Tomo XIII: Durante el Desarrollo Compartido
I. Replanteamiento del modelo económico

 

1. Echeverría y Banxico

 

Desde la campaña presidencial del candidato Luis Echeverría, se manifestó reiteradamente la intención de reorientar la estrategia económica que se había venido aplicando en el país. De ahí que no hayan sido unas acciones meramente protocolarias o de naturaleza protocolaria, primero, que la Ley Orgánica del Banco de México se haya modificado para que la presidencia del Consejo de Administración correspondiera al secretario de Hacienda y Crédito Público y, segundo, que a principios de mayo del año 1971 –es decir, a tan sólo poco más de cuatro meses de su toma de posesión– el presidente de la República Luis Echeverría haya estado presente en una sesión del Consejo de Administración del Banco de México. El hecho no tenía precedentes en la historia de la institución y, se reitera, esas acciones conllevaban una significación importante. Ni el propio Plutarco Elías Calles en su calidad de mandatario había participado en una sesión del Consejo con motivo de la inauguración del Banco de México en septiembre de 1925. Tampoco lo haría posteriormente ningún otro presidente de la República ni tampoco ningún ministro de Hacienda. De hecho, en ocasión de que la institución abriera sus puertas, la moción del presidente del Consejo Manuel Gómez Morín fue en el sentido inverso. Es decir, para que todos los integrantes de ese órgano colegiado se trasladaran en grupo a las oficinas del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, para manifestarle su beneplácito por “haber puesto en sus manos la dirección de una institución tan importante para la vida económica del país…”.[1]

Curiosamente, no se recuerda que en nadie haya despertado preocupación, fuera o dentro del Banco de México, el hecho de que a sólo un mes de la toma de poseción del nuevo mandatario haya aparecido en el Diario Oficial un decreto modificatorio de la Ley Orgánica del Banco de México por medio del cual se removía la prohibición para que funcionarios de la Secretaría de Hacienda pudieran ser designados consejeros por la serie de acciones A en el Banco de México. Según la Exposición de Motivos correspondiente, dos fueron las finalidades de esa medida. La primera y más específica, la conveniencia de “facilitar la coordinación de las funciones” que competían al Banco de México y a la mencionada Secretaría “en materia de política monetaria y crediticia y financiera…”. La segunda y más general finalidad, por “la necesidad de propiciar en forma integral el desarrollo económico con estabilidad monetaria, interna y externa mediante la aplicación de políticas armónicas entre diversos organismos y dependencias de carácter financiero del Gobierno Federal…”. Aunque en el momento de la promulgación de esa reforma nadie lo sospechara, lo que sucedió a la postre fue que en lugar de darse “una aplicación de políticas armónicas” lo que sucedió en realidad fue que la subordinación que tuvo lugar poco después de la política monetaria con respecto de la política fiscal, resultó en que se destruyeran las bases para poder “propiciar en forma integral el desarrollo económico con estabilidad monetaria…”.[2]

Y la autorización para que funcionarios de la Secretaría de Hacienda pudieran ser designados Consejeros por la serie A en el Banco de México permitió implícitamente algo que se deseaba desde la Presidencia de la República: que el secretario de Hacienda fuera también designado como presidente del Consejo de Administración de dicha institución. A raíz de la reforma comentada, para que esto último se materializara o se votara en el sentido deseado por el gobierno, bastaba con que en el seno de ese órgano colegiado, los consejeros por la serie A, que contaban con la mayoría de los votos, propusieran y votaran en un sentido preindicado.

Independientemente de los fundamentos legales en la materia, la reforma comentada, ciertamente rompía con una tradición que se había conservado por décadas aparentemente con buenos resultados. Durante toda la época del Desarrollo Estabilizador e incluso desde la posguerra en el sexenio del presidente Miguel Alemán, no se recordaba un solo episodio en el que el Banco de México haya actuado de manera descoordinada o insuficientemente armónica con la Secretaría de Hacienda. En aquellos tiempos siempre fue ampliamente sabido en el Banco de México que invariablemente el director general Rodrigo Gómez siempre consultaba con el secretario de Hacienda cualquier medida de política monetaria o crediticia que se intentara poner en ejecución. ¿Para qué entonces proponer que el secretario de Hacienda fuera el presidente del Consejo del Banco de México? ¿Por cuáles razones cambiar lo que durante décadas había funcionado bien, si de todos modos el Banco de México carecía de autonomía institucional desde 1938?

