Tomo XIII: Durante el Desarrollo Compartido
II. Cincuentenario del Banco de México

 

6. Libro conmemorativo

 

De los tres ensayos de corte histórico que se incluyeron en el libro conmemorativo, tan sólo el de la autoría de Fernández Hurtado se conoció en aquella sesión solemne del Consejo a la que asistió el presidente Echeverría. Habría sido imposible que en su bellamente escrito y también ameno texto “Acontecimientos sobresalientes en la gestación y evolución del Banco de México”, don Antonio Carrillo Flores hiciera una denuncia de la política inflacionista que se siguió durante el sexenio de ese mandatario, al menos desde el año 1972. Habrían impedido que Carrillo hiciese en dicho escrito una apología de la estabilidad de precios y los principios de la “sana técnica” en materia de banca central dos cosas: primera, sus propias ambigüedades intelectuales frente al fenómeno de la inflación y sus causas y, segunda, sus vínculos emocionales y afectivos con las personas que en sus funciones públicas habían impulsado en México las políticas inflacionistas. Es decir, lo habrían impedido el cerebro y el corazón de tan ilustre personaje en todos los demás aspectos de su persona tan respetable y admirable. Sin embargo, la fuerza de los hechos y las propias acciones personales de Carrillo Flores en el servicio público lo llevaron indirectamente a hacer esa crítica de las políticas que en su momento habían conducido a crear inflación. En la historiografía de México relativa al tema de la política económica, Carrillo es considerado como un agente que simpatizó y aplicó una política fiscal y monetaria expansiva bajo la idea de que mediante dicho expediente se podía impulsar el desarrollo económico. No obstante, esa visión es parcialmente falsa o si se quiere, hubo una contradicción, tal vez no explícita, entre el pensamiento que sostenía Carrillo en materia de moneda y banca y lo que fue su actuación como secretario de Hacienda, en particular después de la devaluación de 1954.

A don Antonio Carrillo Flores le hubiera resultado imposible tapar el sol de la historia con un dedo. Así, en su ensayo del libro conmemorativo no tuvo más remedio que reconocer el carácter inflacionista que tuvo la política económica que se aplicó durante los sexenios 1934-1940 (Lázaro Cárdenas), 1940-1946 (Manuel Ávila Camacho) y 1946-1952 (Miguel Alemán). Empero, el tono con el que en ese texto se aborda el tema de la política económica inflacionista de esos periodos es de complacencia y hasta de justificación. ¿Por qué? Primeramente, pudieron haber obrado influencia en el juicio de aquel personaje los afectos personales y las emociones humanas. Don Antonio Carrillo nunca ocultó su admiración y su amistad con las personas que ocuparon la cabeza de la Secretaría de Hacienda durante aquellas administraciones de política inflacionaria. A saber, el abogado Eduardo Suárez del año 1935 a 1946 durante los sexenios de Lázaro Cárdenas y de Ávila Camacho y su discípulo reconocido Ramón Beteta, de 1946 a 1952 en la administración de Miguel Alemán. Asimismo, en su momento dichas personas ejercieron indudablemente una gran influencia para marcar el perfil (sic.) “de la alta estrategia del desarrollo, que ha sido y es responsabilidad indeclinable de los órganos superiores”. En la más importante semblanza que se le ha dedicado a Carrillo Flores se dice explícitamente: “Al igual que los anteriores secretarios de Hacienda, Eduardo Suárez y Ramón Beteta, Carrillo Flores siguió la línea de pensamiento y acciones de la escuela desarrollista: su concepto de desarrollo económico y de economía mixta dan ejemplos de lo que fueron sus acciones para impulsar el desarrollo económico del país mediante una intervención más activa del Estado y seguir con el objetivo de la industrialización acelerada”. Más adelante, en esa semblanza se reitera la influencia que ejerció en “la formación intelectual” de Carrillo el secretario Eduardo Suárez a quien se considera en dicha pieza como el fundador de “una escuela llamada desarrollista…”. Y para completar el cuadro, lo siguiente: “La escuela desarrollista se caracterizó por sostener como principal objetivo de la política económica la promoción del desarrollo económico, aun cuando en la búsqueda de este objetivo tuviera que aceptarse un incremento en la inflación”.[1]

El otro aspecto, también de suma importancia, es el de la formación técnica personal de Carrillo Flores. En su crónica sobre la historia del Banco de México y por tanto de la política monetaria que se aplicó en distintas etapas, Carrillo parece sentirse muy cómodo con las estrategias inflacionistas que se siguieron, sobre todo de 1935 a 1952. En ese texto explica el memorialista que durante la gestión hacendaria de don Eduardo Suárez “la Secretaría de Hacienda y el Banco de México llegaron entonces a uno de los acuerdos que tendrían mayor trascendencia en el futuro de la institución: si por necesidades ineludibles de carácter social, financiero y político, la ley tenía que ser quebrantada, el Banco de México y la misma secretaría asumirían la responsabilidad franca de un ‘crédito especial’, antes que abrir líneas de redescuento a los bancos Agrícola y Ejidal. Nació así la práctica de financiar el gasto público por encima de los estrechos límites que entonces fijaba la ley”.[2] Tal vez esa complacencia de Carrillo Flores con la política inflacionista tuvo su fundamento en que comulgaba, con una cierta convicción personal, en que existía una relación inversa manejable entre nivel de inflación y tasa de crecimiento en la economía. Así, para las autoridades de un país era posible mecánicamente sacrificar estabilidad en aras de conseguir una mayor tasa de crecimiento económico. El mentor y muy admirado maestro de Carrillo, don Eduardo Suárez, parecía también haber sostenido dicha tan controvertida visión –ya en la actualidad formalmente refutada en la literatura– y desde luego también otro de sus discípulos, Ramón Beteta, que, como ya se ha dicho, ocupó la cartera de Hacienda durante el sexenio de Miguel Alemán. No únicamente Suárez y Beteta impulsaron las políticas inflacionistas durante sus respectivas gestiones hacendarias (Suárez, 1935-1946 y Beteta, 1946-1952) sino que además, con bastante capacidad dialéctica por cierto, también las defendieron posteriormente en el debate público.

