colocaban los recursos.
Desde luego, la función del Banco de México que mayor importancia tenía para sus funcionarios era la relativa a la regulación monetaria. Esta regulación estaba orientada prioritariamente a la consecución de la estabilidad, por las influencias benéficas que ésta ejercía sobre las inversiones productivas, la posibilidad de una elevación sostenida de los salarios reales y que los ahorros de los mexicanos tuvieran protección y un rendimiento razonable. El alto directivo del Banco de México aclaraba que el término “estabilidad monetaria” abarcaba dos dimensiones: la estabilidad interna y la externa. Por la primera debía entenderse “la conservación del poder adquisitivo del peso” y por la segunda “el mantenimiento del tipo de cambio frente a las principales divisas extranjeras”. Al referirse Rodrigo Gómez a los beneficios que ofrecía la estabilidad, ponía especial hincapié en las perjudiciales consecuencias redistributivas que causa la inflación. Así, cuando se deja que la inflación crezca “tiende a afectar de manera principal a los sectores más desamparados de la población, los que tienen ingresos fijos, haciendo, en consecuencia, mayor la distancia que los separa de los grupos económicos más afortunados”.
Por desgracia, las intenciones que impulsaban al Banco de México para procurar de manera decidida la estabilidad monetaria no eran comprendidas ni compartidas por todos los observadores y, quizá, tampoco por muchos de los financieros que operaban en el país. Se trataba de un asunto muy controvertido y el director del Banco de México no rehuyó el debate. Lo hizo en diversos foros y en diversas ocasiones, entre ellos en la Convención de Banqueros. A ese tema se refirió en particular en la edición de ese foro del año 1963:
“Esta política es con frecuencia mal interpretada debido, fundamentalmente, a una confusión en los términos y, de manera muy particular, al uso de la palabra estabilidad. Sin embargo, es erróneo pensar que el concepto estabilidad es sinónimo de estancamiento, y por lo tanto excluyente del avance dinámico y del desarrollo económico… Es necesario señalar que nuestra política de estabilización está muy lejos de ser contraccionista o deflacionaria”.[12]
La estabilidad era propicia para la inversión y para el desarrollo económico –una suerte de condición necesaria para el florecimiento de las empresas– porque sin su presencia se dificulta terriblemente e incluso se vuelve imposible, la planeación de los proyectos en razón de que se elevan inmensamente los riesgos empresariales y de crédito. La pinza contra el progreso se cierra porque con inflación el financiamiento se vuelve extremadamente caro y escaso y de hecho desaparece el crédito de largo plazo que es el indispensable para las operaciones de capitalización. Esto último ocurre porque el alza inmoderada de los precios desalienta el ahorro y con ello escasean los fondos prestables. Según Rodrigo Gómez, cuando se pierde la estabilidad “pocas personas se sienten inclinadas a ahorrar” porque saben que por más alto que sea el rendimiento que se ofrezca a sus inversiones de renta fija, “siempre será inferior a la rápida pérdida de la capacidad de compra de su dinero”. Por eso, cuando hay inflación los agentes económicos recurren en forma masiva al atesoramiento, a la especulación o de plano a la fuga de capitales.
Don Rodrigo Gómez sabía bien –y lo explicó con todas sus letras ante los banqueros– que para los gobernantes puede resultar muy grande la tentación de recurrir al expansionismo fiscal y monetario a fin de estimular artificialmente el crecimiento y generar un ciclo sintético de elevación de la inversión. Se trata, en realidad, de un peligroso espejismo que siempre termina por provocar mayores daños que los beneficios transitorios que puede ofrecer. En esa transitoriedad, siempre efímera, residía una de las claves para entender el peligro social que entraña la aplicación de políticas inflacionistas. Mediante ese expediente, “a muy corto plazo se puede lograr una intensificación de la actividad económica, pero ésta no redunda en una auténtica y duradera prosperidad”. Esa opción, explicó el banquero central, nos presenta una “ruta fácil, extremadamente fácil, que, además, vuelve popular la personalidad de las autoridades monetarias” y que, sin embargo, conduce muy pronto a un desastre económico pues es la causa del surgimiento de inflación, el abandono del tipo de cambio y, por consiguiente, del desaliento de las inversiones nacionales y extranjeras. La conclusión llevaba dedicatoria para los críticos que deseaban doblegar al Banco de México a fin de que se embarcara en una senda de expansionismo monetario:
“Si, como se ha referido con frecuencia, la inflación fuera el camino adecuado para promover el desarrollo económico, bastaría con que el Banco Central multiplicara indefinidamente los medios de pago en cada país subdesarrollado para que éste dejara de serlo. Pero lamentablemente las cosas no son así [de sencillas] y por eso se hace necesario seguir una política tendiente a reafirmar la estabilidad monetaria, concebida no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento que fortalezca la confianza y aliente la formación de ahorro voluntario interno y su correspondiente inversión, estimulando el crecimiento equilibrado del país”.[13]
