La sesión del Consejo de Administración del Banco de México en la cual se dio trámite a la renuncia de Gustavo Romero Kolbeck a la Dirección General de la institución ya estuvo presidida por quien había sido designado para reemplazar al licenciado David Ibarra como cabeza de la Secretaría de Hacienda: el economista Jesús Silva Herzog Flores. Con 47 años de edad, ese economista contaba ya con una respetable trayectoria en el servicio público habiéndose iniciado ésta precisamente en el Banco de México en el año 1956. Seguramente, en su trayectoria profesional había tenido la oportunidad de alternar con su colega Romero Kolbeck y hasta es posible que hubieran estrechado lazos de amistad. Así, teniendo como trasfondo los antecedentes descritos, en la mencionada sesión de Consejo se felicitó al saliente director general Romero Kolbeck por el desempeño que había tenido como cabeza de la institución y, además, uno de los consejeros más destacados por la serie B (el señor Carlos Abedrop, a la sazón también presidente de la Asociación de Banqueros) aportó un breve recuento de los logros que cabía atribuirle, en el timón del banco central, durante los cinco años y poco más de tres meses que duró su estadía al mando de la institución. Pero lo sorprendente del caso, es que en dicho recuento de avances y proyectos emprendidos, prácticamente los principales reseñados se habían formulado y puesto en ejecución desde la Subdirección General en el instituto central encabezada desde 1972 por el economista Miguel Mancera Aguayo. No era por tanto extraño que fuera precisamente este último funcionario quien reemplazara por méritos propios al destituido Romero Kolbeck.
En la aludida sesión de Consejo celebrada el 17 de marzo de 1982, la totalidad de los consejeros expresaron su beneplácito y felicitación por el desempeño que había tenido Romero Kolbeck como jefe de la banca central mexicana durante su periodo. Sin embargo, como ya se ha explicado, únicamente el consejero Abedrop hizo referencia específica –aunque ilustrativa y posiblemente no exhaustiva- de los logros alcanzados durante su gestión por el director general que había tenido que dejar su cargo. En ese respecto, y “sólo a guisa de ejemplo”, el dicente se refirió, en primer lugar, a “la evolución del sistema de banca especializada al de banca múltiple”; el estímulo y promoción a las “fusiones bancarias” que permitieran que las instituciones pudieran alcanzar “mejores niveles de eficiencia en beneficio de la composición del propio sistema”; la configuración de “un régimen flexible en materia de tasas de interés”; la afinación de “las normas aplicables al encaje legal” resultando de ello una “simplificación y más eficiente adecuación a los requerimientos de la regulación monetaria y crediticia”. Y por último, en ese enunciado ilustrativo de logros, el consejero Abedrop también se refirió a “la revisión y ajuste de la contabilidad bancaria, labor en la que el Banco de México participó activamente en estrecha colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros…”.[1]
La destitución de David Ibarra del timón de la Secretaría de Hacienda y de Gustavo Romero Kolbeck del mando en el Banco de México a mediados de marzo de 1982, fue realmente muy sorpresiva. Nadie se la esperaba. En retrospectiva, pudiera, sin embargo, atribuirse a una manera indirecta por parte del presidente López Portillo de echarles la culpa por la traumática devaluación que se había anunciado apenas pocas semanas atrás. Por otro lado, con toda claridad los nombramientos de reemplazo se discurrieron en forma concertada por aquel presidente con el entonces todavía candidato presidencial, Miguel de la Madrid. De manera muy evidente, los casos de Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera le fueron sugeridos a López Portillo por parte del entonces ya candidato presidencial, Miguel de la Madrid, y con toda seguridad esos profesionistas estaban previstos para las designaciones que este último tenía programadas para la SHCP y Banxico al momento en que se iniciara su gobierno. En el caso del Banco de México, el nombramiento de Mancera había disipado algunas de las dudas que en su momento habían aflorado con respecto a la designación de su antecesor, Romero Kolbeck. Para la selección de Mancera ya no podría haber nubes de sospecha sobre discrecionalidad presidencial, capricho o amiguismo. En la designación de Mancera al mando del banco central, se adivinaba un respeto implícito a la reconocida institucionalidad que se había vuelto proverbial en el instituto central. Un reconocimiento a la meritocracia que históricamente se había vuelto característica en el modelo organizacional Banxico. Un reconocimiento a la capacidad profesional del funcionario, como un profesionista de excelencia. Y al hecho innegable de su especialización como experto en banca central. Una validación tácita del principio de ascensos por escalafón.
En sus memorias, el presidente López Portillo escribió la muy extraña idea de que al designar a Jesús Silva Herzog a la cabeza de la Secretaría de Hacienda y a Miguel Mancera en el timón del Banco de México la misión de éstos debía ser la de guardarle lealtad al entonces candidato presidencial Miguel de la Madrid. La idea era francamente confusa y también carente de pragmatismo. Le restaban a la administración lopezportillista todavía un poco más de ocho meses de actividad, durante los cuales forzosamente tendrían que seguirse aplicando la política hacendaria y también la política de banca central. ¿Qué habrá querido insinuar el presidente López Portillo con la extraña afirmación citada? Acaso, que durante el resto del sexenio esas políticas tendrían que seguirse conduciendo sin la participación de los principales funcionarios en Hacienda y en el Banco de México. O abordando el caso desde otra perspectiva: ¿la lealtad que se esperaba en Silva Herzog y en Mancera debía ser pasiva o proactiva? Habría sido literalmente imposible que esa participación resultase totalmente pasiva en razón de las elevadas posiciones jerárquicas que esos dos funcionarios ocuparían en el tiempo restante de aquella administración, además de la alta capacitación profesional que ambos poseían. Pero, por otro lado, esa participación tampoco podría ser plena en razón de la rotunda negativa e intransigente del presidente López Portillo a ni tan siquiera considerar la posibilidad de un enfoque de política económica que tanto Silva como Mancera consideraban indispensable en ese momento, y que era moderar el gasto público para reducir el inmenso déficit fiscal vigente cuyas consecuencias se volvían cada vez más explosivas.
El economista Mancera se encontraba en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, cuando se produjo su designación para encabezar al Banco de México. Se celebraba en esa ciudad del sudeste asiático una conferencia convocada por las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema del ahorro. Mancera no está muy seguro de quién provino la decisión para que en su persona recayera la representación por México en ese foro. Aunque no lo recuerda con precisión, la encomienda pudo muy bien haber provenido del director general, Romero Kolbeck, a quien el funcionario le reportaba de manera directa en el Banco de México. El hecho es que el subdirector general Mancera se encontraba atendiendo la mencionada conferencia en Kuala Lumpur cuando, con grandes dificultades, su secretaria, la eficientísima María Vélez, logró por fin establecer contacto telefónico para darle la noticia de su designación. Era una época en la cual las comunicaciones telefónicas de larga distancia eran todavía muy difíciles, a lo que cabía agregar que en el momento había en México una huelga de los empleados encargados precisamente de atender ese servicio. Ya de regreso en el país, el nombramiento de Mancera a la cabeza del instituto central hizo posible que también fuera ascendido para ocupar el cargo de subdirector general, que había quedado vacante, su colaborador más cercano durante años. Se trataba del economista Sergio Ghigliazza García, de formación profesional muy sólida y además una persona muy apreciada en los círculos de la banca central tanto nacional como internacional. Egresado de la Facultad de Economía en la unam, había recorrido en el Banco de México un gran trecho escalafonario durante 24 años de servicios, empezando de analista para ascender, con el tiempo y con mucho esfuerzo, hasta subdirector. Al igual que Mancera, también Ghigliazza había cursado un posgrado en Economía en la Universidad de Yale. Y en el cargo de subdirección que dejaba vacante Ghigliazza, fue nombrado el abogado Javier Vega Manzo con 17 años de antigüedad en la institución.[2]
El director general Mancera compareció por vez primera en esa calidad ante el Consejo de Administración del Banco de México exactamente ocho días después de su nombramiento oficial por parte de dicho órgano colegiado. El orden del día de la sesión correspondiente (25 de marzo de 1982) se integró en su mayor parte con asuntos de rutina, con la salvedad del punto que se denominó en el orden del día, “medidas de política monetaria y crediticia”. Sólo a manera de referencia anecdótica, en el resto de ese programa se incluyeron otros asuntos como aprobación del acta de la sesión inmediata anterior o de actas de alguna o todas las comisiones con que contaba el Consejo, nombramientos, análisis de la situación interna y externa y asuntos generales. Pero entrando ya en materia, cabe resaltar el tema de “medidas de política monetaria y crediticia” que resultaría de mucha relevancia en la mencionada sesión de Consejo y durante las tres siguientes que tuvieron verificativo, respectivamente, a finales de los meses de abril, mayo, junio y también julio de ese año tan agitado. Y el punto a destacar es que fue en esas secciones del orden del día en donde el funcionario de reciente nombramiento mostró proactividad, capacidad de innovación, oportunidad para actuar, así como pragmatismo. En términos generales, las intenciones de las medidas de banca central que se anunciaron y se discutieron en aquella reunión de Consejo del 25 de marzo de 1982 fueron de tres tipos: primero, relativas a la reglamentación correspondiente a las operaciones de banca internacional de la banca mexicana en el extranjero. Y en ese sentido, también fueron de gran importancia las acciones de política monetaria que se anunciaron, orientadas a absorber los excedentes de liquidez que se acumulaban en el sector financiero. Y, por último, cabe también destacar las medidas que se adoptaron en materia de política de crédito, y que respondieron a la intención literal de “… facilitar una mayor capacidad de retención por la banca de los recursos financieros que genera la economía, así como para procurar que las empresas mexicanas cuenten con nuevas fuentes de recursos crediticios”.[3]
Las medidas relativas a la reglamentación de las oficinas de bancos mexicanos en el exterior –ya fueran sucursales u oficinas off-shore– que se informaron en esa sesión de Consejo del 25 de marzo de 1982, son evocadoras de un viejo anhelo que había manifestado el economista Miguel Mancera de impulsar y promover las operaciones internacionales de la banca del país. Entre otras fuentes, esa ilusión se había confirmado en un importante discurso que Mancera había pronunciado en la ciudad de Monterrey en agosto de 1976.[4] En particular, en dicha sesión del Consejo de Administración del Banco de México se informó que se había ya expedido la reglamentación de carácter general aplicable a las unidades extraterritoriales de bancos mexicanos o “sucursales off-shore…”. Es decir, sucursales fuera de alguna jurisdicción bancaria de naturaleza nacional. Y lo más importante era la finalidad específica que se buscaba impulsar en el caso de esas oficinas. Y esta finalidad era, textualmente, propiciar la captación de recursos por parte de dichas oficinas. En adición, para validar dicho desiderátum, las autoridades estaban dispuestas a permitir que esas captaciones se hicieran “sin encaje en el Banco de México” y además a tasas de interés pasivas “libres”.
