Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
V. Control de cambios y expropiación

 

9. La etapa de gestación

 

El expresidente López Portillo escribió en sus memorias que el proyecto para implantar el control generalizado de cambios y para la expropiación de la banca se empezó a preparar desde mediados de febrero de 1982. De hecho, al momento de esa luz verde faltaban apenas unos cuantos días para que se anunciara la devaluación. Señala el expresidente en su comentario relativo al 11 de febrero de ese año, que para tales fines mandó llamar a Carlos Tello, director general de Financiera Nacional Azucarera (Finasa) desde mayo de 1978, a fin de encargarle que “con toda discreción y bajo su personal responsabilidad, preparara los proyectos completos, con las decisiones substanciales, instrumentos y estrategias”. Según López Portillo, Tello se encontraba “especialmente preparado para instrumentar la decisión porque era un convencido de ella” además de ser una persona de su “total confianza”. Y en el camino se integraron a ese grupo de trabajo, ya fuese por la intervención del propio López Portillo o del mismo Tello, el hijo del presidente, José Ramón, acompañado de su maestro preferido, de nombre José María Sbert, además de los economistas de la Facultad de Economía de la unam, Rolando Cordera y Clemente Ruiz Durán. Por su parte, la asesoría de tipo legal se encomendó a un jurisconsulto que prestaba sus servicios en la propia Finasa, de nombre Urbano Farías. Como mecanógrafa fungió una de las hermanas de ese mandatario, de nombre Alicia. Y siguiendo con el testimonio del expresidente López Portillo, el avance de los trabajos los fue siguiendo “personalmente” con el apoyo de un colaborador de gran confianza y “discretísimo”: don Carlos Vargas Galindo, cabeza del departamento jurídico de la Presidencia. Los esfuerzos de ese grupo llegaron a puerto seguro en la medida en que no se produjo en el camino filtración alguna y también de que, para el mes de junio de ese año, los proyectos se encontraban ya terminados, con una “discreción absoluta y garantizada”.[1]

Por razones de secrecía, el cónclave que encabezó Tello trabajó en un hermetismo completo. Se entiende esa consigna de hermetismo total: cualquier filtración, a la par de haber sido fatídica para los proyectos, habría metido al propio presidente López Portillo en un aprieto político muy incómodo. Así, con el fin de asegurar el aislamiento, a todas luces se tomaron tres medidas mutuamente complementarias. Primera, que el grupo de trabajo se integrara con muy pocas personas y todas ellas de gran confianza para el presidente López Portillo o para el encargado del proyecto que era el director Tello. La segunda, que todos los integrantes técnicos del cónclave –o sea, los economistas– compartieran la misma visión en favor de la economía intervenida, dirigista y estatizada. El más radical de ellos, Rolando Cordera, había incluso escrito en su tesis de licenciatura, en la Facultad de Economía, que la banca debía ser expropiada para que quedara bajo el control del Estado la asignación productiva del ahorro de la colectividad. Y la tercera determinación fue asegurar que el personal de apoyo fuera de una lealtad a toda prueba con respecto al presidente de la República. Pero en particular, de ese afán por mantener al grupo lo más estrecho posible, es que tan sólo un jurisconsulto fue invitado a participar en los trabajos. De ese hecho, posiblemente se derivaron defectos jurídicos muy visibles y graves en los decretos correspondientes para la implantación del control de cambios y para la expropiación de la banca. A manera de ejemplo, respecto de este último aspecto nunca quedó bien precisado el objeto de expropiación: ¿los activos de la banca o sus acciones?[2]

