Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
V. Control de cambios y expropiación

 

10. Materialización

 

El sexto informe presidencial de José López Portillo es un documento interesante y a veces también estremecedor, a causa de la vulnerabilidad que presentaba el país frente a un gobernante desorbitado. En el lado positivo de aquella pieza de oratoria política, destaca incuestionablemente su buena factura formal. Sin duda alguna, López Portillo fue siempre un orador talentoso y también un buen escritor, con pluma ágil. Desde el punto de vista estructural, sorprende que aquel informe presidencial tuviese una introducción tan breve. En ese tenor, muy rápido entra el tribuno en materia y lo hace con un recuento muy pormenorizado de los avances logrados por su administración en todos los frentes de gobierno: administrativos, políticos, diplomáticos, sociales y, desde luego, los logros económicos. Se podría decir, que era la temática obligada en todo último informe presidencial en los ciclos sexenales. Pero a continuación venía lo verdaderamente bueno e interesante: el tratamiento de la crisis económica en la que había caído el gobierno del presidente López Portillo desde principios de 1981. Cabe destacar, en particular, el énfasis que se pone en ese discurso en la cuestión tan candente de las fugas de capital y de la supuesta participación en ellas de la banca privada. Toda esa cuidadosa crónica, a manera de preparación y preámbulo para las muy controvertidas decisiones que López Portillo tomó faltando apenas tres meses escasos para que terminara su administración: la expropiación de la banca y la implantación de un control generalizado de cambios.

Pero aparte del análisis de esas muy polémicas medidas que se anunciaron, la lectura de aquel sexto informe presidencial permite otras aproximaciones interesantes. Una de ellas, ya abordada aquí, respecto de los enemigos de aquel presidente con los que creía tener muchas cuentas por saldar. Las referencias correspondientes se aparecen a todo lo largo del Informe y la mera reiteración es ya sintomática de los demonios que habían anidado en el alma de aquel mandatario. Y el otro aspecto, indudablemente de mayor importancia, es en relación a las afirmaciones abiertamente falsas o de muy cuestionable validez en que incurrió el presidente López Portillo en ese su último informe presidencial. Con respecto a los muchos enemigos que parecían amenazar desde todos los confines, López Portillo reservó un espacio especial para los críticos que habían puesto en duda la coherencia de su programa se expansión petrolera para México:

“Es infantil que reneguemos del petróleo y se lo atribuyamos al demonio. Es conseja de analistas externos, frívolos e irresponsables, empeñados en demostrar la ineficiencia de los países en desarrollo para administrar sus recursos, en afán de trasnochado tutelaje. Lo que a partir del petróleo hemos hecho en tan pocos años es asombroso. Que no nos aturdan”.[1]

Pero de mucha mayor importancia, ya se ha dicho, era la cuestión de las afirmaciones erróneas o fallidas. Una de esas equivocaciones inmensas fue la idea, muy arraigada en López Portillo, de que la crisis del final de su sexenio era “distinta que la vivida en 1976”. Era totalmente falso el argumento: ambas crisis de finales de sexenio habían sido causadas en lo fundamental por el mismo fenómeno. Y éste había sido la variante de política económica expansiva que se había puesto en ejecución en esos sexenios sucesivos y que en ambos había desatado una elevada tasa inflacionaria. El origen en ambos procesos alcistas había sido un amplio déficit fiscal financiado, aunque fuese parcialmente, con crédito primario de la banca central. A continuación, a partir de esa causa originaria, se había desatado una cadena de consecuencias que era imposible no lamentar. La principal, un proceso inflacionario interno con todas sus implicaciones de daño para la economía y la sociedad. Y como parte del mismo fenómeno, un déficit fiscal que daba lugar a un déficit en la cuenta corriente de parecida magnitud que había que financiar con deuda externa. Ése había sido el verdadero origen del fuerte endeudamiento externo en que se había caído en la época. Y aún de mayor trascendencia, de la inflación así provocada se había derivado una fuerte apreciación de la moneda nacional en términos reales, dando lugar a las muy intensas fugas de capital que se desataron en las postrimerías de esos dos sexenios. ¿Pero cuál era la causa a la que debía atribuirse, en lo fundamental, la inflación mexicana de esas épocas? López Portillo, queriendo tapar el sol con un dedo, se resistía a aceptar la anterior verdad que le resultaba tan terriblemente incómoda:

