Tomo XIX: El despegue que se frustró
VI. Desplome cambiario

 

La historia es sorpresiva. Y también puede ser tremendamente decepcionante. Fue el caso del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari hacia finales del año 1993 y a todo lo largo del siguiente 1994. Ya terminando 1993 se había aprobado el Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso de los Estados Unidos y rumbo al futuro parecía abrirse un escenario de ensueño: la materialización de todos los empeños imaginados. La senda parecía abierta para todos los éxitos deseados y de ahí a la gloria histórica posterior. La celebridad para la posteridad. En ese momento, nadie pudo haber previsto el desenlace del desastre que aguardaba a tan solo un año de distancia. A la vuelta de la esquina. Un elemento fundamental en aquel despegue de éxitos había sido el propio presidente Salinas. Con su (aparente) gran claridad de visión y con un liderazgo que se mostraba como tremendamente efectivo. Superando unos inicios inciertos por las dudas sobre la legitimidad de su triunfo electoral, el presidente Salinas se había ido afianzando con aciertos de gobierno posteriores y reformas muy bien concebidas. Y de su inspiración política habían emanado instrumentos de gobierno de gran efectividad como el Programa Solidaridad y el planteamiento filosófico relativo al Liberalismo Social. Sin embargo, antes de finalizar 1993 empezaron a manifestarse, en secuencia, una sucesión de eventos muy desfavorables que sumados, acabaron por generar en México una gran crisis económica que se inició con una macrodevaluación muy traumática.

La explicación oficial del Banco de México sobre la debacle cambiaria del año 1994 se apoyó en su totalidad en la tesis de los choques exógenos de naturaleza política que terminaron con el régimen cambiario en vigor. La tesis es desde luego acertada. Las evidencias factuales están a la vista en cuanto a la asociación causal entre movimientos al alza del tipo de cambio o pérdidas importantes de reservas internacionales con la ocurrencia de las experiencias traumáticas enunciadas. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis histórico también es necesario darle matiz a la explicación referida. Ello, haciendo explícito el marco de vulnerabilidades macroeconómicas en el que los acontecimientos desfavorables tuvieron lugar. O, para ser más exactos, contextualizar en su entorno de vulnerabilidades macroeconómicas los eventos traumáticos que tuvieron lugar a lo largo del año mencionado. Tres eran las vulnerabilidades macroeconómicas referidas y que pesaban como fardo sobre la estabilidad de la economía mexicana de la época:

1. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual ejercía presión por dos conductos. Primero, por su gran monto por arriba de 7 por ciento con respecto al PIB. Segundo, por su forma de financiamiento mediante capital de corto plazo de tipo “golondrino”.

2. La apreciación del tipo de cambio real que había dado lugar a las entradas masivas de capital.

3. Tasas de interés internas relativamente altas para el contexto de elevada oferta de capitales que prevalecía. En la existencia de esas tasas elevadas había implícita una contradicción en la política monetaria que pocos observadores se atrevieron a denunciar en su momento. Por un lado, había la necesidad de una política monetaria con postura restrictiva para avanzar el programa de desinflación que se había adoptado. Por otro, las tasas de interés elevadas contribuían a atraer capital.

En términos retrospectivos, queda claro que el entorno referido de vulnerabilidades macroeconómicas era manejable en un contexto de estabilidad política y tranquilidad social. Sin embargo, no resulta completamente claro que lo anterior fuese también cierto en un entorno de intranquilidad general como el que prevaleció a lo largo del año 1994. En términos retrospectivos, queda cada vez más claro que la apertura financiera de México debió haberse instrumentado de una manera gradual. Por razones prudenciales, que en el momento histórico del sexenio de Salinas de Gortari no se hicieron evidentes.

Pero en términos exclusivamente económicos o, si se quiere cambiarios, empecemos por las buenas noticias. La reserva internacional del Banco de México creció en forma ininterrumpida durante los primeros cinco años del sexenio del presidente Carlos Salinas. Ese resultado fue posible gracias a que el país logró captar montos crecientes de capital externo. Tal vez la entrada de capitales y, por tanto, también la acumulación de reservas en dólares, no habrían sido posibles o, por lo menos, se habrían dado ambos fenómenos en magnitudes menores, si la política económica seguida no hubiese puesto un énfasis especial en reducir la inflación y en fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país. De manera especial, la oferta amplia de moneda extranjera no únicamente provino de las entradas de capital. Esa oferta también se derivó de las exportaciones del país que en el periodo de interés se ampliaron y se diversificaron de manera muy importante. A los tipos de cambio vigentes, la oferta de divisas en el mercado cambiario fue sistemáticamente superior a la demanda y ese hecho permitió al banco central compras reiteradas que engrosarían el acervo correspondiente. De 1989, primer año de aquel sexenio, al cierre en 1993, el saldo de la reserva internacional del Banco de México pasó de 6.9 a 24.6 miles de millones de dólares (Banco de México, 1990a, p. 18; Banco de México, 1994b, p. 21).

En el párrafo anterior se habla de tipos de cambio, en plural, debido a que desde diciembre de 1982 se adoptó en México un régimen de control de cambios parcial que dio lugar a un mercado dual. Pero en noviembre de 1991 las autoridades anunciaron la terminación de ese régimen. Cabe destacar dos consecuencias de esa medida. La primera, la desaparición del tipo de cambio controlado y su reemplazo por una cotización única representativa del mercado. La segunda, una ampliación de los diferenciales entre compra y venta con dos fines: promover un funcionamiento del mercado cambiario más eficiente y sin intervención del banco central, y que los costos de las transacciones cambiarias se reflejaran con mayor fidelidad en las cotizaciones del mercado. Otra decisión importante tuvo que ver con la reducción del deslizamiento del tipo de cambio de 40 a 20 centavos diarios a partir del 11 de noviembre referido. Así, al cierre de 1991, la cotización para solventar obligaciones en moneda extranjera registró una depreciación de tan solo 4.3 por ciento, bastante menor que la de 11.5 por ciento observada el año anterior. Por su parte, el deslizamiento a tasa anual para el tipo de cambio bancario a la venta cerró en 4.6 por ciento (Banco de México, 1992a, pp. 146-147).

El establecimiento de un techo y un piso para las cotizaciones del tipo de cambio se implementó en noviembre de 1991. Sin embargo, fue hasta octubre del año siguiente cuando se configuró en definitiva el régimen cambiario de bandas que se encontraría en vigor a todo lo largo de 1993 y casi la totalidad del traumático año de 1994. A partir del 21 de octubre de 1992 se acordó un desliz más rápido para el límite superior de la banda, incrementando la tasa de deslizamiento de 20 a 40 centavos diarios. Por su parte, el piso oficial se mantuvo constante en 3.052 pesos por dólar. Las implicaciones prácticas de este nuevo esquema eran muy grandes. La idea básica era que el tipo de cambio contara con un margen cada vez más amplio para acomodarse de acuerdo con los movimientos de la oferta y la demanda. Así, en la medida en que pasara el tiempo, el país avanzaría de forma tácita y gradual a un régimen de flotación cambiaria.

¿Cómo fue que se concilió la propuesta de avanzar gradualmente hacia un régimen de flotación cambiaria con la función que cumplía el tipo de cambio dentro de la estrategia de combate a la inflación (el Pacto), que se había adoptado desde finales de 1987? Cabe recordar, al respecto, que en el marco de la concertación social en que se fundaba la estrategia de estabilización correspondiente, entre los compromisos asumidos por el gobierno estaba ofrecer un comportamiento predeterminado para el tipo de cambio. Y la solución a esa aparente contradicción residió en la adopción de una banda virtual de flotación mucho más estrecha, la cual se encontraba dentro de las bandas oficiales. El mantenimiento del tipo de cambio dentro de esa banda virtual –más ceñida– equivaldría, en términos prácticos, a un tipo de cambio semifijo. En la Gráfica 2 se muestra la banda virtual con las cotizaciones cambiarias de cada día.

Fuente: Schwartz, Moisés J. (1994), p. 298.

Desde la adopción del régimen de bandas hasta el otoño de 1993, hubo en México una gran sobreoferta de dólares y nadie, absolutamente, imaginó que en ese lapso el panorama pudiera modificarse, y menos abruptamente. Por esta razón fue tan sorpresivo que, en ocasión de la aprobación del TLC por parte del Congreso de los Estados Unidos, tuviera lugar una fuga bastante considerable e imprevista de fondos ante la cual no hubo necesidad de comprometer reservas internacionales. En sus memorias, Salinas de Gortari explica las medidas que en su momento debían aplicarse en caso de que el TLC fuese rechazado por el Congreso estadounidense (Salinas, 2000, pp. 184-186). En esa eventualidad, ya se prevenía que habría una fuga importante de capitales y que la política económica local tendría que hacer frente a ese peligroso fenómeno. Abunda Salinas que en las sesiones que se llevaron a cabo en el seno del gabinete económico respecto de la mencionada coyuntura hubo dos posiciones extremas. Una de ellas planteaba la elevación del techo de la banda de flotación a fin de dar mayor espacio para que el tipo de cambio acomodara imprevistos en las condiciones de oferta y demanda. La otra posición que se discutió fue la de incrementar el desliz del techo, principalmente con la finalidad de enviar un mensaje para convocar tranquilidad y confianza en el mercado (Salinas, 2000, p. 189).