Pero en paralelo con las visiones intelectuales también vayamos a la fuerza de los hechos. En su calidad de ministro de Hacienda durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, después de la traumática devaluación de 1954, Antonio Carrillo Flores se convirtió en uno de los artífices de la estrategia de política económica conocida como Desarrollo Estabilizador. Estrategia en la cual se daba un muy importante lugar a la estabilidad de precios como precondición para conseguir un crecimiento económico sostenido y sustentable con aumentos continuos de los salarios reales. Al haber sido uno de los creadores de esa estrategia económica junto con Rodrigo Gómez en el Banco de México y el propio presidente Ruiz Cortines en Los Pinos, de una manera tácita Carrillo Flores refutó la herencia intelectual de sus antecesores proinflacionistas que habían ocupado la cartera de Hacienda antes que él. De esa manera, también se convirtió implícitamente en un crítico de las políticas económicas desestabilizadoras. Es una lástima que hasta el momento ningún historiador económico haya puesto de relieve esa conexión tan importante en la carrera pública de Carrillo Flores como servidor público y de manera todavía más relevante que se haya soslayado su análisis. Asimismo, también resulta sorprendente que en su citado ensayo, el propio Carrillo haya prestado tan poca atención a ese muy relevante periodo de la política económica nacional que corrió de la devaluación de 1954 hasta el año de 1958 en que entró a la presidencia el sucesor de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos. Con todo, en su interesante crónica “Acontecimientos sobresalientes en la gestación y evolución del Banco de México”, Carrillo reconoce con toda sinceridad el sesgo inflacionista que tuvo la política económica de México, en particular durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas estando a la cabeza de la SHCP el abogado Eduardo Suárez. Ese autor también recuerda en los pasajes correspondientes el enfrentamiento que se tuvo lugar entre el Consejo de Administración del Banco de México y el gobierno federal por el famoso sobregiro que se derivó de los financiamientos que el instituto central tuvo que extender, obligado, en apoyo de la hacienda pública. Al respecto, dicho memorialista explica textualmente “que la Secretaría de Hacienda se vio imposibilitada de cumplir con las peticiones que el banco (se entiende que es el Banco de México) la había planteado y que suponían cambios profundos en la política económica y social del gobierno”. Y a continuación viene la afirmación verdaderamente polémica de Carrillo, en especial por sus implicaciones con respecto al desenvolvimiento de las relaciones entre la banca central y el gobierno durante el sexenio del presidente Echeverría. Carrillo Flores señala que hasta donde llegaba su conocimiento aquel enfrentamiento que se había dado durante el sexenio del general Cárdenas “fue la última vez en que el Consejo de Administración y el director del Banco de México presentaron solidaria y formalmente una petición al gobierno de que modificase sus políticas de inversiones y de salarios a fin de mantener y defender la reserva”. ¿Verdad sincera o una conveniente omisión de los hechos en la realidad? O en otras palabras, ¿pudo haber ignorado una persona tan bien informada como lo era Carrillo Flores que durante el sexenio del presidente Echeverría se había seguido una política económica abiertamente inflacionista y que bajo el liderazgo de Fernández Hurtado el Consejo de Administración había tratado de detenerla o al menos moderarla en varias ocasiones?

En su ensayo, Carrillo se refiere al desenvolvimiento del Banco de México durante la administración del presidente Echeverría pero elude con todo cuidado el tema clave de la política monetaria en dicho periodo que fue, precisamente, el de su sesgo inflacionista orientado a generar desequilibrios y problemas de balanza de pagos. A diferencia, trató en ese texto respecto del mencionado periodo histórico facetas menos controvertidas de la actuación de la banca central y sobre todo que pudieran resultar gratas a los oídos de quienes ocupaban los más altos cargos en el poder. Así, en las conclusiones de su texto dicho autor se refirió, con toda conveniencia, a que eran “muy conocidos los esfuerzos de los países que ha sido usual llamar de ‘tercer mundo’ para crear en el marco de la Naciones Unidas un ‘nuevo orden económico internacional’, apoyado, en buena medida, gracias a los empeños del presidente Echeverría, por la Asamblea General en diciembre de 1974”. Asimismo, en ese sentido Carrillo también se refirió a “una de las decisiones más importantes” que se habían tomado durante aquellos años respecto de “mantener la paridad con el dólar cuando esta divisa se desvalorizó”. Sin embargo, con insuficiente solvencia técnica Carrillo no consiguió explicar de manera correcta por qué esa medida había sido acertada. No lo había sido, como lo intentó explicar equivocadamente ese autor, a causa de “la proporción que el comercio con los Estados Unidos” representaba en las relaciones internacionales de México sino por otra razón muy distinta a la que ni siquiera se alude en ese texto. Y esa razón era que hacia finales de 1971 y principios de 1972 no había signo alguno de que el tipo de cambio real del peso mexicano estuviese desalineado contra el dólar o alguna otra divisa del mundo o que en México hubiera problemas de balanza de pagos de difícil solución. De manera paralela, Carrillo explicó que “ante las necesidades sustanciales de incrementar los recursos para financiar las obras nacionales y para combatir la inflación”, el instituto central había incrementado significativamente “los encajes legales del sistema bancario para transferirlos al sector público”. Era muy cierto que los encajes se habían aumentado durante esa administración con el fin de canalizar una mayor proporción de la captación de la banca a manos del gobierno “para financiar las obras nacionales”, pero es dudoso o al menos discutible, que esas elevaciones del encaje hubieran también tenido como objetivo “combatir la inflación”, finalidad que muy poco importó a aquella administración que encabezó el presidente Echeverría.[3]

