Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
II. Banxico en la encrucijada

 

3. ¿Pudo Banxico haber atajado el expansionismo inflacionista?

 

La pregunta no es ociosa, ni menos superficial: ¿Podría haber el Banco de México impedido la estrategia de expansionismo inflacionista que el gobierno del presidente López Portillo decidió aplicar desde finales del año 1978? ¿Debió haberlo intentado con mayor enjundia y decisión? Tan complicado asunto puede ser abordado desde tres perspectivas complementarias entre sí. La primera, los antecedentes históricos en México sobre el tema defensa de la autonomía del banco central. Segunda, los fundamentos jurídicos (o más bien la falta de ellos) para poder llevar a cabo esa defensa. Y tercera, la integración humana de la estructura organizacional del Banco de México, donde principalmente el funcionario de mayor jerarquía era el director general.

De entrada, debe decirse que los antecedentes históricos no eran propicios para tan demandante empresa. Por los conceptos vertidos sobre la materia en la Exposición de Motivos de la Ley Constitutiva del Banco de México, se sabe de la intención que animó al legislador para que el banco de emisión que estaba en vías de inaugurarse fuera dotado de independencia. Y la principal, aunque no la única protección para tal finalidad que se incorporó en esa primera Ley Orgánica, fue la disposición para que el crédito que el banco de emisión le extendiera al gobierno federal quedara sujeto a un límite muy estricto. Con todo, tiene la historia que cuando en 1932 arribó a la institución su nuevo director general de nombre Agustín Rodríguez para llevar a cabo una reorganización muy enérgica, ese límite o techo se encontraba ya excedido de manera muy visible.

El mencionado principio de la autonomía del Banco de México se intentó fortalecer aún más en la Ley del Banco de México de 1936, cuya redacción se encargó a un experto con muy arraigadas convicciones antiinflacionarias: el jurisconsulto y economista monetario, Miguel Palacios Macedo. Y dio la casualidad que ese propio experto fungía como consejero de la institución por las acciones de la serie B, cuando se hizo del dominio público que después de librarse de la tutela del “jefe máximo de la Revolución”, Calles, el presidente Lázaro Cárdenas puso en ejecución un programa económico expansionista proclive a crear inflación. En el momento en que se hizo evidente el sesgo inflacionista que el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, le estaba imprimiendo a la política económica de la administración cardenista, la reacción del consejero Palacios Macedo y del director, Luis Montes de Oca, que comulgaba con sus convicciones antiinflacionarias, fue de gran preocupación y alarma. Se desató así la gran polémica del año 1937, por el tema del sobregiro del gobierno con el Banco de México. Y el poder político decidió que los defensores de la autonomía de la banca central y de los principios de la estabilidad monetaria no podían salir triunfantes de su enfrentamiento con la Secretaría de Hacienda, teniendo detrás el apoyo del presidente Cárdenas. El desenlace fue que primero se rebasó ampliamente el techo establecido en la Ley Orgánica de 1936 para el crédito del banco central al gobierno. Posteriormente, en 1938 se reformó dicha Ley Orgánica para quitarle de su cuerpo normativo los topes que contenía para evitar una expansión de los agregados monetarios de tipo inflacionista. Finalmente, en 1941 se promulgó una nueva Ley Orgánica para el Banco de México que derogó a su precedente de 1936. En el orden humano, el experto Palacios Macedo tuvo que dejar su posición como consejero del Banco de México y el director Montes de Oca fue obligado a permanecer en su cargo. En la posteridad, el abogado Suárez, que repitió también como ministro de Hacienda en el sexenio del presidente Ávila Camacho (1940-1946), se convirtió en el gran apologista intelectual de las políticas inflacionistas.

Un aspecto muy importante a considerar, es que en el enfrentamiento del año 1937 entre el Banco de México contra la Secretaría de Hacienda no hubo propiamente un debate intelectual. Por lo menos no desde el lado del bando inflacionista atrincherado en esa Secretaría y encabezado por el ya mencionado ministro Suárez. Para fundamentar sus argumentos en contra de una política económica inflacionista, con apoyo en su posición de consejero en el Banco de México, el abogado Palacios Macedo redactó con todo cuidado un memorándum técnico que avaló formalmente el Consejo de Administración y que a continuación se entregó oficialmente a la consideración del ministro Suárez.[1] Pero la historia no registra que hubiese habido por parte de la Secretaría de Hacienda una respuesta formal por escrito al memorándum que presentó el Consejo. Lo que se impuso a la postre fue tan sólo la fuerza del poder político.

Lo más notable y paradójico para la historia, es que ese enfoque de política económica inflacionista se volvió a repetir durante el sexenio del presidente Ávila Camacho y parte del gobierno del presidente Miguel Alemán. Y toda vez que una política de corte inflacionista se volvió a poner en ejecución durante el gobierno del presidente Ávila Camacho, el experto Palacios Macedo decidió denunciarla de manera independiente por dos vías: primera, a través de un comunicado cuidadosamente redactado que se presentó a la consideración del presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Segunda, por conducto de unos editoriales estupendos de su autoría que se publicaron en el periódico El Universal. Para entonces, dicho experto ya no tenía vínculo formal e informal alguno con el Banco de México. Y el resultado fue que, al igual que en el episodio de 1937, nunca hubo refutación formal a esos escritos. Finalmente, en un momento dado el director de ese diario, señor Lanz Duret, recibió de la Secretaría de Gobernación la instrucción para que ya no se publicaran los textos del maestro Palacios Macedo. Más adelante, en la administración siguiente del presidente Miguel Alemán, un discípulo del ministro Suárez de nombre Ramón Beteta fue designado como secretario de Hacienda. La posteridad registra que, durante un primer periodo de ese sexenio, se continuó con la política inflacionista que se había venido siguiendo desde la primera gestión hacendaria del ministro Suárez. A continuación, sobrevino la devaluación de 1948-1949, y como consecuencia de ese desenlace la política económica del gobierno alemanista tuvo que subordinarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero fue durante ese segundo lapso del sexenio, que el partido de oposición Acción Nacional logró tener sus primeros diputados por elección en el Congreso. A través de esos legisladores Acción Nacional introdujo en el año 1949 (con apoyo en la inteligencia y en la cultura jurídica de Manuel Gómez Morin) un paquete de iniciativas entre las cuales figuraba, de manera importante, una dirigida a devolverle al Banco de México la autonomía que había perdido como resultado de las reformas legislativas del año 1938. Pero desgraciadamente dicha iniciativa ni siquiera fue dictaminada y menos discutida.