“Ciertamente, la inflación interna acentuó sin duda las tendencias al desequilibrio financiero. El origen y las causas de este fenómeno han sido objeto de diversas interpretaciones, muchas de ellas preñadas de prejuicios. Pero no tiene sentido entablar una polémica, por demás estéril, en torno a este problema tan complejo, aun cuando muchos achaquen todas las culpas al Estado. Si así fuese de sencillo, todos los países conocerían la solución y el mundo no estaría hoy debatiéndose entre el estancamiento y la inflación, o peor aún, como ocurre cada vez con mayor severidad, sumido en el estancamiento inflacionario”.[2]

Como puede apreciarse, cuando era de su interés político, el abogado López Portillo podía ser tan elusivo como un pez en agua pantanosa. Pero en términos históricos, no era de aceptarse esa actitud del avestruz, que hunde la cabeza resignadamente en la arena cuando el entorno no le es propicio. ¿Por qué no admitir aquello que después de todo era lo más obvio? En México, durante los sexenios de los presidentes Echeverría y López Portillo se había permitido que se generasen amplios déficits fiscales que se financiaron de manera inflacionaria. Ésa y no otra, había sido la causa fundamental de las grandes presiones alcistas que se habían observado durante esos dos periodos sexenales.

Particularmente en la cuestión de la coherencia de la política económica que se había decidido seguir, es donde se aparecen de manera más dramática en el presidente López Portillo los aspectos de la falacia o la equivocación. Al respecto, en un momento clave de su sexto Informe de gobierno, señaló ese presidente con todo énfasis: “Nuestra política económica no ha sido equivocada…”. Y poco más adelante añadió retadoramente: “No hemos pecado, ni como gobierno ni como país, y no tenemos por qué hacer actos de contrición”. Pero en esta materia López Portillo se equivocaba de manera rotunda. Era totalmente falso que esa política económica no hubiese sido equivocada. En lo específico, la política económica seguida por esa administración lopezportillista había sucumbido al vicio del expansionismo inflacionario y había cosechado los frutos malignos que eran esperables de ese enfoque. Entre ellos, de manera destacada, la tendencia a la sobrevaluación de la moneda y la detonación de fugas de capital de gran volumen, imposibles de detener. Sería factible intentar una comprensión de las razones por las cuales el presidente López Portillo se inclinó por la opción expansionista para la política económica de su gobierno, pero de ninguna manera justificarla. No hay salvación, ni atenuantes. Con todo, el punto de partida para dicho intento de comprensión, es que ese presidente deseaba “una vez restaurada la economía, optar por un rápido crecimiento económico…”. Y el gran error residió en que López Portillo siempre pensó que la única manera de conseguirlo era mediante el expansionismo inflacionario. Es decir, con un déficit fiscal amplio apoyado con una política monetaria también muy laxa. En la opinión equivocada de José López Portillo, la alternativa excluyente había sido entre el expansionismo inflacionista, o frenar al país mediante una (sic.) “política de restricción económica…”. Pensaba ese presidente que las únicas opciones que estaban a la mano para lograr “el crecimiento acelerado en países en desarrollo”, era su modelo inflacionista o “la transnacionalización y los paraísos fiscales”. Como debe resultar obvio, esa supuesta binariedad, de todo o nada, era completamente infundada.[3]

Fue exactamente en ese último punto en donde estuvo la equivocación monumental. Sí podía un país en desarrollo crecer rápido con una política económica sin sesgo inflacionario. Sí era posible lograr tasas elevadas de desarrollo con unas políticas fiscal y monetaria adecuadas. Era totalmente falso el argumento del presidente López Portillo de que no resultaba posible abandonar “la acción pública sacrificándola al concepto del equilibrio pasivo de las finanzas públicas”.[4] De hecho, nada hubiera impedido en aquel sexenio que en un marco de políticas fiscal y monetaria prudentes se incluyera el ambicioso programa de expansión petrolera que López Portillo traía en mente. Todo dependería del acomodo que se le pudiera dar a ese programa en un contexto de política económica sin sesgo inflacionario. A mayor abundamiento, un marco de política económica de ese corte le habría permitido a México tener una estrategia de desarrollo autosustentable y autosostenible. Y sobre todo, de una importancia especial: habría sido imposible que con estabilidad macroeconómica se desataran esas fugas de capital inmensas, que también provocaron devaluaciones en cascada. Igualmente, de manera muy probable tampoco habría habido devaluación en febrero de 1982 y, desde luego, un endeudamiento externo mucho más moderado.