Pero más allá de lo que se estipulaba en la Ley Orgánica, desde los primeros años del Banco de México se fue arraigando la tradición de que la presidencia del Consejo de Administración recayera en una persona independiente del gobierno y que gozara de un gran prestigio personal. Tal vez al arraigo de esa tradición haya contribuido que el muy conocido abogado Manuel Gómez Morin ejerciera ese cargo hasta finales de 1929. Un hecho, no de escasa importancia, fue que ni siquiera la remoción de la autonomía del Banco de México que se produjo a raíz de la reforma a su Ley Orgánica aprobada en diciembre de 1938 dio lugar a que se rompiera esa tradición. El ingeniero Evaristo Araiza que venía cumpliendo con dicho nombramiento desde la primavera de 1933, incluso después de la reforma mencionada siguió ocupando ese cargo por aproximadamente cinco lustros. Y así se mantuvo, hasta que después de su fallecimiento en mayo de 1964, fue sustituido en ese puesto por José Hernández Delgado, que fungía a la sazón como cabeza de la Nacional Financiera. Se dirá, no sin acierto, que el licenciado Hernández Delgado ocupaba de hecho un cargo en la administración pública, pero también cabe precisar que no era propiamente un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ya con la reforma que autorizaba que funcionarios de la SHCP pudieran ser designados para formar parte del Consejo de Administración del Banco de México, después de la Asamblea de Accionistas que se celebró en la primavera de 1971 en la sesión del Consejo del 24 de marzo de ese año, el consejero por la serie B, Manuel Cortina Portilla del Banco de Comercio, propuso que se designara como presidente de ese órgano al licenciado Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda y Crédito Público, y como vicepresidente al subsecretario del Ramo, Mario Ramón Beteta. En reacción, el señor secretario “Margáin agradeció la designación y expresó que era muy satisfactorio que el Consejo estuviera formado de personas tan destacadas de reconocido prestigio y capacidad, lo que a su vez agradecieron los señores consejeros”.[3]

El escenario quedó así preparado para la asistencia del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, a una sesión del Consejo de Administración del Banco de México. En esa singular ocasión, los consejeros asistentes por la Serie A, y por tanto poseedores del voto mayoritario, fueron por la Secretaría de Hacienda el presidente del Consejo, Hugo B. Margáin, y el vicepresidente, Mario Ramón Beteta, además del veterano de mil batallas Antonio Carrillo Flores, el abogado Manuel Sánchez Cuén y Guillermo Martínez Domínguez director general de Nacional Financiera. Los consejeros por la serie B que asistieron fueron los señores Carlos Prieto (Fundidora de Monterrey), Luis G. Legorreta (Banco Nacional de México) y Manuel Espinosa Yglesias y Manuel Cortina Portilla (Banco de Comercio). Más allá de los muy importantes aspectos simbólicos y legales detrás de esa reunión, cabe destacar aquí la esencia de lo que se dijo en esa sesión digna del recuerdo para una crónica histórica. Las palabras que pronunciaron en aquella sesión del Consejo el director general Ernesto Fernández Hurtado, los consejeros asistentes y el propio presidente de la República fueron relegados a unos anexos del acta de Consejo correspondiente.[4] Sin embargo, al poco tiempo esas intervenciones fueron recogidas en un folleto que publicó el Banco de México ese mismo año de 1971.[5]

Un aspecto de formato dificulta la lectura y comprensión de los textos incluidos en dicho folleto y complica la tarea de hacer una glosa útil. Este aspecto es que mientras en la sesión correspondiente del Consejo, el director general, Ernesto Fernández Hurtado, presentó primeramente un informe completo sobre la evolución histórica del Banco de México, los avances técnicos que había logrado para cumplir sus tareas esenciales de regular la circulación monetaria, el crédito y los cambios sobre el exterior y los problemas que enfrentaba en la coyuntura corriente, todas y cada una de las intervenciones subsecuentes se hicieron en la forma de comentarios y ampliaciones sobre dicho informe. De hecho, la intervención final, a cargo del presidente de la República, fue en realidad en reacción al informe inicial del director general, Fernández Hurtado, y de todos los comentarios que le siguieron. Sin embargo, al incluirse primeramente en el índice de ese folleto las palabras del presidente Echeverría, se pierde la noción de la secuencia causal en que se desarrolló la aludida sesión. Así, lo más conveniente para sacarle jugo a los textos incluidos en ese folleto derivó de hacer un resumen de su contenido por los principales temas tratados. Destacan entre ellos los siguientes. Primero, el recuento de los muchos problemas por resolver que tenían ante sí las autoridades monetarias y financieras para impulsar en forma decisiva el desarrollo económico de México. Segundo, la necesidad de acelerar el ritmo del desarrollo, con un ímpetu renovador pocas veces visto antes en la historia económica del país. Tercero, una exaltación, quizás excesiva, de las prácticas heterodoxas en materia de banca central, en una búsqueda por resolver los difíciles problemas económicos que enfrentaba entonces México. Cuarto, las menciones que de cualquier manera se hicieron aquí y allá en aquella reunión sobre las virtudes de la estabilidad económica a fin de conservar un desarrollo económico autosostenido y la confianza de los agentes económicos participantes.

