Tomo XVI: Las consecuencias del inflacionismo
IV. Problemas por la inflación y la desconfianza

 

7. Estabilización frustrada

 

En sus apuntes autobiográficos, el expresidente López Portillo se ufanó de haber integrado para su administración un gabinete económico “disímbolo”, conformado por “estructuralistas y monetaristas”. Y todavía con mayor inmodestia, se vanaglorió ese mandatario de haber podido conciliar en el diseño y la conducción de la política económica de su gobierno “los extremos de dos posiciones, no coincidentes, que buscaban ambas el bien común…”. Sin embargo, lo que revelan los hechos con flagrancia es que nunca alcanzó ese presidente el supuesto y anhelado “equilibrio dinámico” al que se había aspirado y que, alegadamente, había consistido en “el manejo de las alternativas para optar soluciones en la encrucijada económica en que el país se encontraba”.[1] Lo que en realidad sucedió, es que en materia de estrategia económica el presidente López Portillo más bien osciló en forma caprichosa y errática entre los extremos de lo que él denominaba estructuralistas y monetaristas, habiendo predominado abiertamente desde la coyuntura de 1978-79 el bando de los primeros con su enfoque del expansionismo inflacionario. No obstante, en la fase inmediata posterior a la devaluación de febrero de 1982 se dio en esa oscilación de péndulo un movimiento completo hacia la postura de los llamados monetaristas en el gabinete económico y el cual las fuerzas de los acontecimientos y las pasiones humanas no dejaron perdurar por mucho tiempo.

De esa forma, uno de los periodos más confusos y breves de la política económica de México se abrió a partir de la devaluación de febrero de 1982 y pocas semanas después. En ese episodio difícilmente puede hablarse de que se tomó una decisión de política económica ya que más bien lo que sucedió es que las fuerzas de la realidad obligaron de manera ineludible a ese desenlace cambiario indudablemente muy traumático. De hecho, desde el tormentoso segundo semestre del año 1981 se había frustrado la posibilidad de llevar a cabo una devaluación anticipada y ordenada como la que se había puesto en ejecución en la primavera de 1954 por parte del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Que en la intención del secretario de Hacienda, David Ibarra, y del director del Banco de México, Romero Kolbeck, apareció esa idea se confirma por el testimonio del abogado Adrián Lajous. Según la revelación de tan importante observador, en un principio esos dos funcionarios sólo planteaban que debería cortarse el creciente gasto público explicando que si éste continuaba desenfrenado la inflación resultante obligaría a devaluar. Y ya después, ante la evidencia de que el presidente López Portillo no detendría el gasto público, esos funcionarios pensaron en que debería ponerse en ejecución una devaluación anticipada y cuidadosa: “… con toda tranquilidad, antes de que llegara a sus últimas consecuencias el camino que se había corrido en el sexenio anterior de sobrevaluación, fuga de capitales, endeudamiento, pérdida del crédito exterior, agotamiento de las reservas y, finalmente, la devaluación forzada”. En opinión de Lajous, Ibarra y Romero tenían muy presente el recuerdo de la devaluación que había llevado a cabo “Carrillo Flores en 1954, que fue la única que se hizo oportunamente y que tuvo tanto éxito ya que le legó al país de más de 20 años de razonable prosperidad sin problemas cambiarios”.[2] Pero esta última parte de la cita de Lajous requiere una precisión cuidadosa. Ello, ya que si bien es cierto que la devaluación de 1954 se aplicó de manera muy prudente y eficaz, también lo es que si México gozó a continuación “de 20 años de razonable prosperidad sin problemas cambiarios”, ese logro fue atribuible a que en ese lapso la política económica que se aplicó fue muy congruente y orientada a que la estabilidad monetaria y cambiaria fuera uno de los principales factores para que se lograra un crecimiento sostenible.

De manera metafórica, pudiera decirse que el episodio de la política económica posterior a la devaluación de febrero de 1982 se inició contaminado de poderosas fuerzas descarriladoras. Una de ellas fue la posición tan incómoda en que colocó el presidente López Portillo a su secretario de Hacienda, David Ibarra. El exfuncionario y editorialista Adrián Lajous se refirió a este incidente en uno de sus editoriales periodísticos: “José López Portillo terminó por querer tratar todo lo referente a la devaluación sólo con Romero Kolbeck, cayendo en la insólita aberración institucional de ocultarle la decisión de devaluar a su propio secretario de Hacienda, como después había de hacerle lo mismo a su siguiente secretario en el caso de la nacionalización de la banca”.[3] Pero en adición, hubo otros factores de distorsión durante ese episodio. Éste fue el caso de las inclinaciones psicológicas del presidente López Portillo, que a su actitud de renuencia –renuencia terca a aceptar las recomendaciones de política económica que provenían del ala ortodoxa en su gabinete económico– agregó otra que podríamos llamar de venganza: venganza en contra de todos aquéllos que se habían opuesto a su designio personal de mantener a la economía interna por la senda del expansionismo inflacionista. Por último, otro factor distorsionante fue el elemento ideológico. La ideología de JLP, nutrida por décadas y muchísimas lecturas de nacionalismo revolucionario cardenista, se resistía a aceptar toda propuesta que emanara del bando de los supuestos “monetaristas” en su gabinete. Para muestra un botón: “Uno de mis problemas más severos es el pleito, abierto, entre Oteyza e Ibarra y Romero Kolbeck”, escribió el expresidente en sus memorias en una nota del 12 de marzo de 1982. “El industrial, que pide fomento y el financiero control. Mi criterio está con el primero, pero ahora debo ser prudente, exageradamente prudente. Pero el pleito es fuerte”.[4]

