¿Por cuáles razones en su momento el subdirector general Mancera juzgó que sería indispensable poner en marcha un programa para simplificar el régimen del encaje legal? El abogado Roberto del Cueto, colaborador cercano por muchos años y que en esas épocas apenas empezaba a trabajar al lado de dicho funcionario recuerda con nitidez un episodio ilustrativo de la gravedad a que había llegado la problemática del encaje legal. En un momento dado, el subdirector general Mancera mandó llamar a los encargados de la administración del sistema para que lo pusieran al tanto del régimen que estaba en vigor para el encaje aplicable a las financieras. En respuesta, los empleados correspondientes se presentaron en la oficina de quien los convocaba con un expediente que contenía más de 80 hojas de las circulares con las disposiciones aplicables a la integración de las carteras de esos intermediarios. Después de una serie de abrogaciones, algunas derogaciones y nuevas disposiciones de aplicación parcial o sustitutiva sólo esos iniciados conocían ya a ciencia cierta el régimen de encaje que se mantenía en vigor para dichas instituciones. Es decir, cuáles disposiciones seguían vigentes en la maraña de circulares y cómo debían interpretarse. Y de paso, esa situación había dado lugar a que, de manera un tanto maquiavélica, dichos empleados adquirieran poderes adicionales, de facto, por ser los únicos que conocían el status en que se encontraba la materia.[1] Además, habría que agregar que el incidente narrado correspondía únicamente al régimen de encaje aplicable a las financieras pero que un panorama parecido se repetía para los esquemas relativos a las operaciones hipotecarias, de depósito, de ahorro y de otros renglones especiales como los aplicables a la captación denominada en divisas o a las operaciones con metales. Así que de manera tácita, como consecuencia principalmente de los encajes marginales que se habían puesto en vigor de manera sucesiva, el esquema había llegado a un panorama parecido al que el escritor Franz Kafka relató en su inquietante novela El Proceso. En un momento dado, el proceso legal que relata rebasa y abruma hasta a los involucrados más interesados, incluyendo al juez de la causa.
El exsubdirector general Mancera evoca con toda nitidez desde el presente la importancia que concedió al programa para la simplificación del encaje legal que se puso en ejecución por su iniciativa y bajo su supervisión personal. También evoca con toda precisión los beneficios que se derivarían de la implementación de ese proyecto, aunque a más de cuatro décadas de distancia no lograba recordar los procedimientos específicos que se siguieron para realizar esa tarea con la salvedad del dato de que el economista Luis Sánchez Lugo fue de gran ayuda para la implementación del programa. Felizmente, en el discurso que pronunció Mancera en agosto de 1976 ante el Centro Bancario de Monterrey se tocó el tema con cierta minuciosidad. Por su parte, en un comentario reciente que el licenciado Mancera escribió para ese discurso se apunta que “la regulación cualitativa del crédito había llegado en México, al principio de la década [de los setenta], a extremos que conducían a muchas dificultades tanto para las instituciones de crédito como para las autoridades. En algún caso, la verificación por parte del Banco de México del cumplimiento de las disposiciones respectivas llevaba dos años de retraso”. En razón del descrito panorama de complejidad, el director general, Ernesto Fernández Hurtado se permitió en algún momento comentar: “Así, qué clase de control monetario podemos tener”. De lo anterior se derivó que, obviamente con la anuencia de su superior, se pusiera en ejecución “a través de varios años, un complejo trabajo para simplificar y consolidar las disposiciones relativas”. En cuanto a las desventajas y costos a que daba lugar la complejidad a que había llegado el régimen del encaje legal, en opinión del promotor del programa para su simplificación:
“Tal situación complicaba el manejo de las tesorerías de las instituciones, tarea de por sí pesada, y dificultaba a las autoridades sus labores de vigilancia. Pero lo más grave era que se generaban compartimentos estancos dentro de los activos de cada institución, lo cual determinaba la aparición, repetida y simultánea, de sobrantes de recursos líquidos y de escasez de crédito. El ejemplo más conspicuo de este paradójico fenómeno es el que se dio en las sociedades financieras con pasivos derivados tanto de bonos como de pagarés. Estas sociedades solían mantener recursos líquidos porque no encontraban suficientes ‘créditos de cobertura’ en tanto que no podían satisfacer la demanda de otros tipos de financiamiento”.
En ese importante discurso de agosto de 1976, el subdirector general Mancera no únicamente habló de los esfuerzos que se desplegaron para llegar a la simplificación del encaje legal sino también de la estrategia que debía seguirse en el Banco de México para administrar al llamado régimen del control selectivo del crédito. Respecto de esta última relevante materia, el expositor explicó que “la indispensable orientación de recursos financieros hacia actividades de alta prioridad económica y social” había llevado al Banco de México a la determinación “de ‘cajones’ de inversión obligatoria para las instituciones de crédito”. Sin embargo, en opinión de ese funcionario, en la aplicación de dicha técnica era indispensable para el Banco de México “no ir demasiado lejos, sino mantenerse en un justo medio”. En el extremo, “sería una gran insensatez establecer ‘cajones’ para todos y cada uno de los posibles destinos del financiamiento de las instituciones de crédito”. La aplicación de semejante fórmula extrema “entorpecería gravemente los flujos financieros” al sustituir “la asignación razonablemente eficiente de recursos que resulta de la interacción de las fuerzas del mercado, por una distribución del crédito centralmente planificada”. En opinión de ese comentarista, esa forma de asignación del crédito no era posible efectuarla “con siquiera un mínimo aceptable de racionalidad”, por lo menos hasta los tiempos que corrían. Así, explicó el economista Mancera, el criterio general que se había seguido para el “proceso de establecer los nuevos regímenes de inversión de los pasivos de las instituciones de crédito” se había derivado de un cuidadoso balance por parte del Banco de México para “sopesar cuidadosamente las ventajas y desventajas de diversos grados de canalización selectiva del crédito”.
Y aunque en ese discurso el ponente Mancera no se haya referido propiamente al método que se siguió para llegar a la simplificación del encaje legal, el lineamiento guía quedó claramente expresado de manera indirecta. Ello, al explicarse que a principios de la década de los setenta los pasivos de las instituciones de crédito, pero en particular “de la banca financiera e hipotecaria”, se encontraban “sujetos con base en una gran variedad de fundamentaciones legales, a un gran número de regímenes de inversión”. Y para complicar aún más el panorama, “las disposiciones respectivas se hallaban dispersas en un elevado número de circulares emitidas por el Banco de México y por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros”. Así, en esas líneas quedó entonces esbozado el método que se siguió para llegar a la simplificación del encaje legal. Ese método había consistido en la consolidación o compactación del “gran número de regímenes de inversión”, de las “disposiciones respectivas que se hallaban dispersas en un elevado número de circulares” a la vez también, probablemente, de procurar que una sola institución –el Banco de México– contara con todas las facultades para emitir las circulares correspondientes.
