Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
III. Devaluación

 

6. Desenlace

 

La primera referencia en los apuntes autobiográficos del presidente López Portillo al tema de los rumores de devaluación se remonta a principios del mes de julio de 1981. Toda vez que la política de desliz se había puesto en ejecución desde los inicios de ese año, el hecho quiere decir que el deslizamiento cambiario se adoptó de preferencia en respuesta al fenómeno de la sobrevaluación del tipo de cambio y a las dificultades que estaba provocando en el frente de la balanza en cuenta corriente y no para enfrentar las fugas de capital y la eventual posibilidad de una crisis devaluatoria. Esa posibilidad se empezó a vislumbrar después de la caída del precio del petróleo, en junio de 1981, y la cual, como ya se ha visto, hizo las veces de banderazo de salida para las fugas masivas de capital que tuvieron como causa principal la sobrevaluación tan marcada a la que las políticas expansionistas habían llevado a la moneda nacional. De manera comprensible, el presidente López Portillo veía a la posibilidad de la devaluación como una catástrofe que, sin confesarlo abiertamente en sus memorias, resultaría, de ocurrir, tremendamente lesiva para su prestigio como gobernante y para el juicio histórico de su gobierno. Además, pesaba en el panorama el agravante de que en el lado técnico ese mandatario nunca entendió plenamente las implicaciones del fenómeno de la sobrevaluación cambiaria. Era una de las varias razones por las cuales ese presidente se sentía tan cómodo con el ala heterodoxa en su gabinete económico. Los integrantes de esa ala, quizás por razón de su formación académica, no manejaban el concepto del tipo de cambio real y sus tendencias, un tema que siempre le resulto a López Portillo sumamente desagradable de escuchar. Esto último, tal vez en razón de que le desensamblaba su argumentación personal en el sentido de que las causas principales de los problemas de balanza de pagos que habían atacado tenían su origen en el exterior. De ahí su explicación de que “convencido como estaba de la potencialidad del país y de la conveniencia de nuestros proyectos… me resistía yo a frenar la economía. La reajustaba sin entrar a la catástrofe de la devaluación repentina y fuerte”.[1]

De manera muy categórica, hacia julio de 1981 el presidente López Portillo escribió en sus memorias: “Fui terminante: no devalúo de golpe”. Así, en respuesta a los problemas de balanza de pagos que se padecían y a las fugas de capital que se habían desatado con furor se optó por una política distinta: continuar con el desliz, aunque a un ritmo ligeramente mayor, imponer mayores aranceles y controles cuantitativos a las importaciones, medidas de impulso a las exportaciones y un recorte al presupuesto de gastos del gobierno de magnitud apenas cosmética. En palabras de López Portillo, se optó por una devaluación gradual mediante el deslizamiento, en lugar de una devaluación brusca, pero de una sola vez. Con esa decisión, escondido quedó atrás –al menos por algún tiempo– el enfrentamiento que se había suscitado en el gabinete económico entre estructuralistas y monetaristas, con estos últimos recomendando desde esos tiempos la conveniencia de una devaluación drástica. Al respecto, en sus memorias el expresidente señaló que “en 1981 había quienes recomendaban, desde julio, devaluar bruscamente y disminuir gasto público para corregir la inflación y los efectos combinados de las altas tasas de interés y baja del precio del petróleo…”. Frente a ellos, la opción que gustó al presidente fue bastante distinta. Así, estando los integrantes del bando heterodoxo “a regañadientes en desacuerdo con frenar el gasto público, no recomendaban la devaluación brusca sino deslizante, y un control selectivo de importaciones para disminuir déficit en balanza de pagos y presiones devaluatorias”. Después de escuchar lo anterior, cabe destacar que ninguno de los dos bandos en contención expresó preocupación por resolver, o al menos paliar, la causa esencial de las fugas de capital que era la marcada sobrevaluación del tipo de cambio.[2]