Como debe ser obvio, el tema de las fugas de capital y el caso de sus perpetradores, los “sacadólares”, ocupó un lugar preeminente en aquel sexto informe presidencial de López Portillo. El testimonio correspondiente se separó en tres asuntos claramente identificables. Primero, el de las fugas de capital y el detalle de los saldos que se habían acumulado en el exterior por dicho conducto. Segundo, el caso de los perpetradores de esas salidas de capital, que en opinión de López Portillo habían sido tanto los “sacadólares” propiamente dichos, como los “dolarizados” con depósitos en la banca mexicana, aunque denominados en la moneda estadounidense. Por último, cabe destacar el muy controvertido asunto de la participación que pudieron haber tenido en las fugas de capital tanto los bancos como instituciones, los accionistas de esos bancos además de los altos funcionarios y de los empleados, en particular los “de ventanilla”. Las estimaciones de los depósitos bancarios y de los inmuebles adquiridos en Estados Unidos por ciudadanos mexicanos fueron el gran avant-garde o la espectacular premiere, que de Oteyza y Fausto Zapata le ofrecieron a López Portillo en bandeja para aquella función de gala. De manera muy clara, los impresionantes saldos que se habían fugado le darían a ese presidente mayor fuerza en la embestida que había emprendido en contra de los “sacadólares”. Pensó ese presidente que le inyectaría legitimidad a su figura política la denuncia de los 8.5 miles de millones de dólares fugados para adquirir inmuebles, 14 mil en cuentas bancarias más los 12 mil en cuentas locales que tuvieron que traspasarse a “mexdólares”. Como acusó López Portillo en ese su último informe presidencial: “ni México, ni ningún otro país, tiene recursos para nutrir y resistir indefinidamente a la especulación”.[5]

A partir de ese punto, el tratamiento por parte de López Portillo en su último informe del caso de los “sacadólares” es una oscilación desordenada y difícil de desenmarañar. Una oscilación entre juicios racionales y mesurados para pasar a argumentos a veces contradictorios, a veces incongruentes, y terminar de la peor manera imaginable: en un vacío explicativo estéril e incierto. Para arrancar, en un pasaje muy interesante de aquel informe presidencial, López Portillo parece ponerse sensible y comprensivo con respecto al caso de quienes habían especulado contra la moneda nacional: “No negamos que los mexicanos tienen derecho a su dinero y a su seguridad, y los bancos la obligación de atender a su clientela”. Pero si lo anterior era cierto, ¿cuál era entonces el agravio en contra de los que habían actuado comprando dólares para salvaguardar sus ahorros? Pero más adelante, el presidente lo aclara: “Quiero ser muy insistente en ello: quienes usaron de una libertad para sacar dinero del país, simplemente no demostraron solidaridad”. Del mismo modo, en esos años “en uso, cierto es, de derechos y libertades” un segmento de mexicanos, “sean los que fueren…” había “sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia”. Es decir, los “sacadólares” no habían actuado de manera ilegal y su único pecado era que sus conductas habían sido insolidarias. ¿Pero faltas de solidaridad con relación a qué o con respecto a cuál autoridad? ¿En cuál código u ordenamiento se había prevenido a los ciudadanos mexicanos de incurrir en conductas que el presidente de México había determinado juzgar de insolidarias? ¿Qué acuerdo o contrato se había suscrito para que se les acusara de no haber actuado con solidaridad? Y el salto mortal se da más adelante cuando el presidente López Portillo tilda a los “sacadólares” de libertinos y de conspiradores contra México. Primeramente, “el gobierno de la república no podía seguir endeudándose en el extranjero para que cobrara fuerza el libertinaje cambiario”. Y en segundo lugar, había que denunciar a “quienes adentro y afuera, pudieron manejar las expectativas y causar lo que anunciaban con el solo anuncio. Así de delgada es la solidaridad”. ¿Obligación de “solidaridad” o derecho de los mexicanos “a su dinero y a su seguridad”? ¿Principios antagónicos?[6]