El lenguaje puede ser también útil como clave para entender la forma en que se procedió. De manera que en las circulares que el Banco de México fue enviando para llegar a esa racionalización del encaje legal se habla de “compilación de disposiciones”, de “unificación de regímenes de depósito obligatorio”, de “actualización de disposiciones relativas” y de “simplificación de regímenes de inversión obligatoria”. Los términos “unificación”, “actualización”, y “simplificación” se explican por sí mismos pero ése no es necesariamente también el caso para el vocablo “compilación”. Según la Real Academia, el término compilación significa “obra en la que se recogen varios libros o documentos o partes de ellos”. Así que mediante acciones de compilación, unificación, actualización y simplificación fue como la Subdirección General a cargo del economista Mancera llegó a la finalidad última “de racionalizar y hacer manejable el sistema del encaje legal”.[2]
Según la autorizada opinión del abogado Roberto del Cueto, la aspiración final a la que siempre se deseó llegar mediante ese proceso de simplificación era el de la circular única. Es decir, que hubiese una sola circular para la totalidad de los regímenes de inversión de pasivos y que los cambios que se requiriese aplicar se instrumentaran por conducto de hojas sustituibles para las disposiciones correspondientes.[3] Desde el punto de vista metodológico, la simplificación del encaje legal implicó tomar en consideración a tres variables fundamentales. Primera, la determinación de una fecha parteaguas, o sea el antes y después para desde ahí llevar a cabo la compilación requerida. Segunda, la definición de los renglones de inversión a incluirse en cada una de las circulares simplificadoras que se expidieron. Tercera, la precisión de las participaciones porcentuales de esos renglones de inversión dentro del total de la captación computable. La determinación de las fechas parteaguas resultó para todos los esquemas de inversión que se lograron simplificar una tarea de carácter discrecional a cargo de las autoridades competentes. Lo único que puede decirse a priori sobre esas fechas clave es que su elección debería facilitar, hasta donde fuese posible, la compilación de las circulares que se habían expedido previamente. Y de seguro que fue en razón del carácter discrecional que necesariamente tuvo la determinación de esas fechas clave, que las mismas resultaron muy diferentes entre sí de un esquema simplificado a los otros. En cuanto a los renglones de inversión obligatoria, éstos se determinaban principalmente por consideración de las más altas autoridades. A manera de ejemplo, la decisión en cierto momento de impulsar el crédito a la vivienda de interés social, a los productores agrícolas de bajos ingresos o a la industria mediana y pequeña. Todo ello, dentro de la clasificación básica contenida en el artículo 94 bis de la Ley Bancaria entre depósitos en el Banco de México, inversiones obligatorias y “cajón libre”. Por último, también de acuerdo con los rangos generales marcados en el artículo mencionado de la Ley, en la fijación de los porcentajes de participación para cada uno de los renglones de inversión obligatoria dentro del total de la captación las autoridades contaban con mucha discrecionalidad. Así, esos coeficientes se definían con base en el buen juicio de los funcionarios, su experiencia en la materia y posiblemente alguna indicación que se llegara a recibir de la superioridad.
En entrevistas celebradas recientemente, el entonces subdirector general Mancera sugirió como procedimiento para explicar la simplificación del encaje que se llevó a cabo bajo su liderazgo la búsqueda retrospectiva de las circulares que por virtud de ese programa fueron resultando a la postre ya fuera compiladas, unificadas, actualizadas o consolidadas. Por desgracia, resultó imposible llevar a cabo ese ejercicio de rastreo y comparación de circulares anteriores y posteriores a causa de información insuficiente. En la recopilación de circulares relativas al encaje legal que muy amablemente se realizó de manera interna en el Banco de México por solicitud del propio licenciado Mancera no fue posible encontrar una sola de ellas correspondientes a la década de los años sesenta; es decir, para el periodo de 1960 a 1970. De manera que, en razón de esa laguna informativa, no se pudo hacer la consulta y la comparación de las circulares previas que fueron quedando derogadas por virtud del esfuerzo de consolidación que se emprendió. En contrapartida, la búsqueda archivonómica que se puso en ejecución sí aportó las circulares derogatorias que se fueron expidiendo para fines de consolidación durante los años de 1972 a 1975 en que aparentemente se concluyó con el aludido programa de simplificación. Como ya se mencionó, éste no únicamente se refirió a las regulaciones de inversión para los pasivos de las financieras y de las hipotecarias, además de que, según todas las evidencias, los trabajos del programa se iniciaron temprano, después de que el economista Mancera fuera ascendido a la jerarquía de subdirector. Para sustentar esta última afirmación se encontró el dato de que la Circular mediante la cual se compiló y unificó el régimen de encaje correspondiente a las operaciones en divisas, metales preciosos, “pagos al amparo de convenios, financiamiento del extranjero y comercio exterior” se expidió con fecha 25 de julio de 1972 debidamente firmada por el subdirector general Mancera y por otra rúbrica adicional de imposible identificación.
