La crisis inflacionaria se fue formando lentamente, de manera pausada y en forma gradual, con todos los agravantes de quien ve venir la tempestad que se aproxima y no se refugia y ni tan siquiera se arrodilla ante la violencia de los elementos desatados. En su esencia vital, el fenómeno tomó la forma metafórica de una tragedia griega en la cual los protagonistas están impedidos de salirse de un curso que los llevará al desastre inexorable. Se vivían los años iniciales del sexenio 1970-1976 y las autoridades tenían ante sí la gran lección de las dos grandes devaluaciones que había sufrido el otrora imbatible dólar de Estados Unidos. Las lecciones estaban ahí, a la vista de todos los que quisieran verlas. Si los países de Europa Occidental y Japón habían estado recibiendo “un flujo creciente de dólares” el cual había elevado “extraordinariamente las reservas de sus bancos centrales en esa divisa” el origen del problema se ubicaba en la política económica expansiva de corte monetario que el gobierno de ese país había puesto en marcha a fin de financiar la guerra en Vietnam (¡tenían que detener la expansión del comunismo en el sureste de Asia!). Pero la naturaleza humana no suele experimentar en cabeza ajena. Con frecuencia la historia no suele ser “maestra de la vida” como lo predicaba el filósofo romano Cicerón. Así, en los años de 1972 a 1976 en México se aplicó una política inflacionista semejante a la comentada para el caso de Estados Unidos. Se trató de la crisis inflacionaria mexicana que desembocó en la devaluación que se anunció en septiembre de 1976. El episodio fue de formación paulatina y se separó en tres periodos. Un primero que duró menos de la mitad del sexenio y en el cual hubo aproximadamente coincidencia de visiones entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. En un segundo lapso se aplicaron en México las estrategias expansionistas que irremediablemente llevan a incompatibilidad con el mantenimiento de un régimen de tipo de cambio fijo como el que existía entonces en el país. La tercera fase ya fue de pleno y abierto despeñadero inflacionista hacia la debacle final marcada por crisis de balanza de pagos, deuda externa creciente y devaluación cambiaria.
Una primera manifestación muy reveladora e ilustrativa de lo que estaba ocurriendo entonces en la economía mexicana y también de lo que se estaba pensando a su respecto se escenificó hacia mayo de 1971 en el Consejo de Administración del Banco de México. Aunque en las deliberaciones que tuvieron lugar en ese momento no se hiciera un enlace entre la devaluación del dólar y la situación que prevalecía en la economía nacional quizá no haya sido plenamente casual que fuese en la sesión del Consejo que se cita donde se anunciara en ese órgano el antes impensable divorcio de la moneda estadounidense con respecto del oro. La clave para la lectura del acta correspondiente se ubica en el recuento que se hizo de la problemática que enfrentaba en la coyuntura la economía nacional. Ésta estaba conformada de tres asuntos siendo el primero de ellos un crecimiento del producto lento y claramente inferior al que se había observado el año anterior de 1970 y a todo lo largo del Desarrollo Estabilizador. La segunda cuestión correspondía al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos cuyo monto empezaba a preocupar y la tercera se refería a las presiones inflacionarias que en forma incipiente ya se manifestaban en los entreveros de la economía local. Tal vez el director general Fernández Hurtado le puso deliberadamente el cascabel al gato para que se iniciaran las discusiones cuando explicó “que a pesar de que los indicadores de la actividad disponibles [eran] todavía parciales, se [podían] inferir de ellos algunas tendencias que parecen confirmar las expectativas de que el año de 1971 acusará un ritmo menor de crecimiento con relación al año inmediato anterior”.[1] El planteamiento dio lugar para que el ministro Margáin expusiera sus opiniones sobre las perspectivas de crecimiento que presentaba la economía nacional pero lo más importante fue que la ocasión ofreció oportunidad para que tanto la cabeza del banco central como el jefe de las finanzas nacionales expusieran las políticas que sus respectivas entidades estaban aplicando para enfrentar la peculiar situación económica que se vivía entonces en México marcada por una tendencia a la desaceleración aunque con desbalance en las cuentas externas y presiones inflacionarias incipientes. Lo relevante para la posteridad es que había bastante congruencia y coherencia entre esas políticas fiscal y monetaria.
Se trataba de la primera sesión de la historia en que el ministro Margáin participaba en el Consejo del Banco de México en calidad de presidente de ese órgano colegiado. En su exposición previa, el banquero central Fernández Hurtado había señalado respecto del crecimiento de la economía que “los índices de producción de cerveza, refrescos y aguas envasadas, azúcar, fertilizantes y otros más habían mostrado reducciones de cierta magnitud” durante el periodo de enero a marzo de 1971 en relación con los niveles que habían alcanzado en el mismo periodo de 1970. Pero una vez que el banquero central terminó su exposición sobre las tendencias a la desaceleración que se advertían en la coyuntura, Margáin replicó echando su cuarto a espadas. Empezó señalando al respecto que en algunas ocasiones se había atribuido el menor crecimiento económico durante los primeros meses del año “al aumento en los precios de los refrescos y del azúcar”. En cuanto a la producción de azúcar, explicó, “las estimaciones actuales dan base para suponer que en el presente año colocaremos por lo menos la cuota básica en el mercado americano”. En lo relativo a los refrescos había que tomar en cuenta en particular la huelga que había afectado en los meses iniciales del año a esa industria. En el mismo sentido, la reducción en el consumo de diversos productos se había debido a compras especulativas que se habían realizado “en prevención de alzas de precios”. Y a continuación el ministro Margáin dio muestras de estar al tanto en forma empírica del fenómeno que académicamente se ha venido a conocer como ciclo de Koehler, en honor del investigador de la Universidad de Yale que originalmente lo formuló. Ese paradigma señala que en el primer ejercicio de todo sexenio el crecimiento tiende a moderarse en tanto la nueva administración toma pleno control del gasto público y se puede empezar a poner en ejecución los nuevos proyectos de inversión gubernamental. Así, para el secretario Margáin no había que precipitarse en la evaluación del crecimiento económico que podía esperarse para 1971 y de preferencia sería más conveniente concentrar la atención en el comportamiento de la economía durante los meses siguientes a fin de “contar con mayores elementos de juicio”. Según el ministro Margáin era común que a principios de año “y particularmente en el inicio de una nueva administración, la actividad económica experimenta[ra] usualmente una baja…”. Con ello, implícitamente estaba esperando el funcionario un próximo repunte de las actividades productivas.
Por su parte, para el director Fernández Hurtado el momento clave de su exposición llegó cuando expresó que de todo lo señalado era posible concluir que “los dos principales motivos de preocupación en lo que a la actual situación económica se refiere son el déficit de la balanza comercial y el aumento en los precios”. Respecto del comercio exterior dicho funcionario ya había expuesto que mientras en el periodo enero-abril de 1971 las importaciones habían alcanzado un valor de 805 millones de dólares las exportaciones se habían ubicado en 409 millones. Esas cuentas habían originado “un agravamiento en el déficit comercial el cual alcanzó en el citado periodo enero-abril la suma de 396 millones de dólares, cifra casi igual a la correspondiente al total de las exportaciones”. En la parte de su exposición relativa a los resultados que habían mostrado los índices de precios, si bien el de mayoreo en la Ciudad de México se había venido reduciendo de manera continua desde diciembre de 1970 todavía tenía un nivel alto si se consideraba que en el periodo enero-abril de ese año había sido 5 por ciento más elevado que en el mismo lapso del año anterior. Y a continuación explicó el banquero central que la situación que se vivía presentaba “ciertos fenómenos inflacionarios causados por elementos de ‘tipo costo’ como impuestos, precios de materias primas y bienes intermedios o salarios” así como “una demanda bastante elevada”. Ante ese panorama, aunque las cifras eran aún parciales y de cualquier manera podían inferirse “algunas tendencias que parecen confirmar las expectativas de que el año de 1971 acusará un ritmo menor de crecimiento con relación al año inmediato anterior”. Para el banquero central era “conveniente que el volumen de recursos prestables en las instituciones de crédito y el endeudamiento del sector público con el Banco de México” guardaran una relación adecuada con el sano desarrollo del país.
¿Cómo deberían ser en consecuencia ante un escenario como el descrito tanto la política hacendaria como la monetaria? Para el director Fernández Hurtado y sobre todo tomando en consideración que “las medidas de impulso en apoyo de las exportaciones tardarían tiempo en manifestarse” el papel adecuado del banco central estaría en “tratar de restar peligrosidad a las presiones inflacionarias y a los aumentos excesivos de las importaciones”. Para tales fines tenía que darse atención especial a la adecuación del crecimiento de los recursos prestables del sistema bancario “a los requerimientos de una adecuada expansión económica y disminuyan la presión de la demanda sobre los precios y las importaciones”. Los comentarios del ministro Margáin a continuación son dignos de recuerdo pues confirman la voluntad que existió en esa etapa del sexenio para lograr una “adecuada coordinación del sector público –y en particular entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México– en la consecución de metas comunes. A ese respecto el ministro explicó que las acciones del Banco de México orientadas a “restar liquidez a la banca privada” eran plenamente compatibles con la política gubernamental que se seguía “tendiente a consolidar el desarrollo a través de una cierta desaceleración del crecimiento que permitiera lograr efectos positivos en la disminución del incremento en el déficit de nuestra balanza comercial”. Así, una de las finalidades que claramente deseaban alcanzarse con esas acciones era la de contener el crecimiento de las importaciones. En la búsqueda de ese objetivo la Secretaría de Hacienda estaba trabajando para moderar las compras del sector público en el exterior y suprimir los alicientes que no fueran justificados para realizar importaciones, a la vez de “ajustar la política fiscal” mediante el expediente de elevar los ingresos públicos y disminuir los gastos del erario. A juicio de ese funcionario, las acciones que estaba poniendo en ejecución el banco central eran plenamente concordantes “con la política gubernamental que tiende a limitar el endeudamiento con el exterior”. Y en adición el ministro Margáin también expresó que otra de las finalidades de la política hacendaria era la de procurar un “cambio gradual de la estructura de la deuda pública externa con el propósito de establecer para ésta condiciones más favorables”. Esto último, seguramente mediante la reducción de las tasas y el alargamiento de los plazos.