Como se aprecia, detrás de las formas del lenguaje político que a veces pueden parecer hermosas, en ese sexto informe del presidente López Portillo había contradicciones que salían a flor de piel al primer intento de análisis. Hubo otras contradicciones además de la relativa a la supuesta insolidaridad de los ciudadanos mexicanos y al derecho que les era propio a manejar libremente sus ahorros. En tal respecto, afirmó sorprendentemente el presidente López Portillo en aquel su último informe, que “el atractivo de la cuenta en dólares” había llevado a “que se endeuden en esa divisa las empresas” y también a que, “paradójicamente”, constituyan sus reservas “en mexdólares”.[7] Como es obvio, la afirmación citada contenía dos partes. La primera revela la gran confusión mental que afligía a López Portillo, en razón de que si se percibía un riesgo devaluatorio lo lógico era que las empresas buscaran comprar dólares con pesos a fin de cubrirse contra la posibilidad de devaluación y no que se endeudaran en la moneda extranjera. Lo racional en un contexto con peligro de crisis devaluatoria, es que las empresas y las personas buscaran quedarse largas y no cortas en su posición de divisas. La posición corta era una invitación a sufrir perdida en caso de devaluación. ¡Es evidente que ningún economista con buena formación le revisó el proyecto de discurso a aquel mandatario distraído! Pero la segunda parte de la afirmación sí hace sentido, ya que en caso de existir riesgo cambiario era completamente racional que las empresas depositaran sus reservas en “mexdólares” con la finalidad de quedar cubiertas en caso de devaluación. Un comportamiento de ese último tipo no habría tenido nada de “paradójico”. Lo “paradójico” era que el riesgo cambiario lo hubiera creado, con un celo digno de mejor causa, el propio gobierno del presidente López Portillo, mediante la política económica abiertamente inflacionista que decidió seguir.

¿De cuáles maneras y por cuáles razones se produjeron las muy intensas fugas de capital que se destaparon a partir del año 1981? Curioso es que el presidente López Portillo fuese tremendamente elocuente y explicativo con respecto a lo primero –las maneras de las fugas de capital– y profundamente oscuro e incompleto en relación con lo segundo –las causas que las provocaron–. En opinión de López Portillo en ese su último informe presidencial, “de afuera, y aun de adentro porque convenía a la oportunidad de hacer negocios con nuestro auge, motivando nuestra inseguridad y desconfianza, se empezó a especular con nuestro peso a partir de análisis parciales exagerados, amañados y aun perversos, de nuestros problemas económicos similares a los de todo el mundo; pero subrayados para lograr el efecto especulativo o incluso desestabilizador”. Y en otro pasaje, una afirmación muy parecida: “La base del negocio era crear la desconfianza y explotar el afán de seguridad. Logrados los motivos, presionaron explicablemente a nuestro peso. La ambición desmedida de los especuladores de siempre y de los novatos hicieron el resto”.[8] Las citas anteriores no tienen desperdicio y ofrecen mucha miga para el análisis crítico. En primer lugar, López Portillo nunca se hace la pregunta de por cuáles razones en aquella coyuntura histórica de México se había abierto “la oportunidad de hacer negocio” especulando contra el peso. Pero de haberse hecho esa pregunta y de haber llegado a la explicación correcta, se habría literalmente aplicado un disparo en el pie o lanzádose a sí mismo un bumerang. Ello, al llegar a la conclusión de que el incentivo para las fugas de capital había provenido de la severa sobrevaluación en que había caído el peso mexicano como consecuencia de la política inflacionista que había aplicado aquel gobierno. Es decir, el gobierno había sido el origen y el causante de ese incentivo. Y en el mismo sentido, no habían sido “análisis parciales exagerados, amañados y aun perversos” los que habían destapado las fugas de capital, sino una percepción muy bien fundada de que el tipo de cambio se encontraba marcadamente sobrevaluado y que su mantenimiento peligraba. ¡A los “sacadólares” podría habérseles acusado de insolidarios, pero no fueron tontos ni tampoco estuvieron equivocados! Por último, es muy dudosa la afirmación de López Portillo de que en aquella coyuntura México tenía “problemas económicos similares a los de todo mundo…”. Era falso este último argumento: muy pocos o ningún país del mundo, había tenido en esa coyuntura un tipo de cambio tan evidentemente sobrevaluado como México. De ahí, las tremendas fugas de capital que se habían desatado.