El primer punto a destacar, es el gran número de circulares previas a las que sustituiría y complementaria la que se expidió con el folio 1740/72 y que se elevó a la friolera de 30 de ellas sin que en el texto se especificaran los años en que se habían emitido cada una de las mismas. En segundo lugar, cabe hacer referencia a las finalidades que se adujeron para la expedición de esa nueva circular y que respondieron al “objeto de actualizar y también complementar las disposiciones del Banco de México en las materias mencionadas” y con el propósito adicional “de facilitar la consulta de esas disposiciones…”. Por su parte, la complejidad que era propia de la materia regulatoria a cargo del Instituto Central queda ilustrada con lo que se agregó a continuación en el texto de esa circular en el sentido de que se había “considerado conveniente” que en la compilación en cuestión se incluyeran también “transcripciones de diversas circulares” que serían sustituidas por la correspondiente “pero que por contener referencias particularmente importantes para ésta, resulta[ba] de interés práctico incluirlas”. Y en sentido parecido, también se especificó en esa comunicación que era “necesario hacer notar” que habían quedado excluidas de la nueva circular “transcripciones de [otras] circulares que aun teniendo relación con la materia tratada no se refieren de manera fundamental a ella; sino más bien a aspectos tales como depósito legal o regulación de tasas de interés”. Hacia futuro, “a fin de mantener al corriente la compilación adjunta”, las autoridades del Banco de México ofrecieron que se remitirían a las instituciones reguladas, “con toda oportunidad y conforme se vayan tomando nuevas resoluciones que de alguna manera afecten su contenido, la documentación e instrucciones necesarias para que agreguen, sustituyan o cancelen las hojas correspondientes”.[4]
El subdirector general Mancera y su colaborador Sánchez Lugo debieron haber tenido muy clara en la mente la idea desde que se inició el programa de simplificación del encaje, de llegar a un marco regulatorio base para cada una de las líneas de regulación atendidas. Es decir, un marco regulatorio base para las financieras, hipotecarias, operaciones de depósito, de ahorro y transacciones con divisas y metales que se concretaría, en cada caso, en una sola circular fundamental. A partir de esa circular básica, las modificaciones regulatorias que se fueran requiriendo se irían incorporando sobre la marcha en ese ordenamiento mediante el método de las hojas sustituibles o, en su caso, mediante la adición de disposiciones complementarias. Tan habían tenido dichos funcionarios clara en la mente esa fórmula, que con toda oportunidad la misma fue aplicada en la compilación con unificación que se emitió con fecha 25 de julio de 1972 para las operaciones con divisas, metales y transacciones relativas al comercio internacional y la contratación de financiamientos del extranjero por parte de los intermediarios financieros. En resumen, la Circular 1740/72 de la fecha indicada quedó organizada en los siguientes cuatro capítulos: “Compraventa de divisas y metales, operaciones análogas y situación de fondos en moneda extranjera”, “Pagos al amparo de convenios de crédito recíproco entre el Banco de México y otros bancos centrales”, “Financiamientos en moneda extranjera y financiamientos del exterior” y “Comercio exterior”.
Así, desde el punto de vista de la permanencia temporal o cronológica de sus disposiciones la Circular aludida puede clasificarse para fines de su comprensión y de sus modificaciones en tres categorías. Primera, para las regulaciones que se mantuvieron en vigor en su redacción original de junio de 1972, por lo menos al año de 1982 que es hasta donde abarcó la recopilación archivonómica aportada por el Banco de México. Segunda, para las regulaciones de esa Circular que se modificaron en el periodo entre su expedición y la conclusión del sexenio en diciembre de 1976. Por último, la tercera etapa relativa a las que fueron cambiadas durante el lapso de 1976 hasta 1982, cuando don Miguel Mancera fue ascendido de la Subdirección General al cargo de mayor jerarquía en la institución. Así, en la categoría segunda y tercera deben también incluirse las regulaciones de nueva creación que en su transcurso fueron adicionadas al cuerpo de la mencionada Circular. De manera que el recuento de las disposiciones de la Circular que se mantuvieron sin modificación en su redacción original resultó como sigue: “Reglas para operar con oro” para los bancos y las financieras, “Reglas para operar con plata” también para esos mismos intermediarios; “Tarifas para la emisión de órdenes de pago y de cartas de crédito por el Banco de México” por cuenta de instituciones de crédito del país; “Servicios de compensación por zona y nacional para documentos en dólares de los E.U.A.”; “Financiamiento de exportaciones con cargo al depósito obligatorio de los bancos”; “Financiamiento de exportaciones con cargo al depósito obligatorio de las financieras”; “Reglas para el financiamiento de exportaciones de productos manufacturados a plazo superior de 180 días pero inferior a tres años” y “Operaciones fiduciarias en moneda extranjera”.
Por su parte, entre las modificaciones que se incorporaron al cuerpo regulatorio de la Circular 1740/72 hasta el año 1982 destacan las siguientes: la autorización para que los bancos de depósito y las sociedades financieras de México pudieran realizar operaciones bancarias internacionales al amparo “de los convenios de créditos recíprocos entre el Banco de México y los bancos centrales de los países de la ALALC” (septiembre de 1973). Más adelante, en julio de 1978 se refrendó ese convenio con los países de la ALALC además de que se incluyeron en el mismo a “los bancos centrales miembros de la cámara de compensación de Centroamérica” al igual que al banco central de la República Dominicana. Y también en 1978 se publicó la “Nómina de los bancos de América Latina autorizados para operaciones internacionales” con instituciones de crédito de México. El año anterior, en enero se emitieron las “Reglas de operación para la emisión de aceptaciones bancarias latinoamericanas para su colocación en Nueva York” a la vez que se suscribió el “Convenio de pagos México - Irán”. Previamente, una vez creada la banca múltiple en noviembre de 1976, se expidieron las “Reglas para operar con divisas para las instituciones que [tuvieran] departamentos de depósito, ahorro y financiero”. Finalmente, entre las disposiciones modificatorias de la Circular que se expidieron después de 1978 cabe recordar la especificación de una larga lista de “productos susceptibles de apoyo financiero con cargo al depósito legal con recursos del FOMEX” (agosto de 1979), y preocupado el gobierno por brindar mayores apoyos a las exportaciones, a finales de 1980 se aprobó una modificación a fondo del convenio de dicho fideicomiso de fomento. En cuanto a los bancos múltiples, en mayo de 1980 se expidió la lista de aquéllos que habían quedado facultados para “pagar cartas de crédito, créditos documentarios, letras avaladas por instituciones autorizadas además de órdenes de pago, giros nominativos y pagarés derivados de operaciones comerciales”. En parecido sentido, en febrero de 1981 se emitió la autorización para el “Redescuento por el Banco de México del papel derivado del financiamiento a ventas al exterior no tradicionales de productos primarios y/o existencias de los mismos”.
