Tomo XIII: Durante el Desarrollo Compartido
I. Replanteamiento del modelo económico

 

3. Las invocaciones de Navarrete

 

El replanteamiento de la estrategia económica que se propuso la administración encabezada por el presidente Luis Echeverría se expresó con toda claridad en el discurso de toma de posesión de ese mandatorio y en una serie de presentaciones posteriores que hizo ese presidente o sus colaboradores más cercanos, principalmente durante el mes de diciembre de 1970. Algunos de los documentos en que se abundó sobre el replanteamiento de la estrategia correspondieron a las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas de ley que el presidente Echeverría envió al Congreso ese primer mes de su sexenio. Entre ellas, de la Ley para crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de la Ley del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), de la Ley para la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, de la relativa al establecimiento del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural, de la Ley Federal de Reforma Agraria o el acuerdo para establecer un fideicomiso en Nacional Financiera encargado del estudio y fomento de parques y ciudades industriales en las entidades federativas. Todos esos documentos añadidos a las presentaciones sobre el tema a cargo del presidente de la República, del secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, y otros funcionarios del régimen ofrecieron la oportunidad para que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) produjera una extensa publicación, con fecha de edición 1971, bajo un título muy ilustrativo del tema: “México: la política económica del nuevo gobierno”. En la presentación de ese libro, a cargo del funcionario designado para dirigir a dicha institución, Francisco Alcalá Quintero, se asentó que los lineamientos de la política económica de la nueva administración habían quedado definidos con precisión hacia marzo de 1971. Esa afirmación hace suponer, dada la premura de los tiempos políticos durante la presidencia de Echeverría, que la publicación haya salido a circular hacia el verano o a más tardar el otoño de aquel año de inicio de sexenio.[1]

Una razón importante para la extensión del libro que editó el Bancomext fue la inclusión en la edición de tres apéndices voluminosos. En el primero se incluyeron, en número de 14 declaraciones, entrevistas y presentaciones varias pronunciadas por el presidente Echeverría y por otros funcionarios de su administración, entre ellos el secretario de Hacienda, Margáin. Exactamente, de esas 14 declaraciones o presentaciones, cinco fueron a cargo del presidente Echeverría con la inclusión de pasajes relativos a economía de su discurso de toma de posesión. De las restantes, cuatro correspondieron al ministro de Hacienda Margáin y uno por cabeza al secretario de la Presidencia, al secretario de Comunicaciones y Transportes y al jefe del Departamento de Asuntos Agrarios. En el segundo de los apéndices se recogieron los textos de las principales leyes, disposiciones y acuerdos de la administración que se promulgaron durante sus meses de arranque. Por último, en el apéndice estadístico se incluyeron 29 cuadros sobre las principales variables de la economía nacional y tan sólo una gráfica. Sorprendentemente, esos apéndices absorbieron casi el 60 por ciento de la extensión del volumen que cubre 430 páginas. Lo interesante de la parte sustantiva del libro, con 255 páginas, es que los textos ahí contenidos no fueron copias de otros que ya habían sido publicados, fueron redactados por cuenta del banco de desarrollo que editó la publicación. Con justicia, el director del BANCOMEXT, contador público Alcalá Quintero da reconocimiento en la presentación correspondiente que la preparación de los capítulos que integran esa parte estuvo a cargo del economista Jorge Eduardo Navarrete que fungía como jefe del Departamento de Estudios y Difusión de ese organismo. Es decir, lo que contiene la parte sustantiva del volumen no es otra cosa que una interpretación o exégesis por parte del economista Navarrete, con la bendición explícita de la entidad en donde prestaba sus servicios y del funcionario de mayor jerarquía, sobre el plan de política económica de la administración que encabezaba el presidente Luis Echeverría.