En ese verano de 1971 el director general Fernández Hurtado puso énfasis en el tema de la política monetaria que debía aplicar en la coyuntura el Banco de México, explicación que complementaba de manera muy ilustrativa la que poco tiempo antes había aportado en la ya citada reunión del Consejo de mayo de ese año.[2] La intervención se produjo después de que ese funcionario explicara a los consejeros el incremento que había mostrado el medio circulante emitido por el Banco de México durante el periodo enero a junio de 1971 en contraste con las cifras del lapso enero a junio de 1970, comparación que, a juicio de ese funcionario, permitía que se eliminaran del análisis “las distorsiones ocasionadas por el efecto estacional del mes de diciembre”. El punto a detectar fue que el incremento correspondiente del medio circulante había sido de 7 por ciento “similar al de la actividad económica en ese mismo periodo, [pero] ya considerado el aumento en los precios”. Muy posiblemente ese resultado habría sido del agrado del más exigente de los economistas monetarios y previsiblemente también fue motivo de satisfacción para el director Fernández Hurtado. Ese resultado permitía estimar que se había cumplido adecuadamente con “el objetivo de la política monetaria de adecuar el crecimiento del medio circulante a las necesidades que origina el desarrollo económico del país, sin propiciar elevaciones en los precios”. Al respecto, también se permitió destacar el director Fernández Hurtado que el comportamiento referido que habían tenido los medios de pago se había “reflejado íntegramente en la reserva de oro, plata y divisas [del Banco de México]” la cual se había incrementado en 2 917.6 millones de pesos [ó 233 millones de dólares]. Ese resultado se había conseguido fundamentalmente como consecuencia “del influjo de recursos externos canalizados a través de la banca privada y de empresas particulares y no de un mayor endeudamiento del Gobierno Federal ni de movimientos en la balanza comercial”.[3]
Un momento crucial para la política económica mexicana en ese sexenio se vivió hacia mediados del año 1972 cuando detonó el fulminante para que se produjera la destitución del ministro Margáin como secretario de Hacienda. El primer indicio de dicho desenlace se manifestó en una reunión del Consejo de febrero de 1972. En esa sesión, al explicarse cómo había evolucionado la circulación monetaria durante 1971 en contraste con lo ocurrido en 1970 el director Fernández Hurtado puso de relieve que “la fuerte expansión primaria generada por el Banco de México” en ese periodo anual que había sido de 8.3 por ciento “se vio compensada por la contracción que representó el incremento de los altos volúmenes de recursos que en exceso de los requisitos del depósito legal y otras disposiciones vigentes mantuvieron las sociedades financieras e hipotecarias invertidos en cuenta corriente en el Banco Central”. Y aproximadamente seis meses después, ese mismo funcionario hizo ver que a pesar de que todos los indicadores preliminares para el periodo enero-junio de 1972 sugerían “una recuperación general sobre los niveles alcanzados en el mismo periodo de 1971”, año en que (sic.) “Se presentó un estancamiento en ciertos sectores de la economía”, de cualquier manera habían subsistido los recursos en exceso del depósito legal que los intermediarios mantenían en cuenta corriente en el Banco de México. En otras palabras, la disminución que había mostrado el financiamiento total del sistema bancario había estado en gran medida motivada por el exceso de excedentes prestables depositados en el banco central. Dichos “recursos, al no ser trasladados al público, disminuyeron la liquidez de este último y, consecuentemente, incidieron desfavorablemente en una mayor captación por las instituciones”.[4]
El fenómeno no había desde luego pasado desapercibido para las autoridades del Banco de México y tampoco habían faltado acciones para enfrentarlo. En esa misma sesión del Consejo de agosto de 1972 Fernández Hurtado explicó las medidas que había venido adoptando el banco central para enfrentar el problema y que habían estado dirigidas tanto a las sociedades financieras, como a las hipotecarias y a la banca de depósito. En cuanto a las financieras, a finales de mayo de ese año se había expedido la Circular 1731/72 con el propósito principal de “alentar la actividad económica mediante la ampliación de la capacidad de crédito de esas sociedades, permitiéndoles suministrar recursos con gran flexibilidad a negocios dedicados a la producción y a los servicios…”. La estimación era que la disposición anterior liberaría recursos adicionales para aplicarse “a la expansión de las actividades económicas” en un monto de 1 500 millones de pesos. Por su parte, para el caso de las hipotecarias se habían acordado disposiciones a fin de facilitar que dichos intermediarios financiaran en mayor monto “la realización de nuevos conjuntos habitacionales y [también] la remodelación urbana de zonas populares”.
Y según la información disponible, particular atención pusieron las autoridades del banco central en las disposiciones que se expidieron para involucrar a la banca de depósito a en una mayor expansión del crédito en apoyo de la producción. Así, mediante la Circular 1743/72 se ajustó el régimen de depósito legal aplicable a esos intermediarios a fin de que una proporción de los fondos que ya tenían captados y de los que se captaran en el futuro fueran “canalizados al sector ejidal y al de campesinos de bajos ingresos”. Esto debería llevarse a cabo “mediante créditos acompañados de supervisión y asistencia técnica, que incrementen la productividad de las inversiones realizadas y logren un elevado índice de recuperación en los financiamientos concedidos”. También en esa circular se establecieron condiciones para que la banca apoyara en mayor medida a la mediana y pequeña industria. Esos apoyos deberían asegurar “una más importante ayuda crediticia que permita al industrial mediano y pequeño aumentar sus inversiones y por consiguiente su actividad productiva”. Asimismo, en la circular mencionada se incluyeron disposiciones para que los bancos de depósito canalizaran recursos al Fondo de Garantía y Fomento de la Pequeña y Mediana Industria (FOGAIN) a fin de que ese fideicomiso otorgara créditos “en condiciones favorables para el crecimiento industrial de las zonas de menor desarrollo económico”. Por último, con el objeto de que se intensificara la participación de los bancos en los fines señalados se les dotó de un nuevo instrumento de captación a plazo fijo. Las autoridades del banco central esperaban que dicho instrumento les permitiera a esos intermediarios retener en provincia ahorros que estaban siendo transferidos del interior del país a los grandes centros urbanos.
Con toda seguridad las medidas explicadas habían sido acordadas en consulta con el ministro Margáin y apuntaban en el sentido de brindar mayores apoyos a la producción en segmentos que tradicionalmente habían tenido en México insuficiente acceso al crédito institucional. Sin embargo, al parecer desde los niveles más altos del poder no se dio suficiente tiempo para que esas disposiciones del Banco de México pudieran surtir pleno afecto. Y así fue como sobrevino la destitución de ese ministro. El tema ha sido comentado explícitamente en varios textos relativos a la política económica de la época. A manera de ejemplo, Leopoldo Solís escribió que cuando llegó a oídos del presidente Echeverría el caso de los fondos excedentes que se habían acumulado en el Banco de México se desataron como vendaval las iras presidenciales.[5] Cómo llegó a oídos de ese mandatario aquella noticia y de qué manera se la explicaron personas con acceso a su atención es algo sobre lo que no se tiene precisión. No hay duda tampoco de que la destitución del abogado Margáin se produjo en un entorno de enfrentamientos continuos que había tenido lugar con otros secretarios de Estado probablemente en el seno del gabinete económico. Al respecto Carlos Tello ha señalado que “los enfrentamientos entre Hugo Margáin y Horacio Flores de la Peña eran cada vez más intensos” y que “en las reuniones en Los Pinos eran notables las diferencias”. Más adelante ese memorialista explica que la discusión económica en esa administración se había polarizado entre unos que propugnaban por “promover la economía nacional por la vía del gasto público” y otros que estaban a favor de moderar el gasto “tan sólo argumentando la bondad de los equilibrios financieros y la estabilidad de precios”.[6]
Sin embargo, Tello omite analizar a continuación por cuáles razones funcionarios como Hugo Margáin, Fernández Hurtado, Mario Ramón Beteta y Miguel de la Madrid abogaban por la estabilidad de precios y el mantenimiento de los equilibrios financieros. Tal vez si lo hubiera hecho habría tenido que llegar a la conclusión de que el desbordamiento de los equilibrios financieros y la pérdida de la estabilidad monetaria eran hechos conducentes a que se produjera inexorablemente una espiral inflacionaria con todas sus consecuencias malignas, un endeudamiento perverso y excesivo del gobierno federal con el exterior y una muy traumática crisis de balanza de pagos que terminaría en devaluación de la moneda. Todo esto último fue lo que en realidad se derivó como consecuencia de esa política monista y miope de tan sólo lanzar “a la economía mexicana por un rumbo de expansión” desenfrenada mediante un gasto público desbocado. Al desatarse la inflación y el endeudamiento exponencial de manera tan irresponsable se socavaron las bases para que la economía mexicana pudiera preservar un desarrollo autosostenido. La inflación también socavó las precondiciones indispensables para que los salarios reales pudieran seguir creciendo de manera continua y sostenida. Como era de esperarse, la inflación que se desató mediante esa política expansiva de sobrecalentamiento de la economía causó grandes daños adicionales a la sola supresión de las precondiciones para un crecimiento continuo de los salarios reales. Así, el fenómeno inflacionario no únicamente condujo a un deterioro de la distribución del ingreso nacional, a elevar los riesgos empresariales –sobre todo para las empresas pequeñas– los riesgos crediticios –principalmente para los acreditados chicos– sino que también dio lugar a una sobrevaluación creciente de la moneda nacional contra el dólar de los Estados Unidos. Era natural que en esas circunstancias la cuenta corriente de la balanza de pagos tuviera una fuerte tendencia a un déficit difícil de financiar con una tendencia también creciente al endeudamiento externo y al agotamiento de la reserva internacional del Banco de México. Y dada la sobrevaluación creciente e irreversible de la moneda nacional sólo fue cuestión de tiempo para que se desatara una fuga de capitales de magnitud masiva forzando al abandono de una paridad cambiaria que llevaba más de dos décadas de permanencia.