Aunque, de hecho, el programa de simplificación del encaje incluyó a todas las especialidades financieras sujetas al control selectivo del crédito, en su discurso de Monterrey de agosto de 1976 el subdirector general Mancera destacó en particular la simplificación que se había aplicado a los casos de las sociedades hipotecarias y de las financieras. Al parecer, la ya explicada simplificación que se aplicó a la regulación de las operaciones con divisas, metales, comercio internacional, etc., hizo las veces de prueba piloto para la definición del método a seguirse en ese empeño de regulación. Uno de los lineamientos básicos fue el de consolidar o unificar muchos ordenamientos incluidos en circulares que se habían emitido previamente en pocos ordenamientos y de ser posible en una sola circular. El otro lineamiento fue el de tratar de pasar muchos regímenes de inversión aplicables al pasivo de intermediarios a pocos regímenes y de ser posible a dos o hasta uno solo. Y para cerrar el círculo, el tercer lineamiento a seguir fue el de llegar a una única circular en la cual pudieran irse acomodando mediante hojas sustituibles las modificaciones o las adiciones que se fueran discurriendo sobre el camino. A ese respecto, señaló Mancera en su mencionado discurso: “En febrero de 1974, terminaron estos problemas para la hipotecarias. Ello se logró mediante la consolidación por parte del Banco Central, de los numerosos regímenes de inversión a que estaban sujetos los pasivos de esas instituciones. Respecto de las financieras, los problemas aludidos se resolvieron de manera semejante en agosto de 1974”.[5]
Por desgracia, en el archivo histórico sobre circulares relativas al encaje legal que se recopiló en el Banco de México no apareció la correspondiente a la simplificación del régimen aplicable a las hipotecarias. A diferencia, sí se encontró en esa recopilación la circular en que se dio a conocer dicha simplificación para las sociedades financieras. En el texto de esta última circular se mencionaron los fundamentos legales en que se había apoyado la expedición de los cambios regulatorios correspondientes y que habían sido “ciertas facultades del Banco de México en materia de regulación cuantitativa y cualitativa del crédito” incorporadas en las reformas a la ley bancaria promulgadas a principios del mes de enero de 1974 y también en los puntos de vista que habían aportado “representantes de la Asociación de Banqueros de México a.c.” consultados sobre la materia. Así, por conducto de la mencionada circular 1782/74 había sido posible que se consolidaran “los regímenes de depósito obligatorio y de canalización de crédito” a cumplir por esos intermediarios y “que venían siendo aplicables a distintos tipos de pasivos”. La intención de llegar a una simplificación se confirma en el texto de esa circular al señalarse que dicha “unificación de regímenes de depósito obligatorio y de canalización de crédito” se había acordado en congruencia con “la costumbre” que se había seguido durante los años recientes en cuanto a “compilar y, en su caso, actualizar, disposiciones anteriores del Instituto Central”. Todo ello, con el “objeto de facilitar su observancia”. Es altamente probable que la circular mencionada no hubiera podido emitirse sin las reformas legales mencionadas líneas atrás. También era altamente probable que las autoridades del Banco de México hayan ejercido su influencia ante los ponentes de esas reformas para que se concedieran al banco central las facultades a que se hace mención. ¿Pero cuáles fueron esas facultades y en qué residió su importancia?[6]
En los pasajes correspondientes de la Exposición de Motivos se establece que se había juzgado necesario que la Ley Bancaria contuviera “una regulación más adecuada” tanto para el control cuantitativo como cualitativo del crédito. Así, con nuevas atribuciones el Banco de México tendría un apoyo legal más claro “para el cumplimento de sus funciones de regulación monetaria y crediticia” y ello ofrecería la posibilidad “de un régimen más simplificado de depósito obligatorio” a la vez de que se propiciarían “mejores bases para la inspección y vigilancia por parte de las autoridades del cumplimiento de las normas relativas”. Esa nueva normativa se incorporó en el capítulo 94 bis que se adicionó a la mencionada Ley. En cuanto al fortalecimiento de la regulación monetaria, la clave se ubicó en dos facultades que se ofrecieron en ese ordenamiento al banco central. La primera, en lo relativo a la capacidad para determinar la inversión obligatoria en el Banco de México en un rango que iba desde el mínimo considerado en la ley para ese concepto de 15 por ciento sobre el total de los pasivos computables hasta un máximo de 50 por ciento. Adicionalmente, en la forma de encaje marginal ese porcentaje se podría elevar hasta el 100 por ciento “pero únicamente sobre el pasivo que exceda al monto de que exista en las instituciones en la fecha en que se adopte esta medida”. En lo correspondiente al control selectivo del crédito, una gran fortaleza devino de la capacidad que se otorgó al Banco de México para variar en un rango entre 35 y 50 por ciento del pasivo computable los renglones de inversión obligatoria que pudiera determinar a su juicio. Por su parte, la inversión libre tan solo sujeta a la Ley Bancaria, no podría ser menor que el 25 por ciento. Además de que en esa disposición residiría la clave para el control selectivo del crédito propiamente dicho, dentro de ella quedó también abierta la posibilidad para el financiamiento no inflacionario del déficit fiscal. Asimismo, otra facultad determinante para el Banco de México fue que las disposiciones en relación a la inversión obligatoria de los pasivos de los intermediarios podrían “referirse a uno o varios tipos de instituciones, a ciertas clases de pasivos o a determinadas zonas o localidades”.[7] De acuerdo con lo anterior, como ya se visto, la Circular 1782/74 se expidió exclusivamente para su observancia por parte de las sociedades financieras.
La finalidad principal de la Circular 1782/74 fue, textualmente, la “unificación de regímenes de depósito obligatorio [para fines de regulación monetaria] y de canalización de crédito” (regulación crediticia) así como “la actualización de disposiciones relativas”. Con la anterior quedaron derogadas “las distintas disposiciones contenidas en nuestras circulares 1477/63 y su Carta Circular Complementaria de 7 de diciembre de 1968” además de otras ocho circulares adicionales, todas de los años precedentes a la década de los setenta. Por su parte, resulta interesante recordar a más de cuatro decenios de distancia la forma en que se encontraba definido el pasivo con respecto al cual las sociedades financieras estaban obligadas a cumplir con el régimen de inversión determinado, dentro de la ley, por el Banco de México. Este pasivo, cabe anticiparlo, únicamente podía ser el pasivo computable y el pasivo contingente. Se hace esta última precisión, en razón de la facultad que se había concedido al Banco de México mediante las reformas bancarias que se promulgaron a principios de 1974 en cuanto a poder incluir dentro de la captación sujeta al régimen de inversión obligatoria precisamente al pasivo contingente (Art. 94 bis, fracción VI). Así, según la Circular 1782/74, el pasivo contingente de las financieras se integraba con los siguientes conceptos: Responsabilidades por endoso, Responsabilidades por aval, Créditos comerciales irrevocables concedidos y Obligaciones garantizadas. En cuanto al pasivo computable, éste se dividía en pasivo invertible (con 25 conceptos de inversión específica), pasivo no invertible (con seis renglones) y el pasivo exceptuado (con 17 renglones acreedores).
