Tomo XVII: Esfuerzos de saneamiento
II. Solución a la deuda externa privada

 

Una vez tomada la decisión de implantar el control generalizado de cambios y de estatizar a la banca privada, resultó imposible para el economista Miguel Mancera permanecer como director general del Banco de México. Mancera tenía una opinión totalmente opuesta al control generalizado de cambios, como había quedado constatado en el folleto sobre la materia hecho del conocimiento público durante finales de la primavera del año 1982. Y quienes conocían a Mancera, tampoco podían abrigar duda alguna con respecto a su oposición a la medida de estatizar a la banca privada. En esa tesitura, el 30 de agosto de 1982 se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Banco de México. Dicha sesión, convocada prácticamente de emergencia, respondió a dos finalidades. Por una parte, aceptar la renuncia al cargo de mayor jerarquía en la institución por parte del economista Miguel Mancera. En el acta correspondiente simplemente quedó asentado que el director general renunciaba a su cargo, en razón de que no se consideraba la persona adecuada para la función cuando estaba por ponerse en vigor el esquema del control integral de cambios. Y, por otra parte, el Consejo debía confirmar oficialmente el nombramiento que el presidente de la República, José López Portillo, había decidido para esa posición en favor del también economista, Carlos Tello Macías. En retrospectiva, Mancera recuerda que después de su salida del banco central, emprendió un viaje de distracción con su esposa a la zona del Bajío. Pero al regresar de ese sencillo periplo, al poco tiempo fue convocado a acuerdo por parte del presidente electo, Miguel de la Madrid. En tal reunión, el convocante le pidió a quien estaba llamado a ser su banquero central que, durante los meses restantes del sexenio que estaba por concluir, se pusiera a trabajar en el estudio de dos problemas que eran para él motivo de gran preocupación. El primero era respecto del régimen cambiario que debería adoptarse una vez que el control integral de cambios demostrara su inoperancia, como efectivamente ocurrió. El segundo de esos problemas que le quitaban el sueño al presidente electo De la Madrid era el relativo a la deuda externa privada. Es decir, el sobreendeudamiento en el que habían caído las empresas internas con pasivos denominados en moneda extranjera.

La historia registra que el problema de la deuda externa privada se resolvió de una manera totalmente satisfactoria. Sin excepción, la totalidad de las empresas que se inscribieron en el programa, que para tal finalidad se puso en ejecución, terminaron liquidando sus pasivos externos en la forma en que se había programado después de conseguir una reestructura para esas deudas. Y en la resolución de ese problema, el Banco de México tuvo una participación proactiva clave, tanto en el orden de la creatividad técnica y administrativa como en cuanto al despliegue de un liderazgo institucional muy efectivo. En el orden individual, el liderazgo correspondió al director general del Banco de México, Miguel Mancera. Fue precisamente puertas adentro en el instituto central donde se discurrieron los tres elementos que fueran esenciales para la solución del problema: el programa que permitió a las empresas endeudadas en moneda extranjera renegociar y eventualmente pagar sus pasivos externos; la puesta en ejecución de dicho programa, además de haber emprendido las autoridades de la institución un esfuerzo muy amplio de diálogo y convencimiento tanto con las empresas endeudadas como con las entidades acreedoras y los bancos locales, los cuales también tuvieron una participación importante en el programa que se implantó. Para la instrumentación del mencionado programa de solución, el Banco de México propuso, y las autoridades de la Secretaría de Hacienda aceptaron, la creación de un fideicomiso público –el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA)– en el cual el propio instituto central actuaría como fiduciario y, desde luego, el gobierno federal como fideicomitente. El mandato para ese fideicomiso fue el de poner en ejecución el programa de solución que se había planteado para el problema de la deuda externa privada. Pero en particular, una misión específica del FICORCA fue la de asumir el riesgo cambiario del cual quedaron libradas las empresas endeudadas que se acogieron al programa cuya administración se encomendó a ese fideicomiso. En lo fundamental, el programa de solución que se discurrió en el Banco de México para el problema de la deuda externa privada se integró con dos mecanismos operativos y la aplicación de dos fórmulas de tipo técnico. El primero de esos mecanismos, fue para ofrecer a las empresas apalancadas en moneda extranjera coberturas de tipo de cambio (futuros de moneda extranjera) con la finalidad de proporcionarles protección contra el riesgo cambiario que en aquellos tiempos que corrían de tan elevada inestabilidad cambiaria y de precios conformaba una gran amenaza. Y el segundo de esos mecanismos, consistió en ofrecer a las empresas endeudadas que se inscribieran al programa FICORCA créditos en moneda nacional con cuyo importe pudieran adquirir las coberturas cambiarias que les ofrecería el fideicomiso. De manera paralela, en cuanto a las fórmulas de naturaleza técnica que fueron aportadas por el Banco de México al programa FICORCA, sobresalió, en primer lugar, una diseñada para evitar la amortización rápida y no planeada de los créditos en moneda nacional que se concederían a las empresas apalancadas para que adquirieran las coberturas cambiarias. Esa amortización acelerada y no planeada de los créditos era causada por al ambiente de tan alta inflación que existía entonces en México. Y una segunda fórmula técnica respondió a la finalidad de guiar la inversión de los fondos que se recibieran en moneda nacional a cambio de las coberturas cambiarias que se expidieran en favor de las empresas endeudadas. Esto último, con la intención de al menos poder sufragar el riesgo cambiario que el FICORCA había asumido al momento de vender a las empresas endeudadas las coberturas cambiarias prometidas.

Un aspecto apenas tocado en las fuentes de consulta relativas a la solución de la deuda externa privada fue el de su interconexión con la política cambiaria en aquellas etapas iniciales del gobierno del presidente Miguel de la Madrid. En algunos de sus discursos, el director general del Banco de México, Miguel Mancera, insistió en que el fundamento para resolver el problema de la deuda externa privada no debería, ni podría ser, un tipo de cambio reducido. Es decir, un dólar barato en pesos. Al respecto, en primer lugar, el tipo de cambio debía también responder a otros objetivos de política económica igualmente importantes de cumplir. En lo específico, impulsar las exportaciones mexicanas a la vez de también coadyuvar a la moderación de las importaciones que en un momento dado del sexenio del presidente López Portillo habían llegado a niveles verdaderamente excesivos. Por otro lado, de manera muy relevante, aunque lo desearan las autoridades, les sería imposible mantener por largo tiempo un tipo de cambio demasiado reducido. Tarde o temprano, el desequilibrio entre importaciones y exportaciones obligaría a un ajuste al alza en las cotizaciones cambiarias.

Así, teniendo a la vista las consideraciones anteriores, se buscó una salida funcional a la cuestión del enlace entre la política cambiaria y la solución al problema de la deuda externa privada. Y ese enlace hizo su aparición precisamente en la instancia para determinar el tipo de cambio que debería aplicarse a las ventas de las coberturas cambiarias que se ofrecerían a los deudores en moneda extranjera que se suscribieran al programa de solución que había sido discurrido por el Banco de México. En ese orden, con el fin de ofrecer a esos actores una cotización cambiaria que pudiera considerarse de promoción o de apoyo, se determinó que ésta se ubicara en 70 pesos por dólar. El elemento de promoción o apoyo se hace evidente al momento de tomar en cuenta que desde los principios del sexenio las cotizaciones cambiarias en el mercado libre se encontraron de manera consistente por arriba de los 100 pesos por dólar. Desde el punto de vista administrativo, la puesta en ejecución de esa decisión no enfrentó dificultades toda vez que el fideicomitente en el fideicomiso FICORCA era la Secretaría de Hacienda y el fiduciario el Banco de México. En resumen, el tipo de cambio elegido para la venta de las coberturas cambiarias podía efectivamente considerarse de promoción. Sin embargo, gracias al trabajo de los técnicos, el esquema de solución correspondiente quedó perfectamente planeado. En consecuencia, las proyecciones financieras para la inversión de los fondos que se captaran por la venta de las coberturas estuvieron tan bien hechas que a la postre el saldo alcanzó perfectamente para pagar a su vencimiento el importe de las coberturas.

