Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
VI. Fin de fiesta lúgubre

 

11. Esquizofrenia nacional

 

Después de aquel apoteótico sexto informe de gobierno de José López Portillo (JLP), se inició uno de los periodos más extraños en la historia política de México. Se trató de un sexenio de tres meses, pletórico de euforias teatrales y también de demagogia y falsedades. Un trimestre de verdadera esquizofrenia nacional. En el lado gozoso y alegre de esa esquizofrenia, se destacó sobre todo la figura del presidente López Portillo, envuelta en los ropajes de Lázaro Cárdenas, artífice de la nacionalización petrolera. En sus memorias, López Portillo escribió que durante ese último trimestre de su presidencia “flotó”. Pero la anterior es una verdad tan sólo a medias. Jlp efectivamente se dedicó a flotar durante ese trimestre de cierre de sexenio, aunque únicamente en lo relativo a la conducción interna del gobierno. En lo referente a disfrutar de las glorias que le ofrecía la nacionalización bancaria y su papel de jilguero consagrado en los grandes foros internacionales, ahí sí se mantuvo activísimo. En esos roles no “flotó”; todo lo contrario. Por su parte, en el lado también fingidamente alegre de esa comedia de Pirandello, Carlos Tello y sus colaboradores se dedicaron a actuar desde el Banco de México como que el control generalizado de cambios era exitoso y que ese mecanismo permitía la aplicación, también exitosa, de una política crediticia “independiente”. En contraste, en el lado implacable de la duras realidades fueron otros los factores que determinaron la agenda nacional: gran escasez de divisas, negociación con el odiado Fondo Monetario Internacional, muy amplio y descontrolado déficit fiscal que tenía que financiarse en medida importante con medios inflacionarios, muy elevada y creciente inflación, estancamiento económico, desintermediación financiera (a pesar de la política de crédito supuestamente “independiente”), fugas de capital desatadas (a pesar del control de cambios), crisis de deuda por parte del sector privado, crisis de deuda por parte del sector público.

El punto de partida para la experiencia de crudo realismo que vivió el país durante los últimos tres meses del sexenio, tal vez se marcó cuando Jesús Silva Herzog aceptó permanecer como secretario de Hacienda hasta terminar noviembre de 1982. Silva Herzog no lo aclara en sus memorias, pero también es altamente probable que el presidente López Portillo le haya pedido su permanencia y que él se mostrara anuente. Según Silva Herzog, aquel 1º de septiembre en que se anunció la expropiación de los bancos y el control integral de cambios su situación personal era “incómoda y confusa”. Así, previamente a que diera inicio la ceremonia del Informe Presidencial y ocupar el lugar que le correspondía en los palcos reservados para el gabinete, Silva Herzog dice haber conversado “caminando con Jorge Espinosa de los Reyes, viejo amigo, siempre prudente y sabio. Le transmití mi intención de renunciar. Me escuchó, me comprendió. Con toda energía me recomendó lo contrario. Le hice caso. Hubiera sido un grave error tomar esa decisión en ese momento. Un poco para el país y mucho para mí. La salida del secretario de Hacienda, en esos momentos de crisis, hubiera agudizado los problemas. En lo personal, hubiera sido interpretado como abandono del barco que estaba haciendo agua”.[1]

En opinión de Silva Herzog, “después de varios años transcurridos, agradezco la oportunidad de esos consejos”. Sin embargo, la historia también registra que don Jesús tuviera que pagar tanto altos costos personales a la vez que como funcionario público por esa decisión de permanencia. Entre esos costos, por la renuencia tozuda a colaborar y a coordinarse que siempre le manifestó Carlos Tello en su calidad de director general del Banco de México, durante los tres meses siguientes. En cuanto a la designación de Tello, la historia registra que el 31 de agosto de ese año se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco de México con la finalidad doble de, por un lado, aceptar la renuncia que presentaba a ese cargo el licenciado Miguel Mancera y, además, designar en su sustitución al economista Carlos Tello Macías. En sus memorias, Tello confiesa que el ambiente en esa sesión de Consejo “era tenso y frío” y a continuación explica las razones para ese clima gélido: “no era yo –explica Tello– de la simpatía de los funcionarios de Hacienda” que asistieron a esa reunión. “En realidad, sentía que francamente no era bienvenido”. Acto seguido, ese personaje asevera, de forma evidentemente equivocada, que tampoco era del agrado “de los altos directivos del banco que asistieron”.[2] El error consistió en que en esa sesión de Consejo no hubo altos directivos de la institución, únicamente cinco consejeros por la serie A, además del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y del comisario de la entidad. Sin embargo, aun sin la asistencia de funcionarios del Banco de México, de cualquier manera era muy explicable la frialdad que se sentía en el ambiente. De los cinco consejeros por la serie A presentes en dicha sesión, cuatro habían prestado sus servicios en el Banco de México durante etapas importantes de sus carreras profesionales, empezando por el presidente de ese órgano, el secretario de Hacienda Silva Herzog, y el vicepresidente, Antonio Enríquez Savignac. Los consejeros restantes en esa circunstancia fueron Jorge Espinosa de los Reyes y Mario Ramón Beteta.[3]

La justificación que tuvo el presidente López Portillo para designar a Tello como director general del Banco de México, era que a su cargo había tenido la preparación de los proyectos para expropiar a la banca y establecer el control generalizado de cambios. Pero no había más consideraciones sólidas. Para empezar, Tello carecía de experiencia profesional alguna como funcionario de la banca central. La experiencia profesional se consideraba indispensable en ese campo de actividad. Al respecto, había los muy importantes antecedentes de que entre el momento de su ingreso a la institución y el de su nombramiento para encabezarla, para don Rodrigo Gómez había sido de 15 años, para Ernesto Fernández Hurtado de más de dos décadas y para Miguel Mancera de 17 años. Asimismo, Tello tampoco contaba con una especialización en el campo de la política monetaria y de la banca central. Se podría alegar al respecto que como economista Tello tenía una licenciatura en la Universidad de Georgetown, una maestría por la Universidad de Columbia y estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, los estudios universitarios de posgrado rara vez ofrecen una especialización tan específica, además de que la correspondiente a banca central siempre ha sido más bien de tipo empírico, aunque también con una buena base de formación académica. Tan sólo esto último era lo que tenía Tello. En suma, de manera muy lógica en el Banco de México siempre se le vio al director general Tello como lo que era: como un improvisado y un advenedizo, que además estaría en el timón un tiempo demasiado limitado: tan sólo tres meses.