Por su parte, las medidas relativas a las sucursales en el exterior de los bancos mexicanos resultaron un poco más complejas en cuanto a sus intenciones y por ello requieren de una aproximación más pormenorizada. Al respecto, el director general Mancera informó en aquella ocasión al Consejo de Administración que se había procedido a “modificar el régimen al que deben sujetarse las sucursales de bancos mexicanos en el extranjero…”. Y según las explicaciones que vinieron en seguida, la primera razón para esa decisión había respondido a la finalidad de hacer a tal régimen “más claro, suprimiendo ciertas ambigüedades…”. Por desgracia para la posteridad, a continuación, el expositor no precisó en qué habían consistido esas ambigüedades y cómo se había procedido a removerlas del cuerpo del aludido régimen reglamentario. Acto seguido y entrando ya en mayores precisiones, el director general Mancera agregó que la comentada modificación a dicho régimen había también respondido a la intención de “liberalizar, sin perjuicio de una reglamentación adecuada, las operaciones que dichas sucursales puedan llevar a cabo con residentes en el territorio nacional…”. A falta de una aclaración explícita, lo que puede deducirse es que con esas medidas se buscaba fortalecer la capacidad competitiva de dichas sucursales frente a la banca extranjera a fin de poder atraer negocios transfronterizos en los que estuvieran involucrados precisamente “residentes en el territorio nacional”. De manera adicional, otra motivación confesada de las medidas comentadas y la cual requiere poco análisis en razón de que se explica por sí misma, fue la siguiente: “fortalecer la presencia de bancos mexicanos en transacciones financieras externas…”. Y, por último, una finalidad extra mencionada fue la de “evitar, por otra parte, transferencias inconvenientes de fondos al exterior”. En realidad, no se necesita ser un lince para deducir que las autoridades buscaban obstruir que mediante las sucursales en el exterior de los bancos mexicanos se facilitara la fuga de capitales, que en el tiempo que corría era un problema muy grave que se padecía en la economía mexicana.[5]
En materia de política monetaria, puede afirmarse que tuvo lugar una continuidad muy clara con lo que se venía pensando y haciendo durante la etapa previa de Romero Kolbeck al mando de la institución. Y esa continuidad se manifestó tanto en la visión general sobre la gravedad que conllevaba el problema inflacionario como con respecto a los instrumentos a usar para su combate. En este último sentido, el instrumento que se siguió utilizando de manera asidua y oportuna fue el de la recolección de los excesos de liquidez que se acumulaban en el sistema financiero mediante la aplicación de depósitos obligatorios de regulación monetaria a los bancos múltiples. En ese orden, en la primera junta de Consejo a la que Miguel Mancera asistió en calidad de director general señaló que los “depósitos de regulación monetaria” constituían “un instrumento ágil y expedito para esos propósitos”. Y con respecto a la oportunidad para la utilización de dicho instrumento, el funcionario agregó en esa misma sesión de Consejo que en el momento que corría se observaba “una alta liquidez tanto en el sector bancario como en el de empresas y particulares, la cual se adve[rtía] en las elevadas tenencias de Certificados de Tesorería de la Federación correspondientes a dichos sectores; no obstante, los cuantiosos recursos comprendidos en los depósitos de regulación existentes”.[6]
El llamado a actuar estaba enunciado. En consecuencia, por la situación explicada de exceso de liquidez y por la premura que sentían las autoridades para intervenir en ese frente, no debería ser motivo de sorpresa que apenas en la reunión de Consejo del 29 de abril de 1982 informara el director general Mancera de la puesta en ejecución de “una nueva medida para hacer frente al fenómeno inflacionario”. Se trató de la segunda subasta de captación de depósitos que el Banco de México ponía en ejecución en su historia con tres tramos para los plazos de 60, 30 y 15 días. De esa forma, mediante dicha subasta se absorberían fondos de la banca privada y mixta por la cantidad de 4 200 millones de pesos repartidos por plazos como sigue: mil millones a 60 días, 1 700 millones a 30 días y 1 500 millones a 15 días. Pero lo más interesante de esa acción de política monetaria fue la explicación que, para justificarla, aportó el director general Mancera ante el Consejo: “… estas operaciones permiten reducir la liquidez bancaria de acuerdo a las condiciones reales del mercado y constituyen un ágil y efectivo mecanismo ‘puente’ para la concertación de depósitos de regulación monetaria que se establezcan en forma general para toda la banca privada y mixta”. ¿Pero cuál era la causa de que se acumularan en la banca esos excesos de liquidez? En respuesta y de manera sorprendente, el director general Mancera aportó una explicación al fenómeno explicado poniendo énfasis en el lado de la demanda de crédito bancario en lugar del lado de la oferta. A ese respecto, comentó el funcionario ante el Consejo a finales de julio de 1982 que “dichos excedentes se originan, en considerable medida, por la intensa utilización que las empresas han hecho de los nuevos instrumentos financieros no bancarios así como por los nuevos mecanismos de financiamiento que permiten a las propias empresas recibir un importante flujo de recursos externos sin incurrir en riesgos cambiarios, disminuyendo las presiones sobre el financiamiento a concederse por las instituciones de crédito”.[7]
En el seno del Consejo de Administración, tanto los consejeros como las autoridades del Banco de México manifestaron reiteradamente su comprensión y apoyo para las medidas de ajuste que había acordado el gobierno federal en materia de política económica encaminadas a moderar las presiones inflacionarias y reducir sus repercusiones sobre la balanza de pagos. En tal sentido, en el acta de la sesión de ese órgano colegiado del 29 de abril de 1982 quedó asentado el consenso a que habían llegado los asistentes en el sentido de que era necesario, “al menos en el corto plazo, aplicar con rigor la política de austeridad en el gasto establecida por el sector público federal…”. De otra manera, no iba a ser “posible hacer frente con éxito al proceso inflacionario, el cual si continúa agudizándose traería serios desajustes en la economía con consecuencias sumamente graves…”. Y en la siguiente sesión de Consejo, un argumento muy parecido fue emitido por el consejero por la serie A, Adrián Lajous, a la sazón cabeza del Banco Nacional de Comercio Exterior. En tal sentido, ese consejero “destacó la conveniencia de las recientes medidas tomadas en la administración pública para ajustar durante el presente año la política económica en términos que permitan un combate más efectivo a la inflación y a los problemas derivados de balanza de pagos…”. En ese orden, de especial relevancia fue el acuerdo aprobado en aquella misma reunión de Consejo relativo a reducir en 8 por ciento el presupuesto anual del Banco de México tanto para gasto corriente como para inversión institucional. Según el acta correspondiente, esa medida se acordaba, “en atención a las instrucciones del señor secretario de Hacienda y Crédito Público” con la finalidad de cumplir con “el programa de ajuste de la política económica para 1982…”.[8] Pero el gran problema que se suscitó en aquella difícil coyuntura del país fue que el funcionario que mayor interés debió haber tenido en que se aplicara con rigor y eficacia el programa de ajuste mencionado –el presidente López Portillo– muy pronto perdió su convicción en ese sentido. En sus propias memorias, ese mandatario asentó en una anotación correspondiente al 6 de abril de 1982: “Los recortes que tendremos que intentar son brutales. No creo que podamos hacerlos y el endeudamiento se imposibilita”.[9] Como consecuencia, la política fiscal del régimen volvió a adquirir pronto la forma de cubetadas de gasolina que se aventaban con inconciencia a la hoguera de la crisis.