Así, sin importarle mayormente averiguar los incentivos que habían motivado las conductas especulativas de los “sacadólares”, el presidente López Portillo era en cambio de la opinión, muy tajante, de que las fugas de capital le habían infligido a México un gran daño. Los que habían expatriado sus capitales, “constituyen, eso sí, una minoría cuyas acciones sumadas dañaron la seguridad nacional y por ende la de todos”. Y habiendo sido de esa forma, el asunto requería de una reacción correctiva por parte del gobierno. O más bien, de una serie de reacciones correctivas encadenadas. En ese orden, el primer eslabón de la cadena debía ser el de la denuncia pública. El informe presidencial sería una oportunidad de oro para esa finalidad. Pero además, el ofrecimiento a los sacadólares de una oportunidad de redención le daría a López Portillo mucho lucimiento personal. ¡De hecho, de eso último se trataba, en muy buena medida, la oportunidad que abría aquel informe presidencial! Y desde luego, el caso debería venir acompañado de una amenaza de castigo. ¡Cómo no! Por último, la cereza del pastel sería la solución definitiva para erradicar de raíz las fugas de capital. Solución que de manera muy elegante se sacaría de la chistera de mago el presidente en esa reunión espectacular: la implantación del control generalizado de cambios. De facto, como lo expresó ilusionadamente López Portillo en aquel Informe: “Se trata de corregir el gran mal y no del esfuerzo estéril de identificar villanos”.[9]

Todos esos importantes pasos venían especificados con precisión en el texto de aquel sexto informe presidencial. Empecemos por la denuncia de todos los que no se habían “solidarizado”, a pesar de que en ese mismo Informe López Portillo había anticipado que “no se trata de cazar brujas…”.[10] Para tal fin, explicó aquel presidente, “el ejecutivo a mi cargo dispone de muestreos generales y datos y listas iniciales de lo que significan estas operaciones. Los pongo a disposición de esta soberanía y propongo se integre una comisión que los estudie y concluya soluciones. Sería aconsejable una reunión interparlamentaria con los legisladores de los Estados Unidos. Para nosotros es más, mucho más grave este problema, que el del tráfico de drogas para ellos”.[11]

Como se aprecia, de una manera que podría calificarse de maquiavélica, el presidente López Portillo se quitaba de encima la papa caliente de los “sacadólares” y la pasaba íntegra a manos del poder legislativo. La idea de la reunión interparlamentaria no era más que una ocurrencia de ese mandatario sin mayor trasfondo ni posibilidades. ¿Intercambiar sacadólares por narcotraficantes? Absurdo: los sacadólares ni siquiera eran delincuentes. ¿Bajo qué argumentos diplomáticos se les podría solicitar el intercambio a los legisladores estadounidenses? En realidad, bien sabía López Portillo que los asuntos de la lista de sacadólares y de la imaginada reunión interparlamentaria languidecerían en el legislativo hasta perecer de muerte lenta. Pero mientras tanto, el titular del Ejecutivo intentaba adornarse políticamente una vez más frente a la Nación.

Y tratando de ver de cuál manera podría López Portillo seguirse luciendo, como parte de su embestida en contra de los “sacadólares”, aquel presidente también lanzó una oportunidad de redención, aunque bien acompañada de su respectiva amenaza. Respecto de lo primero: “A los desnacionalizados démosles un mes, septiembre, el mes de la patria, para que mediten y resuelvan sus lealtades. Después actuaremos nosotros”.[12] Y respecto de lo segundo, ¿de qué manera podría actuar el gobierno en ese frente, si el presidente ya había entregado oficialmente las listas de los sacadólares al poder Legislativo con la instrucción de que se integrara una comisión que las estudiara y concluyera soluciones? Definitivamente, la congruencia lógica no era el flanco fuerte del señor presidente López Portillo.