En un arranque de lucidez y realismo, en su sexto informe de gobierno el presidente López Portillo hizo un reconocimiento de las grandes dificultades prácticas que enfrentaría la puesta en marcha del control generalizado de cambios. El episodio se inició con una proclamación de autocomplacencia: “Hemos roto los tabúes. La revolución se libera de temores y acelera su paso”. Pero a continuación aseguraba enfático aquel orador: “El control generalizado de cambios es uno de los grandes remedios al gran mal”. Desde luego, la aplicación del esquema significaría “muchos, muchísimos problemas” y por esa razón el presidente lanzaba “un llamado a patriotismo y comprensión”. En particular había preocupación en las autoridades por los mexicanos que vivían en la frontera y los cuales sufrirían muchas molestias con la puesta en marcha del esquema. “Lo sabemos –agregó– y nos organizaremos para que sean las menos y pasen pronto”. Acto seguido proclamó aquel presidente que se cuidaría de manera especial “de la economía y los habitantes de la frontera, así como de las plantas maquiladoras”. Y en seguida sobrevinieron las confesiones clave. En primer lugar, “adelantó que, muy probablemente, el control de cambios sufrirá pronto modificaciones y adaptaciones”. Y para cerrar el círculo, una explicación que de alguna forma indirecta le concedía razón a las argumentaciones de Miguel Mancera en el folleto que había publicado en contra del control de cambios: “No hay experiencia de un país frontera con la economía más poderosa de la Tierra, extensa frontera norte-sur”. Y de ahí la advertencia de que “Nos costará mucho trabajo. Habrá probablemente corrupción; pero confío en que tendremos el talento político y los tamaños para defendernos”. Y un cierre, que más bien parecía una confesión, un mea culpa: “Es deseable que sea transitorio”.[4] Pero en este punto cabe la pregunta: ¿Si era deseable que fuera transitorio, para qué aplicar el control de cambios? ¿Qué sentido podía tener tomarse tantísimas molestias en la implantación de un esquema cuya aplicación sería tan sólo temporal?

¿Qué tan bien funcionó el control integral de cambios en México durante el trimestre en que estuvo en vigor? Un testimonio de inmenso valor en ese sentido, es el de quien fungió durante ese periodo como secretario de Hacienda: Jesús Silva Herzog:

“A pesar del establecimiento del control integral de cambios, o tal vez por ello, la fuga de capitales durante esos meses de septiembre a diciembre de 1982 ha sido una de las más severas en nuestra historia. En medio de conflictos permanentes con el Director del Banco de México, pudimos en aquellas semanas suavizar gradualmente las restricciones del control de cambios”.[5]

La crónica y el análisis de lo que fue el control integral de cambios en los tres meses en que se mantuvo en vigor pueden consultarse en el Informe Anual del Banco de México para 1982. Según esa publicación, ese sistema prefigurado por el economista Tello y sus asesores se apoyó en dos pilares fundamentales. Por un lado, el elemento esencial estuvo en la prohibición que se impuso a los bancos para vender al público moneda extranjera o metales preciosos. Por ese conducto, pensaron los diseñadores del esquema, se suspenderían las fugas de capital que se habían materializado en la forma de envíos de divisas al extranjero. Y el segundo pilar, fue la idea de imponer imperativamente al mercado los tipos de cambio que discurrieran las autoridades. ¡Qué caray, el director general Tello y sus asesores sabían mejor que el mercado los precios que debería tener en México el dólar! Así, con base en esos dos fundamentos se acordaron para el dólar dos tipos de cambio: el “preferencial” y el “ordinario”. El “preferencial” sería únicamente una cotización para venta y se aplicaría a los pagos para las importaciones esenciales y los pagos en divisas más indispensables. Tomando en cuenta que esas divisas que se venderían en el mercado “preferencial” eran captadas por el gobierno mediante sus exportaciones o créditos del exterior que se consiguieran, se les decidió fijar un tipo de cambio de subsidio o apoyo al sector productivo de 50 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio “ordinario” de 70 pesos se acordó tanto para venta como para compra de divisas. Venta, para pagar en pesos los depósitos en “mexdólares”, para constituir encaje legal por los pasivos en moneda extranjera que captara la banca y para operaciones de depósito y crédito dentro del denominado “Programa Especial de Financiamiento”. La compra estaba pensada para los dólares que adquiriera la banca, en particular por repatriación de capitales, por (sic.) “cuenta y orden del Banco de México”.[6]

El esquema de control integral de cambios empezó a hacer agua por todos lados al poco tiempo de su implantación. La primera gran pifia derivó de la cotización absolutamente irrealista que se le asignó al dólar “ordinario”. Al precio ridículamente bajo de 70 pesos por dólar la banca mexicana quedó completamente impedida de poder comprar divisas para aliviar la escasez de ellas que padecía el país. Otro error monumental fue no haber caído en la cuenta de que la fuga de capitales no únicamente podía materializarse con dólares. De manera importante, también podía llevarse a cabo con bienes como joyas u obras de arte y, de forma muy relevante, con moneda nacional. La tercera gran pifia se produjo por la decisión de las autoridades de valuar los activos en divisas en el balance de los bancos al tipo de cambio “preferencial” (50 pesos por dólar) y los pasivos en moneda extranjera al tipo de cambio “ordinario” (70 pesos por dólar). La consecuencia contable de este desbalance significó una perdida en libros de todo el capital de la banca incluyendo sus reservas técnicas. ¡Aquellos aprendices de brujos a quienes se encomendó la implantación del control integral de cambios, no sabían ni a lo que estaban jugando!