Así, en la sesión del Consejo del 13 de junio de 1973 se informó de la carta que se había recibido del abogado Hugo B. Margáin renunciando a su cargo como Consejero por la serie A además de su condición de presidente de ese órgano colegiado, en razón de que el presidente de la República lo había designado “Embajador de México en la Gran Bretaña”. Los miembros del Consejo aceptaron la renuncia –¡qué otra cosa podían hacer!– acordando que constase en actas “el reconocimiento de los señores consejeros por la destacada y valiosa participación que tuvo el licenciado Margáin en todos los asuntos de la Institución que atendió en su calidad de presidente del Consejo de Administración y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Por razones estatutarias, para la designación del sucesor –que necesariamente tendría que ser el siguiente secretario de Hacienda– había que convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para que en ella se nombrase al nuevo consejero propietario por la serie A y presidente de ese órgano colegiado. La Asamblea se celebró el 9 de julio de 1973 y ese mismo día el Consejo le otorgó al nuevo consejero el cargo de presidente quedando como su sustituto el subsecretario del ramo Mario Ramón Beteta.
Pero aparte de trámites reglamentarios y formales, lo que cabe destacar es el perfil del nuevo secretario de Hacienda. No había en el currículum del abogado José López Portillo antecedente alguno de formación académica en las materias de economía, finanzas, banca o moneda. Tampoco en la hoja de servicios profesionales de ese abogado había antecedente ni siquiera cercano de que hubiera pasado por la Secretaría de Hacienda o por alguna entidad de la banca de desarrollo. Se cuenta que López Portillo había sido un catedrático brillante de la materia Teoría General del Estado y un individuo de cierta cultura con escritos de corte literario inspirados en la mitología azteca. Sin embargo, su experiencia en el servicio público había sido en realidad corta. A una edad relativamente avanzada se había iniciado como asesor en el jurídico de la Secretaría del Patrimonio Nacional teniendo el mérito de haber llegado en poco tiempo a encabezar esa área en dicha Secretaría. De ahí, el abogado López Portillo había sido ascendido a director de la Comisión Federal de Electricidad en donde se desempeñó por tan sólo nueve meses. Un apologista del personaje escribió que en esa encomienda había tenido un desempeño brillante en razón de que durante su gestión se produjo la inauguración de la central hidroeléctrica de Chicoasen. Sin embargo, es ampliamente sabido en el medio que la planeación y puesta en marcha del proyecto para una planta de esa naturaleza es una cuestión de años y el mérito de su inauguración no puede atribuírsele ni tan siquiera marginalmente a un funcionario que encabezó al organismo rector del ramo por un periodo tan corto. Ese mismo apologista reconoce que si bien el abogado López Portillo carecía totalmente de experiencia previa en materia de finanzas y crédito y de conocimiento alguno para ocupar el cargo de secretario de Hacienda, contaba en cambio con la confianza del presidente que entonces gobernaba el país. ¡Como si la confianza del jefe pudiera ser un sustituto aceptable o tan siquiera suficiente para la capacitación profesional! En contraste, el director del Banco de México Fernández Hurtado había empezado a trabajar en la banca central desde finales de la década de los cuarenta y por sus logros profesionales había ido ascendiendo gradualmente en la institución llegando a ser durante la década de los años sesenta el segundo de a bordo en la estructura tan sólo por debajo del muy respetado don Rodrigo Gómez. El panorama dialéctico quedó así perfectamente trazado: ¡la experiencia y los conocimientos contra la improvisación contaminada por los prejuicios!
El secretario López Portillo hizo su debut como presidente del Consejo de Administración del Banco de México a principios de julio de 1973 y no tuvo que esperar mucho para enterarse de manera amplia y pormenorizada de los problemas de inflación, finanzas públicas, deuda externa y balanza de pagos que amenazaban en el momento a la economía mexicana. La ocasión para el bautizo de fuego se presentó en unas sesiones del Consejo que presidió el propio secretario López Portillo a mediados de agosto de 1973 y pocos meses después en febrero de 1974. En la primera de esas reuniones el director Fernández Hurtado hizo primeramente mención al hecho de que en el periodo enero-julio de 1973 en comparación con los datos del mismo lapso del año anterior el saldo negativo de la balanza de pagos del país había pasado de 550 a 882 millones de dólares. Agregó a continuación el banquero central que en caso de no fortalecerse la situación general de la economía mediante la aplicación de una “política antiinflacionaria conveniente que, entre otros elementos, prevea que el gasto público se ajuste a límites adecuados” únicamente podría enfrentarse en forma transitoria el financiamiento de ese déficit mediante “el crédito externo y las reservas internacionales”. Más claro, ni el agua. Y en respaldo de la propuesta para que se adoptara una política antiinflacionaria adecuada, poco tiempo después el banquero central presentó a la consideración del Consejo y del propio secretario López Portillo una exposición pormenorizada de las implicaciones que había tenido para la economía nacional la aplicación de una política económica abiertamente expansionista, dañina para el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos. En ese orden, en diciembre de 1973 el director Fernández Hurtado comentó en ese órgano colegiado que la situación inflacionaria que padecía la economía nacional era ya de gravedad en razón de que mientras en el periodo enero a noviembre de 1972 los índices de precios al mayoreo y al consumidor en la Ciudad de México se habían elevado respectivamente 4 y 5.7 por ciento, en el mismo periodo de 1973 el incremento había sido respectivamente de 23.4 y 15 por ciento. Lo peor había sido que de diciembre de 1972 a noviembre del año siguiente el incremento de los precios al mayoreo en México había sido más de 5 por ciento mayor que en Estados Unidos (21.5 contra 16.1 por ciento) siendo que en igual periodo del año anterior el aumento correspondiente en México había sido menor al del país del norte a la razón de 3.7 contra 4.5 por ciento. El banquero central también expresó que la captación de recursos por el sistema bancario se había visto afectada por la situación inflacionaria. Así, durante los últimos 12 meses de octubre de 1972 a octubre de 1973 había habido por parte de los ahorradores una clara preferencia en favor de los activos monetarios por lo que del incremento total de captación en ese lapso hasta el 31.2 por ciento había correspondido “a creación primaria y secundaria de medios de pago, o sea billetes y monedas en poder del público y depósitos en cuanta de cheques en moneda nacional”.[7]
¿Pero cuáles eran las causas a que cabía atribuir ese repunte desproporcionado de la inflación interna? Todavía a mediados de 1973 Fernández Hurtado explicó en el Consejo que las presiones alcistas que se habían observado durante ese año se debían “a una combinación de factores cuya influencia separada [era] muy difícil de cuantificar”. Así, entre esos factores podía citarse primeramente “la insuficiencia de la producción interna particularmente de productos agropecuarios”. Y a esa causa podía agregarse “la influencia del aumento de los precios en el exterior, especialmente de las materias primas y alimentos”. A continuación el funcionario también hizo alusión a una causa alcista un poco difícil de conceptualizar y que era el “incremento de los precios de los productos que México exporta, situación que origina escasez interna de esos productos”. Acto seguido también se puso de relieve “el aumento, directo e indirecto, de la carga fiscal”. Pero más adelante en la exposición es donde se puso el dedo en la llaga sobre las causas más profundas del fenómeno alcista: “las elevaciones de costos que trae como consecuencia el hecho de que la economía se acerca ya a los límites máximos que permiten las combinaciones viables de factores”. Pero en rigor, las expuestas causas del fenómeno inflacionario más bien podían considerarse como sus expresiones o consecuencias. Sin embargo, añadió a continuación el funcionario que a los factores enunciados cabía agregar otros de carácter más especulativo “como los derivados de la posible implantación de la jornada semanal de 40 horas, la expectativa de ampliaciones substanciales en el gasto público y la incertidumbre sobre la estabilidad cambiaria”. Con todo, ya hacia mediados del año siguiente el banquero central afinó la puntería y le entró de lleno, ya sin ambages y eufemismos, a explicar las causas fundamentales del proceso alcista.
Al respecto, el banquero central dijo en el Consejo de Administración en agosto de 1974 que, desde luego, la inflación interna podía ser atribuida parcialmente a influencias provenientes del exterior pero en honor a la verdad muchas de las causas del fenómeno no podían “atribuirse a incidencia de situaciones externas”. Así, a pesar de los importantes incrementos que había tenido la producción interna cabía destacar de manera primordial el exceso de demanda que había caracterizado a la economía nacional durante esos últimos tiempos. Sin duda, una de las causas de ese exceso de demanda provenía de “los fenómenos especulativos que a menudo se han traducido en utilidades elevadas”. Pero esos fenómenos especulativos, incuestionablemente indeseables, sólo podrían frenarse si la demanda total se ajustaba debidamente a la oferta total principalmente mediante el importante expediente de “limitar el gasto del sector público que se ha venido elevando en mayor medida que los ingresos de dicho sector”. Ahí estaba el quid. Esta última era la causa principal que había dado lugar a una creación excesiva de medios de pago por parte del banco central lo cual había añadido liquidez innecesaria y poder adquisitivo redundante a la comunidad, convirtiéndose en la fuente más importante de que la demanda del país tendiera a exceder constantemente a la oferta de origen interno. Así, frente a esa situación de desbalance, la economía reaccionaba “equilibrando la oferta y la demanda mediante aumentos en los precios internos y en las importaciones”.[8]
De hecho, el fenómeno inflacionario se había vuelto tan evidente y preocupante que el director Fernández Hurtado decidió entrarle de frente al problema desde mediados de 1973: ¡mientras más rápido, mejor! La ocasión fue doblemente oportuna toda vez que en la sesión de Consejo en que el director presentó “los lineamientos básicos de la política antiinflacionaria a aplicar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, s.a.” estuvieron presentes los dos interlocutores idóneos para el caso: el secretario de Hacienda López Portillo y su segundo de a bordo el subsecretario del ramo Mario Ramón Beteta.[9] Por desgracia no se encontró en las actas del Consejo el detalle de dicho programa antiinflacionario el cual según referencias quedó integrado originalmente por 16 puntos. ¿Cómo pudo haber sido su contenido? Sin poder desde luego prefigurar con exactitud cada uno de esos puntos, resulta sin embargo posible deducir que el aludido programa debió haberse referido de manera necesaria a cuatro materias: finanzas públicas, intermediación bancaria y encaje legal, política monetaria e importaciones y exportaciones. Las medidas concretas necesariamente deben haber estado orientadas al fortalecimiento del balance fiscal, mayor crédito institucional en favor del sector público, arreglos para contener la expansión del crédito y acciones para reducir las importaciones y posiblemente también para estimular las exportaciones. Todo ello, con la meta ulterior de aminorar las presiones inflacionarias en la economía mexicana.