El juramento de hermetismo –como una suerte de pacto de sangre– con el que nació y trabajó ese cónclave secreto encabezado por Tello y el espíritu de cruzada con que se inició y vivió, lo debe haber privado de toda intención deliberativa. En términos metafóricos, fue algo equivalente a la resurrección en México del Tribunal de la Santa Inquisición. No había en el asunto nada que analizar y discutir: las sentencias estaban dictadas de antemano. El caso del control generalizado de cambios era todavía más claro. Se trataba de encontrar un antídoto para ponerle freno a las fugas de capital que se habían desatado descontroladas. Pero incluso en esa cuestión, había lugar para el análisis: ¿Realmente el control integral de cambios tenía el potencial para impedirlas? ¿No tendría sentido estudiar las argumentaciones de los opositores al mecanismo? Pero las acusaciones en contra de la banca eran mucho más confusas, menos claras. ¿Estatizar a la banca por qué? ¿Por cuáles pecados concretos? ¿Para qué? En contrario y por fortuna para beneficio de la posteridad, se tiene el testimonio que el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, vertió en las memorias que escribió. Por su valor, ese testimonio merece casi la cita textual. Evocaba el entonces secretario de Hacienda, que en algunas ocasiones durante los meses posteriores a la devaluación de febrero de 1982, el presidente López Portillo le había solicitado su opinión “sobre la nacionalización de la banca y el control de cambios”. En la primera de esas consultas el funcionario le solicitó a su presidente “el fin de semana para darle una respuesta sin precipitaciones y con toda reflexión”. Y la respuesta que Silva Herzog dio a López Portillo fue en el sentido siguiente: “tomar esa decisión para hacer frente a la crisis que enfrentábamos era como si quisiéramos curar una tuberculosis mediante la amputación de uno de los brazos. No tenía nada que ver una cosa con la otra. La única justificación posible sería política, y con efectos que pronto se verían evaporados”.[3]

A todas luces, al secretario de Hacienda Silva Herzog le asistía la razón: ¿En qué podría ayudar la expropiación de la banca a que siquiera se suavizaran los problemas que aquejaban a la economía en la situación de grave crisis en que se encontraba, y que se manifestaba en la continuación furiosa de las fugas de capital, la inflación se intensificaba con sus efectos depredadores, cada vez era más difícil conseguir crédito del exterior y la actividad productiva había caído en intenso estancamiento? Y ese funcionario, al darle al presidente López Portillo su punto de vista contrario a los proyectos de implantar el control generalizado de cambios y de estatizar a la banca, le explicó también sus razones. Al opinar en contra del control de cambios, le reiteró a ese presidente exactamente los argumentos que había desarrollado el director general del Banco de México, Miguel Mancera, en su folleto de abril de ese año. Esto es, que era más que dudoso que fuera a ser un mecanismo eficaz para detener las fugas de capital. Y en cuanto a la estatización de la banca, en términos de Silva Herzog, en manos del gobierno “no necesariamente mejoraría el proceso de captación de ahorro y el otorgamiento de crédito –función esencial de la banca– sino que era posible que sucediera lo contrario”. Asimismo, agregó aquel economista echando alcohol en una de las muchas heridas que la crisis económica había abierto en la persona del presidente López Portillo: era cierto que los funcionarios y empleados de los bancos habían alentado las fugas de capital recomendando a sus clientes que compraran dólares. Pero en descargo, esas conductas nada tenían que ver, Silva Herzog dixit, “con la estructura de propiedad de las instituciones de crédito…”. Es decir, los empleados y los funcionarios de la banca eran una cosa distinta a las instituciones y a sus accionistas, y no necesariamente tenían los mismos incentivos. De hecho, el que los funcionarios y empleados de los bancos pudieran recomendar a sus clientes comprar dólares tenía su origen (sic.) en “las adversas condiciones de incertidumbre y desconfianza que enfrentábamos”. Y la banca propiamente dicha, ninguna responsabilidad tenía en la conformación de esas condiciones.[4]