En esa forma, al muy poco tiempo, de hecho desde principios del mes de septiembre, se atestiguó en el país el surgimiento de un mercado de divisas ilegal o paralelo. En ese mercado se empezó a comerciar el dólar a tipos de cambio muy por arriba de las cotizaciones “preferencial” y “ordinaria” que habían discurrido las autoridades en la Ciudad de México. Y de manera todavía más grave, desde principios de octubre empezaron a operar con gran actividad casas de cambio en el lado estadounidense de la frontera con México. Lo más notable y preocupante fue la gran brecha que se observó entre las cotizaciones en ese mercado y el tipo de cambio ordinario de 70 pesos por dólar. Considerando que en ese mercado se empezó a negociar la moneda estadounidense a cotizaciones cercanas y por arriba de 130 pesos por dólar, es posible constatar que el diferencial siempre fue muy cercano al 100 por ciento. Con esa brecha tan amplia en las cotizaciones, se entiende la renuencia tan enérgica que siempre mostraron los exportadores y los captadores de divisas a ingresar sus dólares al país. Con cifras exactas, en promedio a la compra esas cotizaciones llegaron a ser de hasta 138.33 pesos por dólar con un diferencial de cerca de 97 por ciento por arriba de la cotización oficial. Y el dólar a la venta se ubicó hasta 144 pesos en promedio, ya iniciado el mes de diciembre de ese año.[7] En el Cuadro 4 a continuación se presenta noticia de las cotizaciones que se observaron en ese mercado ilegal de dólares y pesos en la zona estadounidense cercana a la frontera, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1982.

Periodo	Bancos en el país			Casas de cambio en la Z.F.N. (1)
	Preferencial	Ordinario		Libre
	Venta	Compra		Compra	Venta	Diferencial
Septiembre*	50.00	70.00		—	—	—
Octubre*	50.00	70.00		103.5	108.32	4.82
(día 6 mínimo)				(96.00)	(100.00)	(4.00)
(día 29 máximo)				(112.33)	(120.33)	(8.00)
Noviembre*	50.00	70.00		121.63	127.56	5.93
(día 1o. mínimo)				(117.50)	(123.17)	(5.67)
(día 26 máximo)				(124.83)	(128.83)	(4.00)
Diciembre* (1o. al 19)	50.00	70.00		130.50	136.62	6.12
(día 3 mínimo)				(125.83)	(130.83)	(5.00)
(día 16 máximo)				(138.33)	(144.00)	(5.67)
* Promedios de cotizaciones diarias. (1) Promedios de cotizaciones del dólar aplicadas por las casas de cambio en la zona fronteriza norte     (lado estadounidense). Fuente: Banco de México: Informe Anual, 1982, p.194.

En el Informe Anual del Banco de México no se hace referencia a los incentivos que deben haber motivado a los participantes en aquel mercado de pesos y dólares que se había formado al otro lado de la frontera. Sin embargo, bastaba un poco de sentido común para deducirlos. Por el lado de la demanda, la necesidad de adquirir moneda estadounidense para pagar importaciones no consideradas por las autoridades “indispensables”, poder liquidar viajes al exterior de México o para hacer depósitos adicionales en la banca de allende al Bravo. O sea, que los motivos para las fugas de capital no se habían sofocado con el control integral de cambios. Por otra parte, por el lado de la oferta, siempre habría proveedores dispuestos a ofrecer dólares a cambio de pesos mexicanos sujeto a que se pagara un precio adecuado y realista. Pero en contraste a la resistencia para hablar de las motivaciones de los participantes en ese mercado de cambios, en dicha publicación del Banco de México sí se hizo referencia a las consecuencias que se derivaron de la aparición de ese mercado “ilegal”. De esa forma, la situación descrita “significó de hecho un traslado del mercado cambiario al otro lado de la frontera, lo que no sólo impidió la entrada de divisas al país, sino que indujo salidas importantes de pesos mexicanos, cuya colocación en el extranjero había quedado expresamente prohibida en la reglamentación derivada del control generalizado de cambios”.[8]

Podría pensarse que dados los resultados tan desfavorables que se estaban obteniendo y los tiempos que se vivían, la reacción de las autoridades mexicanas frente a la expatriación factual del mercado de cambios resultó bastante tardía. En ese orden, fue hasta principios del mes de noviembre que se expidió autorización para que en la franja fronteriza del norte de México y en las zonas libres de Baja California Norte, Baja California Sur y partes de Sonora pudieran operar casas de bolsa y de cambio mexicanas. La idea fue que pudieran operar en condiciones de libre mercado, para “comprar y vender dólares en billetes, monedas o cheques de viajero por cuenta del Banco de México”. De esa manera, se dio el muy contradictorio o paradójico fenómeno de que mientras en la franja fronteriza y en las zonas especiales las casas de bolsa y de cambios mexicanas podían operar las transacciones de compraventa de monedas a precios de mercado, las sucursales de los bancos locales tenían que seguir ofreciendo las cotizaciones “preferencial” y “ordinaria” determinadas desde la Ciudad de México. En ese sentido, dichas autoridades decidieron que las cotizaciones de mercado con las que debían operar las casas de bolsa y de cambios recién autorizadas, fueran dadas a conocer por las sucursales del Banco Nacional de México (denominado Banamex después de la conformación de la banca múltiple) en los perímetros correspondientes. No obstante, al parecer las medidas referidas alcanzaron muy poco éxito. Ello, toda vez que, en opinión del Informe Anual del Banco de México, “para entonces las casas de cambio del lado estadounidense tenían prácticamente controlado el mercado de dólares, por lo que la operación de las casas de cambio mexicanas no presentó mayor alivio para la escasez de divisas que se venía experimentando en el país”.[9]