Pero volviendo a la fase más crítica del sexenio cardenista, cuando se produjo la devaluación de la moneda nacional después de la expropiación petrolera –y sobre cuya posibilidad había advertido Palacios Macedo en su memorándum de 1937– con una gran habilidad retórica, el ministro Suárez achacó la culpa de esa crisis cambiaria de 1938 al boicot que supuestamente habían orquestado las compañías petroleras recién expropiadas. Y utilizando ese mismo recurso comunicacional, su discípulo y sucesor al mando de Hacienda, Ramón Beteta, también achacó como causa de la siguiente devaluación de 1948-1949 al efecto de la posguerra. Pero ya bien arraigado el concepto, la política económica inflacionista volvió a aplicarse, con una determinación digna de mejores intenciones, durante los inicios del gobierno del presidente Ruiz Cortines. Así ocurrió, hasta que en 1954 ya no hubo fantasma creíble a quien culpar por la devaluación que estalló en abril de ese año. Las anteriores crisis devaluatorias de 1938 y 1948-1949 habían sido ya muy traumáticas, pero la de 1954 desató una inmensa oleada de indignación en la sociedad mexicana. Y la reacción por parte de las autoridades fue de un gran realismo: de una convicción muy profunda y muy sincera que se anidó en el presidente Ruiz Cortines, en el secretario de Hacienda, Carrillo Flores, y en el banquero central, Rodrigo Gómez, para que nunca más volvieran a ocurrir devaluaciones en México. La fórmula única y auténtica para que se consiguiera esa finalidad era la de aplicar, con todo rigor, una política económica orientada a que no hubiera inflación. Es decir, una política con disciplina muy férrea en los frentes fiscal y monetario. Nació en esa coyuntura el fundamento doctrinal para la estrategia que se vino a denominar en la posteridad Desarrollo Estabilizador.

En la estrategia del Desarrollo Estabilizador, se consolidó con gran arraigo la idea de que para obtener un crecimiento económico autosostenido era indispensable el mantenimiento de la estabilidad de precios. Y para el afianzamiento de ese principio, fueron fundamentales las figuras del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y del banquero central, Rodrigo Gómez. La Ley Orgánica del Banco de México entonces en vigor (la que se había promulgado en 1941) no contenía fundamento legal para salvaguardar la autonomía de la banca central. La única excepción era una fórmula según la cual el saldo de la reserva internacional del Banco de México nunca podría ser menor del 25 por ciento del total de los pasivos del Banco de México.[2] El problema era que tal restricción podía eludirse si se producía una devaluación cambiaria o mediante alguna argucia administrativa para no incluir en los pasivos de la institución alguna de sus partidas importantes. Se tenía así, que el recurso para que el gobierno decidiera aplicar una política económica conducente a mantener la estabilidad de precios dependía del poder de persuasión que tuvieron sobre el presidente de la República en turno los mencionados funcionarios: Ortiz Mena desde la Secretaría de Hacienda y Rodrigo Gómez desde el Banco de México. Así ocurrió en lo específico con los presidentes López Mateos (1958-1964) y Díaz Ordaz (1964-1970). Tuvo que llegar al poder el presidente Luis Echeverría con su consigna de cambiar de tajo la estrategia de desarrollo económico de México, para arrasar con el periodo del Desarrollo Estabilizador y sus fundamentos. Cabe destacar que en ese periodo se observó una subordinación muy clara del Banco de México con respecto a la Secretaría de Hacienda. Con todo, el principio fundamental que prevaleció durante la etapa del llamado Desarrollo Estabilizador, fue la convicción inamovible que mantuvieron los funcionarios que encabezaban ambas entidades respecto de la necesidad insalvable de seguir una política económica conducente a la estabilidad monetaria.

Así, fue en el contexto de la política económica expansionista que la administración del presidente Echeverría puso en ejecución a partir de 1972, cuando tuvo lugar otro episodio de intento de defensa de los principios de la banca central. En un principio intentaron esa defensa, en tándem, el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, y el director general del Banco de México, Ernesto Fernández Hurtado. Este último había sido el colaborador más cercano de don Rodrigo Gómez desde muchos años atrás, y a su muerte, en 1970, se perfiló como el candidato natural para sucederlo. Por su parte, con su fina inteligencia, el ministro Margáin se dio cuenta de que, si la política económica de esa administración continuaba por la senda desenfrenada del expansionismo fiscal y monetario, tarde o temprano se produciría una muy aguda crisis de balanza de pagos. Seguramente, Margáin le expuso estos temores de manera reiterada al presidente Echeverría y de esos intentos se derivó la muy desconsiderada destitución que se le aplicó a ese ministro de Hacienda a mediados del año 1973. Sin embargo, cuando el ministro Margáin quedó destituido, Fernández Hurtado llevaba ya algún tiempo de tratar de atajar desde el Banco de México la política expansionista que le recomendaban al presidente Echeverría, con un empeño digno de mejor causa, otros funcionarios cercanos a su persona.