De manera muy importante, apenas a dos días del anuncio de la devaluación el miércoles 17 de febrero, el viernes siguiente se informó de un importante programa de ajuste de política económica. Según fuentes informativas, la mencionada conferencia de prensa se celebró en la residencia presidencial de Los Pinos participando en el presídium tres funcionarios de muy alta jerarquía: Gustavo Romero Kolbeck, director general del Banco de México, David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público y Ramón Aguirre Velázquez, ministro de Programación y Presupuesto. El programa de modificación en materia de política económica se anunció en la forma de “medidas complementarias a la devaluación del peso…”. Aparentemente, el encargado de hacer el anuncio fue el secretario de Hacienda David Ibarra y la parte de mayor importancia en el nuevo programa fue respecto del presupuesto público: “Reducción de 3% en el presupuesto de gastos de la federación para 1982…”. Es decir, “austeridad y control efectivo en el gasto público…” y, en adición, “apoyo fiscal a empresas privadas y públicas que tengan deudas en dólares…”. En materia de política salarial, se dieron a conocer “ajustes nominales a los salarios de los burócratas y una recomendación para que la iniciativa privada haga lo mismo”, además de “desgravaciones a los trabajadores de bajos ingresos…”. Con respecto a la recomendación para la iniciativa privada, el secretario Ibarra comentó que “el movimiento obrero no desea salarios de emergencia…”. Por su parte, en el campo de política bancaria se explicó que “habría un sostenimiento de las tasas de interés en un nivel competitivo con el exterior” además de que “no se congelarán las cuentas de ahorros en dólares…”. En cuanto a política de comercio interior, se dijo que “no se liberarán los precios, excepto para los productos que justifiquen su alza…” a lo que se agregó “un programa de apoyo a las zonas fronterizas…”. Más adelante, en el campo de la política de comercio exterior se informó de “liberación de aranceles y permisos para la importación de artículos de consumo popular…”.[5]

El periodo del mencionado programa de política económica fue en realidad muy breve: de unas cuantas semanas. De hecho, la implementación duró hasta que hacia la tercera semana del siguiente mes de marzo, el presidente López Portillo anunció de manera sorpresiva un incremento general de salarios del 30, 20 y 10 por ciento. En el orden estrictamente administrativo, ese anuncio significó una descalificación tajante y abierta a los funcionarios que seguramente habían recomendado e impulsado ese programa de política económica correctivo, que se había proclamado el anterior viernes 19 de febrero. En el orden de la política económica general, ese anuncio de los aumentos salariales significó el rechazo definitivo al programa de austeridad presupuestal que era el fundamento del ajuste de estrategia que se requería para el periodo posdevaluación. El sector público era entonces el mayor empleador en el país. Cumplir con los aumentos salariales ofrecidos, daría al traste con cualquier intento de ajuste presupuestal que se hubiera anunciado y proclamado. En retrospectiva, esa decisión de los aumentos salariales tomó metafóricamente para la administración del presidente López Portillo, la forma de un disparo en el pie tremendamente dañino para la marcha de la economía. Ese anuncio se constituyó en la luz verde para que renacieran las expectativas de presiones inflacionarias al alza y otras devaluaciones posteriores. Es decir, la perspectiva de devaluaciones en cascada.