¿Por qué estatizar a la banca privada? ¿Para qué poner en manos directas del Estado un sector que en manos privadas había demostrado capacidad de trabajo y desarrollo satisfactorios? Los inconvenientes y los peligros se manifestaban a simple vista y uno de ellos, muy ominoso, es que con los bancos en manos del gobierno empezaran a predominar en la asignación del ahorro nacional los criterios políticos sobre los comerciales. Los grandes quebrantos en el pasado de los bancos agrícolas, siempre serían un importante recordatorio para la amenaza de que en la derrama de crédito se colara el interés político y algo aún más grave: la tradición de la corrupción que era endémica en la clase política del país. En el Banco de México había plena consciencia de que una banca estatizada, en la cual los administradores de mayor jerarquía fueran figuras prominentes del sistema político, sería mucho más difícil de regular y de supervisar que una banca comercial. Era claro que si bien la banca privada mexicana no era perfecta, ciertamente también tenía sus virtudes muy bien identificadas. Una de ellas, la formación de una clase de expertos en banca muy bien preparados y profesionales. Y la banca privada, además de ser un semillero muy fértil de banqueros profesionales, había también impedido, como ya se ha insinuado, que en el otorgamiento de los créditos se colara la enfermedad de la corrupción, arraigada y tradicional en el sector gubernamental. Desde otra perspectiva, uno de los problemas más visibles de la banca privada mexicana era el de la excesiva concentración. Es decir, su carácter oligopólico con dos instituciones que controlaban la mitad de los recursos. Pero la estatización de los bancos significaría empeorar todavía más la concentración, al pasar de un oligopolio con competencia entre los intermediarios a un virtual monopolio estatal. Pero para Tello y sus correligionarios, no había necesidad de ninguna justificación de tipo técnico, ni de ningún convencimiento: la expropiación de la banca era una cuestión axiomática; se justificaba a priori por definición.

Es claro que más allá de las determinaciones dogmáticas, el caso que tenía el gobierno de López Portillo en contra de la banca era muy débil y resbaladizo. Era en particular débil, desde el punto de vista jurídico: ¿cómo condenar a un acusado sin pruebas contundentes? Sin embargo, en el fondo del túnel se apareció para ese régimen una luz tenue; un resquicio por el cual se podía meter la parte acusadora. En su calidad de abogado y de agente político, López Portillo quizá debió haberse dado cuenta de ese resquicio o fisura. Si bien la banca no había cumplido un papel propiamente activo para desatar las fugas de capital, en cambio sí había tenido un rol pasivo o instrumental. Aunque la iniciativa para las fugas de capital había provenido siempre de los “sacadólares”, éstas se habían realizado a través de los bancos. Los bancos, actuando como mandados y no mandantes, habían, sin embargo, intervenido en la materialización de esas fugas: lo habían hecho en calidad de cómplices. ¡Eureka! “Tanto hace el que mata a la vaca, como el que le jala la pata”, reza el refrán popular ¡Ése era el lado por el que se le podría atacar!

El presidente López Portillo también le guardaba un gran resquemor y antipatía a la banca internacional. En sus memorias, llegó incluso a achacarle la culpa de la trágica devaluación de febrero de 1982. No es invento. En tal respecto, escribió aquel mandatario en una nota de su diario del 10 de marzo de ese año: “Por informes tengo la convicción, ya casi definitiva, de que la banca internacional fue la que me dio el empujón devaluatorio. No les gustó Managua. Ni modo, pago y veo”.[5] Pero respecto de ese tema de enfrentamiento, la ubicación de la banca internacional en el ajedrez del poder global era muy diferente a la que tenía la banca nacional. En primer lugar, los bancos del exterior habían sido realmente quienes, con su oferta de créditos, le habían permitido en su momento al gobierno de López Portillo zafarse del yugo con que se sentía atrapado por el programa de Facilidad Ampliada suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, de haberse llegado a estallar un enfrentamiento, los banqueros del exterior le pudieron haber restregado en el rostro a López Portillo dicho apoyo fundamental que, en momentos claves, se le había brindado. Y de manera adicional, aunque no menos importante, había sido el crédito de la banca internacional el instrumento fundamental para financiar el sorprendente desarrollo de Pemex, toral para convertir a México en una potencia exportadora de hidrocarburos. La verdad cruda, es que la banca externa había financiado el muy rápido desarrollo que había conseguido México de 1978 a 1981. Y para darle una vuelta más a la tuerca de la compresa, esa banca internacional también le había proporcionado al gobierno de México los fondos de emergencia para financiar las fugas de capital en el intento vano de López Portillo por evitar la devaluación. Por último y también de relevancia clave, esa banca internacional era el gran acreedor de México con quien se había literalmente hipotecado al país. Inevitablemente, con ella habría que renegociar los muy grandes pasivos de México, algo fundamental hacia adelante en aquella coyuntura en que ya empezaba a vislumbrarse el estallido de la crisis de la deuda. La banca internacional tenía acorralado a México y más valía no tensar demasiado esa cuerda. ¿Cómo tensarla, si le debíamos, metafóricamente, hasta los calzones?