Aunque los tres ensayos de corte histórico que se incluyeron en el libro conmemorativo compartieron la misma temática, no podría alegarse desde un punto de vista editorial que hubiera redundancia o repetición entre ellos. Más bien la característica fue de complementariedad y ésta se dio en particular con respecto al ensayo del economista Manuel Cavazos Lerma, “50 años de política monetaria”, en comparación con los otros dos que le precedieron. Con mucha mejor preparación técnica que don Antonio Carrillo Flores, Cavazos, con apoyo en su formación teórica, aporta un análisis de mayor calidad y por tanto más revelador del desenvolvimiento del Banco de México a lo largo de su historia. Con todo, es posible detectar en la introducción del ensayo de Cavazos una confusión conceptual que podría dar lugar a otros errores de interpretación graves. Al respecto, afirma ese autor en el primero de sus párrafos que por ley el Banco de México, desde que se fundó, “se encarga de regular los instrumentos de que se ocupa este trabajo: la oferta monetaria y el tipo de cambio”. Con todo respeto para el economista Cavazos, en ningún momento del periodo que se analiza, que se extendió de 1925 a 1975, el tipo de cambio tuvo el carácter de instrumento de la política monetaria. Más bien lo que ocurrió –y Cavazos como economista formado en la Universidad de Chicago debió saberlo– es que en las breves etapas en que el tipo de cambio estuvo en flotación operó como variable de ajuste y en las etapas de paridad fija –particularmente de 1954 en adelante– hizo las veces de objetivo o ancla para la estabilidad de los precios. Pero, en la otra mano, como lo señala con acierto ese economista, el meollo de la política monetaria a cargo del Banco de México residía en todo momento en su capacidad para regular la oferta monetaria. Sin embargo, la efectividad de esa regulación estaba a su vez condicionada por otros dos factores. Uno, el propio régimen de tipo de cambio fijo y la importancia de los movimientos de la balanza de pagos sobre la reserva internacional y el llamado crédito externo del banco central. El otro elemento era el del crédito interno como fuente de base monetaria y el cual dependía a su vez, de manera clave, del financiamiento que otorgaba el Banco de México al gobierno federal. Por su parte, este último se derivaba de la situación en que se encontraban las finanzas públicas, y que en caso de un desequilibrio demasiado grande podían meter en un verdadero brete inflacionario a la política monetaria a cargo del Banco de México.[4] De particular interés es en el ensayo de Cavazos el análisis correspondiente al periodo de 1954 hasta 1970 “en el que –según ese autor– se llegó a un elevado grado de estabilidad financiera, de precios y de tipo de cambio aun ante fuertes presiones provenientes del exterior”. Esta última observación del economista Cavazos resulta de utilidad para desmentir esa idea muy difundida de que durante el Desarrollo Estabilizador todo fue miel sobre hojuelas y no hubo problemas de naturaleza monetaria o de balanza de pagos que se tuvieran que enfrentar. Asimismo y quizá de mayor importancia, señala Cavazos que el principal criterio que atendió para llegar a la periodización de su análisis relativo a la etapa de 1964 a 1970 fue el de “los puntos de inflexión de la oferta monetaria”. Así, de la aplicación de ese último criterio se derivaron los siguientes capítulos que integran la parte del ensayo de Cavazos relativa al periodo señalado: “Estabilidad y crecimiento, 1955-1971”; “Periodos intermitentes de auge económico y recesión: 1955-1964”; “Inicio de la expansión más prolongada del siglo: 1962-1964”; “Prosperidad y advenimiento de la crisis económica mundial: 1965-1971” y “Recesión y crisis financiera internacional: 1970-1971”. ¿Qué pudo haber intentado decir el economista Cavazos con aquello de “los puntos de inflexión de la oferta monetaria”? Implícito en ese índice, lo que en primer lugar cabe destacar de dicho periodo cronológico es que mientras de 1955 a 1964 el Banco de México siguió “una política monetaria relativamente expansionaria”, en la cual la oferta monetaria interna creció a una tasa media anual de 12.2 por ciento, a partir de 1964 las autoridades decidieron aplicar una política más moderada con una expansión promedio anual de los medios de pago de 9.7 por ciento. Esta política monetaria más moderada permitió reducir la inflación interna a tan sólo 2.4 por ciento en promedio anual y un incremento en el lapso de la reserva internacional de 71.1 por ciento. Finalmente, otro punto complementario a destacar es que la política monetaria de 1965 a 1970 “no implicó restricciones a la actividad económica…” y de hecho “dio lugar a un dinámico desarrollo del sistema financiero mexicano e impulsó el fuerte crecimiento del ahorro y la inversión”. El resultado fue que en ese lapso el producto creció en términos reales a 6.3 promedio anual, logro verdaderamente notable desde cualquier punto de vista que se le vea.[5]

El análisis de Cavazos se vuelve particularmente interesante cuando aborda el muy complicado periodo para la política económica mexicana que correspondió al bienio 1970-1971. El hecho fundamental del que se parte es que en ese lapso golpearon a la economía de México tres choques que perjudicaron la dinámica de su crecimiento. Dos de ellos fueron de origen externo: una fase recesiva de la economía mundial que se empezó a manifestar desde finales de 1969 y el desquiciamiento del sistema monetario mundial. Esto último ocurrió cuando en agosto de 1971 las autoridades de Estados Unidos decidieron desligar a la moneda estadounidense del oro en una acción devaluatoria con respecto a la paridad oficial de Bretton Woods que había sido de 35 dólares por onza troy. En el orden interno, según el economista Cavazos “el gobierno saliente [del presidente Díaz Ordaz] no tomó las acostumbradas medidas de incrementar fuertemente el gasto público”. Ello, para evitar una usual brecha recesiva transexenal que posteriormente vino a conocerse como “Ciclo de Koehler” en honor del economista de la Universidad de Yale que dio formalidad en la literatura especializada a ese fenómeno recurrente. A esa omisión del régimen saliente, se agregó que la administración entrante del presidente Echeverría se retrasó al menos seis meses en iniciar su programa de obras públicas además de que hubo una declinación muy marcada en las ventas de bienes de consumo duradero por la aplicación de un nuevo impuesto. La consecuencia fue que en el año 1970 el PIB real apenas creció 3.4 por ciento. De hecho, el ciclo recesivo mundial continuó y se exacerbó durante 1971 y en México la retórica oficial decidió llamar a dicho bache “atonía”. Según Cavazos, esa fase recesiva no pudo ser revertida mediante la política monetaria interna por la imposibilidad de “generar demanda de créditos en tal ambiente de atonía”. Cavazos, un observador muy bien informado en la época en razón de que prestaba sus servicios en el Banco de México, evoca que ante las tendencias recesivas generales el instituto central puso en ejecución en abril de 1970 un programa para “reactivar la economía a través de la construcción de casas para familias de bajos ingresos, utilizando los fondos excedentes con que contaba el sistema bancario depositados en el Banco Central”. No obstante, la ampliación correspondiente de la base monetaria se vio compensada en el orden crediticio por un gran aumento de los depósitos en el Banco de México por parte de las financieras e hipotecarias por arriba de los requisitos del encaje legal debido a una falta de demanda de crédito. Se gestaron de esa manera las condiciones para que en el año 1972 se pusiera en ejecución una política económica de signo marcadamente expansivo a fin de combatir la “atonía”.