La creatividad y la innovación pragmática propiamente dichas se desplegaron de preferencia en el campo de la política crediticia que de la política monetaria. Y en ese ámbito se presentó también la oportunidad para cortar de tajo operaciones bancarias que se juzgaban indeseables y contraproducentes. En particular, tres medidas de esta última naturaleza fueron anunciadas y explicadas por el director general Mancera en la sesión de Consejo del 25 de marzo de 1982. La primera, relativa a impedir que la banca de desarrollo hiciera depósitos en la banca comercial. Los recursos correspondientes provenían de créditos que los bancos de fomento obtenían del exterior y que se depositaban en la banca comercial durante el lapso que mediaba entre la recepción y la utilización de los fondos correspondientes. Y la razón para esa prohibición, es que dichas operaciones daban lugar a saltos muy bruscos e impredecibles en el pasivo de la banca con sus efectos consecuentes sobre la generación de excedentes de liquidez indeseables en los bancos. En igual sentido, otra prohibición parecida se acordó para coartar un subterfugio al que recurrían los grupos financieros. Y ese subterfugio consistía en que las casas de bolsa captaban ahorros mediante reportos de títulos que después eran transferidos a su respectivo banco en la forma de depósitos. De esa manera, esa captación se libraba del cumplimiento con el encaje legal que se aplicaba a las operaciones pasivas de los bancos. Y la tercera y más importante de las prohibiciones que se explicaron en aquella junta de Consejo, fue para evitar que los bancos pudieran captar recursos a través de operaciones de reporto de títulos en las que los propios bancos actuaban como reportados. En esa misma sesión de Consejo, el expositor Mancera explicó que esas operaciones de reporto eran indeseables por varias razones. En primer lugar, toda vez que desvirtuaban la naturaleza propia del reporto al convertirlo en un instrumento más de captación, siendo que la finalidad de esa figura legal era la de permitir a los intermediarios enfrentar situaciones transitorias de falta de liquidez. Y según ese funcionario, del uso del reporto por parte de los bancos como instrumento de captación se habían derivado dos consecuencias muy indeseables. Por un lado, en esas operaciones de reporto se habían venido pagando “rendimientos desalineados de las condiciones de mercado”, con los trastornos correspondientes sobre el proceso de intermediación de los ahorros. Por otro lado, esas captaciones documentadas con reportos habían producido “distorsiones en la estadística de tenencia de valores”, inflando artificialmente el dato correlativo. ¿Y cuál fue el mecanismo al que se recurrió para dar fin a esas operaciones bancarias que se consideraban no deseables? La amenaza por parte del Banco de México de considerar a esas formas de intermediación como “no invertibles” y por tanto sujetas a un encaje del 100 por ciento “sin causa de intereses” sobre los recursos que se captaran.[10]
Y fue precisamente en este último caso de los reportos de títulos por parte de la banca actuando como “reportada” que el garrote del Banco de México vino acompañado de su zanahoria correspondiente. En esa forma, según el director general Mancera, con la finalidad “de sustituir los citados reportos por las aceptaciones bancarias” se habían acordado varias medidas que podrían considerarse compensatorias de la prohibición comentada. Con tal intención, se acordó elevar del 20 por ciento sobre el capital neto de los bancos al 40 por ciento el pasivo exceptuado de cumplir con el encaje legal, aunque sujeto a que el margen de captación así abierto se documentara con aceptaciones bancarias. Y de manera adicional, se determinó remover la limitación de que el girador de los títulos correspondientes a las aceptaciones ya no tuviese que ser una empresa mediana o pequeña. Sin embargo, con la finalidad de evitar que esa última medida contrajese de manera importante el crédito bancario a dicho subsector, se determinó también, de manera adicional, ampliar el cajón en el régimen de inversión obligatoria del Banco de México para los financiamientos por parte de la banca a empresas medianas y pequeñas. Por desgracia, en el acta de Consejo correspondiente no se especificó el monto en el que se había ampliado dicho cajón de inversión.[11]
No es posible encontrar referencia explícita a las aceptaciones bancarias en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en razón de que se trata de una figura asimilada a la letra de cambio. Es decir, jurídicamente las aceptaciones bancarias eran letras de cambio en cuya expedición y funcionamiento intervenían tres partes. Una empresa acreditada de la banca emitía un título de crédito y al momento de ser aceptado por el banco acreedor, se convertía en una aceptación bancaria. A continuación, el banco en cuestión se encontraba en la posibilidad de ofrecer a sus depositantes garantía para los depósitos mediante aceptaciones bancarias ofrecidas a manera de documentación para la captación de pasivos. La operación tenía cierta evocación con las cédulas hipotecarias que en la época de la banca especializada habían emitido las sociedades hipotecarias. El atractivo de esas cédulas era que ofrecían en garantía a los inversionistas bienes raíces específicos que se encontraban en la cartera de sus emisores. Se entiende que para sustituir los reportos de valores en que los bancos actuaban como reportados como forma de documentación para las captaciones de pasivos, las autoridades hayan optado por ofrecer la utilización de las aceptaciones bancarias. Mediante ese expediente, también podía ofrecerse a los ahorradores en la banca garantía en la forma de valores que eran emitidos por entidades distintas a los bancos, pero sin pacto de recompra como en el caso de los reportos.
Uno de los escándalos más sonados durante el sexenio del presidente López Portillo tuvo que ver con las fugas masivas de capital que se desataron con furia desde mediados de 1981. En reacción, López Portillo se embarcó frenético en una cacería de brujas intensa contra los perpetradores de esas fugas y los denostó hasta el cansancio llamándoles “sacadólares” y los amenazó de muchas formas. Sin haberlo probado nunca, incluyó en esa categoría de “sacadólares” a los bancos del país. A continuación, la naturaleza supuestamente “desnacionalizada” y “altamente especulativa” de los bancos privados le regaló las justificaciones para expropiarlos. En ese entorno, algunas medidas que se acordaron durante los meses del año 1982 en que Miguel Mancera estuvo a la cabeza del Banco de México explican cómo el instituto central se abocó en esos tiempos tan difíciles, de gran escasez de divisas, a facilitar que las empresas del país pudieran atraer recursos en moneda externa al país actuando de hecho como “metedólares”. En ese sentido, en la sesión de Consejo del 29 de abril el director general Mancera hizo referencia a las operaciones de reporto de divisas que se realizaban dentro de un mecanismo ideado y administrado por el Banco de México al que se le denominó Programa Especial de Financiamiento. Ese programa se había empezado a gestar de tiempo atrás por iniciativa del propio Mancera, durante la administración de Gustavo Romero Kolbeck a la cabeza del instituto central. Y la finalidad de dicho esquema era que las empresas del país pudieran captar financiamientos del exterior sin incurrir en riesgo cambiario. Para tal fin, las empresas en cuestión compraban al Banco de México, ya fuese con recursos propios en moneda nacional o con el importe de créditos bancarios, reportos o futuros de divisas. De manera automática, mediante esos reportos o futuros de divisas las empresas en cuestión quedaban protegidas contra el riesgo cambiario en el pago de sus pasivos denominados en moneda extranjera. Ello, al contar con certeza absoluta sobre el monto de moneda extranjera que recibirían a ciertas fechas preacordadas. Con ese mecanismo en funcionamiento, las empresas internas podían salir a conseguir financiamiento del exterior. A continuación, una vez obtenidos los financiamientos externos procedían a solicitar las coberturas correspondientes en el monto exacto de los créditos haciendo que sus vencimientos coincidieran exactamente con los de los pasivos externos contratados. Como resulta evidente, en la emisión de esos reportos de divisas el Banco de México asumía el riesgo cambiario implícito. En resumen, este tipo de operación podía ser de suma utilidad por dos razones. La primera, porque muchos bienes de capital eran de importación, y por tanto su adquisición requería de crédito en divisas. Pero de manera adicional, en los tiempos que se vivían de tan intensa incertidumbre cambiaria, los reportos en divisas que podía emitir el Banco de México ofrecían a las empresas cobertura contra el riesgo cambiario. Más adelante, esta fórmula con algunas variaciones se utilizó en la preparación del sistema ficorca sin causar pérdidas ni al Banco de México ni al gobierno federal.
En ese contexto, durante la mencionada sesión de Consejo de finales de abril de 1982, el director general Mancera informó a ese cónclave que se había decidido introducir modificaciones en el denominado Programa Especial de Financiamiento. Al hacer ese anuncio, se permitió recordar a los consejeros que la finalidad del programa aludido era la de “facilitar a las actividades productivas internas acceso a recursos externos, mediante cobertura de riesgos cambiarios”. Acto seguido, el expositor explicó que las modificaciones que se habían acordado para ese mecanismo consistían, en lo principal, en permitir que los recursos externos que se pudieran obtener al amparo de dicho programa pudieran “utilizarse por empresas establecidas en el país, no sólo para inversiones en activos fijos, sino también para capital de trabajo”.[12]
En términos generales, en opinión del director general Mancera las medidas de política crediticia del Banco de México que se acordaron durante aquellos meses estuvieron orientadas a dos fines: primero, “facilitar una mayor capacidad de retención por la banca de los recursos financieros que genera la economía”; segundo, procurar que “las empresas mexicanas cuenten con mayores fuentes alternativas de recursos crediticios”. Pero dentro de esos objetivos generales, en la muy difícil coyuntura que vivió la economía mexicana a lo largo del año 1982, algunas medidas de política crediticia también estuvieron orientadas a la finalidad de captar divisas para la economía nacional. Con esa última intención, en la sesión de Consejo del 29 de junio de 1982 el director general Mancera anunció “la creación del pagaré con garantía fiduciaria…”. Por desgracia, en esa sesión de Consejo no se dio explicación de las características de ese nuevo instrumento de captación ni de su funcionamiento práctico. Sin embargo, el expositor sí hizo la aclaración de que el lanzamiento de los citados pagarés con garantía fiduciaria respondía a la finalidad de “incrementar la captación de divisas, lo que en la coyuntura actual es altamente conveniente, así como permitir a las empresas la contratación de financiamiento externo sin incurrir con ello en riesgos cambiarios”.[13] Con respecto a la argumentación expuesta cabe hacer la siguiente observación: si esa captación de recursos externos se iba a llevar a cabo sin incurrir en riesgo cambiario, ese hecho indicaba una cosa muy importante: que en la aplicación de dicho instrumento el Banco de México se había también comprometido a expedir coberturas cambiarias con la consecuente asunción del riesgo cambiario implícito.