Con tasas de interés totalmente irrealistas dentro del programa de política crediticia propuesto por el director general Carlos Tello, también en el campo de la intermediación financiera se presentaron incentivos para el surgimiento de mercados paralelos. Por un lado, no pudo alcanzarse la finalidad básica para la que estuvo llamado el control integral de cambios: impedir en definitiva las fugas de capital. Por otro lado, los ahorradores tenían la capacidad para entender que esas tasas de interés totalmente discrecionales que las nuevas autoridades habían discurrido para los instrumentos de captación de la banca eran totalmente insuficientes incluso para compensar por la muy elevada inflación que prevalecía en la economía mexicana. Es decir, el supuesto de que los participantes que intervenían en la intermediación financiera padecían de ilusión monetaria resultó básicamente infundado. También resultó infundado el supuesto de que con el control generalizado de cambios esos ahorradores en la banca habían perdido otras opciones de inversión para sus fondos. Según el Informe del Banco de México del año 1982, lo que buscaban las autoridades con esa política de disminución gradual de las tasas pasivas de la banca era poder apoyar con créditos más baratos al aparato productivo. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos a las intenciones. Así, la más grave de las consecuencias fue “una desintermediación financiera global”. Y la menos grave de las consecuencias, fue que tuvo lugar una modificación masiva de las carteras de los depositantes “hacia los instrumentos de corto plazo, principalmente depósitos retirables en días preestablecidos…”.[10]

En esa publicación se explicaron con detalle las modificaciones que se intentaron aplicar tanto a las tasas pasivas como activas de la banca en el periodo de septiembre a noviembre de 1982. En cuanto a las tasas pasivas, la única elevación que se anunció fue para los depósitos de ahorro en moneda nacional cuyo rédito se elevó de 4.5 a 20 por ciento anual. En dicho lapso, la tasa de interés pasiva mensual promedio de corto plazo se redujo en 26 por ciento, y si se excluyen de ese cálculo los depósitos de ahorro ya mencionados, la disminución cerró en 32.5 por ciento. A manera de ilustración, a los depósitos a corto plazo fijo de un mes se les asignó un rédito en los meses de octubre y noviembre de ese año de cerca de 41 por ciento anual. Si se considera que en esos meses la inflación interna se encontraba ya en niveles cercanos a 100 por ciento anual, puede constatarse qué tan negativos se presentaban ya esos réditos en términos reales. Y una consideración parecida –es decir, en términos del rendimiento real anual de los depósitos– podía hacerse si se toma en cuenta, por ejemplo, que en la clasificación de medio plazo los depósitos a seis meses ofrecían en esos meses de octubre y noviembre una tasa un poco por arriba de 47 por ciento anual y, dentro de la categoría de largo plazo, para 12 meses el rédito era de cerca de 49 por ciento anual. Y en cuanto a las tasas activas, el resultado de la nueva política fue que las aplicables a “los créditos destinados al aparato productivo y distributivo” se redujeron a “tasas equivalentes a 5 puntos porcentuales por debajo de las vigentes en agosto”. De manera complementaria, las tasas aplicables para habitación de tipo medio se disminuyeron en 10 por ciento y las correspondientes a créditos para vivienda de interés social se fijaron en 11 por ciento anual. Pero qué sentido práctico podía tener esa reducción de las tasas activas de la banca si los intermediarios no podían captar los fondos para poder atender la demanda de crédito.

De manera adicional, esa nueva política para las tasas de interés bancarias tuvo un efecto negativo sobre la eficiencia y los costos de operación de los bancos. Ello, en razón de que “la reducción de las tasas activas fue inmediata mientras que la captación tenía contratadas tasas a mayores plazos. Asimismo, se eliminaron los cobros por manejo de cuentas de cheques”. O sea que la nueva política de crédito del Banco de México se apoyó en la muy discutible idea de castigar a los ahorradores en la banca para beneficiar a los productores, que eran sus acreditados. Dicha política, señaló el Banco de México reveladoramente, no tuvo “los efectos deseados”. En particular, dio lugar a un estancamiento de los niveles de captación que en términos reales significó un deterioro severo en razón de la elevada inflación que prevalecía. Así, el único logro que pudo presumir aquella política crediticia supuestamente alternativa, fue haber incrementado el rendimiento nominal de las cuentas de ahorro de 4.5 por ciento a 20 por ciento anual.[11]

En alguna medida importante, la nueva política de crédito intentada por las autoridades no arrojó “los efectos deseados” a causa de las dificultades operativas a que dio lugar. A manera de ejemplo, el 24 de septiembre de aquel año las autoridades del Banco de México se vieron obligadas a autorizar coberturas alternativas para los regímenes de inversión obligatoria dentro del sistema de control selectivo del crédito. Un caso en lo específico tuvo su origen en que la transformación de pasivos en dólares a pesos fue más rápida que la cobranza de la cartera en moneda extranjera, de manera que en un momento dado ya fue imposible para la banca hacer la inversión obligatoria correspondiente también en divisas. Y en una perspectiva más general, la nueva política crediticia dio lugar a que se deteriorara de manera importante la rentabilidad de la banca. Eso ocurrió en particular, por “los efectos sobre los costos de las instituciones financieras del nuevo rendimiento de los depósitos de ahorro, los costos por liquidación de los pasivos en dólares, los costos derivados del manejo de las cuentas de cheques y el desfase de los plazos entre activos y pasivos…”. Así, para contrarrestar esos efectos el Banco de México acordó el 22 de octubre elevar la remuneración por concepto de encaje en varios rubros del activo de la banca. Pero en suma, la consecuencia más grave de la nueva política crediticia fue, como ya se ha mencionado, un deterioro “en los niveles de captación”. En el ya aludido Informe Anual del Banco de México, es posible observar ese fenómeno en sendas gráficas de captación y cartera tanto para la banca comercial como para la banca de desarrollo, la cual también captaba dinero del público. En ambas gráficas es posible apreciar cómo en términos nominales las barras para la captación se mantuvieron prácticamente en igual nivel a lo largo del trimestre septiembre–noviembre. Pero la clave para constatar el fenómeno de la desintermediación reside en traducir esos datos a términos reales dada la elevada inflación que ya se observaba en el periodo. En tal sentido, basta tan sólo con señalar que, estimada por parte del Banco de México, la inflación mensual en esos meses ascendió, respectivamente para septiembre, octubre y noviembre, a 5.3, 5.2 y 5.0 por ciento. O sea que, en términos aproximados, ésa era la reducción que por mes sufría la captación de ahorro por parte del sistema bancario del país, incluyendo banca comercial y banca de desarrollo. Y al no disponerse de captación, tampoco se disponía de recursos frescos para la derrama de crédito en favor de la planta productiva.[12]