En las discusiones posteriores que afloraron con motivo del desenlace de crisis cambiaria en que terminó el año 1994 se planteó con mucha insistencia que la política cambiaria acordada por las autoridades de México había dado lugar a una apreciación excesiva del tipo de cambio real del peso mexicano. Es decir, de la relación relativa entre el nivel de los precios internos en comparación con los correspondientes a los principales socios comerciales del país. En términos más realistas, contra el nivel relativo de los precios en la referencia comercial prioritaria de la economía de México que es la de Estados Unidos. En palabras, lo más pragmáticas posibles, los indicadores de tipo de cambio real –todos ellos, por naturaleza, bastante aproximados aunque inmensamente útiles– estiman qué tan cara o barata se ha puesto la economía interna con respecto a la de los principales socios comerciales. Además, otra característica muy importante: esos indicadores no tienen la capacidad para medir los niveles referidos de precios en un momento dado sino tan solo su evolución con respecto a una referencia histórica, usualmente de elección discrecional. A manera de ejemplo, los índices de tipo de cambio real a que se recurrió para argumentar que durante el sexenio de Salinas de Gortari ese indicador se había dejado elevar en demasía hasta supuestamente provocar “sobrevaluación”, utilizaron como punto histórico de referencia comparativa diciembre de 1987, después de la devaluación del peso mexicano de poco antes.

El debate, que se volvió apasionado, sobre si el tipo de cambio real del peso mexicano se había dejado apreciar hasta la sobrevaluación, lo detonó el economista Rudiger Dornbusch de la prestigiada institución académica Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT). Con base en un índice de tipo de cambio real construido mediante la comparación relativa del movimiento de los precios internos de México con respecto a los principales socios comerciales, el académico estadounidense hizo la acusación de que la apreciación real hasta finales de 1993 había llegado hasta 76 por ciento (Dornbusch, R. & Werner, A., 1994). Es una lástima que la principal refutación pública conocida no se haya publicado hasta el año 1995 por cuenta de dos importantes funcionarios del Banco de México: Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens (ambos, futuros secretarios de Hacienda). Claramente, Gil y Carstens tuvieron éxito al refutar la exagerada acusación de Dornbusch de una apreciación real de 76 por ciento. En términos de sus cálculos con dos índices alternativos de tipo de cambio real, la apreciación en términos relativos había sido aproximadamente del 39 o del 33.9 por ciento, ya fuese que la estimación se realizara solo con respecto a Estados Unidos o con ponderadores en relación con los principales socios comerciales del país. Lo que por desgracia no comentaron Gil y Carstens es que la apreciación real habría sido mucho mayor de no haberle fijado las autoridades un piso al tipo de cambio nominal. Y el resto de la polémica resultó más bien de tipo discrecional o apreciativo. Desde esa perspectiva, para Gil y Carstens no había resultado excesiva o preocupante una apreciación real del 33.9 por ciento. Es decir, no había tenido lugar una apreciación “inmensa (huge)” como lo habían denunciado previamente Dornbusch y Werner en su polémico artículo. Sobre todo, mediando el transcurso de más de seis años de tiempo cronológico además de una devaluación importante del tipo de cambio nominal (Gil & Carstens, 1996, pp. 11-17).

Decididamente, el análisis de Gil y de Carstens sobre la evolución del tipo de cambio real se torna más interesante y convincente cuando el indicador de uso se apoya en el concepto de costo unitario de la mano de obra. Se trata de un indicador más robusto sobre la competitividad comercial de una economía, en el caso que nos ocupa, de la economía mexicana durante el sexenio 1988-1994. El costo unitario de la mano de obra es el único indicador que verdaderamente puede desalinearse con respecto a los fundamentos macroeconómicos de un país, sin que tenga lugar un ajuste inmediato muy importante por parte de las fuerzas de mercado. No por casualidad, este último es el caso del ajuste inmediato de los precios internos después de una devaluación importante por efecto del arbitraje del comercio internacional. En un enfoque más intuitivo, muy poco tiene que ver con la competitividad externa de una economía la renta de vivienda, el costo de las colegiaturas e incluso el precio de los comestibles. Sin embargo, según lo indican los autores que se citan, sí podrían dar lugar a una elevación muy importante de los costos unitarios de la mano de obra factores tales como un fortalecimiento del sindicalismo, mayor agresividad gremial, contratos laborales mal calculados por una previsión excesiva de inflación futura.

Dicho lo anterior, en el trabajo citado de Gil y Carstens se presenta un cuadro de la evolución en México de los costos de la mano de obra por unidad de producto para el periodo que va de 1977 a principios de 1995. La serie se construyó sobre la base 1978 = 100 y contra una muestra de comparación de ocho países incluyendo, desde luego, a Estados Unidos y Canadá, además de otros socios comerciales importantes del país. Dos son las principales conclusiones que pueden derivarse del análisis de la serie correspondiente. La primera, respecto de las grandes depreciaciones del indicador que se produjeron durante el periodo de devaluaciones en cascada que tuvieron lugar durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). Tan grande fue la depreciación correspondiente, que al cierre de dicha administración el índice correspondiente se ubicó en 202.49. Sin embargo, con la mejoría de las perspectivas ya durante los inicios del sexenio siguiente (de Salinas de Gortari) el indicador se apreció a los niveles de 174.49, 167.69 y 154.82 durante los años 1989, 1990 y 1991, respectivamente. De manera importante, al cierre de 1993 el indicador se ubicó en 143.21. La conclusión que es posible derivar del comportamiento descrito es que, si bien tuvo lugar una apreciación de 1989 a 1993, todavía el indicador se mantuvo muy alejado de su base de comparación de 1978-1979. Y ya en el transcurso de 1994, como resultado de los ajustes sufridos por el tipo de cambio (hacia el techo de su banda), el indicador se acomodó a 158.05 en el tercer trimestre de dicho año (Gil & Carstens, 1996, pp. 17, 61).

Efectivamente, las entradas de capital planteaban dilemas de muy difícil resolución a la política económica del país receptor. Además, punto muy importante, eran problemas para los cuales no podría prestar ayuda la autonomía del banco central. La política económica ofrecía tan solo dos salidas posibles para enfrentar esa problemática. La primera consistía en permitir un funcionamiento pleno, sin interferencias, de los mecanismos de mercado. Es decir, si las entradas de capital eran muy cuantiosas, había que dejar que el tipo de cambio se apreciara y las tasas de interés se redujeran hasta el punto que quitaran a esos movimientos de capital los incentivos para ingresar al país. Obviamente, al establecerse un piso para el tipo de cambio nominal, las autoridades mexicanas habían renunciado implícitamente a este primer curso de acción. Además, dicha postura se sostuvo por un largo tiempo. Una segunda opción hubiera consistido en aplicar controles administrativos tanto a las entradas como a las salidas de capital. Quizá en los países de América del Sur, o en otras latitudes remotas, pudo considerarse seriamente la aplicación de controles regulatorios a las entradas y salidas de capital, pero difícilmente en México. Era el caso de un país con una larguísima tradición de libertad de cambios, además de su vecindad y frontera de dos mil kilómetros de extensión con los Estados Unidos. El menor indicio de un intento de aplicar algún control podría haber provocado una salida masiva de capitales con todas sus consecuencias.

En el pasaje arriba citado de las memorias de Salinas se habla de que ante una situación desfavorable debía permitirse el acomodo del tipo de cambio. Sin embargo, no hay referencia a otros posibles mecanismos a disposición de la autoridad para defender al régimen cambiario en vigor. Pero claramente, uno de esos instrumentos estaba implícito en los mecanismos de mercado. Se trataba de la tasa de interés, la cual debía incrementarse cuando se depreciara el tipo de cambio a manera de aplicar un castigo doble sobre los capitales que quisieran salir del país. Así, a la vez de obligar a los tenedores de esos fondos a deshacerse de sus posiciones en pesos con una reducción de los precios, tendrían que adquirir más cara la divisa extranjera por efecto de la depreciación que sufriera el tipo de cambio. Un instrumento de intervención adicional, de mucha importancia, sería el uso de reservas internacionales. En el esquema oficial únicamente se planteaban dos posibles situaciones para el recurso a esta opción. Ello, cuando el tipo de cambio alcanzara ya fuese el piso o el techo del esquema de bandas. Más adelante, en los momentos álgidos de la crisis, las autoridades dieron con un instrumento de defensa adicional: la colocación de Tesobonos –títulos denominados en moneda extranjera– en sustitución de los valores de la deuda pública interna que estaban denominados en moneda nacional.

Con sus logros, el gobierno salinista había conseguido acumular para México un importante acervo de confianza y credibilidad. Esa confianza se construyó tanto entre segmentos amplios de la sociedad local como con analistas e inversionistas del exterior. Era altamente improbable que toda esa reserva de confianza pudiese ser agotada por el impacto de un único acontecimiento desfavorable, no importa qué tan negativo fuese. Sin embargo, lo que ocurrió en esos últimos meses de 1993 y a todo lo largo de 1994 es que una secuencia continua de acontecimientos dañinos y traumáticos fue socavando paulatinamente ese acervo de confianza. Metafóricamente, como el agua contenida en una presa que acaba por penetrar el hormigón de su cortina. Así, cada vez que se producía un impacto dañino, se utilizaban en un cierto margen los instrumentos con que contaba la política económica para defender al esquema cambiario. De este modo sucedió, hasta que dicho margen se agotó para todos los instrumentos disponibles. Y el desenlace que se produjo fue el desbordamiento del esquema, resultando en una gran devaluación.