Por fortuna, los pormenores técnicos y operativos del pagaré con garantía fiduciaria fueron explicados por el director general Mancera en el discurso que pronunció en la Convención de Banqueros de ese año de 1982. Y en esa explicación, se confirmó de pasada la creatividad innovadora con fines pragmáticos que se ejercía con perseverancia dentro del grupo de funcionarios de banca central que encabezaba Mancera. Al respecto, para empezar el expositor aclaró que la finalidad de la emisión y colocación de pagarés con garantía fiduciaria “era cubrir los riesgos cambiarios de los financiamientos a corto plazo en moneda extranjera”. El mecanismo tenía su fundamento en que empresas locales consiguieran créditos del exterior en moneda extranjera y que además constituyeran un depósito por el mismo importe en moneda nacional. A continuación, los derechos que se derivaban de dicho depósito se afectaban a un fideicomiso, mediante el cual se garantizaba la emisión de pagarés en moneda nacional por el monto del crédito original. Finalmente, esos pagarés se colocaban en el mercado de dinero ya fuera “por medio de un banco o a través de un agente de valores”. De esa forma, la empresa contratante del crédito original disponía del importe del mismo en moneda extranjera, pero en virtud de la colocación en el mercado de los pagarés con garantía fiduciaria el financiamiento para la adquisición de las coberturas cambiarias requeridas podía llevarse a cabo a costos más bajos que los préstamos bancarios.[14]
Pero en la situación tan difícil que se vivía de intensas fugas de capital y grave escasez de moneda extranjera, el Banco de México estuvo inclusive anuente a facilitar la captación de divisas por parte de la banca. Ello, en el contexto de las medidas de política monetaria encaminadas a retirar recursos excedentes en poder de los bancos para fines de combate a las presiones inflacionarias. En tal sentido, en la reunión de Consejo del Banco de México del 29 de abril de 1982 el director general Mancera anunció “que, como una medida para hacer frente al fenómeno inflacionario, por segunda vez el banco central había procedido a subastar depósitos a constituirse en él por las instituciones de crédito privadas y mixtas…”. A continuación, después de hacer referencia a los tramos en que deberían constituirse esos depósitos además de los plazos y las tasas de interés aplicables, se agregó una aclaración de bastante importancia por su carácter novedoso. En tal sentido, en cuanto a ese depósito que se había subastado, el Banco de México informó que había decidido “otorgar facilidades” para que el importe de esa medida de regulación monetaria pudiera ser “constituida, total o parcialmente, en dólares siempre que éstos provengan de instituciones financieras del exterior”.[15]
También en materia de política crediticia, un asunto adicional estuvo en la época en la atención del director general Miguel Mancera: el problema del desfase o desalineamiento de las tasas de interés que el Banco de México autorizaba para las operaciones pasivas de la banca. Lo primero que cabe destacar en ese sentido eran las distorsiones y problemas que se suscitan cuando la inflación es elevada, como era el caso durante aquel difícil año de 1982. El punto a destacar es que el ritmo de la inflación se incrementaba de manera imprevisible, dejando a las tasas pasivas autorizadas para la banca en niveles muy poco competitivos y, en el extremo, abiertamente negativos en términos reales. Y el problema se complicaba en razón de que los ahorradores estaban en la posibilidad de comparar esas tasas autorizadas para los bancos con las de otros instrumentos alternativos que se colocaban con tasas libres, las cuales se determinaban en el mercado. Éste era en particular el caso con los Certificados de Tesorería (o simplemente Cetes), instrumentos ampliamente conocidos por el público y cuyos rendimientos eran determinados por la oferta y la demanda sin intervención administrativa de las autoridades. Implícitamente, de décadas atrás los ahorradores mexicanos habían aprendido a comparar los rendimientos que se ofrecían al ahorro en México con los correspondientes de Estados Unidos. Pero ya en la época de amplios diferenciales de inflación entre los dos países, esa comparación se dificultaba. Sin embargo, en el panorama estaba también la posibilidad de la comparación con instrumentos de inversión internos, como era el caso de los Cetes. En ese sentido, según lo expresó el banquero y consejero por la serie B, Carlos Abedrop, de no haberse llevado a cabo y con oportunidad ese ajuste de las tasas bancarias “podría haberse presentado el fenómeno de la desintermediación…”.[16] Y tal vez le faltó agregar en la ocasión a dicho consejero, que sobre todo en un ambiente de tan elevada inestabilidad, el fenómeno de la desintermediación solía venir acompañado de fuga de capitales.
El tema de la modificación administrativa de las tasas de interés que se autorizaban para los depósitos bancarios se trató de manera consecutiva en las sesiones de Consejo de junio y julio de 1982. Seguramente la aceleración del proceso inflacionario que se observó en ese periodo, obligó a que los ajustes correspondientes se volvieran cada vez más apremiantes. Dada la situación referida, en la junta de Consejo del 29 de junio de 1982, el director general Mancera explicó que las tasas pasivas aprobadas para los intermediarios “han venido teniendo aumentos de consideración a fin de restablecer la posición competitiva de los depósitos bancarios frente a los considerables incrementos que vienen observándose en otros instrumentos de captación…”.[17] Y en la sesión siguiente del 29 de julio, se hizo la aclaración de que dichas acciones de política crediticia se habían puesto en ejecución “si bien reduciendo el ritmo de tales incrementos por estimar que las citadas tasas [bancarias] están ya alcanzando niveles adecuados, tanto en lo que se refiere a su monto como en la relación que guardan con aquéllas correspondientes a otros instrumentos financieros no bancarios”.[18]
De manera particular, en la reunión de Consejo del 29 de abril de 1982 se anunció otra medida, muy específica, de política crediticia que sin duda es digna de ser recordada en la presente crónica en razón de su singularidad. En concreto, la medida aludida implicó que el Banco de México resolviera “permitir el pago anticipado de depósitos constituidos a once y doce años de plazo, cuyos rendimientos son actualmente muy inferiores a los demás depósitos bancarios…”. Pero las autoridades del instituto central condicionaron esa medida a que inmediatamente después del ajuste de las tasas correspondientes, los titulares repusieran el depósito correspondiente con su rendimiento actualizado “por el monto de la inversión original y a un plazo por lo menos igual al número de días que faltaban para el vencimiento de la operación que se pague por anticipado”. La justificación que argumentaron las autoridades para dicha medida, había sido “el propósito de que la captación de recursos por el sistema financiero se dé en términos más adecuados a la situación del mercado…”.[19] Asimismo, aunque no se haya expresado explícitamente en esa forma, al acordar la medida explicada, seguramente las autoridades también estuvieron animadas por un sentimiento de equidad y reconocimiento con inversionistas que habían estado dispuestos a colocar sus ahorros en la banca mexicana a plazos tan prolongados y a rendimientos fijos.
En sus testimonios, el economista Mancera siempre recordó los sentimientos de desconcierto y frustración que se despertaron en él durante su estancia como cabeza del Banco de México del 22 de abril de 1982 a agosto de ese año. Con toda precisión, esos sentimientos más bien surgieron de manera secuencial. Primero afloró el desconcierto, al constatar, a partir de su designación como timonel en la banca central, que el presidente que lo había nombrado carecía de interés en escuchar sus opiniones sobre la marcha de la economía en aquella etapa de tan serias dificultades y menos tomar en cuenta las recomendaciones que pudiera traer en cartera en materia de política económica. Y al desconcierto le siguió tiempo después la sensación de frustración, al constatar Mancera cómo se iban descomponiendo cada vez más las cosas, en lo principal por la terquedad del presidente López Portillo de seguir por la senda del expansionismo inflacionario. Con todo, a pesar de esa situación de aislamiento virtual, hasta la alta posición que ocupaba empezaron a llegar a oídos del director general del Banco de México rumores de que, en el círculo más cercano al presidente, éste escuchaba con atracción creciente el canto de las sirenas en el sentido de aplicar un control integral de cambios como recurso supuestamente definitivo para frenar la fuga de capitales. Es decir, con la intención de impedir que los odiados “sacadólares” siguieran saliéndose con la suya, obcecados en proteger sus ahorros de los estragos de la inflación y las devaluaciones. ¿Qué hacer ante tan grande despropósito?[20] A continuación, al poco tiempo esa gran inquietud se materializó en la decisión de publicar un folleto relativo a la no funcionalidad que cabría esperar de la eventual puesta en ejecución en México de un control integral de cambios. El folleto, editado bajo el sello oficial del Banco de México y suscrito personalmente por el director general Mancera en su calidad del funcionario de mayor jerarquía en la institución, llevó por título “Inconveniencia del Control de Cambios en México”, con fecha de publicación 20 de abril de 1982.
En retrospectiva, el economista Mancera recuerda que puertas adentro en el Banco de México ya existía un expediente con documentos y reflexiones de tipo técnico acerca del tema del control integral de cambios. Y fue de la revisión de esos papeles y notas de donde partió el esfuerzo para la redacción del bien documentado y no esperado folleto sobre tan incendiaria materia. Una vez tomada la decisión de redactar ese documento, Mancera recuerda que en su preparación lo acompañaron sus colaboradores más cercanos, con un compromiso absoluto de discreción sobre el proyecto que traían entre manos. Es posible que en ese proyecto únicamente hayan acompañado al director general Mancera en un compacto grupo de trabajo, el subdirector general, Sergio Ghigliazza, y los abogados Francisco Borja y Roberto del Cueto. Desde luego, dada la confiabilidad y la lealtad de esos colaboradores no se produjo filtración alguna sobre la preparación del folleto, el cual vio la luz pública con fecha oficial de edición y bajo la cabeza ya mencionada líneas arriba. El argumento general en el que se sustentó dicho documento fue que la aplicación en México de un esquema de control integral de cambios no era recomendable. La principal razón, aunque no la única, para ese dictamen, fue que el esquema resultaría ineficaz para alcanzar el cometido, tan deseado para el presidente López Portillo, de impedir las fugas de capital. De hecho, sería probable que, de intentarse la aplicación de dicho mecanismo, incluso las fugas se intensificarían por la desconfianza que tal intento desataría.