Fue el propio presidente Echeverría quien puso la pica en Flandes al manifestar su deseo personal de lograr un desarrollo económico más rápido en México como resultado de su administración sexenal. En la opinión de ese mandatario, el “ímpetu renovador”, que, a su juicio, claramente estaba a la vista “en todo México”, tenía su origen en “la preocupación profunda de acelerar el desarrollo del país” y lograr aquello que “ustedes los especialistas llaman ‘el despegue’ económico y que representa un reto que yo he contemplado a lo largo de todo el país”. Y a continuación, dentro de ese mismo párrafo, la amenaza inflacionista emitida en tono claramente un tanto críptico. Para “acelerar el desarrollo del país”, en la opinión de aquel mandatario, había que (sic.) “desinhibir, desentumir un poco el órgano específico que tiene el Estado Mexicano para impulsar el desarrollo económico de México”. El Banco de México, con una “complejidad correspondiente a la realidad de nuestro país, que es frecuentemente una realidad superior a toda tesis preestablecida… ha venido a llenar huecos… que el país ha recibido durante varios decenios con verdadero beneplácito y beneficio…”. Todo ello, según el presidente Echeverría, ha venido “señalando un camino, que aquí debe de ampliarse, debe de ensancharse y que debe de proyectarse hacia las agencias oficiales, que tiene el Gobierno Mexicano para alentar el desarrollo…”. Y para terminar, la típica arenga voluntarista que se volvió emblemática en aquel presidente: con la finalidad de “alentar el desarrollo” –tenía que entenderse– todos debíamos “ser eficaces en nuestra función”.[6]

En la parte final de su informe, después de explicar los conductos y las formas por las cuales el Banco de México había actuado para impulsar el desarrollo económico de la nación, el director Fernández Hurtado hizo un recuento de los problemas que estaban pendientes de solución o de avance en el campo de la competencia de la banca central. Bajo el encabezado de “Esfuerzos adicionales a realizar”, el banquero central expresó que a pesar de los avances logrados las autoridades deberían trabajar para conseguir “una utilización todavía mejor de nuestros recursos financieros”. Sin demeritar los avances conseguidos en el pasado, habían muchos renglones a los que el crédito todavía llegaba en cantidades y condiciones insuficientes. Tal era el caso de la vivienda popular para personas de bajos estratos económicos, así como nuevos campos de actividad en los que debía incursionar la banca como “créditos a largo plazo y bajas tasas de interés a estudiantes, un programa nacional de financiamiento a los pequeños comerciantes, productores y artesanos, créditos para que pequeños y medianos inversionistas adquirieran acciones de empresas” y un largo etcétera adicional. Y en la agenda de acción futura para las autoridades monetarias y financieras estaban otros temas pendientes, como el de lograr una mejor vigilancia de los intermediarios para evitar desvíos de rumbo, evitar la concentración de recursos en pocos grupos financieros y procurar una derrama crediticia más amplia por sectores y zonas geográficas. Asimismo, debían tomarse medidas para conseguir un mejor desarrollo en México del mercado de valores, tanto en renta fija como variable.

“Estas cuestiones deben ser objeto de un estudio profundo con el fin de adoptar, como México lo ha hecho siempre en el pasado, medidas que haciendo justicia a las imperiosas necesidades crediticias en los campos de mayor prioridad económica y social de nuestro país, utilicen a nuestro vigoroso y dinámico sistema de banca mixta pública y privada para apoyar las necesarias inversiones materiales y los recursos humanos que permitirán a nuevas generaciones de mexicanos salir de las condiciones de pobreza en que por ahora se encuentran”.