Un punto a destacar en la presentación de ese programa antiinflacionario cuya confección claramente había provenido del Banco de México fue el apoyo que pareció despertar por parte del ministro López Portillo. Así, inmediatamente después de la presentación de ese programa a la consideración del Consejo por parte del director del instituto central ese ministro en su calidad de presidente de dicho órgano colegiado manifestó que “diversos grupos de trabajo [estaban ya] considerando las medidas concretas mediante las que se aplica[ría] la política antiinflacionaria sobre la que informó el Director General”. Y en la siguiente reunión que celebró el Consejo tan sólo poco más de un mes después, se puntualizó que ya los 16 puntos que formaban parte de esa política habían sido dados a conocer a la opinión pública “por el titular de la mencionada Secretaría del Estado”. Más adelante en la sesión el propio secretario López Portillo explicó que la política antiinflacionaria que se había aprobado y que ya se estaba poniendo en ejecución descansaba en tres aspectos fundamentales. El primero de esos aspectos era “un más estricto control del gasto público y un manejo más riguroso del crédito” y el segundo “la aplicación de una cuidadosa política en materia de comercio interno y externo que, entre otros elementos, implicaba una regulación adecuada de las importaciones y exportaciones…”. Por último, el tercer elemento era una “política de precios-utilidades-salarios en cuya aplicación se habían obtenido ya resultados satisfactorios, en cuanto se ha logrado evitar transferencias excesivas a precios”.[10] Se empezó así a perfilar desde esos inicios una gran rareza conductual en la forma de relacionarse del secretario de Hacienda López Portillo con todo lo que se refería al Banco de México y a sus funcionarios. En particular, en las sesiones del Consejo de Administración a las que acudía en calidad de presidente nunca se inconformó ni entró en debate con los temas típicos de banca central que ahí se discutían. Y de manera más específica, tampoco en ninguna de las sesiones de ese órgano colegiado ejerció el derecho de veto que le confería el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco de México. Entonces, su muy extraña manera de conducirse consistió reiteradamente en el asentamiento sin cuestionamientos frente a las propuestas que presentaba la banca central mientras que de espaldas apoyaba de manera irrestricta la continuación de una política económica claramente conducente al sobrecalentamiento de la economía y a una eventual pero segura crisis de la balanza de pagos.
No podía quizá ya haber duda de que la inflación que había sentado sus reales en México tenía fundamentalmente orígenes internos en la política económica inflacionista que se venía aplicando, pero tampoco el contexto internacional era propicio para la restauración de la estabilidad que se requería para que el desarrollo económico interno fuese autosustentable. Se vivía claramente una etapa de intensos problemas inflacionarios para la mayoría de los países del mundo. Esa situación daba lugar de manera inexorable a que la inflación del exterior se trasladase a la economía local por la vía de precios cada vez más elevados para las importaciones que el país tenía que realizar. De ahí que como lo explicara Fernández Hurtado en el Consejo en julio de 1973, a la inflación internacional que afectaba a la mayoría de los países del mundo en México se habían añadido sus propias presiones que se derivaban “del fuerte crecimiento de la demanda por encima de las posibilidades de expansión de la oferta, no obstante que ésta ha crecido a tasas aceleradas…”. Pero a esta explicación de la incidencia interna de la inflación internacional el banquero central Fernández Hurtado omitió mencionar que ese factor además de un daño también ofrecía a México una salida o válvula de escape. Desde luego, la inflación interna infligía sus daños a la población local independientemente del nivel que tuviera la inflación en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, en caso de que la inflación interna no hubiese terminado por volverse más elevada que la del exterior tampoco habría tenido lugar una apreciación continua en términos reales del peso contra el dólar, y la cual sería imposible de revertir salvo mediante una macrodevaluación de la moneda nacional. Si bien Fernández Hurtado nunca se refirió explícitamente en el Consejo a la apreciación del tipo de cambio real a que daba lugar la inflación interna, prácticamente ese fenómeno se ponía de relieve cuando en el Consejo se hacía referencia con todas sus letras a los diferenciales de inflación que existían entre México y Estados Unidos y que se hicieron permanentes a todo lo largo de 1974, 1975 y 1976. A manera de ejemplo, en mayo de 1974 el banquero central explicó en el Consejo que hasta diciembre de 1972 el índice general de precios al mayoreo de México había venido creciendo a tasas anuales inferiores a las de Estados Unidos, pero que a partir de los primeros meses de 1973 había empezado a mostrar un ritmo semejante y había llegado a alcanzar su máximo de 19 por ciento en el mes de agosto. A partir de ese momento y en adelante se había abierto una diferencia notable ya que mientras el índice de México se había acelerado fuertemente hasta alcanzar en marzo de 1974 una tasa anual de 31 por ciento el de Estados Unidos se había mantenido sin grandes fluctuaciones “en 18.5 por ciento durante el lapso agosto de 1972 a marzo de 1974”. Y el agravante a toda esa problemática se marcó por el hecho de que mientras en la totalidad sin excepción de los países industrializados la política económica se había tornado restrictiva a fin de combatir las presiones alcistas en México la postura seguiría siendo abiertamente expansionista.[11]
Así, la inflación en México siguió avanzando prácticamente sin freno y el director Fernández Hurtado no dejó de lanzar voces de alerta y de preocupación sobre los peligros que se estaban formando contra la economía mexicana. En esos llamados de atención, el banquero central ponía en particular relieve los resultados que mostraban los índices de precios locales y su comparación con los correspondientes de Estados Unidos, además de explicar la evolución de los agregados monetarios y de la intermediación financiera con algunas referencias esporádicas a la situación que guardaban las finanzas públicas y de manera muy especial con la precisión del perfil que presentaban las cuentas externas del país –balanza comercial, cuenta corriente y balanza de capital– y las consecuencias que se habían producido sobre la reserva internacional del Banco de México. Una de esas pocas ocasiones en que el banquero central hizo referencia explícita a la situación que guardaban las finanzas públicas ocurrió en octubre de 1974. En esa instancia señaló que si bien era satisfactorio el ritmo al que venía expandiéndose la actividad económica y que las medidas impositivas y de precios públicos que se habían tomado en 1973 habían aumentado significativamente los ingresos del sector público en lo que llevaba de transcurrido el año de 1974, el gasto público se había expandido a una velocidad mucho mayor que los ingresos fiscales por lo que la magnitud del déficit presupuestal se conservaba a niveles muy altos. Y las implicaciones financieras de ese déficit eran que su financiamiento había requerido de recursos crecientes de crédito por parte tanto del Banco de México como del sistema financiero por la vía del encaje legal y también del exterior en la forma de crédito público externo. De esa manera, el financiamiento otorgado al gobierno federal durante esos primeros diez meses de 1974 por 41 mil millones de pesos era muy superior en monto a la cifra de 23.5 miles de millones correspondiente al mismo periodo del año precedente y además había ya rebasado en 46 por ciento la cantidad que se había presupuestado originalmente. Como consecuencia, los índices de precios internos habían alcanzado su mayor ritmo de crecimiento de noviembre de 1973 a febrero de 1974 llegando en promedio a 3 por ciento mensual, lo que equivalía en términos aproximados a un nivel anual superior a 40 por ciento. Y ya de marzo hasta agosto dicho promedio para el índice de precios internos se había ubicado en 1.1 por ciento mensual o por arriba, aproximadamente, de 14 por ciento anual.[12]
Las otras dos variables de seguimiento de la marcha de la economía a las que el Consejo de Administración prestaba atención eran la balanza de pagos y sus repercusiones sobre la reserva internacional. Así, en mayo de 1974 el director del Banco de México informó en ese órgano que en el periodo de enero a abril de ese año el déficit de la cuenta corriente había cerrado en 550 millones de dólares sobre una cifra de 211 millones para igual periodo del año anterior. Y a continuación agregó que dicho aumento había sido fundamentalmente causado por las importaciones de Pemex y de Conasupo y que sin ellas el saldo deficitario habría resultado muy semejante al del periodo equivalente anterior. Sin embargo, para octubre de 1974 el banquero central adelantó que todos los datos disponibles sobre balanza de pagos permitían fundamentar la conclusión de que en los primeros nueve meses de ese año posiblemente la cuenta corriente de la balanza de pagos había alcanzado un déficit en millones de dólares en razón del incremento que habían mostrado las importaciones en el periodo de 51 por ciento frente a una expansión de las exportaciones de tan sólo 33 por ciento. Y abundando en ese tema, aunque dicho funcionario solía ser parco en sus presentaciones en el Consejo en lo relativo a la situación y trayectoria del saldo de la reserva internacional en el transcurso de aquella crisis inflacionaria una excepción se produjo en una sesión de ese órgano de diciembre de 1973. Dijo en esa reunión el director Fernández Hurtado que “pasando a referirse a los movimientos experimentados en el monto de la reserva bruta del Banco de México” siendo que en diciembre de 1972 dicho saldo había alcanzado 1 284.7 millones de dólares para junio de 1973 se había reducido a 1 270.4 millones, a julio a 1 228.4 millones, a septiembre a 1 156.8 millones y a octubre a 1 078 millones. Y agregó a continuación que si en el año 1974 el gasto público se ajustaba al presupuesto aprobado sería de esperarse que no se observaran más “pérdidas de consideración en los activos internacionales del Instituto Central…”.[13] Pero ya se ha adelantado que ese comportamiento ordenado del gasto público no se produciría en dicho año ni durante el resto del sexenio.