Desde los propios párrafos introductorios del folleto, se plantea con toda claridad el tema a analizar y, además, de mucha importancia, se anticipa sin ninguna ambigüedad el sentido de las conclusiones. En cuanto al enunciado del problema, se expresó con total transparencia en los párrafos iniciales de la publicación: “El control de cambios es un instrumento de política económica. En consecuencia, sus ventajas y desventajas deben ser sopesadas con espíritu ajeno a cualquier dogmatismo”. Y en lo relativo a las conclusiones, el enunciado no dejaba lugar a dudas: “En el presente folleto se examinan tanto los objetivos y sistemas del control de cambios, como las limitaciones y dificultades de operación de éste. La conclusión es claramente adversa a su establecimiento”.[21] Y hasta ahí la opinión técnica de los economistas del Banco de México. Pero desde otra perspectiva, la decisión de publicar ese folleto de denuncia en oposición al control de cambios también tenía su flanco de análisis político. De manera totalmente clara, su publicación sería un acto de desafío frente a la autoridad de que gozaba el presidente de la República en el régimen presidencialista que existía entonces en México. Y por las implicaciones de la denuncia, también sería una decisión de gran valentía personal para el director general Mancera. En ese sentido, se trataba de alguna manera de un acto rompedor de tabúes. “¡Al presidente de México, nadie le lleva las contras, ni le cuestiona sus pensamientos y sus inclinaciones operativas!”. Pero en apoyo de esa decisión, cabe destacar también la importancia que debe haber tenido el respaldo institucional que extendió al folleto el sello editorial del Banco de México.
Resulta sorprendente que en las memorias que publicó para la posteridad el presidente López Portillo, no pueda encontrarse una sola referencia al folleto “Inconveniencia del Control de Cambios” que publicó el Banco de México en la primavera del año 1982, con la suscripción personal del director general, Miguel Mancera. Es sorprendente esa omisión en razón del carácter oficial de aquella publicación y de que el folleto tuvo una muy amplia difusión pública. Ese documento circuló ampliamente entre grupos extensos de la población y en particular fue reproducido de manera facsimilar por uno de los diarios de mayor circulación en el país. Pero el folleto no fue ni siquiera comentado por el presidente de la República en su diario, además de que en las capillas académicas favorables a la idea de la aplicación del control integral de cambios se decidió también no darse por aludidos y esquivaron el asunto con actitud escurridiza. Habría sido muy interesante y útil que aquellos apologistas del intervencionismo cambiario entraran en debate con los críticos, en defensa de la recomendación de política económica que traían en cartera y recomendaban con tanta insistencia al presidente de la República. Pero muy difícilmente se habrían atrevido a esa audacia de apertura intelectual. Por un lado, seguramente habrían carecido de argumentos técnicos suficientes para intentar refutar las cuidadosas tesis que los funcionarios de la banca central habían vertido en el folleto de denuncia. Por otro, tampoco estaba en su conciencia axiológica el valor del debate público. Asimismo, seguramente estaban en alerta de que, en caso de haber argumentado en favor del control de cambios, ese solo hecho habría detonado un pánico especulativo. Pero aparte de las anteriores consideraciones de carácter intelectual, en nada disminuyó su consigna de continuar predicando su estéril especie a los oídos del presidente López Portillo.
Aparte de la breve introducción ya citada, desde el punto de vista de estructura el folleto “Inconveniencia del Control de Cambios” se integró con cuatro encabezados principales: “Características generales del sistema”, “Control de cambios integral”, “Control de cambios dual” y “Consideraciones finales”. En la sección inicial, “Características generales del sistema”, se habla, para empezar, de los objetivos que se solían perseguir con los esquemas de control de cambios: principalmente “evitar las fugas de capital” aunque también, de manera complementaria, “reducir o eliminar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos…”. Esto último, mediante la contención de las importaciones mediante métodos administrativos, sin tener que recurrir al expediente de la devaluación cambiaria. Y en razón de que el objetivo principal de un esquema de control integral de cambios sería evitar las fugas de capital, estando éste en vigor la totalidad de las divisas que ingresaran al país (por concepto de exportaciones, turismo, remesas familiares, inversión extranjera de cartera o directa o créditos del exterior) tendrían que ser obligatoriamente entregadas a la autoridad en canje por moneda nacional. En paralelo, el otro mango de la pinza era que la autoridad vendería divisas únicamente para fines autorizados (pago de importaciones necesarias, servicio de las deudas externas contratadas), pero evitando a toda costa que agentes económicos internos recibieran moneda extranjera para poder trasladarla al exterior. Así, alegaban los apologistas del control integral de cambios, al lograr la autoridad controlar tanto el total del ingreso de divisas como su salida, quedarían impedidas las fugas de capital. Por otro lado, en la medida en que el esquema de control de cambios fuese dual, una fracción de las entradas y salidas de divisas quedaría al margen del control de las autoridades. Así, mediante esta segunda variante del mecanismo, sería imposible tan siquiera aspirar a impedir las fugas de capital.
Desde luego, la parte de mayor interés en el folleto es la relativa al análisis del control de cambios integral. Únicamente mediante esa variante del esquema, podría aspirarse a evitar las fugas de capital, que era precisamente el fenómeno que le venía quitando de algún tiempo atrás el sueño al presidente López Portillo y también le había causado mucha secreción de bilis. En ese sentido, una de las primeras conclusiones a las que se llega en esa parte del folleto es extendiendo un mentís rotundo a la creencia de que era posible establecer “controles de cambio ‘benignos’ que sólo impliquen interferencias para los movimientos de capital…”. Ello, en la medida en que con un esquema “benigno” se dejarían muchas ventanas de oportunidad abiertas para hacer posible lo que, exactamente, se quería impedir: las fugas de capital. Y enunciada esa primera conclusión, lo más relevante hacia adelante es la explicación de los subterfugios a que podrían recurrir los agentes económicos para eludir un régimen de control integral de cambios y de esa forma dar lugar a las fugas de capital. En ese orden, un primer subterfugio se aparecía en la posibilidad de la subfacturación de exportaciones. Y en sentido paralelo, el envío de capital al exterior también podía conseguirse mediante la sobrefacturación de importaciones. A manera de explicación, a través de ese primer recurso ilegal se recibía por una exportación un pago por debajo del valor real de la operación y el remanente de la transacción se pagaba en el extranjero en la forma de una inversión financiera a favor del exportador. En el caso de importaciones, el valor excedente de las ventas internacionales también se depositaba en el exterior como una inversión a favor del importador. Sin embargo, la forma más sencilla para la fuga de capital se ofrecía por la vía del contrabando egresivo. Textualmente: “Los viajeros al exterior pueden llevar consigo oro, piedras preciosas, joyas, plata y objetos de arte y, por supuesto, no hacer entrega a las autoridades de las divisas que obtengan de su venta”.[22]
Para los lectores del folleto, resultó evidente que las reflexiones contenidas en el capítulo “Control de cambios integral” eran de referencia general, sin alusión a algún país en particular. Sin embargo, más adelante en el texto se hace ver que si en algún caso específico la aplicación de ese esquema sería desaconsejable ése era el de México. Al respecto, “si algún país existe, en donde el control de cambios tenga la máxima probabilidad de fracasar, ése es probablemente México…”. Y para sustentar esa afirmación se daban a continuación seis razones. La primera de ellas era de naturaleza geográfica, explicando que México era una nación con costas muy extensas, muchas de ellas deshabitadas, y con una frontera de más de tres mil kilómetros con los Estados Unidos, país en donde había libertad absoluta de cambios. En esa situación geográfica, la posibilidad de impedir la salida de capitales se antojaba prácticamente imposible. Y a ello había que agregar la gran diversidad de las importaciones del país a lo que se aunaba la importancia del turismo, tanto el egresivo como el ingresivo. Y de manera adicional, estaba la cuestión de las transacciones fronterizas que eran de un volumen muy grande y variado. En el mismo sentido, a lo anterior tenía que agregarse que en México existía un comercio muy considerable de metales preciosos (oro y plata). Y en el orden administrativo, también se presentaban un sinnúmero de dificultades tal vez imposibles de superar, sobre todo en los plazos corto y mediano. En este último aspecto, cabía sobre todo citar la insuficiente capacitación del personal tanto de aduanas como de los bancos para administrar un sistema de control de cambios integral. Y de manera adicional, aunque no se dijo de manera tan directa en el folleto, estaba el peligro de la eventual corrupción de dicho personal.[23]
Como ya se señaló al hablar del índice del folleto, en su contenido también se hizo referencia al control de cambios dual. Bajo esta variante del esquema, se explicó, estarían sometidas al control de la autoridad sólo unas cuantas exportaciones con cuyo importe se pagarían únicamente las importaciones más prioritarias. Y el resto de las transacciones cambiarias se llevarían a cabo en el mercado libre, en el cual, previsiblemente, el tipo de cambio sería más elevado. Según el folleto, esta variante del régimen también presentaría ventajas y desventajas, siendo la principal de estas últimas que estaría de entrada incapacitado para frenar la fuga de capitales. Y en el lado de las ventajas, la única que se podía citar es que resultaría más fácil de administrar que en esquema de control integral. Pero en el lado de las desventajas, había otras. Entre ellas, “la presión para incluir dentro del mercado controlado muchas importaciones y pocas exportaciones”. Ello, en razón de que en dicho mercado el tipo de cambio se mantendría siempre mucho más bajo. En este sentido, de no tomarse previsiones al respecto el tipo de cambio en el mercado controlado probablemente tendería a sobrevaluarse con mucha rapidez, haciendo caer al país en una muy grave escasez de divisas. Por último, “la gran incertidumbre que reinaría respecto del valor de la moneda nacional motivaría una enorme dolarización”, con el tremendo costo de no poder usar en las transacciones la moneda nacional.[24] En suma, un esquema de control de cambios dual tan sólo tendría la virtud de poder reservar los ingresos provenientes de las principales exportaciones a la adquisición de las importaciones de mayor prioridad. Quien deseara moneda extranjera para otros fines, la tendría que adquirir en el mercado libre a un tipo de cambio más elevado.