Bajo la supervisión y guía del Banco de México, la banca había incursionado en algunos campos importantes de actividad “con verdadero beneplácito y beneficio: el desarrollo de estudios y la promoción del turismo; los estudios sobre la vivienda popular; estudios técnicos, por ejemplo, en materia alimentaria, o de algodón o de henequén...”. Sin embargo, se apuntaba la necesidad “de propiciar volúmenes mayores de créditos, en mejores condiciones, a campos insuficientemente atendidos”. Tal era el caso “de la vivienda popular para personas de bajos estratos económicos que requieran de crédito hipotecario…”. También sería necesario atender el otorgamiento de “créditos en condiciones especiales combinados con asistencia técnica a aquellas empresas mexicanas que pueden elevar con efectividad sus exportaciones”. Y en ese orden de tareas pendientes para el Banco de México, el director general, Fernández Hurtado, asimismo hizo referencia al imperativo de dar lugar a créditos bancarios, pagaderos a plazos adecuados, “que permitan la adquisición de acciones por pequeños y medianos inversionistas…”. Así, en el caso de una administración sexenal vigorosa –como la que se iniciaba– todos esos esfuerzos del Banco de México “van señalando un camino, que aquí debe ampliarse, debe de ensancharse y que debe de proyectarse para salir de las condiciones de pobreza…”.

Le siguió en el uso de la palabra al director general, Fernández Hurtado, el secretario de Hacienda, Margáin, quien dedicó su intervención a hacer un resumen o “pequeña glosa” de lo que había sido un “excelente examen de la banca mexicana en su proyección histórica y actual…”. Acto seguido, el funcionario solicitó al consejero Antonio Carrillo que también hiciera un comentario sobre el informe que había presentado el banquero central. En particular, en razón de que había estado muy ligado al Banco de México durante “su fructífera vida de servidor público y quien además fue secretario y estuvo también al frente de la Comisión Nacional Bancaria, uno de los organismos eminentes del sector público”. Carrillo Flores contaba en efecto con una hoja de servicios impresionante además de que era el decano indiscutible en aquella integración del Consejo de Administración del Banco de México. Como antecedente, su primera designación como integrante de ese órgano colegiado se remontaba al sexenio de Lázaro Cárdenas, ya que en su palmarés destacaba que se había incorporado como integrante de ese órgano “en el mes de febrero de 1938, tres semanas antes de la nacionalización del petróleo”. Pero lo relevante para esta crónica no es que Carrillo Flores contara con una trayectoria tan impresionante de funcionario público –había fungido, entre otros cargos, como director general de Crédito, secretario de Hacienda, director general de Nacional Financiera, secretario de Relaciones Exteriores y embajador de México en Washington– ni que fuera el decano en el Consejo de Administración, sino por otra razón más concreta: a él le tocó en esa sesión, a la que asistió el presidente Echeverría, hacer la apología del espíritu heterodoxo que en tan grande medida había influido en la determinación de los instrumentos y las prácticas características de las políticas monetaria y crediticia de México. Y al parecer, el presidente Echeverría se quedó inmensamente complacido con aquella apología tan engañosa.

Gran orador y un dialéctico muy fino, dotado de una gran cultura universal, Carrillo Flores puso en aquella sesión del Consejo de Administración del Banco de México, casi en términos poéticos, lo que él consideraba “el sano pragmatismo” que había guiado por años a la formulación y conducción de las políticas económicas en México. Oigámoslo:

“México no es país Kantiano; México no cree que las cosas son buenas sólo si valen para todo el mundo; México, humildemente ha creído que las cosas son buenas cuando sirven para México, aun cuando no sirvan fuera de sus fronteras. Y la historia del Banco de México es la historia del acomodamiento ininterrumpido de principios teóricos, que pretenden tener validez universal, a realidades muy propias de México”.[7]