Hacia la primavera de 1982, el presidente López Portillo ya había puesto en la mira de su fusil a los bancos privados, a los cuales parecía detestar. Y a los sacadólares les había apuntado incluso desde antes. ¿Quiénes eran? ¿A cuánto ascendían los fondos que habían sacado del país? ¿Cómo hacer el reparto entre los sacadólares que habían adquirido inmuebles en Estados Unidos y los que simplemente habían colocado sus fondos en la banca estadounidense o en otras inversiones financieras en ese país? Todas esas eran preguntas eran fundamentales, pero desafortunadamente ese presidente no incluyó entre sus cuestionamientos respecto del tema de los sacadólares otro fundamental: ¿cuáles habían sido los incentivos que habían impulsado a ese segmento tan grande de mexicanos a exportar sus ahorros del país? Pero esa pregunta verdaderamente clave nunca se la planteó el presidente López Portillo y es muy extraño que no lo haya hecho. Sin embargo, volviendo al asunto de quiénes eran los sacadólares y cuánto dinero habían sacado a Estados Unidos, López Portillo también encomendó a dos comisionados para que realizaran las averiguaciones correspondientes. Primeramente, a José Andrés de Oteyza para que investigara sobre el monto de los capitales que se habían fugado a Estados Unidos y respecto de las inversiones de mexicanos que se habían colocado en la banca de allende al Bravo. Y de forma paralela, a Fausto Zapata Loredo lo comisionó para que llevara a cabo iguales indagaciones con respecto a los inmuebles que habían adquirido connacionales en Estados Unidos.

Debería ser muy claro que en el Banco de México tampoco hubo nunca simpatía para los sacadólares. ¿Cómo podría haberla, si con sus fugas de capital habían drenado, hasta el agotamiento, la reserva internacional que formaba parte tan importante del activo en su balance contable? Sin embargo, aunque definitivamente en los círculos de la banca central no pudiera haber simpatía para esos perpetradores, sí existía, en contrapartida, entendimiento y comprensión para los motivos de su conducta. En los círculos de la banca central, sus especialistas sabían perfectamente –con buenas bases, pues– que los ahorradores respondían al incentivo de proteger la integridad de su patrimonio ahorrado. Si se deseaba que cesaran las fugas de capital, habría que extirpar de las entrañas de la economía nacional esos incentivos. El hecho fundamental es que si tenía lugar una apreciación muy marcada del tipo de cambio real por efecto de la inflación interna, los agentes económicos buscarían proteger sus ahorros pasándolos a una moneda que fuera una mejor reserva de valor. Como es ampliamente sabido, toda moneda cumple las funciones de servir como unidad de cuenta, instrumento para los intercambios, almacén o reserva de valor y referencia para los pagos diferidos. En México, las experiencias inflacionarias durante los sexenios de Echeverría y López Portillo habían socavado de manera muy importante la capacidad de la moneda mexicana para actuar como unidad de cuenta y reserva de valor. Del deterioro de la primera de esas funciones, se explica que con los años se fuera arraigando en México la costumbre de valuar los inmuebles y las obras de arte en dólares en lugar de en la moneda local. Y del segundo de esos deterioros, se explica la inclinación de los ahorradores mexicanos –que gradualmente se fue volviendo multitudinaria– de pasar sus ahorros a la moneda estadounidense. En razón de la explosión de la inflación interna, el dólar de Estados Unidos se había vuelto una mucho mejor reserva de valor que el peso de México. Desde el punto de vista financiero, habían sido decisiones estrictamente racionales. Desde el punto de vista de la ética nacionalista –único que manejaba el presidente López Portillo– parecían una traición contra la patria.