En general, en ese contexto de fugas de capital desbordadas y fuerte desintermediación financiera, uno de los fenómenos más perjudiciales que se dejó sentir fue el de la elevada inflación interna. De hecho, en el año 1982 se llegó a niveles inflacionarios nunca antes vistos en México, muy superiores incluso a los de la época de la Segunda Guerra Mundial. Con medición de diciembre de 1981 a diciembre de 1982, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) se incrementó 98.8 por ciento, el Índice de Precios al Mayoreo en la Ciudad de México 92.6 por ciento y el Índice Nacional de Precios Productor 93.5 por ciento. En particular, el otro aspecto relevante fue la forma en la que la inflación de aceleró durante los últimos dos trimestres del año, fenómeno claramente visible en los datos de los tres índices arriba mencionados. Ese fenómeno de la aceleración de la inflación a lo largo del segundo semestre, es lo que explica que en términos de comparación de promedios anuales el cálculo de la inflación 1981-1982 haya resultado mucho más reducido. A guisa de ejemplo, de 58.9 por ciento para los precios al consumidor. Y es que ciertamente la inflación se aceleró de manera muy visible durante los últimos dos trimestres, y la prueba está en que según el inpc en los dos primeros trimestres de 1982 los incrementos mensuales fueron respectivamente de 4.2 y 5.3 por ciento mientras que para los trimestres tercero y cuarto los aumentos fueron de 7.2 y 7.0 por ciento. En cuanto a los factores causales para aquella intensa elevación de la inflación en ese año tan difícil de 1982, en el Informe Anual del Banco de México se menciona en el lugar preponderante “la expansión de la demanda agregada –principalmente impulsada por el crecimiento del gasto público– que siguió haciendo frente a una oferta incapaz de responder con la misma rapidez”. De manera complementaria, otros factores concurrentes también contribuyeron de manera fundamental a la aceleración de la inflación durante los últimos dos trimestres. Destacaron en ese sentido varios ajustes de la paridad con sus efectos desfasados sobre el nivel de los precios, además de las alzas que se autorizaron tanto para los precios bajo control oficial como para los precios de los bienes ofrecidos por el sector público. De esto último, que en el año el índice de los precios bajo control oficial se haya incrementado 126.5 por ciento, mientras que el índice de los artículos no controlados lo haya hecho en 87.5 por ciento.[13]

De las explicaciones anteriores se concluye que, en lo principal, la tremenda inflación con la que terminó el sexenio del presidente López Portillo fue causada por la propia política económica expansionista que se decidió seguir. Al respecto, en un momento transitorio de lucidez aquel presidente llegó a reconocer que “la hiperinflación es un riesgo grave y desagradable que ya tengo encima. La sensación es amarga y angustiosa”.[14] Pero en el corazón de la política expansionista que se decidió seguir, estuvo en lo fundamental “el crecimiento del gasto público” con su consecuente brecha en un amplio y creciente déficit fiscal. En su último informe de gobierno, el presidente López Portillo hizo una apología del gasto público, lo que en buena medida explica los excesos en que se incurrió en ese frente a todo lo largo de su sexenio, pero en particular durante los años finales. En ese sentido, afirmó categórico aquel presidente en un pasaje clave del mencionado Informe presidencial: “El Estado mexicano ha usado, usa y usará el gasto público en el proyecto nacional pese a objeciones decimonónicas o libertarias”. Y tenía que ser de esa forma (sic.) “porque es el instrumento más útil para lograr la redistribución del ingreso, en el desarrollo social, sin el cual no se justifica ni crecimiento económico y ni siquiera estructura estatal”. Y a continuación, López Portillo enunció un principio que en esas circunstancias operó a manera de acusación tácita para la administración que encabezó. En tal sentido dijo: “el gasto público debe ser tan amplio como la capacidad de su financiamiento…”.[15] Totalmente de acuerdo. Pero si ése era el caso, ¿por cuáles razones en esa administración el gasto público se había desbordado de manera tan excesiva para dar lugar a un gran déficit fiscal, presiones inflacionarias inmensas y a un endeudamiento del gobierno muy elevado? En ese respecto, en el Informe Anual del Banco de México para 1982 se dijo abiertamente que durante los meses finales de ese año “el sistema bancario mostró elevados niveles de liquidez, debido a la aceleración en el financiamiento otorgado al sector público por el Banco Central, así como a una demanda de crédito relativamente débil…”. Y desde luego, ese fenómeno fue la causa del déficit fiscal que se fue incrementando a lo largo del sexenio y que al cierre se ubicó en un nivel estratosférico por arriba de 16 por ciento sobre el PIB.[16]

En el año 1982 tuvo lugar en México un muy intenso desplome de la actividad económica. La inflación desbordada, la severa restricción de divisas, las dificultades de rentabilidad de las empresas, los problemas de endeudamiento y una muy profunda incertidumbre se conjugaron para dar lugar a un agudo estancamiento. Particularmente dañinas fueron las devaluaciones que se produjeron. Este fenómeno afectó “la posición de liquidez de las empresas, encareció los bienes de capital de origen externo e influyó negativamente sobre las expectativas del público”. Y el estancamiento sentó sus reales, a pesar de los impulsos expansivos que se esperaban del amplio déficit fiscal. Según el Banco de México, la caída sufrida “por la actividad económica fue de una severidad tal, que sólo es comparable al experimentado durante el periodo de recesión mundial de fines de los años veinte y principios de los treinta”. En el panorama general se tuvo que el consumo privado aumentó en 1982 en únicamente 1.5 por ciento en tanto que en 1981 lo había hecho en 7.3 por ciento. Por su parte, la inversión fija bruta se contrajo en el año 16.8 por ciento, dato dentro del cual la inversión privada se redujo 20 por ciento. Por su lado, las exportaciones petroleras registraron una expansión muy modesta en el año, mientras que las exportaciones no petroleras, a pesar del impulso que les dieron las devaluaciones del periodo, apenas crecieron 3.7 por ciento con respecto a su nivel del año anterior.[17]