Las presiones alcistas que se observaron durante el primer semestre de 1974 y la preocupación que el fenómeno inflacionario despertaba en el director Fernández Hurtado –y también seguramente en los principales funcionarios del Banco de México enterados de la problemática en que había caído la política monetaria– casi empezó a transformarse en desesperación. Así, en una sesión del Consejo de abril de 1974, la cabeza del banco central señaló que por las presiones inflacionarias prevalecientes y por los efectos nocivos que estaban teniendo sobre la balanza de pagos y sobre la captación de fondos por parte del sistema financiero la política inflacionaria se encontraba en el momento más crítico “ya que aún no se habían podido contener las presiones sobre el aumento de los precios”.[14] En ese sentido, con base en este último planteamiento a los pocos meses el director Fernández Hurtado presentó a la consideración del Consejo lo que en realidad era un replanteamiento de la política antiinflacionaria que se había formulado a mediados de 1973. El momento para ese replanteamiento parecía adecuado en razón de la muy elevada captación de ahorro que se esperaba por parte de los intermediarios y principalmente por los bancos de depósito, a raíz de los fuertes financiamientos deficitarios en que venía incurriendo el sector público. Cabe señalar que si bien el secretario López Portillo no estuvo presente personalmente en esa importante sesión de Consejo, de cualquier manera debió estar avisado de las propuestas que se iban a discutir en ella e incluso de las medidas que a continuación propondría el director Fernández Hurtado. Todo ello en apego a la costumbre que se había establecido desde hacía décadas de que el Banco de México siempre concertaba previamente con la Secretaría de Hacienda las medidas que se iban a proponer en el Consejo de Administración. Así siempre se había procedido y en particular de esa manera se operó durante el periodo del Desarrollo Estabilizador con el ministro Ortiz Mena a la cabeza de esa dependencia. Así, aquel replanteamiento de la política antiinflacionaria incluyó básicamente tres medidas. Las dos primeras estuvieron vinculadas directamente con la relación crediticia del banco central con el gobierno federal y fueron las siguientes:
Por su parte, la contención de la tan rápida expansión que venía mostrando el crédito en general en la economía previsiblemente se lograría mediante la siguiente acción:
“Moderar el crecimiento del crédito que la banca concede al sector privado con el propósito de aminorar la expansión de la demanda total y la presión que ejerce sobre los precios y las importaciones”. Lo anterior, “en tanto el Gobierno Federal está en posibilidad de mejorar sustancialmente la posición de las finanzas públicas”.[15]
Esas medidas que propuso el director Fernández Hurtado fueron aprobadas por unanimidad por los consejeros, pero previamente a la votación se expresaron algunos comentarios sobre el tema que vale la pena recoger para fines del recuerdo histórico. La clave de ese replanteamiento de la política antiinflacionaria residiría, como ya se ha dicho, en que pudiera aplicarse verdaderamente una moderación a las finanzas públicas. Al respecto, quizás en un arrebato de ilusiones señaló esperanzado Fernández Hurtado que la Secretaría de Hacienda y la Dirección del Banco de México ya habían iniciado pláticas para establecer mecanismos que hicieran posible “una mayor adecuación entre el monto de los financiamientos que el segundo concede, durante cada año [a la] primer[a] y una política monetaria y crediticia relacionada con un desarrollo económico con características no inflacionarias que propicie el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios e ingresos de amplios sectores de la población y la maximización de los ahorros dirigidos a la inversión nacional”. Por su parte, la intención de “moderar el crecimiento de los créditos al sector privado” a fin de compensar el efecto expansionista del crédito primario al gobierno requeriría necesariamente de elevar el depósito obligatorio –es decir, los depósitos sin interés– que el Banco de México imponía a los diversos intermediarios. En particular, dentro de esas medidas antiinflacionarias que se acordaron en agosto de 1974 se prestó una atención especial al caso de las sociedades financieras. Aparte de las acciones relativas al control selectivo del crédito la propuesta fue que el Banco de México suscribiera convenios individuales con cada una de las financieras para que éstas, tomando como referencia sus pasivos computables para efectos de encaje a mayo de 1974, depositaran a lo largo del resto de ese año en el Banco de México “sumas que alcanzaran un monto global conjunto de 2 000 millones de pesos”. La mitad de ese depósito global se constituiría mediante cuatro aportaciones mensuales iguales y sucesivas en el periodo de agosto a noviembre de ese año. El resto se conformaría con aportaciones que iría decidiendo la autoridad monetaria en función del crecimiento que tuvieran los pasivos de esos intermediarios.
Sin embargo, el déficit fiscal siguió creciendo de manera acelerada durante los meses subsiguientes “requiriendo recursos crecientes de financiamiento del Banco de México y del exterior”. Y ese aumento del déficit fiscal tuvo las repercusiones alcistas que eran de esperarse sobre los índices de precios y las tendencias a la ampliación del déficit sobre el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. De ahí la necesidad de que en el banco central se tomaran medidas antiinflacionarias adicionales a las que ya se habían acordado en el mes anterior de agosto. Independientemente de las acciones relativas al control selectivo, desde el punto de vista de la regulación monetaria tan sólo una medida de gran importancia se adoptó en aquella ocasión y consistió en elevar hasta 23 puntos porcentuales sobre su captación el depósito en efectivo que los bancos comerciales estaban obligados a conservar en el Banco de México. En el banco central ya se habían hecho los cálculos sobre el drenaje de fondos que esa medida produciría sobre la oferta total de crédito a partir del hecho estacional de que durante el último trimestre de todos los años la captación de los bancos se incrementaba en aproximadamente 10 por ciento. Así, al estimarse que en el periodo y hasta el final del año la captación de los bancos se incrementaría en aproximadamente 10 mil millones de pesos esas instituciones tendrían que depositar en el banco central por concepto de regulación monetaria 2 300 millones adicionales al depósito de 4 100 millones que habría correspondido a esa disposición si no se hubiera modificado la tasa aplicable, dando un total agregado de 6 400 millones de pesos. Destacó también a continuación el director Fernández Hurtado que la medida no resultaría restrictiva en términos netos ya que de cualquier manera la banca podría aumentar su cartera en dicho periodo en 3 600 millones de pesos con un incremento relativo del 12 por ciento. Finalmente, después de que los consejeros aprobaran esa medida por unanimidad el ministro López Portillo presente en la sesión de Consejo correspondiente expresó que no ejercería el derecho de veto que le concedía la Ley del Banco de México aprobando implícitamente las medidas propuestas.[16]
Sin embargo, el estado de cosas se continuó dando en la tesitura ya explicada y el director general Fernández Hurtado decidió lanzar su último cuarto a espadas en esa carrera angustiosa y desigual por restaurar la estabilidad de precios en México antes de que ocurriera, como finalmente ocurrió, una crisis cambiaria y financiera de proporciones mayúsculas. Se trató en realidad de la última etapa de una tragedia en el campo de la banca central mexicana que tan amargo sabor debió haber dejado en todos los que tuvieran la desgracia de vivirla.
La coartada –podría pensarse que casi idónea– para que el Banco de México pudiera hacer un nuevo planteamiento de política antiinflacionaria se presentó a raíz de que “en la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para el año de 1975, al proyectar el gasto programado para el sector público se [había] requerido oportunamente la opinión e información del Banco [de México] sobre la situación económica y financiera del país…”. Así, intentando aprovechar al máximo la oportunidad y el hecho de que en la sesión correspondiente de Consejo se contaría con la presencia del propio secretario de Hacienda López Portillo las autoridades del Banco presentaron a la discusión un documento oficial cuidadosamente redactado en cinco partes. En la primera se aportó un resumen del presupuesto para el año 1975 de los ingresos y gastos de la Federación que la Secretaría de Hacienda había sometido a la revisión y aprobación del Congreso de la Unión. A continuación, en el segundo inciso se hizo una glosa de las razones en que fundaba el banco central su propuesta para que se aceptara una política tendiente a evitar las presiones inflacionarias que se habían presentado en el año de 1974 “con motivo tanto del aumento de los precios externos, como del muy elevado déficit del sector público…”. Y en el muy importante tercer inciso del documento se presentaron las estimaciones del Banco de México sobre el financiamiento que podía considerarse “como máximo para 1975” congruente con “la necesidad de defender el equilibrio de precios con el exterior”. Acto seguido, en el cuarto inciso se presentó un desglose de la forma en que se podría financiar el déficit fiscal del sector público a fin de que se alcanzara la meta que proponía el Banco de México para el año de 1975 de “un aumento no mayor del 10 por ciento en los precios implícitos dentro del producto nacional”. Finalmente, en el quinto inciso se incorporó el pormenor de las acciones de política concreta que en opinión del Banco de México sería indispensable aplicar a fin de que se consiguiera sostener “niveles adecuados de ocupación” y avanzar “en el control de los problemas inflacionarios”. En cuanto a las presiones cambiarias, habría que mantenerlas contenidas a fin de que no hicieran “peligrar al tipo de cambio ni los adecuados niveles de reserva de oro, plata y divisas del Banco de México”.[17]
Había claramente conciencia entre las autoridades del Banco de México de que se trataba en términos realistas y prácticos de la última oportunidad que se tendría en el sexenio de presentar una propuesta de política monetaria y financiera que fuera congruente “con los objetivos de un desarrollo económico equilibrado”. Por esa razón, para la redacción del documento correspondiente las autoridades del banco central habían considerado un escenario cronológico en el cual se incluyeran tanto el año de 1975 como el inmediato siguiente de 1976 que sería el último del sexenio. La finalidad a conseguir era la de reducir el incremento de los precios internos de poco más de 20 por ciento anual observado durante 1974 a un aumento no mayor a 10 por ciento anual en 1975. En particular, se encontró en ese documento cuidadosamente redactado una crítica implícita muy enérgica en contra de lo que había sucedido en el año 1974. En las propuestas presupuestales que había presentado la Secretaría de Hacienda al Congreso para 1975 se había estimado un saldo para el financiamiento interno y externo total neto del sector público de exactamente 29.3 miles de millones de pesos. Esta cifra había resultado, según lo anotado en el primer inciso del documento, de un déficit bruto estimado de 78.2 miles de millones de pesos del cual se habían deducido 13 mil millones de gastos programados para pagarse hasta 1976 y 36 mil millones adicionales relativos a amortización ya mencionada de déficit neto. Y el punto que se requiere destacar es la comparación de ese saldo con el que habían arrojado las cuentas para 1974 que incluyendo el déficit del Departamento del Distrito Federal y de otros organismos no sujetos a control presupuestal había llegado a más del doble a partir de un resultado de 60 mil millones de pesos.