¿Pero quién era el economista, Jorge Eduardo Navarrete, a cuyo cargo se puso la redacción de aquella interpretación cuasi oficial que editó el BANCOMEXT de “la política económica del nuevo gobierno”? ¿Cuáles méritos profesionales se le reconocían para que le fuera conferida tan importante encomienda? Nacido en 1940, después de graduarse en el nivel de licenciatura, en la Facultad de Economía de la UNAM, la carrera profesional de Navarrete se bifurcó en dos sendas: el cumplimento de encomiendas diplomáticas en la jerarquía de embajador y el desempeño de cargos burocráticos en el sector público mexicano. De hecho, cronológicamente, los cargos que fue ocupando en la administración pública quedaron intercalados en el tiempo con los ocho nombramientos diplomáticos que cumplió en su trayectoria, empezando por la embajada en Venezuela (1972-1975). Lo anterior quiere decir que su nombramiento en el BANCOMEXT, en calidad de jefe del Departamento de Estudios y Difusión, fue el precedente a su encomienda diplomática posterior. A todos los cargos que desempeñó Navarrete en su vida, arribó con su bagaje, bien arraigado, de economista proestatista, desinteresado del valor de la estabilidad monetaria y de los equilibrios macroeconómicos.[2]

En el libro que editó el BANCOMEXT acerca de la política económica del nuevo gobierno, el economista Jorge Eduardo Navarrete tuvo la oportunidad de aportar una interpretación de las causas que habían llevado a un replanteamiento de la estrategia económica. De alguna manera sutil, el secretario de Hacienda también aportó en aquellos principios de sexenio su propia exégesis de las razones que llevaron a la administración del presidente Echeverría a una reorientación de la estrategia. Lo hizo, principalmente, en una importante conferencia que el funcionario dictó a tan sólo 18 días de que diera inicio el sexenio y que fue publicada por la revista Comercio Exterior. Como dato de interés, sorprende leer en los inicios de ese texto que el funcionario no se refiriera a la que se había declarado reiteradamente como la finalidad fundamental de la administración en el orden económico de lograr desarrollo económico con esfuerzos redistributivos. A diferencia, el ministro Margáin habló de otros problemas y otros objetivos: “Desequilibrio presupuestal, creciente endeudamiento con el exterior, desnivel permanente y en aumento de la balanza comercial y otros factores negativos como el contrabando, la alcabala y la corrupción. “No podemos aceptar que ése sea el cuadro sobre el cual se programe una política financiera conveniente”. Y más adelante, después de sintonizarse con mayor precisión con la retórica del momento en el sentido de que al haberse “anunciado un cuadro de ideas básicas tendientes a enderezar el rumbo de un país en progreso gracias al esfuerzo de todos”, el ministro Margáin volvió a reivindicar los valores de la estabilidad de precios y del mantenimiento de la paridad cambiaria. En este sentido, según Margáin, “si contamos con el respaldo popular y con la inteligente y patriótica comprensión de los sectores privados, podemos confiar en que se mantendrá la estabilidad monetaria y se reducirán al mínimo las presiones inflacionarias”.[3] El tema parecía fuera de moda a principios del sexenio del presidente Echeverría, pero el secretario Margáin volvió a insistir en el mensaje estabilizador en las exposiciones que hizo ante el Congreso en apoyo de la creación del IMCE y de algunas medidas fiscales que se adoptaron en ese principio de sexenio. La primera de ellas reviste una importancia especial por su énfasis y su intención didáctica:

“México es de los pocos países, no solamente en este continente sino en el mundo, que puede decirse que su desarrollo se ha hecho con libertad cambiaria y con estabilidad monetaria. Estos dos renglones de la política financiera del país, el señor presidente ha pensado que deben, no solamente reiterarse sino fortalecerse. Libertad cambiaria, ningún control de cambios, pero además estabilidad monetaria. Necesitamos, porque esa es la realidad, formar ahorro para la reserva monetaria. ¿Cómo han funcionado en el mundo las paridades monetarias? Antes fluctuaban las monedas día a día. Las generaciones anteriores se despertaban siempre con la noticia de cómo estaba la libra, de cómo estaba el dólar, de cómo estaba el franco. Ahora hay una regla específica para que las monedas no fluctúen día a día, sino que sea fija la paridad contra el oro, contra el dólar o cualquiera que sea la medida. Pero para poder lograr esto con los ciclos de movimiento económico estacionarios (sic.) se necesita tener una reserva que vaya tomándose y fluctuando para arriba o para abajo según sea el déficit o el superávit de las transacciones mundiales. Tenemos la reserva directa y tenemos la reserva complementaria y todas ellas nos garantizan la paridad monetaria, uno de los principios básicos de nuestras finanzas. Para que precisamente podamos ahorrar más, para que precisamente el fruto del trabajo redunde en beneficio del pueblo, queremos insistir en que el endeudamiento exterior sea de tipo complementario y no de tipo sustitutivo”.[4]