Como parte del esfuerzo para resolver el problema de la deuda externa privada, las autoridades del Banco de México emprendieron una importante labor de relaciones públicas y cabildeo con dos conglomerados clave en el asunto: por un lado, con los acreedores (principalmente bancos comerciales del exterior) y de manera complementaria con las empresas mexicanas apalancadas en moneda extranjera que eran sus deudoras. En términos quizás excesivamente esquemáticos, esas intervenciones de diplomacia financiera llevadas a cabo por los funcionarios del Instituto Central se concretaron en cuatro variantes principales: información, explicaciones, contestación a preguntas y aclaración de dudas, y convocatoria acompañada de persuasión. Según indicios, fueron muchas las instancias a las que el Banco de México acudió con acreedores y deudores para promover su comprensión y adhesión al programa de solución que se había diseñado. En ambos casos se ha de haber comenzado con una introducción para hacerles saber que las autoridades disponían ya de un esquema que permitiría resolver el problema de la deuda externa privada con los menores costos posibles para ambos agentes. Para los intermediarios acreedores, transmitirles la convicción de que con el programa de solución discurrido se elevarían exponencialmente las probabilidades de poder cobrar una cartera que poco tiempo atrás se veía como muy problemática. Para las empresas endeudadas en dólares, el esquema de solución creado por el Banco de México las libraría del riesgo cambiario y junto con otros apoyos adicionales fortalecería de manera muy importante su capacidad para poder liquidar sus pasivos en moneda extranjera y además quedar en buena posición con vistas a crecer y continuar su desarrollo hacia adelante. De forma muy importante, esos acercamientos con acreedores y deudores respondieron a la sana intención del Estado de convencer a dichos agentes de que no había una mejor solución al problema que tenían entre manos que la ofrecida mediante el esquema de salida prefigurado en el Banco de México. Con respecto a los bancos acreedores, el representante en México del Chase Manhattan Bank, de nombre John Donelly, cumplió un trascendental papel de promoción para la propuesta.

Como es posible apreciar, en la solución para el problema de la deuda externa privada participaron cuatro instancias institucionales. En primer lugar, el Banco de México en cuyos funcionarios recayó la misión de formular el programa de solución correspondiente. De manera particular, al haber sido designado el Banco de México como fiduciario en el fideicomiso FICORCA, a su cargo quedó la conformación de un compacto pero muy eficaz equipo de trabajo al cual se encomendó la puesta en ejecución del programa de solución que se había prefigurado. Y otra instancia importantísima en ese programa de salvamento se integró con el conjunto de las empresas que sufrían problemas de endeudamiento excesivo en moneda extranjera. Con ese conjunto, el Banco de México emprendió, como ya se ha explicado, una amplia labor de convencimiento a fin de explicarles que las autoridades del país estaban poniendo en ejecución un programa de apoyo que fortalecería, de manera muy importante, su capacidad para liquidar sus pasivos en moneda extranjera. Y a manera de contrapartida, para dicho programa se invitaba a las empresas en esa situación de apalancamiento a que solicitaran de sus acreedores una reestructuración de sus deudas externas a partir de un lineamiento sugerido por el Banco de México: obtener un plazo de gracia de por lo menos tres años, además de al menos otros tres años adicionales como plazo para la amortización de las deudas. Asimismo, como ya se ha señalado, también con los acreedores del exterior –principalmente bancos comerciales además de proveedores– emprendió el Banco de México una muy cuidadosa campaña de contactos y explicación. El argumento principal que se les expuso es que las autoridades mexicanas estaban trabajando para poner en ejecución un programa que permitiera a las empresas locales con problemas de endeudamiento en moneda extranjera, liquidar sus pasivos de manera negociada. Sin embargo, una aplicación exitosa de ese programa requeriría de parte de los acreedores que ofrecieran a sus deudores programas de reestructuración razonables y equitativos. Pero en adición a los anteriores interlocutores, el Banco de México tuvo asimismo que convencer a la banca local para que apoyara el programa FICORCA. Ello, mediante el otorgamiento de los créditos en moneda nacional con cuyo importe pudieran adquirirse las coberturas cambiarias que se les extenderían a las empresas endeudadas para librarlas del riesgo cambiario, mismo que sería asumido por el ya mencionado fideicomiso FICORCA. Por último, ya se ha dicho, las autoridades de la Secretaría de Hacienda se mostraron siempre comprensivas y anuentes a la creación del fideicomiso FICORCA, al cual se encargó la puesta en ejecución del programa de solución que se había discurrido en el Banco de México para el problema de la deuda externa privada.

Expuestos los fundamentos del programa de solución que se diseñó, las dos fórmulas de naturaleza técnica, que se crearon en el Banco de México para apoyar al programa FICORCA, merecen una explicación particularmente pormenorizada. La primera, ya se ha dicho, para enfrentar el problema de la amortización acelerada y no planeada de los créditos a que da lugar la inflación. La segunda, para invertir los fondos que se recibieran en pago por las coberturas cambiarias con miras a que su saldo resultara suficiente para sufragar el valor de esas coberturas cuando sobreviniera su vencimiento.

    a) Fórmula para evitar que, por razón de la elevada inflación, tuviese lugar una amortización no planeada y acelerada de los créditos que se concedieran en moneda nacional a los deudores en moneda extranjera, para que pudiesen adquirir las coberturas de tipo de cambio que los librarían del riesgo cambiario.

Desde que, durante el gobierno del presidente Echeverría, se registraron niveles elevados de inflación, los economistas del Banco de México advirtieron que dichas tasas propiciarían una amortización rápida y no prevista de los créditos. Más aún, mientras mayor era la inflación, más se intensificaba este proceso de amortización acelerada. En particular, en el banco central el interés por el fenómeno explicado se manifestó entre los funcionarios de la Subdirección General que encabezaba entonces el economista Miguel Mancera. El problema tenía su origen en que cuando los ahorradores cobraban consciencia del fenómeno inflacionario, exigían un componente en la tasa de interés pasiva que les permitiera resarcir la erosión que sufría su capital a causa precisamente de la rápida elevación de los precios. A esa fracción se le vino a denominar el componente inflacionario de las tasas de interés pasivas. Y ese componente inflacionario se transmitía de manera directa a las tasas de interés activas. De ello se derivaba que el pago de ese componente al acreedor por parte de los deudores daba precisamente lugar a la ya mencionada amortización acelerada y no planeada de los créditos.

El director general del Banco de México, Miguel Mancera, hizo referencia al asunto mencionado en un discurso que pronunció ante el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) a finales de enero de 1983. En esa presentación, dicho funcionario explicó que, en un contexto de inflación anual del 100 %, el pago del componente inflacionario incluido en la tasa activa provocaría que, al término del primer año, el valor real del principal de un crédito se redujera a la mitad; a la cuarta parte, al concluir el segundo año; a la octava parte, al finalizar el tercero; y así sucesivamente. Y se daba la casualidad que, en esos momentos de principios de 1983, la tasa de inflación en México rondaba esos niveles de 100 % anual. De esta manera, con base en las reflexiones expuestas, los técnicos del instituto central encontraron una solución para evitar la amortización acelerada y no planeada de los créditos por causa de la inflación. En particular, durante la coyuntura que corría, la atención de las autoridades del Banco de México se centró en el caso de los créditos en moneda nacional que se concederían para que las empresas endeudadas adquirieran las coberturas cambiarias que les ofrecería FICORCA. Y la solución al problema planteado se alcanzó mediante un mecanismo para indexar a la inflación el principal de esos créditos, de esa manera, dicho procedimiento dio lugar a que la tasa de interés a pagar por los deudores de los créditos aludidos fuese una tasa real. Así, ya con el principal indexado a la inflación, las amortizaciones del capital se podrían planear con toda exactitud libres del efecto distorsionante causado por la inflación. En particular, la idea predominante fue que esa planeación de las amortizaciones se concentrara en el periodo posterior al plazo de gracia que se concedería en esos financiamientos. Como lo señaló el director general Mancera en aquel discurso, ya citado, que pronunció ante el IMEF: “La inflación distorsiona fuertemente la visión de los problemas económicos y, con frecuencia, dificulta sobremanera descubrir el verdadero origen de los problemas”.[1]

    b) Inversión para los fondos en moneda nacional con los cuales se pagarían las coberturas cambiaras.