Pero volviendo a la conferencia de prensa del viernes 19 de febrero, todas las evidencias tienden a confirmar que los anuncios que ahí se hicieron fueron en su momento muy bien recibidos por los agentes económicos internos y externos y también por los mercados. Esos anuncios tendieron a transmitir el mensaje de que el nuevo nivel de tipo de cambio con su desliz de cuatro centavos diarios podría mantenerse hacia futuro, al menos hasta la conclusión de la administración al cierre del mes de noviembre. Y esos anuncios también transmitieron el mensaje de que se actuaría de manera congruente con la moderación de las presiones inflacionarias y, por tanto, de que las autoridades estaban conduciéndose de forma prudente y responsable. Aunque de manera muy escueta, en el Informe Anual del Banco de México se hizo referencia a la buena recepción pública que se brindó al programa de ajuste de política económica para la fase de posdevaluación. Textualmente, “los primeros indicios de que el mercado cambiario había encontrado su nivel comenzaron a observarse durante las primeras tres semanas del mes de marzo”. Durante ese breve periodo, las cotizaciones del tipo de cambio tanto para documentos como para billetes primero tendieron a la baja y luego a la estabilización además de que se estrecharon los márgenes entre compra y venta. Ése era el panorama, hasta que el anuncio presidencial de los aumentos salariales trastocó completamente esa tendencia hacia la estabilización y la recuperación de la confianza. En el Informe Anual del Banco de México se hizo una referencia muy clara e ilustrativa a ese desenlace. “Hacia fines del mes de marzo, el anuncio de aumentos salariales de emergencia, junto con las dificultades para lograr reducciones efectivas en el volumen del déficit público, provocaron una drástica revisión de las expectativas del público en relación a la inflación e interrumpieron el proceso de desdolarización que se había iniciado al retirarse el Banco de México del mercado de cambios a mediados de febrero”.[6]

Desde el punto de vista analítico, lo que se tiene es una frustración para alcanzar los muy claros objetivos que se habían planteado Ibarra y Romero Kolbeck con la estrategia cambiaria definida a raíz de la devaluación. Veamos. El ajuste cambiario propiamente dicho había respondido a la intención de remover o liberar la sobrevaluación en que había caído de forma muy evidente la moneda mexicana. De manera complementaria, el desliz cambiario tenía la finalidad de garantizar que no hubiera una nueva sobrevaluación. Por su parte, el nuevo tipo de cambio de 45 pesos por dólar tenía el objetivo de afianzar una expectativa de estabilidad cambiaria. La expectativa de que no habría más devaluaciones. Y con esa expectativa afianzada, se suspenderían las fugas de capital. Por último, el ajuste presupuestal respondía a la intención de transmitir el mensaje de que se moderarían las presiones inflacionarias. Éstas habían sido la causa de la sobrevaluación, con un diferencial de tasas de inflación muy amplio entre México y Estados Unidos. Pero el abandono del programa mediante el anuncio de los aumentos salariales, perturbó de fondo el marco de estrategia enunciado. No podría haber moderación de las presiones inflacionarias. El ajuste cambiario había fallado en una de sus principales finalidades, en cuanto a dar lugar a una reducción ordenada de los salarios en términos reales. Como consecuencias, se afianzaron las expectativas tanto de mayor inflación como de posibles futuras nuevas devaluaciones en cascada. Resultado inexorable: se reanudaron con furor las fugas de capital.

El deseo de represalia y de venganza que empezó a aflorar en esa coyuntura en el alma de José López Portillo es imposible de ocultar en las páginas correspondientes de sus apuntes autobiográficos. Por orden más de aparición que de importancia, el catálogo de esos enemigos y traidores se conformó más o menos de la siguiente manera: los comerciantes con sus abusos al subir los precios de forma abrupta después del ajuste cambiario, los “falsos amigos”, los chismosos que difundían “rumores” y “calumnias”, los críticos de las casas que estaban en construcción para la familia López Portillo en Cuajimalpa, los periodistas traidores a los que “les pago, para que me peguen”, la banca internacional, el gobierno de Estados Unidos que encabezaba Reagan, y desde luego los empresarios, además de Ibarra en Hacienda y Romero Kolbeck en el Banco de México quienes supuestamente se “indisciplinaron en una medida de estrategia fundamental en el manejo del desliz, en función de la fijación de salarios”. Desde el punto de vista del análisis histórico, lo relevante en la conformación de ese elenco de enemigos y traidores al presidente López Portillo no es tanto estudiar los argumentos que éste se formuló para sustentar su animadversión, sino la identificación de cuáles de ellos eran vulnerables a una represalia por parte de la administración por él encabezada y cuáles estaban, y estarían siempre, fuera del alcance de sus iras reivindicatorias. Por otro lado –y de forma muy importante–, en ese escenario JLP terminó por destacar de manera privilegiada el apoyo irrestricto a su régimen y a su persona por parte de las organizaciones gremiales: del movimiento obrero.