Sin embargo, sin duda lo más relevante en la mencionada circular es la forma en que se llegó por su conducto a la “unificación del depósito obligatorio y de la canalización del crédito…”. Para tales fines, las autoridades del Banco de México acordaron la determinación de cuatro regímenes de inversión: dos para los pasivos denominados en moneda nacional y dos para aquéllos denominados en moneda extranjera. Esto último, de acuerdo con la autorización legal concedida al Banco de México para incluir esos pasivos dentro del régimen de inversión obligatoria (Art. 94 bis, fracción VII). En cuanto al segundo criterio que resultó el cronológico, los regímenes aplicables a los pasivos en moneda nacional se separarían en antes y después de la fecha parteaguas del 31 de diciembre de 1974 y los correspondientes a los pasivos en moneda extranjera en antes y después del 5 de marzo de 1959. El pormenor de los dos primeros regímenes mencionados se incluye en el Cuadro 8 a continuación y los dos segundos en el Cuadro 9. Y el punto a destacar de los datos contenidos en ese segundo cuadro es la forma en que debe haber influido el fenómeno de la inflación que se vivía y de la creciente sobrevaluación de la moneda nacional para el crecimiento de los pasivos en moneda extranjera de los intermediarios. De esos dos fenómenos, el régimen tan drástico de encaje legal que se le impuso a la captación en dólares por parte de las financieras y también de los demás intermediarios, tal como se muestra en el segundo renglón de dicho cuadro. De esa captación, el 25 por ciento debería invertirse en depósitos sin interés en el Banco de México y el restante 75 por ciento también en depósitos en el Banco de México aunque con interés.
| Concepto | Antes del 31 de diciembre de 1974 | Después del 31 de diciembre de 1974 |
| Depósitos en efectivo con interés en el Banco de México, Valores del Estado o Certificados de participación en fideicomisos de promoción | 39% | 40% |
| Créditos destinados al apoyo del desarrollo económico en actividades específicas | 1% | 5% |
| Créditos destinados a actividades económicas determinadas por la SHCP | 35% | 20% |
| Inversión libre de acuerdo con lo autorizado en la Ley Bancaria | 25% | 25% |
| Depósito en el Banco de México para apoyos a la agricultura a través de financiamientos del FIRA | − | 10% |
| Totales | 100% | 100% |
| Fuente: Banco de México, Circular 1782/74 del 30 de julio de 1974, pp. 2-4. | ||
| Concepto | Antes del 5 de marzo de 1959 | Después del 5 de marzo de 1959 |
| Depósitos en bancos del país o del extranjero en dólares de EUA. | 9% | − |
| Depósitos en el Banco de México con interés. | 11% | 75% |
| Créditos a actividades productivas específicas en dólares de EUA. | 5% | − |
| Financiamiento libre de acuerdo con la ley Bancaria en dólares de EUA. | 75% | − |
| Depósitos en el Banco de México sin interés. | − | 25% |
| Totales | 100% | 100% |
| Fuente: Banco de México, Circular 1782/74 del 30 de julio de 1974, pp. 15-17. | ||
Cuando ya se encontraba aprobada legalmente la figura de la banca múltiple, llegó el momento para la compilación de las disposiciones y la simplificación de los regímenes de inversión obligatoria para los departamentos de depósito y ahorro de los bancos. Las circulares correspondientes fueron emitidas con fecha 25 de agosto de 1975, o sea, a aproximadamente un año de que se concretara dicho proyecto para el caso de las sociedades financieras. De esa brecha temporal puede deducirse que a la Subdirección General del Banco de México encargada de la relación con los intermediarios financieros le debe haber implicado un esfuerzo bastante importante llevar a buen fin esos proyectos de compilación y simplificación. La circular correspondiente relativa a los departamentos de depósito tuvo en realidad propósitos múltiples. Este hecho queda a la vista con tan sólo leer el recuadro superior de la portada de la Circular reservado tradicionalmente para los asuntos a tratar. En dicho recuadro para la Circular 1797/75, además de las finalidades de “Compilación de disposiciones” y “simplificación de regímenes de inversión” se habla también de “sustitución del cómputo semanal de los regímenes citados por cómputo mensual”, de las reglas para la “liquidación de posiciones en cámara de compensación”, del “tratamiento de ciertas operaciones pasivas a plazo” y de la “regulación de las operaciones interbancarias”. En general, todas esas modificaciones regulatorias se habían acordado “dentro de la política adoptada por este Banco Central en el sentido de simplificar y actualizar sus disposiciones a la banca del país”.
Concentremos la atención en las partes de esa circular relativas a la compilación y actualización de “disposiciones en vigor expedidas por este Instituto Central a los departamentos de depósito”. De ese esfuerzo de compilación derivaron exactamente ocho regímenes de inversión obligatoria. Este número de regímenes, que a primera vista podría parecer muy elevado, se derivó de que para el ejercicio de compilación realizado fue indispensable tomar en cuenta tres criterios de clasificación: por áreas geográficas de operación, por moneda en que estaban denominados los pasivos y por los periodos cronológicos de la captación. En cuanto al criterio zonal, de acuerdo con una vieja usanza en la materia regulatoria del Banco de México se determinaron regímenes diferenciados ya fuese que la captación correspondiese a la zona metropolitana de la Ciudad de México o la provincia. Por su parte, acorde con la moneda de denominación se expidieron regímenes distintos tanto para la captación en moneda nacional como en dólares de los EUA. Finalmente, desde el punto de vista cronológico se eligieron periodos de captación distintos según esos pasivos estuvieran denominados en pesos o en dólares. Para la captación en moneda nacional la fecha de división fue el 27 de septiembre de 1974. Por su parte, para los pasivos denominados en moneda extranjera se eligió como fecha parteaguas el 9 de enero de 1955. Las razones para la determinación de esas fechas no se especificaron en la circular. En el caso de los pasivos en dólares la clasificación resultó más amplia y específica y quedó finalmente como sigue: para el pasivo captado en todo el país excepto en las plazas de la frontera norte antes y después del 9 de enero de 1955, para el pasivo captado en las plazas de la frontera norte y para el pasivo proveniente de residentes en el extranjero; total, cuatro regímenes diferentes.
Podría plantearse el cuestionamiento: ¿se logró realmente en agosto de 1975 llegar a una simplificación en los esquemas de inversión obligatoria relativos a los pasivos de los departamentos de depósito de los bancos? La respuesta es que sí se llegó a esa simplificación. Ello, en la medida en que el esfuerzo terminó en un solo régimen de inversión para cada uno de los renglones de pasivo que tenían esos departamentos de los bancos. La enumeración de esos renglones de pasivo es como sigue:
Dos fueron los procedimientos que se siguieron para llegar a la descrita simplificación de los regímenes de inversión obligatoria de los departamentos de depósito. El primero correspondió a la compilación de disposiciones que se habían emitido en el pasado. Para llegar a esa compilación resultaron fundamentales las dos fechas parteaguas clave de 27 de septiembre de 1974 para la captación denominada en moneda nacional y 5 de enero de 1955 para los pasivos en moneda extranjera. Para ambas formas de pasivo el resultado del esfuerzo de compilación se concretó, de manera deliberada, en una unificación de los regímenes. Para los esquemas a aplicarse a partir de las dos fechas clave mencionadas se procedió en forma directa a producir un único régimen en relación a cada renglón de captación.