El método que utilizó el mencionado funcionario para tratar de frenar la política inflacionista del sexenio 1976-1982, partió del hecho de que tanto el secretario de Hacienda como el subsecretario del ramo eran miembros muy importantes del Consejo de Administración del Banco de México. A continuación, en las presentaciones que por rutina hacía el director general a ese órgano colegiado era posible poner de relieve el deterioro que iban sufriendo los principales indicadores de la economía en la medida en que la inflación iba cobrando fuerza. En ese orden, primeramente, se informaba del desempeño de los índices de precios, haciendo hincapié en el diferencial que se iba abriendo con los índices de Estados Unidos. A continuación, se hablaba del deterioro de los salarios reales y también de los problemas que enfrentaba para continuar creciendo la captación de fondos por parte del sector financiero. Posteriormente se analizaba la situación de la balanza de pagos con una ampliación muy marcada de los déficits tanto en la balanza comercial como en la cuenta corriente y además se daba cuenta del ritmo acelerado en que crecía la deuda externa. En esas exposiciones no se hacía propiamente referencia al comportamiento de la reserva internacional, pero no se necesitaba ser un genio para deducir que en el intenso ambiente inflacionista que se vivía, su saldo tendía a contraerse, aunque seguramente ese saldo podía ser renovado mediante los muchos créditos externos que se contrataban. Y el recuento concluía con una exposición sobre las finanzas públicas y el muy amplio déficit fiscal que tendía a crecer de manera continua.[3] Así, fue en el contexto de dichas exposiciones cuando el director, Fernández Hurtado, aprovechó para plantear la conveniencia de aplicar moderación al expansionismo fiscal y monetario con la intención de que los indicadores de la economía que se daban a conocer no se siguieran deteriorando.

La historia registra que Fernández Hurtado consiguió negociar con la Secretaría de Hacienda mediante el método explicado hasta cuatro acuerdos en los que se estipularon metas tanto para la corrección del déficit fiscal como para el crédito que otorgaba el Banco de México para su financiamiento.[4] Sin embargo, todos esos acuerdos fueron incumplidos por la Secretaría de Hacienda de manera prácticamente deliberada. ¿Y qué podía haber hecho el Banco de México ante esos incumplimientos? ¿Demandar ante los tribunales al ministro del ramo? ¿Iniciar un juicio en contra de dicha dependencia? ¿Acusar de manera directa al presidente de la República? Desde luego, la opción contenciosa legal no podía ni siquiera considerarse como posibilidad. Y no existiendo esa alternativa, la institución no disponía realmente de defensa en contra de las exigencias que se le presentaban para el financiamiento del déficit fiscal. Por un tiempo corrió el rumor de que el director general, Fernández Hurtado, presentó en algunas ocasiones su renuncia al presidente Echeverría, pero también se difundió la especie de que éste se la había denegado con la instrucción adicional de que debía permanecer en su cargo. Y de hecho, ese intento de defensa fue una de las razones principales para que, durante el gozne del cambio de gobierno, el presidente López Portillo decidiera no confirmar para su sexenio a Ernesto Fernández Hurtado como cabeza en el Banco de México.

Más adelante, después de que a finales de 1978 el gobierno del presidente López Portillo decidió también embarcarse en una política económica de corte abiertamente inflacionista se abrió la perspectiva para que el Banco de México intentase tratar de enderezar ese rumbo. Aunque no existen evidencias al respecto, es seguro de que, puertas adentro en el instituto central, se haya hablado con todo pormenor de la política inflacionista que se estaba poniendo en ejecución y de los peligros que conllevaba. También seguramente se habló en muchas ocasiones dentro de los círculos de la banca central y de la Secretaría de Hacienda, de las posibilidades que se tenían para tratar de atajar esa política expansionista, tan marcada de negros augurios. Pero visto el caso en retrospectiva, las probabilidades de éxito que habría tenido un intento de esa naturaleza eran sumamente reducidas, si no de cero. Se afirma esto último, en razón de que no eran nada propicios para tal finalidad, tanto los antecedentes históricos como la falta de apoyos legales. Y además, estaba también la consideración del factor humano. Aunque se trataba sin duda de un individuo inteligente, con muy buena formación profesional y una trayectoria respetable en el servicio público, el economista Romero Kolbeck no era un banquero central de reconocimiento probado, con un prestigio nacional e internacional ampliamente sustentado. Romero sabía, sin duda alguna, perfectamente, que no era un Rodrigo Gómez y tampoco un Fernández Hurtado y que, por esa carencia, sus posibilidades de reivindicar los principios de la estabilidad económica frente a las autoridades de mayor jerarquía en el gobierno eran bastante reducida. ¿Cómo enfrentar a los poderes más altos del país con fundamento en su autoridad intelectual, si carecía de ella o más bien no la poseía en cantidad suficiente? Romero no era un hombre tonto y por eso se sabe que al arribar al Banco de México en calidad de director general dijo abiertamente a sus subordinados inmediatos que las medidas de política monetaria que se pusieran en ejecución las decidirían ellos, que eran los expertos en la materia, pero que se reservaba para sí la facultad de anunciarlas. Y para empeorar el panorama, era indudable que un director del Banco de México sin un prestigio profesional suficientemente arraigado, sería siempre más fácil de destituir por parte de la autoridad superior.[5]

De manera particular, en ocasión del incidente que se suscitó a principios del año 1977 por la carta del director–gerente del Fondo Monetario Internacional reclamando por las dudas que estaban aflorando respecto del cumplimiento de la meta por parte de México en materia fiscal incorporada en el programa de facilidad ampliada, Romero tuvo una probada muy aleccionadora de la forma en que soplaban los vientos del poder presidencial. El presidente López Portillo consignó el incidente en sus apuntes autobiográficos: “Me enteré anteayer de algo muy desagradable; la carta de Witteveen, director del Fondo Monetario Internacional, que tanto me molestó… fue una carta ¡solicitada por el Banco de México! Me ha llenado de indignación el hecho y se lo reclamé ya a Romero Kolbeck, subrayándole una actitud que repite la de Fernández Hurtado. Me confirma en la impresión que tenía: el Banco de México se autorrige (sic.) en ‘guardián supremo de la economía’ y actúa por su cuenta”. Y a toro pasado, el expresidente anotó en sus memorias a manera de comentario para la anotación citada: “… me tomó de sorpresa y medité en que hubiera sido escandalosa, alarmante, la temprana remoción de un funcionario tan importante como el director del Banco de México: hubieran trascendido las razones, con implicaciones internacionales muy desagradables, por la participación de funcionarios del Fondo. Tal vez se hubieran reproducido desconfianzas y aun pánicos. Me conformé con un enérgico extrañamiento”. Y la advertencia del presidente se había planteado al parecer con toda claridad: “… Romero Kolbeck cae, aparentemente, en el mismo juego para forzarme a tomar decisiones; … solicitan una carta, lo que, de una parte, deja la impresión de solidaridad dogmática con la posición del Fondo y, de otra, la impresión de que soy un imbécil que puede ser domeñado por cartas intencionadas”. Y a manera de cierre, el siguiente colofón: “Ello, sin entrar a la consideración de que, sin duda, las autoridades del Fondo se darán cuenta de que estamos divididos en cuanto a criterios y que, además, realizamos procesos de engaño”.[6]