En consecuencia, en aquella coyuntura de crisis en gestación, el desliz del tipo de cambio adquirió una gran importancia para las altas autoridades del país y en especial para el presidente López Portillo. Ello, en razón de que había sido convertido en el instrumento principal para enfrentar los problemas de balanza de pagos que habían empezado a aflorar. Al respecto, en las memorias de aquel mandatario es posible leer sobre un episodio en esta materia que debió haber tenido mucha relevancia para él en su momento. La anotación, del 19 de julio de 1981, merece la cita completa no únicamente por su contenido premonitorio sino también en razón de que ofrece un atisbo psicoanalítico a la extraña personalidad del presidente López Portillo y, todavía más, a su enredada manera de reflexionar. Es decir, de extraer conclusiones de premisas previamente analizadas y evaluadas: “Mañana empieza una semana crítica. Hoy instruí a Romero Kolbeck (cabeza del Banco de México) para que hable con los banqueros y les pida colaboración para deslizar el peso sin brusquedades. Los desgraciados lo están abandonando y eso no se vale; menos conmigo que les he dado todas las facilidades acordes con el progreso y estabilidad del país. He aceptado, inclusive, hasta la afrenta de que me crean de derecha y pro empresarial y ahora estos desgraciados especulan en forma inicua. Estoy dispuesto a todo, hasta a nacionalizar la banca, si estos señores me fallan y siguen especulando. No es mucho lo que les pido: que me ayuden a deslizar, sin saltos bruscos. Pero son agentes de intereses extranjeros en negocios fríos, que no tenemos por qué sufrir. Estoy dispuesto a dar la batalla. Ya me comprometí y adelante. En fin, la semana próxima es importante… Otra vez, como en 1976, se mueven tortuosamente los administradores del dinero. Repensé en nacionalizar la banca; pero no estaba maduro el ambiente. Yo mantenía la esperanza de que los factores externos se aliviaran. Las cosas tienen sus tiempos”.[3]

Como ya se ha insinuado, no parecía haber conocimientos administrativos fundamentales ni mucha lógica deductiva en el pensamiento del presidente López Portillo. En primer lugar, parece sugerir el presidente López Portillo en ese extraño pasaje que el nivel y la trayectoria del tipo de cambio dependían de la voluntad de los banqueros y de los bancos y estos últimos “desgraciados lo están abandonando”. Desde luego, el argumento era totalmente falso. En el orden administrativo, era totalmente innecesario que el director del Banco de México solicitara la colaboración de los banqueros “para deslizar el peso sin brusquedades”. En ese frente, la relación del Banco de México con las instituciones de la banca comercial era de autoridad regulatoria y bastaba una simple circular dando la instrucción de aplicar un desliz gradual al tipo de cambio, para que tuvieran la obligación insalvable de tenerlo que hacer. Y un tercer aspecto insalvable, era el de personalizar –subordinar a la figura imperial de la autoridad– la aplicación de las políticas públicas. ¿Cómo se atrevían los banqueros a no plegarse a la voluntad del presidente, él que les había dado “todas las facilidades acordes con el progreso y estabilidad del país”? Y en un orden de ideas parecido, López Portillo nunca pudo demostrar ni que los bancos como instituciones habían especulado, ni que los banqueros, al igual que los propios bancos, fueran “agentes de intereses extranjeros en negocios fríos” que se movían “tortuosamente…”. Por último, lo más destacable en ese mar de imprecisiones y de contradicciones: el inmenso salto al vacío que significaba subordinar un fenómeno muy complejo de tipo estructural –la propiedad de la banca– a un problema de mera manifestación coyuntural –el surgimiento de fugas de capital. Pero contra toda lógica, López Portillo explotó de manera sanguínea en sus memorias: “Estoy dispuesto a todo, hasta a nacionalizar la banca, si estos señores me fallan y siguen especulando” e incluso “repensé en nacionalizar la banca, pero no estaba maduro el ambiente”. Y para cerrar, cabe destacar que, sintomáticamente, el presidente López Portillo nunca se planteó la pregunta fundamental sobre las causas que habían detonado las fugas de capital o por las razones de fondo, si acaso existían, para nacionalizar a los bancos.