Del destape del candidato Luis Donaldo Colosio, lo que principalmente se recordó para la posteridad fue el berrinche, con desobediencia política, en el que incurrió el precandidato alternante, Manuel Camacho Solís. Ello, cuando le negó al mismísimo presidente de la República, Carlos Salinas, ir a felicitar al “destapado” y respaldar a su figura política con vistas a la siguiente elección presidencial. Pero aparte de ese incidente tan obvio y conocido, hubo en esos inicios otro factor mucho más sutil que causó daño histórico a México. Y ese factor se materializó en que el propio destape de Colosio no recibió la buena acogida colectiva que quizá se merecía por parte de la opinión pública nacional. Y nada pesó en ese resultado el hecho de que el presidente Salinas hubiera venido preparando, con todo cuidado, la candidatura de Colosio. Era por todos los iniciados sabido que Colosio era un individuo inteligente y culto y, además, un destacado funcionario público. En sus cuidadosas reflexiones respecto de la “Presidencia Imperial”, el historiador Enrique Krauze evocó a Colosio como un hombre “extremadamente suave, cortés y discreto… hecho para la conciliación, no el conflicto” (Krauze, 1997, p. 479). El problema parece haber derivado de la insuficiente visibilidad pública de Colosio frente a sus contendientes por la candidatura. Su insuficiente penetración en la consciencia colectiva del país. En su importante libro sobre las sucesiones presidenciales en México, Jorge Castañeda habló sobre las características que descarrilaron la posible candidatura en 1993 de Pedro Aspe a la presidencia (Castañeda, 1999, p. 467). Aspe había resultado un funcionario con un gran prestigio profesional y administrativo. Un secretario de excelencia, con nivel jerárquico de gabinete. Y Camacho no había desperdiciado un solo minuto de su carrera política para impulsarse a la sucesión. Es raro que algún politólogo no haya emprendido un estudio sobre los casos paralelos de las candidaturas frustradas de Moya Palencia (1975) y Camacho (1993). Camacho estaba llamado a ser el Moya Palencia en el proceso electoral de Salinas. Pero ambos vectores, tanto la insuficiente aprobación pública para la candidatura de Colosio como el capricho personalista de Camacho, le causaron a México un inmenso perjuicio. Indudablemente.

Como ya se ha enunciado, un primer golpe negativo tuvo que ver con el anuncio de quién sería el candidato a la presidencia de la República en la siguiente elección. Como ya se dijo también, otro aspirante presidencial que se sentía con méritos aún mayores para el llamado mágico, se insubordinó al no resultar elegido. De manera muy breve, en sus memorias de gobierno, el presidente Salinas hizo referencia a la actitud de insubordinación que presentó Manuel Camacho. En otra fuente digna de credibilidad se dice que, muy molesto por la nominación a la candidatura de Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho se había quedado recluido en su casa de Cuernavaca donde solía pasar los fines de semana. Se rehusaba a asistir y expresarle su felicitación a quien lo había derrotado en la carrera por el destape presidencial. Se sabe que a lo largo del día del anuncio habían llegado a saludar y a felicitar a Colosio prácticamente la totalidad de las figuras distinguidas del régimen y del sistema político. De manera notable, entre todos ellos Pedro Aspe, secretario de Hacienda, y Ernesto Zedillo, secretario de Educación. Ambos, sobradamente sabido, también candidatos a la sucesión presidencial. Camacho se encaprichó y no fue a saludar al candidato Colosio. Tiempo después, ya en otras circunstancias, Manuel Camacho emitió una explicación para su no asistencia a la felicitación. Dijo que los tiempos estaban “cambiando”. Y en esa tónica señaló haber pensado “que era indispensable establecer una diferencia con los viejos tiempos del sistema autoritario que estaba demostrado no estaban cumpliendo con lo que antes se había logrado” (Riva Palacio, 2021, p. 49).

El hecho de que en México un candidato se indisciplinara ante el destape de uno de sus contrincantes no tenía precedente en el sistema político del país. Inexorablemente, en las memorias de su sexenio, el expresidente Salinas de Gortari tuvo que hacer referencia al episodio. En los pasajes correspondientes hace referencia al manejo que él dio en la coyuntura a la conducta de Manuel Camacho, a la sazón todavía a la cabeza de la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal. Sin embargo, en ningún momento el lector encuentra indicios de la corrección disciplinaria que el mandatario debería haber aplicado ante la conducta referida. En sus memorias, Salinas explica que dada la negativa de Camacho a felicitar a Colosio ¡decidió invitarlo a desayunar el día siguiente en la residencia presidencial! Y en el relato de ese encuentro, Salinas señala que el comportamiento de Camacho “fue respetuoso”. Y todo, con la finalidad de designar a Camacho como el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Ello, dada la especialidad académica de Camacho en “los asuntos internacionales”. Claramente, la parte más importante del relato es el juicio político que hace Salinas de aquel episodio, juicio con el cual procede estar tajantemente en desacuerdo. Escribió Salinas en el pasaje correspondiente que “la actitud de Camacho no representó, ni con mucho, una crisis interna en el pri…”. Y agregó el memorialista: “La ‘crisis’ se redujo a una manifestación personal de Camacho…” (Salinas de Gortari, 2002, pp. 804-805). Sin embargo, el error analítico implícito en esas declaraciones es inmenso. Siempre daría lugar a una crisis política que un presidente de México recibiera un desaire público como el que le recetó Camacho a Salinas. Los opositores lo debieron haber notado; la opinión pública seguramente cayó en la cuenta.

Otro caso, de mayor gravedad aún, tuvo que ver con el estallido de una revuelta en el estado de Chiapas y entre cuyos pronunciamientos sobresalió una declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) contra el Ejército Mexicano. Muy bien conectados los dirigentes de ese movimiento con grupos simpatizantes del extranjero, principalmente de Europa, lograron darle mucha proyección internacional a su causa. En otros círculos, el estallido de esa sublevación despertó, además de sorpresa, bastante inquietud. En el importante libro de Raymundo Riva Palacio sobre el asesinato de Colosio se cita una revelación muy importante respecto del momento en que estalló la revuelta: “Nadie sabía qué había en la cabeza de Salinas cuando surgió el EZLN. Ni Colosio, ni Zedillo, ni nadie comprendimos, rec[ordó] Liébano Sáenz” (Riva Palacio, 2021, p. 57). De hecho, puede decirse, sin lugar a dudas, que se abrió sobre el caso un gran vacío de información, vacío que seguramente nunca se llenaría plenamente. A mayor abundamiento: los muy largos pasajes que Salinas de Gortari dedicó al asunto en sus ya citadas memorias de sexenio ofrecen un fuerte sabor a justificación a posteriori. Pero los cuestionamientos más lógicos no han sido respondidos. Empezando, por uno: ¿Cómo es posible que la Secretaría de Gobernación no estuviera avisada de antemano de la formación de un fuerte movimiento guerrillero en el corazón del estado de Chiapas (que es parte integral del territorio nacional)? ¿De qué manera puede explicarse que el nuevo secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, no supiera nada del caso? ¡Parece increíble! Antes de acceder a ese último e importante cargo, González Blanco había terminado su encomienda como gobernador de la entidad mencionada. Y a las fallas anteriores se suma la falta de interés y compromiso por parte del presidente Salinas de Gortari con el respeto y la preservación de la ley. En sus memorias reconoció respecto de los miembros del EZLN que “todos ellos llevaban armas y muchas de ellas de alto poder”. Más adelante, un reconocimiento aun mayormente punible: “Para el día dos de enero ya habían fallecido 24 policías, tres civiles, seis militares y 24 miembros del EZLN. Para el día 3, se contaban casi un centenar los muertos…” (Salinas, 2000, p. 812-813).

Un argumento muy importante en la retórica oficial relativa al estallido del movimiento del EZLN fue el factor de sorpresa total para las autoridades. Sin embargo, noticias periodísticas prácticamente irrefutables contradicen la versión oficial de aquellos hechos. En tal sentido, en los archivos periodísticos pudo consultarse la edición de la revista Proceso de junio de 1993, uno de cuyos encabezados en la portada reza textualmente: “Combates en Chiapas: los detenidos acusados de traición a la patria” ¡Y el presidente Salinas fingió total sorpresa cuando unos meses después el mismo movimiento le declaró la guerra al Ejército Mexicano! ¡Es verdaderamente inconcebible! Y, a mayor abundamiento, el reportaje principal sobre el tema se publicó con el siguiente balazo de llamada: “Ganaderos e indígenas hablan de ‘grupos guerrilleros’ ”. Para cerrar la pinza, también se incluyó un reportaje complementario bajo la rúbrica del periodista Guillermo Correa cuyas cabezas hablan por sí mismas casi sin necesidad de comentario: “Hay guerrilleros en Chiapas desde hace ocho años; grupos radicales infiltraron a la Iglesia y a las comunidades”. Y el mensaje quedó reforzado con el balazo del reportaje: “Relato del jesuita Mardonio Morales, quien teme que con la represión, destruyan la obra del obispo Samuel Ruiz”. Para cerrar, a fin de reforzar el mensaje principal cabe citar los subtítulos del referido artículo: “Iglesia infiltrada”, “Ideología maoísta” y “organismos disfrazados”. ¿No sabían nada las autoridades? (Proceso, 1993, pp. 12–15, 18–21, 27–29).

En el libro de sus memorias, el expresidente Salinas manifestó que una vez estallado el levantamiento en Chiapas se abocó a leer con todo cuidado los diversos pronunciamientos y documentos emitidos por el EZLN. Dijo haberse mostrado sorprendido por no encontrar en ellos referencia alguna a los vocablos “indio” o “indígena”. Pero debe entenderse la omisión: el liderazgo de ese movimiento se integraba de guerrilleros profesionales sobre todo interesados en las enseñanzas del Che Guevara de los años setenta y Mao Tse Tung. De manera adicional, una revisión semejante realizada a las poco más de 66 páginas incorporadas en dicha publicación sobre el conflicto en Chiapas revela otro vacío: no haber prácticamente en ellas referencias a las implicaciones legales que abría el estallido de dicho movimiento y al tema correlativo de la aplicación de la ley. ¿Por qué la omisión? Es difícil aventurar una respuesta definitiva. Sin embargo, la verdadera fractura en el pensamiento de aquel mandatario se aprecia cuando habla de las opciones de acción que tuvo frente a sí, ante el conflicto que había estallado en Chiapas. La opción binaria cerrada entre “reprimir y negociar” era claramente falsa. En medio de esas alternativas extremas, aquel presidente tuvo la opción de aplicar la ley. De expedir órdenes de aprehensión en contra de los líderes de aquel movimiento delincuencial, que no habrían sido difíciles de ejecutar en poco tiempo. Las condiciones para tal rumbo de acción estaban dadas. En la propia fuente consultada, Salinas afirma que para los primeros días de enero “el ejército había derrotado a la ofensiva militar del EZLN”. Es decir, durante aquellos primeros días del año “gracias a la respuesta del Ejército Mexicano, en ningún momento vislumbramos la posibilidad de una derrota militar”. Y un dato muy importante adicional, es que la opción de la aplicación de la ley no habría impedido la puesta en ejecución de otras medidas paralelas. Tales, como el reforzamiento en la zona de muchas acciones de beneficio social (Salinas, 2000, pp. 814, 817, 824-826).