Si estando en vigor un programa acordado por el gobierno con el FMI, a Romero Kolbeck le había resultado prácticamente imposible impedir que la política económica mexicana cayera en el expansionismo inflacionista, la tarea se volvería todavía más cuesta arriba una vez que concluyera ese programa exactamente hacia la mitad del sexenio. Pero aún más importante: tampoco el fundamento legal ni el diseño institucional del Banco de México eran favorables para esa finalidad. En cuanto al fundamento legal, en la época de Romero Kolbeck se marcó una diferencia muy importante con lo que sucedió en ocasión del enfrentamiento de Palacios Macedo y Montes de Oca en contra de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. En aquella otra coyuntura, el marco legal relativo al Banco de México era propicio para la defensa que se intentó, desde la perspectiva de la banca central. Sin embargo, éste no fue el caso para los tiempos de Romero Kolbeck, durante los cuales todavía se mantenía en vigor la Ley Orgánica correspondiente de 1941. Según ese ordenamiento, en cuanto a las funciones asignadas al Banco de México tendrían prioridad las relativas a “regular la emisión y circulación de la moneda y los cambios sobre el exterior”, además de “operar como banco de reserva con las instituciones de crédito” a la par de “constituir y manejar las reservas que se requieran para los objetos antes mencionados”. Como se aprecia, no había en esas disposiciones ni el más mínimo indicio del imperativo de procurar o mantener la estabilidad de precios o garantizar, como se había buscado en la Ley Orgánica de 1936, que la acción del Banco de México estuviese “libre de toda nota inflacionista”. Y para remachar, tampoco hubo en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de 1941 referencia alguna al tema clave mencionado, relativo a la deseabilidad de la estabilidad de los precios, y menos a la figura de la autonomía de la banca central.

En el mismo sentido, tampoco había en la organización del Banco de México bases que facilitaran un esfuerzo de defensa en contra del expansionismo fiscal y monetario que tanto agradaba al presidente López Portillo y a los integrantes del bando denominado “estructuralista” en la integración de su gabinete económico. Desde su establecimiento en 1925, al Banco se le había asignado la personalidad jurídica de sociedad anónima y por ley en la integración de la estructura accionaria debían siempre mantener mayoría las acciones de la serie A que correspondían en exclusiva al gobierno Federal. Por esa razón, las acciones de la serie A, mayoritaria, tenían bajo su control al órgano de deliberación y decisión supremo que en términos legales debía ser el Consejo de Administración. La posibilidad de que en el Consejo de Administración del Banco de México se llegase a tomar alguna decisión opuesta a los designios del gobierno era prácticamente imposible de considerar. Ello, no sólo en razón de que en ese órgano colegiado los consejeros por la serie A tenían mayoría de votos sino también por otras disposiciones adicionales. La primera de ellas, el voto de calidad que en caso de empate correspondía al presidente de ese órgano, que por ley era el secretario de Hacienda, o a su suplente, el subsecretario del ramo.[7] Y cabe añadir a lo anterior la facultad de veto que poseía el secretario de Hacienda para los acuerdos que pudiese tomar el Consejo en las materias sustantivas de política monetaria, crediticia o cambiaria. Finalmente, para remachar aún más el cuadro anterior, cabe recordar una reforma que se había promulgado en 1970, a principios del sexenio del presidente Echeverría. En las leyes orgánicas anteriores, con el fin de buscar algo de moderación o si se quiere de mayor equilibrio, se había determinado que los consejeros por la serie A no pudieran ser funcionarios públicos. Pero con la reforma mencionada de 1970 se estableció precisamente lo contrario. Y de esa visión se derivó, precisamente, que el secretario de Hacienda fungiera de manera obligatoria como presidente de ese órgano colegiado y como vicepresidente y su sustituto en caso de ausencia, el subsecretario del ramo.

En realidad, en la importancia que cabía asignar al Consejo de Administración del Banco de México como órgano supremo para la conducción de las políticas monetaria y crediticia había tanto consideraciones de jure como de facto. De facto, con el paso del tiempo ese órgano se había vuelto una instancia casi decorativa en la cual ninguna medida operativa se discutía y aprobaba realmente. Se trataba de una instancia meramente formal, en la cual únicamente se aprobaban de manera oficial asuntos de mero trámite o medidas que ya habían sido acordadas previamente en otras instancias. La verdad cruda es que las medidas de política monetaria y de política crediticia se discutían y aprobaban dentro de las oficinas del Banco de México por parte de los altos funcionarios de la institución bajo el liderazgo del director general. A continuación, correspondía al director general cabildear con el secretario de Hacienda la aprobación definitiva de las medidas en cuestión y obtener la luz verde para ponerlas en ejecución. Con ese marco de referencia a la vista, se entiende con claridad que durante la época de Romero Kolbeck como director general éste ni siquiera haya intentado llevar como tema de orden del día al Consejo de Administración la posibilidad de tratar de detener la política de expansionismo inflacionario. En todo caso, ese asunto debería llevarse y tratarse en otras instancias diferentes.