Para fines de brevedad y también de ilustración, a continuación se presentan los esquemas de inversión obligatoria que deberían de regir a partir de la primera de las fechas clave referidas –27 de septiembre de 1974– que se menciona en los párrafos precedentes. Así, para los pasivos en la zona metropolitana de la Ciudad de México el esquema quedó como sigue: Efectivo en caja, 5 por ciento; Depósitos de efectivo con interés en el Banco de México y/o Certificados de participación en fideicomisos de promoción del Gobierno Federal, 72 por ciento. De esa última participación, 4 por ciento debería canalizarse al FIRA para créditos a la agricultura y 2 por ciento al FOGAIN para apoyos a la industria pequeña y mediana. Para créditos de habilitación o avío y/o créditos refaccionarios a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos, 3 por ciento. Para inversión “en valores o créditos de cualquier clase, destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio y servicios, así como otros activos sin más limitaciones que las establecidas por la Ley Bancaria –o sea, la llamada cartera libre–, 20 por ciento. Total: 100 por ciento. Por su parte, la reglamentación paralela para los pasivos también en moneda nacional aplicable a los departamentos de ahorro en el interior del país se definió en la forma siguiente: Efectivo en caja, 6 por ciento. Depósitos de efectivo con interés en el Banco de México y/o Certificados de participación en fideicomisos de fomento del Gobierno Federal, 48 por ciento. De este último renglón debería canalizarse al mecanismo FOGAIN el 2 por ciento. A continuación, para créditos de habilitación o avío y/o refaccionarios a agricultores y campesinos de bajos ingresos, 2 por ciento. Créditos de cualquier clase para la agricultura, avicultura, apicultura, pesca, ganadería e industrias conexas, 25 por ciento. Cartera libre, 19 por ciento. Total, 100 por ciento.
Por su parte, para los pasivos anteriores al 27 de septiembre de 1974 en la zona metropolitana de la Ciudad de México el esquema de inversión se definió como sigue empezando por el depósito tradicional que se determinaba para fines de liquidez y de control monetario de “Efectivo en caja”, 5 por ciento. A continuación, también por motivos de regulación monetaria aunque acompañados, asimismo, de la intención de apoyar a la agricultura y a la industria mediana y pequeña “Depósitos con interés en el Banco y Certificados” del FIRA o del FOGAIN por 44 por ciento, de lo cual 4 por ciento se canalizaría a créditos a través del FIRA y 2 por ciento a través del FOGAIN. Al segundo renglón, “Créditos de cualquier clase para empresas medianas y pequeñas”, se le asignó 5 por ciento; a Créditos o valores en apoyo de actividades de fomento determinadas por la SHCP, 25 por ciento y cartera libre “sin más limitaciones que las especificadas en la Ley Bancaria”, 25 por ciento. Total, 100 por ciento. Y el régimen gemelo para los departamentos de ahorro en el interior del país (para la captación anterior a la fecha parteaguas) se integró con algunas partidas de inversión semejantes y otras diferentes a las arriba mencionadas. En el primero de esos casos se encontraron los renglones de “Efectivo en caja”, 6 por ciento; “Depósitos con interés en el Banco de México y/o Certificados” de FOGAIN por 22.5 por ciento del total, de lo cual se canalizaría a tal fideicomiso al menos el 2 por ciento. Y en dicha categoría quedaron también los conceptos de Créditos a ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, 2 por ciento; créditos de cualquier clase para la agricultura, avicultura, pesca, ganadería e industrias conexas, 25 por ciento; créditos en apoyo de actividades de fomento determinadas por la SHCP y cartera libre dentro de la Ley Bancaria, 25 por ciento. Por último, el caso singular se dio con la partida de Créditos para la industria mediana y pequeña “en el interior del país”, con una participación del 3 por ciento. Total, 100 por ciento.
Quizá resulte también de interés para los lectores saber que en un afán de dar flexibilidad al sistema de inversión obligatoria, el Banco de México ofrecía a los intermediarios obligados la posibilidad de inversiones alternativas para el caso en que se generaran sobrantes en alguno, en algunos o en todos los renglones de inversión predeterminados. Así, para el renglón de efectivo en caja se ofrecía la opción del depósito sin intereses en el Banco de México, mientras que en sus dos variantes posibles los depósitos con interés en el Instituto Central podían ofrecer réditos de 3 ó 5 por ciento anual. En el siguiente concepto, a los créditos de habilitación o avío o refaccionarios para ejidatarios o campesinos de bajos ingresos se les ofrecía la inversión alternativa en apoyos a las actividades de fomento señaladas por la SHCP en tanto que a este siguiente renglón se le ofrecían tres destinos alternativos aparte de los depósitos en el Banco de México con o sin interés: créditos a ejidatarios o campesinos de bajos ingresos, apoyos a las industrias medianas y pequeñas o al sector agropecuario e industrias conexas. Y para este último sector, aparte de los depósitos en el Banco de México sus alternativas de inversión eran los créditos a ejidatarios y campesinos de bajos ingresos, a las industrias medianas o pequeñas o a los valores o créditos a actividades de fomento predeterminadas. Por último, únicamente a la cartera libre se le ofrecían las nueve opciones de inversión ya enunciadas empezando por los depósitos en efectivo en caja o en el Banco de México con o sin interés, los financiamientos a ejidatarios y campesinos de bajos ingresos hasta los créditos a las actividades de fomento aprobadas por la SHCP.