Todo hace indicar que la furia que afloró en el alma del presidente López Portillo en contra de los “sacadólares” fue creciendo de manera incontenible. De esa forma, la primera referencia en sus memorias al tema de la investigación sobre su identidad y los montos involucrados, se remonta al 22 de diciembre de 1981. En la entrada correspondiente, aquel presidente anotó que al informársele sobre la salida de recursos en la balanza de pagos, había muchos registros de pagos “que las estadísticas y controles no reportaban como ingresos de mercancías”. Así, según la propia confesión del expresidente, fue en ese momento cuando se dio cuenta de que se “trataba de la monstruosa adquisición de inmuebles en los Estados Unidos”. “Tardé tiempo en investigarlo”, remató. Más adelante, a principios de febrero de 1982, fue cuando López Portillo confirmó la conformación de las dos comisiones ya aludidas encabezadas, respectivamente, por de Oteyza y Fausto Zapata para analizar los destinos que tenían las fugas de capital. Finalmente, el 20 de mayo de ese año Zapata presentó a la consideración del presidente el resultado de sus investigaciones. Todo hace indicar que de Oteyza había hecho lo propio desde algún tiempo antes. Y como colofón para esa anotación, López Portillo agregó lo siguiente: la información que se me ha proporcionado “[t]rae listas interesantísimas. A ver cómo las manejo”. Poco tiempo después, en esas andanzas presidenciales de averiguar quiénes eran los “sacadólares” y cuánto habían sacado, se suscitó un incidente que posiblemente agudizó el enojo de López Portillo contra los banqueros: “Los banqueros se resisten a decirme quiénes fueron los que más dólares compraron y para qué”.[6]

Extraño que el presidente, siendo abogado, no supiera que esas revelaciones se las impedía a los banqueros la observancia del secreto bancario. Y en ese orden, al poco tiempo se pudo deducir que frente a los “sacadólares” el presidente López Portillo llegó a abrigar tres intenciones muy deseadas por él: a) denunciarlos, b) exponerlos y c) castigarlos. Desde un principio, la denuncia quedó reservada para el momento supremo del Informe el 1º de septiembre: ése sería el foro y la ocasión ideal. En cuanto a exponerlos, no hay duda de la intención que aquel presidente tuvo de exhibir a los sacadólares, de causarles una vergüenza histórica a quienes “no se habían solidarizado”. Y por último y de mayor importancia, el tema del castigo: que no hubiera impunidad. No hay duda de que el presidente trajo por mucho tiempo en la mente esa intención del castigo. No en vano escribió en sus apuntes autobiográficos a principios de febrero de 1982: “Ordené, entonces, se proyectara una ley que gravara los capitales mexicanos en el extranjero”.[7]

En esos tiempos de tanta agitación y sobresalto, poco a poco se fue conformando en la atención del presidente López Portillo el menú de sus enemigos a perseguir. Todos dignos de un odio presidencial muy activo. Y con la definición de ese menú de enemigos, también la determinación de los instrumentos con los que se les pudiera reprender o atacar. De entrada hay que señalar que la efectividad de algunos de esos instrumentos de represalia era dudosa, pero a aquel presidente esto último no le interesaba demasiado. Lo que le importaba era la identificación de los enemigos y justificar sus intenciones de castigo. En términos generales, como se intenta ilustrar en los esquemas a continuación, a ese balance de enemigos del presidente López Portillo se le puede separar en dos categorías. La primera era para aquellos a los que era posible identificar de manera más o menos precisa y además que estaban al alcance del poder del presidente de México para una acción punitiva o disciplinaria. Lo de la capacidad para identificar a esos enemigos era de importancia, en razón de que había algunos para los cuales no había esa posibilidad de identificación. A manera de ejemplo, el universo de maledicentes y calumniosos que tanto perjuicio habían causado con su difusión de rumores y chistes irreverentes y hasta insultantes. ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo ubicarlos? A diferencia, había otros enemigos a los que sí se les podía precisar. Entre ellos, específicamente, a los “sacadólares”, a los que se habían “dolarizado”, además de la prensa interna, a los funcionarios “desleales” y a los comerciantes que “habían abusado elevando precios”. Significativamente, en ese escenario de enemigos alcanzables se encontraron, de manera destacada, el Banco de México y la banca privada. ¿Cómo escarmentarlos? Debe haberse muy posiblemente preguntado en sus adentros el presidente López Portillo. Y en ese gran universo de enemigos presidenciales se ubicaron también, para desgracia de aquel mandatario, los muchos que se encontraron fuera del alcance de sus iras justicieras. El recuento esquemático y tal vez fatalmente incompleto se recoge en el Cuadro 3.