Los responsables de la estrategia económica durante el Desarrollo Estabilizador tuvieron claramente conciencia de la potencialidad acotada que ofrece la política económica en sus distintas variantes: fiscal, monetaria, crediticia, salarial, comercial, etc. Las políticas económicas son poderosas para inducir un determinado rumbo en la marcha de la economía más no son omnipotentes. La razón profunda de ello es que, en última instancia, el comportamiento de una economía está determinado más que por las políticas económicas, por las decisiones cotidianas de millones de consumidores, ahorradores y productores. Por lo anterior, que las políticas económicas resultaran o no eficaces dependía de que por su conducto se lograra orientar la conducta de los agentes económicos en el sentido planteado por las autoridades. No se obtendrían los resultados deseados, si los incentivos de los agentes económicos no estaban debidamente alineados con los fines del programa. En particular, la consecución de un ahorro creciente que se mantuviera dentro del país y una tasa de inversión elevada, eran objetivos imposibles si no se lograba la confianza de los agentes económicos, empeño en el cual el Desarrollo Estabilizador fue muy exitoso. Así, en la primavera de 1965 Rodrigo Gómez ponderaba ante los banqueros “la situación de confianza en nuestra economía y en la solidez de nuestro sistema… Debemos aprovechar tan favorable situación para aumentar al máximo posible los recursos destinados a las inversiones productivas…”.[14] A este tema crucial se refirió también en una alocución que cobró notoriedad José Hernández Delgado, director general de Nacional Financiera de 1952 a 1970. Ese prestigiado colaborador en las administraciones de 1958 a 1964 y 1964 a 1970 destacaba la importancia de la confianza tanto para permitir que el banco de desarrollo que encabezaba pudiera contribuir en la mayor manera posible a impulsar el desarrollo económico de México, como para maximizar las inversiones en proyectos productivos mediante una colaboración decidida y audaz por parte del sector privado con las autoridades. Durante los años precedentes, Nacional Financiera había conseguido una captación creciente de recursos tanto del exterior como del sector interno gracias “a un conjunto de factores positivos que se expresan, a fin de cuentas, en una sola palabra: confianza”.
“Confianza en la solvencia de Nacional Financiera, de cuyos compromisos en el exterior responde, por la ley, la Nación. Confianza en la firmeza de las bases que ésta ha sentado para asegurar un desarrollo integral, equilibrado, armónico, que no sólo beneficie a las minorías, sino principalmente a las grandes mayorías de la población. Confianza en que, a pesar de las vicisitudes que afectan la marcha de toda sociedad, México continuará progresando en el orden político, económico y social”.[15]
Indudablemente que durante el Desarrollo Estabilizador hubo fricciones entre la iniciativa privada y el gobierno. Sin embargo, los avances conseguidos por la política económica dieron lugar a la gestación de un clima propicio para que el esfuerzo de los asalariados, ahorradores y productores confluyera en un progreso económico rápido con avances en el bienestar social “dentro del marco de respeto absoluto a las libertades humanas que persigue afanosamente la Revolución Mexicana”. Así, según el director de Nacional Financiera, el ambiente de confianza propicio para el progreso se había conseguido gracias a que la paz social conjugada con un desarrollo económico estable habían estimulado el ahorro y la inversión productiva. Esos avances habían redundado en un aumento importante de la ocupación, y el fortalecimiento de la confianza también había propiciado una mayor coincidencia de intenciones entre las que animaban a los hombres de negocios y las que impulsaban a las altas autoridades. De ahí el “clima cada vez más propicio a la creciente coordinación de actividades entre la iniciativa privada y el Estado, que México requiere para obtener el máximo rendimiento del trabajo de sus hijos” (sic).[16]
Confiados y moderadamente optimistas se mostraban el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y el director general del Banco de México, en ocasión de la Convención Bancaria de 1970. No es posible agregar a la actitud de esos funcionarios el calificativo de “satisfechos” porque nunca lo habían estado. Una constante en los discursos de Rodrigo Gómez fue siempre la advertencia, después de hacer recuento de los avances alcanzados, de que “faltaba mucho por hacer”, “los rezagos en el país de sectores amplios de la población eran aún grandes”, “la economía nacional se encontraba todavía lejos de la etapa de desarrollo autosostenido que habían alcanzado los países más avanzados” y un largo etcétera de prevenciones en contra del conformismo y la complacencia. Por su parte, el ministro Ortiz Mena señaló en la primavera de 1970: “deseo reiterar mi convencimiento de que nuestro futuro no está exento de riesgos”. El balance general era que los avances conseguidos desde mediados de los años cincuenta eran sobresalientes y por ello el caso del desarrollo económico de México había atraído la atención de muchos analistas en el exterior. Sin embargo, terminaba un sexenio en 1970 y la ocasión parecía propicia para hacer un balance de al menos dos administraciones que habían conseguido progresos sostenidos.