De acuerdo con la estimación ya mencionada de financiamiento neto y con la intención de poder alcanzar el objetivo de precios planteado, el Banco de México consideró como meta de “financiamiento máximo para 1975” por parte del crédito primario una cantidad no superior a 11.5 miles de millones de pesos. Según el documento, esos cálculos se habían realizado con todo cuidado teniendo como referencias básicas “la situación internacional, las posibilidades nacionales de aumento para la producción industrial, agrícola y el comercio” así como como “la necesidad de defender el equilibrio de precios con el exterior”, todo lo cual implicaba consecuentemente perseguir la meta de una inflación no mayor del 10 por ciento en el año 1975. Así, en términos del documento, la cifra 11.5 miles de millones de pesos para el crédito primario del banco central era la que se consideraba como conveniente para que la política monetaria “no generara presiones inflacionarias excesivas mediante la creación primaria de dinero”. Finalmente, ese dato dejaba un remanente presupuestal “a ser financiado fundamentalmente del exterior” de aproximadamente entre 20 y 22 mil millones de pesos o entre 1.6 y 1.8 miles de millones de dólares al tipo de cambio de 12.50. Ése era el monto de financiamiento externo que el Banco de México consideraba como “suficiente para mantener el equilibrio de la balanza de pagos”. Lo anterior, tomando en consideración que “parte del déficit que se prevé en cuenta corriente es normalmente financiado con los créditos institucionales del exterior a los sectores público y privado así como con las inversiones extranjeras”.
Y a manera de preparación para la propuesta que vendría a continuación, en el documento se precisó que la consecución de los objetivos planteados requeriría como condición indispensable que en el transcurso del año el sector público pudiera ajustar razonablemente sus gastos a las partidas presupuestadas. Y se agregó que en tal sentido la Secretaría de Hacienda había venido eficientando sus “sistemas de control de gasto público y su mecanismo de captación de ingresos corrientes”. En particular, la situación económica mundial prevaleciente y la circunstancia en que se encontraba la economía nacional con fuertes presiones inflacionarias y tendencias al desequilibrio externo no ofrecían a la política económica margen de maniobra o “libertades de manejo” como se habían tenido en años anteriores. De tal suerte que para la instrumentación del programa se requeriría de “la firme decisión del sector público de ajustar su operación a las necesidades programadas…”. Había necesariamente que ajustar los gastos públicos que se realizaran durante el año a las posibilidades reales del país dentro de un esfuerzo antiinflacionario y en lo específico el financiamiento total del instituto central al sector público debería acomodarse estrictamente a las metas aprobadas. En tal virtud, el secretario de Hacienda y el director general del Banco de México habían decidido como “medida adicional” para garantizar la aplicación del programa, la suscripción de un contrato de apertura de crédito entre esa dependencia y el banco central. De acuerdo con lo establecido en dicho contrato, trimestralmente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda darían seguimiento a las necesidades de financiamiento interno de acuerdo con el presupuesto que resultara aprobado por el Congreso de la Unión. Así, con base en dicho seguimiento se irían determinando “los montos máximos del financiamiento a otorgar al Gobierno y los calendarios a que deba ajustarse el ejercicio del crédito correspondiente…”. En cuanto al excedente o déficit, el monto a que ascendiera debería ser liquidado al término del ejercicio fiscal en que fuera utilizado.
A continuación resulta de mucho interés recordar los comentarios que se hicieron en el Consejo una vez que terminó la presentación del documento. El principal de ellos provino del propio secretario de Hacienda López Portillo quien señaló primeramente que las cifras presupuestales a los que se había referido el director del Banco de México eran correctas y que a la vez extendía su aprobación a las medidas que se estaban proponiendo. Y para terminar su intervención ese funcionario agregó que a su juicio “existía una razonable seguridad de que el financiamiento al Gobierno Federal pudiera manejarse con sujeción a las citadas cifras”. Poco después el consejero por la serie A Gustavo Romero Kolbeck pidió la palabra para expresar la conveniencia de que en la aplicación del contrato de apertura de crédito que se suscribiría se tuviera una flexibilidad razonable a fin de que el gasto público pudiera acomodarse a las situaciones cambiantes que se observaban usualmente en la economía del país. La respuesta del director Fernández Hurtado fue que precisamente para contar con esa flexibilidad era que en el proyecto de contrato se había previsto la evaluación trimestral de los montos del financiamiento a fin de poder “adecuarlos a una conveniente regulación monetaria, crediticia y cambiaria”. Y de manera muy importante, los miembros del Consejo en forma unánime expresaron su completo acuerdo con las medidas de que había informado el director general y “particularmente con la celebración del contrato de apertura de crédito con el Gobierno”. Acto seguido y a propuesta del consejero Sánchez Cuén se aprobó que se incluyera para que constara en acta “una felicitación del Consejo al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público por sus atinadas decisiones en este importante asunto”.
Desafortunadamente, no se incluyó en ningún acta del Consejo copia del contrato de apertura de crédito que de manera supuesta suscribieron a finales de 1974 o principios de 1975 la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y en forma muy especial, aparentemente el señor secretario López Portillo nunca tuvo en mente hacer ningún esfuerzo para que se cumpliera con lo estipulado en dicho contrato respecto del límite que se había querido fijar a los financiamientos del banco central en favor del gobierno. O tal vez lo que sucedió es que el propio presidente Luis Echeverría le dio instrucciones a su secretario de Hacienda para que el gasto público continuara su marcha a todo galope sin sujetarse a acuerdo alguno pactado con la banca central. O quizá también pudo suceder que el ministro López Portillo omitiera informar al presidente del contrato que se suscribió con el Banco de México a la vez de permitir que el gasto público siguiera a toda marcha sin freno alguno tal como lo deseaba el grupo de economistas que más cerca se encontraba de ese presidente y a los cuales muy poco o nada les importaba el rompimiento de los equilibrios fundamentales en la economía o las muy graves consecuencias sociales que causaban las presiones inflacionarias. El Banco de México carecía legal y formalmente de autonomía frente al gobierno federal. Por tanto, no contaba con los mecanismos para negarle financiamiento primario a un déficit fiscal que crecía de manera exponencial. En realidad, desde el punto de vista doctrinal lo que intentó Fernández Hurtado mediante el multicitado contrato de crédito fue crear una suerte de sustituto aproximado para la independencia del banco central. Y en ese mismo sentido, otra forma de ver el caso es que simplemente el mencionado sustituto cercano resultó un dique de contención demasiado débil para poder tan siquiera moderar aquella avalancha de inflacionismo que fue el régimen del presidente Echeverría. La consecuencia es que los costos sociales resultarían inmensos a la postre.
Y con gran fidelidad las actas del Consejo fueron dando cuenta a continuación de las consecuencias que iba causando la exacerbación de las presiones inflacionarias y las angustias que la impotencia y la desesperación empezaron a hacer presa de los integrantes del Consejo del Banco de México y en particular de su director general. Muy bien pudo haber ocurrido que en ese trance, en algún momento el director Fernández Hurtado le presentara al presidente Echeverría su renuncia al cargo que ocupaba. A quienes estuvieron en posición de saberlo y en algún momento se les planteó el cuestionamiento, contestaron en forma oblicua de que aunque plausiblemente sí la presentó, también muy posiblemente, basado en un acto de autoridad, aquel mandatario se negó a aceptar la dimisión e incluso reconvino enérgicamente al banquero central para que permaneciera en su cargo. Bien sabía o intuía el presidente Echeverría que en las delicadas circunstancias que prevalecían el abandono de su cargo por parte del jefe de la banca central habría sido equivalente a dar el banderazo de salida para la embestida de búfalos que habría terminado en una devaluación irremisible y muy anticipada de la moneda nacional. Este desenlace tal vez habría dado al traste con un plan maquiavélico que posiblemente ese presidente traía ya en su corazón de poder aguantar todo lo que pudiera a fin de que la inexorable devaluación tuviera que ser realizada y anunciada por su sucesor en la silla presidencial, fuera quien fuera finalmente el destapado. Pero lo que ocurrió finalmente fue que ese plan de heredar políticamente la necesidad de devaluar no pudo concretarse finalmente.