Con muy buen juicio, las autoridades del Banco de México y del FICORCA llegaron a la decisión de que los vencimientos de las coberturas cambiarias, que se vendieran a las empresas apalancadas en moneda extranjera, coincidieran exactamente en fecha y monto con las amortizaciones de sus deudas reestructuradas. De esa forma, dichas empresas quedarían completamente blindadas del riesgo cambiario. Pero de manera paralela, el riesgo cambiario implícito en esa operación no desaparecía, sino que, por así decirlo, se trasladaba de las empresas endeudadas al fideicomiso FICORCA, instancia de la cual habían obtenido las ya mencionadas coberturas cambiarias. Y la razón de fondo para la conformación de ese riesgo cambiario que se asumía provenía de que ni las autoridades del fideicomiso FICORCA como tampoco del Banco de México estaban en la posibilidad de anticipar cuál sería el nivel del tipo de cambio al vencimiento de las coberturas cambiarias que se habían expedido. Si bien no era posible pronosticar el nivel futuro del tipo de cambio, ello no implicaba que el FICORCA estuviera condenado a una pasividad total en esta materia. Así, el mecanismo de intervención o defensa que tuvo a la mano el Banco de México en esta materia estuvo en las posibilidades de inversión para los fondos en moneda nacional que se recibieran en pago por las coberturas que se expidieran. El procedimiento de inversión correspondiente partió de un supuesto con apoyo en la economía de mercado: que las tasas de interés libremente determinadas debían incorporar en sus cotizaciones una estimación de la posibilidad de devaluación del tipo de cambio. Si ese componente era incorporado de manera efectiva en la determinación de las tasas de interés, la inversión de los fondos disponibles a interés compuesto y a los plazos requeridos debía arrojar un saldo que no estuviera lejano al monto de las coberturas cambiarias al momento de su vencimiento. De esta forma, con base en el principio expuesto, las inversiones financieras del importe en moneda nacional de las coberturas sólo podían arrojar tres posibles resultados: que el saldo coincidiera exactamente con el valor de las coberturas o que resultara deficitario o excedente. Y lo que sucedió a la postre fue que las inversiones de esos recursos se llevaron a cabo con tal destreza por parte del FICORCA, que a la culminación del programa se logró acumular un excedente importante por causa del diferencial entre el valor de las coberturas cambiarias a su vencimiento y el saldo de las inversiones por el importe de los fondos correspondientes en moneda nacional. Al final del programa FICORCA, ese excedente neto que se logró acumular se aplicó íntegramente a la redención de deuda pública interna. Esto último, en razón de que había sido el gobierno federal la entidad que a través del FICORCA había asumido el riesgo cambiario implícito en la expedición de las coberturas en moneda extranjera.

Pero volviendo a los orígenes de aquella crisis de endeudamiento, cabe preguntarse cómo fue que, en su momento, se acumuló una deuda privada de tal magnitud que, a la postre, terminó por detonar de manera tan amenazante. Según todas las referencias, esa problemática había tenido su origen en el programa de la Alianza para la Producción que el presidente López Portillo tuvo a bien lanzar con tanto entusiasmo desde los inicios de su sexenio. La Alianza para la Producción avanzaba viento en popa hasta que ya en pleno sobrecalentamiento de la economía –posiblemente a finales de 1979 o principios de 1980– los empresarios suscriptores de ese acuerdo empezaron a enfrentar dificultades crecientes para conseguir los créditos que se requerían para financiar los proyectos de inversión que se habían acordado con el gobierno al amparo de la mencionada Alianza. Esos empresarios buscaron acercarse al presidente López Portillo para explicarle el callejón sin salida en el que se encontraban sus proyectos de inversión. ¿Qué hacer? La supuesta solución provino del propio mandatario: gracias a la carta petrolera y a la expectativa de un precio creciente del petróleo, México y sus empresas contaban con acceso ilimitado al crédito externo. ¡Había que recurrir a esa posibilidad! Sin embargo, en medio de aquella coyuntura de euforia, nadie advirtió que en tal solución propuesta por el presidente subyacía un inmenso riesgo cambiario. Las empresas que se endeudaban con el exterior generaban ingresos en moneda nacional y poseían activos también denominados en esa moneda. El golpe se materializó con las devaluaciones en cascada de 1982. Mientras el dólar se cotizaba a poco más de 26 pesos a mediados de febrero, hacia finales de agosto ya alcanzaba los 108 pesos en el mercado libre, y al cierre de noviembre los 125 pesos, lo que implicó una devaluación de aproximadamente 480 por ciento.[2] Es decir, dentro de los balances de las empresas apalancadas los pasivos se incrementaron de golpe por efecto de su revaluación en moneda nacional en casi cinco veces y, medido en moneda extranjera, el monto de esos pasivos no era menor. Al cierre de 1982 se estimaba en aproximadamente 27 mil millones de dólares.

El problema era muy grave e inexorablemente preocupaba mucho al presidente electo. En el extremo, se temía que en el peor de los escenarios imaginables un gran número de las empresas endeudadas no pudieran hacer frente a sus pasivos externos, poniéndose en el camino de una posible quiebra. Esta perspectiva se consideraba especialmente desfavorable, ya que, en muchos casos, se trataba de empresas de gran relevancia dentro del sector privado del país. Si bien el monto de la deuda externa privada era mucho menor que el correspondiente al sector público –19 mil millones de dólares frente a 80 mil–, sus implicaciones estructurales eran, en cambio, muy distintas. Por definición los gobiernos de los países no podían caer en bancarrota, pero las empresas privadas sí. Y ese hecho marcaba una gran diferencia. Los gobiernos de los países podían entrar en moratoria, pero ese hecho era muy distinto a quebrar. Es decir, legal y políticamente los acreedores no podían embargar y adjudicarse las playas de Acapulco o Cancún, y los yacimientos de petróleo. En contraste, ese embargo y adjudicación sí podía legalmente ocurrir con los activos de las empresas endeudadas. De manera adicional, había otras consideraciones en juego, una de ellas era que el regreso de México al crédito externo voluntario sería imposible si junto con la deuda externa pública no se conseguía también una renegociación viable de la deuda externa privada. Y claramente, para principios de 1983 las perspectivas para esa renegociación apenas estaban a la vista.

¿Debía el gobierno intervenir en un asunto –como el de deuda externa privada– que, en principio, correspondía a relaciones entre particulares? Lo cierto es que un tratamiento tipo laissez-faire resultaba inviable. En primer lugar, la crisis de endeudamiento se había gestado, en gran medida, como consecuencia de la intervención del propio Estado. Fue el gobierno del presidente López Portillo el que incentivó a las empresas privadas a contratar créditos externos, con el propósito de financiar las inversiones comprometidas en el marco de la llamada Alianza para la Producción. Además, se trataba de un problema que había adquirido una dimensión de interés nacional. Ante esta situación, el gobierno del presidente De la Madrid no podía adoptar una postura de indiferencia. Como señaló con gran claridad el expresidente Ruiz Cortines: “Nada es totalmente privado; todo es público”. Es decir, la totalidad de los asuntos nacionales son de interés para un gobierno. Una diferencia muy importante con el problema de la deuda externa pública era el de la multiplicidad de deudores frente a los mismos acreedores, que eran los bancos comerciales del exterior. De entrada, la intervención de las autoridades podía elevar la probabilidad de una renegociación para esos pasivos, pero también algo no de poca importancia: lograr una unificación del perfil de las renegociaciones, como una suerte de principio de equidad financiera. En otras palabras, que todas las empresas apalancadas con los bancos del exterior pudieran alcanzar más o menos la misma renegociación.

Pero en adición a todas las consideraciones anteriores, la participación del Estado en la solución del problema de la deuda externa privada a través de la intervención del Banco de México lograría otra aportación de mucho mayor trascendencia: la creación de un esquema que elevaría de manera muy importante la calidad de la solución para dicho problema. Un esquema que les ofrecería a las empresas endeudadas un principio de orden para enfrentar el asunto y, sobre todo, una mucho mayor probabilidad de poder liquidar las obligaciones que habían contratado con la banca del exterior. Esta última mayor probabilidad de pago, en muy buena medida gracias a la reestructuración de las deudas que se volvería más factible como resultado de la aplicación de ese esquema que se determinaría en el Banco de México. De manera muy importante, en favor de las empresas endeudadas ese esquema las libraría de la amenaza del riesgo cambiario lo cual implicaría un avance de mucha trascendencia. Para los bancos acreedores, el esquema del Banco de México sería también de mucho beneficio, debido a que mejoraría de manera muy importante la expectativa de cobrar una cartera en dificultades sin necesidad de litigios ni controversias legales. El diseño de ese esquema requeriría de inventiva financiera y, su instrumentación, de un gran esfuerzo de cabildeo y persuasión. Esto último, con la finalidad de explicar y convencer tanto a los deudores como a los acreedores de las bondades del mecanismo que se había creado para la resolución de un problema que los afectaba a ambos de manera muy grave.