Tomando en consideración los hechos explicados, habría sido para Romero Kolbeck un verdadero suicidio político intentar la defensa de la estabilidad económica y del Banco de México por la vía de la confrontación. En rigor, el interlocutor fundamental en ese enfrentamiento, que era el presidente de la República, ni siquiera tenía presencia en las sesiones del Consejo de Administración del Banco de México. A diferencia, la opción que les quedaba a Romero y a los altos funcionarios que compartían su visión estabilizadora, era la de la persuasión o el convencimiento. Y aunque el director general del Banco de México tenía el oído del presidente López Portillo en los acuerdos privados que éste le concedía, el foro idóneo para tal tarea de convencimiento era, sin duda, el gabinete económico. Y ese foro era el idóneo por dos razones. La primera, que en esas sesiones podía ser secundado por otros asistentes identificados con la visión estabilizadora. Y ése fue el caso en particular, en algunos episodios que fueron muy importantes, por el apoyo que brindó el secretario de Hacienda, David Ibarra. La segunda razón, quizá de mayor relevancia, fue que en ese foro era en dónde se podía escenificar, frente a los ojos y los oídos del presidente de la República, la confrontación dialéctica en contra de los puntos de vista y de los argumentos de la oposición proexpansionista. Como se verá a continuación, hay indicios sólidos para aceptar que tal esfuerzo de persuasión fue desplegado efectivamente por Ibarra y por Romero Kolbeck, aunque por desgracia no con los resultados que hubieran sido de desearse.

Las discusiones en el seno del gabinete económico del presidente López Portillo se iniciaron desde temprano en el sexenio y las protagonizaron en lo principal los integrantes del bando estructuralista –proclives al expansionismo fiscal y monetario– y del ala monetarista –preocupados por la inflación, sus consecuencias y su eventual desenlace en crisis de balanza de pagos–. Esas discusiones en el gabinete económico se enmarcaron en cuatro etapas muy claramente definidas. Primero, el periodo de los debates sobre si convenía o no mantener la política económica interna dentro del programa que se había suscrito con el FMI. Fue durante ese periodo que se produjeron las destituciones de Carlos Tello de la Secretaría de Programación y Presupuesto y Julio Rodolfo Moctezuma de la Secretaría de Hacienda. Hacia noviembre de 1977, Tello ya quería romper con el Fondo para desatar el gasto público mientras que Moctezuma, más prudente, sugería continuar dentro del programa acordado.[8] Más adelante, la segunda fase correspondió a cuando, ya sin la tutela del FMI, el expansionismo desbordado desembocó en el sobrecalentamiento de la economía con presiones alcistas intensas y la aparición de cuellos de botella. La tercera etapa se inició a partir de la caída del precio del petróleo a mediados del año 1981 y durante su transcurso la sobrevaluación que ya mostraba el tipo de cambio provocó que se desataran fugas masivas de capital. Fue entonces cuando se apareció en el horizonte la amenaza de devaluación. El cuarto periodo se inició como consecuencia de la devaluación que se anunció en febrero de 1982, y estuvo marcada por el empecinamiento del presidente López Portillo para que la política económica del país continuase, contra viento y marea, por la senda del expansionismo inflacionario.

En el marco enunciado, en sus apuntes autobiográficos el expresidente López Portillo escribió que antes de las destituciones de Tello y de Moctezuma, en una reunión del gabinete económico en mayo de 1977, “los jóvenes del sector financiero” intentaban forzar decisiones en favor de la contención, “temerosos sin duda de que se dispare el gasto público…”. En ese episodio, la reacción del presidente López Portillo fue de gran disgusto y desacuerdo con las voces que llamaban a la prudencia y esa conducta quedó como referencia y advertencia para el comportamiento hacia delante de los integrantes del mencionado gabinete económico. Tiempo después, ya durante la fase de sobrecalentamiento en que cayó la economía, López Portillo escribió con todas sus letras en sus memorias: “Se me empieza a formar otra vez en el Gabinete la corriente de quienes quieran frenar la economía para controlar la inflación y de quienes quieren que sigamos creciendo. Siento leales, en los extremos opuestos, a Oteyza y De la Madrid y a Ibarra”. Más adelante, durante el mes de junio del muy crítico año de 1981, el secretario de Hacienda, David Ibarra, le explicó al presidente López Portillo, “en tono confidencial”, que veía muy grave la situación económica, “que están saliendo muchos dólares: que hay fuga de capitales…”. La sugerencia de aquel funcionario a su presidente fue que se necesitaba “designar a un responsable único” del control de la política económica y “obviamente parece ofrecerse para ello”. ¿Con cuál finalidad presentaba el ministro Ibarra tan importante propuesta? Seguramente con la intención de meter algo de control en el inmenso desorden a que se había llegado y quitarle brío inflacionista a la economía que se encontraba ya tan sobrecalentada. Desde luego, el planteamiento del ministro Ibarra no fue atendido. Y apenas en agosto de ese mismo 1981, escribió el presidente López Portillo en su bitácora de gobierno: “Me acaba de hablar Romero Kolbeck para ratificarme que la situación está mucho más calmada… Me pidió igualmente que, aun a la baja, apresuremos la decisión sobre el precio del petróleo”. Se recordará que después de la caída de los petroprecios en junio de ese año y de la destitución de Pemex del ingeniero Jorge Díaz Serrano, se acordó aplicar la política de que México no bajara sus precios de venta a cambio de garantías de suministro. La pérdida de ventas resultó tan dañina, que la voz de prudencia del director del Banco de México le solicitaba al presidente la determinación de un precio realista para las exportaciones de crudo. Y durante esa etapa tan difícil que medió del momento de la caída de los petroprecios al ajuste de la paridad en febrero del año siguiente, una de las tesis más reiteradas por “las autoridades financieras” al presidente de la República fue la de acordar “una devaluación repentina” (sic.), a la cual el mandatario se negaba de manera rotunda. Seguramente pensaban esas autoridades, que mediante el ajuste cambiario que solicitaban se podría corregir la sobrevaluación del tipo de cambio real, que era la causa principal de las fugas de capital que se habían desatado. Y en el seno del gabinete económico, los enfrentamientos entre expansionistas y estabilizadores continuaron y tal vez se exacerbaron. Al respecto, a finales de marzo de 1981 López Portillo anotó en su diario: “Uno de mis problemas más severos es el pleito, abierto, entre Oteyza e Ibarra y Romero Kolbeck. El industrial que pide fomento y el financiero control”.[9]