Habría sido de interés que algún experto jurídico identificara con toda precisión los delitos en que habían incurrido los líderes integrantes del llamado EZLN. Comisión de delitos, incluso desde antes de estallar el movimiento, como el de posesión de armas de alto calibre exclusivas para las fuerzas armadas o el de asociación delictuosa. Después de iniciada la beligerancia, otras conductas penales como la de secuestro o invasión de una estación de radio. Y para enfrentarlos, el presidente Salinas salió con la decisión totalmente personalista del diálogo: de la solución negociada. De manera adicional, pero no de escasa importancia, es que además de la superioridad militar del Ejército mexicano la opción de la solución legal ofrecía la ventaja de que el Estado posee, por definición, el monopolio de la violencia legal. Claramente, Salinas descartó la recomendación recabada del expresidente de Colombia, César Gaviria, en el sentido de que “la guerrilla no negocia, solo gana tiempo”. A la postre, eso fue exactamente lo que sucedió. Dada la autoridad y la experiencia de ese expresidente con el caso de las guerrillas en su propio país, tal era el desenlace que cabía esperar. Parece que incluso ese habría sido el desenlace aun sin mediar el trágico asesinato de Colosio, al cual Salinas parece atribuir en sus memorias el hecho de que el EZLN no ratificara los acuerdos de paz que aquel gobierno había promovido con tantos esfuerzos (Salinas, 2000, pp. 834, 840). Lo peor de todo es que aquella política del acuerdo concertado no resolvió el problema del conflicto en Chiapas. Realmente, solo lo pospuso y se lo heredó como papa caliente a manera de bomba de tiempo que fatalmente le explotó temprano a la siguiente administración. Total que la conclusión de todos los empeños descritos se nos aparece como de frustración y fracaso. El presidente Salinas llegó a extremos impensados –obviamente excesivos– para a la vez de sofocar con éxito el conflicto de Chiapas, él, en lo personal, salir del trance con su prestigio personal inmaculado. No consiguió ninguna de las dos cosas. El EZLN lo derrotó estrepitosamente en la partida. Y con gran daño para el país.

En el estudio del conflicto que estalló en la selva del estado de Chiapas claramente faltó un análisis sociológico. Útil para identificar a los grupos de la sociedad que participaban en el levantamiento. Con toda claridad, había en el escenario tres conglomerados que era posible distinguir con toda precisión. Por un lado, estaban los clérigos en la zona, encabezados por el obispo Ruiz. Se trataba, con toda evidencia, de agentes activos que, sin embargo, eran intocables por su condición eclesiástica. De manera paralela o en calidad de carne de cañón, habían habitado la zona por siglos los indígenas oriundos. Finalmente, los guerrilleros profesionales, de origen urbano, que habían logrado posicionarse en aquel arreglo para llevar a cabo sus propios fines de agitación. Desde luego, ya se ha dicho, los clérigos serían inalcanzables. Y los indígenas, con sus líderes, traían a cuestas un inmenso agravio histórico ancestral. En caso de intervención por parte de las autoridades, lo que habrían merecido esos agentes habría sido amnistía. Con todo, el caso de los guerrilleros profesionales que se habían infiltrado en la región desde hacía años era muy distinto y rebosante de agravantes. Ellos sí habrían merecido la aplicación de todo el peso de la ley.

Con todo, los acontecimientos previos descritos y sobre todo la visibilidad del conflicto en Chiapas no lograron afectar durante los dos primeros meses de 1994 la entrada de fondos al país, por medio del superávit, en la cuenta de capital. Dos hechos comprueban esa tesis. Por un lado, el tipo de cambio siguió experimentando presiones hacia la apreciación y se mantuvo próximo al piso de la banda virtual de intervención. En segundo –y más importante– lugar, la reserva internacional mostró una elevación muy importante de 15.7 por ciento del inicio del año al momento de su máximo nivel con un saldo de 29.2 miles de millones de dólares hacia el 15 de febrero (Mancera, 1994).

Pero los acontecimientos traumáticos en el país continuaron sucediéndose en cadena. En el orden de la seguridad interna, dos prominentes empresarios fueron secuestrados y los hechos recibieron amplia cobertura periodística. En cuanto al ámbito político, las negociaciones relacionadas con el conflicto en Chiapas y la actuación del funcionario encargado de esas pláticas contribuyeron a exacerbar mucho el nerviosismo prevaleciente. Reforzó ese estado de ánimo la percepción del público de que había ocurrido un deterioro en las relaciones entre el presidente de la República y el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Y obviamente, el factor de máxima tensión fue el asesinato de este candidato en marzo de 1994 y las secuelas que le sucedieron al crimen. Posteriormente, en vísperas de las elecciones, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo McGregor anunció su renuncia al cargo y el evento desató una nueva crisis política de incertidumbre. Con todo, la elección presidencial salió bien y el ambiente empezaba a mejorar cuando también fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, otro personaje destacado de la política nacional. A raíz de este último hecho, el ambiente en el país volvió a descomponerse. Y la desconfianza incluso se intensificó, a consecuencia de las declaraciones del fiscal encargado de esclarecer el caso. Ya hacia finales del año, otros hechos desfavorables terminaron por agotar los mecanismos de defensa de los que se disponía para defender al régimen cambiario. El golpe de gracia lo asestó un avance en la beligerancia por parte del movimiento que se había levantado en armas en el estado de Chiapas.

La subsistencia del problema político en Chiapas por causa de la sublevación del EZLN y el asesinato del candidato Colosio tuvieron un efecto en común: una repercusión tremendamente perjudicial sobre la defensa del régimen cambiario que con tanto empeño procuraron las autoridades económicas del país. Entre ellas, desde luego, el Banco de México. Otra coincidencia es que en ambos eventos, hubo muertes y no por accidente. Pero la gran diferencia se marcó en que mientras el magnicidio de Colosio fue un evento de una sola ocasión, el movimiento en Chiapas se mantuvo innecesariamente vivo por demasiado tiempo. Y asimismo, es ampliamente sabido que el estallido del conflicto en la Selva Lacandona resultó muy nocivo para la campaña electoral que inició el candidato Colosio. El principio de ese efecto, probablemente se derivó de las consecuencias desfavorables que despertó en el ánimo del candidato Colosio el propio anuncio del conflicto en la selva. Después, inexorablemente, el nombramiento del excandidato, Manuel Camacho, como encargado de las negociaciones con los sublevados. Se le designó pomposamente “Comisionado para la Paz”. En su libro “La presidencia imperial”, el historiador Enrique Krauze hizo amplia referencia al deterioro del estado de ánimo del candidato Colosio durante aquel trance. Según tan importante testimonio, la mirada de Colosio “–triste de por sí, como la de un niño indefenso– quedaba fija en un horizonte de temor”. Y en una oración todavía más determinante el historiador escribió: “Si antes de enero, [Colosio] se mostraba inseguro, frágil, titubeante, después del levantamiento se sumió en una depresión profunda” (Krauze, 1997, p. 479).

El otro tema todavía de mayor importancia tuvo que ver con los diversos conductos por los cuales el tratamiento acordado por el presidente Salinas para el conflicto en Chiapas contaminó la campaña electoral de Colosio hasta la ocasión de su asesinato. En la crónica de Riva Palacio se habla de que Colosio deseaba iniciar su campaña en el estado de Chiapas, precisamente en el municipio de Motozintla, que hace frontera con Guatemala. El presidente Salinas rechazó la idea y la campaña arrancó en Huejutla, Hidalgo, lugar de gran pobreza. El evento recibió muy mal trato por parte de la prensa y la campaña empezó a ser calificada de “mediocre”. Simultáneamente, el presidente designó a Camacho como comisionado para la paz en Chiapas. Y el nombramiento empezó a ser muy mal visto en los círculos cercanos a la campaña de Colosio. En opinión por parte del coordinador de esa campaña, Ernesto Zedillo, se trató de “una decisión muy desafortunada del licenciado Salinas…”. Y, a continuación vino el juicio que se convertiría en profecía: “La oportunidad sería aprovechada por el licenciado Camacho en función de sus ambiciones políticas muy personales”. Ya en su nueva designación, el activismo de Camacho se volvió incontenible. En tal sentido llegó incluso a declarar:

“No es culpa mía, sino de su campaña que no despega”. Finalmente, poco más adelante sobrevino el evento que posiblemente determinó el rompimiento definitivo de Colosio con Salinas. La referencia es a la alocución que el candidato Colosio leyó en la explanada del Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. Y sobre dicho asunto se escribió: “Incluso, la hipótesis de la ruptura con Salinas y el PRI fue una de las líneas de investigación que agotó el cuarto y último fiscal…” (Riva Palacio, 2021, pp. 57-58, 68).