El antecedente del esquema mediante el cual se logró resolver el problema de la deuda externa privada se remontaba a los meses de 1982 en que el economista Miguel Mancera fue designado para sustituir en la Dirección General del Banco de México a Gustavo Romero Kolbeck. Sorprendentemente, no hay referencia a ese antecedente en el Informe Anual del Banco de México para 1982, pero el caso fue presentado a la consideración del Consejo de Administración en una sesión del 27 de julio de ese año. En los círculos internos del Banco de México ese antecedente se concretó en una operación que se denominó depósito–crédito. Resulta extraño que no se hiciera referencia a esa operación en el Informe Anual del Banco de México para 1982, pero, por fortuna, el asunto sí fue tratado en el Consejo de Administración en una reunión de finales de julio del año mencionado. Así, en el acta correspondiente quedó la siguiente anotación: “Pasando a otro punto, el Director General [Mancera] comentó las recientes medidas de política monetaria y crediticia orientadas principalmente a procurar mantener un marco propicio para que el sistema bancario retenga los recursos financieros adicionales en la economía así como regular los excedentes de liquidez que actualmente están siendo acumulados en el sistema bancario, a fin de evitar nuevas presiones sobre la balanza de pagos y el crecimiento de los precios. Comentó que dichos excedentes se originan, en considerable medida, por el uso intensivo que las empresas han hecho de los nuevos instrumentos financieros no bancarios, así como por los nuevos mecanismos de financiamiento que permiten a las propias empresas recibir un importante flujo de recursos externos sin incurrir en riesgos cambiarios, disminuyendo las presiones sobre el financiamiento a concederse por las instituciones de crédito del país”.[3]

La cita es muy interesante e informativa, pero lamentablemente incompleta. En particular, no aporta cifras sobre el monto acumulado de esos “nuevos mecanismos de financiamiento que permiten a las propias empresas recibir un importante flujo de recursos externos sin incurrir en riesgos cambiarios…”, además de tampoco precisar desde cuándo se habían iniciado ese tipo de operaciones. Entre las omisiones sobre el asunto se destacaban aún más las relativas a la forma concreta que tenían esos “nuevos mecanismos de financiamiento…”. En ese sentido, cabe citar un argumento que el director general Mancera expuso en los tiempos que corrían ante distintos foros. A manera de ilustración, en una Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Continente Americano de mayo de 1983, con respecto al periodo, se explicó que “muchas empresas continuaron incrementando sus pasivos en moneda extranjera a pesar de que la sobrevaluación del peso se fue haciendo cada vez más evidente”. En ese sentido, el ponente explicó que, “en esos años, se buscó ofrecer a las empresas la posibilidad de cubrirse contra los riesgos cambiarios a un costo semejante al que privaba para los préstamos denominados en pesos. Sin embargo, fueron pocas las empresas que decidieron aprovechar ese mecanismo”.[4]

Según el testimonio del economista Mancera, en la concepción del esquema de depósito – crédito participaron de manera destacada él mismo, su colaborador más cercano, el también economista Sergio Ghigliazza, así como algunos profesionistas cercanos a este último. A la figura correspondiente que se creó para ofrecer cobertura cambiaria a las empresas que captaban financiamiento del exterior se le denominó coloquialmente “Depósito–Crédito” y oficialmente, durante el periodo de marzo a agosto de 1982, en el cual Mancera reemplazó a Romero Kolbeck en la Dirección General del Banco de México, “Reporto de divisas”. Como se explica a continuación, la expedición por parte del banco central de futuros en moneda extranjera para que empresas quedaran blindadas contra el riesgo cambiario implicaba para éste una compra y venta obligada de divisas. En el Informe Anual del Banco de México hay una referencia muy breve al esquema correspondiente en el siguiente tenor:

En cuanto a los antecedentes del mecanismo “Depósito–Crédito”, trayendo a la memoria aquellos sucesos, tanto el economista Mancera como su colaborador cercano el abogado Roberto del Cueto, recordaban un caso específico que fue el precedente histórico, pionero del esquema aludido. La empresa automotriz alemana Volkswagen (VW) se convirtió en líder de la industria en Puebla con la planta armadora que estableció en la cuidad capital de esa entidad federativa. Más adelante, como resultado de la devaluación cambiaria de 1976, se dio a conocer la renuencia de la casa matriz en Alemania de dicha empresa a seguir invirtiendo en la planta de Puebla por el problema del riesgo cambiario que había surgido en la economía mexicana. El argumento corría en el sentido de que, denominada en marcos alemanes, el valor de una partida de inversión en su planta de Puebla podría pulverizarse si se repetía un ajuste cambiario como el ocurrido en septiembre de ese año. De hecho, la inflación creciente que se había desatado en la economía mexicana realmente daba sustento a la posibilidad de que la moneda mexicana sufriese nuevos episodios de devaluación. Y ocurrió que, en esas andanzas, los directivos de VW México tuvieron contacto con el subdirector general del Banco de México, Miguel Mancera, y su principal colaborador, el también economista, Sergio Ghigliazza.

Como debe resultar obvio, la aplicación del complicado mecanismo descrito sólo tenía sentido en épocas de gran inestabilidad cambiaria como la que se vivía en México desde la devaluación ocurrida el 17 de febrero de 1982. Al respecto cabe precisar que el riesgo cambiario al que estaban expuestas muchas empresas en México no tenía únicamente su origen en la incertidumbre sobre el valor futuro de la moneda extranjera con respecto a la nacional. El otro factor fundamental derivaba del apalancamiento en moneda extranjera que tenían muchas empresas en esa situación, siendo que la mayor parte de sus ingresos por ventas o la totalidad de ellos se recibían en moneda nacional. De esa situación se derivaban dos implicaciones muy graves: la primera sobre la situación patrimonial de las empresas en esa tesitura y la segunda sobre su estado de resultados. En cuanto a la situación patrimonial, al estar los activos denominados en moneda nacional y los pasivos en moneda extranjera, cualquier modificación devaluatoria del tipo de cambio tenía repercusiones dañinas sobre el capital social que podrían dar lugar a un estado de bancarrota. Y en cuanto a los resultados, la amenaza provenía de que, mientras los ingresos se recibían en moneda nacional, el servicio de las deudas externas estaba necesariamente denominado en moneda extranjera. En el mismo sentido ya expuesto, cualquier modificación de la paridad hacia la devaluación tenía el efecto de elevar los costos de operación sin un incremento correspondiente de los ingresos. En esa forma, el riesgo cambiario se materializaba cada vez que el tipo de cambio se depreciaba, lo cual había ocurrido de manera reiterada desde la primera devaluación en febrero de 1982. Para explicar el peligro implícito, considérese que mientras la cotización del dólar se ubicaba a la venta a principios del mes de febrero en niveles de 26 pesos, al cierre del año llegaba a cotizaciones de hasta 144 pesos, con una devaluación implícita de más de 550 por ciento.

Con fundamento en el antecedente del esquema de depósito–crédito, durante los trabajos de un grupo muy reducido que sesionó a lo largo del mes de noviembre de 1982, por indicaciones del presidente electo Miguel de la Madrid, se gestó la solución que se conoció en términos coloquiales como FICORCA. El propio Miguel Mancera formó parte de ese pequeño cónclave que estuvo integrado además por los economistas Pedro Aspe, José Córdoba y, el experto en finanzas, Carlos Ruiz Sacristán, además del abogado Roberto del Cueto. Según testimonio de Mancera, dos fueron las encomiendas que tuvo a su cargo ese grupo de trabajo. La primera, presentar una propuesta sobre las opciones de política cambiaria abiertas a la nueva administración que tomaría posesión a partir del 1º de diciembre de ese año. En ese sentido, reveló Mancera en un discurso de septiembre de 1984: “Recuerdo las muchas horas que trabajamos… en el diseño y consideración de esquemas alternativos para hacer frente a los ingentes problemas cambiarios que el país sufría entonces y habría de seguir sufriendo por largo tiempo”. El otro asunto que les fue encomendado para su estudio fue el del excesivo endeudamiento externo de las empresas. Al menos tenían un elemento en común ambas problemáticas: “que el país no disponía, ni era previsible que dispusiera en el futuro próximo, de las divisas necesarias para el servicio de la deuda externa, fuese pública o privada”. En general, cabe suponer que la participación del banquero central, Miguel Mancera, en ese grupo de trabajo debe haber sido muy importante, pero en particular debió haber gozado de ventajas sobre el resto de sus compañeros de jornada en la solución para el problema de la deuda externa privada. Ello, a causa del conocimiento –e incluso paternidad intelectual– de que disponía sobre el mecanismo del depósito–crédito ya mencionado con anterioridad. El otro elemento fundamental en el que se fincó la propuesta a la que se llegó también debió ser impulsado por Mancera, incorporar en el mecanismo al que finalmente se llegara “un antiguo criterio del Banco de México: mantener la discrecionalidad al mínimo y operar con reglas generales al máximo”.[5]