No hay duda de que, en particular hacia las postrimerías de su sexenio, López Portillo percibía al mundo que lo rodeaba en esa forma: rebosante de enemigos injustos y peligrosos en toda la circunferencia a su alrededor. Tampoco hay duda de que en lo personal también así se sentía, no sin cierta dosis de paranoia: cercado por antagonistas amenazantes e implacables. Como confirmación de esos sentimientos, aquel mandatario se permitió escribir en un pasaje revelador de sus apuntes autobiográficos:

“Y por lo que se ve, el número de mis enemigos se consolidaba y aumentaba. A los de afuera se sumaban los de adentro, ya eran los banqueros expropiados y llenos de rencor; ya los dueños de mexdólares, que se sentían despojados de sus expectativas; ya los compradores de inmuebles en el exterior, temerosos de que las listas que tenía los fueran a exhibir como malos mexicanos; ya los que tenían cuentas en el extranjero por la misma razón; ya los comerciantes que no podrían seguir manejando sus dobles contabilidades para operar con la banca y burlar al fisco; ya los partidos, los ideólogos y comentaristas de la derecha; ya los que por obscuros complejos gozan destruyendo honras y reputaciones; ya los vengativos, ya… En fin… había un amplísimo frente de enemigos dispuestos a deshacer al Presidente…”.[8]

Incluso, en ese mismo tenor también hubo un fragmento muy indicador, en sus partes medulares, en el último informe presidencial de José López Portillo. En dicho pasaje, se valida de manera explícita esa sensación de cerco vital que llegó a materializarse en el espíritu de aquel presidente:

“A todos quiero contestar, porque con todos estoy obligado… A las preguntas limpias de la gente sencilla; a los gritos de los que hace poco aplaudían; a los reproches de quienes no quieren recoger varas y hace poco tiraban cohetes; a los que quieren seguir lucrando con el riesgo del país amparándose en la desconfianza; a los monólogos de los pontífices críticos… a las condenas de los enemigos… a quienes se me rajaron… Que no ensombrezcan nuestro horizonte aquellos que concurren a fortalecer y dar cauce interior a las fuerzas externas interesadas en desunirnos y disolvernos y se pliegan a su designio en inconsciencia ingenua, lo que es lamentable; vanidad exhibicionista, lo que es triste; consentimiento mercenario, lo que es grave, o lo que es peor: malicia destructiva por impotencia”.[9]

Enemigos	Soluciones/Represalias
Fugas de Capital	Control de cambios
“Sacadólares”	Denuncia pública Impuestos
“Dolarizados”	“Mexdólares”
Comerciantes Elevadores de Precios	Clausuras - Multas
Banca Nacional	Complicidad en fugas Expropiación
Empresarios	Pacto con los obreros Aumento de salarios Sindicalismo bancario
Funcionarios “desleales”	Destitución
Prensa Nacional	Retiro de publicidad oficial
Banco de México	Director inflacionista Organismo público descentralizado Sindicalismo
Prensa Extranjera	Fuera de alcance
Banca Extranjera	Fuera de alcance
Gobierno de E.U.	Fuera de alcance
FMI	Fuera de alcance
Calumniosos y maledicentes	Fuera de alcance
Intelectuales independientes	Fuera de alcance
Funcionarios cercanos a MMH	Fuera de alcance
Miguel de la Madrid	Fuera de alcance