La devaluación de febrero de 1982 fue un parteaguas muy trágico en cuanto al comportamiento del presidente López Portillo en la conducción de su gobierno y también en relación a su estado de ánimo. El encono entre estructuralistas y monetaristas se exacerbó y los encontronazos se pusieron de manifiesto en las notas del diario que llevaba el presidente. Hay dos constantes muy visibles en la conducta del presidente López Portillo durante ese periodo de la primavera y verano del último año de su sexenio, con respecto a la conducción de la política económica. Primera, su renuencia tajante, su evidente falta total de voluntad política, para poner en ejecución los recortes que era necesario aplicar al presupuesto público. Segunda, su desconfianza creciente con respecto a los funcionarios del sector financiero. Respecto al primero de esos asuntos, en una anotación de aquel diario del 6 de abril de 1982 el memorialista explicó: “La situación muy dura, por el déficit tremendo al que llegamos con las alzas salariales y el servicio de la deuda. Los recortes que tendremos que intentar son brutales. No creo que podamos hacerlos y el endeudamiento se imposibilita”. Y por su parte, la desconfianza del presidente en contra del sector financiero (Hacienda y Banco de México) se encarnizaba y nunca faltaban los intrigantes cercanos que le echaran gasolina al fuego. En ese sentido, a principios de marzo de 1982 el mandatario escribió en su diario: “José Andrés [de Oteyza] y Pepe, mi hijo, me insisten en los aspectos negativos del sector financiero (diferenciales en cambio e intereses). Estoy ponderando todo para tomar decisiones”. Después de las designaciones de Jesús Silva Herzog en Hacienda y Miguel Mancera en el Banco de México las relaciones empezaron a ir aparentemente bastante bien, pero pronto se empezaron a amargar.[10] Así, en junio de ese año de gran inestabilidad, López Portillo confió a la intimidad de su diario:

“Contradictorio el sector financiero que después de la Convención Bancaria a la que llegaron muy optimistas, se me están desinflando. Me ocultan o amañan información y eso no me gusta. No me han podido formar el presupuesto de divisas que les he pedido y siempre me traen notitas escritas a mano e improvisadas. Hay toda una tesis monetarista desagradable que, al operar, van aplicando sin acuerdo expreso y por un simple desliz administrativo. No me gusta”.[11]

El poder del presidente era inmenso y aun en el seno del gabinete económico hubiera sido muy difícil, o prácticamente imposible, remar en contra de la corriente con sus inercias. Desde un principio, López Portillo dejó en claro que ese gabinete sería en lo fundamental un órgano de carácter consultivo, pero la facultad para tomar las decisiones se las reservaría siempre el presidente. En tal sentido, escribió López Portillo en sus memorias a toro pasado: “Confiaba en mi juicio para decidir y en mi capacidad para ejecutar”. O para expresarlo de manera más directa: “… hasta que entendieron que no eran un foro que por sí tomara decisiones, sino un grupo deliberante, para informar y plantear opiniones. El presidente era el que resolvería”. Y en esa preponderancia del presidente, López Portillo llegó incluso a considerar en algún momento (abril de 1977) en prescindir del gabinete económico. En ese sentido, escribió: “Y es que el Gabinete Económico no me está funcionando… Espero que sea suficiente con lo que les dije. Si no funciona, termino con el Gabinete Económico”.[12]

Y la otra vuelta de la tuerca para encaminar al país por la senda del inflacionismo inexorable, fue la propia inclinación del presidente por la propuesta expansionista. Inclinación que se decidió más por razones de mera ideología que por cuestiones intelectuales, de conocimiento. No pudieron ser razones de conocimiento en razón de que José López Portillo no sabía nada de economía y posiblemente nunca aprendió. Las inclinaciones por el bando inflacionista se manifiestan, en una primera instancia, en el lenguaje escrito de aquel mandatario, muy revelador. En ese sentido, en una anotación en su diario de mayo de 1977 López Portillo señaló textualmente: “Ayer domingo, reunión del Gabinete Económico. Reunión crítica, pues el 2 de mayo volvió a expresarse la división entre estructuralistas–activistas y monetaristas–recesionistas”. ¿La estabilidad de precios para el estancamiento recesionista? En general, fueron muchas las anotaciones en sus memorias en las cuales López Portillo confirmó sus simpatías por el bando del inflacionismo, pero únicamente, para fines de ilustración, las tres siguientes: “Qué doloroso que todas las medidas correctivas sean restrictivas y me presentan como moviéndome hacia la derecha porque ésta subordinada al capital, se inclina por el orden económico del FMI y el patrocinio de E.U.A., en su lucha contra la urss…” (febrero de 1978). O la siguiente, en relación al enfrentamiento que protagonizaron durante los primeros meses de 1982 David Ibarra y Romero Kolbeck en contra de Oteyza: “El industrial, que pide fomento y el financiero, control. [Pero] mi criterio está con el primero”. De hecho, en ocasión del choque de Moctezuma Cid en oposición a Carlos Tello a mediados de 1977, López Portillo escribió en retrospectiva: “Dentro del marco ideológico compatible con la realidad, la posición de Tello era referencia de uno de los extremos admitidos y, axiológicamente, para mí, el más calificado…”.[13]