Sin duda, para las primeras semanas del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, el director general del Banco de México, Miguel Mancera, tenía delineado en sus aspectos principales el esquema mediante el cual sería posible resolver el problema de la deuda externa privada. Se comprueba esa aseveración con una presentación que hizo ese funcionario a finales de enero de 1983. Es decir, dicha presentación se realizó a menos de dos meses (exactamente 57 días) de iniciada la mencionada administración, habiendo sido el foro el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C. (IMEF). La clave para tal esquema fue anunciada por el propio expositor hacia la parte final de su presentación: “Necesitamos imaginación para dar soluciones a problemas que son nuevos para nosotros, y precisamos de realismo para que esas soluciones sean factibles y no se traduzcan en la generación de nuevos problemas”. Así tenía que ser, en razón de que se vivía una época de muy grandes dificultades después del año catastrófico que había sido el de 1982. En un contexto de esa naturaleza, según Miguel Mancera: “en materia de política monetaria, como en otros aspectos de la política económica, atravesamos por una época de grandes retos que debemos enfrentar con imaginación y realismo”. Y con esa dosis indispensable de “realismo” e “imaginación”, había que descartar las soluciones falaces que como espejismos en el desierto atraen con frecuencia tanto a los funcionarios públicos como privados. En ese sentido, el banquero central Miguel Mancera advirtió ante el IMEF: La solución al problema de la deuda externa privada “no debe ser la determinación de un tipo de cambio más bajo que el conveniente para el comercio internacional del país, pues entonces se puede tener por seguro que el racionamiento de divisas tendrá que ser impuesto o perpetuado, poniéndose en peligro la capacidad de servicio de la deuda externa”.[6]

En la explicación correspondiente ofrecida por Mancera tendrían que intervenir tres agentes: las empresas con pasivos excesivos en moneda extranjera, los acreedores del exterior y las autoridades financieras mexicanas. Por parte de esos acreedores, se esperaba que ampliaran los plazos y mejoraran las condiciones a fin de facilitar que los deudores pudieran liquidar sus deudas. Por su parte, aunque el ponente no hiciera mención del papel que correspondería a los deudores, la idea era claramente que deberían desplegar un importante esfuerzo empresarial para tener la capacidad de pagar esos y todos los pasivos en su balance. Entre esos deudores se contaban muchas de “las empresas que mueven a la economía nacional”. Por su parte, a cargo de las autoridades quedaría en primer lugar como aportación, el esquema mediante el cual se pudiera resolver el problema que se traía entre manos, pero la condición de partida para la aplicación del esquema sería “que los acreedores extranjeros extiendan los plazos de sus créditos”. Para facilitar esas reestructuras, las autoridades financieras mexicanas establecerían un mecanismo para vender futuros de moneda extranjera a esos deudores a fin de liberarlos de la amenaza del riesgo cambiario. A continuación, con el importe de esos futuros los deudores involucrados en el programa podrían ir pagando las amortizaciones de sus deudas externas. Y ahí mismo el banquero central, Miguel Mancera, señaló que dicho esquema podría ponerse en ejecución “posiblemente mediante un fideicomiso a constituirse en el Banco de México”, y, sin mencionar a ningún otro agente adicional, el ponente explicó también de dónde provendrían los fondos para adquirir los futuros mencionados: “Toda vez que la mayor parte de los deudores de moneda extranjera no cuentan con los pesos suficientes para pagar de inmediato el referido importe, se otorgarán al efecto créditos en moneda nacional a plazo igual a los que concedan los acreedores extranjeros”.

El diseño del esquema se encontraba ya muy afinado y el avance se comprueba con dos de sus procedimientos básicos: el relativo a la constitución de los futuros en moneda extranjera que se venderían a los deudores que se inscribieran en el programa, además de la fórmula para la liquidación de los créditos que se concedieran en moneda nacional para la adquisición de los futuros mencionados. Empecemos por el mecanismo para administrar los futuros, bajo la premisa de que su venta no debería otorgar subsidios en favor de las empresas que los adquirieran. La razón para esto último debería ser clara: “El gobierno mexicano difícilmente puede tomar más subsidios a su cargo. Estos inciden en el déficit fiscal, motor principal del proceso inflacionario que hemos vivido”. Sin embargo, a pesar de la consigna de no ofrecer subsidios, como ya se ha mencionado, el tipo de cambio de partida para la venta de los futuros se planteó en 70 pesos por dólar, siendo que en el mercado libre esa cotización era superior a 130 pesos por dólar. La clave residiría en la magia del interés compuesto. El importe en moneda nacional para el pago de los futuros se invertiría para que con el saldo final se pudiera adquirir “la moneda extranjera cuando ésta deba ser entregada”. Para tal fin, los técnicos financieros del Banco de México deberían afinar una fórmula para la inversión correspondiente según la cual se tuviera la mayor probabilidad de que el saldo de la inversión estuviera muy cercano con la cantidad de moneda extranjera a pagar. En razón de que es imposible saber el futuro y de que todas las extrapolaciones son siempre aproximadas, podría suceder uno de dos resultados: que ese saldo de la inversión resultara superior o inferior a la cantidad de moneda extranjera a pagar. En el segundo de esos casos la operación significaría cierta pérdida para el gobierno y en ganancia en el caso de sobrante. Pero sin importar cuál fuera el resultado de las inversiones correspondientes, una cosa quedaría asegurada: “el riesgo cambiario involucrado en esta operación, lo toma el gobierno para que deje de pesar sobre la empresa deudora en moneda extranjera”.

Dentro del esquema definido se había considerado que los créditos en moneda nacional para adquirir los futuros tuvieran plazos coincidentes con los pasivos reestructurados en moneda extranjera. En palabras de Mancera, “se espera[ba] que los acreedores extranjeros reestructuren sus créditos de manera que éstos tengan periodos de gracia de entre 3 y 4 años y otros tantos años para la amortización del principal”, pero en cuanto al nivel de las tasas de interés aplicables, sería imposible una coincidencia semejante. A los créditos en moneda nacional se les tendrían que aplicar las tasas de interés prevalecientes en la economía interna. Sin embargo, en el tratamiento de esos pasivos había que dar consideración a los efectos perversos de la alta inflación que existía en la economía mexicana. El hecho comprobado, es que –como ya se explicó– una inflación elevada da lugar a una amortización muy rápida de los créditos por el efecto que produce el componente inflacionario que se incorpora tanto en las tasas de interés pasivas como en las activas, una vez que deja de existir ilusión monetaria. Es decir, una situación en que los agentes económicos no han tomado consciencia del fenómeno inflacionario y de los daños que infringe. Cuando los ahorradores toman plena consciencia del fenómeno inflacionario, exigen la incorporación en el rédito que se les ofrece de un premio que les resarza de la erosión que causa sobre su capital el crecimiento de los precios. Toda vez que ese premio por inflación se traslada o repercute necesariamente a las tasas activas, su efecto sobre el deudor es que da lugar a la ya mencionada amortización acelerada y no planeada de los créditos. Y mientras más elevada sea la inflación, más grande será también la denunciada amortización anticipada de los créditos. Fue en este sentido que, por instrucciones del director general Mancera, se empezó a trabajar en el Banco de México en la preparación de una fórmula cuya aplicación pudiese resolver el fenómeno explicado de la amortización anticipada de los créditos por causa de la inflación.