Sin embargo, a pesar del traspaso que había decidido a manos del Legislativo del problema de los sacadólares, era imposible que ese presidente borrara de su intelecto la idea de aplicarles una represalia. Y esa idea la expresó en el multicitado informe presidencial, aunque de una manera elaborada: “Claro, sería un gesto hermoso el que tanto ellos [los ahorradores con depósitos en la banca de Estados Unidos] como los adquirentes de inmuebles se solidarizaran con su nación y convinieran con la Banca Mexicana algún sistema para reciclar en nuestra economía los recursos que son tan necesarios para México”. No obstante, a continuación iluminó al presidente López Portillo una oleada de realismo: “Sé que es difícil que ello suceda, por lo que tendremos que acudir a medidas posiblemente fiscales y en todo caso al razonamiento internacional”.[13] Era evidente que esto último era un mero recurso retórico del orden político. Ya no había tiempo para esfuerzos de tipo diplomático, al igual que tampoco un fundamento jurídico sólido para una acción de tipo fiscal. El caso era bastante endeble. Se desataría una catarata de amparos.

En esos pasajes finales del sexto informe presidencial de José López Portillo, dos fueron los temas principalísimos a tratar: el de las fugas de capital y sus perpetradores, los “sacadólares”, y el de la participación que habían tenido en esas fugas los bancos privados. Una lectura cuidadosa de esos pasajes revela de manera muy clara la coartada secuencial que animó en todo momento al presidente López Portillo. La intención era la de darle validez a su decisión de expropiar a la banca. Mostrar y demostrar a toda costa, a contrapelo, que los bancos habían sido un factor activo fundamental para que se produjera la fuga de capitales. El problema es que la comprobación de todas las acusaciones correspondientes quedó siempre en el aire. La primera conclusión que se desprende de esas acusaciones es la contradicción flagrante. Veamos. ¿De quién había provenido la iniciativa para las fugas de capital? Al respecto, en un pasaje clave de aquel sexto informe López Portillo acusó: “El acoso al peso empezaba en las mismas ventanillas de los bancos en las que se aconsejaba y apoyaba la dolarización”.[14] Esta última acusación de que la especulación empezaba en las ventanillas de los bancos era y es altamente cuestionable. Los depósitos en la banca extranjera y los inmuebles adquiridos en Estados Unidos pertenecían a las familias que habían decidido expatriar sus ahorros. Lógicamente, a ellos había correspondido la iniciativa de esas operaciones y no a los bancos. En esas acciones, la participación de los bancos había sido meramente pasiva o instrumental, interviniendo simplemente como mandados de sus clientes. De manera que parecía totalmente infundada la imputación de que los bancos habían “encabezado” las fugas de capital.[15]

A los bancos no había correspondido la iniciativa para las operaciones especulativas, como tampoco la banca había especulado en beneficio propio. Este último punto es fundamental en el tema, pues el presidente López Portillo fue siempre muy insistente en ese respecto. Primeramente, en su opinión el saqueo del país por parte de los “sacadólares” había sido “encabezado, aconsejado y apoyado por los bancos privados…”. Y en el mismo sentido, la fuga de capitales había tenido lugar a causa del “manejo de una banca concesionada, expresamente mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente especulativa”.[16] ¿Podía ser válida la acusación de que la banca privada en México era “altamente especulativa”? La única forma en que esa acusación hubiera sido cierta es que la banca decidiera cambiar a dólares montos importantes de su captación en moneda nacional o de sus recursos propios. Estas prácticas no ocurrieron de ninguna manera, y de hecho lo que sí sucedió es que durante los tiempos de las fugas de capital la banca más bien actuó como “metedólares”. Esto último, en razón de los fondos que los bancos captaban del exterior, para otorgar créditos en divisas a las empresas o al propio gobierno. No hay que pecar de ingenuidad: de haber la banca incurrido en operaciones especulativas, el entuerto se habría comprobado y los críticos habrían usufructuado ese hecho con amplitud y gozo.

¿Se había iniciado la fuga de capitales en las ventanillas de los bancos? Ya se ha visto que la respuesta era en la negativa a esa acusación. No obstante, el caso permite hacer un análisis pormenorizado del papel que cumplieron esas instituciones en las fugas de capital. Ya se aclaró en el párrafo anterior que la banca no fue, en rigor, “altamente especulativa”. Sin embargo, en sus embestidas en contra de los bancos el presidente López Portillo nunca hizo distinción suficiente entre las instituciones, sus accionistas, sus altos funcionarios y sus empleados. Como ya se ha explicado, la banca no incurrió por sí misma en actos de especulación cambiaria. Sin embargo, es muy posible que sí lo hayan hecho a título personal algunos accionistas de esas instituciones y algunos de sus altos funcionarios. Asimismo, también es probable que no pocos empleados bancarios de ventanilla hubieran recomendado a sus clientes la compra de dólares. Empero, no debería confundirse a esos agentes con las instituciones. No eran lo mismo los bancos, con su personalidad jurídica, sus instalaciones y su patrimonio, que los accionistas, los altos funcionarios o los empleados. Entonces, si así había sido el caso, no tenía sentido castigar a los bancos y no a los mencionados agentes. Que se les castigase a ellos, pero no que se expropiaran los bancos.