En términos generales, según Carrillo Flores, en el Banco de México ese “acomodamiento ininterrumpido de principios teóricos a realidades muy propias” se había concretado en una combinación de “la buena técnica con el realismo, desprendiendo de esta conjugación fórmulas muchas veces originales, sin que pretenda que sean de validez universal”. A juicio de Carrillo Flores, ésa era una virtud que se había vuelto característica no únicamente en el caso del Banco de México sino había sido, desde hacía mucho tiempo, “virtud capital de nuestra patria tanto en la política como en lo social…”. Y a continuación, tratando de ilustrar ese enfoque con casos concretos, el orador se refirió a algunos ejemplos muy ilustrativos de lo que quería explicar. Un caso orientador era el discurso que en la Convención Bancaria de 1947 había pronunciado el secretario de Hacienda, Ramón Beteta, otro jefe anterior de Carrillo a quien deseaba rendir homenaje. Según Carrillo, Beteta había logrado precisar en esa alocución los fundamentos legales para la regulación por parte del Estado, tanto cuantitativa como cualitativa de los bancos. “Si crear moneda es un privilegio del Estado; si los bancos al abrir depósitos consecuencia de créditos crean moneda, quiere decir que los bancos privados ejercen una función estatal y en cuanto a tal son, en realidad, órganos del Estado sujetos a la regulación del Estado”. Así, según lo había expresado Fernández Hurtado en su informe previo, en las leyes bancarias de México había quedado incorporada la disposición para que a partir de cierto nivel de captación por parte de los bancos, los excedentes tuvieron que depositarse en su totalidad en el banco central. De esa manera, algo que había sido una invención de nuestro país en el campo de la regulación monetaria, “apareció después en las leyes de los bancos centrales de otros países como una aportación de México a la que debe ser la banca central en los países en desarrollo”.

Según el consejero Carrillo Flores, ¿cómo debería determinarse la política del Banco de México respecto de los extremos de una ortodoxia estricta o un pragmatismo desbordado carente de reglas y de orientaciones técnicas? A juicio de ese consejero, seguramente las autoridades del instituto central tendrían el mismo valor que habían mostrado en su momento sus antecesores “para separarse de las fórmulas de la estricta ortodoxia cuando así lo demande el bien de México”. Sin embargo, a nadie en su sano juicio se le ocurriría recomendar que el banco central se dejara llevar a un extremo en el que se negaran “todas las cosas tan importantes que han construido tres o cuatro legislaciones que han venido trabajando una vez que México hizo sus grandes reformas revolucionarias”. Con buen juicio, la dirigencia del Banco de México –encabezada en esa época por el economista Fernández Hurtado– debería siempre “actuar con la prudencia, con el valor y con la decisión que su preparación justifica”.

No obstante, frente a la determinación de acelerar el ritmo del desarrollo económico del país por parte de una administración, que, según Carrillo Flores, había “inaugurado un gobierno de diálogo, de crítica, en que esta[ba] borrada la palabra complacencia” y en un contexto en el cual se estaba haciendo una apología desbordada de la heterodoxia y de un sano pragmatismo innovador y creativo, también se expresaron reflexiones sobre las bondades de la estabilidad monetaria como factor causal para lograr un desarrollo económico autosostenible y armónico.

Entre los consejeros participantes en aquella junta histórica, quien se refirió más directamente en su intervención a las bondades de la estabilidad de precios fue el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin.[8] Tan importante funcionario insistió en cuanto a las relaciones de la banca central con las instituciones crediticias, la banca privada, los bancos nacionales y la Secretaría de Hacienda, que dos principios habían “venido siendo reiterados a través del pasado y que se proyectan para el porvenir”. El primero de ellos era relativo a “la libre convertibilidad de la moneda y la ausencia –éxito extraordinario de México– de cualquier tipo de control de cambios”. En opinión de Margáin, en paralelo con esa “política fundamental, otra de la mayor importancia [era] la que se refiere a la estabilidad monetaria, que viene cumpliéndose y afirmándose desde la última de las devaluaciones…”. Pero ¿cuáles eran las finalidades que se perseguían mediante esas dos políticas fundamentales? Directa e indirectamente, las respuestas fueron aportadas en sus intervenciones por el propio secretario Margáin, por el director general, Fernández Hurtado, y por el consejero Martínez Domínguez, por entonces cabeza de la Nacional Financiera. Al respecto, Margáin señaló con todo énfasis que la estabilidad monetaria había sido y seguiría siendo “un tema fundamental del desarrollo crediticio mexicano”. La estabilidad era un elemento fundamental para que los agentes económicos tuvieran confianza en la economía del país, ahorraran, invirtieran sus ahorros en moneda nacional y llevaran a cabo proyectos de inversiones productivas. A este tema de la importancia de la estabilidad monetaria se refirió también en su intervención el banquero central Fernández Hurtado. En tal sentido explicó que el sistema bancario del país había iniciado su desarrollo acelerado gracias a que empezó a disfrutar de una “confianza creciente de los depositantes y ahorradores”, ya que contaba con el apoyo de “un banco central regulador del volumen de la moneda, del crédito y de los cambios internacionales…”. Según Fernández Hurtado, el banco central se involucraba en la regulación monetaria con el fin de “atacar los problemas de inflación derivados de las devaluaciones del tipo de cambio de la moneda”. Por su parte, en opinión de Martínez Domínguez, “la política trazada por las autoridades financieras y aplicada por el Banco de México favorece y da confianza en la estabilidad del peso mexicano, en la convertibilidad del peso en sus transacciones internacionales y tiene también aspectos que tienden a lograr mejor acceso individual de todos los mexicanos al crédito…”.[9]