Según se ilustra en el cuadro anterior, el mapa de los enemigos que amenazaban al presidente López Portillo se volvió muy amplio; demasiado podría pensarse. ¿Qué sería posible hacer? En ese mapa de enemigos, que en un momento dado hasta podría haberse ampliado con la inclusión de otros antagonistas denunciados en las multicitadas memorias, como los “falsos amigos” a los que JLP había “descubierto”, sólo dos habían podido ser objeto hasta ese momento de escarmiento: la prensa mantenida a la que se le había retirado la publicidad gubernamental (“Les pago para que me peguen”, había denunciado López Portillo) y los “dolarizados” a los que se había castigado cambiándoles sus depósitos en moneda estadounidense a “mexdólares”. Pero el tiempo apremiaba, se aproximaba el fin del sexenio, y permanecían intocados, sin castigo punitivo, el resto de los enemigos del presidente. Corría el mes de agosto de 1982 y el margen para actuar se estrechaba cada vez más. Pero en el horizonte de la historia, José López Portillo llegó a pensar que le quedaba todavía una oportunidad de oro para su reivindicación política. La aprovecharía para denunciar a los sacadólares y para ofrecer datos sobre la magnitud del saqueo que habían infligido a México, a manera de puñalada trapera. Sería principalmente para esta finalidad de la denuncia que se usarían los resultados de las investigaciones que habían llevado a cabo, por instrucción del presidente, los funcionarios de Oteyza y Fausto Zapata. Asimismo, la oportunidad se presentaba también idónea para anunciar a los cuatro vientos la pretendida vacuna definitiva para las fugas de capital: el control generalizado de cambios. Pero de manera principal, estaba el castigo ejemplar que se aplicaría a la banca privada en la forma de su estatización. Sería una muy buena forma de echarle la culpa por las fugas de capital. Y por último, López Portillo se guardó para su usufructo político personal un as adicional en la manga: anunciar el inicio del sindicalismo bancario para de esa forma congraciarse con y recompensar a sus nuevos aliados políticos: los grupos gremiales.

Los enemigos del presidente López Portillo –percibidos e imaginados– parecían efectivamente haberse multiplicado y fortalecido hacia las postrimerías de su sexenio. Desde el punto de vista analítico, el caso del Banco de México se presentaba con un cariz especial. Ello, en razón de que aparentaba ser una antipatía más antigua además de que se trataba de una institución a la que López Portillo conocía y comprendía muy poco. En sus memorias, López Portillo no dejó explicación concreta explícita sobre las animadversiones que profesaba en contra de nuestro instituto central, aunque en esa fuente sí sea posible encontrar algunos indicios indirectos sobre ese sentimiento. En tal sentido, están en primer lugar las vivencias y las relaciones personales. En ese orden, en las mencionadas memorias López Portillo sí plasmó testimonio de diferencias que había tenido siendo secretario de Hacienda con el director general, Ernesto Fernández Hurtado. Una de ellas, que al perecer despertó mucho enojo en aquel ministro de Hacienda, cuando supuestamente “sin autorización”, el banquero central “hizo públicas sus reflexiones sobre el gasto público”. Y al terminar el pasaje concluyó señalando el memorialista que efectivamente había tenido problemas con Fernández Hurtado y que por esos antecedentes se rehusó en su momento a confirmarlo “como director del Banco de México”. Y claramente otra razón para antipatizar con el banco central había provenido de diferencias de carácter doctrinal. Sin muchos conocimientos sobre las materias monetaria y cambiaria, López Portillo tendía siempre a diferir de las opiniones técnicas del Banco de México. Hacia mediados del año 1973, López Portillo juzgaba con sorna que Fernández Hurtado mostrara preocupación por “la balanza de pagos y el manejo del déficit del gasto público” y que además recomendara “prudencia” y empezara “a anunciar el debilitamiento de nuestra moneda frente al dólar…”. Por último, era evidente que a López Portillo le desagradaba el estilo institucional tradicional en el Banco de México. Como muestra ilustrativa, en abril de 1977 ese memorialista se quejaba con furia de que “el Banco de México se autoerige en ‘guardián supremo de la economía’ y actúa por su cuenta”.[10] De las escenas anteriores se deduce con toda nitidez que López Portillo deseaba un Banco de México totalmente subordinado y sin pensamiento propio. Y probablemente pensó que ambas características podrían modificarse si a la institución se le cambiaba la personalidad jurídica a organismo público descentralizado. En cuanto al modelo institucional, el cual se había empezado a forjar desde la primera administración encabezada por el director Mascareñas, tal vez López Portillo supuso que se podría empezar a socavar hasta terminar con su erradicación, usando como caballo de Troya su invención personal del sindicalismo bancario.