Resulta muy sugerente e indicativo que en ningún pasaje del muy voluminoso libro que el economista Navarrete escribió por encargo del BANCOMEXT sobre la política económica que deseaba aplicar la nueva administración encabezada por el presidente Echeverría, hubiera mención a los objetivos de procurar la estabilidad de precios y mantener la paridad cambiaria dentro de un régimen de libertad de cambios. No pudo haber sido la falta de espacio la razón para esa omisión. Los textos que escribió el economista Navarrete para tal obra abarcan el muy generoso campo de 152 páginas en donde no quedaron incluidos, desde luego, los ya mencionados apéndices y la presentación a cargo del director Francisco Alcalá. La omisión de ese autor se produjo a pesar de que esos temas fueron mencionados, muy posiblemente por la intercesión del ministro Margáin, en el discurso de toma de posesión del presidente Echeverría. También en una importante intervención que pronunció apenas tres días después ante inversionistas nacionales y extranjeros sobre la política económica que se aplicaría en su sexenio al igual que en otra exposición que haría al poco tiempo sobre “lineamientos de formulación presupuestal”. En este último pronunciamiento, ese presidente señaló que la política fiscal y de inversión pública debería evitar “el alza injustificada de los precios y coadyuvar para mantener las políticas monetarias y de intercambio con el exterior”. Para tal fin, la política fiscal debería poner “especial atención en evitar presiones inflacionarias porque llevan al desperdicio de recursos y deterioran la economía de sectores de escasos ingresos”. ¿Cuáles razones podrían aventurarse para explicar esa omisión? Una primera, ya mencionada líneas atrás, fue que lo realizado por el economista Navarrete bajo el patrocinio del banco de desarrollo donde prestaba sus servicios no fue un resumen de las declaraciones y presentaciones que se habían emitido, sino una interpretación con sesgos personales de aquéllas. Asimismo, seguramente no estaba en el horizonte intelectual y profesional del economista Navarrete insistir en los temas relacionados con la estabilidad de precios a la vez, quizá, de que esas ideas tampoco eran afines a los colegas con quienes tenía mayor cercanía y posiblemente amistad aquel profesionista. Es decir, con los economistas –que no faltaban entonces en México– que simpatizaban con la aplicación de expansionismo fiscal y monetario conducente a la generación de un ambiente inflacionario.

¿Por cuáles razones el trabajo del economista Navarrete para producir el libro “La política económica del nuevo gobierno” se materializó en una interpretación o exégesis y no en un mero resumen o glosa? Una de las razones principales para que así ocurriera fue explicada por ese autor en la parte introductoria de sus escritos: por el número y la diversidad de las declaraciones y documentos en que se fue formulando la nueva política económica del régimen. Otra razón, ya mencionada líneas atrás, que esas declaraciones fundamentales no únicamente fueron formuladas por el presidente Echevarría sino por otros funcionarios de su administración entre los cuales se encontraba, desde luego, el ministro de Hacienda Margáin aunque también otros funcionarios de alto rango como el titular de la Secretaría de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, y el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En ese contexto, la aportación principal y más significativa del economista Navarrete al contenido del libro mencionado se incorporó en el capítulo segundo bajo el título “La situación económica al iniciarse los años setenta”. Ahí, como se explica con meticulosidad más adelante, ese analista se explayó al explorar extensamente el tema de los desequilibrios sectoriales en la economía de México. Ello, como razón tanto para plantear la reorientación de la estrategia económica del país como para exponer una de las causas que supuestamente explicaban las expresiones de desigualdad económica que eran muy marcadas en México. Así, en la exégesis escrita por Navarrete se planteó que la política económica del régimen de Echeverría se orientaría a la búsqueda de cinco grandes objetivos por orden de importancia: “Crecimiento económico con redistribución del ingreso”, “Fortalecimiento de las finanzas públicas”, “Modernización de la política agrícola”, “Control del sector financiero” y “Reordenamiento de las transacciones internacionales”. Aparte de cuestiones de lenguaje –ya que una exégesis es también otra forma de decir las mismas cosas– lo que cabe hacer notar de la enumeración anterior es que en ninguna instancia de aquellos primeros meses del sexenio ni el presidente Echeverría ni alguno de los altos funcionarios de su administración llegó a hablar del objetivo de lograr el “control del sector financiero”. ¿De dónde entonces pudo haber el economista Navarrete sacado el enunciado de esa meta para el sexenio?