Como ya se enunció líneas atrás, el instrumento económico que primeramente se utilizó para defender al esquema cambiario fue el acomodo del tipo de cambio dentro de sus bandas de flotación. El acontecimiento inicial, ya referido en estas páginas, ocurrió a raíz de la fuga de capitales que se produjo por la votación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos, a principios de noviembre de 1993. Aunque en ese episodio las cotizaciones no llegaron a tocar propiamente el techo de la banda, de cualquier manera, el incremento fue de casi 5.46 por ciento al pasar de 3.11 a 3.28 pesos por dólar del 20 de octubre al 9 de noviembre de ese año. Pero como se puede apreciar en la Gráfica 3, las cotizaciones regresaron al piso de la banda virtual una vez que se conoció el voto aprobatorio por parte de aquel Poder Legislativo. En ese nivel se mantuvo fijo el tipo de cambio por algunos meses, ya que hubo gran oferta de divisas y el Banco de México aprovechó la oportunidad para acumular reservas internacionales en montos adicionales significativos, pero ese panorama favorable fue interrumpido de tajo por el asesinato del candidato Colosio el 23 de marzo de 1994 (Martínez et al., 2001).

Fuente: Banco de México, Informe anual 1994, p. 42.

Según se aprecia en la Gráfica 3, por efecto de aquel magnicidio, en un periodo relativamente breve el tipo de cambio literalmente brincó de un nivel de 3.10 pesos por dólar hasta el techo de la banda que en ese momento se encontraba en 3.35 pesos por dólar, con una devaluación nominal de ocho por ciento. La desconfianza que se desató fue tan grande que las cotizaciones de mercado permanecieron pegadas a ese límite superior durante varias semanas, lapso durante el cual, para evitar el desplome del esquema, el banco central tuvo que comprometer un cuantioso monto de reservas, además de que las tasas de interés se elevaron de manera significativa. Sin embargo, una vez que se asimiló el efecto desestabilizador del magnicidio, el ambiente empezó a tranquilizarse paulatinamente y ese hecho se reflejó en una apreciación temporal del tipo de cambio. Por desgracia, ese movimiento resultó transitorio en razón del impacto negativo que causó la renuncia que presentó a su cargo el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo. Es extraño que en sus muy pormenorizadas memorias de gobierno, el expresidente Salinas no hiciera mención a la carta de renuncia que había presentado su tercer secretario de Gobernación. Sin embargo, la omisión nunca hubiera podido cancelar el hecho. Ello, además de que el intento recibió mucha atención toda vez que Carpizo hizo del conocimiento público que había presentado su carta de dimisión al presidente de la República. La opinión pública nunca conoció las razones expuestas por Carpizo para dimitir. No obstante, quedaron completamente en evidencia los grandes esfuerzos desplegados por el presidente Salinas para revertir la decisión. Lo logró, aunque claramente con un elevado costo económico y político.

Hasta finales del año 1993 había ocupado la cartera de Gobernación el muy hábil y experimentado Fernando Gutiérrez Barrios. El sucesor fue el exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco Garrido, de muy corta permanencia en el puesto. Se sabe que su separación se debió a que había insistido, frente al presidente Salinas, en una solución dura y rápida para el conflicto en Chiapas y del desacuerdo se había derivado su destitución. Sobre la caída previa de Gutiérrez Barrios hubo mucho menos claridad. Sin embargo, se difundió el rumor que reiteradamente se había opuesto a la reforma de las relaciones del Estado mexicano con la Iglesia Católica, la cual siempre consideró “innecesaria”. Pero, tal vez ese agente político nunca llegó a entender que al presidente Salinas más que la eficacia de las acciones de gobierno lo que principalmente le importaba era su lucimiento personal. Sin embargo, fuese el que haya sido el móvil de la destitución, lo importante es cómo continuó el rumor. Y este fue que Gutiérrez Barrios quedó tan ofendido por su separación del cargo que encontró la manera de instigar el estallido del conflicto en Chiapas. ¿Habría sido posible? La respuesta es que quizá sí. Gutiérrez Barrios tenía una muy larga formación como policía y experto en seguridad. Y también había la visión de que en materia de capacidad maquiavélica rivalizaba incluso con el propio Salinas. En el libro multicitado de Raymundo Riva Palacio se señala con todas sus letras sobre Gutiérrez Barrios, que a pesar de tener “tiempo de haber dejado de ser secretario de Gobernación mantenía un aparato de intervenciones telefónicas sobre diversos políticos, incluido Camacho” (Riva Palacio, 2021, p. 101).

No únicamente el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, el partido político principal, fue un hecho tremendamente traumático, sino también todas sus secuelas. Además de la importancia de dicho personaje dentro de las filas del mencionado partido político, había el agravante de haber estado casado previamente con la hermana del presidente Salinas de Gortari, de nombre Adriana. Se decía en los mentideros políticos que la carrera política de Ruiz Massieu apuntaba al ascenso y que incluso había logrado establecer vínculos de colaboración con la campaña del candidato Colosio. Corrió incluso el rumor de que sería designado secretario de Gobernación. Y ya durante las investigaciones sobre el crimen, indicios asociaron al asesino con un oscuro diputado priísta, de nombre Manuel Muñoz Rocha. En otra vuelta de la tuerca, las indagaciones correspondientes enlazaron a Muñoz Rocha nada menos que con el hermano del presidente, Raúl Salinas. Misteriosamente, poco después el diputado aludido no volvió a aparecer entre los vivos. Finalmente, de manera improcedente, el presidente designó como fiscal del caso al hermano de Ruiz Massieu, quien tuvo un desempaño fatídico en su encomienda. Después de exonerar de toda culpa en el crimen a Raúl Salinas, el fiscal acusó que sus investigaciones “habían sido entorpecidas por fuerzas oscuras dentro del pri”. Y como consecuencia de la serie de acontecimientos descritos, las cotizaciones del tipo de cambio volvieron a ubicarse durante un largo tiempo prácticamente en el límite de la banda superior. Durante el resto del año ya no tuvo lugar ninguna apreciación significativa hasta que finalmente el esquema se derrumbó el 21 de diciembre de ese año (Preston & Dillon, 2004, pp. 145-146).

En cuanto al segundo mecanismo de defensa, las autoridades decidieron comprometer reservas internacionales para proteger el esquema cambiario en reacción a cuatro acontecimientos particularmente importantes y dañinos. Respecto del funcionamiento del mecanismo referido, cabe aclarar que el mismo siempre estuvo precedido –y podría decirse que acompañado– de un movimiento del tipo de cambio hasta alcanzar el techo de la banda. De manera que con toda exactitud cabe señalar que el compromiso de reservas internacionales respondió siempre a la finalidad de mantener a las cotizaciones dentro de la banda de flotación. El caso se muestra con toda claridad en la Gráfica 4. El hecho más traumático fue, desde luego, el asesinato del candidato Colosio. Durante los siguientes treinta días –después de la tragedia– hubo una pérdida de reservas por cerca de 11 mil millones de dólares a partir de un saldo de 28.3 miles de millones. A continuación, la segunda de las intervenciones referidas tuvo que ver con la renuncia fallida que presentó el secretario de Gobernación Jorge Carpizo. Por causa de ese hecho, durante un lapso de 18 días –del 24 de junio al 12 de julio–, se realizaron intervenciones diarias que en total sumaron poco más de 2.5 mil millones de dólares. Esta pérdida de reserva se compensó mediante una aportación que hizo el gobierno federal a dicho acervo a partir del fondo que se había acumulado con el importe de las privatizaciones. Pero el Banco de México se vio obligado a comprometer nuevamente reservas internacionales a raíz de las denuncias realizadas por el subprocurador Mario Ruiz Massieu y que despertaron serias preocupaciones sobre la estabilidad del sistema político del país. Para tal finalidad, se comprometieron 3.5 mil millones de dólares. Y una cuarta intervención se produjo a raíz de la hostilidad reanudada del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, ya en diciembre de 1994. También por la percepción de algunos inversionistas de que México no podría financiar su déficit en cuenta corriente durante 1995 (Banco de México, 1995, p. 48).

Fuente: Banco de México, Informe anual 1994, p. 48.

Por su parte, el tercer instrumento de defensa fue el acomodo de las tasas de interés, cuyo funcionamiento merece una recapitulación pormenorizada. Desde principios de abril hasta mediados de mayo de 1994, las tasas de interés en Estados Unidos se elevaron de manera importante y ese hecho repercutió en México dando un impulso alcista a las tasas de interés internas. Con todo, los ajustes al alza del tipo de cambio y de las tasas de interés lograron restablecer de manera transitoria el equilibrio en el mercado de divisas, hasta que tuvo lugar el asesinato del candidato Colosio. Según el Banco de México “la respuesta de las tasas de interés no se hizo esperar”. Así, “de la penúltima semana de marzo a la última del mes inmediato siguiente la tasa de interés interbancaria (THP) se elevó de 10.93 a 21.12 por ciento”. En general, desde el momento del atentado contra el candidato hasta el mes de noviembre de 1994, las tasas de interés internas permanecieron a un nivel mucho más elevado que el que habían tenido durante el primer bimestre del año. A manera de ilustración, la THP ya mencionada se ubicó en promedio, en ese primer lapso, en 10.97 por ciento y, luego del asesinato de Colosio hasta el mes de noviembre, se incrementó a 75.81 por ciento. En la Gráfica 5 se ilustra ese fenómeno con mucha claridad, con base en tres indicadores representativos: la tasa de Cetes a 28 días, las tasas de mayoreo y las cotizaciones en el mercado matutino de liquidez que manejaba entonces el Banco de México (Banco de México, 1995, p. 53).

Fuente: Banco de México, Informe anual 1994, p. 53.