Se entiende, y era lógica, la renuencia que sentía el presidente a poner en ejecución una devaluación de la moneda. Estaba avisado de las implicaciones de alto dramatismo que conlleva un episodio tan traumático como una crisis cambiaria en México. Su instinto de político y también de simple ser humano de carne y hueso, lo habían llevado a pensar que, como ya se ha mencionado, “presidente que devalúa, se devalúa”. Pero había en la consideración del asunto un factor adicional en López Portillo del orden intelectual: su creencia personal en que las devaluaciones no servían para nada. Esta consideración implicaba claramente un grave error en materia de análisis económico. Pero antes de entrar en ese tema, escuchemos, a manera de punto de partida, los argumentos correspondientes de López Portillo. Con muy poco o nulo conocimiento sobre el sector externo de cualquier economía ese memorialista escribió: “Las devaluaciones en México por sí solas no corrigen, ni pueden corregir, las causas y solo por un breve tiempo, los efectos, como se confirmó con la devaluación del 82, la del 83 y las sucesivas. Es el desbarranque”. Y después de ese juicio tan equivocado y tajante, venía el lamento del típico demagogo tercermundista: “Una consecuencia de nuestro desarrollo precario y dependiente de un orden económico en el que somos marginados, pues no está concebido para ya no digamos resolver, sino plantear, siquiera, nuestros problemas”.[4]

Como en muchos otros juicios en materia económica, López Portillo tenía errada la página en la materia de las causas y las consecuencias de una devaluación cambiaria en un país como México. La devaluación sí podía ser de utilidad y una primera manera de lograrlo era precisamente como instrumento para darle salida a la sobrevaluación de una moneda. Y como ya se ha expuesto en las páginas anteriores de manera exhaustiva, ese caso de una moneda claramente sobrevaluada era precisamente el que se había presentado en nuestro país en esos años finales del sexenio 1976-1982. Y de manera adicional, una devaluación ofrecía al país que la sufría una oportunidad: una oportunidad para sanear su marco macroeconómico, restaurar los equilibrios fundamentales e iniciar un esfuerzo renovado en la búsqueda de un desarrollo autosostenido. De hecho, la recuperación de ese desarrollo autosostenido únicamente podría alcanzarse teniendo como condición necesaria un entorno de estabilidad de precios. Al presidente López Portillo nunca le explicaron sus economistas de cabecera, o él nunca lo quiso comprender, que la draconiana vía por la cual una devaluación mejora la competitividad externa de la economía que la padece es mediante una disminución de los salarios internos en términos reales. El expediente no es desde luego deseable desde el punto de vista social y ético. Pero debe entenderse, que de cualquier manera ése –el descenso de los salarios reales– era una de las consecuencias indeseables de la inflación que se derivaba de la política expansionista que se venía aplicando desde finales de 1978.

Y en aquel ambiente social que se vivía en México de muy intensa desconfianza y cuantiosas fugas de capital, la amenaza de devaluación flotaba en la atmósfera. Así, una anotación en las memorias de López Portillo del 29 de enero de 1982 reza como sigue:[5]

“Va terminando este difícil, endiablado mes lleno de incidentitos, pero muy apretados. Hoy en la madrugada se conjuró la huelga de los choferes de autobuses. Ayer reunión de Gabinete cerrado para analizar la situación económica. Las autoridades financieras ya querían devaluar. Condicioné primero a la nueva publicación de aranceles altos, estímulos a la exportación y otra serie de medidas que junto con el desliz completan el diferencial paritario. En fin. Si tomo la decisión de devaluar bruscamente, será en ámbito de absoluto secreto”.