Al parecer, la inclusión de esa meta dentro del marco de los objetivos a conseguir por la política económica del gobierno derivó de una decisión editorial tomada por ese escritor con una visión retrospectiva. Todo tuvo que ver con medidas que respecto del sector bancario las autoridades de esa administración tuvieron que tomar con mucha premura. La primera tuvo que ver con la quiebra del Ingenio San Cristóbal y con el hecho de que los dueños de esa fábrica de azúcar hayan sido también los principales accionistas del Banco Internacional. La cuestión es que ante la dación en pago de ese ingenio en favor del gobierno por adeudos que se tenían con la Financiera Nacional Azucarera, los accionistas intentaron proteger su inversión en el Banco Internacional propalando la venta de las acciones correspondientes con inversionistas del exterior. De otra manera, habrían tenido que incorporar en el pago relativo no únicamente los activos del ingenio sino también el tramo accionario en el mencionado banco. Las autoridades vieron esas maniobras con muy malos ojos y decidieron bloquearlas. De ahí la razón de ser para dos medidas importantes que Navarrete incorporó en su relato. La primera, para que se requiriera autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, en caso del traspaso de un 25 por ciento o más del capital de un banco o intermediario financiero. La segunda, para que las autoridades pusieran un límite a los créditos con riesgos comunes posiblemente por la concentración de cartera que el mencionado Banco Internacional había adquirido con entidades del sector azucarero. Esas medidas se incorporaron como parte de unas reformas a la Ley de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares que se promulgaron a principios de diciembre de 1970. El resto de ese paquete legislativo se conformó con otras disposiciones importantes para otorgarle reconocimiento legal a los grupos financieros que se habían empezado a formar en México desde hacía dos décadas o quizá más.[5] No es factible que el presidente Echeverría viera esas medidas tan concretas como parte de los grandes objetivos económicos para su sexenio. Asimismo, casi no merecía mención explícita el compromiso que el gobierno había asumido desde muchos años atrás en el sentido de que “las medidas del control oficial sobre el sector financiero deberán afinarse y fortalecerse progresivamente…”. Esa tarea se había venido realizando desde la década de los veinte e incluso desde la época del Porfiriato.

La aportación personal del economista Navarrete a los textos incluidos en el libro “México: La política económica del nuevo gobierno” –o para decirlo con mayor precisión, su aportación autoral, ya que en el resto del contenido su contribución fue más bien como editor– se materializó en el capítulo “La situación económica al iniciarse los años setenta”. El carácter autoral o personal de ese texto se aprecia hasta en detalles aparentemente intrascendentes como el lenguaje usado por el escritor. A manera de ejemplo, un uso demasiado prolijo del vocablo “módulo”, en lugar de la utilización de sinónimos más cercanos y precisos como los de “modelo”, “patrón”, “pauta”, “esquema” o “perfil” da idea de una de dos cosas: o de la mucha premura política para que saliera el libro lo antes posible o que no hubo un editor profesional que le diera una pasada final al texto para cuidar su calidad antes de que entrara a prensa. Asimismo, el carácter autoral o personalizado de ese texto se confirma en las fuentes que se utilizaron para su preparación. Al respecto hay el muy sugerente dato de que en las 28 llamadas de página que se incorporaron en ese capítulo, ninguna corresponde a las fuentes mencionadas en el primer apéndice de documentos y declaraciones sobre la materia. En contraste, de esas llamadas más de la mitad (19) correspondieron a fuentes recopiladas en el apéndice estadístico del libro. Por su parte, las citas restantes se integraron con fuentes secundarias de entre las cuales varias fueron publicaciones realizadas por el Banco de México como el Informe Anual o las estadísticas económicas que se calculaban en la institución. Por cierto, en esas llamadas de pie de página se aporta un indicio sobre la posible fuente para todos los cuadros y gráficas que se incluyeron en el amplio apéndice estadístico que se incluyó en el libro que BANCOMEXT publicó en 1971. La ficha bibliográfica es: Jorge Eduardo Navarrete (Ed.), “México 1970: hechos, cifras, tendencias”, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1970. ¡El autor, autocitándose!