Una muy importante evaluación del desempeño que había tenido la economía mexicana durante los cuatro primeros meses de 1975 fue presentada a consideración del Consejo por el director general Fernández Hurtado en la sesión de medio año de ese órgano colegiado. El funcionario empezó su exposición presentando un pormenor del favorable comportamiento que había mostrado la captación del sistema financiero en el periodo bajo análisis. Así, mientras la captación de los bancos estatales se había incrementado en ese lapso en 13.9 por ciento la de los bancos privados se había elevado en tan sólo 6.9 por ciento, la de las financieras en 14.1 por ciento y la de las hipotecarias en 8.2 por ciento. A continuación, el director general explicó que el mayor dinamismo de la captación de la banca estatal con respecto de la privada había obedecido a las muy activas captaciones conseguidas por parte de Nacional Financiera y de la Financiera Nacional Azucarera. Y fue en el tema relativo al comportamiento que habían mostrado los agregados monetarios cuando el funcionario aprovechó para hacer algunas alusiones sutiles a la situación de intensos impulsos alcistas que caracterizaba a la economía mexicana. En tal sentido el banquero dijo primeramente que “los requerimientos de liquidez para las transacciones derivados de una actividad económica caracterizada por presiones inflacionarias” habían dado lugar a “que el nivel del medio circulante en poder del público continuara siendo alto”. Pero los impulsos alcistas no provenían originalmente del volumen de los medios de pago en circulación. En ese sentido, no era precisamente una noticia favorable para la estabilidad monetaria que en los primeros cuatro meses de 1975 el circulante monetario hubiera aumentado a una tasa media anual de 21 por ciento. Se había dado el singular fenómeno de que con todo, el incremento del medio circulante había resultado 3 puntos porcentuales menor que el correspondiente a igual periodo de 1973. El ponente atribuyó esa “ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento del circulante monetario” a que al haber tenido lugar un gasto interno mayor la compensación había provenido de “un uso más intenso del dinero”, lo que en términos de economía monetaria equivalía a un aumento de su velocidad de circulación. Y para finalizar, al parecer el ministro López Portillo escuchó impertérrito y sin preocupación visible alguna la conclusión que aportó de todo lo anterior al final el banquero central: “este incremento en el medio circulante no es muy satisfactorio ya que puede dar lugar a que aparezcan nuevas presiones al alza en los precios”.
Y acto seguido vino en esa presentación el recuento de las consecuencias a que había dado lugar el ambiente inflacionario que se vivía en la economía mexicana. En primera instancia, mientras que en el periodo diciembre de 1974 a abril de 1975 el índice de precios al mayoreo en la ciudad de México se había incrementado en 3.8 por ciento –anualizado ese incremento se ubicaba en el preocupante nivel de 15.2 por ciento– en Estados Unidos el incremento correspondiente del índice de precios al mayoreo había sido de 0.5 por ciento. Y el inquietante diferencial entre la inflación en México y Estados Unidos no era algo nuevo ya que mientras en los primeros cuatro meses de 1974 el indicador correspondiente para México había mostrado un incremento de 9.8 por ciento, el comparable para el país del norte lo había hecho en 7.7 por ciento. En cuanto a las cuentas externas del país, el director Fernández Hurtado puso de relieve el aparentemente paradójico resultado de que mientras durante los primeros cuatro meses de 1975 la economía de México había permanecido en una fase de relativa desaceleración de la actividad económica el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se había incrementado de manera importante en comparación con el que se había registrado en los cuatro primeros meses de 1974. ¿A que cabía atribuir esos resultados aparentemente contradictorios? El banquero central los atribuyó, primeramente, a un “retraimiento de la inversión del sector privado, insuficiente oferta agrícola para cubrir la demanda, limitación de los mercados externos a la importación de algunos productos que México vende como algodón, textiles, ganado y camarón [y] reducción de ingresos generados por turismo y servicios…”. Adicionalmente, el factor causal adicional había estado asociado directamente con el alza de los precios: “contracción de la demanda interna de varios productos, principalmente de aquella que proviene de sectores de bajos ingresos”. En cuanto a la vinculación entre la política monetaria y las cuentas externas, era aparentemente contradictorio que la ampliación del déficit en cuenta corriente se hubiese dado en un contexto en que las acciones de contención monetaria aplicadas por el Banco de México habían ofrecido resultados buenos. En tal sentido, en los primeros cuatro meses de 1975 la captación de fondos por parte de la banca central por concepto de encaje legal había ascendido a 7.1 miles de millones de pesos y la correspondiente a convenios especiales a 400 millones adicionales. En forma paralela, la banca privada y mixta había incrementado sus excedentes depositados en el banco central en 8.2 miles de millones de pesos.[18] ¿Pero dados esos resultados cómo es posible que las presiones inflacionarias no hubieran desaparecido? La razón estaba en un tema que casi se había convertido en tabú en el Consejo del Banco de México y al cual no se hizo ni siquiera mención indirecta durante aquella sesión de mayo de 1975: la situación de las finanzas públicas y el elevado déficit fiscal para cuyo financiamiento se requería de manera parcial aunque muy importante del crédito primario del banco central.
Más adelante, durante una de las últimas sesiones que celebró el Consejo en el segundo semestre de 1975 la presentación que hizo el director Fernández Hurtado sobre la situación en que se encontraba la economía mexicana fue dada con un muy parecido sentimiento contenido de preocupación y angustia. En esa ocasión sí hubo referencias, aunque indirectas, a la situación que guardaban las finanzas públicas y más directas respecto del financiamiento que se había otorgado a los sectores público y privado. El marco de referencia para esa exposición se conformó con la evolución que había tenido la captación de recursos por parte del sistema financiero durante el primer semestre de ese año de 1975. Para ilustrar ese fenómeno, el banquero central explicó que en los periodos diciembre a junio de 1972/1973, 1973/1974 y 1974/1975 la banca nacional había aumentado su captación en 8.4, 12.6 y 19.3 miles de millones de pesos a la vez de que en el primer semestre de 1975 la captación por parte de los departamentos de ahorro de los bancos se había elevado 5.6 por ciento, la de las sociedades financieras 19.6 por ciento y las hipotecarias 13.5 por ciento. Es decir, en ese lapso tanto la banca nacional como la privada habían contado “con amplia capacidad de financiamiento” Pero lo clave de la situación estaba en la forma y monto que había tomado la derrama crediticia.
Del muy importante aumento por 10.9 por ciento que había tenido el financiamiento total en el primer semestre de 1975 (41.2 miles de millones de pesos) un poco más del 63 por ciento se lo había llevado el sector público y tan sólo el restante 37 por ciento había correspondido al sector privado. De manera notable, en el mismo periodo de 1974 el crédito total había crecido 7.8 por ciento. En cuanto a su destino, ese aumento del financiamiento total se explicaba principalmente “por el creciente gasto del sector público” el cual había sido financiado en su mayor parte “con recursos del Banco de México y de las instituciones nacionales de crédito”. Así, ese incremento del financiamiento había sido aportado en 38.7 por ciento por el banco central, por la banca nacional con 37.5 por ciento y por la banca privada con 23.8 por ciento. Es decir, por la importante participación del crédito primario del banco central en esa expansión del financiamiento no podía desdeñarse su potencial inflacionario. En el primer semestre de 1975 el financiamiento crediticio del Banco de México se había ubicado en 15.9 miles de millones de pesos con un incremento de 12.9 por ciento comparado con un aumento de 6.2 por ciento en igual periodo del año precedente. Así, en el neto el financiamiento al sector público había aumentado en ese periodo en poco más de 16.3 miles de millones de pesos con una pequeña contracción del crédito al sector privado por 150 millones. En suma, había conllevado una dificultad prácticamente imposible de cumplir que todo el crédito absorbido por el sector público proviniera exclusivamente de fuentes no inflacionarias. Así, el director Fernández Hurtado terminó su exposición insistiendo en que “la preocupación por el aumento de la liquidez [seguía] siendo válida y que el medio circulante en poder público contin[uara] alto…”. Por tanto, era conveniente “continuar apoyando medidas tendientes a reducir potencial inflacionario”.[19]
El hecho de que en agosto de 1975 se celebrara el aniversario 50 de la fundación del Banco de México pareció abrir un paréntesis en la tarea de dar un seguimiento lo más cercano posible a los daños que causaban a la economía las presiones inflacionarias. Como detalle de protocolo, la sesión del Consejo que se dedicó a esa conmemoración contó con la asistencia tanto del presidente Luis Echeverría como del secretario de Hacienda López Portillo, quizá ya sabiendo que en fechas próximas sería anunciada su designación como candidato presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional. Como acto simbólico se produjo la invitación por parte del secretario López Portillo para que el presidente de la República entregara en esa sesión al personal femenino de la institución con más de 30 años de servicios y al masculino con más de 35 unos pergaminos conmemorativos en los que se expresaba el reconocimiento del Banco de México “por sus leales y eficientes servicios” prestados a lo largo de tanto tiempo.[20] Pero ya de regreso a la rutina, en diciembre de 1975 el director Fernández Hurtado volvió al tema de sus grandes preocupaciones (el cual seguramente le quitó el sueño no pocas noches) y que era el del déficit fiscal y el reto que significaba conseguir para esa partida un financiamiento no inflacionario. Lo ideal, ya se ha visto, es que ese desbalance hubiera podido mantenerse en niveles moderados. Sin embargo, ante la imposibilidad de convencer a las altas autoridades de la necesidad de una moderación en la política fiscal, los esfuerzos en el Banco de México se concentraron en el reto de financiar el desbalance de las cuentas públicas con recursos frescos. Al respecto, refiriéndose el director Fernández Hurtado a las proyecciones financieras que se habían preparado para el año 1976 se esperaba que de la captación por parte del sistema financiero para ese año que se estimaba en 65.2 miles de millones de pesos el Banco de México podría recoger por concepto de encaje legal aproximadamente 25 mil millones. Una parte importante de esa cantidad debería canalizarse al financiamiento del sector público ya que, en palabras de dicho funcionario, ése era el objeto prioritario de dicho esquema además del relativo a la regulación cualitativa del crédito. Pero de manera complementaria, el financiamiento para el sector público debía completarse “mediante financiamientos” que le conceda el sector externo a través de la balanza de pagos y por “la concentración de operaciones especiales a través del Instituto Central”. A juicio del banquero central estos últimos procedimientos tenían la ventaja, frente a la opción de elevar los encajes, “de adecuarse con mayor flexibilidad a las posibilidades de cada institución y no aumentar los costos financieros del Banco de México que alcanzan ya niveles elevados”.[21]
Todavía durante 1976 el telón de fondo de las deliberaciones del Consejo estuvo marcado por la preocupación por las presiones inflacionarias y sus consecuencias sobre los índices de precios y la balanza de pagos. Pero durante las sesiones de ese año los temas prioritarios de atención fueron los correspondientes a los diferenciales de inflación entre México y Estados Unidos, la captación creciente por parte de los intermediarios financieros locales de recursos denominados en dólares y la muy temida aparición de fugas de capital. Así, en abril de ese año el director del Banco de México se refirió significativamente en ese órgano a que los índices de precios en México tanto al mayoreo como al menudeo estaban aumentando más rápidamente en México que en Estados Unidos, situación que únicamente podía corregirse si la reactivación de la actividad económica no se originaba sustancialmente “en déficit del sector público y en aumentos de salarios”.[22] Y en la siguiente sesión de dicho órgano durante ese año celebrada en el mes de junio la observación fue que mientras de mayo de 1975 a mayo de 1976 los precios al mayoreo se habían incrementado en México en 15.6 por ciento en Estados Unidos lo habían hecho en tan sólo 5 por ciento. Al respecto, el director Fernández Hurtado volvió a insistir en la importancia que tenía “evitar la generación y el desarrollo de presiones inflacionarias en nuestro país tendientes a acentuar esas diferencias”. Y en paralelo, también hizo notar ese funcionario el fenómeno que había venido ocurriendo en el transcurso de ese año en cuanto a la reducción de la captación en moneda nacional y el aumento de la correspondiente denominada en moneda extranjera por efecto de la conversión de unos pasivos a los otros. Toda vez que la tasa del encaje legal era más alta sobre los pasivos denominados en moneda extranjera ese fenómeno había dado lugar a un aumento de los fondos encajados en el instituto central y consecuentemente también a una contracción de la capacidad de crédito por parte del sistema financiero. ¿Qué debía de hacer el Banco de México ante ese escenario?