Pero lo que principalmente se desprende de aquellos comentarios acusatorios y de queja, es la idea en López Portillo, bastante paranoica por cierto, de que en medio de aquella coyuntura crítica de su sexenio se había ido formando una conjura en su contra y en contra de México. Una conjura con la participación activa tanto de agentes del exterior como internos. Una suerte de complicidad, compleja y perversa. Ello no es una hipótesis, en razón de que las argumentaciones quedaron plasmadas de manera explícita en los apuntes autobiográficos que escribió y publicó aquel mandatario. El punto de partida fue una anotación del 1º de marzo: “Cada vez confirmo más que me armaron el desaguisado frente a mi viaje a Managua… la concatenación banca mexicana–americana, empresarios de uno y otro lado, como fuerzas desestabilizadoras”. Y a toro pasado, a seis años de esos acontecimientos, en ocasión de la redacción de sus memorias, la acusación ya frontal: “Aparece en mis notas y por primera vez, la tesis de la desestabilización provocada por asociación entre fuerzas combinadas de E.U.A. e internas…”. Y después la ampliación de la tesis, ya sin timidez: “… hacer conciencia y discusión del sistema de inducción internacional, inescrupuloso y mendaz por el que se intentan, por el camino del manejo de la opinión, la descomposición, el desprestigio, la pérdida del orgullo y de la identidad, la desestabilización de regímenes, con lo que se facilita, por el camino cobarde de la irresponsabilidad política abierta, proteger los intereses y seguridad, muchas veces paranoicos, de la soberbia del poder”. Y para cerrar, la proclamación abierta, casi impúdica: “De este párrafo me responsabilizo en lo personal. Claro que respiro por la herida, pues nunca un mexicano de mi condición había sufrido un ataque igual de desprestigio, difamación, calumnias y mentiras”.[7]

El coraje del presidente en contra de los antagonistas del exterior se amplificaba por el hecho de que estaban fuera de su alcance reivindicatorio y, para su desgracia, ése era también el caso para algunos de sus opositores internos. Tal fue el ejemplo, en particular, de los insidiosos que desde el anonimato de los grandes conglomerados habían estado formulando críticas, discurriendo chistes ofensivos y difundiendo rumores. Al respecto, el siguiente comentario del memorialista del 9 de marzo de 1982: “En general, la gente reacciona con consideración en mi presencia. Es mi ausencia la que invita al ataque… Se me dice que sobre todo las clases medias están muy irritadas y me imputan todas las culpas. Si las cosas no pasaran del punto en el que se encuentran, no estarán tan mal. Temo que en cualquier momento un rumor, una impertinencia u otro empujón desestabilizador nos hagan entrar en picada”. Y ya entrado en ese laberinto de buscar e imaginar desafectos perversos, aquel mandatario también denunció: “Descubro a los falsos amigos, los convenencieros, los que como trapecistas están cambiando de columpio. No deja de ser interesante asistir a este, también, mercado de las miserias humanas. Chistoso”. Pero en ese mar tan agitado, plagado de supuestos depredadores al acecho, por fin López Portillo se encontró con unos antagonistas a quienes sí podía alcanzar con los poderes administrativos a su disposición: los comerciantes que habían elevado precios a raíz de la devaluación. En tal sentido, escribió el 22 de febrero previo: “Los comerciantes como siempre, están abusando. Voy a tener que congelar precios con un aumento del 10% a partir del 17 de este mes, como referencia retroactiva”.[8]

A ese presidente nunca le interesó conocer el trasfondo técnico de los asuntos económicos. Por tanto, en esa coyuntura postdevaluatoria tampoco mostró curiosidad por enterarse de los motivos que habían empujado a los agentes en la economía a una espiral alcista de los precios de las mercancías después del ajuste del tipo de cambio. De haber buscado esa posible asesoría técnica, se le habría explicado que era el arbitraje del comercio internacional el mecanismo que llevaba a un emparejamiento de los precios internos con los del exterior cuando se establecía un nuevo nivel del tipo de cambio. Pero en aquella coyuntura tan crítica, no eran explicaciones técnicas lo que López Portillo estaba buscando, sino culpables en contra de los cuales arremeter. Y con ese ánimo en mente, escribió en su diario el 27 de febrero de 1982: “Doblaron las manos los comerciantes clausurados; pero queda un gran rencor en los sectores que naturalmente me están imputando la responsabilidad vía gasto público y empiezan a hablar de derroche”. Pero por su parte, “los empresarios engallándose después de las clausuras”. En el mismo sentido, el 1º de marzo agregó el memorialista en esa misma fuente: “Los iniciativos, agresivos frente a las medidas del control del comercio. Imputando los problemas al gasto público, con reacciones infantiles pero peligrosas”. Y el 8 de marzo las anotaciones fueron también con tono de denuncia: “Hoy vinieron los cúpulos a expresarme su solidaridad como embozo de sus quejas contra la Secretaría de Comercio y lo que ellos califican como abusos…”. Y el cierre del tema fue con la siguiente observación: “El jueves me vinieron a ver los comerciantes clausurados y salieron también convencidos. Este fin de semana voy a Cancún a la convención de la concanaco. Va a estar movida”.[9]