Queda por examinar el caso de los Tesobonos que se ofrecieron a los inversionistas en reemplazo de otros títulos de la deuda interna en circulación, principalmente Cetes. Al estar denominados en la moneda nacional, los Cetes, al igual que los Ajustabonos y los Bondes, conllevaban riesgo cambiario. Dada esta situación y el deterioro de la confianza que se desató a causa de los acontecimientos traumáticos que se produjeron, las autoridades empezaron a temer que al ir venciendo esos títulos los inversionistas acudieran al mercado en demanda de divisas. Una conducta semejante de carácter masivo podría ejercer presiones devaluatorias adicionales sobre el tipo de cambio y llevar a la necesidad de comprometer un monto mayor de reservas. Debía evitarse que esa posibilidad se materializara. Por su relevancia, vale la pena citar textualmente el pasaje correspondiente del informe del Banco de México:

“[…] a partir de abril de 1994 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México hicieron posible la sustitución de valores gubernamentales denominados en pesos (Cetes, Bondes y Ajustabonos) por Tesobonos –instrumento cuyo valor en dólares no se ve afectado por las variaciones del tipo de cambio–. Así, la emisión de Tesobonos se llevó a cabo con el objeto de disminuir las presiones sobre el mercado cambiario. Dada la creciente percepción que se fue difundiendo entre los inversionistas sobre la existencia de mayores riesgos cambiarios, aumentó la demanda de Tesobonos en sustitución de los instrumentos denominados en moneda nacional […] Resultó lógico que las autoridades financieras hayan recurrido y utilizado los instrumentos a su alcance, a fin de coadyuvar a sobrepasar una situación que justificadamente podía considerarse como transitoria” (Banco de México, 1994b, p. 56).

El desplome del sistema cambiario ocurrió en diciembre de 1994, después de que tomara posesión el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Desde el punto de vista técnico, ese desplome se explica en razón del agotamiento de los instrumentos de intervención de que se habían dispuesto para la defensa del régimen cambiario de bandas adoptado desde finales de 1991. A manera de breve recapitulación, el primero de esos instrumentos de defensa había sido el acomodo del tipo de cambio dentro de su banda de flotación. Precisamente, por la utilización del referido instrumento fue que las cotizaciones permanecieron sobre el techo de la banda por periodos prolongados durante el transcurso del año. En particular, luego del asesinato de Colosio. El segundo mecanismo fue comprometer reservas internacionales para evitar que el tipo de cambio rebasara el techo de la banda de flotación. El tercer instrumento consistió en la posibilidad de elevar las tasas de interés internas dentro de los márgenes razonables en los que ese ajuste podía ser posible. Y por último, un cuarto mecanismo de defensa consistió en ir documentando la deuda pública interna en títulos denominados en moneda extranjera. Es decir, títulos de deuda pública sin riesgo cambiario.

En el frente propiamente político, durante diciembre de 1994 el EZLN intensificó su postura ofensiva e hizo anuncios particularmente intimidatorios el día 19 de ese mes. Es decir, quedó confirmado el fracaso de la política de diálogo por la que se había optado para manejar el conflicto en Chiapas. Y el mencionado anuncio de beligerancia, aunado a una mayor volatilidad en los mercados financieros y al temor de que el déficit de la cuenta corriente no pudiese financiarse en 1995, provocó un ataque especulativo de gran escala contra la moneda nacional que, al cierre de aquella jornada, terminó por reducir el saldo de la reserva internacional a 10.5 mil millones de dólares. Esa noche, en el seno de la Comisión de Cambios, se plantearon y discutieron dos posibles cursos de acción: pasar directamente, a partir del día siguiente, a un régimen de flotación cambiaria, o –la que finalmente se aprobó– elevar 15 por ciento el techo de la banda con el fin de darle un mayor margen de ajuste al tipo de cambio. Sin embargo, esta última decisión no fue bien recibida por el mercado y las consecuencias resultaron muy desfavorables. En tan solo dos días de operación el Banco de México perdió reservas internacionales por cerca de 4.7 mil millones de dólares.

Tal vez los antecedentes de aquellas devaluaciones en cascada que se produjeron hacia finales de diciembre del fatídico 1994 pudieron haberse remontado a mediados de ese año. Con muy buena información, cuya fuente no confirma, Raymundo Riva Palacio explica que en las reuniones continuas que se sostenían entre los más altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda se empezaron a discutir las opciones de política cambiaria que podrían aplicarse de ser necesario abandonar el esquema de bandas que se encontraba en vigor todavía después del asesinato del candidato Colosio. En una muy importante entrevista, quien tenía el mando en el Banco de México explicó que todas las posibilidades que se consideraban ofrecían ventajas y desventajas que las hacían de muy difícil elección. (Mancera, M., comunicación personal, otoño de 2024). Según el testimonio de Riva Palacio, en las discusiones que se fueron llevando a cabo sobre el tema se formaron dos grupos definidos con mucha claridad. Uno de esos grupos lo encabezaba el secretario de Hacienda Pedro Aspe, con la tesis de que había que defender y mantener el esquema cambiario de bandas con la finalidad de “darle credibilidad a la política macroeconómica”. Es de suponerse que el economista Mancera del Banco de México compartía esa posición. “Para qué devaluar, si ningún indicador objetivo había que indicara ese curso de acción”. Máxime cuando se avecinaba la elección presidencial en el mes de agosto. En el bando contrario, se dijo, se destacó el subsecretario del ramo en Hacienda, Guillermo Ortiz, quien argumentaba en favor de una modificación cambiaria preventiva, al estilo de la que se había instrumentado en la primavera de 1954. La postura me fue confirmada por Ortiz en plática reciente (Ortiz, G., comunicación personal, invierno de 2024). Pero según la fuente consultada, el secretario Aspe no se mostró de acuerdo con la postura de su subsecretario y “tomó distancia de Ortiz”. En términos de la fuente, Aspe estaba “tan convencido de su posición que así lo declaró al Wall Street Journal, lo que le causó un regaño por parte de Salinas” (Riva Palacio, 2021, p. 124).

Nunca pareció indispensable pasar a una devaluación preventiva. Incluso, durante septiembre de 1994 salió a la luz pública una evaluación oficial sobre los títulos de la deuda pública interna de México a cargo de la empresa calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P). En el documento correspondiente se habló, en primer lugar, de los Bondes y Ajustabonos, que eran instrumentos de largo plazo a los cuales la entidad referida les otorgó una calificación de AA-. Según la fuente referida, era una calificación que difería en tan solo un muy pequeño grado de la más alta posible (AAA) y fueron considerados títulos que contaban con “una fuerte capacidad de pago de intereses y repago del principal”. Como se recordará, los Bondes y Ajustabonos eran títulos denominados en moneda nacional y, por tanto, con riesgo cambiario. De manera particularmente importante, en la publicación referida S&P también emitió una calificación para los Cetes y Tesobonos que eran valores de corto plazo aunque en el segundo caso con principal denominado en moneda extranjera, es decir, libres de riesgo cambiario. Para esos dos valores, en una metodología de evaluación ligeramente distinta, la calificación otorgada resultó de A-1. En el lenguaje de la calificadora S&P, se trataba de instrumentos de deuda de corto plazo “de los mayormente capacitados para cumplir puntualmente con sus pagos”. De manera particular, las informaciones sobre las calificaciones mencionadas se hicieron en su momento del dominio público. Por lo anterior, resultaron muy dudosas las acusaciones que se levantaron posteriormente sobre un posible complot para ocultar la existencia de los Tesobonos, ¿incluso con la complicidad de S&P? (Salinas, 2000, p. 1079).

Las deliberaciones sobre una posible modificación cambiaria se reanudaron durante el mes de noviembre, pero ya con un sentido de preocupación mucho más intenso. Al parecer, el motivo específico de las preocupaciones fueron las pérdidas de reservas que se produjeron por causa de las muy alarmantes declaraciones formuladas por el procurador Mario Ruiz Massieu, encargado de las investigaciones por el asesinato de su hermano, de nombre José Francisco. Según Riva Palacio, del 14 al 18 de noviembre se había registrado una fuga de capitales por el motivo referido de alrededor de mil ochocientos millones de dólares. En reacción a la causa mencionada se celebraron dos reuniones en la casa del presidente Salinas de Gortari, el sábado 19 de noviembre y el domingo 20 (Salinas, 2000, pp. 1110-1113). Se reunieron, precisamente, en la muy bella e impresionante biblioteca repleta de estantes con libros. En términos de las memorias de Salinas, pudieron ser varias las causas que detonaron las mencionadas fugas de capital. En el orden meramente político, o si se quiere humano, a las ya referidas declaraciones escandalosas del procurador Ruiz Massieu se sumaron varios otros factores. Entre ellos, incluso una posible reacción ante el triste, aunque esperado evento, del fallecimiento de Diana Laura Riojas de Colosio (Salinas, 2000, p. 1111). Sin embargo, en el orden económico puro, el expresidente Salinas puso mucho énfasis en los efectos que se derivaron del anuncio de elevación de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según el Informe Anual del Banco de México de 1994, se trató de “la acción más restrictiva de política monetaria adoptada en ese país desde 1990” (Banco de México, 1995, pp. 195-198).

Todo hace suponer que la reunión del sábado 19 de noviembre fue la verdaderamente importante de las dos que se celebraron en la biblioteca de Salinas. En ella estuvieron presentes, además del presidente en funciones y del presidente electo (Zedillo), los secretarios de Hacienda (Aspe), Comercio (Serra) y Trabajo (Arsenio Farell), el gobernador del Banco de México (Mancera) y Luis Téllez, coordinador de asesores de Zedillo. Al parecer, lo más importante de aquella sesión fue, claramente, la opinión preconcebida que ya traían en cartera Zedillo y Serra en favor de una elevación del techo de la banda de flotación de 15 por ciento. No obstante, todas las evidencias apuntan a que Aspe –y también Mancera, aunque quizá de una manera menos vehemente– se opusieron a la propuesta de elevación del techo de la banda. Para aparente beneplácito del presidente Salinas, se sumó a la opinión el ministro Farell. El principal argumentador en contra resultó ser el secretario Aspe, quien vio no existir posibilidad alguna de poner en ejecución en el corto plazo la elevación del techo de la banda. En el orden administrativo, para acordar esa medida tendría que convocarse una sesión del Pacto, para lo cual ya no había tiempo disponible. El sexenio terminaría en once días más. El banquero central Mancera llamó la atención sobre la incertidumbre que se aparecía respecto de las reacciones de los agentes económicos ante una elevación del techo de tan solo 15 por ciento. En caso de una reacción muy extrema, se corría el peligro de un pánico de gran magnitud con pérdida total del control sobre el mercado cambiario. El secretario Farell apoyó, explicando que no era posible tomar una decisión de esa magnitud de manera unilateral. En el espíritu prevaleciente de la concertación social, una decisión semejante era imposible de ser acordada sin la participación de obreros y empresarios (Salinas, 2000, pp. 1112-1113).