Las partes principales de ese segundo capítulo que Navarrete aportó al libro que publicó BANCOMEXT en 1971 son muy reveladoras de la intención del autor: exhibir como justificación para el cambio de rumbo de la política económica de México los desequilibrios que mostraba la economía nacional. Estos desequilibrios existían tanto en el orden sectorial –en el sector agropecuario, industria y en el de comercio– como en el orden regional o geográfico. Desde la perspectiva sectorial, los desequilibrios correspondientes se manifestaban en el hecho, en opinión del economista Navarrete de extrema gravedad, de que mientras unas de las subramas de los sectores crecían a ritmo muy rápido, otras lo hacían más lento y unas más, de especial interés para los tiempos doctrinales que se vivían y que eran las de desempeño menos brillante, muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio de la economía en general y de su sector en particular. En cuanto a los diferenciales de ritmo de crecimiento desde la perspectiva sectorial, una sección importante del capítulo citado llevó significativamente por título “El desarrollo polarizado de la agricultura” y otros dos, adicionales, “Los desequilibrios del desarrollo industrial” y “Comercio moderno y comercio tradicional”. Por otro lado, bajo el título de “Desarrollo agrícola regional” se incluyeron tres secciones que de acuerdo con la intención orientativa del autor llevaron encabezados muy indicativos: “Desarrollo agrícola regional”, “La concentración del desarrollo industrial” y “Desarrollo comercial y concentración urbana”. Y en ese capítulo, clave para las intenciones intelectuales y políticas de su autor, Navarrete, no podía faltar una sección sobre un tema que se había convertido en muy caro para el corazón de los críticos del llamado Desarrollo Estabilizador, entre cuyas filas se encontraba, desde luego, el mencionado economista. La sección referida había tenido como fuente la obra de la economista Ifigenia Martínez y que se había vuelto materia de veneración para quienes profesaban un pensamiento semejante al del colega Navarrete. En la parte inicial de ese segundo capítulo y bajo la cabeza “El comportamiento global de la economía”, Navarrete hizo un recuento breve del muy favorable desempeño que había tenido la economía nacional durante las décadas de los cincuenta y sesenta y aun antes. En esa panorámica retrospectiva, dicho autor sí se permitió hacer un reconocimiento del “ambiente de estabilidad monetaria interna” en el que se había conseguido un avance económico notable, con estabilidad cambiaria y un régimen de libertad de cambios. Lo que desgraciadamente no reconoció Navarrete en esas notas introductorias, fue el crecimiento continuo que se había logrado de los salarios en términos reales.

La coartada analítica en la que se sustentó el trabajo del economista Navarrete –en el sentido de que los diferenciales de tasas de crecimiento entre los sectores económicos y dentro de los sectores agropecuario, industrial y comercial– debían considerarse como desequilibrios macroeconómicos, resulta infundada y seguramente falaz. A manera de ejemplo, ese autor reportó que en la década de los sesenta el sector primario que comprendía la agricultura, ganadería y silvicultura y pesca había crecido a una tasa promedio anual de 36 por ciento, en el sector industrial esa tasa se ubicó en 8.9 por ciento y el sector comercio lo hizo más por debajo. Más adelante, expone con lujo de detalle que el mismo fenómeno era observable entre las subramas que integraban esos sectores económicos. ¿Debían considerarse esos diferenciales de crecimiento como desequilibrios económicos? La lógica económica se inclina en el sentido opuesto. Al parecer, sin proponérselo explícitamente, Navarrete era víctima de caselismo (por el economista austriaco Ernst Casel, quien a finales del siglo XIX insistió en la necesidad de que todos los sectores de la economía crecieran a la misma velocidad). Pero la realidad histórica y la lógica económica confirman la imposibilidad del caselismo. ¡Es imposible que todos los sectores de una economía crezcan a la misma velocidad! La propuesta del caselismo es incluso rechazable desde una perspectiva puramente estadística: es imposible que en una variable aleatoria, como es la tasa de crecimiento promedio de una economía, no haya dispersión de los datos (varianza) y todos los resultados confluyan en las medidas de tendencia central. En rigor, en lugar de lamentar la disparidad de las tasas de crecimiento sectoriales, Navarrete debería haber celebrado la existencia de ramas mucho más dinámicas, las cuales hicieron las veces de motor para impulsar hacia la expansión al resto de los sectores productivos.