Aunque muy posiblemente ésa nunca haya sido intención de los funcionarios del Banco de México que llevaron adelante la publicación del folleto “Inconveniencia del Control de Cambios”, la circulación de esa publicación desató una suerte de efecto catártico liberador. Fue un acto de independencia institucional y de reivindicación individual frente a la preponderancia hegemónica del presidencialismo mexicano. Y en adición a ese efecto, tal vez no calculado, el folleto también significó un importante éxito editorial. Se trató de una publicación que circuló muchísimo y que fue ampliamente comentada en muchos espacios de la sociedad mexicana. Desde el punto de vista intelectual, el folleto aportó una visión autorizada y muy bien fundamentada técnicamente sobre un tema en exceso complejo que de manera subrepticia se había filtrado al interés y a la atención de la opinión pública nacional. En medio de la intensa crisis económica que se había iniciado desde mediados de 1981 y que se había vuelto incendiaria a partir de la devaluación que se anunció en febrero de 1982, el tema de los controles de cambios empezó a flotar en el ambiente, pero en formas muy oscuras y difusas. En ese contexto, el folleto del Banco de México tuvo un efecto de tipo faro, al iluminar el tema con un enfoque integral y lo más didáctico posible, dadas las complejidades que conllevaba. De una manera si se quiere indirecta, el folleto también contribuyó a enriquecer el debate público, elemento esencial para el desarrollo democrático del país. Aunque aislado, fue sin duda un avance hacia el fortalecimiento de la pluralidad en México. Sin embargo, es evidente que la publicación “Inconveniencia del Control de Cambios” se quedó corta de la finalidad ulterior que se propusieron con ella sus autores: que funcionara como mecanismo de disuasión. ¿Pero mecanismo de disuasión para qué? Para mediante la creación de conciencia y el impulso al convencimiento, prevenir que el presidente López Portillo fuera a caer en la tentación de implantar un control integral de cambios con la intención de poner freno a las fugas de capital. Además de que el mecanismo resultaría ineficaz para dicha finalidad, alienaría a los agentes económicos tanto internos como del exterior y terminaría siendo muy perjudicial para la economía de México.
Apenas en tan sólo seis ocasiones llegó a mencionar el presidente López Portillo en sus memorias la figura del economista Miguel Mancera. En la tercera de ellas, el memorialista hizo referencia a la Convención de Banqueros que ese año de 1982 se celebró en la relativamente tardía fecha de principios de junio. (La tradición era que ese evento tuviera verificativo durante el mes de marzo del año en curso, o a más tardar en el transcurso de abril). Y en relación a ese cónclave, López Portillo hizo alusión en su diario a “Ayer en la Convención Bancaria…”. Dicho lo anterior, anotó a continuación que “[e]l discurso de Silva Herzog, bueno, breve, sencillo. La gente lo entendió”. Y en relación a la intervención que en dicho foro había tenido el director general del Banco de México, simplemente anotó el mandatario: “Bueno el de Mancera y hasta el del presidente de los banqueros…”. Tan escueta y hasta cierto punto fría opinión le mereció a López Portillo uno de los más notables discursos que pronunciara Miguel Mancera en su muy larga trayectoria como funcionario público. ¿Qué podría explicar ese laconismo y esa parquedad? Tal vez, que López Portillo no captó el mensaje principal que el director general del Banco de México intentó enviar a su atención de interlocutor preponderante en aquella reunión bancaria. Y ese mensaje, que por razones tanto ideológicas como psicológicas no podía ser grato a los oídos de aquel mandatario, hablaba de la necesidad imprescindible de perseverar “en la lucha contra la inflación…”. Y la clave en este último aspecto fundamental estaba “en la reducción del déficit fiscal a montos susceptibles de poder financiarse por medios no inflacionarios”. Pero en los oídos del presidente López Portillo, los llamados a meter mayor disciplina en el control del gasto público sonaban a verdadero zafarrancho de batalla. Si había algo que no deseaba escuchar ese mandatario, era precisamente dicho llamado.[25]
Aquel discurso notable del director general del Banco de México ante la convención de banqueros de 1982, admite varias aproximaciones analíticas. Una de ellas, que se antoja la más inmediata, por su claridad para explicar hasta los asuntos más complicados de una manera comprensible para el público en general. Y en ese esfuerzo de análisis podía también incluirse la faceta de la sinceridad: el valor y la capacidad para decir verdades en un ambiente social que se encontraba tan caldeado y en el cual se había diseminado como reguero de pólvora el desconcierto. Es decir, dar explicaciones bien fundadas y además comprensibles, cuando en el entorno flotaban la confusión y sobre todo la incertidumbre. La importancia de decir la verdad, cuando desde el propio gobierno –y más concretamente desde la presidencia de la República– se propalaban las teorías conspiratorias más disparatadas e incluso una cacería de brujas con tintes de paranoia: que si el grupo Monterrey, en complicidad con la coparmex, impulsa campañas de rumores los cuales hablan de un posible “golpe de Estado, sobre un referéndum constitucional, de reestructurar al pri, de gobernar al país con una junta de notables, de vacío de poder…”. Y en ese contexto de paranoia persecutoria, el presidente López Portillo también llegó a despotricar contra la prensa estadounidense, la cual “desde el Norte viene presentando a mi Gobierno como de profunda corrupción…”.[26]
Es incontestable que el presidente López Portillo le había profesado siempre una antipatía muy visible a todo lo que sonara a Banco de México, sus funcionarios y su imagen institucional. Esa antipatía que, entre paréntesis, tampoco nunca intentó ocultar, se fincaba en realidad en dos prejuicios. Primero, en un fundamento ideológico, ya que veía al instituto central como algo parecido a un aliado incondicional del Fondo Monetario Internacional, organismo particularmente odiado por aquel mandatario. Un baluarte de un rancio conservadurismo que para la persona del presidente resultaba algo supuestamente muy desagradable. Y segundo, una predisposición grande fundada en un desconocimiento muy profundo, sobre las funciones y mecanismos operativos de la banca central. Estando en antecedentes de esos sentimientos que eran muy evidentes en el mandatario, con perspicacia y no poca audacia personal el director general del Banco de México, Mancera, discurrió aprovechar aquel discurso ante la Convención de Banqueros como un principio de acercamiento y colaboración con el gobierno federal. Todo, con vistas a estrechar relaciones y lazos de entendimiento hacia adelante. Se tiene así que aquellas palabras que pronunció el director general Mancera ante los banqueros en junio de 1982 respondieron, en realidad, a dos finalidades. Una de ellas, ya mencionada, de naturaleza política, con vistas a prevenir la intensificación del expansionismo fiscal y monetario, con todas sus consecuencias de desastre. Y de manera paralela, otra motivación que podríamos considerar de diplomacia, encaminada a tender puentes de comunicación y colaboración con la persona que ocupaba la primera magistratura del país.
Como es ampliamente sabido, todo intento de acercamiento diplomático tiene que partir de un principio de conciliación. En el caso del discurso de Mancera ante la convención bancaria de 1982, ese principio de coincidencia se dio al hacerse un reconocimiento muy amplio de los grandes logros que había conseguido la administración encabezada por el presidente López Portillo durante los primeros cuatro años de su sexenio. Esta referencia era muy importante, no sólo por ser rigurosamente cierta, sino también en razón de que el presidente López Portillo valoraba inmensamente esos logros. En ese sentido, el economista Mancera inició su discurso explicando que “la evolución de la economía internacional en el lapso comprendido de 1977 a 1980 ofreció extraordinarias oportunidades para el desarrollo de México…”. Acto seguido, agregó a lo anterior que “el crecimiento de la producción interna y el aumento de las importaciones a ritmo muy superior al de las exportaciones, hicieron posibles incrementos notables en el consumo real, pero sobre todo en las inversiones”. Y de manera muy particular, el banquero central hizo un elogio de la manera eficaz en que esa administración había logrado superar un difícil bache en 1977, posterior a la crisis devaluatoria de septiembre del año precedente.