Y todavía de mayor interés para la presente crónica resulta el análisis que incorporó Cavazos Lerma en el capítulo de su ensayo intitulado “Expansión interna y crisis externa, 1972-1975”. Desde la perspectiva de la política monetaria, el punto de partida para dicho análisis fue “la decisión de impulsar el gasto público desde el primer semestre de 1972, cuando se iniciaba la etapa ascendente de uno de los más prolongados ciclos de la economía mundial…”. Según Cavazos, en los cuatro años de 1972 a 1975 la política económica general de México “optó por intentar un proceso productivo más expansionario que el de los años anteriores y resolver necesidades sociales y de infraestructura acumuladas”. El instrumento clave al que se recurrió para tal estrategia fue el gasto público. Por su parte, el creciente déficit fiscal que se generó fue financiado con tres palancas: el rubro o cajón reservado para tal fin dentro del encaje legal, el crédito externo público y el crédito primario del banco central. Toda vez que la partida correspondiente del encaje legal resultó marcadamente insuficiente en el periodo para satisfacer dicho financiamiento con recursos no inflacionarios, las autoridades hacendarias tuvieron que recurrir en muy grande medida al endeudamiento externo y también al crédito primario. Como resultado, de la palanca del crédito externo se derivó el gran crecimiento que arrojó en esos años la deuda pública externa. Por su parte, del recurso al crédito primario del banco central se derivaron las muy fuertes presiones alcistas que afloraron en el periodo. Así, la consecuencia de la dominancia fiscal que se impuso durante esa administración fue que la oferta monetaria creciera en esos cuatro años, de 1972 a 1975, a una tasa promedio anual de 20.8 por ciento y que los precios lo hicieran, también en promedio, al 14.6 por ciento anual. Otra de las consecuencias de la política expansionaria fue que el déficit de la cuenta corriente se ampliara del 1.8 por ciento sobre el PIB que había sido en promedio durante los 17 años previos a 4.8 por ciento en 1975. Por su parte, el PIB siguió creciendo al 6.3 por ciento anual, aunque, según Cavazos, “con signos serios de debilidad a partir de 1974”. En suma, la aplicación de esa política económica tan marcadamente expansiva desató una “presión que sobrepasó por mucho las posibilidades de compensación de los instrumentos monetarios”. Y acorde con el juicio del economista Cavazos Lerma, el para aquel programa tan desbordado fue que “el periodo de crecimiento con estabilidad estaba llegando a su fin; se iniciaba una etapa diferente”. Por fortuna, en el ensayo de dicho autor sí se dan noticias de los esfuerzos que desplegaron las autoridades del Banco de México durante esos años en aras de defender la estabilidad de precios y el régimen de tipo de cambio fijo:

“Las autoridades monetarias expresaron su preocupación ante el aumento en el déficit fiscal, cuyo financiamiento requirió fuertes incrementos en la base monetaria, e intentaron compensar sus efectos inflacionarios a través de elevaciones importantes del depósito en el encaje legal y el establecimiento de convenios especiales con la banca, con el objeto de disminuir la capacidad de expansión secundaria del crédito que el sistema financiero podía hacer con la nueva liquidez”.[6]

De todos los ensayos que se incluyeron en el índice del libro conmemorativo, el más directamente relacionado con el tema de las políticas inflacionarias fue el de la autoría de Ariel Buira Seira, “Causas principales y efectos internos de la inflación”. El economista Buira, que había estudiado, en México, en el Tecnológico de Monterrey y en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y que ya había tenido experiencia profesional en el FMI, estaba adscrito, al igual que Orcí Gándara, a la Dirección General del Banco de México. Las disertaciones de Buira sobre el fenómeno inflacionario estuvieron muy bien fundadas y documentadas, y una virtud adicional de no menor importancia es que hicieron referencia explícita al caso de México. Esto último, tanto en lo relativo a las causas de la inflación que se había desatado en el país a partir de 1972 como en lo relativo a los efectos que era posible esperar del fenómeno inflacionario y que tenían que ver con la capacidad de crecimiento de la economía, con el buen funcionamiento del sistema financiero y su papel en el esfuerzo de desarrollo económico, con la distribución del ingreso y con los incentivos para el ahorro productivo. Buira no elude el tema de la inflación en México y alude a ese asunto desde el propio primer párrafo de su escrito. Apunta en ese sentido que “en México, los precios aumentaron al 3.5 por ciento en promedio anual durante la década de los sesenta, un ritmo considerado de relativa estabilidad en el contexto mundial”. Sin embargo, durante los años “1973 y 1974, la economía mexicana se vio envuelta en un proceso mundial de inflación con incrementos de precios que alcanzaron en el último de esos años niveles por encima de 20 por ciento”. Y aunque para 1975 ya se observaba una “desaceleración de la tasa de inflación tanto en México como en el resto del mundo, todos los expertos coincidían en esperar que la inflación continuaría durante los años siguientes”. Así, como lo explica y lo muestra Buira en su ensayo, la inflación había causado en México todos los daños que eran de esperarse de ese fenómeno, pero el punto de mayor relevancia es que ese autor refuta, de manera muy convincente, la argumentación que tenían los principales economistas del gobierno –o sea, de la administración del presidente Echeverría– para justificar la política expansionista que se aplicaba con una perseverancia digna de una mucho mejor causa. A este último tema se refiere Buira en el capítulo de su ensayo bajo el título “Consideraciones sobre la inflación como instrumento de desarrollo”.[7]