Claramente, hasta los primeros meses de 1982, las motivaciones que llevaron al presidente López Portillo a definir los lineamientos de su política económica fueron, principalmente, del orden ideológico o doctrinal. Sin embargo, es indudable que en la medida en que avanzaron los meses y se fue profundizando la crisis, empezaron a ejercer influencia en su persona otros factores. En ese sentido, el odio y la sed de venganza comienzan con toda evidencia a aparecer en el espíritu de José López Portillo y las páginas de su diario sustituyen, metafóricamente, al cheslón del psicoanalista. En una anotación del 26 de julio de 1982, el memorialista revela su dolor: “Tengo la sensación de angustia en la boca del estómago… Me la jugué y me está saliendo mal… Entre tanto, esta constante sensación desgarrante…”. Pocos días después, en la entrada del 2 de agosto agregó: “Me siento inmolado. Estoy profundamente triste… Ojalá que la gente no note lo profundamente herido que estoy”. Y el llamado a la represalia afloró en la anotación del 5 de agosto: “… no puedo quedarme cruzado de brazos mientras los buitres comen, en las entrañas, los dólares de la reserva… La mejor defensa es el ataque. Y seguiré adelante. Esa maldita clase rapaz y egoísta que no sabe el daño que está haciendo con su abuso”.[14] Radicalismo ideológico y sentimientos de angustia, frustración y deseo de revancha. Un caldo psicológico propicio para tomar decisiones de política económica desesperadas, extremistas, disfuncionales, poco meditadas…

En una importante entrevista concedida en junio de 2021, el exsecretario de Hacienda, David Ibarra, empezó confirmando que, efectivamente, durante el gobierno del presidente López Portillo las discusiones sobre política económica en el gabinete económico fueron frecuentes y muy acaloradas. Incluso, llegó a reconocer, en ocasiones demasiado intensas. En el transcurso, de manera inexorable ocurrió que ese hecho logró filtrarse al conocimiento de la prensa. Y de la cobertura periodística correspondiente, se fabricó una verdadera caricatura deformante, en el sentido de que en el gabinete económico se había desatado un enfrentamiento encarnizado entre “expansionistas” en contra de “contraccionistas”. Nadie era “contraccionista” en ese gabinete económico, señaló con énfasis el entrevistado. Y desde luego, no lo eran él, en su carácter de secretario de Hacienda, como tampoco fue el caso de Gustavo Romero Kolbeck, desde su posición de director del Banco de México. Pero lo que sucedió en esa materia, fue que, a diferencia de otros integrantes de ese gabinete económico, ellos veían con claridad los problemas macroeconómicos que estaban aflorando y algo todavía más importante: se atrevían a denunciarlos y a prender las luces de alerta sobre los peligros que conllevaban. Así, por honestidad intelectual y por responsabilidad histórica, se atrevieron aquel ministro de Hacienda y aquel banquero central a manifestar sus opiniones y temores en materia de política económica en ese órgano colegiado, frente al propio presidente López Portillo.[15]

En opinión del exministro Ibarra, tres eran los principales problemas macroecónomicos que él y el banquero central Romero Kolbeck, se atrevieron a denunciar de manera concertada frente al presidente López Portillo, dentro y fuera del gabinete económico, en los acuerdos privados que celebraban con ese mandatario. El primero era relativo a las dificultades de balanza de pagos que se dejaban sentir, con un déficit en la cuenta corriente que se ampliaba de manera peligrosa. El segundo de esos problemas provenía de las dificultades que ya se manifestaban para financiar el déficit en cuenta corriente con crédito externo, que tendía a cerrarse. Y el tercer problema derivaba de la inflación que se había desatado, con sus efectos dañinos. Entre ellos, que impedía el incremento de los salarios en términos reales y que con un diferencial grande contra el índice de precios de Estados Unidos tendía a sobrevaluar de manera muy amenazante al tipo de cambio de la moneda mexicana.

El exministro Ibarra recuerda con nitidez, que en muchas ocasiones en el gabinete económico hicieron referencia él y Romero Kolbeck a esos problemas y a las implicaciones muy graves que conllevaban, de no aplicarse los ajustes requeridos de política económica. El crédito externo podría llegar a no ser suficiente para financiar el déficit en la cuenta corriente, forzando a una macrodevaluación seguramente con efectos muy perjudiciales. El diferencial de tasas inflacionarias entre Estados Unidos y México podría desatar una fuga de capitales masiva, imposible de detener. Y la brecha deficitaria en la balanza de pagos tendía a ampliarse. En ese contexto, evoca el entrevistado, ante las argumentaciones que presentaban la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, había en el gabinete económico un segmento de integrantes que preferían callar de manera disimulada, protegiendo sus intereses personales y la permanencia en sus cargos. Hacia el centro del espectro tendía a ubicarse el economista Rafael Izquierdo, que sin tener cargo de línea con nivel secretarial asistía al gabinete económico en calidad de asesor directo del presidente López Portillo. Izquierdo gozaba de un gran ascendiente con el presidente y era muy escuchado en Los Pinos. Por último, en el extremo radical se ubicó siempre de manera inamovible el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza. Su postura de apoyo al enfoque del expansionismo inflacionario fue siempre indeclinable y el presidente López Portillo sintió todo el tiempo mucha inclinación por esa posición.

¿Por qué, siendo economista de formación, el ministro de Oteyza decidió secundar una postura de política económica tan extrema, con todas las implicaciones de peligro que presentaba? En opinión del exsecretario Ibarra, esa postura tan extrema en de Oteyza se explica por razones principalmente de carácter político. Con agudeza psicológica, ese actor se dio cuenta con claridad de las inclinaciones ideológicas del presidente López Portillo y estuvo siempre dispuesto a complacerlo diciendo exactamente lo que deseaba escuchar. Y esa estrategia implicaba, en el frente de la política económica, invitar a que se siguiera por la senda del expansionismo desestabilizador. En el plano psicológico, las expresiones de apoyo por parte de Oteyza a esa línea de política económica hacían sentir a López Portillo como un mandatario progresista y opuesto a los dictados de la ortodoxia fondomonetarista. Por otro lado, en esa decisión política por parte del ministro de Oteyza también pesaron consideraciones del orden jurisdiccional y administrativo. Si acaso llegaba a cerrarse el crédito externo para México, la responsabilidad recaería directamente en la cabeza del secretario de Hacienda. Si se desataba una fuga masiva de capitales y se drenaba la reserva internacional del Banco de México, quien tendría que rendirle cuentas al presidente de la República sería el director del instituto central. En todas las catástrofes susceptibles de ocurrir en los frentes de la moneda y de la balanza de pagos, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y sus funcionarios, en particular el ministro, estaban blindados de antemano. En ese entorno, dado el aislamiento jurisdiccional explicado, el ministro de Oteyza podía impunemente pontificar en el gabinete económico todo lo que quisiera en apoyo del expansionismo inflacionario.