Resultó lógico que en esa coyuntura con multas y clausuras, los empresarios en general, principalmente a través de sus organizaciones cúpula, manifestaran solidaridad con los comerciantes que las habían sufrido. Después de todo, esos comerciantes también formaban parte del sector empresarial. Y era a la vez asimismo natural que, en su animadversión exacerbada, el presidente López Portillo los agrupara en un frente unificado de oposición a su gobierno. Fue en esa forma que, en un ambiente político bastante crispado, se gestara el rompimiento de los fundamentos para llevar a cabo una devaluación ordenada que condujera a una restauración de la confianza y a un freno de las fugas de capital. Una devaluación como la que se había llevado a cabo en abril de 1954 por parte del presidente Ruiz Cortines. En los apuntes autobiográficos de López Portillo se puede ir trazando la gestación del gran golpe, del cambio de rumbo brusco. Así, el 27 de febrero escribió: “Hoy en la tarde fijo con Sergio García Ramírez la política definitiva en materia de salarios, para entrar al manejo de la crisis. Duro, difícil”. Y en las notas del 8 de marzo el comentario rezó: “Hoy en la tarde empiezan las pláticas con los obreros, a quienes, como siempre, debemos las decisiones tranquilas y responsables”. Y tan sólo dos días después, la anotación señaló: “La negociación salarial amable, pero dura. De entrada el sector obrero fijó 70%”. Y el 12 de marzo la anotación anunció: “La negociación salarial, difícil. Entró el sector obrero con 70% y el empresarial con 8%. Los obreros están admitiendo 30%, que todavía no se acepta”.[10]

Los tiempos se van acomodando y el momento definitivo de ruptura se produce a mediados de marzo de 1982. López Portillo denominó al episodio: la gestación de la “Nueva Alianza”. En esa tesitura, ya en Cancún, durante la convención de la concanaco, el presidente se dirige “a los empresarios para pedirles el equivalente al sacrificio obrero del principio del sexenio… Se conmovieron hasta las lágrimas”. Y como respuesta a la arenga, al parecer los organismos empresariales se pusieron a trabajar a marchas forzadas y tres días después, encabezados por el empresario sinaloense Manuel Clouthier, visitan a López Portillo: “Se comprometen en la Nueva Alianza en mantener la prioridad del empleo; restaurar, vía salarios, el poder adquisitivo del sector obrero derivado de la devaluación; agregar a precios sólo el aumento de costos; más productos básicos; mantener las inversiones privadas al nivel de 1981 e incrementar en 30% las exportaciones de productos manufacturados”. Sin embargo, tal vez no estaban conscientes los empresarios que en esa coyuntura el presidente también se mantenía en contacto con los líderes sindicales y a mayor abundamiento: que su corazón y sus simpatías se inclinaban para su causa. Así, explicó López Portillo, “por igual y gracias a los oficios de Joaquín Gamboa Pascoe, los salarios se fijan escalonados: hasta 20 mil, 30%; de ahí a 30 mil, 20% y por arriba, 10%. Equilibradora la cosa. No podemos abandonar a los trabajadores”. Y ése fue el momento preciso del rompimiento.[11] No habría “Nueva Alianza” o más bien ésta ya no se pactaría con el sector empresarial. Y para lo que vendría después, de preferencia resulta mejor escuchar lo que López Portillo escribió textualmente en retrospectiva para la posteridad:

“Al día siguiente, como por consigna superior, cuando supieron que era el 10, 20, 30% (ellos querían el 8%), por arte de magia se acabó la solidaridad. Los ofrecimientos de alianza se los llevó el pingo y se recrudeció la campaña de rumores, chismes, calumnias, desprestigio, con secuencias muy parecidas a las de 1976. La historia se repetía… La proposición de que el sexenio terminara con actos solidarios de los empresarios se convirtió en la más grotesca e ingenua pretensión del presidente… Esta fue la fractura final con el sector empresarial… La solución de 1982 en materia salarial define mi rompimiento final con los empresarios. Como obedeciendo a una consigna, de afuera primero y adentro después, se organizan cada vez con más fuerza, corrientes críticas contra todo lo que significara el Gobierno, como tal, por su representante, por su política internacional”.[12]