Explica el economista Buira en su texto que en los países en desarrollo la variable clave para impulsar el progreso era la acumulación de capital. La condición de atraso en esos países estaba precisamente dada por la insuficiencia del acervo de capital disponible. En los países en esa situación se había hecho evidente la existencia de una gran oferta de mano de obra no calificada que hacía una aportación muy pequeña al producto agregado. Por lo tanto, el impulso al desarrollo económico en los países en esa situación requería de acelerar hasta donde fuese posible el acervo de capital por trabajador no únicamente para ofrecer empleo a una mayor proporción de la mano de obra excedente sino también para elevar la productividad y el producto total. Desgraciadamente, en los países en vías de desarrollo solían ser muy reducidos los ahorros disponibles para financiar las inversiones productivas. Ello, en razón de que el ahorro era usualmente una proporción relativamente baja del ingreso además de que en esos países el sistema financiero era con frecuencia un mecanismo poco maduro y eficiente. De ahí que una opción para superar la restricción del ahorro interno hubiese sido la promoción de la inversión extranjera, aun con los problemas políticos que esa alternativa implicaba. Por lo que hace a la inversión pública que siempre resulta indispensable para complementar a la inversión privada, los gobiernos en los países en vías de desarrollo enfrentaban también restricciones muy severas en cuanto a su capacidad para el financiamiento de las obras públicas. Un factor básico en ese sentido eran las dificultades para elevar la recaudación tributaria. Así, una forma de superar la restricción de recursos que afectaba a los gobiernos que deseaban impulsar el desarrollo económico de sus países era recurrir al endeudamiento externo. Y en ese menú de opciones financieras se encontraba también la que era la manzana de la discordia en el campo del desarrollo económico: una dependencia excesiva “de la expansión monetaria para financiar parte de la inversión”. A juicio del economista Buira, “la expansión crediticia así generada aumenta[ba] aparentemente los recursos disponibles para la inversión y podría pensarse que una política monetaria expansiva permitiría financiar niveles de inversión mayores para acelerar el proceso de desarrollo”.

Pero en opinión de Buira, ese último recurso tenía mucho de espejismo y había que analizar con todo cuidado el mecanismo del financiamiento inflacionario de la inversión con el fin de no caer en conclusiones erróneas y desorientadoras. Su conclusión al respecto fue que “más allá de cierto nivel, el financiamiento deficitario de la inversión genera incrementos en la demanda que la oferta interna no puede satisfacer y se convierten rápidamente en aumentos en los precios, en las importaciones y en el consumo de bienes exportables”. Según Buira, en favor de la aplicación de una política monetaria expansiva frecuentemente se había invocado como referencia el caso de la reactivación de economías avanzadas que se encontraban en recesión. Pero el paralelismo con el caso de las economías en vías de desarrollo que deseaban acelerar su crecimiento era inválido. En las economías avanzadas que habían caído en recesión se trataba de inducir el repunte de una planta productiva ya formada que se encontraba no utilizada temporalmente por debajo de su plena capacidad. En contraste, en las economías en vías de desarrollo el problema consistía en ampliar la planta productiva y el proceso de su acumulación podía incluso hacerse más lento e ineficaz si se aplicaba una política expansiva en razón de los daños que usualmente causa la inflación. La estructura productiva en los países en vías de desarrollo suele tener mucho menor flexibilidad y una ampliación súbita y rápida de la demanda lo más probable es que principalmente desate un incremento de los precios más que una elevación de la actividad y de la oferta productiva. En ese sentido, la aplicación de una política monetaria injustificadamente expansiva tan sólo podría ser de aceptarse en razón de que pudiera lograr “una contribución al producto” pero no estaba comprobado, sino todo lo contrario, que “la expansión monetaria para financiar parte de la inversión resultara efectivamente en una más rápida ampliación del acervo de capital”. De hecho, además de no obtenerse esa finalidad la inflación causaba otros daños severos en materia de distribución del ingreso a lo que deberían agregarse sus “efectos adversos sobre el monto total del ahorro y su utilización”.

Así, el tema de la posibilidad de utilizar al financiamiento deficitario como mecanismo para acelerar el crecimiento se volvió en cierto momento crucial para las discusiones acerca del desarrollo económico y las fórmulas para impulsarlo. En su ensayo Buira lo aborda haciendo referencia a una investigación que había realizado el muy brillante economista Robert Mundell, a quien posteriormente se le otorgó el Premio Nobel en su especialidad. En la investigación correspondiente de Mundell, la clave analítica estaba en “la relación existente entre la tasa de crecimiento [del producto], la expansión monetaria y la inflación…”. Así, el propósito de la investigación fue en lo específico el de “estimar la máxima contribución que el financiamiento inflacionario puede hacer al crecimiento económico”. Bajo el supuesto de que la velocidad de circulación del dinero permanecía constante, Mundell estimó que para obtener un aumento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento del producto se requeriría de una muy elevada tasa de inflación de 19 por ciento. Ahora bien, era ampliamente sabido que durante las fases inflacionarias la velocidad de circulación del dinero se elevaba. De esa manera, considerando un cierto incremento en la velocidad de circulación del dinero, el economista citado de la Universidad de Columbia llegó a la estimación de que para elevar la tasa de crecimiento del producto en un punto porcentual se requeriría una inflación superior al 50 por ciento anual. Entonces, la conclusión de la investigación del profesor Mundell fue que el financiamiento deficitario, causa principal de la inflación, resultaba prácticamente inviable como método para impulsar el desarrollo económico. Esto último, tomando también en cuenta los daños que provoca la inflación al funcionamiento de una economía en la forma de obstáculos a la inversión productiva, empeoramiento de la distribución del ingreso y reducción del ahorro interno en buena medida por fuga de capitales.