Y en otro punto en el que el entrevistado, David Ibarra, se mostró muy insistente, fue en que la forma de pensar del presidente López Portillo resultó un factor que dificultó en mucho la conducción de la política económica durante el transcurso de aquella administración. Y por la expresión “forma de pensar”, debe entenderse la manera de funcionar intelectualmente de aquel presidente. El punto de partida, explicaba el exministro Ibarra, es que al presidente López Portillo, siendo indudablemente un individuo inteligente, se le dificultó siempre mucho la comprensión de los fenómenos económicos. Y los otros dos elementos que concurrieron para formar una mezcla explosiva fueron que, por razones psicológicas, López Portillo carecía de la paciencia para escuchar las explicaciones de los economistas profesionales que participaban en su gabinete económico o que ocupaban puestos clave en su administración, además de que el aprendizaje requiere siempre de humildad y don José López Portillo siempre tuvo muy poca de esa virtud. La consecuencia fue que la mezcla resultó invariablemente muy perjudicial para la conducción de la economía mexicana.

Evocando aquellos episodios de tan intenso debate económico, el exministro Ibarra lamentó en particular la muy escasa sensibilidad del presidente López Portillo para comprender los problemas y avances de la política hacendaria. A manera de ejemplo, el caso podía ilustrarse con el poco aprecio que ese mandatario logró desarrollar por la reforma fiscal que se llevó a cabo en ese sexenio y cuya realización implicó convocar el acuerdo de todos los gobernadores de las entidades federativas, algo muy difícil de conseguir en términos de cabildeo político. En esa misma materia, un problema particularmente grave se suscitó por la muy baja capacidad de aquel mandatario para entender que el impuesto al valor agregado (iva) era un gravamen muy superior en términos técnicos y de equidad tributaria al sistema que sustituyó, el impuesto sobre ingresos mercantiles (iim). Y el problema no se detuvo en tan solo esos casos. En esa misma tónica, López Portillo se mostró también impermeable a la comprensión de las implicaciones macroeconómicas que se derivaban de tener un déficit fiscal alto. “Yo y Romero Kolbeck, literalmente nos cansamos de tratar de explicarle que la contrapartida obligada del déficit fiscal era el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos”. Y en un orden también parecido, fue una lucha que fracasó intentar que el presidente comprendiera y aceptara que el déficit fiscal y su financiamiento con crédito primario del banco central era la causa primaria de las presiones inflacionarias que se desataron desde el año 1978 de aquel sexenio.

Según el exministro Ibarra, un frente en el cual la forma de funcionar intelectualmente del presidente López Portillo resultó en particular dañina fue en materia de política cambiaria. Al respecto, recordaba con mucha nitidez el exministro, cuando se hizo evidente el diferencial tan amplio en tasas inflacionarias entre México y Estados Unidos, él y el director del Banco de México, Romero Kolbeck, fueron muy insistentes en la recomendación de aplicarle un desliz al tipo de cambio de la moneda nacional de la magnitud requerida para evitar la sobrevaluación que se estaba concretando gradual pero rápidamente. Pero con gran renuencia, el presidente López Portillo se negaba a escuchar las argumentaciones de su secretario de Hacienda y de su banquero central en ese tema y desde luego también desechaba sus recomendaciones prácticas. Pero aquellos funcionarios siguieron insistentes en dicha materia y finalmente López Portillo aceptó hacerles caso hacia finales del año 1980, ya muy avanzados el sexenio y la sobrevaluación. El planteamiento fue que desde el inicio del año siguiente, 1981, al tipo de cambio se le aplicó un desliz, pero los resultados no fueron los esperados. En opinión del exministro Ibarra, lo que sucedió es que la medida fue muy tardía y además el ritmo del desliz acordado resultó totalmente insuficiente, no únicamente para compensar la sobrevaluación que ya había acumulado el tipo de cambio durante los años previos de inflacionismo, sino que también era insuficiente incluso para compensar la sobrevaluación que se acumulara hacia adelante.

Una instancia más en la cual el intelecto del presidente López Portillo se convirtió en un gran obstáculo para el manejo de la política económica se gestó a partir de que a mediados del año fatídico de 1981 se cayeron los precios internacionales del petróleo y con ello se desataron en grande las fugas de capital. Ante esa coyuntura, impulsados por la preocupación, el exministro Ibarra, en su calidad de secretario de Hacienda y Romero Kolbeck, en su papel de banquero central, con gran sigilo le empezaron a recomendar al presidente López Portillo la conveniencia de aplicar una devaluación anticipada y preventiva, como la que había puesto en ejecución el presidente Adolfo Ruiz Cortines en la primavera de 1954. ¿Por qué plantearon esa recomendación? La perspectiva era que las fugas de capital se iban a intensificar de manera incontenible y las autoridades debían de anticiparse antes de que las fugas no sólo drenaran la reserva internacional del Banco de México sino, incluso, que se vaciara la captación de los bancos volcándose todos esos fondos al mercado cambiario. Pero el presidente López Portillo se negó a hacerles caso y se empecinó en resistir la embestida hasta donde pudiera, en la esperanza vana de poder contenerla. Desde luego que no lo consiguió, a pesar de los recursos que se consiguieron para financiar por algún tiempo las crecientes fugas de capital. Finalmente, en la devaluación que se anunció en febrero de 1982 se gestaron las destituciones tanto del secretario de Hacienda, David Ibarra, como del banquero central, Romero Kolbeck. Esas destituciones respondieron a una intención claramente política, toda vez que a alguien tenía que echarle el presidente López Portillo la culpa por la crisis de balanza de pagos que había desembocado en macrodevaluación.

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