Algún observador distraído podría haber llegado a celebrar la reducción que mostró en 1982 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero en realidad, no había mucho que celebrar. El agostamiento de dicho déficit fue en lo principal atribuible a la fuerte reducción de los conceptos egresivos en esa balanza por causa de la intensa recesión económica. El saldo correspondiente resultó de 2 684 millones de dólares, muy cercano a la quinta parte de lo que había sido en 1981. Para dar lugar a tan fuerte reducción, “las importaciones de mercancías fueron el agregado macroeconómico que se ajustó con mayor rapidez a las difíciles condiciones…”. Así, el saldo de ese agregado resultó al cierre del año 40 por ciento más reducido que en 1981. Según el Banco de México, la contracción de las importaciones se dejó sentir a lo largo de todo 1982 pero se agudizó durante los trimestres tercero y cuarto. En resumen, en ese periodo el saldo de las importaciones totales resultó 66 por ciento inferior al que registró en los últimos tres meses de 1981. En opinión del banco central, la contracción tan tremenda que mostraron las importaciones en el año 1982 podía atribuirse a tres factores: “el virtual estancamiento de la economía nacional; las modificaciones en la paridad cambiaria y el agudo proceso de racionamiento de divisas que prevaleció en los últimos cinco meses del año”. Por su parte, las exportaciones mostraron en ese mismo 1982 un comportamiento que puede calificarse de horizontal. De esa forma, mientras las ventas al exterior de petróleo y sus derivados crecieron 13 por ciento, las exportaciones no petroleras se contrajeron 6.5 por ciento. En cuanto a la cuenta de capital, del superávit para financiar el déficit de la cuenta corriente (6 079.4 millones de dólares) exactamente el 98.5 por ciento provino de deuda pública externa, 602.7 millones de inversión extranjera directa y “un saldo negativo por otros movimientos de capital de 514 millones de dólares”. Según el Banco de México, este último dato tendría que manejarse desde el punto de vista analítico con gran cuidado, en razón de que, en realidad, la salida de capitales debía estimarse en un monto mucho mayor. Ello, en la medida en que “el rubro de errores y omisiones (que implícitamente incluye movimientos no registrados en la cuenta de capital) arrojó un saldo negativo de 6 579.7 millones de dólares”. Finalmente, “la insuficiencia del endeudamiento público externo para compensar el efecto combinado del déficit en cuenta corriente y los aumentos de activos de mexicanos en el exterior, explica la reducción de 3 184.7 millones de dólares en los activos internacionales del Banco de México”. De manera que las fugas de capital impulsadas por la política de expansionismo inflacionario, también terminaron por “saquear” a nuestro instituto central.[18]

Durante esos tres meses finales de sexenio en los cuales el presidente López Portillo se paseó por los caminos de la patria y del mundo enfundado en la casaca del general Lázaro Cárdenas reencarnado, además de andar “desfaciendo entuertos y vengando agravios” en los grandes foros internacionales, la economía mexicana se debatió en una crisis de gran intensidad. Los signos principales de la crisis eran un estancamiento profundo de la actividad económica, inflación galopante y una escasez de divisas que paralizaba a la planta productiva. Asimismo, no por casualidad el cuadro clínico se completaba con devaluaciones adicionales en cadena. Ello, toda vez que en el mercado libre del otro lado de la frontera la moneda estadounidense se cotizaba por arriba de 130 pesos por dólar siendo que antes de febrero andaba en alrededor de poco menos de 30 pesos por “verde”. Y en el afán de combatir la tremenda escasez de divisas que afectaba al país, López Portillo llegó a extremos que se hubieran pensado inconcebibles meses antes. Primero, al verse obligado a iniciar negociaciones con el tan odiado Fondo Monetario Internacional, tal como también lo había tenido que hacer la administración precedente de Luis Echeverría durante los tiempos finales de su sexenio. ¡Horror! ¡Tener que negociar con el FMI, que nos impone (sic.) “condiciones de frías ortodoxias económicas ajenas a consideraciones políticas que ignoran; o sociales que desprecian…”! Y además, entrar a esa negociación en perjuicio flagrante de una máxima ética, tan dragoneada por López Portillo en sus memorias, de que “pienso, como siempre, en que los principios están por arriba de los sucesos… La cuestión es decidirse si se vive o no conforme a ellos”. Pero ya acosado el país por la tremenda escasez de divisas, JLP decidió dejar de lado sus tan pregonados valores civiles y negociar un programa con el FMI, seguramente a contrapelo de lo que le dictaba su consciencia profunda. Es decir, en esa coyuntura JLP ya no se preguntó amenazante “si la política es praxis o axiología; si somos hombres o prostitutas”.[19]

Durante el segundo semestre de 1982, los acontecimientos en el frente económico se desenvolvieron para México de una manera vertiginosa, muy imprevisible y particularmente desfavorable. A partir del anuncio petrolero –la noticia de que México tenía mucho petróleo–, representantes de los bancos internacionales empezaron literalmente a hacer cola en la oficina del secretario de Hacienda para ofrecerle al gobierno créditos externos. En términos técnicos, se conformó un panorama de una oferta de financiamiento externo con elasticidad casi infinita. Es decir, a precio de mercado a México se le ofrecía todo el crédito que pudiera incluso imaginar. Pero ese panorama se modificó de manera muy drástica hacia mediados de 1982, después de haberse logrado la colocación de un crédito sindicado “jumbo” por 2.5 miles de millones de dólares. En lenguaje técnico, la oferta de financiamiento externo para México no únicamente se transformó a una situación de prácticamente nula elasticidad, sino que se volvió de cero. Se cerró para el país la oferta de crédito voluntario. Por esa razón y dado el fuerte componente importado de los proyectos de inversión que se habían emprendido, López Portillo llegó a explicar metafóricamente que se “había quedado sin fichas…”. Fue entonces cuando se tuvo que conseguir por parte de la Tesorería de los Estados Unidos una compra anticipada de petróleo en una negociación muy difícil. Pero en razón de que la escasez de dólares seguía mordiendo, fue que se tomó la decisión de iniciar trámites con el FMI para conseguir un programa del que se derivara la obtención de recursos en el corto plazo. Pero lo que en ese momento nadie imaginaba, es que esas negociaciones quedarían tiradas a la basura por un error de política económica que cometería el director general del Banco de México, Carlos Tello. Más adelante se aclarará ese desenlace en la presente crónica.