¿Había coincidencia plena entre las aspiraciones que cultivaban los integrantes del grupo de trabajo que había encabezado Carlos Tello y las del presidente López Portillo? La respuesta a esta pregunta lleva a que más bien había intersección, en el sentido de las matemáticas de conjuntos. Desde luego había coincidencia entre ese presidente y los integrantes de dicho grupo, en que era conveniente implantar el control generalizado de cambios y expropiar a la banca además de, en general, seguir avanzando en México hacia un régimen de economía estatizada. Sin embargo, en adición a coincidir con esos objetivos programáticos, a López Portillo lo movía otra motivación adicional y propia, casi de carácter ontológico: la de su reivindicación personal frente a la posteridad. Por esta última razón, es que no resulta en nada creíble la explicación que aporta López Portillo en sus memorias de que hasta los últimos momentos de agosto de 1982 todavía estaba él dudoso entre si tan sólo anunciar el control integral de cambios o, junto con esa medida, también la estatización de los bancos.[11] Pero en buena ley, no es creíble que aquel presidente se haya planteado verdaderamente a sí mismo esa primera opción. Sin la expropiación bancaria se privaría del instrumento que le sería indispensable para llevar a cabo su audaz coartada de reivindicación histórica: equipararse con la figura del General Lázaro Cárdenas que había decretado la nacionalización petrolera y con la de Adolfo López Mateos, artífice en su momento de la nacionalización eléctrica.

Pero en este asunto tan complejo del intento de su reivindicación histórica por parte del presidente López Portillo, el propio lenguaje –la terminología semántica– resulta revelador de las intenciones del perpetrador. En los casos tanto de la expropiación de las empresas petroleras como de las compañías generadoras de electricidad sí había sido posible hablar de nacionalización en razón de que se trataba efectivamente de compañías extranjeras. En contrario, en el ejemplo de los bancos comerciales nunca se pudo comprobar que hubieran tenido, aunque fuera en una proporción minoritaria, accionistas del exterior. Por tanto, en sentido estricto no se podía en ese caso hablar de nacionalización, sino únicamente de expropiación o estatización. Sin embargo, esas expresiones verbales no le eran útiles al presidente López Portillo en su intención de equipararse históricamente con los dos grandes nacionalizadores de la época posterior a la Revolución. Tan fue evidente en ese presidente dicho intento de paralelismo propagandístico, que después de anunciar la medida en forma similar a Cárdenas y a López Mateos se convocó a una concentración multitudinaria de apoyo en el Zócalo, que se vio colmada de acarreados que vitorearon a López Portillo encabezados por sus proactivos dirigentes de masas.

El cuadro preinserto relativo al mapa de los enemigos del presidente López Portillo, ofrece la ventaja de que permite mayor claridad analítica. De éste se desprende, en primer lugar, que la más importante solución operativa para atajar las fugas de capital –uno de los enemigos más odiados por aquel presidente– era en realidad de muy cuestionable efectividad. De manera adicional, queda ahí expuesto el número tan grande y la amplia diversidad de todos los supuestos enemigos del presidente, además de la imposibilidad para poder saldar de una vez por todas las cuentas pendientes con la totalidad de ellos. Y en tercer lugar, aunque no de menor importancia, estaba la cuestión de los enemigos fuera de alcance, todos de muy grande poder y de una inmensa antipatía para el presidente López Portillo. Ese mandatario sabía de sobra que eran inalcanzables de forma directa. Sin embargo, sí se les podría enfrentar y herir, aunque fuese tan sólo de una manera simbólica e indirecta, por mediación de una solución cuasi mágica. De manera virtual, mediante la fórmula de nacionalizar a la banca, José López Portillo, se equipararía con las figuras históricas de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos. Y esa consagración histórica e incluso heroica, sería la clave para aplicarles a esos enemigos inalcanzables la represalia simbólica de la envidia, del rencor, por el éxito del rival. Una suerte de suscripción metafórica del Pacto de San José, para hacerles ver a los maledicentes, a los obtusos y a los egoístas imperialistas, qué tan generoso, altruista y reivindicador podía ser él, José López Portillo.

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