A fin de esbozar el panorama hacia el futuro que esperaba a la economía nacional, el ministro Ortiz Mena hizo una comparación histórica entre la situación que prevalecía en el país a finales de la década de los cincuenta y la del decenio siguiente. Según el ministro, en aquel entorno inicial los mexicanos se encontraban “agobiados por la más temible de las enfermedades: el miedo, sentimiento provocado por versiones de toda índole… En contraste, México arribaba a los setentas en un clima de estabilidad social, política y económica”.[17] Para que el país continuara por esa senda, sería necesario “seguir complementando juiciosamente los distintos elementos de la política económica”. Así, a pesar de los obstáculos y de los riesgos, México parecía tener frente a sí en 1970 un horizonte de progreso continuado. Ése era también el sentir del director del Banco de México. La política económica estaba en posibilidad de seguir encontrando “el camino hacia un desarrollo económico sostenido y equilibrado”. No había razones para suponer que hacia el futuro las políticas fiscal y crediticia dejarían de tener la coordinación necesaria para “mantener y consolidar la estabilidad monetaria y la solidez de las instituciones”. Así, en opinión de Rodrigo Gómez, los elementos expuestos permitían “contemplar con optimismo un futuro altamente prometedor”.[18] Desgraciadamente, una serie de factores políticos, circunstanciales y doctrinales confluyeron de manera destructiva para que esas expectativas optimistas no se materializaran. Pero ésa es ya una historia diferente digna de ser relatada en otro espacio editorial.
[1] James R. Himes, “La formación de capital en México”, El Trimestre Económico, enero-marzo de 1965, vol. XXXII (1), núm. 125, pp. 153, 164, 168 y 178-179.
[2] John E. Koehler, Information and Policy Making. Mexico. Ph. D. Dissertation, Yale University, (mimeo), 1968, p. 3.
[3] Leopoldo Solís M., “Hacia un análisis general a largo plazo del desarrollo económico de México”, Economía y Demografía, 1967, tomo 1, pp. 89-90.
[4] Rodrigo Gómez, Discurso ante la XXV Convención de Banqueros, Torreón, Coah., 7 de mayo de 1959, en Textos de Rodrigo Gómez, México, (s.e.), 1968, pp. 45-46.
[5] “Encabeza México un Grupo en Viena”, Excélsior, 19 de septiembre de 1961, pp. 1 y 14.
[6] “Ortiz Mena reconoció en Viena la atinada labor del Fondo Monetario Internacional”, Excélsior, 23 de septiembre de 1961, pp. 1 y 11.
[7] Entrevistas Miguel Mancera Aguayo-ETD, enero-agosto de 2013.
[8] Rodrigo Gómez, Discurso ante la XXVIII Convención de la Asociación de Banqueros, Acapulco, Gro., 29 de mayo de 1962, en Textos de Rodrigo Gómez (1953-1967), México, (s.e.), 1968, pp. 57-58.
[9] Rodrigo Gómez, Discurso en la XXXI Convención de la Asociación de Banqueros de México, Mazatlán, Sin., 25 de marzo de 1965, en Textos de Rodrigo Gómez, op. cit., p. 75.
[10] Rodrigo Gómez, Discurso ante la XXIX Convención de la Asociación de Banqueros de México, Guadalajara, Jal., 28 de mayo de 1963, en Textos de Rodrigo Gómez, op. cit., pp. 65-73.
[11] Rodrigo Gómez, Discurso en la Convención Bancaria celebrada en Guadalajara, Jal, 28 de abril de 1960, en Textos de Rodrigo Gómez, op. cit., p. 54.
[12] Rodrigo Gómez, Discurso en la XXIX Convención de la Asociación de Banqueros, Guadalajara, Jal., 28 de mayo de 1963, en Textos de Rodrigo Gómez, op. cit., p. 66.
[13] Op. cit., p. 67.
[14] Rodrigo Gómez, Discurso ante la XXXI Convención de la Asociación de Banqueros de México, Mazatlán, Sin., 25 de marzo de 1965, en Textos de Rodrigo Gómez, op. cit., p. 82.
[15] José Hernández Delgado, “Confianza en el progreso económico y social de México”, El Mercado de Valores, año xxiii, núm. 3, 21 de enero de 1963, pp. 33-35.
[16] Ibid.
[17] Antonio Ortiz Mena, “Balance 70”, Revista Bancaria, vol. XVIII, núm. 3, marzo de 1970, p. 33.
[18] Rodrigo Gómez, “La evolución económica de México”, Revista Bancaria, vol. XVIII, núm. 3, marzo de 1970, p. 40.