¿Cómo explicar que habría sido un error decidir y anunciar una devaluación cuando faltaban apenas once o diez días para que terminara el sexenio? Obviamente, el presidente Salinas era opuesto a esa medida por razones principalmente del orden político. Sin embargo, también las había de naturaleza técnica y con gran fundamento. En lo que seguramente coincidían Aspe y Mancera es que en la coyuntura que prevalecía “una devaluación brusca del peso no se justificaba ni económica, ni política, ni socialmente”. Y es probable que el presidente Salinas supiera mejor que Aspe y Mancera por cuáles razones esa medida no se justificaba desde los ángulos político y social. Pero Aspe y Mancera eran unos expertos en economía con mucha mayor profundidad que Salinas. El secretario de Hacienda y el banquero central seguramente sabían que la situación cambiaria prevaleciente en México durante aquella coyuntura era totalmente distinta a la que se había observado durante todas las devaluaciones previas que se habían producido, incluso empezando por la de la primavera de 1938. Invariablemente, todas esas coyunturas de devaluación habían estado marcadas por tres fenómenos fundamentales. Principalmente, por un expansionismo fiscal y monetario previo conducente a una apreciación insostenible del tipo de cambio real, además de un déficit amplio en la cuenta corriente de la balanza de pagos causado por un gran deterioro de las finanzas públicas. El aspecto adicional había sido el cierre del acceso del país al crédito internacional. Pero ninguno de esos factores se encontraba presente en la situación cambiaria de 1994, anterior al mes de diciembre. Primeramente, las finanzas públicas se habían cuidado con gran esmero durante el sexenio y la política monetaria se había orientado a la finalidad de la desinflación. Asimismo, nadie (ni el economista Dornbusch) había podido demostrar convincentemente que el tipo de cambio real estuviera realmente sobrevaluado. El déficit de la cuenta corriente observable era atribuible al superávit de la cuenta de capital y no a un desbalance fiscal. Por último, no había visos de cierre para México del acceso al crédito externo.

Pero continuando con la crónica de eventos, procede agregar que en aquella reunión del sábado 19 de noviembre, ni Zedillo ni Serra osaron decir nada al término de las discusiones. Ello, a pesar de que, aparentemente, ambos eran favorables a la idea de devaluar mediante una elevación del techo de la banda. A continuación, bajo el liderazgo del presidente Salinas se tomó la decisión de que el siguiente lunes 21 de noviembre, el secretario Pedro Aspe incursionara en la opinión pública con la finalidad de inducir calma en el mercado cambiario. Se le encomendó esa tarea, en función de la sensibilidad que había desarrollado para entender dicho mercado y ejercer una influencia estabilizadora sobre su comportamiento. Además, otro factor de gran importancia tuvo que ver con que Aspe era el funcionario que se había encargado de manejar los contactos con los administradores de los fondos multimillonarios de inversión del extranjero, de los cuales habían provenido los recursos para alimentar los grandes superávits en la cuenta de capital de la época. Y, según el testimonio de Salinas de Gortari, el secretario Aspe había desempeñado la encomienda comentada con mucho éxito. Al volver “a demostrar su eficacia y la credibilidad que tenía en los mercados nacionales” se consiguió la finalidad deseada. Esa finalidad fue que cesaran las salidas de capital y que se mantuviera la calma en el mercado de cambio, lo que ocurrió hasta el 1º de diciembre en que se produjo el cambio de administración (Salinas, 2000, p. 1113).

Explicado lo anterior, procede concentrar la atención en lo que se dijo y ocurrió durante la reunión que se celebró en la biblioteca del presidente Salinas el domingo 20 de noviembre de aquel 1994. Según el testimonio de Salinas, en esa reunión, el presidente electo Zedillo presentó una propuesta para que se estableciera una coordinación de política económica que debería estar presidida por Jaime Serra, llamado a encabezar la secretaría de Hacienda en la nueva administración que tomaría posesión en exactamente diez días de calendario. En el gobierno de Salinas, cabe recordarlo, Serra había tenido el mando en la Secretaría de Comercio y había estado a cargo de poner en ejecución las negociaciones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio. Aunque en principio la propuesta de la coordinación de política económica fue aceptada por el presidente Salinas, la reacción del secretario de Hacienda, Aspe, fue tajante en oposición. Expresó sus argumentos y Salinas pareció quedar convencido. El principal argumento versó que aceptar la coordinación que se proponía sería equivalente a tener dos autoridades en la conducción de las finanzas nacionales y la política económica. Aspe se negó a aceptar la propuesta y ofreció presentar su renuncia para que Serra asumiera el mando hacendario desde el día siguiente. Por su parte, Salinas posiblemente imaginó que ese enroque sería la entrada para la medida de la devaluación a la que se oponía y declinó recibir la renuncia de Aspe. Y el desenlace descrito pareció despertar una gran irritación en el ánimo del presidente electo Zedillo (Salinas, 2000, pp. 1113).

Según el testimonio escrito del presidente Salinas, a pocos días del cambio de gobierno todavía tuvo lugar otra reunión del más alto nivel y en la cual se volvió a tratar el tema de la política cambiaria. En esa sesión se habló de la perspectiva de posibles inestabilidades adicionales en el mercado de cambios durante el mes de diciembre. Se anticipaba, con toda exactitud, que exactamente el día 21 de ese mes la Reserva Federal revisaría sus tasas de interés con una altísima probabilidad de elevación. Fue en esa junta en la cual el presidente saliente Salinas actuó como portador de un mensaje de parte del economista Pedro Aspe Armella para el ya muy próximo mandatario Zedillo. El mensaje era para ofrecerle a Zedillo su permanencia al frente de la Secretaría de Hacienda, con el fin de colaborar a una transición ordenada entre el gobierno saliente y el entrante. Respecto de dicho ofrecimiento, Aspe incluso prometió que entregaría al nuevo mandatario una carta de renuncia prefechada para que el nuevo mandatario la conservara en su poder. En su relato, Salinas califica de “gesto generoso” el ofrecido por el secretario Aspe, pero a continuación cierra con una expresión muy tajante. Y esa fue el rechazo categórico por parte de Zedillo para el ofrecimiento recibido. Entre las razones para el rechazo pudo haber destacado su molestia por la renuencia de Aspe a aceptar la coordinación bajo el mando de Serra durante algunos pocos días clave (Salinas, 2000, p. 1157).

Antes de que entrara en funciones la nueva administración, un nuevo episodio fue causa de preocupación y desasosiego para la opinión pública. A las 12:30 horas del último día de noviembre se dio a conocer el gabinete de colaboradores que acompañaría al presidente Zedillo en el arranque de su administración. Sin embargo, la reacción de la opinión pública no fue favorable al anuncio del nuevo gabinete. Los observadores identificaron en los nombramientos a muchos funcionarios que consideraron como “inexpertos”. Con todo, el caso que despertó mayor incomodidad fue descubrir que el secretario Pedro Aspe no había resultado reconfirmado en su cargo al frente de Hacienda. El índice de la Bolsa de Valores entró en una caída que no se detuvo por varias semanas. Y después del anuncio del gabinete todavía se produjo un caso de gran preocupación. Se trató de la política deliberada para llevar a cabo un desmantelamiento casi total de la integración de la estructura organizacional en la Secretaría de Hacienda. Es claro que era tradicional que los funcionarios de nivel de subsecretario empacaran sus cosas y se marcharan a sus casas. Pero ese no fue solo el caso en aquella coyuntura. El desmantelamiento abarcó a todos los mandos medios, directores de área (79) e incluso subdirectores (176). En la fuente consultada no se habla del descabezamiento que pudo haberse aplicado para la jerarquía de directores generales, sin embargo, tampoco habría razón para suponer no haberse aplicado. Y el cepillado incluyó, asimismo, al Procurador Fiscal, al Tesorero de la Federación y a los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria, de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro ¡Al parecer, había que erradicar de la estructura de la Secretaría de Hacienda todo vestigio que recordase a la figura del secretario Pedro Aspe! (Salinas, 2000, p. 1114).

En sus explicaciones sobre lo que fue el “error de diciembre”, el memorialista Salinas es tremendamente cuidadoso y prolijo para empujar los argumentos con los que simpatiza su posición. Sin embargo, con todo el cuidado posible, elude los que no eran ni han seguido siendo de su gusto. Entre ellos, la gravitación muy negativa y perjudicial que tuvo sobre los asuntos cambiarios la subsistencia activa del movimiento guerrillero en Chipas. La verdad cruda, ya se ha dicho, era que la política de diálogo y concertación no había servido para nada. Y, de paso, Salinas terminaría perdiendo la posibilidad a la que se dice que aspiraba de llegar al sueño dorado de la presidencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los hechos revelan que el 3 de diciembre de 1994 el líder del EZLN envió una carta al presidente Zedillo que se hizo del conocimiento público en la cual le desconocía toda legitimidad y le hacía una advertencia ominosa: “bienvenido a la pesadilla”. Y la pesadilla efectivamente advino. El día 11 de aquel mes, Zedillo declinó la posibilidad de designar a un nuevo comisionado para la paz en Chiapas y al día siguiente el subcomandante Marcos anunció que el reinicio de la guerra era “inminente”. Poco después, el 14 de ese diciembre, el presidente decidió apuntalar la comisión para la paz y el siguiente 15 cometió la indiscreción de revelar que Marcos había hecho caso omiso de seis cartas personales que Zedillo le había enviado previamente. Y apenas dos noches posteriores, Marcos acusaba a Zedillo de “provocación bélica”. Finalmente, el 18 de diciembre el EZLN reanudaba sus acciones ofensivas en 36 municipios chiapanecos, tomaba seis alcaldías y bloqueaba varias carreteras (Riva Palacio, 2021, pp. 127-129).