Pero el motivo de principal de las preocupaciones en ese periodo final del sexenio fue el relativo a las causas que podían dar lugar a que se exacerbaran las fugas de capital, las cuales ya habían empezado a manifestarse. Al respecto, a pesar de que las estadísticas sugerían que en ese año de 1976 estaba teniendo lugar una cierta corrección en la cuenta corriente de la balanza de pagos, continuaba clara la tendencia a que los excesos de liquidez se tradujeran en salidas de capitales. Asimismo, había motivos para pensar que a causa de las presiones inflacionarias, los diferenciales de inflación con los Estados Unidos, la sobrevaluación implícita de la moneda local, durante el segundo semestre del año continuarían los incentivos para que se enviaran fondos al exterior “particularmente por parte de las grandes empresas y las personas físicas de amplios recursos”. En opinión de Fernández Hurtado, la respuesta que debería dar la banca central ante esa situación sería la de inducir “una fuerte astringencia de liquidez” a fin de que las grandes empresas en lugar de enviar fondos al exterior procedieran a regresarlos. Sin embargo, esa astringencia de la liquidez debería tener límites a manera de que no afectara a la actividad económica ni al empleo pues ya se estaba sintiendo con cierta firmeza un efecto favorable sobre la economía de México a partir de la recuperación que se estaba observando en la de Estados Unidos. Esa política no debería incidir sino en la medida estrictamente necesaria sobre “los requerimientos de crédito que presente la industria mediana y pequeña”. Y de ese diagnóstico emanaron varias propuestas de acción que merecieron la aprobación del Consejo por unanimidad:
“Continuar permitiendo al sector bancario aceptar recursos en moneda extranjera, en volúmenes adecuados a las demandas de los inversionistas, lo que supondría, de ser el caso, la elevación de los topes actualmente vigentes para las sociedades financieras. Esta medida tendría por propósito retener los recursos, aunque sea en dólares, en la banca mexicana, más no incentivar ese tipo de inversiones, por lo que, por ahora, no se piensa elevar las tasas de interés de estas inversiones.”
“Limitar, a través de regímenes más precisos con la banca privada los financiamientos que ésta otorgue a empresas que por la composición de su capital o por la magnitud de los recursos que manejan, puedan hacer uso con mayor facilidad de financiamientos externos”.
“Establecer medidas que propicien en mayor grado la orientación del crédito institucional hacia industrias medianas y pequeñas”.
“Otorgar facilidades a las instituciones de crédito, que permitan a éstas mantener sus niveles de cartera, ante bajas en sus pasivos o insuficiente crecimiento de ellos”.
“Propiciar, a través del manejo de los regímenes de regulación monetaria y crediticia, la aplicación de recursos institucionales al financiamiento de proyectos industriales, principalmente de empresas medianas y pequeñas, cuando la identificación y evaluación de tales proyectos se realice conforme a parámetros determinados previamente por el Instituto Central”.[23]
Si acaso la decisión de devaluar la moneda nacional ya había sido tomada hacia principios del mes de julio de 1976 no hay en las actas del Consejo indicio o indicación alguna de ese desenlace antes de que se anunciara como un hecho consumado en septiembre de ese año. El órgano sesionó el día 8 de julio y no volvió a hacerlo hasta el 14 de septiembre, a casi dos semanas de que el acto devaluatorio fuera dado a conocer por el propio presidente de la República en su Informe del día 1 de ese mes. Hay ciertamente en la redacción del acta correspondiente cierta reticencia que quizá se explique no porque las autoridades del Banco ya estuvieran en conocimiento de la medida devaluatoria sino por razones de discreción: entre los integrantes del Consejo había tres banqueros (Manuel Espinosa Yglesias, Manuel Cortina Portilla y Prudencio López Méndez) además de dos representantes distinguidos del sector privado (don Carlos Prieto y Miguel Alessio Robles). En sus exposiciones el director Fernández Hurtado se encontraba literalmente impedido de transmitirles la certeza de que habría una modificación de la paridad. Sin embargo, esa reticencia nunca llegó al nivel de ocultamiento. En esa sesión de Consejo de principio de julio de 1976 se habló claramente del mantenimiento de las tendencias desestabilizadoras que se habían estado manifestando en la economía mexicana en un ambiente inflacionario y de la exacerbación de al menos una de ellas: la relativa a las fugas de capital. Sin que se articulara de esa manera en el Consejo era claro que una misma actitud muy generalizada de desconfianza se había hecho evidente entre los agentes económicos y había dado lugar a dos fenómenos hasta cierto punto paralelos: la desaceleración de la economía interna y la salida masiva de capitales. En el Consejo el director Fernández Hurtado explicó con todas sus letras que como “consecuencia del proceso inflacionario” había continuado la debilidad “de la inversión privada y la falta de dinamismo en las compras de bienes de consumo” pero a la vez esos efectos se habían visto “agudizados en los últimos meses por una intensa desviación de recursos internos hacia la adquisición de activos en el exterior”.
La visión panorámica de esa problemática se redondeaba con el comportamiento que habían venido mostrando en la coyuntura los medios de pago, los índices de precios, la captación y el crédito en la economía y desde luego la balanza de pagos y en particular la balanza de capital. En la sesión de Consejo que nos ocupa Fernández Hurtado hizo notar el curioso hecho de que durante el segundo trimestre de 1976 el alza de los precios se había atenuado sensiblemente (de un promedio mensual de 1.6 por ciento en el primer trimestre de ese año a 0.6 por ciento en el segundo trimestre). Sin embargo, observó a continuación el funcionario que a su juicio esa tendencia no se podría sostener durante el resto del año en razón del comportamiento que venían teniendo los medios de pago y que no era previsible que se modificara.[24]
[1] Banco de México, “Actas del Consejo de Administración”, Acta 2385, 27 de mayo de 1971, Libro 29, pp. 86-87.
[2] Ibid., acta 2385.
[3] Ibid., Acta 2387, 28 de julio de 1971, Libro 29, pp. 101-102.
[4] Ibid., Actas 2390 y 2395, 3 de febrero de 1972 y 30 de agosto de 1972, Libro 29, pp. 118 y 145, 148-149.
[5] Leopoldo Solís, Economic Policy Reform in Mexico. A Case Study for Developing Countries, Nueva York, Pergamon Press, 1980, pp. 64-65.
[6] Carlos Tello, Ahora Recuerdo. Cuarenta Años de Historia Política y Económica en México, México Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, 2013, pp. 122-124.
[7] “Actas del Consejo…”, op. cit., Acta 2404, 26 de diciembre de 1973, Libro 30, pp. 25 y 26-27.
[8] Ibid., Acta 2409, 2 de agosto de 1974, Libro 30, p. 66.
[9] Ibid., Acta 2402, 9 de julio de 1973, Libro 30, pp. 6-7.
[10] Ibid., Actas 2402 y 2403, 9 de julio de 1973 y 15 de agosto de 1973, Libro 30, pp. 6 y 19.
[11] Ibid., Actas 2403 y 2408, 14 de marzo de 1973 y 30 de mayo de 1974, Libro 30, p. 11 y pp. 52-53.
[12] Ibid., Acta 2410, 16 de octubre de 1974, Libro 30, pp. 78-79.
[13] Ibid., Acta 2404, 1º de febrero de 1974, Libro 30, pp. 27-28.
[14] Ibid., Acta 2407, 29 de abril de 1974, Libro 30, pp. 47.
[15] Ibid., Acta 2409, 2 de agosto de 1974, Libro 30, p. 67.
[16] Ibid., Acta 2410, 16 de octubre de 1974, Libro 30, pp. 80-82.
[17] Ibid., Acta 2411, 18 de diciembre de 1974, Libro 30, pp. 93-95.
[18] Ibid., Acta 2413, 19 de febrero de 1975, Libro 30, pp. 118 y 120-121.
[19] Ibid., Acta 2415, 1º de agosto de 1975, Libro 30, pp. 131-132.
[20] Ibid., Acta 2416, 20 de agosto de 1975, Libro 30, pp. 140-141.
[21] Ibid., Acta 2419, 17 de diciembre de 1975, Libro 30, p. 166.
[22] Ibid., Acta 2422, 30 de abril de 1976, Libro 30, p. 189.
[23] Ibid., Acta 2423, 7 de junio de 1976, Libro 31, pp. 7-8.
[24] Ibid.