De manera paralela, a la captación por concepto en moneda extranjera (dólares) se le daba en el encaje legal un tratamiento ad-hoc con dicho fenómeno de intermediación, de naturaleza muy singular. Para los pasivos de los bancos en moneda extranjera con la salvedad de los captados en las plazas de la frontera norte y de los provenientes de residentes en el exterior a partir del 2 de septiembre de 1975 se determinaron dos regímenes de inversión separados por la fecha parteaguas del 5 de enero de 1955. Así, para los pasivos correspondientes que se habían recibido previamente a esa fecha clave se acordó un régimen de inversión con tres cajones: Depósitos en el Banco de México en dólares sin intereses, 20 por ciento; Valores en dólares manejados en el Banco de México en la forma de cuenta corriente, 5 por ciento; y Valores o créditos de cualquier clase aunque siempre denominados en dólares sin más limitaciones que las contenidas en la Ley Bancaria, 75 por ciento. En contraste, el Banco de México se puso más exigente respecto de los requisitos de inversión obligatoria para los pasivos posteriores a la señalada fecha clave. Así, del total correspondiente de pasivos captados en moneda extranjera, 25 por ciento se depositaría en dólares en el Banco de México sin concepto de intereses y 55 por ciento en Valores en dólares manejados mediante cuenta corriente en el Banco de México. Y el 20 por ciento restante debería canalizarse al financiamiento de exportaciones de productos manufacturados y/o producción o existencias de bienes manufacturados que se destinen para su venta en el exterior. Por su parte, para el pasivo captado en las plazas de la frontera norte se determinó un solo régimen aplicable a la captación posterior al 5 de enero de 1955: Depósitos en dólares en el Banco de México sin rédito, 40 por ciento; Valores o créditos en dólares para el financiamiento de exportaciones de productos o para la industria, hoteles y restaurantes en las plazas de la frontera o ganadería y agricultura en los estados fronterizos, 60 por ciento. Por último, el régimen de inversión para los pasivos de residentes en el extranjero en la forma de depósitos a plazo a partir de septiembre de 1975 se fijó en un solo renglón: Valores o créditos en dólares a manejarse mediante cuenta corriente en el Banco de México.
Finalmente, la última etapa del proyecto para la simplificación del encaje legal se refirió a los departamentos de ahorro de los bancos. La normatividad correspondiente se incluyó en la Circular 1798/75 del 25 de agosto de 1975 y la cual, según se explica en el recuadro superior correspondiente a “Asuntos”, se refirió a cinco temas y los dos primeros –los de mayor importancia– correspondieron a la materia de interés en el presente capítulo: “Compilación de disposiciones” y “simplificación de regímenes de inversión”. Los asuntos restantes fueron “sustitución del cómputo semanal de los regímenes citados por cómputo mensual”, además de la “determinación de la capacidad de pasivo contingente” y de “regulación de operaciones interbancarias”. Según el párrafo introductorio de dicha Circular, las medidas correspondientes se habían acordado “Dentro de la política adoptada por este Banco Central, en el sentido de simplificar y actualizar sus disposiciones a la banca del país, así como de adecuarlas a las necesidades que van surgiendo…”. En lo relativo al mencionado programa de simplificación del encaje, esa Circular estuvo encaminada a dos finalidades. Primera, a “compilar y actualizar disposiciones en vigor, expedidas por este Instituto Central a los departamentos de ahorro”. Segunda, “fusionar ciertos renglones de depósito en el Banco de México, s.a., así como concentrar sus saldos en la Oficina Central del mismo, a fin de reducir su número y facilitar el manejo de los recursos respectivos”. Y para estar en posibilidad de alcanzar sus objetivos, la Circular 1798/75 sustituyó “las disposiciones contenidas en nuestras Circular 1529/65, en lo concerniente a departamentos de ahorro” y en su totalidad a la Circular 1751/73.[8]
El proceso de simplificación relativo a los regímenes de inversión que se tenían para los pasivos de los departamentos de ahorro desembocó en la determinación de tres esquemas: dos para esos pasivos cuando estaban denominados en moneda nacional y uno en moneda extranjera. La primera de las finalidades mencionadas requirió por parte de las autoridades del Banco de México de la definición de una fecha parteaguas, a la usanza de lo que también se había hecho en los casos de simplificación de los regímenes aplicables a las operaciones en divisas, metales y financiamientos internacionales, sociedades financieras, departamentos de depósito y muy posiblemente también para el caso de las hipotecarias. En el caso de los departamentos de ahorro esa fecha parteaguas resultó ser 18 de septiembre de 1973. Y partir de esa fecha se determinaron los dos esquemas ya mencionados para los pasivos de ahorro en moneda nacional. Así, el esquema de inversión obligatoria para los pasivos que se habían captado hasta esa fecha quedó como sigue, presentando los cajones en orden descendente según la magnitud del coeficiente de participación sobre el total. En primer lugar, a la cartera libre que debería invertirse sin más limitaciones que las contenidas en la Ley Bancaria se le fijó un coeficiente de 35 por ciento sobre el total. A continuación, a los “Préstamos para la vivienda de interés social o bonos hipotecarios con garantías especiales también orientados al apoyo de dicha actividad”, 30 por ciento. En tercer lugar, al concepto “Valores señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…” para el impulso de ciertos sectores prioritarios, 12 por ciento. Para el cajón tradicional de reserva de liquidez se le determinaron “Depósitos con interés en el Banco de México” a la tasa de 2.4 por ciento anual pagadera semestralmente con una participación de 6 por ciento y para “Pagarés a plazo no mayor de dos años emitidos por Nacional Financiera, s.a, en su carácter de fiduciaria del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores FONACOT…”, 8 por ciento. Por último, para “Créditos refaccionarios de los que señalaba el inciso f) de la fracción III del artículo 19 de la Ley Bancaria –o sea para “la adquisición de bienes de consumo duradero con plazo no superior a 10 años”–, 5 por ciento. Total: 100 por ciento.[9]
En forma paralela, para los pasivos de ahorro captados por arriba o posteriormente a los que se tenían hasta la fecha parteaguas antes señalada –18 de septiembre de 1973– se le determinó el siguiente régimen de inversión obligatoria. Depósitos con interés en el Banco de México con un rédito de 7.93 anual pagadero semestralmente, 30 por ciento y “Préstamos para la vivienda de interés social o bonos hipotecarios” para igual destino con coberturas especiales, 30 por ciento. A continuación, “Créditos refaccionarios para la adquisición de bienes de consumo duradero con plazo no mayor a 10 años”, 5 por ciento. Por último, cartera libre destinada “al financiamiento de actividades de producción, comercio y servicios, así como otros activos, sin más limitaciones que las que establece la Ley Bancaria…”, 35 por ciento. Total: 100 por ciento. Asimismo, para dos variantes del pasivo contingente en las formas de depósitos en garantía y otorgamiento de endosos y avales, al igual que para el renglón de “pasivos captados en formas no autorizadas”, se determinó un encaje de 100 por ciento en depósitos en el Banco de México sin intereses.