No hay duda, sin embargo, que durante los primeros 20 días del gobierno de Zedillo tuvieron lugar algunas otras manifestaciones de intranquilidad cambiaria provocadas por algunos factores distintos, aunque no totalmente separados, del activismo y la beligerancia del EZLN con su líder, el subcomandante Marcos. El miércoles 14 de diciembre de 1994 la Bolsa de Valores de México continuaba en caída, cuando en ese día el nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra, compareció ante la Cámara de Diputados. Y unos días después concedió una extensa entrevista al diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ). En esa entrevista el funcionario cayó en una contradicción, que los observadores profesionales captaron debidamente, en la materia de política cambiaria con lo que había declarado en su comparecencia previa. En la comparecencia había expresado que las exportaciones mexicanas no requerían de “un peso barato”, mientras que en la entrevista con el WSJ hizo referencia a un estudio en el que se hablaba de una sobrevaluación del peso que se ubicaba en 14 por ciento. Y el hecho duro es que en ese preciso día, 17 de diciembre, el Banco de México perdió reservas por 855 millones de dólares (Salinas, 2000, p. 1120).

A pesar del antecedente descrito, es indudable que el hecho que detonó los acontecimientos que desembocaron en una cascada de devaluaciones fue la ofensiva militar que inició el EZLN el 18 de diciembre de 1994. Es muy dudoso pensar que sin esa noticia, el secretario de Hacienda, Serra Puche, hubiese llamado con premura al día siguiente al del Trabajo, Santiago Oñate, con fines de organizar una reunión de emergencia del Pacto. Aunque se trataba exactamente del mismo aparato administrativo, el gobierno de Zedillo lo había rebautizado “Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento”. Y dado que esa instancia operativa para poner en ejecución la concertación social era hija de la creatividad de Pedro Aspe, quién sabe si Zedillo no le guardaba ya cierta animadversión. Pero volviendo a los hechos factuales, indudablemente aquella convocatoria a una reunión de emergencia del Pacto estuvo marcada por la premura y mucha desorganización. Tal vez el único que sabía a ciencia cierta lo que traía entre manos era el secretario Serra y se lo confesó a quemarropa a su colega Santiago Oñate, a solas en el automóvil. Ante la prisa por organizar una reunión de emergencia, Oñate confesó haberle preguntado a Serra: “¿Vamos a devaluar? Y su interlocutor le prohibió volver a usar esa palabra”. Se trataba simple, y casi inocentemente, de elevar el techo de la banda en 15 por ciento. Nada de devaluación (Salinas, 2002, p. 1122).

La cita para la celebración de aquella sesión de emergencia del Pacto se fijó a las 7:30 de la noche, pero empezó bastante más tarde. El lugar se acordó en las oficinas de la Secretaría del Trabajo. Oficialmente, iba a fungir como anfitrión el titular Santiago Oñate, pero Serra no le concedió ningún protagonismo. De la pesadilla que fue aquella reunión del Pacto –a la cual, por cierto, el banquero central Mancera llegó muy enfermo– Salinas y otros cronistas han hecho un recuento pormenorizado que parece creíble (Salinas, 2000, p. 1123). Para la presente narración lo que procede es destacar lo que verdaderamente ocurrió durante las horas siguientes. El banquero central Mancera relata que por muy defectuosa que haya sido aquella sesión del Pacto del 19 de diciembre, durante las primeras horas del día siguiente el mercado cambiario se mantuvo tranquilo. Mancera explicó que en el Banco de México se tenían los mecanismos e instrumentos para darle seguimiento casi en tiempo real a los movimientos en ese mercado. Sin embargo, reza ese testimonio de inmensa valía, fue hacia el mediodía que se inició la gran embestida especulativa que terminaría por drenar a la reserva internacional del Banco de México. El detonante para aquel ataque especulativo masivo fueron las declaraciones desfasadas del subcomandante Marcos de que se reanudaban las hostilidades militares en Chiapas (Mancera, M., comunicación personal, otoño de 2024). Y se dice “desfasadas” en razón de que las acciones agresivas del EZLN se habían iniciado desde el día anterior. De manera que quedaría puesta en duda la afirmación del expresidente Salinas en sus memorias de que el gran ataque especulativo se inició como consecuencia de la reunión del Pacto del día anterior. Los ataques los detonaron la declaración de guerra emitida por Marcos impunemente, ante las propias narices del presidente Zedillo.

En las memorias que escribió el expresidente Salinas sobre su sexenio, incluyó unas reflexiones de gran importancia para el tema aquí tratado. ¿Se habría evitado la devaluación y cancelado la posibilidad de una gran crisis posterior si Pedro Aspe se hubiera mantenido como secretario de Hacienda? El expresidente Salinas nunca tuvo duda de que así habría sido y vale la pena analizar las razones para esa opinión (Salinas, 2000, p. 1158). Indudablemente, en aquella circunstancia crítica de finales del año 1994, Aspe contaba con mucho mayores ventajas comparativas que Serra para permanecer al frente de la secretaría de Hacienda. Pero no se trataba de una superioridad intelectual absoluta, sino simplemente de mucho mayor experiencia personal e instrumentos para encabezar a la mencionada entidad. Aspe contaba con seis años de experiencia en dicho cargo, y en el transcurso había logrado superar con éxito varios episodios de inestabilidad cambiaria. Además, Aspe había conformado en la Secretaría de Hacienda un conjunto de colaboradores con excelente capacitación y desempeño. De manera adicional, un punto al cual de forma extraña Salinas no hizo referencia en su libro: Aspe había sido el funcionario del régimen a cargo del contacto con los administradores de los fondos multimillonarios del extranjero que en una medida importante habían aportado los recursos para financiar las entradas masivas de capital de los años previos. Sin Aspe, el gobierno de México se quedaría sin interlocución con aquellos alternantes de tan grande importancia. De forma sorprendente, se sabe que durante algunas semanas Serra ni siquiera les tomaba las llamadas telefónicas.

La presente crónica debe terminar con lo que ocurrió del momento en que se pasó a la flotación libre y la renuncia de Jaime Serra Puche al cargo de secretario de Hacienda. El primero de los eventos referidos tuvo verificativo el jueves 22 de diciembre de 1994 y el segundo el día 28 de ese mes. La economía mexicana efectivamente amaneció el referido 22 de diciembre con el sistema cambiario ya basado en la flotación libre. En ninguna fuente se dijo en el momento, que dicha fórmula cambiaria resultaba obligada en razón de que el país se había quedado sin reservas internacionales. Pero aquel jueves 22 de diciembre, los demonios del mercado cambiario se manifestaron sueltos. Oficialmente, la cotización de la moneda nacional se derrumbó hasta 4.80 pesos por dólar y en casas de cambio y ventanillas de bancos la tasa de cambio llegó a subirse hasta a 6 pesos por dólar. Claramente, la política cambiaria había dejado de ser un instrumento para defender las reservas internacionales. Y fue durante los días siguientes que una delegación de funcionarios mexicanos viajó a la ciudad de Nueva York para comparecer ante un foro de inversionistas internacionales. No por casualidad, la delegación mexicana iba encabezada por Jaime Serra, aún secretario de Hacienda de México (Salinas, 2000, p. 1128). Y muy posiblemente fue en aquella junta donde se selló el destino definitivo de Serra como funcionario público. Según noticias, la sesión resultó tremendamente desfavorable y en la misma todos aquellos interlocutores insultaron y descalificaron personalmente al enviado mexicano. Un fin muy triste para un agente que había sido inmensamente exitoso en los esfuerzos para la negociación del TLC.

El recuento de la crisis transexenal que terminó en una gran devaluación despierta tristeza e indignación. Las perspectivas eran tan prometedoras y terminaron en desastre. El veredicto de la historia no puede ser benévolo con los principales protagonistas de aquel drama: el presidente saliente y el entrante. Indudablemente, se cometieron errores por ambos lados y además hubo irresponsabilidad operativa. Pero el mayor daño se infligió en el orden moral: anteponer el interés privado a los problemas públicos. La opinión generalizada había sido siempre que Salinas y Zedillo eran individuos de gran capacidad intelectual. Sin embargo, esa gran capacidad no se hizo presente en el trance que desembocó en una cascada de devaluaciones. En particular, en el caso de Zedillo. Lo de Salinas resultó de una naturaleza diferente: de perversidad maquiavélica con los fines individualistas de salvaguardar su prestigio personal. Pero el balance en conjunto es de una gran perplejidad. Con todo, en la laguna de incertidumbres solo subsiste una certeza posible: la derrota abrumadora que tanto a Salinas como a Zedillo les infligió el subcomandante Marcos. Los líderes de los movimientos subversivos de 1958-59 y 1968 habían aspirado a provocar una gran devaluación que desprestigiara al gobierno mexicano en turno. Pero solamente lo logró Marcos en diciembre de 1994. Resultó mucho más perspicaz y efectivo que Vallejo y Othón Zalazar y que los líderes del movimiento del 68. Todo, con gran daño para México y la gran mayoría de sus familias.