Un testigo con gran credibilidad (el abogado Adrián Lajous, cabeza entonces en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext), relató que en el seno del gabinete económico dos funcionarios no dejaron de insistir en la conveniencia de contener el gasto público para mitigar las presiones inflacionarias y sus consecuencias: el secretario de Hacienda, David Ibarra, y el director general del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck. En opinión de Lajous, ambos eran individuos sensatos e intuían el desastre que podría sobrevenir de continuar la política económica por la senda del expansionismo inflacionista. La consecuencia de esa política que llevaría inexorablemente a una crisis cambiaria sería la sobrevaluación de la moneda. Señalaba al respecto Lajous que “desde mediados de 1980 el duro–suave binomio Ibarra–Romero, empezó a plantearle al presidente, tanto en privado como en el seno del gabinete económico, el deterioro de la relación real del peso con el dólar”. Según dicho testimonio, en un principio las exhortaciones eran tan solo para que se contuviera el gasto público en razón de que, de no hacerlo, la inflación que se generara obligaría a devaluar. Pero ya hacia los años finales del sexenio, convencidos Ibarra y Romero de que López Portillo no detendría la expansión del gasto, empezaron a proponer una devaluación anticipatoria de las fugas de capital tal como se había hecho en abril de 1954 siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines. En esa línea de acontecimientos, abunda Lajous, en marzo de 1981 el secretario Ibarra insistió en una disyuntiva que no fue aceptada por el presidente: la prioridad fue que se ajustara el tipo de cambio, pero si no que se elevaran “los derechos de importación en 20 por ciento y se subsidiara a los exportadores en la proporción en que estuviera sobrevaluado el peso”.[6]

La problemática de la sobrevaluación del tipo de cambio y de las fugas de capital que provocaba se siguió agudizando. Así, ya hacia los inicios de 1982 además de marginar al secretario de Hacienda Ibarra de las deliberaciones relativas a política cambiaria, el presidente López Portillo le ordenó al director del Banco de México, Romero Kolbeck, que no volviera a tocar el tema de la paridad en el gabinete económico y que la cuestión sólo debería de tratársele en reuniones privadas entre ellos. Pasaban los días, las fugas de capital se intensificaban y el banco central perdía reservas que “terminaban depositadas en bancos del extranjero”. Sin embargo, aunque el director Romero Kolbeck le insistía al presidente en la inevitabilidad de la devaluación, éste se resistía a acordar la medida. En esas circunstancias, relata Lajous, fue cuando el banquero central le propuso al presidente López Portillo un acto suicida, del corte de kamikaze cambiario, para resolver el problema de la sobrevaluación de la paridad. El Banco de México elevaría sin aviso “de golpe y porrazo diez centavos” la cotización de dólar. De manera predecible, ese movimiento provocaría un alud de compras que el banco central aprovecharía para salirse del mercado supuestamente sin autorización superior. Ya estando el peso en flotación, el director del Banco de México sería destituido de manera fulminante por desobediente, pero la modificación cambiaria se habría consumado. Y concluyó diciéndole el banquero central al presidente López Portillo: “Total, me corta usted la cabeza, pero el asunto se resuelve”. Con mucha reticencia, según Lajous, López Portillo aceptó poner en ejecución aquella pirueta cambiaria que le proponía su banquero central. Sin embargo, algo falló en el camino en el proceso de su aplicación. “Lo autorizo para llevar a cabo el plan que me propuso” le dijo López Portillo a Romero, pero al llamarle por la red para verificar la marcha del mercado el funcionario le contestó con inmensa sorpresa: “Señor presidente, no me lo va usted a creer, pero no pasó nada”.