Cabe preguntarse si en su obsesión caselista Navarrete no hubiese deseado que se pudiese moderar el crecimiento de las ramas más dinámicas a fin de que su expansión resultara más cercana a la del promedio general. Y de esa manera no dar lugar a la aparición de “desequilibrios sectoriales” y “desequilibrios regionales”. Desde luego que era conveniente estudiar con cuidado y diagnosticar con profundidad la situación de los sectores de crecimiento más lento. Pero no como problemas del orden macroeconómico que se manifestaban en la forma de desequilibrios, sino en su aspecto de reto para el desarrollo económico sectorial. Al respecto, ese autor ilustra con profusión de datos estadísticos el rezago que mostraban las ramas de más lento crecimiento, pero lamentablemente en su exposición no hay esfuerzo alguno de diagnóstico sobre las posibles causas de la disparidad. ¿Por cuáles razones esas ramas de lento crecimiento no se expandían más rápido? Posiblemente, visto el caso desde perspectivas más inteligentes y realistas, los muertos que tan voluntariosamente Navarrete enviaba al panteón gozaban de cabal salud. A manera de ejemplo, quizás ese diferencial de ritmos de crecimiento entre el sector primario y los sectores industrial y comercial era un indicador de que deberían liberarse factores de la producción de las ramas de expansión más lenta para reasignarse a los de expansión más rápida a donde tendrían una productividad mucho mayor. Asimismo, tal vez el mercado de trabajo en México era demasiado inflexible e imperfecto para permitir una transferencia más fluida de la mano de obra en ese sentido. Sin embargo, el autor no hace observación alguna en ese importante orden. En materia de la distribución geográfica de la actividad económica, se lamentaba ese autor de “los desequilibrios regionales en desarrollo”. En tal respecto, hacía ver, con una visión crítica, que en la región del Pacífico Norte se concentraba el 42.9 por ciento de la capacidad de irrigación del país sin advertir tres factores económicos de vital importancia. El primero, relativo a la localización geográfica de los recursos económicos. En el caso correspondiente, la dotación de flujos hidráulicos. Segundo, determinante, que no todos los proyectos de obra pública ofrecen la misma productividad. El tercero, abrumador, que siempre existe y pesa la escasez de recursos en la forma de restricciones presupuestales. Así, los proyectos gubernamentales de obra desarrollista deben aplicarse en las zonas y en las ramas en que resulten más productivos. En consecuencia, en su análisis de los desequilibrios sectoriales y regionales del desarrollo Navarrete dejó impunemente de lado los elementos imprescindibles: las dotaciones de recursos y las ventajas comparativas de algunas regiones y algunas ramas productivas sobre las demás de su género.

Aunque temáticamente los asuntos distributivos no formaban parte de la materia de los desequilibrios sectoriales y regionales de la economía mexicana, el economista Navarrete no pudo resistir la tentación de incluir en su texto una sección bajo el título “La cuestión de la distribución del ingreso”. El escrito no contiene ninguna aportación del orden analítico –en particular, carece visiblemente de un diagnóstico imaginativo y profundo sobre las causalidades del fenómeno distributivo– y se trata simplemente de una glosa de las para entonces ya muy conocidas publicaciones sobre el tema de la economista Ifigenia Martínez. Desde luego, nadie en su sano juicio podría sentirse cómodo o satisfecho con un panorama económico en México de tan alta inequidad distributiva. Sin embargo, a falta de un diagnóstico ilustrativo y enriquecedor sobre el caso hay una conclusión implícita que sutilmente Navarrete trata de imponer al lector: que la “acusada y creciente concentración del ingreso” era atribuible a la política económica que se había aplicado durante el Desarrollo Estabilizador. En sentido contrario, al economista Navarrete no se le ocurrió ni tan siquiera pensar que sin los esfuerzos en procuración de la estabilidad de precios que se habían desplegado durante ese periodo de la política económica mexicana, la distribución del ingreso y de la riqueza sería todavía más inequitativa en el país. Un resultado de la estrategia del Desarrollo Estabilizador que también deseaba dejarse de lado era el crecimiento continuo logrado en su transcurso de los salarios reales y el empleo. Se olvidaba –o se deseaba olvidar– que un crecimiento sostenido del producto con estabilidad de precios tenía que ser, bajo cualquier circunstancia, la condición necesaria e insustituible para una perspectiva de avance en el frente distributivo. Si, por ejemplo, se socavaba la estabilidad de precios, ya no habría manera de conseguir que los salarios reales se elevaran de manera sostenida, como se había logrado desde principios de los años cincuenta.