López Portillo también acusó a los bancos, y con vehemencia, de desnacionalizados y de falta de solidaridad. En cuanto a lo primero, los bancos sólo podrían haber sido “desnacionalizados” por un camino: que algunos de sus accionistas o la totalidad de ellos, fueran testaferros de inversionistas del exterior. Pero el hecho es que esa acusación nunca pudo comprobarse durante la época del presidente López Portillo. Y no pudo comprobarse por una razón monda y lironda: porque no había testaferros ni accionistas externos. Si los hubiera habido, el gobierno lopezportillista se habría con toda seguridad apresurado a denunciarlos. Pero no había caso que pelear en esa línea. Por otra parte, con respecto a que los bancos hubieran mostrado falta de solidaridad, tal vez esa acusación encontró apoyo en las cuentas en moneda extranjera que eventualmente tuvieron que convertirse a “mexdólares”. El caso merece una explicación: la posibilidad de que los ahorradores en la banca pudieran elegir entre cuentas en moneda nacional o en dólares había existido desde hacía décadas en México. Y además, ésa había sido una decisión no de los bancos sino de la autoridad regulatoria. Había existido desde hacía décadas esa opción, pero con sus respectivos desincentivos. Para los depositantes, el desincentivo era que las cuentas denominadas en dólares ofrecían un rendimiento mucho más reducido que las cuentas en moneda nacional; es decir, un rendimiento castigado. Para los bancos, el desincentivo había sido que en las cuentas en dólares se les aplicaba un encaje legal muy alto, del 70 por ciento, y, por tanto, se les podía sacar poca rentabilidad. Así, con esos dos desincentivos, durante las épocas de estabilidad las cuentas en dólares conformaron una parte pequeña de los pasivos de los bancos. El equilibrio se rompió cuando con la sobrevaluación del tipo de cambio y la intensificación del riesgo cambiario, el saldo de esas cuentas se destapó exponencialmente. Pero las decisiones de invertir en las cuentas denominadas en dólares o de sacar los ahorros al extranjero, habían sido siempre de los ahorradores en la banca y no de los bancos. Y además, la causa atribuible a esas dos conductas había sido la política inflacionista que habían decidido seguir las autoridades de aquella administración. Los bancos no habían tenido responsabilidad directa alguna en el crecimiento exponencial de las cuentas en dólares o en la fuga de los capitales al exterior.

Dada la psicología del presidente López Portillo, le habría resultado ontológicamente imposible reconocer una verdad que debería haber sido evidente en ese momento histórico: que a los bancos como instituciones que buscaban una rentabilidad, les resultaba sumamente perjudicial la fuga de capitales. Y esta consideración era independiente de las conductas individuales que pudieran haber seguido los empleados y los funcionarios bancarios. El caso es que la materia prima con la que trabajaban los bancos eran los depósitos de los ahorradores. En la medida en que estos últimos decidían sacar sus capitales al extranjero, en esa medida perdían depósitos los bancos locales para poder trabajar y obtener ganancias. Es decir, los depósitos que ganaban los bancos estadounidenses como resultado de las salidas de capital, los perdían los bancos mexicanos como insumo para su operación. Sólo que hubieran sido instituciones ciegas o suicidas no habrían tenido consciencia del fenómeno explicado.