A continuación, el economista Mancera señaló con todo realismo que el gran auge de 1977 a 1980 había, sin embargo, venido acompañado de inflación creciente y que posteriormente la economía mexicana había sido impactada por choques externos desfavorables de magnitud muy importante, coadyuvando de una manera particularmente perversa a provocar la devaluación de febrero de ese año. Y ése era el contexto en el que había tenido que actuar el Banco de México con las políticas que le encomendaba su ley: política en “los campos de la captación de recursos por la banca, de la regulación cuantitativa y cualitativa del crédito, así como en materia de cambios”. En el ámbito de la política monetaria, el expositor Mancera fue muy enfático en su discurso ante los banqueros: la clave “para restaurar, dentro de un plazo razonable, el equilibrio externo de la economía y para reducir gradualmente la inflación” sería el programa de ajuste ya anunciado por el gobierno. En cuanto a la política relativa a la captación de recursos por parte de la banca, el banco central había hecho todo lo posible por facilitar esa captación tanto en moneda nacional como en divisas. En ese esfuerzo, las autoridades de la institución habían trabajado mucho para que los réditos de la captación resultaran “remunerativos” y “competitivos” a la vez de incidir “lo menos posible en el costo del crédito”. En cuanto a la captación de ahorros en divisas, se estaba facilitando “que la banca mexicana tenga todos los elementos necesarios para competir eficazmente en el mercado de los depósitos de dólares”. Y en lo relativo a la disponibilidad de financiamiento, en esa coyuntura marcada por las dificultades y la escasez de divisas se estaba “procurando que los sectores de más elevada prioridad económica o social sigan disponiendo, en la medida de lo posible, de recursos crediticios en condiciones preferenciales”. En esta última tarea, estaban contando con el apoyo de los fideicomisos de fomento que manejaban tanto el Banco de México como Nacional Financiera. Y la otra línea de política muy importante para el Banco de México era la de contribuir a que las empresas del sector privado siguieran recibiendo financiamiento del exterior. En ese sentido, según el ponente, la reducción del crédito externo a las empresas implicaría “una mayor demanda por el escaso crédito interno disponible, con el consiguiente impacto sobre las tasas de interés activas”. En particular, el director general del Banco de México fue muy contundente al denunciar la futilidad del espejismo inflacionario. Ello, al señalar con total convencimiento: “para que el crédito fuera más abundante en la actualidad, el banco central tendría que recurrir a la emisión de dinero primario. Pero tal camino conduciría a mayores presiones inflacionarias que abatirían, rápidamente, la totalidad o parte del valor real del crédito adicional. La medida conllevaría su propia derrota”.[27]
Un momento culminante de aquel discurso del director general Mancera ante la convención bancaria de 1982, fue cuando hizo referencia al candente tema de la política cambiaria. En relación a la materialización de la devaluación ocurrida en febrero de ese año, el ponente explicó, con todo realismo, que esa consecuencia había tenido lugar ante “la imposibilidad e inconveniencia de incurrir en un endeudamiento externo de la magnitud necesaria para cubrir el déficit previsible…”. Acto seguido, los especuladores habían percibido o intuido esa imposibilidad y a continuación habían actuado para precipitar el desenlace. De manera subsecuente, el monto del ajuste cambiario había tenido que ser mayor al estrictamente indispensable a fin de poder “absorber el aumento de precios creado por la devaluación misma”. Y una última consideración en esa materia de la política cambiaria tuvo que ver con el manejo del tipo de cambio hacia adelante, en un contexto de inflación elevada como el que existía en la época en México. La fórmula para tal manejo, explicó el ponente, debía ser la de “yuxtaponer a la devaluación un proceso de deslizamiento del tipo de cambio al ritmo necesario para evitar una nueva sobrevaluación de la moneda”. Pero el punto crucial en esa coyuntura, era el siguiente: ¿cómo debería manejarse hacia adelante la política cambiaria en México? La explicación del ponente fue en el sentido de que, “según estudios hechos en el Banco de México”, era posible esperar que “para la época en que el margen de subvaluación haya desaparecido y el tipo de cambio se encuentre en equilibrio, que la inflación haya descendido lo suficiente para que el desliz mantenga la competitividad de la economía”. Es decir, véase con claridad que la única posibilidad de conservar bajo control a la política cambiaria dependería de una reducción eficaz de la inflación. De esa manera, “los ulteriores progresos en la lucha contra la inflación” harían posible “reducir la velocidad del desliz hasta llegar a su desaparición”. Y la conclusión no podía ser más cristalina: la clave para que todo lo anterior pudiera lograrse, estaría “en la reducción del déficit fiscal a montos susceptibles de financiarse por medios no inflacionarios”. Más claro, ni el agua… para todos menos para el presidente López Portillo.
En las propias consideraciones finales de aquel discurso memorable relativas a la política cambiaria, el ponente refrendó ante los banqueros su postura firme en contra de las políticas inflacionistas y a favor de la estabilidad de precios. El crecimiento de las exportaciones no petroleras de México sólo podía darse “evitando la sobrevaluación del tipo de cambio”. Sin embargo, ese objetivo era muy difícil de lograr o acaso imposible, en un contexto de inflación elevada. Por un lado, el deslizamiento del tipo de cambio podía ayudar a “compensar los efectos negativos de la inflación sobre la capacidad [de la economía nacional] para competir en el exterior”. Pero, por otro lado, también era innegable que la tasa del desliz no podía tampoco “ser demasiado alta, si la moneda nacional ha de seguir sirviendo como un activo aceptable”. Y en esa última parte de la argumentación estaba la insinuación clave por parte del ponente al presidente de la República: sin un esfuerzo de estabilización decidido, las fugas de capital continuarían con furia. Y para rematar, la conclusión de que, al enunciar las consideraciones expuestas, “el combate de la inflación se manifiesta como un objetivo de la más alta prioridad para el desarrollo económico”. Y la tesis anterior se reforzó cuando el ponente señaló más adelante en su exposición, que “al mantenerse un tipo de cambio favorable para las exportaciones y al reducirse la fuerza de la inflación, se estarán sentando las bases para un renacimiento del impulso económico”.[28] Pero en contrario a toda la argumentación anterior, al parecer el presidente López Portillo cultivaba tesis muy diferentes. Como ya se ha puesto de relieve, apenas el 6 de abril de 1982 había apuntado reveladoramente en su diario: “Los recortes que tendremos que intentar son brutales. No creo que podamos hacerlos y el endeudamiento se imposibilita”.[29]
En su diario de campaña, el presidente López Portillo escribió en la entrada correspondiente al 9 de agosto de 1982, cuando la hoguera de la crisis cambiaria se había vuelto a encender detonada por el sobrecalentamiento de la economía: “A quienes veo a disgusto son a Silva Herzog y, sobre todo, a Miguel Mancera. Les falta emoción y están escépticos”. Pero haciendo memoria sobre la muy delicada coyuntura que se vivía, cómo no iban esos funcionarios a estar “a disgusto” y faltos de “emoción”, además de “escépticos”. Prácticamente desde la designación de ambos, el presidente no había mostrado interés alguno en escuchar sus opiniones y menos sus recomendaciones en materia de política económica. Era claro que estaban “a disgusto”, en razón de la no correspondencia entre los altos cargos para los que habían sido designados y el hecho de que ese mandatario no los había tomado en cuenta prácticamente en ningún sentido. Además, había en toda aquella problemática agravantes serios. Las fugas de capital se habían reiniciado y se había tomado la controvertida y muy candente medida de convertir a moneda nacional los depósitos de la banca denominados en dólares a un tipo de cambio muy por debajo de las cotizaciones de mercado. Asimismo, se había aplicado un esquema de control parcial de cambios sin su participación y consulta. ¿Cómo no iban a estar “a disgusto” y “escépticos” esos funcionarios?
En el contexto descrito, de todos los meses en que Miguel Mancera estuvo a la cabeza del Banco de México durante la presidencia de López Portillo seguramente el de mayor incomodidad y frustraciones debe haber sido el de agosto, previo a su separación de ese cargo. Por un lado, la situación de crisis en que había caído la economía se había intensificado, con una alta carga de incertidumbre sobre lo que deparaba el futuro inmediato. Por otro, la situación personal del economista Mancera en su calidad de líder en la banca central se debe haber vuelto crecientemente incómoda y hasta frustrante, en razón del aislamiento al que lo había relegado el presidente, colocándolo en la calidad de mero observador de los acontecimientos y de las cuestionables medidas de emergencia que se discurrían. Y como tal vez no pudiera haber sido de otra forma dada la crisis que se intensificaba, esa situación de aislamiento de los principales funcionarios de la banca central se reflejó en el funcionamiento, en el periodo, de los órganos colegiados que supuestamente encabezaban y conducían a la institución. Exactamente a tres sesiones del Consejo de Administración del Banco de México se convocó durante aquel muy tormentoso mes de agosto de 1982. La primera de ellas, que se realizó el día 18 de ese mes,[30] tuvo un carácter meramente informativo para que ese órgano colegiado conociera del contenido y aplicación de un decreto que se había publicado en el Diario Oficial ese mismo día. Para la tercera de esas reuniones, que se celebró el 31 de agosto correspondiente,[31] en el orden del día simplemente se incluyó la renuncia de Miguel Mancera al cargo de director general del Banco de México y la designación para ese puesto del también economista Carlos Tello Macías, previsiblemente llamado a durar en el mismo tan sólo tres meses antes del inicio de una nueva administración. Y aunque la sesión de Consejo que tuvo verificativo el 26 de agosto[32] también fue en rigor de naturaleza principalmente informativa por parte del director general Mancera, su contenido vale la pena de ser revisado analíticamente por tres razones: por la extensión del acta correspondiente, por la gravedad de los asuntos que en esa sesión se pusieron a conocimiento de los consejeros y por el ambiente de zozobra e intensa preocupación en que visiblemente sesionó ese día el cónclave.