Al economista Navarrete no se le ocurrió pensar que una de las razones para los problemas distributivos que existían en México derivaba de los muy profundos rezagos, marginaciones y atrasos que existían en el país desde hacía siglos y no de la estrategia de desarrollo que se había seguido durante los últimos tres quinquenios. Indudablemente faltó imaginación y perspicacia al economista Navarrete al escribir sobre la distribución del ingreso en México. A guisa de ilustración, en su capítulo sobre los desequilibrios sectoriales y regionales no dijo una sola palabra respecto del problema de la corrupción y su incidencia sobre la distribución del ingreso. La corrupción en México no era un accidente histórico ni una deformación ética sino una pieza consustancial del sistema político. Y además, el fenómeno era bien visible. De cada dos ricos que había en México al menos uno había acumulado su patrimonio en el ejercicio de cargos públicos o al amparo de prácticas colusivas harto conocidas, como el otorgamiento por dedazo de los contratos para hacer obra pública y la determinación discrecional de concesiones. ¿Por qué Navarrete no hacía esta denuncia tan necesaria y justa? Durante los inicios del sexenio de Echeverría hubo una llamarada de programas de combate contra la corrupción. Sin embargo, nadie hizo la conexión indispensable entre esa lucha –que se habría manifestado como herejía para la clase política nacional– y una mejoría de la distribución del ingreso. Y Navarrete tampoco vislumbró la importancia de otros factores que también contribuían a la inequidad en la distribución del ingreso, como el proteccionismo comercial o las altas barreras de entrada que existían en algunas ramas de la economía y ante las cuales las autoridades eran omisas o cómplices.

Las preconcepciones, los prejuicios y los sesgos ideológicos marcan con fuerza los escritos de Navarrete. Dirigidos obviamente a llegar a los oídos de un solo individuo poderoso –el presidente Luis Echeverría– más que a informar y convencer a los círculos intelectuales del país y/o llegar a la opinión pública en general. La pregunta no es ociosa: ¿cuántos lectores pudieron haber incursionado en las páginas que integran el libro que editó el Banco Nacional de Comercio Exterior “México: la política económica el nuevo gobierno”? Se trataba de una publicación oficial, que claramente no invitaba a recibir una reseña crítica por parte de la inteligencia nacional. Pero de llamar la atención de esa inteligencia, ¿habría recibido esa publicación la reseña crítica que debería haber tenido? Probablemente no. Las ideas y los sesgos ideológicos que sustentaban los escritos de Navarrete se conformaban bien con la moda académica e intelectual de la época. En su inmensa mayoría, los observadores arrastrados por la fuerza “de las opiniones correctas” –la gravitación de la corrección política– más bien se habrían sentido atraídos por lo que planteaba esa generación de funcionarios mexicanos a los que parecía guiar un líder de nuevo cuño. La verdad parecía estar de su lado, las buenas intenciones eran su mejor credencial. A más de cinco décadas de distancia, esa lectura crítica llega finalmente. Sin embargo, su validez ha sido necesariamente decantada por la visión retrospectiva que nos confirma el gran fracaso económico y político que resultó a la postre la administración del presidente Echeverría. La pregunta no es irrelevante: ¿en esos inicios del régimen, alguna o algunas mentes privilegiadas pudieron haber previsto el desenlace de desastre?

Las reflexiones que aportó el economista Navarrete al libro que patrocinó el BANCOMEXT están bien escritas y bien fundamentadas en fuentes bibliográficas y en evidencias estadísticas, lo cual simplemente hace más evidente el espejismo. El gran salto mortal de ese autor se produce cuando afirma que “la continuación y agudización de las desigualdades –sectoriales, regionales y distributivas– podrían poner en peligro la continuidad del proceso de crecimiento” e incluso “el modelo histórico mismo en que se conforma”. Quizás dicho autor escribió esas líneas en recuerdo del movimiento estudiantil de 1968 y su desenlace en la plaza Tlatelolco, a principios de octubre de ese año. Sin embargo, hay también el importante dato de que los impulsores de ese movimiento y sus líderes provinieron todos, no de los grupos marginados del desarrollo económico ubicados en los sectores y en las zonas más estancadas del país, sino de los segmentos medios de las zonas urbanas, visibles beneficiarios del esfuerzo desarrollista. ¿Si los mexicanos supuestamente olvidados del proyecto desarrollista nunca se habían organizado para protestar y hacer valer sus derechos, cómo podría ponerse en peligro “la continuidad del proceso de crecimiento” e incluso el acuerdo de convivencia implícito en el sistema político y económico del país? La expresión tenía más de formulación retórica dirigida a agradar el oído de los altos funcionarios, que de premonición preñada de amenaza con peligro.