Por último, durante esos meses finales del sexenio de López Portillo, se empezó a operar un fenómeno que era inexorable en el sistema político mexicano: la pérdida gradual de poder por parte del presidente saliente, acompañada del fortalecimiento continuo del mandatario que entraba. Por la situación de crisis en la que se encontraba el país y tal vez en mayor medida por las muy controvertidas medidas que había anunciado López Portillo el 1º de septiembre, dicho proceso adquirió en aquella coyuntura ciertos perfiles de animosidad. Siempre se supo que el presidente electo, Miguel de la Madrid, nunca estuvo de acuerdo ni con la expropiación de los bancos como tampoco con el control integral de cambios. A mayor abundamiento, De la Madrid debe haber interpretado esas decisiones como una imposición y una falta de respeto por parte de su antecesor López Portillo. Muy posiblemente tal fue el caso, y ese hecho debe haber llevado a que se tensaran las relaciones entre el presidente saliente y el entrante. Y además de los vínculos entre ambas figuras políticas, estaban también los sentimientos y los dichos correspondientes a sus respectivos grupos de colaboradores cercanos. Era hasta de sentido común suponer que entre las administraciones de López Portillo y de De la Madrid fuera a haber muy poca o nula continuidad. A partir de que, evidentemente, ambos actores tenían formas de pensar muy diferentes, de haber habido signos de continuidad habría sido en gran perjuicio para la administración delamadridista. Ello, por el muy manifiesto desprestigio que ya padecía el régimen que encabezaba López Portillo, empezando por el caso personal de ese propio presidente. ¡Qué sentido tendría contagiarse casi gratuitamente de ese cuerpo ya tan enfermo y decadente como era la administración anterior! En sus memorias, el expresidente López Portillo dio cuenta de esa transición tan complicada que tuvo lugar con el grupo delamadridista, empezando tal vez por el mismísimo presidente electo.

En realidad, el presidente López Portillo nunca aclaró de manera explícita por cuáles razones decidió “flotar” durante esos meses finales de su sexenio. De ahí la necesidad de hacer deducciones. En el sentido más negativo posible, simplemente cabe deducir que la administración de López Portillo estaba terminando en tan grande desastre, que no tenía sentido seguir incurriendo en errores que se sumaran a la destructividad ya conseguida. En el sentido más positivo imaginable, también pudo ser que López Portillo haya decidido actuar con gran prudencia dando lugar a una transición lo más tersa posible. Pero una transición transexenal totalmente libre de fricciones sería siempre imposible en razón de una fisura que existía en las reglas del juego de la política mexicana: un lapso demasiado prolongado, de más de cuatro meses, entre que se conocía el resultado de la elección presidencial y la toma de posesión. Es decir, desde el momento en que ya había presidente electo y éste empezaba a gobernar. En ese lapso, las posibilidades de fricción eran muchas y las probabilidades de materialización fatalmente elevadas. De hecho, esa probabilidad se había efectivamente materializado con Díaz Ordaz con respecto al sucesor que había seleccionado, Luis Echeverría, y entre el propio López Portillo y su antecesor, con sus intentos apenas disimulados de mantenerlo subordinado.

En tal sentido, es claro que las fricciones entre el presidente López Portillo y el presidente electo De la Madrid se iniciaron con el anuncio de la estatización bancaria y la implantación del control integral de cambios. Al poco tiempo, De la Madrid acabó aceptando ambas decisiones, aunque a regañadientes y con mucha molestia. Según las memorias de López Portillo, por parte del grupo cercano a De la Madrid pronto empezaron a surgir rumores en contra del régimen saliente y hasta chascarrillos irreverentes. Fue entonces que, según noticias, López Portillo decidió reunirse con De la Madrid para limar asperezas y concertar una tregua. En términos textuales de López Portillo, ese acercamiento se planteó “para abordar la serie de infundios que empezaban a formarse. Fui directo y franco; no quedó ninguna duda”. Según ese presidente, en dicha reunión hasta se ventiló el espinoso asunto de por qué a De la Madrid no se le había consultado el proyecto para nacionalizar la banca. La explicación que López Portillo dijo haber dado a su interlocutor fue como sigue: “si hubiera opinado que no, de todas maneras lo habría hecho, con lo que hubiérase abierto una brecha seria entre él y yo”. Así, con la mencionada reunión López Portillo logró establecer una suerte de armisticio, aunque fuese temporal, con su sucesor De la Madrid. Pero toda vez que cualquier negociación implica siempre ceder algo a cambio, el presidente ofreció a su sucesor detener ciertos proyectos que todavía traía en cartera para los meses finales de su sexenio. Entre ellos, una iniciativa para remover el anonimato de las acciones de las empresas, una reforma a la Ley Orgánica del Banco de México para incluir en su articulado tanto a la banca estatizada como al control integral de cambios, además de unas reformas al Código Penal. Sin embargo, en esa reunión declaradamente López Portillo no se desistió de su propuesta de elevar a rango constitucional la nacionalización bancaria mediante su incorporación en los artículos 28 y 73 de la Carta Magna.[20]