Finalmente, al desenlace de la primera de las devaluaciones que tuvo que anunciar el presidente López Portillo y a la cual juró resistirse “como perro”, concurrieron tanto causas de tipo económico al igual que político. En sus memorias, aquel exmandatario rememora que el régimen sandinista que había destronado en Nicaragua a la dictadura fascistoide de Anastasio Somoza había ido derivando hacia el campo del comunismo prosoviético. Y desde luego, el gobierno de los Estados Unidos, cabeza y puntal de la lucha contra el marxismo–leninismo en la denominada Guerra Fría, empezó a ver con muy malos ojos y creciente preocupación la radicalización a la izquierda del régimen sandinista en Nicaragua. Y el gobierno de Estados Unidos, encabezado a la sazón por el presidente Ronald Reagan, empezó también a mirar con inquietud las muestras de amistad y simpatía por parte del presidente de México en lo personal y del gobierno de México de manera oficial hacia el mencionado régimen sandinista. Fue entonces que la Junta de Gobierno de Nicaragua decidió otorgarle al presidente López Portillo la más alta condecoración que ofrecía ese pequeño país centroamericano, la Orden Sandino nunca antes concedida, y hasta viajó a México uno de los integrantes de esa Junta, Jaime Wheelock, para extender la invitación. En sus memorias, el expresidente argumenta que por principios aceptó recibir esa condecoración y que por dignidad se negó a renunciar a viajar a Managua, a pesar de las muchas y serias amenazas recibidas para que así lo hiciera. Pero además de los principios y la dignidad, hubo otro factor que pesó en López Portillo para no declinar la condecoración Sandino: que la atención mundial estaría puesta en ese viaje y que al recibir la presea el presidente de México podría, quizá por última vez en su mandato, desenvolverse y tener la preminencia de una figura de influencia global. En otras palabras, para poder “decir las cosas importantes que deben hacerse en el área”. Al respecto, según el testimonio personal de López Portillo, en esa ceremonia su “discurso fue leído, cuidadoso y objetivo, con tres proposiciones paralelas, pero integrables, sobre Cuba, El Salvador y la propia Nicaragua. En las tres, naturalmente, el ingrediente común es Estados Unidos”.[7]

Todo absolutamente se sabe en el proceloso mundo de la diplomacia internacional y de seguro que el gobierno de Estados Unidos debió haber estado al tanto de que aparte de simpatía y apoyos retóricos, el gobierno de México bajo la batuta de López Portillo le había ofrecido al régimen sandinista transferencias y subsidios en especie y en efectivo. De esa forma, se entiende perfectamente que la administración Reagan viera con malos ojos que el presidente de México aceptase recibir la Orden Sandino y que éste último aprovechara la ceremonia en Managua para, saltándose la opinión del resto de las potencias, “hacer un llamado personal y directo a Reagan que espero atienda este próximo miércoles en que hablará en la oea”. De lo anterior, la reunión previa que solicitó a López Portillo en México el embajador John Gavin. Según el testimonio de López Portillo, en esa entrevista, el diplomático explicó “todos los problemas de mi viaje a Nicaragua y la preocupación con que se veía en la Casa Blanca y las consecuencias que generaría la desconfianza”. Y de manera casi coincidente, el mandatario de México también reveló haber platicado durante esos días previos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel Clouthier. En términos de las memorias del expresidente, dicho representante le explicó los problemas que veía el sector empresarial con su viaje a Nicaragua y vino “a expresarme la preocupación de los empresarios y sus socios norteamericanos por mi amistad con los ‘comunistas’ y los riesgos que implicaba: desconfianza, fuga de capitales, hostilidad, desinversión y desestabilización”. Independientemente de que las reuniones con Gavin y Clouthier hayan tenido o no interconexión causal, las amenazas implícitas, que tanto molestaron en su momento a López Portillo, deben haber contenido una buena dosis de verdad. Al respecto, no debe haber sido totalmente fortuito que los preparativos finales del viaje del presidente a Managua hayan coincidido con la embestida final de la especulación para vaciar las reservas de divisas del Banco de México. En términos de López Portillo, esa tercera semana del mes de febrero de 1982 “iba a ser la semana más crítica de mi régimen… A enfrentarla. Ya no puedo admitir que nos saquen dólares para especulación. La estrategia acordada fue insuficiente. Ayer 400 millones, hoy 160. Mañana amenazan con 300 y sin duda serán más. Imposible aguantar”.[8]