El episodio ofrece desde luego mucha miga para el análisis. Una primera perspectiva es la de la política. En ese sentido, tal vez la reacción tan desfavorable de los empresarios en esa coyuntura se explique parcialmente porque fueron sacados unilateralmente de la negociación por el presidente, sin mayor explicación. Y desde un punto de vista político de mayor plazo, o sea, de la perspectiva de la politología, lo que puede decirse es que el presidente López Portillo decidió politizar la devaluación de febrero de 1982. En otras palabras, dar prioridad en esa coyuntura a un manejo político por sobre las indicaciones de la política económica. No desapareció el pacto social de gobernabilidad que había estado implícito en la Alianza para la Producción, sino que, por decisión del presidente, quedó reemplazado el interlocutor principal que ya no fue el sector empresarial sino las organizaciones gremiales. Y a partir de ese momento, la estabilización y la restauración de la confianza o pasaron a un lugar muy secundario en el radar de la presidencia o de plano desaparecieron de la pantalla. Aparentemente, en la opinión del presidente López Portillo ese desplazamiento estaba perfectamente justificado. En un principio, toda vez que “muchos comerciantes reetiquetaron, a partir de hoy establecimos control de precios al nivel del 17 de este mes, más 10%. Sé que empieza la guerra. Pero es imposible seguir en manos de unos cuantos ‘abusados’…”. Y más adelante, “los banqueros se resisten a decirme [es decir, al presidente JLP] quiénes fueron los que más dólares compraron y para qué. No podemos seguir a la conveniencia de ese jaez de especuladores”.[13]

Desde el ángulo doctrinal, la suscripción de la llamada Nueva Alianza fue el pretexto que se dio a sí mismo el presidente López Portillo para alejar a la política económica interna de las recomendaciones de la ortodoxia y encarrilarla nuevamente por la senda del expansionismo inflacionista, que se había convertido en su mantra en la materia. En una deformación doctrinal muy marcada, en López Portillo se arraigó la idea de que la única forma en que la economía en un país en vías de desarrollo podía crecer era mediante el impulso expansionista: por la vía de un gran déficit fiscal financiado mediante el crédito primario del banco central. Se trataba de una equivocación muy seria –grávida de funestas consecuencias–, como se había demostrado cabalmente en México durante el sexenio del presidente, Luis Echeverría. En contrario, durante la época del Desarrollo Estabilizador, con una política muy cuidadosa de mantenimiento de la estabilidad, se habían obtenido resultados de crecimiento estupendos. Pero López Portillo pensaba de otra forma y por eso llegó a escribir de manera tajante: “Y lo grave es que las únicas medidas, son actuar sobre la demanda y eso, en México y en los países en desarrollo, significa bajar el nivel de vida de los pobres”.[14] El gran problema derivó de que en su euforia de poder, López Portillo llegó a pensar que sabía de economía y en esa ignorancia supuso que para detener la fuga de capitales bastaba con el abandono del tipo de cambio que se encontraba sobrevaluado. Error: también se requería y de manera indispensable, convencer al público de que la nueva paridad, cualquiera que ésta fuera, sería sostenible de manera indefinida. Y fue a causa de la conjunción de todas estas miopías, que la devaluación de febrero de 1982 ya no pudo administrarse en forma semejante a la de 1954.

Todo cambio de rumbo en la política de un gobierno conlleva actos simbólicos y la implantación de una “Nueva Alianza” vino acompañada, significativamente, con dos destituciones que en su momento fueron muy sonadas: la de David Ibarra, de la cabeza en la Secretaría de Hacienda, y de Gustavo Romero Kolbeck, del mando en el Banco de México. ¿Por qué? El episodio tuvo dos manifestaciones: primera, la relativa a los funcionarios destituidos y las causas de su separación y, segunda, las personas que fueron designadas en su reemplazo. En cuanto a los motivos de esas destituciones, López Portillo escribió en sus apuntes autobiográficos (marzo 16 de 1982): “Tendré que pedirles la renuncia a Ibarra y a Romero Kolbeck. Se indisciplinaron en una medida de estrategia fundamental en el manejo del desliz del peso en función de la fijación de salarios”. El argumento sobre la supuesta indisciplina de esos funcionarios es poco creíble y al parecer su renuncia tuvo más que ver con otros motivos. A saber, apenas en la entrada anterior de sus memorias el presidente López Portillo había escrito: “Uno de mis problemas más severos es el pleito, abierto, entre Oteyza e Ibarra y Romero Kolbeck”.[15] Así que con independencia de los argumentos en ambos bandos, lo que la decisión del mandatario más bien indicó fue su alineamiento definitivo con el bando de Oteyza. Y eso implicó, casi de manera directa, un adiós a las posturas de prudencia y sensatez en el seno del gabinete económico. Por su parte, las personas que fueron designadas en sus lugares (Jesús Silva Herzog y Miguel Mancera) eran del grupo cercano al candidato Miguel de la Madrid y seguramente fueron sugeridas por éste a la consideración del presidente López Portillo. Y lo que resultó a continuación es que la posición de ambos en la administración saliente resultó sumamente incómoda ya que a pesar de los altos cargos que ocupaban, en muy poco podían influir en las decisiones de política económica que se iban tomando, muchas de ellas altamente controvertidas y desestabilizadoras.