De manera importante, en la reunión de Consejo del 26 de agosto de 1982 se incluyó el contenido de la precedente que había celebrado el Consejo el día 18 previo. Ello, en la medida en que en la mencionada segunda sesión se presentó un recuento de todas las medidas que en materia de política cambiaria se habían puesto a la consideración de la Comisión de Cambios y Valores durante ese tormentoso mes de agosto de 1982. En lo específico, en la sesión precedente del día 18, simplemente se había sometido al Consejo para su conocimiento la fijación del tipo de cambio preferencial que se había determinado para la moneda nacional en el nivel de 69 pesos con cincuenta centavos.[33] En cuanto a cronología, en ese informe que rindió el director general al Consejo sobre las medidas de política cambiaria que se habían puesto en conocimiento de la Comisión de Cambios y Valores, se hizo referencia a cuatro fechas de intervención fundamentales: 28 de mayo de 1982, 5 de agosto, 12 de agosto y 17 de agosto. Ese recuento resulta interesante en materia de política cambiaria, toda vez que muestra la forma en que las autoridades fueron avanzando gradualmente a un régimen de cambios dual en el que se estableció un mercado regulado para atender las importaciones prioritarias, los pagos de deuda externa y las operaciones con divisas de urgencia que requirieran entidades del sector público. En la parte libre del mercado, el tipo de cambio sería determinado sin intervenciones por la oferta y la demanda. Significativamente, en ese transcurso al Banco de México se le había ordenado que volviera a operar en el mercado de cambios a partir del 28 de mayo, para que el 5 de agosto se le indicara que debía de retirarse nuevamente para reanudar operaciones hasta el 19 de agosto, a un tipo de cambio mucho más alto que el que se había acordado el 5 de agosto previo, de 49.50 pesos por dólar, y que se fijó en 69.50. Por otra parte, aunque en una forma más velada, en ese recuento también es posible apreciar la transición que se fue concretando para la conversión de los depósitos bancarios denominados en dólares a moneda nacional a un tipo de cambio muy inferior al que se cotizaba en el mercado libre y con la prohibición estricta de que los fondos correspondientes a esos depósitos pudieran ser transferidos al extranjero.[34]
Con esos antecedentes, en el orden del día que se anunció para la reunión de Consejo que se celebró el 26 de agosto de 1982, se incluyeron tres asuntos: Medidas de política cambiaria que habían sido informadas a la Comisión de Cambios y Valores, créditos “swap”[35] concertados con la Reserva Federal, la Tesorería de los Estados Unidos y el BIS (Bank for International Settlements) y lineamientos para manejar a la reserva internacional. Como marco de referencia, al menos dos alusiones se emitieron en la mencionada sesión de Consejo en relación “a la grave situación actual por la que atraviesa el país, y particularmente por los grandes problemas financieros que confronta…”. Así, habiendo sido explicado el contexto en el que se realizó la reunión de Consejo señalada, después de conocer el informe ya referido relativo al recuento de las medidas de política monetaria que se habían acordado durante los meses previos, se pasó a los siguientes dos puntos incluidos en el orden del día. El primero, ya se ha dicho, relativo a apoyos cambiarios del exterior que se habían solicitado para que el gobierno del presidente López Portillo pudiera sortear la grave escasez de divisas que se vivía, aunque fuese tan sólo durante el resto de la administración que concluiría al cierre del mes de noviembre de ese año. El segundo punto, con el fin de determinar una política para esos meses restantes del sexenio, en relación a la administración de la reserva internacional del Banco de México.
De acuerdo con el plan enunciado, se explicó en el Consejo de Administración que se habían solicitado en el exterior tres apoyos de tipo cambiario a las siguientes instancias: Sistema de la Reserva Federal con una operación tipo “swap” por 700 millones de dólares; al gobierno de los Estados Unidos por 925 millones y al Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Ginebra, Suiza, también por 925 millones de dólares. En lo específico, el crédito comprometido por el gobierno de Estados Unidos se atendería con 325 millones adicionales por parte de la Reserva Federal y 600 millones por el Departamento del Tesoro. El primero de los tramos de la operación que sería aportado por la Reserva Federal en la modalidad “swap”, tendría un plazo de tres meses renovable por una sola vez y para los dos tramos restantes el plazo sería igual, aunque con renovación de hasta en tres ocasiones. Como garantías para esos apoyos se ofrecieron exportaciones por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta por un importe de 2 500 millones de dólares y de una manera supletoria la garantía adicional se completaría con 20 mil kilogramos de oro propiedad del Banco de México. Por último, con el fin de ofrecer cobertura al Banco de México por concepto de la aportación de dicha garantía, el gobierno federal le entregaría la factura de una compra de oro a futuro por ese mismo importe.[36]
Por su cuenta, la reserva internacional del Banco de México seguiría encontrándose bajo amenaza, en razón de que, aun con los apoyos del exterior que se estaban solicitando, las divisas seguirían estando inexorablemente muy limitadas para el gobierno de México dada la muy crítica situación que se vivía. Ante esa circunstancia, el punto álgido a discusión era si debían seguirse utilizando los recursos de la reserva internacional del Banco de México para liquidar importaciones imprescindibles y pagar vencimientos de la deuda externa, a pesar de que el saldo de ese acervo descendiera por debajo del límite legal mínimo que se le señalaba en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco de México. Según esa disposición, el saldo de la reserva internacional debía ubicarse permanentemente en igual o superior nivel al 25 por ciento del pasivo total del instituto central.[37] Pero la decisión que ya había sido tomada en otras instancias superiores y que tan sólo fue de información para la Comisión de Cambios y Valores y para el Consejo de Administración del Banco de México, corrió en el sentido de que los fondos de la reserva internacional siguieran siendo utilizados para pagar importaciones prioritarias y vencimientos de deuda externa pública. Con respecto al saldo de dicho acervo, la decisión fue en el sentido de que pudiera permanecer por algún tiempo por debajo de su límite legal señalado en la Ley Orgánica. Y se agregó en el acta de Consejo correspondiente, que la anterior decisión había sido tomada “atendiendo la necesidad ineludible que se tiene de disponer de las citadas divisas para pagos y las operaciones señaladas, ya que, de otra forma, los quebrantos que podría sufrir la economía nacional serían de muy alta significación”. Con todo, se agregó el comentario en el acta correspondiente a dicha sesión de Consejo, aunque tan sólo de pasada, que en el instituto central se harían todos los esfuerzos posibles con la finalidad de restaurar el nivel de dicho acervo por arriba de su límite legal.[38]
[1] Banco de México, Actas del Consejo de Administración, Acta 2475, 17 de marzo de 1982, Libro 32, pp. 157-158.
[2] Entrevista Miguel Mancera–Eduardo Turrent Díaz (ETD), marzo de 2020, y Banco de México, “Actas del Consejo de Administración”, Acta 2476, 25 de marzo de 1982, Libro 32, p. 160.
[3] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2478, 29 de junio de 1982, Libro 32, p. 176.
[4] Miguel Mancera Aguayo, “Algunos aspectos de la evolución reciente del sistema bancario mexicano”, Centro Bancario de Monterrey, 25 de agosto de 1976, (mimeo.), p. 14.
[5] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2476, 25 de marzo de 1982, Libro 32, p. 164.
[6] Ibid., Acta 2476, 25 de marzo de 1982, Libro 32, pp. 162-163 y 164.
[7] Ibid., Acta 2479, 27 de julio de 1982, Libro 32, p. 186.
[8] Ibid., Acta 2478, 29 de abril de 1980, Libro 32, pp. 175-176 y 180.
[9] José López Portillo, Mis Tiempos. Biografía y Testimonio Político, México, Fernández Eds., 1988, t. II, p. 1199.
[10] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2476, 25 de marzo de 1982, Libro 32, p. 163.
[11] Ibid., pp. 163-164.
[12] Ibid., Acta 2477, 29 de abril de 1982, Libro 32, pp. 172-173.
[13] Ibid., Acta 2478, 29 de junio de 1982, Libro 32, pp. 176, 177-78.
[14] Discurso del director general del Banco de México, Miguel Mancera, en la LXVIII edición de la Convención de la Asociación de Banqueros de México, Acapulco, Gro., 1º de junio de 1982, en Archivo de Miguel Mancera, p. 7.
[15] Ibid., Acta 2477, 29 de abril de 1982, Libro 32, p. 172.
[16] Ibid., Acta 2479, 27 de julio de 1982, Libro 32, p. 186.
[17] Ibid., Acta 2478, 29 de junio de 1982, Libro 32, pp. 176-177.
[18] Ibid., Acta 2479, 27 de julio de 1982, Libro 32, pp. 185-186.
[19] Ibid., Acta 2477, 29 de abril de 1982, Libro 32, p. 172.
[20] Entrevista Miguel Mancera–ETD, octubre de 2020.
[21] Banco de México, “Inconveniencia del Control de Cambios”, México, 20 de abril de 1982, p. 1.
[22] Ibid.
[23] Ibid., p. 12.
[24] Ibid., pp. 10–11.
[25] Discurso del director general del Banco de México, Miguel Mancera, en ocasión de la XLVIII Convención anual de la Asociación de Banqueros de México, Acapulco, Gro., 1º de junio de 1982, en Archivo de Miguel Mancera, pp. 7-8.
[26] López Portillo, Mis Tiempos…, op. cit., t. II, pp. 1202 y 1208.
[27] Discurso del director general del Banco de México…, op. cit., pp. 5-8.
[28] Ibid., pp. 8-9.
[29] López Portillo, Mis Tiempos…, op. cit., t. II, p. 1199.
[30] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2480, 18 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 188-190.
[31] Ibid., Acta 2482, 31 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 198-200.
[32] Ibid., Acta 2481, 26 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 191-194.
[33] Ibid., Acta 2480, 18 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 188-190.
[34] Ibid., Acta 2481, 26 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 191-194.
[35] Esas operaciones ‘swap’ eran créditos de corto plazo en los que el banco central prestamista o el organismo internacional entregaba en préstamo moneda dura (dólares de los Estados Unidos) al banco central solicitante y éste entregaba en contrapartida en el mismo monto moneda propia. Al liquidarse el crédito en la moneda dura, el banco central prestatario recuperaba la cantidad entregada al amparo del ‘swap’ de su moneda propia.
[36] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2481, 26 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 194-196.
[37] “Ley Orgánica del Banco de Banco de México…”, op. cit., t. II, p. 67.
[38] Banco de México, Actas del Consejo…, op. cit., Acta 2481, 26 de agosto de 1982, Libro 32, pp. 196-197.