Los acontecimientos económicos durante el segundo semestre de 1981 y primeros dos meses de 1982 deben haberse observado con gran preocupación por parte de las altas autoridades del Banco de México. Sin embargo, esas preocupaciones casi no se manifestaron en el seno del Consejo de Administración por una razón de mucha importancia. Y esa razón era que en la integración de ese órgano había, por disposiciones de Ley Orgánica, representantes de la banca privada que podían estar alertas a las más sutiles insinuaciones de problemas que se manifestaran por parte de los consejeros por la serie A, que en su gran mayoría eran funcionarios públicos de alta jerarquía. Y este aspecto era en particular de tomarse en cuenta, con respecto a tres temas de muy elevada delicadeza: las fuertes fugas de capital que se habían desatado desde mediados de 1981, la muy marcada y creciente sobrevaluación que presentaba la moneda nacional y la posibilidad de una severa crisis devaluatoria como la que finalmente estalló a mediados de febrero de ese año. También se omitió casi por sistema hacer mención en ese órgano colegiado al muy amplio déficit que mostraban las cuentas fiscales y a la porción muy significativa que del mismo se financiaba mediante el crédito primario del Banco de México. Y para concluir, del muy importante impulso a la inflación que esa práctica conllevaba. Tal vez una excepción, apenas perceptible, se dio a esa norma no escrita de comportamiento en una sesión de Consejo de enero de 1982 cuando en su informe sobre el desempeño de la economía nacional el director general, Romero Kolbeck, llamó la atención sobre el fuerte aumento que había tenido la inflación interna en 1981 acompañada con una desaceleración muy marcada de las exportaciones.[9]

A diferencia, la visión del banco central sobre los grandes problemas que enfrentó la economía nacional a todo lo largo de ese muy complicado año de 1982 puede conocerse con bastante claridad y amplitud en la edición correspondiente del Informe Anual de la institución. En esa publicación hay desde luego referencia al tema, que por algún tiempo fuera tabú en los círculos cercanos al presidente López Portillo, de la sobrevaluación de la moneda. En una primera referencia al asunto, se dice en esa fuente que “la mayor apertura hacia el exterior –que se dio más por un incremento de las importaciones ante la magnitud de los recursos petroleros, que, como resultado de una política comercial– combinada con la sobrevaluación del tipo de cambio, amplificó la magnitud del desequilibrio externo”. ¿Pero cómo fue que se gestó la devaluación que estalló finalmente? Al respecto, se explicó en esa edición del Informe Anual: “Sin embargo, muy pronto se hizo patente que la especulación cambiaria no disminuía. Las fugas de capital continuaron en las primeras semanas del año y en febrero se intensificaron… Ante esta situación y en vista de que el desequilibrio fundamental en la balanza de pagos persistía, se decidió abandonar el desliz cambiario que se venía manejando. El 18 de febrero se inició un periodo de flotación del tipo de cambio”. Y, para terminar, una referencia muy reveladora a las repercusiones sobre las finanzas públicas. Así, en las circunstancias descritas de agudas presiones en el frente de la balanza de pagos, los efectos sobre las finanzas públicas resultaron de extrema gravedad. De esa manera, “el pago del endeudamiento de corto plazo en que se incurrió durante el segundo semestre de 1981, junto con los menores ingresos de Pemex, presionaron las finanzas del sector público, de tal manera que el déficit de caja del Gobierno Federal acumulado hasta la primera semana de febrero, fue más de tres veces superior al registrado en la misma fecha de 1981”.[10]

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