Las elevaciones de salarios acordados por el presidente en marzo de 1982 por fuera de la concertación con las organizaciones empresariales causaron mucha inquietud a la vez de desatar una catarata de comentarios críticos. Uno de esos críticos con mejor puntería, fue el intelectual y ensayista Gabriel Zaid. En una primera aproximación Zaid señaló que el presidente López Portillo osciló “de la autodenigración (llamarse chivo loco) a la autoafirmación (no hemos pecado… no tenemos por qué hacer actos de contrición), y su inestabilidad se volvió nacional con una serie de medidas contraproducentes. La peor de todas: un ajuste general de salarios”. Y ya afinando más la mira, Zaid remató: “De todos los errores cometidos por el presidente López Portillo después de la devaluación de febrero, ninguno fue más grave (más grávido de consecuencias) que recomendar un aumento salarial de hasta 30%, aplicable retroactivamente a partir del día en que devaluó, como si a partir de ese día todo hubiera aumentado y en esa proporción”.[16] Hubo varias razones por las cuales esa medida causó tanto daño, pero la principal de ellas fue expuesta de manera escueta en la edición del Informe del Banco de México para 1982: “Los aumentos salariales anunciados durante la tercera semana de marzo, modificaron las expectativas del público respecto a la inflación y al ritmo del desliz que estaba teniendo el peso frente al dólar”.[17]

Como lo señaló Zaid, ese aumento salarial “no tenía sentido en términos de política económica: no servía más que para garantizar la hiperinflación y otras devaluaciones”. Esa medida envió en efecto el mensaje de fortalecer la indexación de todos los precios internos al tipo de cambio. Fue como “retroceder y confirmar que había que reetiquetarlo todo, porque los mexicanos deben ganar en dólares, las tiendas cobrar en dólares, etc.”. Al parecer, nadie en el gabinete económico se atrevió a explicarle al presidente la clave para que una devaluación surta sus efectos de mejorar la competitividad externa de la economía: esto es, mediante la reducción de los salarios en términos reales. Así, el incremento de los salarios acordado difundió nuevamente en la mente del público la idea de que habría una segunda devaluación o peor aún, una catarata de devaluaciones en despeñadero. En esa forma, además de reanudarse la fuga de capitales también se fortaleció mucho el incentivo a la llamada dolarización de la captación de la banca, es decir, los depósitos denominados en moneda extranjera que si bien devengaban en rédito mucho menor que en pesos ofrecían en compensación cobertura contra el riesgo cambiario. Y en opinión de Zaid, otro de los daños se operó en el orden de la gobernabilidad. Es decir, los aumentos salariales no habían tenido “sentido dentro del sistema político: era rebasar a los dirigentes sindicales y empresariales, para tratar de ganarse directamente a los supuestos beneficiarios. Ni los líderes sindicales se imaginaron la barbaridad de ese aumento”.

Y de manera muy especial, desde el punto de vista de la administración pública esa acción tomó para el gobierno lopezportillista la forma de un autogol o bumerang. En términos de Zaid, si la parte del producto que genera el Estado asciende ya al 50 por ciento “se encuentra con que el problema de autogobernarse empieza a ser más importante que gobernar a los demás”. Si el sector gubernamental ha adquirido tal preeminencia, “resulta que cuando toma medidas generales para meter en cintura a los demás está lanzando un bumerang: se crea a sí mismo el problema de meterse en cintura”. Y ése fue precisamente el marco general en el que se dio aquella elevación de los salarios. O sea, “al señor presidente se le olvidó que era el mayor patrón de México, que no tenía con qué pagar esos aumentos y que el efecto sobre los demás patrones iba a empeorar su propia situación. Con esos aumentos, unas empresas iban a cerrar, otras a perder dinero y otras a ganar menos: todo lo cual iba a reducir los ingresos fiscales al mismo tiempo que aumentaban los egresos por el costo de la nómina, las obras en construcción y las compras”.[18] Aunque de manera indirecta, el propio López Portillo llegó a reconocer en su diario el nudo gordiano en que se había metido el Estado. En ese sentido, una anotación suya del 6 de abril de 1982 reveló: “la situación muy dura, por el déficit al que llegamos con las alzas salariales y el servicio de la deuda. Los recortes que tendremos que intentar son brutales. No creo que podamos hacerlos y el endeudamiento se imposibilita”.[19]