Buira, un economista con una buena formación profesional, después de definir lo que debía entenderse por inflación –un crecimiento sostenido y continuo del nivel interno de los precios– y cómo se medía el fenómeno –mediante el uso de índices de precios– se refiere a los enfoques que existían en la ciencia económica para explicar las causas del fenómeno inflacionario. En tal sentido, por un lado estaban las teorías de la inflación por demanda excesiva o “inflación de demanda”, que era el enfoque que gozaba de mayor aceptación entre los economistas. En el otro extremo y en buena medida para diferir y competir con el enfoque de “inflación de demanda”, se encontraban las teorías de la inflación por empujón o aumento de los costos de producción. En esta corriente de pensamiento se ponía mucho énfasis en los procesos inflacionarios que se generaban cuando las negociaciones salariales o disposiciones gubernamentales relativas a la determinación de los salarios, daban por resultado “aumentos en el salario real superiores al incremento en la productividad del trabajo”. Los aumentos salariales de ese tipo inducían elevaciones de los costos de producción que los empresarios intentaban transferir a los consumidores en la forma de mayores precios. Sin embargo, señala Buira con buen juicio, la llamada inflación de salarios no era reconocida por muchos autores como una causa autónoma de inflación. De tener lugar en la realidad una espiral de salarios y precios como la enunciada, sólo podría encontrar apoyo en un nivel amplio de demanda que hiciera posible la comentada transferencia de los costos al consumidor vía mayores precios. Es decir, una inflación por salarios requeriría necesariamente para su materialización de una expansión monetaria paralela. En su ensayo, el economista Buira también habla de las presiones inflacionarias que pueden derivarse de un aumento de los precios en el exterior. Sin embargo, tal vez por razones de prudencia política, omitió hacer referencia al mayor de esos impulsos alcistas que se puede dar en la realidad: el que se produce cuando tiene lugar una devaluación de la moneda nacional. En esa eventualidad, no únicamente se eleva el precio de las importaciones sino que también, por conducto del arbitraje del comercio internacional, se incrementan los precios internos de todos los bienes comerciables en el mismo monto que la modificación cambiaria. ¿Pero cuáles factores son los que suelen causar la devaluación de la moneda de un país? La causa más frecuente de un desenlace semejante, explicó el economista Buira, solía ser la aplicación de una política económica expansionista que diera lugar a una sobrevaluación de la moneda nacional con respecto a las del exterior. Precisamente y no por azares del destino, el marco de causalidades que estaba teniendo lugar en México desde 1972.

Como ya se ha dicho, el enfoque que gozaba de mayor aceptación entre los economistas para explicar el fenómeno inflacionario era el de “la inflación por demanda excesiva”. Una situación de “demanda excesiva” se daba cuando tenía lugar “un incremento en la demanda monetaria agregada tal que no pueda satisfacerse por la oferta interna a los precios corrientes sin generar presiones sobre los precios internos y la balanza de pagos”. La explicación era que en el caso de una expansión excesiva de la demanda, empezaban a aparecer cuellos de botella en varios sectores de la planta productiva interna y ante las inelasticidades de la oferta las brechas se cerraban con el aumento de los precios o con una mayor demanda de bienes importados. De hecho, el efecto sobre la balanza de pagos de una situación de demanda excesiva se concretaba de dos maneras, por así decirlo: en la forma ya señalada de una mayor demanda de importaciones y también a través de la absorción interna del excedente exportable. Al respecto, cabe hacer la observación de que el punto en el que pueden aparecer cuellos de botella en algunos sectores productivos es más susceptible de alcanzarse en las economías en vías de desarrollo. Ello, en razón de la escasez de bienes de capital para combinarlos con el factor trabajo, que en países en dicha situación suele ser relativamente más abundante y por tanto estar “sin empleo o subempleado”. Pero en materia de causalidades, Buira explica que según la experiencia las situaciones de exceso de demanda solían venir acompañadas por “aumentos en el crédito y la cantidad de medios de pago en circulación sustancialmente mayores a los incrementos en el producto real”. Y el origen de tales “aumentos en el crédito y la cantidad de medios de pago en circulación” había necesariamente que buscarlo en la política monetaria. Era por esta razón, “que las principales teorías que buscan explicar la inflación como un exceso de demanda enfocan su análisis en la expansión monetaria”. Y a continuación, el traje difícilmente podía resultar más a la medida con lo que había sido la política económica en México, por lo menos a partir de 1972: “El crecimiento desmesurado de la oferta monetaria puede resultar del financiamiento de un déficit fiscal por medio de una expansión crediticia, ya sea con recursos del exterior o de financiamientos de la banca central con recursos primarios”. ¡Más claro, ni el agua!

Según el economista Buira, un buen indicador de la participación del sistema financiero en la transferencia de recursos frescos para fines de inversión productiva lo proporcionaba el cociente entre la captación de recursos y el producto interno. El argumento al respecto era que en los periodos de inflación que había padecido la economía mexicana después de la Revolución, dicha relación había tendido a reducirse mientras que lo contrario había ocurrido durante las etapas de estabilidad. Durante esas etapas, el sistema financiero había logrado aportar un mayor y creciente volumen de ahorros para contribuir al desarrollo económico. Con base en ese argumento, Buira explica que durante el primer quinquenio de los años cincuenta la mencionada relación había tendido a estancarse en razón de que “en esos años sufrimos una situación inflacionaria, una devaluación y un clima de desconfianza en el valor real de los activos financieros denominados en moneda nacional”. En sentido inverso, durante los años 1960-1972 “el país disfrutó de un periodo de relativa estabilidad de precios, que se reflejó en el restablecimiento de la confianza en el peso, en los instrumentos financieros denominados en moneda nacional y en el desarrollo acelerado del sistema financiero mexicano”. Y en relación con esa última etapa de la economía de México, agregó dicho economista que en su transcurso “las tasas de interés que ofrecían los instrumentos financieros fueron positivas y sustanciales”. Más adelante, la reversión se inició cuando a partir de 1972 se desataron las presiones alcistas como resultado de la política económica expansiva que el gobierno empezó a seguir. En esos años, “la intensificación de la inflación influyó fuertemente en el descenso de la captación de recursos como proporción del PIB y en la disminución de los pasivos no monetarios como proporción de la captación total”. Por lo que se refiere a las tasas de interés, durante las etapas de inflación alta “tienden a no ajustarse en la misma proporción a los cambios en el nivel de los precios, por lo que se reducen o vuelven negativas en términos reales”. Obviamente, ese último fenómeno desincentiva el ahorro y desalienta la expansión del sistema financiero.