Pero el presidente López Portillo necesitaba forzosamente encontrar culpabilidad en los bancos. En consecuencia, decidió echar al asador de la discusión toda la carne posible. Fue de esa forma en que, con igual intención, también lanzó contra los bancos otras dos acusaciones. La primera, que nunca se les había podido controlar, y la segunda, que su expropiación era indispensable para poder poner en ejecución el control generalizado de cambios. Claramente, ambas acusaciones tampoco resistían una exploración crítica de fondo. En tal sentido, con respecto al primero de esos asuntos, López Portillo afirmó en su último informe presidencial: “Se dirá, se ha repetido ya mucho, que el Gobierno tenía los instrumentos sobrados para controlar a la banca privada. Hoy hemos de confesar que así lo creímos, pero que no fue así. Una dolorosa historia nos lo ha enseñado”. La verdad es que nunca se conoció un estudio analítico fundamentado y serio que permitiera validar esa acusación de que el gobierno no podía controlar a la banca privada. Desde el punto de vista regulatorio, ésa era la función de la normatividad que regía al sistema bancario, empezando por la legislación bancaria y pasando por las circulares regulatorias que emitían el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. Desde el punto de vista orgánico, ahí estaban precisamente esas dos entidades, una de cuyas principales obligaciones era la de regular y supervisar a los bancos. Nunca se conoció queja de que, en general, la banca se hubiera resistido a cumplir con el marco regulatorio que la obligaba o que hiciera lo mismo con las obligaciones de supervisión a que se debía someter. Sólo al presidente López Portillo pudo habérsele ocurrido semejante patraña.

Y en relación con la supuesta necesidad de estatizar a la banca para poder poner en ejecución el control de cambios, ese presidente intentó explicar: “El control de cambios es uno de los grandes remedios al gran mal… Frente a los daños de la especulación y falta de apoyo a las actividades productivas, sería incongruente poner las medidas correctivas en manos de sus defensores y de quienes tienen intereses creados en torno a ellas”.[17] Realmente, tampoco había fundamentos ni empíricos ni teóricos para estas acusaciones. Según todos los testimonios creíbles y autorizados, los bancos privados siempre habían estado dispuestos a cumplir las directrices que les imponían las autoridades de su sector. ¿Por qué no lo habrían de estar también con respecto a la implantación del control integral de cambios? Pero puesto el caso en sentido negativo, muy fácilmente también se pudo haber argumentado que si el control generalizado de cambios estaba, de cualquier manera, condenado al fracaso, daría lo mismo que lo pusiera en ejecución la banca privada que la banca estatizada.

En conclusión, el fiscal acusador tuvo siempre en contra de la banca privada un caso sumamente débil. En buena lid contenciosa, puede con toda seguridad haberse pronosticado que la sentencia le habría resultado desfavorable a ese fiscal. En tal sentido, en su informe presidencial postrero López Portillo llegó a afirmar que “el Estado mexicano nunca ha expropiado por expropiar…”.[18] Pero si acaso esa afirmación era cierta históricamente, lo había sido hasta antes de la estatización bancaria. Con apoyo en un análisis profundo y bien fundamentado, era casi imposible demostrar en dónde estaba la “utilidad pública” de esa expropiación. A todas luces, la tradición histórica de las expropiaciones que el Estado mexicano había decidido por razones de “utilidad pública”, se cortaba de tajo en ese momento. Pero así como un juicio auténtico, libre de trabas políticas, habría sido imposible en ese momento histórico del país, también la Suprema Corte de Justicia mostró falta absoluta de autonomía al momento de tramitar los amparos que presentaron los banqueros expropiados. Y la legitimidad de la expropiación bancaria no únicamente quedó en muy seria duda, sino que asimismo aumentaría de manera importante el saldo de la ya abultada deuda pública. En este último sentido, López Portillo anunció orondo en su informe presidencial postrero: “Obviamente, la nacionalización irá acompañada de la justa compensación económica a los actuales accionistas, conforme a derecho”.[19] Sin embargo, esa liquidación “conforme a derecho”, la tendría que realizar la administración siguiente, a cargo del presidente Miguel de la Madrid.

Pocos años después, un exfuncionario del Banco de México que se convirtió en escritor, publicó un muy bien fundamentado e interesante libro sobre la expropiación bancaria en México. El método que siguió el economista Enrique Pérez López para redactar su libro se basó en ir analizando de manera crítica, uno por uno, los considerandos en que se había apoyado el decreto expropiatorio correspondiente. Finalmente, con muy buena capacidad analítica, ese autor logró refutar de manera exitosa uno a uno todos esos considerandos. Conclusión: la expropiación bancaria se había llevado a cabo en México sin fundamento jurídico o económico alguno.[20]

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