El otro punto medular estaba en cómo se proponía operar para que el replanteamiento de la política económica lograra simultáneamente, según lo invocaba Navarrete en forma tajante, “mantener un ritmo alto y sostenido de crecimiento económico, como lo exige el rápido aumento de la población mexicana, pero al mismo tiempo [era] indispensable asegurar un crecimiento más equilibrado de los distintos sectores productivos y que sus frutos alcancen más equitativamente a las distintas regiones geográficas y estratos sociales”. ¿Y de cual manera se sugería que se podría alcanzar ese elevado perfil de la estrategia económica nacional? En palabras del economista del BANCOMEXT, para tal fin había que “corregir la operación de la economía y la instrumentación de la política económica que la guía”. Y en el frente instrumental de la política económica se insinuaba en el discurso de Navarrete una utilización muy intensa del gasto público con fines redistributivos. Al hablar de los factores que podían propiciar un funcionamiento más equilibrado de la economía mexicana por sectores y regiones –y los cuales habían sido contrarrestados en el pasado por los factores desigualadores– se encontraban destacadamente “los cambios en la distribución funcional del ingreso en favor de las remuneraciones de los asalariados, ostensibles a partir de mediados de los años cincuenta, y los efectos del gasto público en obras e inversiones de beneficio social”. Expresado lo anterior desde otra perspectiva, no se necesitaba ser realmente un lince para deducir que si se forzara excesivamente, desde la decisión discrecional de las autoridades, la elevación “de las remuneraciones de los asalariados” y el “gasto público en obras e inversiones de beneficio social”, se podría generar una dañina espiral inflacionista. Una espiral inflacionista susceptible de impedir que a final de cuentas se alcanzaran los objetivos planteados de “mantener un ritmo alto y sostenido de crecimiento económico” con efectos redistributivos, cuyos “frutos alcancen más equitativamente a las distintas regiones geográficas y estratos sociales”.[6]

En el escrito del economista Navarrete, la faceta propositiva se planteó bien explícita a la vez que el sesgo ideológico quedó semioculto en los pliegues del texto, a la espera de una lectura entre líneas. Una llave de acceso al tema se encuentra en la acusación de que la “inversión extranjera directa, con su transferencia en paquete de recursos financieros, tecnología y prácticas administrativas y de comercialización, ha actuado como elemento amplificador de los desequilibrios y la concentración del desarrollo industrial”. A mayor abundamiento, según Navarrete, “este módulo (sic.) de desarrollo industrial desequilibrado y concentrado” no era desde luego “privativo de México sino característico de los países de economía de mercado, avanzados y en desarrollo…”. Así, de esas afirmaciones parecía derivarse la conclusión de que a fin de conseguir un desarrollo económico más equilibrado e incluyente habría que prescindir de la inversión extranjera directa, y, para ir al fondo del problema, también cambiar el modo de producción de México del de “economía de mercado”, previsiblemente, al alternativo: el de economía de Estado. Muy acorde con las modas intelectuales de su generación y de sus orígenes institucionales, Navarrete escribía casi dos décadas antes de la caída del comunismo en la Unión Soviética y en sus países satelitales. Eran épocas en que todavía estaba en circulación la idea de la economía de Estado como una suerte de panacea o pócima milagrosa para el advenimiento del progreso material inmediato y absoluto y de la felicidad universal. Pero las verdades sobre el llamado socialismo real resultaron otras muy distintas. Primeramente, por el montaje de un aparato político totalitario y criminal como precondición para la instauración del régimen de economía de Estado. Y ya instaurado éste, por sus tendencias intrínsecas al estancamiento, a la parálisis y al bloqueo sistemático de las innovaciones y de los avances tecnológicos.

Regresar al principio