Además de la calidad técnica con la que se diseñó el mecanismo que con el tiempo empezó a conocerse mediante el acrónimo de FICORCA, su preparación demostró que no se necesita tiempo en exceso para con “imaginación y realismo” esforzarse “para dar soluciones a problemas que son nuevos para nosotros”. En ese contexto, tuvo lugar el muy importante antecedente de que apenas a diez días del inicio de la nueva administración del presidente De la Madrid, se acordó modificar el artículo cuarto transitorio del Decreto del Control de Cambios. La finalidad de esa modificación fue disponer que el Banco de México pudiera establecer un sistema de cobertura para los riesgos cambiarios bajo “el entendido de que sólo podrían aceptarse en dicho sistema, créditos cuyo vencimiento fuera a largo plazo o se reestructuraran para vencer durante un lapso prolongado”. Y en esa misma disposición se agregó otro importante criterio general para sustentar al mecanismo: las coberturas cambiarias que se expidieran no deberían conllevar subsidios en favor de los interesados. Al respecto, el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, añadió en una presentación de septiembre de 1984: “Esta característica del sistema es de la mayor importancia, tanto para evitar cargas adicionales sobre las finanzas públicas como para impedir transferencias cuestionables de ingresos entre distintos grupos de la sociedad”.[7]

Debe entenderse que el proyecto que vino a conocerse con el acrónimo de FICORCA estaba dirigido a dar solución únicamente al problema de la amortización de las deudas en dólares de las empresas locales. Los intereses de esas deudas tendrían que pagarse de manera normal y en ese respecto estaba pendiente la cuestión de los intereses vencidos que habían venido acumulando desde que estalló la crisis de la deuda externa. A este asunto hizo referencia el economista Miguel Mancera en un discurso que pronunció ante los representantes de la banca internacional en México en diciembre de 1983, donde el funcionario del Banco de México explicó que la regularización del pago de los réditos correspondientes a las deudas externas privadas podía considerarse como “una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la normalización de nuestras relaciones financiera con el exterior”. Es decir, debía entenderse que la liquidación de esos intereses vencidos de las deudas y la continuación de su pago en una forma normal debería de preceder a la instauración y puesta en marcha del esquema FICORCA. En ese sentido se explicó que mediando en algunos casos el apoyo o la asesoría del Banco de México, desde principios y mediados de 1983 se había iniciado la liquidación de las obligaciones mencionadas. En ese respecto, Mancera explicó a su auditorio de representantes de la banca internacional que, para ese momento, únicamente quedaba pendiente un saldo de 283 millones de dólares, monto que según el ponente sería “cubierto en seis días más, con lo que limpiaremos este renglón, a pesar de que existía la posibilidad de reestructurar parte de esos pasivos a largo plazo”. Por desgracia, no precisó el saldo original que llegó a acumularse en la forma de esos intereses vencidos.[8]

El contrato para el instrumento que se vino a denominar Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios se suscribió el 11 de marzo de 1983. En ese fideicomiso, fungió como fideicomitente el gobierno federal, como fiduciario el Banco de México y en calidad de fideicomisarios las empresas que se acogieran a su programa de coberturas cambiarias para remover de la administración de sus pasivos externos la amenaza del riesgo cambiario. El director general Mancera explicó que para encabezar a dicha estructura se designó a un joven economista de la institución de nombre Ernesto Zedillo Ponce de León, quien se había destacado en su actuación como funcionario adscrito a la Dirección de Investigación Económica y en el futuro su desempeño sería todavía más sobresaliente. De hecho, el economista Zedillo ya había empezado a hacer contribuciones valiosas al estudio del problema de la deuda externa privada incluso desde antes de la constitución del fideicomiso FICORCA. En palabras del gobernador Mancera, “Zedillo, que ya había destacado como brillante economista, se reveló también como talentoso financiero, surgiendo como el candidato más idóneo para ocupar la dirección del fideicomiso”. Posteriormente, en el cumplimiento de dicho cargo también se manifestó “como hábil negociador, excelente comunicador y eficaz ejecutivo”. De acuerdo con el principio de austeridad tan importante para el director general Mancera, el FICORCA se integró con una estructura operativa pequeña. En ella, los principales colaboradores del director Zedillo fueron dos actuarios muy competentes y un contador público muy profesional y comprometido. En el primero de esos casos se ubicaron los matemáticos Gilberto Calvillo y Gustavo Corona, mientras que en el segundo Guillermo Lucio.[9]

El fideicomiso FICORCA se constituyó con un capital de tan sólo un millón de pesos. ¿Cómo pudo el esquema haber requerido de tan escasa capitalización? El asunto puede abordarse desde dos perspectivas. Por un lado, el capital de trabajo, propiamente dicho, se obtendría de los pagos que hicieran las empresas beneficiarias que adquirieran las coberturas cambiarias que ofrecería el fideicomiso. Por otra parte, cabe señalar que la principal aportación que requirió el esquema no fue del orden financiero, sino de recursos de naturaleza intelectual: creatividad e inventiva para enfrentar problemas nuevos sin crear otros adicionales. El Banco de México se encontraba entonces en la cúspide de su excelencia institucional. Precisamente en ese ámbito de creatividad intelectual se alcanzaron dos avances técnicos de gran relevancia. El primero de esos avances tuvo que ver con el desarrollo de la o las fórmulas matemáticas para lograr que, al término de los plazos la inversión de los fondos que se pagaran por las coberturas cambiarias, coincidiera con cierta precisión con el importe de las amortizaciones a realizar en moneda extranjera. Al segundo de esos logros hizo referencia el director general Mancera en una presentación digna de recordar que pronunció ante el influyente foro del IMEF. En términos textuales, hizo referencia a la determinación de “una fórmula financiera que hiciera posible calcular con facilidad el monto de cada pago correspondiente al servicio de los créditos FICORCA, y que simultáneamente permit[iera] asegurar que el importe de los citados pagos respon[diera] al criterio de no cargar sino lo necesario para evitar subsidio…”. En su opinión, ese logro podía “ser calificado como una obra notable de ingenio financiero”.[10]

En los documentos consultados apenas se hace referencia específica a esas fórmulas matemáticas a las que se llegó, y que eran indispensables para hacer operativo el esquema FICORCA. Con respecto a la estimación del importe de las coberturas cambiarias al momento de su vencimiento, puede deducirse que los funcionarios del fideicomiso deben haber realizado un gran número de corridas econométricas a fin de llegar a los pronósticos más factibles para la cotización que tendría el tipo de cambio al momento de los mencionados vencimientos. Todo ese ejercicio, bajo el principio de intentar que al momento de los vencimientos el importe de las inversiones financieras correspondientes coincidiera con la mayor precisión posible con el saldo de las coberturas que se habían expedido. Con toda seguridad, el director del fideicomiso, Ernesto Zedillo, con el apoyo de sus dos matemáticos expertos, Calvillo y Corona, deben haber dedicado muchas horas de trabajo a la conclusión de esa tarea que a la postre resultó muy exitosa. Por lo que respecta a la fórmula para calcular las amortizaciones de los créditos en moneda nacional que se otorgaran para adquirir las coberturas cambiarias que se expidieran al amparo del programa FICORCA, el director general Mancera hizo referencia a “dos economistas del Banco de México, quienes llegaron al mismo resultado trabajando de manera independiente en los problemas del financiamiento de la vivienda de interés social”. De esa manera, los hallazgos a que habían llegado los expertos Marín Maydón y Donaciano Quintero encontraron “campo fértil de aplicación en FICORCA. Esos avances a los que habían llegado Maydón y Quintero de manera independiente fueron, de hecho, los primeros antecedentes en México para crear una fórmula aplicable para los créditos de largo plazo en épocas de alta inflación”.[11]

La instrumentación del mecanismo FICORCA también requirió de la preparación de un menú de productos a elegir (se les denominó “sistemas”) por parte de sus futuros beneficiarios. Este tema puede consultarse en el Informe del Banco de México correspondiente a ese año clave de 1983. Según esa fuente, “se ofrecieron cuatro sistemas dentro del programa de cobertura de riesgos cambiarios derivados de endeudamientos externos…”. En el sistema 1 la cobertura cambiaria correspondía al total del principal de la deuda, con la característica de que la empresa debía cubrir al contado el monto total de la cobertura al momento de la contratación. El sistema 2 también se limitaba a la cobertura del principal, aunque con la diferencia de que el contrato contemplaba el otorgamiento de un crédito en moneda nacional, destinado específicamente a la adquisición de las coberturas cambiarias necesarias para liquidar las amortizaciones del principal. Por su parte, en los sistemas 3 y 4 se ofrecía cobertura tanto para el principal como, en cierta medida, para los intereses. La diferencia residió en que en el sistema 3 la cobertura sería liquidada y en una sola exhibición por las empresas contratantes, en tanto que en el sistema 4 el programa incluiría también el crédito en moneda nacional necesario para adquirir la cobertura. En cuanto a los plazos, para tener acceso a los sistemas 1 y 2 se requirió de los solicitantes que consiguieran con sus acreedores un plazo mínimo para los pasivos renegociados de al menos tres años de gracia más tres de amortizaciones. En lo relativo a los sistemas 3 y 4 la precondición se estableció en al menos cuatro años de gracia con otros cuatro adicionales para amortización del capital. Por último, los créditos ofrecidos en los sistemas 2 y 4 se concederían bajo la fórmula ya referida diseñada para evitar la amortización acelerada a que daba lugar la inflación, sobre todo cuando es elevada.[12]