Por su parte, el régimen de inversión para los pasivos de ahorro captados en moneda extranjera (dólares de Estados Unidos) quedó en la forma que se expone a continuación. Antes debe explicarse que esos pasivos podían recibirse en varias formas: como cuentas de ahorro, estampillas de ahorro en circulación, bonos de ahorro expedidos además de cheques de caja, giros por pagar, acreedores por intereses, dividendos decretados, acreedores diversos, acreedores diversos a plazo y responsabilidades por aval a los que se agregaban, asimismo, los saldos acreedores en bancos extranjeros y en bancos de depósito. Así, del saldo total de todas esas cuentas en moneda extranjera 10 por ciento debería invertirse en depósitos en el Banco de México denominados en dólares. A continuación, el 20 por ciento adicional se aplicaría a “valores expresados en dólares… a ser manejados bajo el sistema de cuenta corriente en el Banco de México”. Adicionalmente, a créditos refaccionarios en dólares para la adquisición de bienes de consumo duradero a plazo no mayor de 10 años, 5 por ciento. Finalmente, para el destino de “valores o créditos de cualquier clase denominados en dólares de los EE. UU. A. destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio u servicios, así como otros activos, sin más limitaciones que las que establece la Ley Bancaria”, 65 por ciento.
Como era práctica común para todos los regímenes de inversión obligatoria, los correspondientes a los pasivos por ahorro tenían señalados sus definiciones de inversión alternativa para cada uno de los cajones que se tenían contemplados. Para el caso de los departamentos de ahorro se definieron dos de estos esquemas de inversiones alternativas. Un primero para los pasivos denominados en moneda nacional y un segundo para los pasivos en moneda extranjera. El régimen de inversión alternativa para los pasivos de ahorro en moneda nacional (para los cuales, cabe recordarlo, se definieron dos regímenes de encaje separados por una fecha parteaguas) quedó como sigue. Según ya se ha visto, para los depósitos por liquidez en el Banco de México las alternativas de inversión eran las propias tres variantes correspondientes: depósitos sin interés en el Instituto Central o con interés ya fuese al 3 ó al 5 por ciento sin especificarse en la circular los criterios para hacer la distinción entre ambas opciones. A continuación, en términos del control selectivo del crédito propiamente dicho, a los préstamos para la vivienda de interés social únicamente se les ofrecía como alternativa los depósitos en el Banco de México en cualquiera de las tres opciones ya señaladas o en una adicional en la forma de Valores administrados en cuenta corriente en el Banco Central con interés del 8 por ciento anual. Por su parte, los Créditos refaccionarios para ejidatarios o productores agrícolas de bajos ingresos sólo podían ser sustituidos por depósitos en el Banco de México en las tres primeras variantes mencionadas. A continuación, los Créditos para actividades de fomento podían ser reemplazados por depósitos en el Banco de México con interés del 3 por ciento anual o por créditos refaccionarios a ejidatarios y productores de bajos ingresos. Por último, los créditos en cartera libre tenían como alternativas de inversión todas las opciones ya mencionadas con excepción de la relativa a Valores administrados en cuenta corriente en el Banco de México.[10]
A diferencia, en cuanto a los pasivos de ahorro denominados en moneda extranjera a los depósitos sin interés en el Banco de México no se les ofreció alternativa de inversión en tanto que las inversiones en Valores administrados en cuenta corriente en el Banco de México podían también colocarse en la forma de depósitos con o sin interés en el Banco de México. Por otra parte, los pasivos para invertirse en créditos refaccionarios en dólares para la adquisición de bienes de consumo duradero a plazo no mayor de 10 años podían también colocarse en créditos en dólares “destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio y servicios, así como otros activos, sin más limitaciones” que las establecidas en la Ley Bancaria. Finalmente, a este último renglón al que en términos de los usos y costumbres bancarios también se le llamaba de inversión “libre” se le ofrecieron todos los destinos de inversión disponibles: Depósitos sin interés en el Banco de México en moneda nacional o con interés en moneda extranjera; Valores manejados en cuenta corriente en el Banco de México o Créditos refaccionarios en dólares para la adquisición de bienes de consumo duradero a plazo no mayor de 10 años.[11]
En el proceso para la simplificación del encaje legal, una última etapa se escenificaría durante el sexenio 1976-1982, con el economista Miguel Mancera en el timón de la principal Subdirección General del Banco de México. Esa última etapa se conformaría con el camino para llegar a la meta de una única circular. En el desempeño de ese cargo al igual que en la implementación de sus proyectos de mejora operativa y reforma institucional, el economista Mancera se fue perfilando de manera reiterada como un gran talento dentro de la banca central mexicana. Un talento polifacético marcado por un conjunto, muy bien balanceado en su persona, de cualidades y virtudes. Además de contar con una formación académica estupenda –con estudios profesionales a nivel de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de posgrado en la Universidad de Yale, Estados Unidos– Mancera se distinguió desde sus inicios como un funcionario de ideas muy claras, totalmente comprometido con la institución a la que servía. Comprendía con mucha profundidad los problemas que se enfrentaban y contaba también con una gran destreza para discurrir soluciones viables. Tal vez en razón de que entendía los problemas y los asuntos de la banca central con tan grande profundidad, fue que el subdirector general Mancera también empezó a sobresalir por sus capacidades didácticas: por su facilidad admirable para explicar en términos sencillos y comprensibles hasta los asuntos económicos más complejos, principalmente en las materias de banca y moneda. En su orientación o sesgo hacia la solución de problemas, el banquero central Mancera pronto cayó en la cuenta de que casi en la totalidad de los casos las propuestas de corte económico conllevaban una forma jurídica. Es decir, se expresaban en la forma de una ley, un decreto, un acuerdo o en una Circular del Banco de México. De ahí la conveniencia de recurrir al apoyo de jurisconsultos que de preferencia compartieran sus inclinaciones a la innovación. Una expresión de esa faceta laboral fue la redacción de la Ley del Mercado de Valores de 1975, tema del que se habla con pormenor en el volumen XIV de esta obra. Por último, también cabe hacer referencia a la capacidad dialéctica que siempre distinguió al subdirector general Mancera. Por esto quiere decirse, su fina habilidad para intervenir en discusiones y ganarlas mediante una argumentación siempre muy bien fundada y convincente.
[1] Entrevista Roberto del Cueto Legaspi–ETD, agosto de 2017.
[2] Entrevistas Miguel Mancera Aguayo–ETD, mayo - julio de 2017.
[3] Entrevista Roberto del Cueto–ETD, agosto de 2017.
[4] Banco de México, Circular 1740/72, 25 de julio de 1972, en AHBM.
[5] Ibid., pp. 6-7.
[6] Banco de México, Circular 1782/74, 30 de julio de 1974, en AHBM.
[7] Financiera Nacional Azucarera, Ley General de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 2ª Ed., México, (s.e.), 1982, Art. 94 bis, pp. 271-273.
[8] Banco de México, Circular 1798/75, 25 de agosto de 1975, p. 1, en AHBM.
[9] “Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares”, México, 1980, FINASA, pp. 43, 60 y 89.
[10] Ibid., p. 5.
[11] Ibid., p. 9.