El otro efecto de la inflación y al que el economista Buira prestó mucha atención en su ensayo era el que se ejerce sobre la distribución del ingreso. La explicación en general es que “la inflación transfiere poder adquisitivo de los grupos de ingreso relativamente fijo a los grupos cuyo ingreso se eleva rápidamente”. Pero el caso a destacar en particular era cómo durante las etapas de inflación elevada se desata una carrera desordenada entre precios y salarios que estos últimos pierden irremisiblemente con consecuencias muy negativas sobre los grupos mayoritarios de la sociedad. En este último respecto, el economista Buira incluyó en su ensayo datos estadísticos de gran importancia relativos a la realidad de México. En relación con los salarios mínimos señaló con base en las informaciones disponibles que “durante el periodo 1960-1972, éstos aumentaron en forma sostenida a una tasa media de 6.7 por ciento anual”. Sin embargo, a partir de ese último año que fue cuando se aceleró la inflación tendieron a estabilizarse sin posibilidad de recuperar su tendencia al acenso. Y al respecto puntualizó el economista Buira: “Más específicamente, los aumentos salariales de septiembre de 1973 (18 por ciento) y enero (13.9 por ciento) y octubre de 1974 (22 por ciento) deflacionados por el índice del costo de la vida obrera arrojan salarios medios en 1973, 1974 y 1975 inferiores a los de 1972 en 10.5, 9.6 y 7.7 por ciento respectivamente. Esto ocurrió, a pesar de que los aumentos en los salarios mínimos excedieron los incrementos en el costo de la vida”. En relación con el comportamiento de los sueldos y salarios más elevados que el mínimo, dicho autor citó en su estudio los resultados de unas encuestas que por desgracia únicamente se referían a empresas industriales grandes y medianas en las principales ciudades del país. El resultado fue que en esos casos, los sueldos y salarios habían seguido aumentando durante los años de inflación aunque las encuestas correspondientes no proporcionaran indicación sobre el comportamiento de los sueldos en empresas industriales de menor tamaño o en empresas no industriales. En resumen, en opinión de Buira, “un periodo de salarios reales decrecientes o constantes, aunado a un producto creciente implica una redistribución del ingreso en la sociedad”. En cuanto a los trabajadores del campo y de la ciudad que tenían ocupación tan sólo parte del año y con salarios muy bajos –es decir, los grupos más menesterosos– y los empleados cuyas remuneraciones habían aumentado por debajo de la inflación, muy posiblemente “habrán sufrido una reducción en su nivel de vida como consecuencia de la inflación”.

Asimismo, en su importante ensayo el economista Buira también hace referencia a otros daños atribuibles a la inflación que cabe consignar en la presente crónica. Uno de ellos tenía que ver con la forma en que en una situación de presiones alcistas generalizadas se dificultaba grandemente la administración de las tarifas de los servicios públicos introduciendo distorsiones todavía más graves al funcionamiento del sistema económico. Con acierto Buira hace referencia a este efecto pero por desgracia no lo analiza suficientemente y aún más grave, no explica cómo había repercutido en México en la situación inflacionaria que se había desatado a partir de 1972. El desenlace más obvio que cabe imaginar es que en una situación inflacionaria las tarifas de los servicios públicos se empiecen a rezagar en términos reales con el consiguiente deterioro para las finanzas públicas dando lugar a que el gobierno disponga de menos recursos reales para fines de atención social o de inversiones en infraestructura. Pero si las autoridades deciden ajustar esas tarifas al aumento de los precios surge la tremenda dificultad de la referencia que debe elegirse para dicho ajuste. En caso de que esa referencia sea el índice general de precios, de entrada se producirá una elevación real de dichas tarifas para los sectores cuyos ingresos ha rezagado la inflación, es decir los segmentos más vulnerables o más desprotegidos. En cuanto al tema de “los impuestos expresados en valores absolutos y los resultantes de las tasas progresivas de impuestos a la renta” los problemas que cabe esperar en una situación inflacionaria son tan graves o aún más que los ya explicados en el caso de las tarifas públicas, con efectos dañinos tanto sobre la equidad tributaria como sobre la capacidad de desarrollo económico. En cuanto a la equidad, a menos que se incorporen actualizaciones oportunas a la tabla de progresividad del impuesto sobre la renta, la propia elevación de los precios dará lugar a que esa progresividad se inicie a niveles cada vez más bajos de ingreso con un resultado muy injusto para los causantes en los estratos reducidos y medios. Y en paralelo estaría el rezago que puede causar la inflación a la capacidad recaudatoria del fisco y por tanto a “limitar la capacidad de ahorro de la economía”. Por último, “la depreciación de los activos fijos, al basarse en el costo de los mismos, se aleja cada vez más del costo de reposición, que es el costo correcto desde el punto de vista económico”. A esta última observación hay que concederle toda su relevancia ya que es un antecedente pionero de la contabilidad con inflación que tardaría todavía años en formalizarse y adoptarse legalmente.[8]