La preparación del mecanismo FICORCA con su oferta de cuatro sistemas también requirió de un importante trabajo jurídico. A este aspecto del proyecto se refirió también el director general Mancera en la presentación- muy valorada por él- que ofreció con motivo otorgamiento del premio IMEF a la investigación financiera. Según expuso, dicho trabajo implicaba una “gran dificultad”. En su parte más sencilla, “había que redactar circulares y contratos de manera que materias de complejidad considerable quedaran expresadas en términos inteligibles”. En su dimensión más compleja, el reto radicaba en conferir a la materia un enfoque legal que permitiera “un tratamiento jurídico que no sembrara dudas sobre la validez de los contratos”, especialmente porque habrían de ponerse en operación figuras bancarias y financieras con escasos antecedentes en el país. En ese sentido, destacaba en particular el caso de los créditos en moneda nacional “aFICORCAdos”. Y en verdad que debió haberse hecho en ese sentido un trabajo de gran calidad, debido a que, seguramente, resultó un reto particularmente complejo traducir al lenguaje jurídico oficial términos técnicos de la economía, como el de indexación en términos reales del principal de un financiamiento, definir una tasa de interés sin el componente inflacionario o un plan de amortización desprovisto del efecto de la inflación. En tal sentido, el director general Mancera destacó en lo específico el “trabajo de dos abogados del Banco, apoyados por otros elementos del área jurídica” que merecían un reconocimiento especial. Para concluir, el ponente agregó: en ambos casos se trataba de “servidores públicos que, teniendo sobradas oportunidades de obtener elevados ingresos en bufetes jurídicos o en la empresa privada, han preferido, con gran sacrificio personal, dedicar su esfuerzo al beneficio colectivo”. Se trataba de los abogados Roberto del Cueto y Alfredo Aguirre.[13]

Los contactos con las empresas que podrían beneficiarse gracias al esquema FICORCA y con sus principales funcionarios se iniciaron incluso desde antes de tener definido al esquema con toda su precisión. Al respecto, el director general Mancera recordaba las muchas reuniones de consulta que se llevaron a cabo con las empresas en esa situación delicada de endeudamiento para ir recabando sus opiniones y, en caso de haberlas, sugerencias de carácter técnico para mejorar la coherencia del esquema de salvamento. Según el testimonio del director Mancera, esas reuniones preliminares fueron siempre coordinadas con gran efectividad por el subdirector general, Sergio Ghigliazza. Y en cuanto a las personas que colaboraron y contribuyeron a impulsar el proyecto, Mancera recordó en ocasión del premio IMEF de investigación financiera a varios representantes destacados del sector empresarial: Ernesto Vega, Alfonso Pandal, José Mantecón, Orlando Loera y Luis Fernando Brandt. En cuanto a la comunidad de los bancos acreedores, Mancera siempre se ha referido a la labor destacada y muy comprensiva del banquero estadounidense John Donelly del Chase Manhattan Bank de Nueva York.

Ya diseñado el esquema sobrevino lo que podría denominarse la etapa de promoción para su puesta en marcha. De manera complementaria, por un lado, hubo que hacer una campaña muy importante de explicación y convencimiento con las empresas que tenían una deuda importante en moneda extranjera y por otro con los representantes de los bancos acreedores. Al primer respecto, comentó el director general Mancera que era necesario emprender una muy extensa labor de comunicación y de persuasión. “Había que explicar el esquema a todos los posibles interesados, responder sus preguntas y despejar sus dudas”. Esa tarea llevó varios meses y fue encargada por la Dirección General del Banco de México a tres funcionarios destacados de la institución. Al economista Francisco Gil Díaz a la sazón director de Investigación Económica, al también economista Ernesto Zedillo cabeza en el fideicomiso FICORCA y al abogado Roberto del Cueto, funcionario muy cercano a la Dirección General. Esos tres representantes “dieron múltiples pláticas y sostuvieron extensos diálogos tocantes a los aspectos subyacentes de la economía nacional y a las características financieras de las fórmulas FICORCA”. Y en esa tarea de promoción fueron también de gran ayuda los apoyos que brindó al proyecto el IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas) y en particular quien en ese momento era su presidente: el doctor Daniel Beltrán.

La consolidación del esquema FICORCA se alcanzó gracias al esfuerzo de promoción realizado ante los bancos acreedores de las empresas endeudadas. Al respecto, se ha mencionado que en ese esfuerzo jugó un papel muy importante de liderazgo John Donnelly, representante en México del Chase Manhattan Bank. Y felizmente, esa fue la materia de un discurso que pronunció el director general del Banco de México, Miguel Mancera, con motivo de una comida que le ofrecieron los representantes de la banca internacional en México en septiembre de 1983. Con respecto a la instrumentación del esquema, el orador celebró que se lograran superar “las etapas más complejas del proceso de renegociación”, aunque tampoco podía soslayarse que aún quedaba “por recorrerse un tramo difícil antes de llegar a la solución integral del problema de la deuda privada externa”. En dicho proceso, “la cooperación y solidaridad de la banca internacional continuaría jugando un papel decisivo”. En relación a la negociación que se había logrado con los bancos acreedores, el banquero central Mancera evocó una reunión de arranque celebrada en febrero de 1983, en la cual “por primera vez expusimos y discutimos con ustedes ideas sobre lo que habría de convertirse con el tiempo en el Programa para la Cobertura de Riesgos Cambiarios”. A continuación, el ponente hizo referencia a “las largas horas de trabajo y discusión que entonces compartimos, algunas veces sosteniendo opiniones diferentes, pero sin perder nunca la comunicación y el deseo de encontrar solución a los problemas comunes”. En ese contexto, en una etapa clave el avance del proyecto FICORCA había dependido de que se entendiese la necesidad ineludible “de reestructurar a largo plazo los pasivos contratados con ustedes por la empresa privada mexicana”. En tal sentido, destacó la importancia de que en un momento clave todas las partes involucradas llegaran a la conclusión de “que la reestructuración era ineludible…”.

Aquel discurso ante los representantes de la banca internacional en México respondió tanto a motivos de celebración como de reconocimiento. De celebración, a causa de que el instrumento que se había creado “para resolver el problema de la deuda privada externa, alcanzó plenamente sus objetivos…”. Y el reconocimiento se concretó cuando el banquero central Mancera explicó que de “poco o nada hubiese servido la originalidad conceptual, jurídica o financiera de FICORCA si a lo largo de las negociaciones que ustedes han sostenido con las empresas mexicanas no hubiera prevalecido un claro espíritu de cooperación y de solidaridad”. Sin embargo, el objetivo ulterior –en un futuro– de todos esos esfuerzos no podía ser únicamente que se reestructurasen las deudas externas de las empresas a largo plazo sin riesgo cambiario; las aspiraciones debían ser mucho más ambiciosas y amplias. Una de ellas, siendo ésta fundamental, era el restablecimiento de las condiciones para que México captara “un flujo de recursos suficiente”. Ello, con los dos objetivos clave de “compensar los vencimientos de créditos contratados anteriormente” –es decir, recuperar la capacidad de refinanciar las deudas– y de manera paralela estar en posibilidad de “complementar el ahorro interno” con ahorro del exterior”. Además, en términos generales, se buscaba estar en posibilidad de lograr una recuperación plena de las empresas privadas del país y, por esa vía, de la economía en su conjunto. En ese sentido, era “fundamental tener presente que las empresas deudoras de ustedes constituyen un elemento toral del sector privado del país, y que es precisamente la recuperación de las inversiones de este sector la que habrá de ser uno de los puntales básicos para la reactivación económica de México”. Y el colofón de aquella pieza de oratoria financiera se fincó en la idea, poco discutible, de que el banquero de excelencia siempre sabe del imperativo de “cuidar al buen cliente”. En ese tenor, no era “difícil anticipar que cuanto más flexibles y menos onerosas sean las condiciones que ustedes pacten con las empresas en los contratos de reestructuración, mayores serán las probabilidades de reactivar la economía en el corto plazo”.[14]

La puesta en marcha del mecanismo FICORCA se desarrolló de principios de mayo de 1983 a la fecha límite que se estableció para la incorporación de solicitudes al cierre del mes de octubre de ese año. A dicha tarea se hace referencia en el Informe Anual del Banco de México correspondiente a 1983. Y lo que se consigna en esa fuente es que en el periodo de mayo a agosto se inscribió al programa FICORCA un monto relativamente reducido de tan sólo 1 700 millones de dólares el cual apenas casi se duplicó durante el mes siguiente de septiembre. Ese hecho llevó a que en dicho documento se escribiera que entre las autoridades surgieran dudas sobre el éxito que pudiera alcanzar el programa. Sin embargo, ya en el mes de cierre de octubre “durante los últimos días de vigencia del mecanismo la incorporación fue masiva…”. De esa manera, se tiene que el total de los pasivos que se lograron renegociar al amparo del mecanismo FICORCA llegó a un total de 11 608 millones de dólares, lo que se consideró como un resultado muy alentador. En cuanto a las empresas endeudadas que se inscribieron al programa, se pudo observar que de 1 214 inscritas casi el 43 por ciento participó con un monto menor a un millón de dólares. En términos del citado Informe Anual del Banco de México ese resultado confirmó que la aplicación del programa FICORCA no estuvo limitada a tan sólo los grandes deudores. Y otro resultado a destacar fue que una proporción alta de las empresas que se inscribieron al programa lograron con sus acreedores reestructuraciones por arriba de los plazos mínimos establecidos en las reglas de cuatro años de gracia con cuatro adicionales de amortización. Y otros datos importantes a consignar fueron que, por el lado de los acreedores, la renegociación se logró con aproximadamente 300 instituciones financieras además de 200 proveedores.