A manera de conclusión, la devaluación de febrero de 1982 no pudo ponerse en ejecución en forma semejante a la de abril de 1954. Aunque no se tienen testimonios confirmatorios al respecto, hay razones para suponer que ésa había sido la intención del secretario de Hacienda, David Ibarra, y del director general del Banco de México, Romero Kolbeck, que al final de cuentas no se pudo concretar en ninguna de sus etapas. De entrada, ya se ha dicho, el presidente López Portillo se negó reiteradamente a una devaluación anticipada a las grandes fugas de capital y que respondiera también a la finalidad de proteger la reserva internacional del banco central. Y siguiendo en esa misma línea de conducta, dicho mandatario tampoco permitió que se continuara con la segunda etapa de ajuste en el proceso postdevaluatorio, consistente en remover del funcionamiento de la economía mexicana las fuentes de inestabilidad interna. Y esas fuentes no eran otra cosa que los componentes del expansionismo inflacionario: un déficit fiscal importante y su financiamiento mediante el crédito primario del Banco de México, además de aumentos salariales discrecionales sin apoyo en incrementos de la productividad. Sólo corrigiendo esos factores del inflacionismo, en particular los dos primeros, habría sido posible detener la expectativa de nuevas modificaciones del tipo de cambio y por tanto sofocar las fugas de capital.

En febrero de 1999 la revista Letras Libres publicó el extracto relativo a la devaluación de 1954 de las memorias que escribió en forma privada el entonces ministro de Hacienda, Antonio Carrillo Flores. La referencia parece inmejorable para recordar la forma en que el gobierno de Ruiz Cortines condujo la política económica posterior al ajuste cambiario y de esa manera marcar la diferencia abismal que se hizo visible con lo que ocurrió a partir de la devaluación de febrero de 1982. En ese sentido, llegó a saberse que el presidente Ruiz Cortines citó a reunión a su secretario de Hacienda y al director del Banco de México a fin de solicitarles un programa económico cuya principal finalidad debería ser que “no volviera a haber devaluación”. En tal sentido, en su Informe de Gobierno de septiembre de 1954 ese presidente reiteró su convicción de impedir que México se convirtiera en “un país de devaluaciones” (Carrillo dixit) y “evitar la repetición de emergencias cambiarias”.[20]

¿Pero cómo se definió en abril de 1954 esa política económica orientada a que en México no volviera a haber devaluación? En cuanto a la política monetaria a cargo del Banco de México, en su último Informe de Gobierno Ruiz Cortines declaró en forma enfática que “la política seguida por las autoridades monetarias en la regulación del crédito bancario ha sido desde abril de 1954 una de las causas de la estabilidad de la economía mexicana en los últimos cuatro años, la cual debemos mantener a toda costa”. En cuanto a la devaluación de la moneda y sus perspectivas, aquel mandatario expresó de manera clara: “El Gobierno reitera que es firme su decisión de mantener el actual tipo de cambio y la absoluta convertibilidad del peso. Está seguro de lograrlo no solo en lo que resta del sexenio, sino que dejará establecidas bases para la mayor firmeza de nuestra moneda”.[21] Asimismo, en el discurso de Carrillo Flores en la convención de banqueros de 1954, además de expresarse la convicción de evitar que México se convirtiera “en un país de devaluaciones”, el funcionario explicó que en el pasado una de las principales “fuerzas inflacionarias” tanto por su “acción directa como por sus efectos secundarios” había sido “el gasto público”. De ahí que después de la devaluación, “el programa de inversiones anunciado” se conduciría “de manera que no caigamos en la inflación”.[22] Esta idea se reiteró de manera muy decidida en los discursos que pronunció don Rodrigo Gómez en ese mismo foro en los años de 1955 a 1958. Es decir, resaltando la necesidad ineludible de seguir “una política monetaria y crediticia seria, protectora del poder adquisitivo de la moneda, de los salarios reales y de los ahorros que redunde en beneficio de la sociedad en general”. Y según el presidente Ruiz Cortines, una precondición esencial para tal finalidad sería la de “equilibrar el presupuesto en los futuros ejercicios y evitar que las instituciones descentralizadas y empresas del Gobierno incurran en déficits”.[23]

Los objetivos que se plantearon con la política económica postdevaluación en 1954 se fueron consiguiendo de manera satisfactoria. La confianza se fue recuperando gradualmente y por virtud de ella se empezaron a repatriar los capitales que previa o posteriormente se habían fugado por motivos especulativos. Y por esa vía se reconstituyeron también las reservas internacionales del Banco de México, se fortaleció la nueva paridad y se recuperaron los depósitos de la banca que habían descendido. Desde el punto de vista de la política monetaria, lo que ocurrió es que sobre todo durante los meses posteriores al ajuste cambiario el incremento de la oferta de medios de pago no se derivó del crédito interno del banco central sino de su crédito externo. Como se aprecia, exactamente lo opuesto a lo que el presidente López Portillo pensaba y deseaba después de la devaluación de febrero de 1982 y, en general, a todo lo largo del último tramo de su controvertida presidencia.

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