La totalidad de los textos que se incluyeron en el libro conmemorativo del Banco de México resultaron de alta calidad editorial y por tanto son dignos de consulta desde la posteridad. La excelencia de esos textos es en primer lugar una indicación del buen trabajo logrado en el proceso de su selección por el editor en jefe que como ya se ha dicho fue el director general, Fernández Hurtado. Asimismo, ya se ha elogiado también el esfuerzo de revisión editorial que se llevó a cabo y que estuvo a cargo en primera instancia del economista Orcí Gándara del Banco de México. Pero de manera más directa, la calidad de todas esas colaboraciones se derivó del profesionalismo y la competencia técnica de sus respectivos autores. Todos ellos, expertos reconocidos en sus respectivas especializaciones. Un logro en particular notable en ese proyecto editorial fue la capacidad de convocatoria de las autoridades del Banco de México para conseguir la participación en el libro de expertos internacionales tan distinguidos como los profesores Robert Barro y Stanley Fischer, respectivamente de la Universidad de Rochester y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y del muy prestigiado académico de nacionalidad francesa, Edmond Malinvaud. Por su parte, el economista mexicano Francisco Gil Díaz, con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, hizo un despliegue de su sabiduría en la complicada materia de la economía monetaria en el ensayo intitulado “Tres temas relevantes para una política monetaria y fiscal”. Desde luego, por su alto nivel de abstracción teórica además de su desapego con la realidad económica de México poco hay en las colaboraciones de Barro y Fischer y Malinvaud que permitan relacionarlos directamente con un análisis crítico de las políticas fiscal y monetaria que se habían aplicado en México durante la administración del presidente Echeverría. Por su parte, tampoco los ensayos de la autoría de Luis Sánchez Lugo (“Instrumentos de política monetaria y crediticia”) y de Gustavo Petricioli (“Política e instrumentos de orientación selectiva del crédito”) resultaron de utilidad para tal finalidad por su carácter informativo y explicativo más que analítico. Sin embargo, como se verá a continuación, lo contrario resultó para la colaboración de la autoría de Luis Orcí, “La programación financiera en la política monetaria”.

En cuanto al análisis de la política monetaria que se había aplicado en México durante el sexenio del presidente Echeverría, una vertiente fructífera de análisis puede encontrarse en los pasajes de algunos de los ensayos relativos a la demanda de dinero. En la introducción de su muy bien documentada investigación sobre teoría monetaria, los profesores Barro y Fischer ponen énfasis en la importancia creciente que en esos últimos tiempos se había concedido al dinero como variable explicativa para la determinación de los precios, el nivel de la actividad económica y la balanza de pagos. Según la autorizada opinión del economista Milton Friedman, en las décadas precedentes la gran influencia del pensamiento keynesiano había llevado a que en los círculos de expertos se fuera tácitamente dejando de lado lo que Barro y Fischer llaman el carácter endógeno “del nivel de precios y de la inflación”, en razón de su dependencia causal con el “comportamiento del dinero”. En muy buena medida, esta importancia atribuible a la moneda tenía su origen en la existencia de una demanda de dinero independiente de su oferta. Es decir, ambas estaban determinadas por variables distintas. En ese sentido, de gran interés resultan las conclusiones a las que llega el economista Antonio Gómez Oliver en su ensayo “La demanda de dinero en México”. La primera de ellas es relativa a la comprobación empírica de que en México existía una demanda que era independiente de la oferta y que adicionalmente esa demanda de dinero podía considerarse razonablemente estable. Aunque si bien subsistían dudas acerca de la definición de dinero idónea para el análisis en la economía nacional, la principal conclusión era que, dados esos fundamentos, la política monetaria en México podía “tener un gran efecto en la actividad económica general”. A su vez, la dirección y la magnitud de ese efecto dependían del mecanismo de ajuste en el mercado de dinero para eliminar los excesos de oferta y demanda. En cuanto al mecanismo de ajuste para la balanza de pagos, con un régimen de tipo de cambio fijo un exceso de oferta monetaria derivaría en un cambio del excedente de dinero en manos del público por divisas provenientes de las reservas internacionales del banco central. Es decir, como lo explica Gómez Oliver, el ajuste se daría mediante una exportación de dinero a través del comercio internacional. Respecto del segundo mecanismo de ajuste analizado por dicho autor, el exceso de oferta sobre la demanda se equilibraba mediante un incremento en el nivel de precios. Con toda precisión, se trataba de los procesos de ajuste que habían tenido lugar en México desde 1972 frente a la política económica expansionaria que se había aplicado.[9]

Siguiendo en la línea indicada por las reflexiones de Gómez Oliver, también Luis Orcí Gándara le otorgó gran importancia dentro del proceso de programación financiera al tema de la demanda de dinero. Según ese autor, la programación financiera consistía en la planeación del crecimiento requerido de la liquidez y del crédito en la economía con vistas a que la demanda agregada tenga un crecimiento compatible con la estabilidad de los precios y el equilibrio de la balanza de pagos. Al respecto, cabe destacar en particular el reto de la programación financiera en cuanto a que el crecimiento de la demanda agregada “permita el sostenimiento de un alto ritmo en la producción de bienes y servicios, con el fin de generar oportunidades de empleo y de satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad”. Según el economista Orcí, desde el punto de vista de la teoría monetaria la programación financiera se apoyaba en el principio de que “en la economía existe una demanda por dinero –y por instrumentos cuasi monetarios– que es independiente de su oferta” y que además tiende a ser estable salvo en situaciones de gran efervescencia social. Dicho lo anterior, cabe considerar que toda vez de que se trata de un ejercicio de extrapolación predictiva, la programación financiera puede conducir, si se quiere involuntariamente, a una política monetaria y crediticia ya sea restrictiva o expansiva. Orcí analiza en su texto ambas posibilidades, pero dados los tiempos que se vivían de inflacionismo desbordado el caso que claramente conviene citar es el de la situación expansionaria. Señala al respecto ese autor, que “cuando la demanda excede la capacidad de la oferta interna, presiona los precios al alza, particularmente los de los productos no sujetos al comercio internacional…”. Por su parte, con tipo de cambio fijo el exceso de demanda generado por una inyección excesiva de liquidez da lugar a un deterioro de la balanza de pagos “en la medida en que la demanda interna no se satisface con la producción para el consumo interno y, por lo tanto, necesita recurrir a bienes exportables y de importación…”. Y aunque el economista Orcí no hiciera en su escrito referencia explícita a la correspondencia que existía entre esas conclusiones y lo que venía sucediendo en la economía mexicana en los tiempos que corrían, el paralelismo era evidente. Una vez más, “cualquier exceso de liquidez que el sistema financiero inyecte a la economía por encima de lo que se demande, traerá consigo un proceso de ajuste que presionará los precios al alza o propiciará la salida de la liquidez excesiva al sector externo de la economía”. Y evidentemente, el límite de un proceso de esa naturaleza era cuando se agotaban las reservas internacionales del banco central.[10]

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