López Portillo no hace mención en sus memorias de que una de las fricciones que se sucedieron en el transcurso de aquella transición intragobiernos se escenificó precisamente en el Banco de México durante esa extraña etapa que se cumplió con el economista Carlos Tello a la cabeza de la institución y su muy reducido grupo de colaboradores cercanos. En parte, de esas fricciones sabemos por testimonios escritos del propio Tello y del propio exsecretario de Hacienda, Silva Herzog. Según noticias, un primer enfrentamiento entre ambos funcionarios se escenificó con motivo de la designación de los nuevos directores para los bancos que habían sido expropiados. Al respecto, relata el exsecretario de Hacienda, el jueves 2 de septiembre el presidente López Portillo le entregó para conocer su “opinión” una lista con los nombres de los candidatos para esos nombramientos propuestos por el director general del Banco de México, Carlos Tello. Según Silva Herzog, “en algunas de las principales instituciones las personas que se proponían no iban a despertar el grado de confianza necesario. Al contrario”. En su opinión, “en esa coyuntura sería “indispensable hacer todo lo necesario por mantener la confianza en las instituciones. Una corrida (retiro masivo de depósitos) sobre los bancos podría tener efectos desastrosos para el país por varias décadas”. Por fortuna, el presidente atendió el punto de vista de su secretario de Hacienda y aceptó que éste le presentara una lista alternativa para esos cargos y la cual se puso en ejecución. Así, según confesión propia, Silva Herzog salió de la oficina presidencial “con la sensación de que una batalla importante había sido ganada”.[21]

Pero otro enfrentamiento entre ambos funcionarios, también de gran relevancia, tuvo lugar poco tiempo después. Al respecto, explicó Silva Herzog que antes de partir de viaje a Toronto, Canadá, a las reuniones de otoño del Banco Mundial y del FMI le pidió al director general Tello que, en aras de la cooperación, en su ausencia no sometiera a la consideración del presidente López Portillo ninguna medida de carácter financiero. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Tello a las espaldas del secretario de Hacienda. En esa forma, en una muy importante conferencia oficial, aquel funcionario del Banco de México dio a conocer un muy completo paquete de medidas de política crediticia. Las principales de ellas tuvieron que ver con una reducción discrecional de las tasas de interés bancarias excepto las relativas a los depósitos de ahorro, además de la determinación de los tipos de cambio que se aplicarían a los pasivos y a los activos de los bancos denominados en moneda extranjera. Al enterarse por vía telefónica de aquel madruguete asestado, para Silva Herzog “lo más serio era la baja por decreto de la tasa de interés que seguramente iba a provocar –como efectivamente sucedió– una reducción sensible en los ahorros captados por la banca”. Como ya se ha explicado, esa medida de política crediticia dio efectivamente lugar a una muy severa desintermediación financiera. Pero el saldo todavía más negativo, al menos en el orden coyuntural, fue que ese anuncio de política crediticia dado a conocer por Tello descarriló los avances que se habían conseguido en las negociones con el FMI para acordar un programa de apoyo para México. Con eso se dijo adiós, al menos por unas cuantas semanas preciosas, a la posibilidad de superar la escasez de divisas que sufría México. Según Silva Herzog, el caso fue de suma gravedad. “El paquete financiero de apoyo que casi habíamos concluido unas semanas antes, estaba pendiente de iniciar su desembolso”.[22]

Es una fortuna, que en el archivo histórico del Fondo Monetario Internacional sea posible consultar el documento relativo a la solicitud que presentó al organismo el gobierno de México a principios de noviembre de 1982 para un programa mediante el cual pudiesen conseguirse recursos que aliviaran la terrible restricción de moneda extranjera que padecía el país. De particular interés en ese documento es la carta de intención que se presentó a conocimiento del Directorio Ejecutivo con fecha 10 de noviembre de 1982, debidamente firmada por el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, y por el director general del Banco de México, Carlos Tello Macías. Según el documento correspondiente del FMI, al amparo del programa de Acuerdo Ampliado que se estaba solicitando, México tendría el derecho a disponer de 3 411 miles de millones de Derechos Especiales de Giro. En términos de ese documento, México tendría la facultad para hacer el primero de los retiros al amparo del mencionado programa hasta el mes de enero del siguiente 1983.[23] Sin embargo, es costumbre frecuente en las prácticas bancarias que los acreditados puedan obtener créditos puente en la forma de retiros anticipados a la entrada en vigor del programa general. Muy posiblemente, en razón de esta práctica era que el secretario Silva Herzog esperaba obtener de manera anticipada recursos del FMI antes de la terminación del sexenio. Pero como lo señaló en sus memorias, se atravesó en el camino inopinadamente el director general del Banco de México, Carlos Tello.

En la carta de intención ya mencionada se explicó en primera instancia en el párrafo 18 que “mediante el programa de ajuste acordado, se buscaría aumentar tanto el ahorro público como privado”. Más adelante, ya entrando en mayores precisiones, en el párrafo 23 de la carta de intención se aclaró que la política monetaria y financiera del gobierno de México tendría entre sus principales finalidades la de “incrementar el volumen de recursos crediticios que se canalizaran a la economía…”. Con tal objetivo en mente, se prometió que “las medidas necesarias serían tomadas con respecto a las tasas de interés y los controles financieros con la mira de estimular los ahorros y la intermediación financiera, reducir los subsidios y evitar la generación de presiones inflacionarias”. En cuanto a la determinación de las tasas de interés, “particular atención debería darse, entre otras cosas, a la necesidad de flexibilidad, las tasas de remuneración de otros activos y el ofrecimiento de rendimientos atractivos para los ahorradores”. Y fue precisamente en contra de estas promesas del gobierno de México plasmadas en la carta de intención, que la emprendieron las medidas bancarias y crediticias que anunció el director general Tello en aquellas semanas del mes de octubre, mientras se celebraban las importantes reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial. Para empezar, la reducción discrecional de todas las tasas pasivas de la banca excepto las correspondientes a las cuentas de ahorro fueron claramente antagónicas con dos finalidades prometidas en la carta de intención: “estimular los ahorros y la intermediación financiera”, además de ofrecer “rendimientos atractivos a los ahorradores”. De manera adicional, la decisión de determinar un tipo de cambio (70 pesos por dólar) para los pasivos bancarios denominados en moneda extranjera y otro más bajo (50 pesos por dólar) para los activos en dólares, dio lugar a un subsidio monstruoso. Y por último, necesariamente ese subsidio tendría que impactar sobre el déficit fiscal generando “presiones inflacionarias”. Por las contradicciones descritas, el Fondo Monetario Internacional decidió posponer la entrada en operación del programa con México, mientras el control integral de cambios fracasaba rotundamente en su intento por detener las fugas de capital.[24]

Regresar al principio