¿Por qué la cifra de 11 mil 608 millones de dólares despertó tanta satisfacción entre las autoridades, si el total de la deuda externa privada se estimaba en aproximadamente 18 miles de millones? La explicación es que ese remanente o diferencia incluía pasivos que requerían de un tratamiento distinto. A este asunto también se hace referencia en el citado Informe Anual del Banco de México de 1983. En esa tesitura había varios casos de excepción, entre los cuales destacaban aquellas deudas a las que ya se les había extendido cobertura cambiaria mediante el programa de reporto de divisas del Banco de México y que con gran discreción se había puesto en ejecución por el Banco de México desde el sexenio anterior. Y el saldo de esos pasivos con cobertura cambiaria no era despreciable pues alcanzaba la muy importante cifra de cerca de 2 mil millones de dólares. De manera adicional, en esa situación de excepcionalidad se ubicaron las deudas con proveedores y a las cuales se les dio un tratamiento especial en algunos casos también con la intervención de FICORCA. Dentro de esa categoría, un caso especial fue el de las empresas deudoras con capacidad exportadora. En ese caso se logró la renegociación con los acreedores comprometiendo a la liquidación de la deuda correspondiente el 50 por ciento de los ingresos, por concepto de ventas al exterior y en la publicación referida también se hace referencia a otros casos de empresas cuya deuda externa requería de otro tipo de aproximación. Un ejemplo era el de las empresas endeudadas (quizás minoritarias) que tal vez por gozar de una situación sólida no requerían de renegociación con sus acreedores, al igual que las fuertemente exportadoras. Por último, cabe citar el caso excepcional de aquellas empresas que tenían pasivos con entidades no privadas o con organismos internacionales o regionales.[15]

Como ya se ha visto, hacia el año de 1984 la solución al problema de la deuda externa privada estaba prácticamente encaminada. Ése era el panorama, cuando el destino, siempre imprevisible, se atravesó en el camino para deparar una sorpresa desagradable. La crisis de 1986-1987 causada por el desplome de los precios del petróleo destapó dos amenazas entrelazadas entre sí. La primera, que por los efectos de esa crisis nuevamente las empresas que habían renegociado sus deudas externas al amparo del programa FICORCA se vieran impedidas de continuar con los pagos acordados. Segunda, que empezaran a escasear los dólares para poder pagar las coberturas cambiarias que se habían contratado. En ese trance, lo recuerda con toda claridad el abogado del Banco de México, Roberto del Cueto, la salida que se buscó fue una nueva reestructura en los programas de pago contratados con la mediación de FICORCA. Esa reestructuración fue la causa de que el programa FICORCA concluyese hasta 1993 en lugar de 1991, como se había programado originalmente, en razón de los dos años adicionales de plazo que se consiguieron en tal renegociación. A tal fin, se inició nuevamente una larga peregrinación a las sedes matriz de los bancos acreedores en la búsqueda de tal renegociación. Desde el punto de vista jurídico, la finalidad era lograr una modificación de los muchos contratos ya firmados, en particular en lo relativo a los calendarios de pago. Cuando se suscitó ese contratiempo, Ernesto Zedillo ya no estaba al frente del fideicomiso FICORCA y había sido designado para ese cargo otro funcionario del Banco de México también muy destacado: Carlos Ruiz Sacristán; quien junto con el abogado del Cueto se les encomendó tal peregrinación internacional, para renegociar una reestructura adicional de los calendarios de liquidación dentro del programa FICORCA.[16]

En el Informe Anual del Banco de México para 1988 se presenta una breve, pero muy interesante crónica de lo que sucedió con el programa FICORCA ese año y el precedente de 1987. Las medidas que se tomaron estuvieron en muy buena medida determinadas por la escasez de moneda extranjera que siguió prevaleciendo en la economía mexicana y el pronóstico que no se había podido cumplir de un regreso gradual de las empresas mexicanas al crédito externo voluntario. Fue por esas dos razones, pero principalmente por la primera, que se propuso el programa para la reestructura de los pasivos que se habían acogido a ese programa. En ese contexto fue que con grandes dificultades se pudo negociar con los bancos acreedores el que se llamó “Programa de Refinanciamiento de la Deuda a Cargo del FICORCA”. Ese programa tuvo dos partes: la primera relativa a la reestructura de esos pasivos y la segunda, de gran interés, relativa al pago anticipado de algunos de esos pasivos mediando descuentos por parte de los bancos acreedores, además del compromiso de reciclar los pagos correspondientes como créditos externos a empresas mexicanas. La reestructura de esos créditos se identificó con los términos que se habían conseguido en la última renegociación de la deuda externa pública de 20 años de plazo con siete de gracia. Para algunos bancos, esos términos fueron un incentivo para ofrecer descuentos atractivos a los deudores a cambio del pago anticipado de los adeudos FICORCA. En ese orden, de la reducción de esos pasivos por 7 mil 560 millones de dólares sobre un saldo original de aproximadamente 10 mil millones, 6 mil 230 millones correspondieron al pago anticipado de pasivos. En suma, a seis años del lanzamiento del programa la deuda en vigor por él había quedado reducida a 2 mil 440 millones de dólares de los cuales sólo 1 070 millones fueron objeto de reestructuración.[17]

El modelo para la solución de la deuda externa privada estuvo marcado por el éxito, sobre todo en su objetivo de hacer posible que las empresas con pasivos denominados en moneda extranjera los reestructuraran en un plan muy razonable de cuatro años de gracia con otros cuatro para liquidar las amortizaciones de capital. La finalidad ulterior del programa, ya se dijo en las páginas precedentes, fue facilitar que las empresas que se habían apalancado con bancos del extranjero pudieran sobrevivir e incluso fortalecerse con vistas a un futuro promisorio. Según noticias, en esta última forma fue como efectivamente sucedió con la inmensa mayoría de las empresas que se afiliaron al llamado programa FICORCA. De seguro, los bancos acreedores también deben haber resultado complacidos con la salida que se dio al problema de las empresas mexicanas con pasivos en moneda extranjera y que se acogieron al programa. Asimismo, el desenlace favorable debe también haber despertado mucha satisfacción entre los funcionarios del Banco de México que trabajaron en la definición e implementación de la fórmula. En ese orden, en la edición del Informe Anual del Banco de México para el año 1992 simplemente se reportó en forma muy sintética que, implícitamente, había tenido lugar en la implementación del mecanismo FICORCA un resultado también muy favorable. Los fondos en moneda nacional aportados por las empresas para pagar las coberturas cambiarias a su vencimiento, se habían invertido financieramente con mucho cuidado por parte de las autoridades del fideicomiso. Tan resultó adecuada la inversión de esos fondos que en su momento el saldo no únicamente fue suficiente para liquidar íntegramente las coberturas cambiarias contratadas, sino que al término del programa todavía se obtuvo un remanente que se aplicó en favor del fideicomitente: el gobierno federal. Según noticias, ese excedente fue destinado por la Secretaría de Hacienda a la amortización anticipada de deuda pública interna. En tal sentido, se escribió en la mencionada edición del Informe Anual: “Es importante resaltar, que la operación de FICORCA no sólo fue autosuficiente, sino que al finalizar su gestión registró utilidades de 7 mil 401 millones de nuevos pesos”.[18]

Regresar al principio