La clave de la cuestión residía en los espacios en los que el deseo de acelerar el desarrollo económico y de renunciar a las formulaciones ortodoxas de política económica podían entrar en conflicto con la finalidad de controlar la inflación y procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Ciertamente, no había en la apología que había hecho Carrillo Flores de la heterodoxia la inevitabilidad de que se violaran los principios de “la buena técnica” y la acción del Banco de México cayera en inflacionismo pernicioso. Sin embargo, había el peligro potencial de que así ocurriese. Ese peligro se adivinaba en el relato que había incorporado ese consejero en su presentación, sobre la manera en que mediante la reforma de la Ley Orgánica de 1936 se había privado de autonomía al Banco de México. Era indudablemente cierta la acusación hecha por Carrillo Flores acerca de que dicho ordenamiento se había planteado excesivamente reglamentario y rígido, tratando de modelar al banco central de México “conforme a las normas y a los principios de los bancos centrales europeos y muy concretamente del Banco de Inglaterra”. Pero una ley orgánica del banco central desprovista de mecanismos para evitar que se pudiera incurrir en una política monetaria abiertamente inflacionista, era un peligro para la salud de la economía nacional. Se equivocaba Carrillo Flores al acusar que en el marco de la Ley Orgánica del Banco de México de 1936 “estaba totalmente excluida de la posibilidad directa o indirecta de acción del Banco de México toda forma de inversión gubernamental, toda operación hecha por el Estado”. Esa forma de inversión sí estaba permitida por dicho ordenamiento, únicamente que lo estaba con límites muy precisos. ¿Para qué? Precisamente para impedir la posibilidad de que la acción de la banca central se volviese abiertamente inflacionista sin posibilidad de defensa alguna. Es una lástima que en su brillante y hermosa intervención, el consejero Carrillo Flores no haya puesto en consideración esta última posibilidad.

En la intervención que siguió a la del consejero Carrillo Flores, el subsecretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, tocó cuatro temas de importancia: los beneficios que había traído para México el control selectivo del crédito, la conveniencia de que las autoridades tuvieran una vigilancia oportuna y eficaz sobre los intermediarios financieros y la necesidad que existía en México de impulsar el crédito a la agricultura y de promover el desarrollo del mercado de valores. Al hacer referencia a estos dos últimos temas, ese funcionario abrió brecha y marcó una pauta. Ello, en razón de que otros dos asistentes a esa reunión de Consejo, encabezada por el presidente de la República, hicieron mención en sus comentarios a la conveniencia de ampliar el crédito a la agricultura y otros dos en cuanto a la necesidad de promover el crecimiento del mercado de valores. Respecto del impulso a la agricultura, el subsecretario Beteta se refirió a la necesidad de “hacer un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado para allegar un volumen mucho mayor de recursos y de todo tipo hacia [las] áreas rurales, que son las menos favorecidas en el desarrollo económico de México”. Por su parte, el consejero Luis Legorreta, representante del Banco Nacional de México, expresó que “por muchos lados, la banca del centro con sus sucursales, y la regional, están incrementando su intervención en el campo”. Y para ilustrar el punto habló de la denominada Fundación Mexicana para el Desarrollo, organización creada por el sector privado. Una organización conformada por “industriales y hombres de negocios que se han unido para este fin: reunir un fondo en efectivo y un fondo en avales, que cada uno de ellos personalmente garantiza, para que ese fondo sirva de respaldo para que los bancos prestemos a grupos agrícolas en la forma que esa organización vaya reglamentando”. Y como era natural, su competencia no podía quedarse atrás. Así, Manuel Espinosa Yglesias, principal accionista y guía en el grupo Banco de Comercio señaló, por su parte, que “ahora los bancos cada día más se están procurando extensionistas para, con sus propios recursos, acudir en auxilio del campo”. Y para remachar su argumento el mandamás del Banco de Comercio reiteró que “el crédito está llegando a la provincia cada día más… que la banca en general está dirigiéndose a la provincia y muchas instituciones están facultando a sus gerentes para que no se limiten a esperar que se lo pidan, sino que busquen a los posibles usuarios de crédito”.[10]

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